El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Pese a la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, los trabajadores colombianos que devengan este ingreso recibirán su pago del 15 de febrero con el aumento del 23.7%. La medida cautelar del alto tribunal no tiene efectos inmediatos sobre los pagos de nómina ya procesados, garantizando la estabilidad económica de los empleados en el corto plazo.Según el texto del Consejo de Estado, el Gobierno nacional dispone de un plazo de ocho días calendario para expedir un nuevo decreto que sustituya al actual. Mientras ese nuevo acto administrativo no sea publicado oficialmente, el incremento decretado en diciembre de 2025 sigue siendo la única base legal para la liquidación de salarios.La orden del Consejo de Estado es clara al señalar que el Gobierno debe realizar, expedir y publicar un nuevo decreto transitorio. Este proceso administrativo otorga una ventana de tiempo en la que el Decreto 1469 de 2025 sigue vigente para efectos de la primera quincena de febrero. Las empresas, que ya tienen sus procesos de nómina cerrados o en curso para este corte, deben cumplir con el pago de los $2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte).En pocas palabras, es una medida cautelar que ordena un nuevo decreto, pero los efectos de la suspensión no pueden ser retroactivos sobre derechos ya causados. Esto significa que el dinero que ingrese a las cuentas de los trabajadores este fin de semana está protegido legalmente.Plazo de ocho días para el nuevo salario mínimoEl tribunal ordenó que el Ejecutivo fije un "porcentaje transitorio" de aumento en un plazo máximo de ocho días tras la notificación. Esta nueva cifra deberá basarse estrictamente en criterios técnicos como la inflación y la productividad, alejándose del criterio político que llevó al incremento del 23.7 %."ORDENAR a las entidades demandadas que, dentro de los ocho (8) días calendario (...) expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026", se lee en el fallo del Consejo de Estado.Para los 2.4 millones de colombianos que ganan el mínimo, la noticia de la suspensión generó temor sobre posibles descuentos. Sin embargo, al tratarse de un pago bajo un decreto que aún no ha sido reemplazado oficialmente, el monto recibido este 15 de febrero es un derecho adquirido. La incertidumbre real comenzará para la quincena del 28 de febrero, fecha en la que el nuevo decreto, con un aumento previsiblemente menor, ya debería estar en vigencia.
La suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo sacudió el debate económico y jurídico en Colombia. La decisión fue revelada en primicia por el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, durante la emisión de Mañanas Blu. Según explicó, el alto tribunal adoptó una medida cautelar que ordena suspender los efectos del decreto y exige al Gobierno expedir un nuevo acto administrativo transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.La decisión proviene del Consejo de Estado, que estudia la legalidad del incremento salarial decretado a finales de 2025. El aumento —del 23,78 %— queda en pausa mientras se resuelve de fondo la demanda.Medida cautelar suspende incremento del salario mínimoDurante la transmisión, Ospina explicó que el magistrado ponente dictó una suspensión provisional del Decreto 1469, lo que implica que el incremento pierde efectos jurídicos temporales. La orden judicial obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto transitorio que respete la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en la ley.La decisión es muy polémica debido al impacto directo que el salario mínimo tiene sobre múltiples variables económicas. Aunque el salario vigente no se modifica de inmediato —porque el fallo tiene efectos diferidos—, la suspensión introduce un escenario de revisión que obliga a las empresas y al Estado a recalcular decisiones financieras.Entre los efectos señalados están:Pensiones indexadas al salario mínimo.Multas de tránsito ajustadas con base en el incremento.Tarifas de transporte público que reflejaron aumentos recientes.Cuotas de administración en edificios y condominios.Ajustes del salario integral, calculado en múltiplos del mínimo.Estos factores explican por qué la noticia tiene implicaciones más amplias que un simple ajuste salarial.Gobierno deberá expedir nuevo decreto en ocho díasEl periodista detalló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dispone de ocho días para emitir un decreto provisional que establezca un nuevo porcentaje de incremento. Este acto regirá mientras el tribunal decide de fondo la legalidad del decreto suspendido.El fallo especifica que el nuevo cálculo no puede responder únicamente a una determinación política. Debe sustentarse en parámetros técnicos obligatorios definidos por la ley, lo que introduce una revisión estructurada del proceso de fijación salarial.Criterios técnicos obligatorios para el nuevo cálculoUno de los puntos centrales de la decisión judicial es la aplicación estricta de indicadores económicos y constitucionales. Según lo expuesto al aire, el Ejecutivo deberá considerar:La meta de inflación fijada por la junta directiva del Banco de la República.La productividad certificada por el comité tripartito coordinado por el Ministerio de Trabajo.La inflación causada del año anterior.El crecimiento del producto interno bruto.La contribución de los salarios al ingreso nacional.Principios como la protección del trabajo y la función social de la empresa.Durante la conversación, analistas explicaron que estos criterios forman parte de la normativa que regula la fijación del salario mínimo, y su omisión fue uno de los argumentos evaluados en la medida cautelar.Lo ya pagado no se toca, aclara el auto del Consejo de EstadoEl periodista Ricardo Ospina subrayó un punto clave del auto: la suspensión provisional del decreto no afecta los incrementos que ya se calcularon, causaron o pagaron con base en el aumento del 23,78 %. El cuarto numeral de la decisión establece que la medida cautelar no tendrá efectos retroactivos sobre obligaciones y derechos liquidados con el salario mínimo fijado para 2026, siempre que se hubieran causado o pagado antes de la expedición del nuevo decreto transitorio.En términos prácticos —como se explicó al aire—, lo pagado en enero no debe devolverse. Es decir, salarios, mesadas u otros conceptos indexados que ya se liquidaron con el incremento permanecen intactos. Aunque el debate continúa sobre los efectos económicos en cadena —precios, contratos y ajustes asociados—, el alcance jurídico inmediato es claro: la suspensión opera hacia adelante, mientras el Gobierno emite el nuevo acto administrativo exigido por el tribunal.Impacto económico inmediato y debate jurídicoLa suspensión no implica una reducción automática del salario que ya se paga, pero sí abre un proceso de revisión que podría modificar el incremento provisional. En la discusión radial se enfatizó que la economía ya había incorporado el aumento en precios, contratos y obligaciones indexadas, lo que genera incertidumbre temporal. También se mencionó la posibilidad de recursos jurídicos por parte del Gobierno, aunque estos no detienen los efectos de la medida cautelar.Contexto del aumento salarialEl pasado 29 de enero de 2025, el Gobierno anunció un incremento del 23,7 % del salario mínimo, fijándolo para 2026 en dos millones de pesos incluyendo el subsidio de transporte. La cifra base quedó en 1.746.882 pesos, más cerca de 250.000 pesos de auxilio, lo que marcó uno de los aumentos más altos registrados. La suspensión provisional ahora obliga a recalcular ese ajuste bajo criterios técnicos y concertación tripartita, mientras el proceso judicial continúa su curso.
El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro reaccionó públicamente a la suspensión provisional del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo, decisión adoptada por el Consejo de Estado. A través de su cuenta en la red social X, el congresista calificó la medida como “arbitraria y regresiva” y aseguró que representa un golpe contra las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.La suspensión —que ordena la expedición de un nuevo decreto transitorio mientras se estudia de fondo la legalidad del incremento— ha generado reacciones políticas y económicas. Cepeda enmarcó su pronunciamiento en la defensa del llamado “salario vital”, concepto promovido por el Ejecutivo como parte de su política social.“Rechazo la regresiva suspensión del salario vital”En su publicación, el senador manifestó un rechazo frontal a la decisión judicial y sostuvo que esta impacta directamente a los sectores trabajadores del país. Según escribió, la suspensión constituye un “nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”.Cepeda agregó que la determinación judicial —en su criterio— evidencia resistencia frente a la ampliación de derechos para sectores históricamente afectados por la desigualdad. En ese sentido, afirmó que este tipo de decisiones favorecen la reproducción de brechas sociales.Llamado a la movilización socialEl congresista también advirtió que la suspensión podría generar rechazo ciudadano. En su mensaje señaló que el país atraviesa un momento de transformación social y que la decisión será respondida con movilización pública.“Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”, escribió. El pronunciamiento se suma al debate nacional abierto tras la medida cautelar que pausó los efectos del incremento salarial. Mientras sectores jurídicos y económicos analizan las implicaciones técnicas del fallo, voces políticas comienzan a posicionarse frente a su impacto social y simbólico.Debate abierto sobre el salario mínimoLa suspensión provisional mantiene vigente el salario actual mientras el Gobierno emite un nuevo decreto que cumpla los parámetros técnicos exigidos por la ley. El caso ha puesto en el centro de la discusión la relación entre decisiones judiciales, política económica y derechos laborales.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del 23,78 % del salario mínimo para 2026 abrió un intenso debate jurídico, económico y político en el país. Durante el análisis del auto, el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina destacó un punto determinante contenido en el numeral cuarto de la providencia. Allí se establece expresamente que la suspensión provisional no tendrá efectos retroactivos sobre las obligaciones y derechos que se hayan calculado con base en el salario mínimo fijado para 2026, siempre que estos se hayan causado o pagado antes de la expedición del nuevo acto administrativo que deberá emitir el Gobierno.En términos prácticos, esto significa que los salarios, mesadas pensionales y demás pagos indexados que se liquidaron con el incremento del 23,78 % —por ejemplo, los pagos correspondientes a enero— no deberán ser reintegrados por los trabajadores.No habrá descuentos sobre lo ya pagadoEn la discusión radial se planteó la preocupación de si, tras la suspensión del decreto, podría ordenarse la devolución de los montos adicionales pagados. La respuesta fue clara: no.“Quiere decir que lo que pagaron en enero no toca devolver el incremento”, se explicó durante el debate. El alcance jurídico inmediato de la medida es hacia futuro. Es decir, la suspensión opera desde el momento en que se expide y no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas.Algunos analistas señalaron que existe una “situación jurídica consolidada” para quienes ya empezaron a recibir el nuevo salario. Una persona que actualmente devenga alrededor de 1'750.905 pesos —cifra aproximada del salario mínimo sin el bono de transporte— tiene un derecho ya causado por los días trabajados y pagados bajo esa norma vigente en su momento.Incluso, más allá del plano jurídico, se advirtió que sería políticamente complejo y socialmente inviable reducir el ingreso de trabajadores que ya ajustaron sus gastos a la nueva cifra.No obstante, el debate no termina allí. Más allá de que no habrá devolución de lo pagado, economistas y panelistas señalaron que el incremento generó efectos en cadena en la economía.El aumento cercano al 24 % impactó precios en restaurantes, servicios y otros bienes indexados al salario mínimo. La pregunta que surge ahora es si, ante un eventual nuevo decreto con una cifra menor, esos precios volverán a bajar. La experiencia indica que los ajustes al alza suelen trasladarse rápidamente al consumidor, pero no necesariamente ocurre lo mismo en sentido contrario.También se mencionó el impacto fiscal. Cada punto porcentual que el salario mínimo aumentó por encima de la inflación —que fue del 5,10 % el año pasado— representaba un costo significativo para el Estado, especialmente en el régimen de prima media pensional. La diferencia entre inflación y el incremento decretado implicaba varios billones de pesos adicionales en obligaciones fiscales.¿Qué sigue ahora?El Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto, esta vez sustentado con una valoración cuantificada y explicada de las variables económicas consideradas, incluyendo inflación y crecimiento.El Ejecutivo podría volver a fijar una cifra similar si logra justificarla técnicamente, o establecer un aumento diferente. Mientras tanto, la certeza jurídica es una: no habrá descuentos a trabajadores por lo ya recibido tras la suspensión del aumento del salario mínimo.La discusión continúa, pero el bolsillo de quienes ya cobraron el incremento no se verá afectado retroactivamente.
Ingrid Betancourt se refirió a la polémica que se ha desatado con Sofía Gaviria, quien es la cabeza de lista al senado por el partido Oxígeno, Betancourt aseguró que hubo al menos tres episodios que generaron diferencias con Gaviria."La primer diferencia con Sofía Gaviria fue porque en el Congreso de la Republica agredió y amenazó a un Policía luego de ella violar la seguridad del Capitolio. No respeta reglas básicas ni normas que sí respetamos los ciudadanos de a pie. La segunda fue por la campaña de comunicación donde cuestionábamos al Gobierno de Gustavo Petro y promovíamos que dejáramos la violencia física, verbal y digital, y castigáramos a la izquierda en las urnas. Ella quería que la campaña fuera de vallas por todo el país con su cara. Respetable pero inviable", explicó Betancourt.Además es importante recordar que Gaviria estaba evaluando la posibilidad de renunciar a su aspiración al Senado, Betancourt también se refirió al tema."La renuncia la tiene lista hace días. La filtró ayer a varios periodistas que esta mañana me llamaron a consultarme por su renuncia. Utilizaba a los medios para generar presiones en el Partido y se cumplieran sus caprichos personales. Es triste tener que decirlo. Seguimos sin ella!", agregó la directora del partido Oxígeno.Es importante recordar que el material electoral ya se encuentra en proceso de impresión y empezará la distribución en los próximos días, por eso si algún candidato renuncia sus votos se le contarán al partido al que pertenece.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
Un momento crítico vive Colombia en materia de orden público marcado por una creciente preocupación debido a los actos violentos perpetrados por diferentes grupos al margen de la ley, que han cobrado la vida de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad."Todos en la población estamos atemorizados, es una zozobra que no podemos entender, un abandono total del Estado… Los niños no pueden estar tranquilos en sus colegios, estamos en un abandono total donde las personas tenemos que sacrificar nuestras vidas", indicó.El hombre, quien ha dedicado gran parte de su vida a la construcción, señaló que le sirve desde hace años hace su población y destacó que la situación es crítica en esa zona del departamento del Cauca.Garcés ha sido víctima de seis atentados y el más reciente lo dejó marcado, pues señaló que la población vive en zozobra y bajo el constante miedo. Con voz entrecortada mencionó que daría su vida por la paz de su municipio.“Me he acercado a varias entidades del Gobierno y no he tenido ninguna respuesta desde el año 2000 y en este momento no tenor siquiera protección del Sisbén y el Gobierno dice estar con el pueblo y no llega ninguna ayuda … No entiendo ¿por qué no abandonan en este momento?, pero personalmente les digo si es necesario entregar mi vida para que esta guerra termine, bienvenida sea la muerte por mi pueblo; es mejor morir con dignidad que estar con zozobra en una guerra que uno no entiende ni el precio ni ¿por qué tiene uno que pagar?, pero repito si es necesario entregar mi vida para que esto cambio que Dios y el mundo se apiade de mí”, sentenció visiblemente afectado.Finalmente, el líder social hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a varias entidades para que haga presencia en el Cauca y que recuerde que este departamento también es Colombia.Una maestra entre los muertos tras atentado en TimbaEn un ataque lleno de barbarie, un carro bomba explotó cerca de la estación de Policía, causando la muerte de dos personas. Una de ellas era la docente Luz Stella Balanta Solís, conocida como “la profe Estela”, de 57 años.Héctor Marino Carabalí, primo de la profesora, se refirió en Sala de Prensa Blu sobre el atentado y el legado que dejó la docente de ciencias sociales."Hemos perdido una gran persona, amiga y compañera, sin duda deja un vacío en nuestros corazones… Ella era una mujer entregada a su trabajo y asumió la vocación de liderazgo que viene de la familia”, mencionó.Carabalí resaltó el trabajo social de la profesora y su calidad humana. Además, se refirió a su posición sobre la paz total del Gobierno de Gustavo Petro.Escuche la entrevista completa:
En las últimas horas se han registrado atentados en el Cauca y en el Valle, ataques atribuidos a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', grupo que el 8 de octubre empezará un proceso de diálogo con el Gobierno nacional y un cese al fuego bilateral.Desde la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenaron estos dos atentados en Timba, Cauca, y en Jamundí, Valle, en uno de estos hechos falleció la profesora Luz Stela Balanta, además hay más de 15 personas heridas.“Reiteramos a los actores armados su obligación de respetar, en todo tiempo y lugar, a la población civil y las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Las expresiones de interés en la paz, por parte de los grupos armados, deben estar representadas en el pleno respeto de los derechos humanos”, señaló la Oficina de la ONU.En las últimas horas, las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' anunciaron un cese al fuego unilateral hasta el próximo 8 de octubre.Le puede interesar
Helena Urán Bidegain es hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985. En los últimos días, ella le había pedido a la JEP que decretara medidas cautelares, es decir que protegiera la Casa del Florero, las Cabellerizas del Cantón Norte y el cementerio del sur, argumentando que estos sitios fueron utilizados para detener, torturadas, asesinar y desparecer víctimas de la toma y retoma del Palacio.La JEP se encuentra estudiando esta solicitud y para ello prepara una audiencia el próximo 14 de noviembre, a la que tendrán que asistir el delegados del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Procuraduría, Medicina Legal y Helena Urán.Sin embargo, Urán envió otro documento a la JEP en el que amplía los argumentos que cobijan su solicitud para que se decreten las medidas de protección, pero más allá de estas medidas pide que estos sitios sean resignificados como lugares de memoria, con el objetivo de que la sociedad sepa y reconozca lo que sucedió en los mismos, pero también para que haya un proceso de dignificación y reconocimiento de las víctimas."Mediante la memorialización de antiguos sitios de violencia y opresión injusta, se pretende transformar su significado en el imaginario colectivo, transformándolos en monumentos vivos y presentes que envían de manera clara un mensaje de justicia, verdad, paz y aprendizaje colectivo. La reparación implica más que la mera resignificación física de un lugar; se trata de la creación de un espacio y ambiente que fomente la reflexión, el diálogo colectivo y la empatía social con las víctimas de injustos desproporcionados como los ocurridos en la Casa del Florero, las cabellerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur", señaló Urán en el escrito que envió a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.Del mismo modo, explicó que estos lugares pueden convertirse en catalizadores del cambio social, educando a las futuras generaciones sobre lo sucedido en el pasado, pero también permitiría que las víctimas encuentren un espacio para sanar las heridas emocionales."El daño moral y psicológico que me causa la muerte y previa desaparición de mi padre está presente en la medida que la infraestructura y arquitectura usada para tal fin lejos de contribuir a mi duelo o de transformar los sentimientos y emociones negativas implica una revictimización constante cada vez que me acerco a uno de los lugares que conformaron tal infraestructura de la desaparición, tortura y muerte de las personas", explicó Urán en el escrito.Por último, Urán aseguró que la Casa del Florero fue utilizada por las autoridades militares para efectuar los interrogatorios a presuntos integrantes de la guerrilla del M-19. Sobre las Caballerizas dijo que en la sentencia de 30 de enero de 2012, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, se estableció que algunos sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia fueron trasladados hacia varias instalaciones militares, entre esas, a la Escuela de Caballería, mientras que sobre el cementerio del sur, explicó que los cuerpos de las personas desaparecidas durante la operación fueron trasladados allí para inhumarlos en fosas comunes."En la actualidad algunos de esos sitios siguen funcionando como sede de estamentos públicos sin ningún tipo de alusión a lo sucedido lo que supone una revictimización constante que diluye la posibilidad de memoria colectiva como derecho fundamental de la sociedad colombiana y de las víctimas de los crímenes cometidos en tal infraestructura", argumentó Urán.Le puede interesar
La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, presentó un informe sobre las afectaciones que vivieron los menores de edad en el país durante el primer semestre del año por la violencia ejercida por los grupos armados. En total se presentaron 210 eventos que afectaron a por lo menos 28.783 niños."Es urgente que todos los grupos armados atiendan el llamado de cesar de inmediato las acciones que ponen en riesgo la vida de las niñas, niños y adolescentes, y que van en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como la normativa nacional que proscriben este tipo de actos", dijo Coalico.Algunos de los ataques y acciones de los grupos armados estuvieron dirigidos contra escuelas, hospitales y otros bienes civiles. Esta situación afectó a 11.977 niños en todo el país, los departamentos donde más hechos violentos se han presentado son Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, pero además, preocupa que los casos se han registrado en 26 de los 32 departamentos."En el mismo sentido -y en vía contraria a la esperanza de alcanzar la paz-, en las afectaciones relacionadas con reclutamiento, uso y/o utilización de personas menores de 18 años por parte de actores armados, el ONCA pudo identificar durante el primer semestre de 2023, 51 eventos con afectación directa a por lo menos 151 niñas y niños; situación que contrasta con el registro del primer semestre del año 2022, donde se identificaron 42 eventos con alrededor de 85 niñas y niños víctimas", señalaron desde Coalico.Le puede interesar
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.