El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
La vigilancia epidemiológica en el este de la India ha dado un giro crítico. Tras permanecer un mes en estado de extrema gravedad, una enfermera de 25 años ha fallecido en el estado de Bengala Occidental debido a complicaciones derivadas del virus Nipah (NiV). Este deceso marca un hito preocupante en la salud pública local, al ser considerada la primera muerte vinculada a este patógeno en la historia reciente de dicha región.La sanitaria se encontraba bajo cuidados intensivos desde mediados de enero en un hospital privado de la localidad de Barasat, centro médico donde también desempeñaba sus funciones profesionales. Según fuentes del Ministerio de Salud citadas por la cadena India Today, el cuadro clínico de la paciente se vio severamente comprometido por la infección, lo que derivó en un fallo multiorgánico."Aunque la muerte no puede atribuirse enteramente al virus, la infección desencadenó complicaciones que llevaron a su deterioro", aclaró la fuente oficial, subrayando la agresividad con la que el patógeno actúa sobre el sistema inmunológico y respiratorio.Seguimiento y control de contactosEl caso de la enfermera no fue aislado. En el mismo periodo de enero, otro compañero de profesión dio positivo por el virus. Afortunadamente, este segundo paciente logró responder favorablemente al tratamiento y recibió el alta médica la semana pasada.Ante el riesgo de una propagación comunitaria, las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos de bioseguridad. Se procedió al aislamiento y monitoreo de más de 120 personas que mantuvieron contacto directo con los sanitarios infectados. No obstante, los resultados de las pruebas diagnósticas han arrojado un respiro a la población: todos los test realizados hasta la fecha han dado negativo, lo que sugiere que la transmisión no se ha extendido fuera del foco inicial.Un patógeno de alta letalidad bajo la lupa de la OMSEl virus Nipah es una enfermedad zoonótica (transmitida de animales a humanos) que figura en la lista de patógenos con potencial epidémico de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus huéspedes naturales son los murciélagos fruteros (Pteropodidae) y su sintomatología es especialmente severa, pudiendo causar desde problemas respiratorios agudos hasta una encefalitis mortal.La situación en la India guarda una estrecha relación geográfica con los brotes recurrentes en el vecino Bangladés. De hecho, la OMS confirmó el pasado 6 de febrero otra víctima mortal en territorio bangladesí. En ese país, los contagios suelen estar vinculados al consumo de savia de palmera contaminada por las secreciones de los murciélagos.Contexto oficial y calma institucionalA pesar de la gravedad del fallecimiento, el Ministerio de Salud de la India ha mantenido una postura de cautela y control. Desde diciembre de 2025, solo se han notificado oficialmente estos dos casos en Bengala Occidental. Las autoridades han desestimado, por el momento, el peligro de un brote a gran escala, instando a la población a mantener la calma y a seguir las recomendaciones de higiene básicas.La comunidad científica sigue de cerca estos eventos, ya que el Nipah no cuenta actualmente con una vacuna ni tratamiento específico, dejando la atención de soporte como la única vía de supervivencia para los afectados.
La policía francesa detuvo a una mujer de unos cincuenta años después de que dos bebés recién nacidos fueran encontrados muertos en el congelador de una casa del este de Francia, informaron fuentes cercanas al caso a AFP este jueves.Según una fuente, un hombre alertó a la policía el martes del hallazgo del cadáver de un recién nacido en el congelador de su casa en la ciudad de Aillevillers-et-Lyaumont. Al llegar la policía encontró el cuerpo de un segundo bebé. Las sospechas recayeron rápidamente en la madre, que había abandonado el hogar sin previo aviso. Fue arrestada el miércoles cerca de París.Al parecer la mujer tiene nueve hijos de dos relaciones diferentes. El alcalde Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, dijo estar conmocionado por el macabro hallazgo."Es un pueblo pequeño de 1.500 habitantes. Estas noticias siempre piensas que suceden en otros sitios", dijo a AFP. "Estamos atónitos", añadió. Sobre la pareja, Tramesel dijo que "han vivido en el pueblo durante unos 20 años pero no trabajan aquí" y son muy reservados.https://www.youtube.com/watch/B2-mx4xUR3QEn 2022 se descubrieron dos bebés recién nacidos en el congelador de la casa de una mujer en el sur de Francia. En 2015 se encontraron cinco cuerpos en un caso similar, en el que la madre fue condenada a ocho años de prisión. Otro caso que pasó a los anales legales franceses fue el de Véronique Courjault, quien recibió una sentencia de ocho años en 2009 por matar a tres de sus hijos recién nacidos.
Un violento asalto dentro de un micromercado del barrio Monterredondo de Bucaramanga terminó con la muerte de un hombre, identificado como Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario del establecimiento. Al menos dos sujetos armados ingresaron al local haciéndose pasar por clientes y exigieron prendas de valor. La víctima habría intentado resistirse al robo de su cadena de oro, por lo que uno de los agresores le disparó a quemarropa dentro del negocio.Suárez Ortiz fue trasladado inicialmente a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades desplegaron operativos policiales en la zona y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables y seguirles la pista. La Alcaldía de Bucaramanga rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información que permita la captura de los culpables.Las autoridades reportaron que horas después en el barrio Bucaramanga, sector La Hoyada, fue asesinado a tiros un hombre. De acuerdo con la investigación se trataría de un posible ‘ajuste de cuentas’ entre bandas del microtráfico.En otro hecho delictivo ocurrido esta mañana en Piedecuesta, un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de un fleteo, una modalidad de robo en la que delincuentes siguen a su víctima luego de retirar dinero en una entidad bancaria.El ataque se registró en el barrio Brisas de Primavera II, cuando la víctima, quien había retirado aproximadamente 15 millones de pesos, fue interceptada por sujetos que lo perseguían en motocicleta. Los desconocidos lo intimidaron y, en medio del asalto, le dispararon en el pecho antes de huir del lugar con el efectivo.La víctima fue auxiliada por la comunidad y llevada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado mientras las autoridades analizan videos de las cámaras de seguridad para tratar de ubicar a los agresores. La Policía Nacional confirmó que se fortalecerán los operativos en puntos considerados críticos de la ciudad y su zona metropolitana, intensificando labores de inteligencia y análisis criminal para identificar y capturar a los responsables de ambos hechos. A su vez, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la precaución y reportar cualquier información útil para la investigación.Estos incidentes se suman a una serie de hechos de violencia que han afectado la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga, donde ajustes de cuentas, robos violentos y ataques armados han sido motivo de alerta para las autoridades y la comunidad.
La Corte Constitucional volverá a tener en sus manos el estudio de la nueva emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro, en medio de un escenario jurídico y político marcado por la reciente suspensión de una medida similar adoptada en diciembre. Así lo confirmó la magistrada Paola Meneses, presidenta del alto tribunal, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.La publicación del auto de suspensión de la anterior emergencia económica —que aún no se conoce en su versión completa— podría darse la próxima semana, según anunció la magistrada. “Estamos en este momento trabajando arduamente, haciendo el mayor de los esfuerzos para, en la medida de lo posible, publicar y proferir el auto de suspensión en la semana que viene”, afirmó.Nuevo estudio de la emergencia económicaEl nuevo decreto de emergencia económica fue radicado ante la Corte y ya inició su trámite formal. De acuerdo con Meneses, el expediente fue asignado por sorteo al magistrado Miguel Polo, quien deberá presentar la ponencia ante la Sala Plena.“El decreto que declaró la emergencia económica fue radicado ante la Corte el día de ayer y nosotros procedimos de inmediato a hacer el reparto. (…) Lo que viene es el estudio por parte del magistrado ponente y la presentación de la correspondiente ponencia para estudio de la sala plena”, explicó.La presidenta del alto tribunal recordó que los términos para decidir este tipo de decretos son más breves que en otros controles de constitucionalidad. “Los términos para decidir este tipo de decretos son reducidos en un tercio frente a los términos normales”, precisó, lo que anticipa un proceso expedito.Sobre la posibilidad de que la Corte vuelva a suspender provisionalmente la nueva emergencia económica, como ocurrió en diciembre, Meneses fue prudente: “Habría que esperar si existe alguna solicitud de suspensión (…) y la Corte procederá a hacer el estudio correspondiente”.Auto de suspensión: decisión colectivaUno de los puntos centrales de la entrevista fue la demora en la publicación del auto que suspendió la emergencia económica anterior. Aunque la decisión fue comunicada públicamente, el texto completo aún no se conoce. Meneses explicó que la Corte optó inicialmente por emitir un comunicado debido al alto impacto de la determinación. “Como quiera que, a pesar de ser un auto, tenía tanto impacto, era tan importante la decisión, pues nosotros decidimos emitir un comunicado”, señaló.Sin embargo, aclaró que el proceso de redacción ha sido más complejo de lo habitual debido a la construcción colectiva del fallo. “El debate en efecto fue un debate nutrido, profundo en derecho, riguroso. Pero cuando ya se adoptó la decisión, se adoptó la decisión definitiva con la votación que ustedes pudieron perfectamente ver”, sostuvo.La magistrada detalló que seis despachos participaron en la elaboración final del auto, lo que implicó ajustes a la ponencia original. “Quisimos los seis despachos que estuvimos de acuerdo con la decisión participar, y por eso estamos trabajando a toda máquina para poder tener el auto”, indicó.Frente a versiones sobre posibles divisiones internas, fue enfática: “No, no, no (…) la ponencia normalmente nunca sale como el ponente la plantea. ¿Por qué? Porque el debate y los aportes hacen que tenga que ser cambiada y fortalecida”.Recusaciones contra magistradosOtro tema relevante es la recusación presentada por la Presidencia de la República contra varios magistrados de la Corte Constitucional, argumentando supuestos conflictos relacionados con el patrimonio personal de algunos togados.Meneses confirmó que el asunto está en estudio: “Esa recusación se está estudiando. La sala plena está revisando para poder resolver, por supuesto, de fondo las recusaciones sobre los magistrados implicados”.Sobre si esta recusación podría extenderse al análisis de la nueva emergencia económica, respondió que cada proceso es independiente. “Cada proceso tiene sus vicisitudes y en cada proceso se pueden perfectamente presentar las recusaciones o puede haber incluso impedimentos”, explicó.La presidenta subrayó que estas figuras buscan proteger la transparencia judicial. “El tema de los impedimentos y las recusaciones (…) se hace para preservar la transparencia, la imparcialidad de los jueces”, afirmó, dejando claro que cualquier decisión se adoptará conforme al Decreto 2067 de 1991 y al reglamento interno de la Corte.Prudencia frente a nuevos impuestosEn la entrevista también se abordó la posibilidad de que el Gobierno incluya en la nueva emergencia económica impuestos similares a los que fueron suspendidos en la anterior, como tributos a juegos de suerte y azar o medidas tributarias para morosos.Ante esta hipótesis, Meneses evitó pronunciarse de fondo: “Por absoluta prudencia no puedo referirme al tema (…) eso implicaría ya de suyo un análisis de fondo, que es precisamente lo que tenemos que hacer en la sala plena”.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció que levantará algunos tramos de la ciclorruta en la ciudad para dar cumplimiento a una sentencia judicial que ordena ajustes en la infraestructura construida en anteriores administraciones. Las intervenciones se realizarán en la carrera 21, entre calles 5 y 55, y en la carrera 35, entre calles 32 y 52.Según explicó el alcalde de Bucaramanga, los trabajos comenzarán en los próximos días y hacen parte de un proceso de “armonización” de la ciclo-infraestructura, con el objetivo de acatar el fallo sin desmontar por completo la red existente.El mandatario precisó que, pese al levantamiento de estos segmentos, se conservarán los 20 kilómetros de corredores exclusivos para los bici-usuarios en la capital santandereana. “No se eliminará la red de ciclorrutas; vamos a ajustarla para cumplir la decisión judicial y garantizar condiciones seguras tanto para ciclistas como para conductores”, señaló.Las primeras intervenciones se concentrarán en la carrera 21, entre la calle 45 y la avenida Quebradaseca, donde iniciarán las labores técnicas. En ambos corredores -carrera 21 y carrera 35- se instalarán taches luminosos que funcionarán como guía nocturna, buscando mejorar la visibilidad y reducir riesgos en horas de la noche.La administración municipal indicó que durante la ejecución de las obras se adoptarán planes de manejo de tráfico para mitigar afectaciones en la movilidad. Asimismo, reiteró que el objetivo es mantener la promoción de medios de transporte sostenibles, pero bajo parámetros ajustados a lo ordenado por la justicia.
La población de Buenaventura está padeciendo una grave situación de orden público, debido a las intimidaciones por la presencia de grupos armados y bandas criminales.Esa es la razón por la cual la Procuraduría General de la Nación desplegó un equipo especial que estará en el puerto desde este miércoles para conocer, de propia mano, los reclamos y denuncias que en materia de seguridad e inversión social vienen solicitando sus pobladores.El Ministerio Público llamó a las autoridades nacionales a articular mecanismos que permitan mitigar la grave situación que se vive en el puerto más importante sobre el Pacífico, en donde habitantes y comerciantes viven la zozobra por amenazas, extorsiones y enfrentamientos de bandas como los 'Shotas' y 'Espartanos', además de presencia de disidencias de Farc y ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo.Dada la gravedad de esta situación, la Procuraduría urgió una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que permita mitigar la situación y llamó al Gobierno Nacional para que convoque a la Comisión Intersectorial para la prevención del Reclutamiento, Utilización y violencia Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos al margen de la ley y garantice los derechos de esta población vulnerable.De este modo, la procuraduría exigió acciones inmediatas para frenar la situación de violencia que atraviesa el distrito, y que impacten los factores que generan un riesgo inminente a la población. Asu vez, pidió contemplar la generación de alternativas que permitan integrar las capacidades de diferentes instituciones.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Este martes, 4 de julio, en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se llevó a cabo una audiencia de observaciones a la resolución de conclusiones que determinó que el antiguo secretariado de las Farc había reconocido su responsabilidad en los casos de secuestro que se registraron durante el conflicto, por ello podrán acceder a una sanción restaurativa para las víctimas, sin cárcel y por un periodo de máximo 8 años.En esta diligencia participaron víctimas y también sus representantes y en general manifestaron su inconformidad con el reconocimiento que han hecho hasta ahora los exjefes de la extinta guerrilla de las Farc, también hubo reparos sobre las propuestas de sanción que presentó el secretariado.“Con todo respeto señores magistrados y magistradas, ustedes deben entender que son más de 20 años y que muchos familiares están esperando esa verdad; hay personas que han fallecido esperando esa verdad e incluso queriendo saber qué sucedió con sus seres queridos, entonces, ¿cuántos años más deben esperar las víctimas para encontrar la verdad que se va borrando en el tiempo con cada día de espera?”, señaló Juan Camilo Sanclemente, representante de los familiares de los diputados del Valle.En la audiencia algunas víctimas y sus representantes cuestionaron el aporte a la verdad que han hecho algunos exjefes guerrilleros en relación con los casos de violencia sexual y los trabajos forzados a los cuales fueron sometidos los secuestrados en algunos casos.“Por qué no hay centralidad en las víctimas, sino que prevalecen los derechos y los intereses de los victimarios? Esas son las preguntas que nos quedan de esta resolución ¿por qué la sala no imputó las modalidades de secuestro bajo el patrón político”, aseguró Sergio Alzate, representante de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc.Le puede interesar
En horas de la mañana de este martes, 4 de julio, dos policías se encontraban desayunando en un establecimiento comercial en El Zulia, Norte de Santander, cuando hombres armados llegaron hasta el lugar y los asesinaron.Aunque aún avanzan las investigaciones, este hecho sería responsabilidad presuntamente de la guerrilla del ELN y por eso el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rechazó el ataque, pues se presentó unos pocos días antes de que empiece el cese al fuego bilateral.“Valoramos el cese al fuego, pero nos parece desproporcionado que se diga ‘iniciamos el cese al fuego en tres días, pero mientras tanto seguimos haciendo cosas que la sociedad rechaza’. No hay nada que la sociedad hoy rechace más que la violencia. De manera que esperamos y queremos que se cumpla el cese al fuego pero evidentemente la fuerza pública tiene la instrucción, no sólo de defenderse, sino de perseguir a las personas que están en la ilegalidad”, señaló el ministro.Recordemos que este martes se conoció un comunicado del Comando Central del ELN en el que ordenan a todos sus frentes suspender las acciones ofensivas contra las Fuerzas Militares y la Policía a partir del 6 de julio y hasta el 3 de agosto, con el fin de entrar en la fase de alistamiento para la implementación plena del cese al fuego bilateral.“La Gestoría de Paz del ELN queda habilitada como enlace de comunicación entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional para informar sobre novedades que puedan presentarse, relacionadas con el cese el fuego ”, agrega el documento.
Este fin de semana se conocieron varios videos donde hombres armados estarían generando temor y zozobra a la comunidad de Buenaventura.La historia de violencia e inseguridad en esta parte del país se ha repetido por décadas y pareciera no tener solución. El Puerto vive hoy por hoy una de sus peores olas de violencia en medio de un importante eje del plan de Gobierno del presidente Gustavo Petro: la paz total.Leonard Rentería, líder social de Buenaventura y candidato a la alcaldía por el Partido Ecologista, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga de la violencia que se vive en Buenaventura desde hace varios años y no se han atendido los llamados.“Eso siempre ha sido la constante, eso también hace que lamentablemente la situación de Buenaventura no mejore. Uno no puede intentar siempre las mismas estrategias cuando sabe que van a llevar al mismo resultado, el tema de Buenaventura no es un tema que requiere solamente atención y una presencia del Estado momentánea, sino que se deben a temas estructurales que den la cara a la realidad”, señaló Rentería.El líder social señaló que siempre que los ojos del Estado se vuelcan a Buenaventura se debe garantizar la no repetición. Y mientras eso siga pasando no se va arreglar este problema. Además se refirió a la tregua que se rompió por parte de los Shotas y los Espartanos, las bandas criminales que tienen azotada Buenaventura.“Lo que se sabe es que los jóvenes encapuchados perteneces a una nueva estructura ilegal. Pienso que este tema de la paz total es un tema complejo, pues cuando se sentaron a la mesa, Estado y bandas criminales, lo hicieron bajo expectativas y evidentemente con el paso del tiempo si no se cumplen la gente piensa que se está perdiendo el tiempo . La espera para estas estructuras es mucha y se terminaron de romper las expectativas”, resaltó Rentería.La violencia generó preocupación en los habitantes de la comuna 12, quienes advierten que posiblemente puede presentarse una tragedia si se registran enfrentamientos entre estos grupos armados por territorios en Buenaventura.Las autoridades ya se encuentran analizando estos casos que traen zozobra a la comunidad y piden una intervención urgente por parte del Gobierno nacional para controlar la situación.Finalmente, el candidato se refirió a la forma de hacer campaña en medio de estos enfrentamientos y enfatizó en la complejidad del tema de cara a las elecciones regionales del próximo octubre.Le puede interesar:
En medio del acto de excusas públicas por el caso de ejecución extrajudicial de Álix Fabián Vargas Hernández, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuestionó las demoras por parte de gobiernos anteriores a la hora de hacer efectivas órdenes relacionadas con los denominados falsos positivos.Y es que, en este hecho puntual, el Consejo de Estado había condenado en 2018 a la Nación por el asesinato de Fabián Vargas, cometido por miembros del Ejército en 2008 y le había dado un plazo de tres meses para adelantar un acto público de perdón; sin embargo, este se hizo cinco años después.Según el ministro Velásquez, es como si hubiera una intención por ocultar la verdad: "Preguntaba a las compañeras del ministerio que están al frente de estos temas sobre situaciones similares y encuentro que hay un gran retraso. Es decir, hubo probablemente una pretensión de no hacer reconocimientos públicos de responsabilidad", relató el ministro.En esa medida, el funcionario se comprometió con ponerse al día en este tipo de órdenes judiciales, en especial, las relacionadas con falsos positivos."Vamos a actualizar todas estas órdenes y vamos a pedir perdón en cada una de las oportunidades y vamos a reivindicar la necesidad de la verdad como el mejor mecanismo para que aquello que nos avergüenzan, que nos avergüenzan como país, que nos avergüenzan ante la humanidad, jamás vuelvan a repetirse", puntualizó el ministro.Estas palabras se dieron tras reconocer públicamente y pedir perdón por la muerte de Álix Fabián Vargas, de 25 años, quien fue engañado y asesinado por miembros del grupo de caballería mecanizado #1 y luego presentado, falsamente, como miembro del ELN muerto en combate.Le puede interesar:
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.