El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Sigue la violencia en Antioquia. Tres personas fueron masacradas en una vía rural que conduce al casco urbano del municipio de Titiribí, en el suroeste del departamento.Según pudo establecer Blu Radio, por una llamada de alerta de la comunidad las autoridades fueron alertadas de tres personas que fueron asesinadas, que tenían impactos de bala y se encontraban al lado de un carro en una vía destapada de Titiribí.Los hechos ocurrieron exactamente en la Vereda Zabaleta, donde, según información que hasta el momento reciben las autoridades, los tres hombres habrían sido sacados de una finca y masacrados en la vía.La Policía Antioquia, con apoyo del Ejército Nacional, se trasladan al sitio para adelantar las pesquisas del caso e identificar a los tres muertos.En esta zona hace presencia el Clan del Golfo y un grupo criminal local conocido como La Miel.
Un delicado caso que involucra a menores de edad se registró en el conjunto residencial Vida Nueva, en el municipio de Soacha, luego de que un adolescente fuera sorprendido en un presunto acto de abuso contra un niño en zonas comunes del lugar.De acuerdo con el reporte oficial, hacia las 3:44 de la tarde del 18 de febrero, uniformados que realizaban labores de patrullaje recibieron una alerta a través del dispositivo institucional, en la que se informaba sobre la existencia de un video que evidenciaría tocamientos indebidos a un menor dentro del conjunto.Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con el guarda de seguridad, quien indicó que el hecho habría ocurrido detrás de unos arbustos en áreas comunes del conjunto. El video, grabado por una vecina desde un apartamento, muestra a un joven con camiseta verde ocultándose entre la vegetación, donde también se encontraba un niño de aproximadamente cinco añosDe acuerdo con el informe, el adolescente se baja el pantalón y, presuntamente, hace tocamientos al menor de edad. En las imágenes se escucha a la mujer que graba gritarle para que se detenga.Tras recibir la denuncia, los uniformados lograron la aprehensión del señalado. Luego de verificar su identidad, establecieron que se trataba de un adolescente de 16 años, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el joven ya contaría con una medida de aseguramiento vigente. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes.
El fabricante sueco Volvo anunció el retiro de más de 40.000 unidades de su superventas eléctrico EX30 debido a un posible riesgo de sobrecalentamiento en el paquete de baterías de alto voltaje. La información fue revelada inicialmente por Reuters y confirmada por la compañía.El llamado a revisión involucra específicamente 40.323 ejemplares de las versiones Single-Motor Extended Range y Twin-Motor Performance del Volvo EX30 equipados con determinadas celdas de batería.¿Cuál es el problema detectado?Según explicó la marca al ya citado medio, algunos módulos del sistema de alto voltaje podrían presentar un comportamiento que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento. Como medida preventiva, se reemplazarán los módulos afectados.Mientras se ejecuta la campaña, Volvo solicitó a los propietarios limitar la carga al 70 % de la capacidad total para reducir cualquier posibilidad de incendio. Además, desde diciembre la compañía ha recomendado en más de una docena de países —incluidos Estados Unidos, Australia y Brasil (aunque la marca no ha precisado si también Colombia)— estacionar los vehículos lejos de edificaciones.La empresa indicó que ya está contactando a los dueños de las unidades involucradas para informar los pasos a seguir.¿Cuánto le costará a Volvo este llamado a revisión?El EX30 es un modelo estratégico dentro del portafolio eléctrico de Volvo, diseñado para competir en el segmento de SUV compactas frente a fabricantes chinos de menor costo. La revisión podría representar un impacto económico relevante.Un análisis de Reuters estimó que la sustitución de los módulos podría alcanzar los 195 millones de dólares, sin contar gastos logísticos ni de mano de obra. La compañía calificó esos cálculos como especulativos y confirmó que mantiene conversaciones con el proveedor.Las baterías fueron fabricadas por Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co., una empresa conjunta respaldada por el grupo Geely, accionista mayoritario de Volvo. El fabricante señaló que el proveedor ya corrigió la situación y suministrará nuevas celdas.Tras conocerse la noticia, las acciones de Volvo registraron una caída cercana al 4 %.Volvo no es la única marcaLos incidentes relacionados con baterías han afectado anteriormente a otros fabricantes en el proceso de electrificación. En 2020, General Motors debió retirar aproximadamente 140.000 unidades del Chevrolet Bolt por riesgo de incendio asociado a baterías producidas por LG Electronics, lo que representó un costo cercano a 2.000 millones de dólares.En el caso de Volvo, la situación ocurre mientras la compañía avanza en un plan de ahorro por 1.900 millones de dólares y profundiza su integración con el grupo Geely.Además, el EX30 es un modelo clave dentro de la estrategia global de la firma sueca, a tal punto de convertirse en su best seller en muchos mercados. Sam Fiorani, vicepresidente de pronósticos globales de AutoForecast Solutions, afirmó que el fabricante debe resolver la situación de manera precisa debido a la importancia del vehículo en su portafolio.Andy Palmer, exdirectivo que participó en el lanzamiento del Nissan Leaf, señaló que la reputación de seguridad es un eje central en la identidad de Volvo, lo que reduce el margen para errores en este tipo de situaciones.Antes de que se hiciera público el retiro, algunos propietarios consultados por Reuters manifestaron su intención de devolver sus vehículos, argumentando preocupaciones relacionadas con seguridad y autonomía, debido a la limitación temporal de carga.
Tras gestiones de la Cancillería colombiana con el gobierno de Estados Unidos, regresará al país Rafael Vergara, el joven de 22 años e hijo de la congresista Ángela Vergara, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hace 20 días.Según su madre, el joven estaba a la espera de que se definiera su situación legal, contaba con permiso de trabajo y número de seguro social, y no tenía asuntos pendientes con la justicia en ese país.“La situación cada día va un poco peor, deteriorando su salud física, mental, pero sobre todo las condiciones en las que ellos se encuentran allá. Hace unos dos días hablamos y en la celda donde él se encuentra habían 70 personas. Hoy ya superaron las 80 personas en un estado de hacinamiento que obviamente no se les pueden garantizar unas buenas condiciones”, contó la congresista.En las próximas horas, la canciller Rosa Villavicencio se reunirá con la congresista en Cartagena. El tiquete aéreo para el regreso del joven ya fue adquirido: viajará mañana desde Louisiana hacia Dallas, Texas, y posteriormente a Bogotá, con llegada prevista a las 11:00 de la noche.Cabe mencionar que la representante a la Cámara por el Partido Conservador Colombiano denunció la detención de su hijo a través de su cuenta de X.“Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo. Vivía en el exilio”, explicó.En ese momento, Vergara solicitó apoyo del Gobierno nacional y de la Cancillería para su retorno. “Le pido de manera urgente al Gobierno colombiano y a la Cancillería su intervención para garantizar el regreso, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen”, concluyó.
La Alcaldía de Bogotá aseguró que es cuestión de horas para que se materialicen las capturas de los responsables del ataque contra Diana Ospina, en un caso que ha generado indignación en la capital.En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que el operativo avanza con apoyo del Gaula y la Policía Metropolitana de Bogotá. Según detalló, el seguimiento a través de cámaras de seguridad y labores de inteligencia permitió establecer la ruta de escape de los implicados, quienes finalmente dejaron en libertad a la víctima en la vía hacia Choachí.El Distrito buscará que el caso sea tipificado como secuestro, con el objetivo de que los responsables enfrenten penas más severas y evitar que recuperen la libertad en el corto plazo. “No se trata de un simple robo. Aquí hubo privación de la libertad y una estructura organizada detrás”, subrayó el funcionario.Por su parte, el intendente Rafael Wilches, comandante del CAI Mirador, quien recibió a Diana al llegar a la estación, reveló detalles en Noticias Caracol. “Ella manifiesta que la habían abandonado sobre la vía”, dijo.“Ella empieza a caminar y llega al CAI. De inmediato, nos dirigimos al sitio a verificar qué encontrábamos. Era una noche bastante lluviosa, sola por el sector. Al llegar no encontramos alguna evidencia o elemento de la señora”, indicó.El hombre también dijo que en el momento no sabían quién era; simplemente era una mujer buscando ayuda, “y lo que hace es abrazarnos y decirnos que la ayudemos”.En medio de la investigación también surgieron cuestionamientos sobre el vehículo utilizado para cometer el crimen. Desde el gremio de taxistas tomaron distancia de los hechos. María Botero, gerente de Radio Taxi, explicó que tras verificar en las bases oficiales se evidenció que el automóvil no contaba con tarjeta de control vigente ni registro activo en el sistema distrital de monitoreo.La directiva advirtió que esta modalidad, conocida popularmente como “paseo millonario”, se apoya en vehículos que simulan prestar un servicio legal para generar confianza en las víctimas y evadir controles empresariales. Por su parte, la defensa de la víctima pidió celeridad en el proceso ante la Fiscalía General de la Nación. El abogado de Ospina reveló que durante las más de 40 horas que estuvo retenida, los delincuentes realizaron entre 10 y 13 transacciones bancarias, logrando retirar cerca de 50 millones de pesos.El jurista calificó el caso como un “secuestro extorsivo agravado” y solicitó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad para identificar a todos los integrantes de la red criminal y establecer si estarían vinculados a otros hechos similares ocurridos en la ciudad.Mientras tanto, Diana Ospina permanece bajo el cuidado de su familia y recibe acompañamiento tras el impacto emocional que dejó el cautiverio.
El Gobierno y las Farc emitieron un comunicado conjunto en que acordaron que para el 30 de enero, a más tardar, se conocerá el número de guerrilleros que no serán cobijados con la ley de amnistía. “A más tardar el 30 de enero, se establecerá el número de integrantes de las FARC-EP que no son amnistiables ni indultables y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, definirá a qué zonas y en qué tiempos serán trasladados en los términos consignados en el Acuerdo Final”, señala el comunicado. Así mismo, decidieron reducir el número de zonas veredales de concentración, pasando de 21 a 20. En este orden de ideas, los guerrilleros que debían llegar a la vereda La Esperanza, ahora de desplazarán a El Cármen, en el municipio de Montañita, en Caquetá. El personal guerrillero previsto para ingresar a la zona de la vereda La Esperanza, en el municipio de Cartagena del Chairá, llegará a la Zona de la Vereda El Carmen, municipio La Montañita. Por consiguiente, quedan en total 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 6 Puntos Transitorios de Normalización. Este es el comunicado conjunto: Bogotá, Colombia, 28 de diciembre de 2016 El Gobierno Nacional y las FARC-EP en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, informamos a la opinión pública que después de una detallada evaluación del estado de cada una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización, se tomaron las siguientes decisiones: - El personal guerrillero previsto para ingresar a la zona de la vereda La Esperanza, en el municipio de Cartagena del Chairá, llegará a la Zona de la Vereda El Carmen, municipio La Montañita. Por consiguiente, quedan en total 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 6 Puntos Transitorios de Normalización. - Para continuar el trabajo de adecuación de los terrenos y construcción de los campamentos, el 31 de diciembre llegarán a 9 zonas veredales otros grupos de trabajadores civiles, contratados por el Gobierno Nacional, a los que se sumarán las comisiones de construcción de las FARC-EP. - Antes del 10 de enero, continuará la adecuación conjunta en 16 puntos restantes y queda pendiente la zona de Caño Indio, en el municipio de Tibú (Norte de Santander) en la que avanza el proceso de concertación. - De forma gradual, el Gobierno Nacional y las FARC-EP habilitarán la totalidad de las zonas y puntos para el traslado de los guerrilleros y guerrilleras. En el entretanto y mientras se adelantan las labores de construcción de los campamentos, continuarán en los Puntos de Pre agrupamiento Temporal (PPT) cercanos a las zonas, de acuerdo a los protocolos establecidos en el Acuerdo Final. - Las unidades guerrilleras que aún están a distancias considerables continuarán su acercamiento a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización con el acompañamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. - A más tardar el 30 de enero, se establecerá el número de integrantes de las FARC-EP que no son amnistiables ni indultables y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, definirá a qué zonas y en qué tiempos serán trasladados en los términos consignados en el Acuerdo Final.
El jefe máximo del grupo subversivo, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, pidió que en el Congreso no se modifique lo acordado. Una de las personas que difundió el mensaje fue el senador Iván Cepeda y lo hizo con un corto video de 8 segundos en el que invita a los ciudadanos a reunirse los días martes 27 y miércoles 28 de diciembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá con el fin de vigilar la correcta implementación de lo pactado con el Gobierno. Escuche en este audio más información de las siguientes noticias: -Unas 20 personas resultaron heridas cuando un bus de transporte intermunicipal se accidentó en la vía que conduce de Barranquilla a Valledupar. -El senador y ponente de la ley de amnistía, Armando Benedetti, le respondió a José Miguel Vivanco la carta en la que afirma que hay vacíos en esa ley. Según el ponente, no hay lugar a revisión cuando ya está avalada por cortes internacionales -Un nuevo homicidio de un dirigente de Derechos Humanos se registró en las últimas horas en el municipio de Argelia, Cauca. -El comercio de Cúcuta lanzó un llamado a los habitantes de la frontera para comprar sus productos de la canasta familiar antes del primero de enero, ante los incrementos en los precios resultados de la reforma tributaria. -Luego de que la oposición venezolana afirmara que no retomará el diálogo político con el Gobierno, el presidente Nicolás Maduro arremetió contra la Mesa de la Unidad Democrática. -La Selección Colombia Sub-20 realiza una jornada más de entrenamiento de cara al suramericano de la categoría en Ecuador desde la segunda semana de enero. -En lo que va corrido de la temporada decembrina en Bogotá, se han incautado más de 6 toneladas de pólvora ilegal.
Patrocinio Sánchez, hermano de Odín Sánchez de Oca, secuestrado por la guerrilla del ELN hace nueve meses, habló en Mañanas BLU sobre la situación del exdirigente político chocoano. “No hemos tenido nuevas informaciones después de la última prueba de supervivencia hace cerca de cuatro meses”, sostuvo. Patrocinio lamentó que el ELN siga utilizando el secuestro extorsivo como “moneda política” y más cuando el país está esperando que comience la fase pública de diálogos entre esa guerrilla y el Gobierno Nacional en Quito. La salud de Odín Sánchez Explicó que la situación de su hermano en cautiverio es difícil si se tiene en cuenta los quebrantos de salud que padece Odín. “Las informaciones que tuvimos nosotros sobre el estado de salud de mi hermano es que con el paso de los días se ha ido deteriorando. Presenta una hernia, algunas alergias y problemas con el colón”, señaló. Finalmente, Sánchez de Oca hizo un llamado al ELN para que libere a su hermano Odín antes de terminar el 2016 y ponga así fin al drama que ha vivido la familia desde el 3 de abril de este año, cuando ese grupo guerrillero lo canjeó por él, a quien tuvieron secuestrado dos años y medio.
“Valoramos que el proyecto de Ley de Amnistía presentado por las delegaciones de paz considere que las violaciones de derechos humanos deben ser excluidas de amnistías”, dice la misiva. Asimismo, dice que “preocupa que algunas disposiciones de dicho proyecto de ley puedan limitar la posibilidad de juzgar abusos, respecto de los cuales existe una obligación jurídica de asegurar justicia”. “En efecto, notamos que el proyecto de ley (a) hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; (b) utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan abusos; (c) sólo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; y (d) invoca un estándar insuficiente sobre el delito de “reclutamiento de menores”, dice. Este es el texto completo de la carta: Washington, D.C., 25 de diciembre de 2016 Dr. Juan Manuel SantosPresidente de la República de ColombiaPresidencia de la RepúblicaPalacio de NariñoBogotá, D.C. – COLOMBIA De mi mayor consideración, Tengo el honor de dirigirme a S.E. para trasmitirle una serie de observaciones sobre el proyecto de Ley de Amnistía que el Congreso colombiano aprobaría la semana entrante. Valoramos que el proyecto de Ley de Amnistía presentado por las delegaciones de paz considere que las violaciones de derechos humanos deben ser excluidas de amnistías[[1]]. Estas, en cambio, serían investigadas, juzgadas y sancionadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, nos preocupa que algunas disposiciones de dicho proyecto de ley puedan limitar la posibilidad de juzgar abusos, respecto de los cuales existe una obligación jurídica de asegurar justicia. En efecto, notamos que el proyecto de ley (a) hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; (b) utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan abusos; (c) sólo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; y (d) invoca un estándar insuficiente sobre el delito de “reclutamiento de menores”. También nos preocupa que el mecanismo de libertad condicional previsto en el proyecto de ley para agentes del Estado o combatientes de las FARC responsables de crímenes atroces no parece contener unas garantías básicas necesarias para asegurar que criminales de guerra no puedan eludir la justicia. Amnistías Como S.E. sabe, el proyecto de ley incluye varios tipos de amnistías de facto o de jure, a las cuales se les asignan distintos nombres[2]. Estas amnistías e indultos no están prohibidos por el derecho internacional, siempre que no se extiendan a violaciones de derechos humanos. El proyecto de ley señala que pretende cumplir con el derecho internacional y dispone que ninguna de estas amnistías se concederá a los responsables de una variedad de atrocidades de derechos humanos[3]. No obstante, la enumeración de esas atrocidades contiene ambigüedades que podrían permitir que las amnistías de jure o de facto beneficien a responsables de violaciones de derechos humanos, como se explica a continuación. (a) Falta de consistencia entre el proyecto legislativo y el derecho penal colombiano La lista de atrocidades por las cuales no podrán concederse amnistías incluye varias categorías legales que no tienen un correlato explícito en la legislación colombiana. Por ejemplo, el proyecto de ley menciona las “ejecuciones extrajudiciales”, pero el derecho colombiano no tipifica ningún delito bajo este nombre[4]. En Colombia, las ejecuciones extrajudiciales son juzgadas como “homicidio agravado” u “homicidio en persona protegida”, pero no hay ninguna disposición en el proyecto legislativo que confirme que las “ejecuciones extrajudiciales” incluyen a los delitos de “homicidio agravado” y “homicidio en persona protegida” previstos en el derecho colombiano, ni que estos delitos no puedan ser objeto de amnistía[5]. De manera similar, el proyecto se refiere a la “sustracción de menores”, aunque no existe el delito de “sustracción” de personas en el Código Penal de Colombia[6]. Tenemos presente que la Jurisdicción Especial llevará a cabo su “propia” calificación jurídica de las conductas, la cual “se basará en el Código Penal colombiano y/o en las normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o Derecho Penal Internacional”[7]. Sin embargo, para asegurar que estas incongruencias con el derecho colombiano no sean utilizadas indebidamente—por ejemplo, para amnistiar el homicidio de un civil—, la legislación de implementación debería aclarar cómo se definen cada una de las categorías legales que no tengan una contrapartida explícita en el derecho colombiano. (b) Categorías legales imprecisas La lista de atrocidades para las cuales no pueden concederse amnistías también incluye categorías del derecho penal internacional y derecho internacional humanitario cuyo alcance y significado en el marco de la Jurisdicción Especial deberían ser esclarecidos. Por ejemplo, categorías como “otras formas de violencia sexual” y “privación grave de la libertad” deben ser debidamente aclaradas[8]. Asimismo, el proyecto dispone que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá renunciar al ejercicio de la acción penal de los combatientes de las FARC que no hayan tenido una participación “determinante” en atrocidades[9]. El acuerdo de paz y el proyecto legislativo no contienen ninguna definición de lo que se entiende por “determinante”, ni brindan pautas de interpretación para asegurar que la definición utilizada sea acorde con el derecho internacional. Es necesario que la legislación clarifique este punto para garantizar que no se confieran amnistías a combatientes de la guerrilla que tienen una grave responsabilidad penal, pero que podría pretenderse que no tuvieron una participación “determinante” en los delitos. (c) Sólo los “graves” crímenes de guerra son excluidos La lista de atrocidades por las cuales no podrán otorgarse amnistías menciona los “graves crímenes de guerra”[10]. Otra disposición del proyecto de ley estipula que los “graves crímenes de guerra” constituyen violaciones del derecho internacional humanitario cuando son perpetradas de manera sistemática[11]. Este lenguaje parece emular erróneamente el del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la intención de establecer que sólo se excluirán de la amnistía aquellos delitos con mayores probabilidades de ser juzgados dentro de la competencia de la CPI[12]. No obstante, con esta disposición en el proyecto de ley podrían concederse amnistías a numerosos crímenes de guerra si los acusados demuestran que estos no se cometieron de manera sistemática. Sin embargo, la obligación de Colombia de investigar y perseguir penalmente crímenes de guerra no es igual a la competencia restringida de la CPI, sino que se extiende a todos los crímenes de guerra, sean o no sistemáticos. (d) Estándar inadecuado sobre “reclutamiento de menores” La lista de atrocidades por las cuales no podrán concederse amnistías menciona el “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”[13]. Conforme al Estatuto de Roma, el crimen de guerra de reclutamiento de menores se define como el reclutamiento de niños menores de 15 años. No obstante, Colombia es parte del Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años, y el derecho colombiano define al reclutamiento de menores como el de cualquier persona de menos de 18 años[14]. Aunque el reclutamiento de menores de entre 15 y 17 años no constituya un crimen de guerra, la Jurisdicción Especial debería investigar el reclutamiento de todos los menores, de conformidad con el derecho colombiano, lo cual garantiza de forma más adecuada los derechos de las víctimas. Libertad condicional (a) Agentes del Estado Como S.E. sabe, el proyecto legislativo establece beneficios para agentes del estado que se encuentren detenidos por su presunta participación en violaciones de derechos humanos. Según lo estipulado en el proyecto, quienes ya hayan cumplido al menos 5 años de detención por violaciones de derechos humanos y se comprometan a confesar sus crímenes en el futuro podrán beneficiarse de la libertad condicional hasta que sean investigados penalmente por la Jurisdicción Especial[15]. Quienes todavía no hayan cumplido 5 años de detención serían detenidos en unidades militares[16]. El Ministerio de Defensa Nacional calcula que más de 1.000 agentes de la fuerza pública podrían salir de inmediato en libertad condicional, y más de 900 serían trasladados a unidades militares[17]. El proyecto prevé que los directores de establecimientos penitenciarios ejercerán la “supervisión” de los agentes del Estado beneficiados con la libertad condicional, hasta que la Jurisdicción Especial determine su situación jurídica[18]. Esta es una decisión curiosa, dado que, en el derecho colombiano, son los jueces —y no las autoridades penitenciarias— los responsables de vigilar a las personas bajo libertad condicional[19]. Nos preocupa que los directores de los centros penitenciarios no tengan los conocimientos técnicos, las capacidades o incluso las potestades legales adecuadas para efectuar una supervisión seria de las personas bajo libertad condicional. También nos preocupa que el mecanismo de libertad condicional creado por el proyecto de ley carezca de dos garantías básicas establecidas en el derecho colombiano: conforme al proyecto de ley, no existe una entidad con la potestad de exigir que el acusado pague una caución o comparezca periódicamente ante un juez[20]. Estas exigencias están establecidas en el derecho colombiano. Sin embargo, el proyecto legislativo dispone que los acusados solamente deberán informar cambios de residencia, pedir autorización para salir del país y comparecer ante la Jurisdicción Especial, una vez que esta entre a funcionar[21]. Asimismo, el proyecto no establece de forma clara que la libertad condicional será revocada si el acusado comete nuevos delitos —una condición que sí está prevista en la legislación vigente en Colombia[22]. El proyecto dispone que los acusados deberán comprometerse a la “no repetición”, pero no aclara si eso alude a los delitos que presuntamente ya han cometido o si también se extiende a otros crímenes. Además, el proyecto legislativo parece sugerir que el compromiso de “no repetición” recién operará cuando esté funcionando la Jurisdicción Especial[23]. Por otra parte, no es claro quiénes estarían a cargo de revocar la libertad condicional si el acusado incumple sus obligaciones establecidas en el proyecto legislativo, ni qué procedimientos se seguirían para ello. Aunque el proyecto establece un procedimiento para conferir la libertad condicional, que incluye la participación del Ministerio de Defensa, el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial y jueces ordinarios, solamente dispone que esta “se” revocará cuando el acusado incumpla sus obligaciones[24]. Por último, el proyecto no aclara si el tiempo en libertad condicional se computará como tiempo de pena cumplido. Si bien el proyecto no se pronuncia sobre este punto, conforme al derecho colombiano el tiempo en libertad condicional normalmente se calcula como tiempo cumplido a efectos de la pena[25]. Si no se realizan aclaraciones en este sentido, la Ley de Amnistía podría menoscabar aún más la credibilidad de las sanciones previstas para quienes confiesen crímenes de guerra en la Jurisdicción Especial, y permitiría que cumplan tan sólo unos pocos años en condiciones de restricción de la libertad. (b) Guerrilleros de las FARC El proyecto legislativo también estipula que los combatientes de las FARC responsables de crímenes de guerra obtendrán la libertad condicional hasta que sean juzgados en la Jurisdicción Especial[26]. Este mecanismo también carece de algunas de las garantías básicas del derecho colombiano. Al igual que el régimen creado para agentes del Estado, el régimen previsto para las guerrillas no establece que la libertad condicional será revocada si el acusado comete nuevos delitos[27]. El proyecto tampoco aclara si el tiempo de libertad condicional que cumplan los guerrilleros se contará para el cálculo de las penas que se impongan por sus crímenes de guerra, lo cual podría permitirles acortar aún más sus penas, socavando la credibilidad de las sanciones establecidas en la Jurisdicción Especial. Por otra parte, el proyecto no establece que se revocará la libertad de quienes incumplan los requisitos previstos en la ley. El proyecto dispone que un juez “verificará” que el acusado cumpla con los términos de la libertad condicional y que estos podrán ser “monitoreados a través de sistemas de vigilancia electrónica o de cualquier otro”, pero no especifica cuál será la consecuencia en caso de incumplimiento, ni cómo se impondrá[28]. Sr. Presidente, compartimos estas inquietudes con la esperanza de que su gobierno utilice la legislación de implementación para garantizar que el proceso de paz se construya a partir del respeto de los derechos de las víctimas de los crímenes atroces cometidos tanto por las FARC como por agentes del estado. Su gobierno debe asegurar que el proceso de paz no se use indebidamente para limitar la posibilidad de que los responsables de atrocidades enfrenten una justicia genuina por sus crímenes, como ocurrió con el reciente ajuste unilateral a la definición de “responsabilidad de mando” para agentes del estado. Es importante destacar que los agentes del estado responsables de abusos no son parte de las negociaciones de paz y las concesiones que se les hagan son innecesarias para alcanzar la paz en el país. Si su gobierno cede ante las presiones militares y permite que aquellos que han violado derechos humanos se aprovechen del acuerdo de paz para eludir la justicia, mancillará este proceso y los esfuerzos que S.E. ha realizado para que este sea posible. En este sentido, destacamos con la mayor preocupación las recientes expresiones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sobre que la Fiscalía “llevará a la Jurisdicción Especial para la Paz a todos los agentes que hayan cometido delitos dentro de los llamados falsos positivos” para lo cual la Fiscalía estaría preparando informes. Pareciera que el actual Fiscal General de la Nación está ignorando su deber de garantizar el avance de las etapas procesales previstas en la legislación ordinaria para la investigación penal de agentes del estado responsables de atrocidades, lo cual sería una abierta contradicción a la legislación vigente en Colombia y representaría una virtual denegación de justicia para las víctimas. Aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima. José Miguel VivancoHuman Rights Watch
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.