En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
El programa incluye 53 cursos virtuales en 11 ejes temáticos, con inscripciones hasta el 23 de marzo de 2026, para lo que el Ministerio de las TIC se ha planteado la meta de certificar 31.161 personas este año. Herrera resaltó: "Esta iniciativa busca cerrar la brecha de talento digital en Colombia." Huawei se suma a 15 aliados como Microsoft y Cisco para impulsar habilidades en IA, ciberseguridad y analítica de datos.“AvanzaTEC es un proyecto estratégico y dinamizador, que ha permitido fortalecer las habilidades básicas, medias y avanzadas en todos los territorios del país. Un agradecimiento a las empresas y aliados que han hecho parte de este programa, certificando a más de 75.000 personas, aportando en el cumplimiento de las metas de formación del Gobierno del Cambio”, afirmó el Viceministro de Transformación Digital Andrés López.En Blu 4.0, María Juliana Herrera, gerente de medios de Huawei Colombia, detalló la nueva alianza con el Ministerio de las TIC para democratizar el acceso a formación digital gratuita, destacando cursos cortos en inteligencia artificial, 5G y más.Herrera explicó cómo AvanzaTEC ofrece certificaciones profesionales sin costo, diseñadas para todas las edades y niveles socioeconómicos. "Los cursos cortos en áreas como inteligencia artificial, 5G, bases de datos, Internet de las cosas y computación en la nube están diseñados para todas las edades y niveles socioeconómicos, permitiendo adquirir certificaciones profesionales sin costo." Subrayó el rol de Huawei en cerrar la brecha digital mediante esta iniciativa abierta en www.avanzatec.gov.co.Desde su inicio en 2024, AvanzaTEC ha entregado más de 76.000 certificados, con presencia en todos los departamentos.
Vivir con hemofilia en Colombia supone enfrentar una enfermedad genética que afecta la coagulación de la sangre y, además, lidiar con barreras en el sistema de salud. Para Hans, paciente con hemofilia de 40 años de edad, la posibilidad de llevar una vida estable ha dependido del acceso al medicamento, conocido como factor de coagulación, y del acompañamiento permanente de su madre. Esto expresó en entrevista con el programa Relatos al Límite.“Siempre y cuando lo tenga uno, uno puede tener una vida sana”, afirma Hans sobre el tratamiento. Sin embargo, reconoce que cada actividad cotidiana implica precaución, incluso al afeitarse. “Al principio fue difícil, porque le toca a uno buscar para no cortarse… queda uno como con el susto, ‘ay, yo ahorita empiezo a sangrar’, y ahora sin medicamentos”. La sola posibilidad de no contar con el factor genera angustia.El impacto psicológico de crecer con hemofiliaHans también habla de las secuelas emocionales. “Para mí fue muy duro psicológicamente… muchas cosas que no pude disfrutar de pequeño”. Las restricciones y el temor constante marcaron su relación con el entorno: “Me daba miedo hablar, me daba miedo comunicarme con otras personas”.Aun así, insiste en que el tratamiento oportuno cambia el panorama para los pacientes con hemofilia: “Hay muchas cosas que podemos disfrutar sin restricciones, porque para eso está un medicamento que hoy en día lo hay, que nos puede salvar la vida”.Desconocimiento en el sistema de saludMás allá de la experiencia personal, su madre, Ruth, lanza una advertencia sobre el desconocimiento institucional en torno a esta enfermedad huérfana. “Mucha información, tienen que aprender a dar información”, sostiene. Según relata, fue gracias a la Liga Colombiana de la Hemofilia que aprendieron a aplicar el factor y a manejar la condición en casa.Ruth cuestiona la falta de preparación en algunos servicios médicos: “Muchas veces ni siquiera los médicos profesionales saben qué es una hemofilia”. Describe escenas en urgencias donde, pese a advertir que se trata de un “paciente vital”, la respuesta es incredulidad: “Uno llega y dice: ‘es hemofílico’, y dicen: ‘¿pero de dónde? No lo vemos’”.Su conclusión es contundente: “La hemofilia no se ve, la hemofilia se siente, y el único que lo siente es el paciente”. El llamado al Gobierno, a las EPS y al personal sanitario es claro: mayor capacitación, información y garantía de acceso continuo al medicamento, cuya ausencia puede poner en riesgo la vida.Vea la entrevista completa acá:
El acceso a la educación superior para los jóvenes de las regiones ha sido un reto considerable para las instituciones de educación superior. Según cifras del Ministerio de Educación, tan solo el 30 % de los jóvenes en la ruralidad logra acceder a algún programa de educación superior, tras culminar el bachillerato.Es por ello que resalta la importancia de que las universidades logren llegar a las zonas más apartadas del país. Justamente, Blu 4.0 conversó con el mayor general Javier Ayala, rector de la Universidad Militar, para conocer las diferentes estrategias encaminadas a sacar la educación superior de Bogotá y llevarla a diversos territorios del país, combinando presencia física y modelos a distancia apoyados en tecnología.“La Universidad Militar Nueva Granada está saliendo de Bogotá, la estamos sacando de Bogotá. Ya tenemos presencia en la costa Atlántica, en Becerril (Cesar), donde la Alcaldía nos dio en comodato un edificio y tenemos más de 340 estudiantes matriculados”, expresó el rector, general Javier Ayala.Además, agrega que en la Orinoquía abrió recientemente un centro de experiencia y orientación en Villavicencio, equipado con recursos digitales e informáticos para respaldar a los alumnos de la Facultad de Educación a Distancia (FAEDIS), que ofrece programas como relaciones internacionales, contaduría pública e ingenierías, incluida ingeniería civil.La expansión en las diferentes regiones del país incluye además un proyecto de sede en Facatativá (Cundinamarca), apoyado por el Ministerio de Educación, y un centro internacional en Villa de Leyva, donde se impartirán programas en derecho operacional, derecho internacional humanitario y derechos humanos.Paralelamente, la universidad impulsa la educación virtual, híbrida y apoyada en inteligencia artificial para llegar a estudiantes desde regiones apartadas como San José del Guaviare, Leticia o Montería, sin que deban abandonar sus territorios, con el objetivo de formar líderes que permanezcan en sus comunidades y aporten al desarrollo regional.
La avenida Bolivariana, uno de los corredores más transitados del occidente de Medellín, tendrá cierres este fin de semana por la realización de la carrera atlética Parceros Run 2026. La restricción aplicará principalmente el domingo 1 de marzo en horas de la mañana. Las autoridades piden programar con tiempo los desplazamientos para evitar congestiones.El evento deportivo se desarrollará entre las 6:30 de la mañana y las 10:00 de la mañana, con recorridos de 5K, 10K y 15K. Todas las categorías saldrán y llegarán a la vía de servicio del centro comercial Unicentro, sobre la calzada sur de la diagonal 66B (avenida Bolivariana). Esta zona tendrá cierres y pasos controlados durante la jornada atlética.Los horarios por categoría serán así: 15K de 7:00 de la mañana a 10:00 de la mañana, 10K de 7:05 de la mañana a 9:15 de la mañana y 5K de 7:10 de la mañana a 8:25 de la mañana. En ese lapso habrá afectaciones viales intermitentes en distintos puntos del recorrido. La recomendación es utilizar rutas alternas en el occidente de la ciudad.Además, desde las 6:00 de la tarde del sábado 28 de febrero y hasta las 2:00 de la tarde del lunes 1 de marzo, habrá cierre exclusivo en la vía de servicio de la avenida Bolivariana, en las transversales 34A y 34B. Esta medida corresponde al montaje y desmontaje de tarimas para la carrera. El impacto en movilidad se extenderá durante buena parte del fin de semana.La Secretaría de Movilidad anunció acompañamiento de 64 agentes de tránsito para regular el tráfico. También habrá segregación en el entorno de la Clínica Las Américas para garantizar el acceso a servicios de salud. Se prevén afectaciones en la línea O del Metro y en el corredor de Metroplús sobre la 66B.Las autoridades recomiendan consultar el mapa oficial del evento y atender la señalización temporal. Quienes transiten por la avenida Bolivariana deberán prever tiempos adicionales de viaje. Medellín vivirá una jornada deportiva que modificará la movilidad en una de sus vías más concurridas.
En el barrio Spring, al norte de Bogotá, el artista Julián Quiazúa, conocido en el mundo del arte urbano como Sowen, presenta ‘Evolución del Ser’, una exposición que toma como punto de partida los 30 años de Pokémon, pero que en realidad pone el foco en una pregunta más íntima: ¿qué significa evolucionar cuando la vida obliga a quebrarse?Con 20 años de trayectoria en el graffiti y cinco en el circuito artístico formal, Sowen asegura que esta muestra es la más personal de su carrera. “Quiero hablar de ese momento en el que el ser humano se quiebra, por una pena amorosa, familiar o económica. Entramos en una línea de dolor que a veces dura años, no sabemos ni cómo salir, pero cuando salimos trascendemos, evolucionamos”, explica el artista.La exposición no se plantea como un homenaje literal a la saga animada, sino como una metáfora. En el universo Pokémon, los personajes evolucionan después de atravesar combates y procesos de desgaste. Esa lógica, según el creador, se traslada al plano humano. “Estoy utilizando a Pokémon como recurso gráfico y como metáfora. Me gusta desde niño, tengo una unión con esta saga, pero aquí quiero hablar netamente de la evolución del ser que todos pasamos”.Una historia marcada por la pérdidaDetrás del concepto hay vivencias concretas. Sowen proviene de una familia humilde y creció viendo a sus padres enfrentar trabajos duros para salir adelante. Sin embargo, el episodio que más lo marcó fue la muerte de su padre en 2015.“Ese momento cambió mi vida. Yo dije: no lo hice orgulloso en vida, pero lo voy a hacer orgulloso en el cielo. Esa ha sido una de las cosas más fuertes que me ha hecho evolucionar”, afirma.Para el artista, la palabra clave de la muestra tiene un significado claro: “Evolución para mí significa destrucción y reconstrucción. Cuando hay reconstrucción de un pensamiento, de una casa, de un espacio, hay un cambio. Para mí representa eso: destrucción y construcción”.El dólar como memoria y símboloUno de los elementos más visibles de la exposición es el uso del dólar como soporte artístico. Lejos de ser una provocación superficial, el recurso tiene un origen emocional.Sowen recuerda que su padre llevaba siempre un billete de dólar en la billetera como amuleto de prosperidad. “Una vez lo encontré y le pregunté qué era eso. Me dijo que era un amuleto de la buena suerte. Yo le pregunté cuándo iba a llegar la abundancia y me dijo: ‘hay que tener paciencia, pero va a llegar’. Eso se me quedó en la mente”.Años después, en plena pandemia, comenzó a intervenir billetes. “Mágicamente los dólares me abrieron puertas en galerías. Pero también es romper esa línea de donde vengo. ¿Cómo rayas un dólar si no tienes plata? Lo rayo porque le estoy dando otro significado al papel moneda, lo estoy convirtiendo en arte”.En su proceso creativo, el artista también encontró inspiración en Pablo Picasso, especialmente en la etapa en la que el pintor español transformó el dolor por la muerte de un amigo en un punto de inflexión artístico. “Cuando los artistas empiezan a hablar de sus sentimientos es cuando trascienden. Aprendí eso y lo traje a mi vida y a mi arte”.Del muro a la galeríaLa exposición también representa un paso importante en su trayectoria: trasladar el graffiti, históricamente asociado a la calle, al espacio de la galería.“El error era hacer en el cuadro lo mismo que hacíamos en la calle. La gente lo ve como ruido visual. Entonces empecé a estudiar algo que se llama pinacograma, que parte de las letras y tipografías para construir cualquier imagen, desde un realismo hasta un paisaje”, explica.El objetivo, dice, es posicionarse como artista sin renunciar a su esencia. “Hasta el día que me muera voy a ser grafitero y artista. Pero tengo que hacerlo de manera inteligente para abrir puertas, no solo para mí sino para toda la cultura. En Bogotá hay artistas muy tesos”.Evolución del Ser estará abierta al público el 27 y 28 de febrero en Studio 33. Posteriormente, permanecerá dos semanas adicionales con ingreso mediante cita previa. Según su creador, quienes asistan encontrarán “un mundo de nostalgia y recuerdos”, pero sobre todo una invitación a entender que, a veces, la verdadera evolución comienza en el momento de mayor ruptura.
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El Ejército de Liberación Nacional denunció nuevamente el incumplimiento del Gobierno, según esta guerrilla, de lo acordado en los documentos firmados el pasado 6 de octubre. El ELN aseguró en un comunicado que, cumpliendo con lo acordado, se liberó a dos secuestrados: el exalcalde de Charalá Fabio León Ardila, y luego a Alejandro Alarcón, con presencia de comisiones humanitarias y que todo está dispuesto para liberar a Odín Sánchez Montes de Occa en el transcurso de la primera ronda de negociaciones en Quito, Ecuador. El Ejército de Liberación Nacional indicó que el secuestro de Odín Sánchez no significa crisis para la mesa de diálogo pues está dentro de lo acordado. Finalmente exigieron el cumplimiento del Gobierno de nombrar a dos gestores de paz antes de iniciar los diálogos en Quito y de conceder dos indultos en un plazo de 30 días, una vez se inicie la primera ronda de negociaciones.
El Gobierno Nacional, a través de una estrategia jurídica, buscaría implementar el nuevo acuerdo de paz, según pudo establecer BLU Radio. El exministro Yesid Reyes, asesor del Ejecutivo en el proceso con las Farc, radicó en la Corte Constitucional un documento en el que pide al tribunal habilitar el mecanismo de fast track en el Congreso y al mismo tiempo eliminar la refrendación de lo acordado. El fast track fue aprobado el pasado mes de julio y es un mecanismo a través del cual se pretende reducir el tiempo con el que normalmente se aprueba una reforma constitucional en el Congreso de la República. Ya no sería en 8 debates, sino en 4. El presidente Juan Manuel Santos, el pasado fin de semana, manifestó que el mejor camino para implementar el nuevo acuerdo de paz con las Farc es el Congreso de la Republica. "En este momento lo que vamos a hacer es ver cómo se implementa a la mayor brevedad posible, el órgano o la instancia normal de la implementación de un acuerdo de ese tipo en cualquier democracia es el Congreso de la República porque es la instancia que aprueba las leyes, aprueba las reformas constitucionales necesarias para la implementación de los acuerdos y ya los partidos políticos en su gran mayoría están listos para discutir e impulsar ese acuerdo", dijo.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló que desde el Gobierno Nacional ven con buenos ojos la propuesta del Consejo Privado de Competitividad sobre la creación de un Fondo que se encargue de la financiación del postconflicto. "Agradecemos las expresiones que ha hecho un grupo de empresarios. Recogemos con muchísimo interés la propuesta de lo que ha llamado e Forec 2 donde trabajan conjuntamente el gobierno y el sector privado para tomar las decisiones de inversión que se requiere en el posconflicto es una gran iniciativa y una gran idea, sobre todo el apoyo de los empresarios a las decisiones económicas oportunas", dijo Cárdenas. La idea del Consejo Privado de Competitividad de crear un Forec 2 surge tras el éxito en el manejo de los recursos que se presentó con el Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec) que fue creado en 1999 para atender la situación que se presentó en el Eje Cafetero luego del sismo que destruyó miles de viviendas en Armenia y otros municipios de la región. Luego de 3 años de su creación, el Forec distribuyó $1,6 billones en más de 126 mil subsidios de vivienda y en la recuperación de 1.260 obras de salud, servicios públicos, vías y el equipamento de iglesias, colegios y hospitales.
A las 4:00 de la tarde de este lunes, en el Ministerio del Interior, se llevará a cabo esta reunión, que en plata blanca es la última antes de la firma del segundo tratado de paz, que está prevista para el jueves en la Quinta de Bolívar, en Bogotá. Se prevé que en ese encuentro estén presenten todos los sectores que durante semanas se han reunido con el Gobierno. Ellos son: el uribismo, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, y Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez; también algunos líderes cristianos. Ahora, además, de los posibles reparos que tienen frente al nuevo acuerdo de paz, como el bloque de constitucionalidad, la discusión también está en la refrendación de este acuerdo de paz. A pesar de que el Gobierno prácticamente ya definió que esta semana, se cree que el miércoles, el acuerdo entre directamente al Congreso para su refrendación e implementación, el sector de Pastrana y varios congresistas conservadores han insistido que sea mediante refrendación popular, como el plebiscito o un cabildo abierto. En todo caso, las conclusiones de estos puntos se conocerán en la noche.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".