Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
El chance Paisita Noche volvió a ubicarse entre los juegos de azar más consultados en Colombia tras el sorteo realizado el jueves, 18 de diciembre de 2025. Como es habitual en cada jornada nocturna, este tradicional chance mantuvo la expectativa de miles de apostadores que revisan a diario los resultados con la ilusión de acertar la combinación ganadora.Su constancia, facilidad de participación y presencia diaria lo han consolidado como una de las opciones preferidas por quienes siguen de cerca los resultados del chance noche tras noche.Resultado oficial del Paisita Noche – 18 de diciembre de 2025Según el informe emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta jornada fue la siguiente: 3473 - Delfín.Número ganador: 3473.Tres últimas cifras: 473.Tres primeras cifras: 347.Animal: Delfín.Una vez publicado el resultado, los participantes pueden verificar sus apuestas y confirmar posibles premios a través de los canales oficiales. Estas plataformas también permiten consultar sorteos anteriores, revisar números jugados y llevar un control histórico, una herramienta clave para quienes participan de manera frecuente.¿Cuánto paga el Paisita Noche?El plan de premios del Paisita Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite optar por jugadas sencillas o apuestas de mayor riesgo, con premios más altos.Aciertos por cifras finalesLa uña: acertar la última cifra paga 5 pesos por cada peso apostado.La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.Estas modalidades suelen ser las más elegidas por quienes prefieren apuestas simples.Aciertos de tres cifrasPleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.Combinado de tres cifras: cuando el orden no es determinante, paga 83 pesos por cada peso apostado, ofreciendo un equilibrio entre riesgo y ganancia.Aciertos de cuatro cifrasSúper pleno: acertar el número completo en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.Súper combinado: permite variación en el orden de las cifras y paga 308 pesos por cada peso apostado.Es importante recordar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.¿Qué es el Paisita Noche?El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y populares del país. Su principal característica es su sorteo diario, que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de forma constante.Gracias a su frecuencia, facilidad de juego y un plan de premios claramente definido, el Paisita Noche se mantiene como una de las opciones más representativas dentro de los juegos de azar en Colombia, consolidándose como un referente para quienes siguen de cerca los resultados del chance.
Hay conmoción en Ecuador tras la muerte de Mario Pineida, futbolista del Barcelona Sporting Club, ocurrido el 17 de diciembre en Guayaquil. El crimen se registró a plena luz del día en una zona concurrida de la ciudad, en medio de la grave crisis de seguridad que enfrenta Ecuador por la acción de estructuras criminales organizadas.Pineida, conocido como 'El Pitbull’, tenía 33 años y se encontraba activo en el plantel del Barcelona SC, el club con mayor número de seguidores en el país. A lo largo de su carrera profesional pasó por Independiente del Valle, El Nacional y el propio Barcelona, además de tener una experiencia internacional en el Fluminense de Brasil. Con el equipo amarillo conquistó dos títulos de liga y fue protagonista en campañas históricas, incluidas dos semifinales de la Copa Libertadores.La institución guayaquileña confirmó la noticia y expresó su consternación por la pérdida. En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, el club resaltó la entrega, el carácter y el compromiso del defensor, asegurando que su nombre quedará marcado para siempre en la historia del “Ídolo”.El presidente del Barcelona SC, Antonio Álvarez, manifestó públicamente su incredulidad ante el asesinato del jugador y aseguró que la noticia representó un golpe devastador para la institución. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hermano del directivo, también lamentó el hecho y recordó los años compartidos con Pineida durante sus etapas más exitosas en el club.La Federación Ecuatoriana de Fútbol se sumó a los mensajes de duelo y rechazó la violencia que golpea al país, recordando que Pineida incluso llegó a vestir la camiseta de la selección nacional. Desde la Liga Pro y otros clubes del fútbol ecuatoriano, incluido Emelec, clásico rival del Barcelona, también se enviaron condolencias a la familia y al entorno deportivo del jugador.Medios ecuatorianos difundieron un video captado por cámaras de seguridad que muestra el momento exacto del ataque. Las imágenes, que han generado gran conmoción en redes sociales, evidencian cómo dos hombres armados ingresan al lugar donde se encontraba el futbolista. Pineida levanta las manos, aparentemente pensando que se trataba de un asalto.En cuestión de segundos, uno de los atacantes dispara de forma directa contra Gisella Fernández, quien también perdió la vida en el hecho, mientras el otro acciona su arma contra el jugador del Barcelona SC. La escena ocurre frente a otras personas que, presas del pánico, se esconden entre cajas para evitar ser alcanzadas por los disparos.
Existen diferentes juegos de azar en el país que encienden las emociones de miles de personas semana tras semana, pero uno de los sorteos más conocidos es el de Baloto y Revancha, el cual se lleva a cabo el lunes, miércoles y sábado en donde podrá conocer los resultados en Blu Radio.De acuerdo con la organización, “no existe alguna fórmula” y los resultados los da “100 % la suerte”. Por ende, la persona que adquiera su boleta -con un valor de 9.000 pesos- puede o no llevarse el acumulado entre un sinfín de posibilidad de poder ser el ganador.Los cinco números de Baloto y Revancha que más cayeron en 2025Si bien “no existe una fórmula”, la organización aseguró que este año cinco números se repitieron en varios sorteos, incluso, en algunos que dejó ciertos ganadores, los cuales fueron:El número 25: ha caído con 58 veces.El 2: 57 veces.El 43: 57 veces.El 21: 56 veces.El 32: 56 veces.Lo mismo en el caso de Revancha, el otro premio que se entrega durante estas fechas:El número 25: ha caído con 58 veces.El 2: 57 veces.El 43: 57 veces.El 21: 56 veces.El 32: 56 veces.En cuanto a la superbalota, para Baloto los números que más cayeron fueron el 12, 04, 10, 13 y 09, mientras que en Revancha fueron 06, 09, 11, 07 y 16.¿Cuántas veces cayó el acumulado de Baloto y Revancha este 2025?En este 2025, Baloto ha caído en cinco oportunidades, dejando multimillonarios en Bogotá en dos ocasiones, Cúcuta, Floridablanca (Santander) y Montería (Córdoba). Estos 5 afortunados se ganaron $94.000 millones.En este 2025, Revancha ha caído en dos oportunidades dejando multimillonarios en Bogotá y en el Guamo, Tolima. Entre los dos afortunados ganadores se llevaron $28.000 millones.Estos son los premios que entrega el Baloto y Revancha1 Acierto: no hay premio.1 Acierto + Superbalota: reembolso del costo del boleto, que son $5.700.2 Aciertos: no hay premio.2 Aciertos + Superbalota: en promedio, alrededor de $10.337.3 Aciertos: en promedio, alrededor de $10.397.3 Aciertos + Superbalota: en promedio, alrededor de $47.547.4 Aciertos: en promedio, alrededor de $137.752.4 Aciertos + Superbalota: en promedio, alrededor de $2.063.667.5 Aciertos: en promedio, alrededor de $33.886.364.5 Aciertos + Superbalota: premio Mayor, a partir de $4.000 millones.
Durante la instalación del Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación a los compromisos suscritos en Catar entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, el jefe de la delegación en los diálogos con ese grupo, Álvaro Jiménez, aseguró que su designación como grupo terrorista no afectará los diálogos de paz.“Digamos que asumimos que no es una novedad para Colombia adelantar conversaciones que buscan la solución negociada del conflicto con grupos que están designados como organizaciones terroristas. Por tanto, no habría una modificación sustantiva de lo que estamos desarrollando. Lo que sí, digamos, es natural al procedimiento normal de cualquier escenario de conversaciones es estar atentos a los desarrollos y a las dinámicas que están sucediendo en el entorno y nosotros estamos haciendo una observación de ello, como lo hace también el conjunto de la comunidad internacional”, dijo.Según las delegaciones, los compromisos buscan reducir las violencias en los territorios, impulsar su transformación social y avanzar en la transición del grupo armado hacia una condición de ciudadanía plena, en consonancia con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.Asimismo, según Jiménez, se reiteró el compromiso de exigir el cumplimiento del rol del Estado en las regiones donde este grupo tiene incidencia, y de informar a la opinión pública sobre los avances y alcances del espacio de conversación.Y es que la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos anunció el martes 16 de diciembre la inclusión del Clan del Golfo en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).De acuerdo con la OFAC, el Clan del Golfo fue designado como una organización criminal transnacional y grupo terrorista, lo que implica riesgos de sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886. La entidad también lo vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Una nueva discusión a través de la red social X protagonizaron el presidente de la República, Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de una extensa publicación que realizó el mandatario nacional, respondiendo a las afirmaciones de la gobernadora en la que señalaba que la iniciativa de paz total había fracasado. "El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora", aseguró el presidente Petro.Al conocer el mensaje del presidente Petro, la gobernadora del Valle arremetió contra el mandatario, asegurando que su acusación es calumniosa y cobarde. Además, le pidió invertir más tiempo visitando los territorios atacados por la violencia, de la misma forma en la que lo usa para pronunciarse a través de las redes sociales."Sus palabras calumniosas, escritas entre líneas en su Catilinaria, vinculándome con el narcotráfico, son una bajeza cobarde; cuando quiera, demos el debate sobre solvencia moral, pese a ello, le sigo insistiendo, venga al Valle del Cauca, pónganse al frente de sus deberes que aquí estamos haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, con su ayuda o sin ella, el Valle del Cauca sigue adelante", aseguró la mandataria.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), alertó que desde el 21 de junio de 2025, al menos 347 personas (141 familias), incluyendo 117 niños, niñas y adolescentes, permanecen confinadas en las veredas Dos Quebradas (89 personas), Puerto Nuevo Ité (113), Caño Tigre (24) y Tamar Bajo (121) del municipio de Remedios, Antioquia, a causa de enfrentamientos armados entre grupos ilegales.Según el informe de OCHA, el conflicto en la zona enfrenta al Clan del Golfo (AGC) y a una alianza conformada por disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La disputa por el control territorial ha generado una emergencia humanitaria que limita la movilidad y pone en riesgo la vida y la integridad de las comunidades.La población afectada enfrenta restricciones severas, especialmente por la suspensión del transporte público, lo que impide el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. Además, los habitantes han dejado de acceder a sus cultivos de pancoger por miedo a quedar atrapados en medio de los combates, lo que agrava su inseguridad alimentaria.OCHA también reporta la presencia de retenes ilegales, presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario, uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) que dañaron al menos cuatro viviendas, así como la ocupación de inmuebles civiles por parte de los actores armados. También se han restringido los movimientos de las misiones médicas, dificultando la atención en salud.La extorsión a la población por parte de los grupos armados es otro factor que ha empeorado la situación económica y amenaza con provocar un desabastecimiento progresivo de alimentos para las familias confinadas.El informe de OCHA advierte que el riesgo de confinamiento también se extiende a otras veredas de Remedios, como Camelias Dos, Plaza Nueva y Campo Vijao, y a zonas del municipio de San Pablo (Bolívar), como Ojos Claros y El Paraíso, donde también se presentan restricciones a la movilidad y presencia armada.La Organización de Naciones Unidas hace un llamado urgente para que se garantice el acceso humanitario, se proteja a la población civil y se tomen medidas inmediatas que permitan restablecer condiciones mínimas de seguridad y movilidad para estas comunidades.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció este lunes que hará las verificaciones de las condiciones de reclusión en las que se encuentra el exagente de Inteligencia Militar, el sargento José Leonario Dorado Gaviria, en respuesta a dos solicitudes presentadas por la representante judicial de Dorado: una en abril de 2025, en la que se pidió estudiar la posibilidad de otorgar el beneficio de libertad transitoria; y otra en mayo del mismo año, en la que se informó un incremento en su nivel de riesgo y se solicitó evaluar medidas de protección para él y su núcleo familiar. Esta última es la que motiva la decisión de hacer las inspecciones.La JEP decidió hacer estas verificaciones, más allá de haber determinado en doble instancia que los delitos por los que fue condenado Dorado Gaviria no son competencia de la justicia transicional, porque en el caso del secuestro extorsivo, fue motivado por fines económicos.Según revelaron medios de comunicación en los últimos días, José Leonairo Dorado, fue recluido de manera irregular en una clínica psiquiátrica el pasado 10 de julio, en medio de lo que sus familiares han calificado como un intento de silenciarlo y desestimar las declaraciones y testimonios que ha dado a la JEP en el marco del macro caso 06, los crímenes contra la Unión Patriótica y lo que tiene que ver con la ubicación de fosas comunes dentro de las instalaciones de la Brigada 20 de Inteligencia, antiguo batallón Charry Solano.La Jurisdicción para la Paz ordenó evaluar su estado de salud física y mental, y revisar las condiciones por las que fue trasladado a un centro psiquiátrico. Además de valorar nuevamente su nivel de riesgo para ver si necesita protección adicional, para él y su familia.José Leonairo Dorado Gaviria está detenido actualmente en la cárcel militar denominada EJEPO, ubicada en Facatativá, Cundinamarca, bajo vigilancia y custodia de personal del Ejército Nacional.
Cuatrocientos sesenta exguerrilleros colombianos han sido asesinados desde la firma en 2016 de los Acuerdos de Paz de Colombia, según cifras proporcionadas por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, Alejandro Ramelli, en una entrevista con EFE."Es un dato muy preocupante (...) La sección en la que yo trabajo ha adoptado medidas para protegerlos porque entendemos que cada guerrillero asesinado supone no solamente llevarse la verdad que tenía que dar a las víctimas, sino también un ataque contra futuros procesos de paz", explicó Ramelli desde un hotel en Nueva York.El magistrado se encuentra en la Gran Manzana en calidad de representante observador en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se presenta hoy el informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre el estado de la implementación de los Acuerdos de Paz, suscritos hace nueve años entre el Estado colombiano y las FARC-EP.Ramelli desglosó que ayer, jueves, ya mantuvo un desayuno de trabajo con los quince miembros del Consejo de Seguridad que calificó como un "diálogo abierto, franco y respetuoso"."Un proceso exitoso""La comunidad internacional sigue apostándole al proceso de paz de 2016. Es un proceso exitoso (...) A pesar de los asesinatos, a pesar de la las disidencias, a pesar de que cada uno de esos grupos quiere cortarlos, ellos (los firmantes de paz) siguen cumpliendo", añadió posteriormente el presidente de la JEP.Aunque reconoció que los acuerdos "no se han cumplido en su totalidad" y que los avances en temas estructurales como la gestión de los cultivos ilícitos -hoja de coca, principalmente- y la reforma rural integral continúan "rezagados"."Obviamente, habrá que hacer otros procesos para cerrar completamente el conflicto, pero es que una cosa no se opone a la otra", puntualizó Ramelli, que se afanó durante la entrevista en separar, por un lado, el "éxito" del proceso con los firmantes y, por otro, las matanzas y el desplazamiento forzado actual, debidas también al fraccionamiento de las FARC y el ELN en distintos grupos disidentes.Sin embargo, esta posición contrasta con la esbozada a finales de abril por la Secretaría General de la ONU, que pidió al Gobierno del país andino una "implementación más profunda" de los acuerdos, tras los entonces sonados brotes de violencia en la región del Catatumbo o en departamentos como el Cauca, entre muchos otros."Crisis de la cooperación internacional"El líder del ente cuya función es administrar la justicia transicional en Colombia dijo que con este viaje a Nueva York ha entendido "un poco más" la situación de la "crisis (de financiación) para proyectos de cooperación internacional" presente en todo el entramado de la ONU, en el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en USAID (la agencia de desarrollo de EE. UU. que ha resultado prácticamente desmantelada por Donald Trump).Y añadió que existe "un gran debate presupuestario" dentro de Naciones Unidas acerca "principalmente de la aportación de Estados Unidos y de algunos países europeos".Además, aceptó que la comunidad internacional está más centrada en conflictos como el de Gaza o la guerra de Ucrania que en los males estructurales de Colombia.En 2024, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia aprobó un presupuesto de casi 11,5 millones de dólares para iniciativas de paz, dentro de las cuales se incluyen proyectos para el fortalecimiento de la justicia transicional, incluida la JEP.USAID también otorgó 3,5 millones de dólares el año pasado a la JEP para investigaciones de macrocasos de violencia sistemática en el contexto del conflicto armado colombiano.
Fuentes le confirmaron a Blu Radio que el pasado 9 de julio, en el Club de Banqueros de Bogotá, se llevó a cabo una reunión presidida por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, junto con los integrantes de la Comisión de Política Criminal, conformada por distintos abogados y catedráticos en derecho penal.El jefe de la cartera estuvo acompañado por dos de sus viceministros, y en el encuentro también participó Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una disidencia de las Farc.Blu Radio pudo establecer que en la reunión se presentaron dos borradores de proyecto de ley: uno respaldado por Montealegre Lynett y otro elaborado por el jefe negociador Novoa.Ambos borradores buscan reformar el tratamiento penal a actores armados en el marco de la paz total, pero con enfoques distintos. El proyecto respaldado por Montealegre propone modificar la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para incluir a grupos armados actuales, civiles colaboradores y agentes del Estado, con penas alternativas de 2 a 8 años, entrega de bienes, reintegración territorial y medidas de resocialización. El otro plantea un régimen jurídico especial más amplio y flexible, que distingue entre grupos armados y estructuras de crimen organizado, prevé tratamientos diferenciados por rol, beneficios como libertad condicional y conservación parcial de bienes, y un procedimiento judicial colectivo más ágil. Ambos coinciden en la centralidad de la justicia restaurativa y la reparación de víctimas, pero difieren en la arquitectura legal y los mecanismos procesales.La discusión sobre el proyecto ha generado especial preocupación en Medellín y el Valle de Aburrá, donde se advierte que varios cabecillas de bandas criminales que participaron en el denominado 'tarimazo', un acto en el que se subieron a una tarima en un evento del Gobierno junto al presidente Gustavo Petro, podrían quedar en libertad condicional si se aprueban los beneficios propuestos. Incluso otros delincuentes de alto perfil, como Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, podrían acceder a esas mismas prerrogativas judiciales si cumplen los requisitos establecidos.Ambos documentos fueron socializados, y se acordó que en los próximos días se volverá a reunir la Comisión, junto con otras organizaciones de alcance nacional, para conocer en detalle los contenidos del proyecto, que ya empieza a generar desconcierto en algunos sectores políticos, a pocos días del inicio de un nuevo periodo legislativo.El senador Efraín Cepeda se pronunció al respecto: “Creo que sería burlar a la justicia. Que salgan todos los delincuentes a las calles de Colombia para que en la mañana se sienten en una mesa de negociación y en la noche delinquen… yo no estoy con eso”.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.