El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
La División Mayor del Fútbol Colombiano impuso una multa de $8'754.525 pesos colombianos al Deportivo Pasto, correspondiente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por irregularidades registradas en la rueda de prensa posterior al empate 0-0 frente a Atlético Bucaramanga, disputado dentro de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026 el pasado 6 de febrero. En el comunicado oficial, la Dimayor detalló que la sanción se decretó luego de que el club nariñense incumplió el procedimiento establecido para la conferencia de prensa pospartido. Según el informe disciplinario, el equipo local introdujo a su director técnico en un momento que correspondía a la intervención del entrenador visitante, sin autorización previa, lo que contraviene las normas que regulan este tipo de actos institucionales.Por su parte, el Comité Disciplinario de la Dimayor señaló que, tras la finalización del compromiso en el Estadio Departamental La Libertad, en Pasto, se presentó una demora inicial por parte de Bucaramanga en atender a los medios en el horario previsto. Sin embargo, el Deportivo Pasto procedió a realizar la rueda de prensa con su propio entrenador sin contar con la autorización correspondiente, lo cual fue advertido previamente por el oficial de prensa de la Dimayor. Frente a esta situación, el club visitante decidió retirarse de la conferencia en señal de protesta por el incumplimiento del orden establecido por el ente rector del fútbol profesional en Colombia. La multa aplicada se soporta en lo dispuesto en los artículos pertinentes del Reglamento de la Liga BetPlay Dimayor 2026 y del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que obligan a los clubes y su cuerpo técnico a respetar los protocolos oficiales en actividades institucionales, incluidas las ruedas de prensa. La entidad disciplinaria recordó que el cumplimiento de estos lineamientos busca asegurar un trato equitativo y ordenado entre los equipos, los medios de comunicación y los aficionados, preservando la integridad y formalidad de los actos relacionados con los torneos oficiales del fútbol colombiano. Con la sanción confirmada, el Deportivo Pasto deberá cancelar el valor estipulado y ajustarse a las obligaciones disciplinarias impuestas. El club puede presentar recursos ante los organismos correspondientes si considera necesario, conforme a los mecanismos previstos dentro de las normas internas de la competencia. Pese a la multa, el equipo continúa con su participación en la Liga BetPlay I-2026, y se prepara para su próximo compromiso oficial sin otra modificación deportiva derivada de la sanción económica.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró alerta preventiva por mala calidad del aire en un sector de Bogotá, ubicado en el sur de la ciudad, debido al incremento de material particulado fino, registrado durante los primeros días de febrero de 2026.¿Por qué se declaró la alerta por calidad del aire en sector de Bogotá?Según los análisis hechos por el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, entre el 2 y el 12 de febrero en el Mochuelo, se evidenció un aumento progresivo de las concentraciones de PM2.5, “superando los 50 microgramos por metro cúbico y manteniendo excedencias por más de 36 horas consecutivas”.Esto quiere decir que, los niveles se ubican dentro de los rangos establecidos para la declaratoria del nivel de prevención, de acuerdo con la normativa ambiental vigente.Existen riesgos para la saludEl material particulado PM2.5 está compuesto por partículas extremadamente finas que pueden penetrar profundamente en los pulmones, generando afectaciones respiratorias y cardiovasculares.Por esta razón, este contaminante es clasificado como dañino para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias preexistentes.Con la declaratoria de alerta, la CAR implementará acciones de control, mitigación y seguimiento, entre las que se incluyen:Restricciones a actividades industriales y a prácticas como incineraciones y quemas.Intensificación de operativos de control a emisiones del parque automotor.Posibles restricciones a la circulación de vehículos, principalmente aquellos que utilizan diésel.Seguimiento permanente a la evolución de la calidad del aire en la zona.Recomendaciones para la comunidad del sector del MochueloLa autoridad ambiental hizo un llamado a la ciudadanía para reducir la exposición a la contaminación del aire, recomendando:Disminuir actividades físicas intensas al aire libre.Priorizar el uso de tapabocas en personas sensibles.Evitar fogatas, quemas y cualquier actividad que genere combustión.Reducir el uso de vehículos particulares cuando sea posible.La CAR seguirá monitoreando la calidad del aire en el Mochuelo y emitirá nuevas actualizaciones conforme evolucione la situación ambiental en el sector.
El caso del Paso Dyatlov volvió a hacerse viral a 67 años de la tragedia ocurrida en los Montes Urales, en Rusia. Lo que en febrero de 1959 comenzó como una expedición de esquí encabezada por Igor Dyatlov terminó convirtiéndose en uno de los episodios más enigmáticos del siglo XX en ese país. Nueve jóvenes murieron en circunstancias aún debatidas en una zona que, con el paso del tiempo, fue bautizada en honor al líder del grupo. Las labores de búsqueda iniciaron semanas después de que se perdiera contacto con los excursionistas. Los equipos de rescate hallaron la carpa parcialmente destruida y cortada desde el interior, un detalle que marcó el rumbo de las investigaciones. Los cuerpos fueron encontrados dispersos en la nieve, algunos con fracturas severas en el cráneo y el tórax. También se reportó la ausencia de tejidos blandos en ciertos casos, un aspecto que durante años alimentó versiones sobre posibles hechos violentos, aunque peritos forenses han explicado que esas lesiones pueden estar asociadas a procesos de descomposición y a la acción de animales en condiciones climáticas extremas.En 2020, la Fiscalía General de Rusia concluyó tras una revisión oficial que la causa más probable fue una avalancha que obligó al grupo a abandonar la tienda de campaña en medio de temperaturas bajo cero. Sin embargo, la explicación no ha logrado cerrar por completo el debate público. En redes sociales y foros especializados continúan circulando hipótesis que van desde pruebas militares secretas en plena era soviética hasta teorías sobre fenómenos inexplicables. También se investigó en su momento a la comunidad indígena mansi, pero las autoridades descartaron cualquier participación criminal.Actualmente, el lugar es conocido como el Paso Dyatlov y se ha convertido en punto de interés para investigadores, excursionistas y creadores de contenido. De los diez integrantes iniciales, uno sobrevivió tras abandonar la expedición antes del tramo final por problemas de salud. Más de seis décadas después, el caso sigue generando análisis históricos, documentales y debates forenses.
Radamel Falcao García, delantero de Millonarios FC, salió en camilla durante el partido frente a Llaneros FC llevado a cabo el 14 de febrero de 2026, correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2026. El jugador presentó una molestia muscular en la parte posterior de su pierna derecha, situación que encendió las alertas en el cuerpo técnico y entre los aficionados.El hecho se registró cerca del final del primer tiempo, cuando el atacante disputó un balón y de inmediato mostró gestos de dolor. Tras la acción, el cuerpo médico del conjunto capitalino ingresó al terreno de juego para realizar la valoración inicial. Luego de varios minutos de atención, el futbolista fue retirado en camilla y trasladado al vestuario para una revisión más detallada.Posteriormente, Falcao no regresó para disputar la segunda parte del compromiso en el estadio El Campín. En su lugar ingresó Jorge Cabezas Hurtado, mientras el equipo buscó mantener su propuesta ofensiva ante un rival que presionó desde los primeros minutos del encuentro.El partido mostró un desarrollo intenso, con Millonarios intentando imponer condiciones desde el inicio. El equipo bogotano contó con varios minutos de su goleador entre los titulares, en un arranque de temporada que marcó su regreso al fútbol colombiano. Sin embargo, la molestia muscular del delantero se convirtió en el hecho más relevante del encuentro desde el aspecto físico.¿Qué se sabe sobre el estado físico de Falcao tras la lesión?Tras la salida en camilla, el jugador quedó bajo observación del departamento médico de Millonarios. El club prevé realizar exámenes diagnósticos en las siguientes horas con el objetivo de establecer el alcance de la lesión y definir el tiempo necesario para su recuperación.El resultado de estas evaluaciones permitirá determinar si el atacante puede regresar pronto a entrenamientos y competencias oficiales.Las lesiones musculares en jugadores de experiencia suelen analizarse con especial cuidado, debido a su impacto en la planificación de cargas físicas y minutos en cancha. El cuerpo técnico evalúa cada escenario para evitar recaídas y garantizar una recuperación adecuada.Millonarios mantiene una agenda exigente en el calendario local e internacional. Entre los compromisos previstos aparece el duelo frente a Atlético Nacional por la Copa Sudamericana, un encuentro clave para las aspiraciones del club. La presencia de Falcao en ese compromiso depende directamente del diagnóstico médico.La imagen del delantero saliendo en camilla generó múltiples reacciones entre seguidores y analistas, debido al peso del jugador dentro del esquema ofensivo. Mientras tanto, el club espera entregar un parte oficial sobre su estado físico y los plazos de regreso a la competencia.
Un antiguo trabajador de una guardería en el norte de Londres fue condenado este jueves a 18 años de prisión por abusar de manera "perversa" de niños de corta edad a su cargo mientras trabajó en ese establecimiento.Vicent Chan, de 45 años, recibió la sentencia tras comparecer ante el Tribunal de la Corona de Wood Green, al norte de la capital británica, tras haber admitido previamente ser culpable de 56 cargos, entre ellos agresión sexual con penetración, agresión sexual con tocamientos y creación de imágenes indecentes.El juez de distrito John Dodd decretó 18 años de cárcel para Chan por un catálogo de abusos "completamente malvado, perverso y depravado" que duraron 15 años. Deberá pasar al menos dos tercios de su sentencia entre rejas y ocho años adicionales en libertad condicional.El pedófilo, nacido en el Reino Unido y de ascendencia china, llegó a filmar a niños menores de dos años y a realizarles tocamientos sexuales mientras dormían en la guardería Bright Horizons, ubicada en el barrio londinense de West Hampstead, que ha sido cerrada tras este caso.Además, una investigación paralela de la Policía Metropolitana de Londres (Met) reveló que Chan había tomado vídeos por debajo de las faldas de alumnas en clase cuando trabajaba como asistente en otro colegio de la capital británica.También confesó haber espiado a niñas y mujeres mientras se desnudaban en sus habitaciones y en el baño; haber asaltado sexualmente a una mujer mientras dormía y acumular un catálogo de 26.000 imágenes indecentes de niños en internet, incluidos vídeos de violaciones.El magistrado aseguró que los delitos tempranos de Chan, más enfocados en miradas y grabaciones, escalaron al empezar a trabajar en la guardería en 2017 y pasaron a ser más premeditados para evitar ser descubierto.Los padres de las víctimas menores, que asistieron al juicio, han iniciado acciones legales contra Bright Horizons y han pedido que se procese a la propia guardería."Creemos que sus errores en materia de protección crearon el terreno perfecto para un depredador. Chan no era un lobo solitario (...) y fue capaz de operar durante años en un lugar de trabajo donde las medidas de seguridad fallaron, fueron minimizadas o ignoradas", dijeron en un comunicado a través de su bufete de abogados, Leigh Day.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a rendir versión a Milton de Jesús Toncel Redondo, alias 'Joaquín Gómez' y a Rodrigo Granda, ambos exintegrantes del secretariado de las Farc, en el caso que investiga el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y el general Fernando Landazábal Reyes.Es importante recordar que el antiguo secretariado del grupo armado ilegal envió hace unos años un documento a la JEP en el que se comprometían a aportar verdad y reconocer responsabilidad en estos dos crímenes.Blu Radio conoció las declaraciones de los dos exjefes guerrilleros. ‘Joaquín Gómez’ empezó explicando cuáles eran los enemigos históricos de la guerrilla, aseguran que eran los expresidentes, aunque Gómez integró el Secretariado de las Farc, explica que no tiene conocimiento e información sobre el magnicidio de Álvaro Gómez ni de Fernando Landazábal o Jesús Antonio Bejarano, entre otros."No tuve conocimiento de ninguna de estas circunstancias, me refiero a órdenes impartidas por el secretariado de homicidios de personas influyentes, imagino que en ese sentido se comunicaban con las redes urbanas teniendo en cuenta la forma en la que funcionaba la organización que los bloques y frentes tenían su área específica, las columnas móviles como la Teófilo que atendía órdenes directas del secretariado sin que se supiera en los bloques y las redes urbanas que operaban en las ciudades. Desconozco las circunstancias de antecedentes y detalles de planeación y ejecución de los 6 homicidios de los que se habla en el cuestionario, pertenecí a las FARC desde 1984 hasta 2016", señaló ‘Joaquín Gómez’.En el mismo sentido, explicó que no tuvo la tarea de ocuparse de "objetivos de alto valor", pues eran órdenes que salían desde el secretariado y él, en el momento de los hechos, no conocía este tipo de directrices, pero recordó algunas conversaciones con ‘Manuel Marulanda’, máximo jefe de la guerrilla, en las que se hizo referencia al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, según Gómez, Marulanda aseguraba que el líder conservador hacia pronunciamientos "irresponsables políticamente"."Recuerdo que cuando la muerte de Álvaro Gómez, yo estaba visitando al camarada Manuel y me dijo ´parece que le pegaron un susto a Álvaro Gómez´ y yo le dije ‘¿qué le paso?’ y él me dijo ´se murió, pero dejemos que la inteligencia se rompa la cabeza´. No escuché ni supe más" explicó Gómez.Rodrigo GrandaRodrigo Granda era conocido en la guerra como el ‘canciller de las Farc’ e hizo parte del último secretariado de la antigua guerrilla de las Farc. Blu Radio también conoció la declaración de Granda ante la Jurisdicción Especial para la Paz, frente al magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado en 1995.Sobre este caso, así como el de Fernando Lanzabal, Hernando Pizarro, Jesús Antonio Bejarano, José Fedor Rey Álvarez y Pablo Emilio Guarín, el ‘excanciller de las Farc’ aseguró ante la JEP: "No tengo conocimiento en absoluto", también dijo que no sabía cómo se realizaba en ese momento el proceso de planeación y ejecución de acciones bélicas ni si el comandante del Bloque debía pedir autorización al secretariado para realizar una acción.Sobre el caso concreto de Gómez Hurtado, la Procuraduría preguntó: " Sobre el homicidio del señor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted tiene conocimiento respecto de la autoría de las Farc-EP sobre el homicidio del señor Gómez Hurtado?", a lo que el compareciente respondió: "No sé", asegurando que se enteró de esta noticia del magnicidio por los medios de comunicación, negó saber quiénes integraban el secretariado de las antiguas Farc en ese momento y negó saber si en la guerrilla se discutía sobre la posibilidad de cometer el homicidio.A la pregunta: "¿En qué fecha se adoptó al interior de las Farc-EP la decisión de perpetrar el atentado en contra del señor Gómez Hurtado que tuvo lugar el 2 de noviembre de 1995 en la ciudad de Bogotá, en las inmediaciones de la universidad Sergio Arboleda?" Granda también respondió: " No sé".Granda también dijo que no conoce si en las antiguas Farc hubo algún vínculo con el Cartel del Norte del Valle para cometer delitos o por narcotráfico ni con ninguno de los jefes de dicho cartel, teniendo en cuenta que hay unas versiones según las cuales el Cartel del Valle habría podido tener participación, presuntamente, en estos hechos. "No tuve conocimiento ni participe como autor, coautor e intelectual en el homicidio de la persona de Álvaro Gómez Hurtado", sentenció Granda.Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'
En algunos departamentos como el Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Chocó se están registrando acciones armadas que afectan gravemente los derechos de los niños y jóvenes en los territorios. Algunos menores de edad están en riesgo de reclutamiento, abuso sexual, y desplazamiento forzado, pero, además, en algunas zonas del país hay presencia de artefactos explosivos en los caminos a las escuelas.Ante esto las organizaciones Save the Children, Unicef, World Vision, el Consejo Noruego para Refugiados y Fundación Plan han hecho un llamado a los actores involucrados en el conflicto para no afectar los derechos de los niños y permitir el acceso a la educación.“Según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA), el 60 % de los eventos armados registrados el año pasado afectaron directamente a 268.524 niños, niñas y adolescentes, un 11,5 % más que en el 2021. entre enero y septiembre de 2022, al menos 12.000 estudiantes, profesores y personas de la comunidad educativa, como cuidadores y personal administrativo, tuvieron que suspender temporal o indefinidamente las clases y dejar sin el servicio”, señalan en un comunicado las 5 organizaciones.Las escuelas sufren ataques y daños a su infraestructura poniendo en riesgo a los niños y adolescentes, esta situación afecta principalmente los departamentos del Pacífico y la zona de frontera con Venezuela.“Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que a veces se usan las escuelas para el conflicto, es decir que el conflicto pasa por encima de las escuelas que es lo que tenemos algunas veces y los actores armados de cualquier grupo entran a las escuelas, los actores armados avisan que no se puede ir a las escuelas y todo eso son afectaciones sobre la educación de los niños y niñas”, señaló Catalina Duarte, coordinadora del Programa La Educación No Puede Esperar.Le puede interesar: '¿Volverán las vallas a los estadios?'
En audiencias con la JEP, Jaime García, exdirectivo de Fondo Ganadero, empezó refiriéndose a las relaciones políticas y de la sociedad con las autodefensas, en Córdoba; además de las relaciones de su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento.En sus declaraciones, Jaime García habló sobre reuniones en las que empezó a acompañar a su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento, cuando los magistrados indagaron sobre su llega a a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge García se refirió a un encuentro que tuvo con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso."Yo llegué donde Carlos resulta que un día por x motivo me encuentro con Mancuso en una finca de él, fui con el senador Julio Manzur a qué, yo no me acuerdo, pero llegamos allá y, allí, estaba reunido de casualidad digo yo, no sé o nosotros llegamos de casualidad Jorge '40', un señor Tovar Edward Cobo que, en ese momento, yo no sabía que era de ellos y lo supe mucho después, Edward Cobo, en ese momento Edward Cobo era un ganadero de Córdoba (...) Mancuso hablando con Mansur le dijo a propósito senador le voy a quitar CBC a Juancho López, el que era el directo en ese momento de la CBC era una cuota política de Juan Manuel López Cabrales, y Mansur le dijo hombre y a quien vas a montar hay y dijo Mancuso voy a montar a Aquilino Londoño", reveló el exdirectivo del Fondo Ganadero ante la Sala de Reconocimiento.En el mismo sentido señaló que él empezó a hacer campaña para llegar a la CBC y antes de la elección lo habría llamado el gobernador de ese entonces, Ángel Villa Diego Hernández, quien le habría mostrado una carta en la que Carlos Castaño le pedía al gobernador que apoyara a García, de esta manera él habría llegado a la CBC.Gobierno estimuló a privados en zonas de violencia: Jaime GarcíaSe refirió a gestiones que habría hecho su papá ante el Gobierno nacional, según su relato, para lograr que se instalaran batallones en el departamento de Córdoba; en donde dejó claro que el Estado tuvo responsabilidad en el despojo de tierras en algunas zonas del país."El mismo Estado facilitaba y estimulaba la inversión de privados en zonas de violencia o deprimidas por la guerra que había habido en esas regiones. Argumentaban que invertir en esas zonas era generar empleo y bienestar para las familias que habitaban allí (...) Si usted observa las tierras que compró el Fondo Ganadero y que compró mucha gente en Urabá en esa época empresarios, narcotraficantes, que, entre otras cosas, hay cantidades de créditos otorgados por la banca para invertir en esas zonas no tenían medidas cautelares, pues eran tierras que estaban expuestas a la oferta. Yo me hago si el Estado sabía lo que estaba pasando" explicó.¿Quién es Jaime Garcia?Jaime García Exbrayat, fue un integrante de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y ha asistido a algunas audiencia en las JEP, en el marco de las investigaciones del caso 04, para esclarecer lo sucedido con el despojo de tierras en la región conocida como Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá. Lo que se ha comprobado es que hubo una compra masiva de tierras que incluyó el previo desplazamiento forzado de 130 familias por parte de los paramilitares en asocio con algunas personas pertenecientes al Fondo Ganadero.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
En las últimas horas Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno Petro con la guerrilla del ELN, respondió a un pronunciamiento del máximo cabecilla de este grupo armado, alias 'Antonio García', quien manifestó que el ELN no recluta de manera forzada ni incorpora menores a sus filas de combatientes.Consultado por esa afirmación de que el ELN no recluta, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno, sostuvo que “de pronto es así”, pero además señaló que no sabe si esa guerrilla ha hecho reclutamientos forzados.La Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Coalico, emitió un comunicado en el que muestran su preocupación por las altas cifras de reclutamiento en lo corrido del año en Colombia, pues, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) verificó 18 eventos de conflicto armado que implicaron el reclutamiento de por lo menos 36 niñas, niños y adolescentes.Pero, además, desde Coalico aseguran que les preocupa la falta de claridad en las declaraciones que entregó Otty Patiño, pues el reclutamiento es una grave afectación a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aclaran, además, que jurídica y socialmente se deben reprochar todos los actos que involucren a menores en el conflicto armado."Hay consenso nacional e internacional respecto de la penalización del reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes, independientemente de que tales conductas sean producto de una decisión aparentemente “voluntaria” de la víctima menor de edad o de una acción forzada o manifiestamente violenta en su contra[3]. No se puede hablar de un reclutamiento forzado y uno que no lo sea, en consecuencia, no hay lugar a diferenciar los deberes del Estado colombiano respecto de la investigación, juzgamiento y sanción de quienes sean responsables de haber incurrido en cualquiera de las mencionadas hipótesis fácticas cobijadas por el reclutamiento ilícito", señala Coalico.Le puede interesar: 'Titulares Deportivo'
El pasado jueves, 20 de abril, las disidencias de 'Iván Mordisco' anunciaron la "refundación" del frente 53 de esa guerrilla. Aseguran que volverán a zonas como el Sumapaz y, en general, a Cundinamarca, así como a zonas del Meta y también tendrán presencia en el Alto Vichada.Ante esta situación, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que cuando los grupos armados van a iniciar procesos de diálogo, en algunos casos, quieren demostrar acciones de fuerza."Pues los grupos armados lamentablemente cuando se habilitan para escenarios de paz quieren mostrar en muchas ocasiones acciones de fuerza o acciones propagandísticas que demuestren que tienen control social o control territorial, para este gobierno es innecesario esas demostraciones de fuerza", explicó Rueda.Asimismo, señaló que el Gobierno tiene clara cuál es la situación que se vive en los territorios, por eso, el propósito de los escenarios de diálogos es resolver los asuntos que se expresan por medio de la violencia. Rueda habló sobre si la Segunda Marquetalia tiene o no presencia en Cundinamarca Rueda respondió, que, según información del Gobierno, este grupo ha tenido un crecimiento desde el 2019.“No estoy diciendo si tienen o no capacidad, no es un problema de capacidad de rearmarse, se han rearmado desde noviembre del 2019 la Segunda Marquetalia ha crecido como ha crecido las EMC Farc, eso es innegable, como ha crecido el ELN, Clan del Golfo, eso es el país que heredamos el 7 de agosto”, finalizó el comisionado.Cabe recordar que las disidencias de las Farc, el Estado Mayor Central de las Farc, dieron a conocer los nombres de los cinco guerrilleros que los representarán en la mesa de diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Carlos Eduardo García, alias ‘Andrey’; Leidy Tatiana Rojas, alias ‘Ángela’; Yeison Alexis Ojeda, alias ‘Danilo Alvizú’; Jaime Muñoz Dorado, alias ‘Sebastián’, y alias ‘Javier 33’.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.