El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El invierno dejó de ser una advertencia y pasó a convertirse en una emergencia de alcance departamental. Las autoridades del Tolima declararon alerta general ante el recrudecimiento de la temporada de lluvias, luego de confirmar que el 100 % del territorio presenta algún tipo de afectación , con deslizamientos, desbordamientos de ríos, vías colapsadas y comunidades en riesgo.La decisión se adoptó tras un consejo extraordinario de gestión del riesgo, liderado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, luego de una semana marcada por precipitaciones persistentes y atípicas. Según el balance oficial, el departamento pasó de tener cerca del 80 % de sus municipios afectados a un escenario de impacto total, lo que obligó a activar un monitoreo permanente y medidas de respuesta inmediata.Actualmente, 22 municipios se encuentran en alerta naranja por amenaza de deslizamientos, mientras que nueve están en alerta roja , el nivel más alto de riesgo. Estos son: Anzoátegui, Ataco, Chaparral, Planadas, Prado, Purificación, Mariquita, Santa Isabel y Venadillo.Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, explicó que la declaratoria no es un trámite administrativo, sino una fase de reacción activa ante la magnitud de la emergencia.“Desde la Gobernación del Tolima estamos realizando un monitoreo permanente y una respuesta acorde a la actual temporada de lluvias. En las últimas horas, a través de nuestro centro de monitoreo y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, hemos atendido emergencias en varios municipios”, señaló la funcionaria en diálogo con Blu Radio.Mayorquín detalló que en Dolores se reportó una vivienda afectada en el casco urbano. En Villahermosa , un deslizamiento bloqueó la vía que conduce a la vereda Yarumal; y en Ataco , se presentó un hundimiento de terreno en la carretera hacia la vereda La Reforma.“Tenemos 22 municipios en alerta naranja y nueve en alerta roja por deslizamientos. En estos territorios el riesgo es alto y se requiere máxima precaución por parte de la comunidad”, recalcó.Las autoridades advirtieron que, de continuar las lluvias con la misma intensidad, no se descartan evacuaciones preventivas , especialmente en zonas rurales y sectores cercanos a ríos y laderas inestables. El llamado a la ciudadanía es a evitar transitar por vías afectadas, no intentar cruzar ríos crecidos y mantenerse atentos a la información oficial.La emergencia invernal también tuvo impacto en otros frentes abordados durante el consejo. En materia de salud pública , se reforzó el cerco epidemiológico contra la fiebre amarilla y se anunció una estrategia para aliviar la crisis en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Entre las medidas está la habilitación del Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, como punto alterno, con el fin de evitar largas filas a la intemperie en medio de las lluvias.Mientras tanto, los organismos de socorro permanecen en alistamiento permanente y el departamento continúa bajo vigilancia diaria, en un invierno que ya dejó de ser estacional para convertirse en una amenaza constante.
La academia OP10 informó que su fundador y creador, el exfutbolista Omar Sebastián Pérez, fue atendido de urgencia en la Clínica Marly luego de presentar un fuerte dolor en el pecho.De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la organización, tras los estudios médicos correspondientes se confirmó que Pérez, de 44 años, había sufrido un infarto. La atención fue inmediata y los especialistas le realizaron la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de salud.Según las recomendaciones médicas, Omar Pérez permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución hospitalaria, bajo control y seguimiento clínico. La academia señaló que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, el estado de salud del ícono de Santa Fe es estable y con buen pronóstico.En el mismo mensaje, la dirección de OP10 agradeció el apoyo recibido y pidió a su equipo mantener la calma y continuar con sus funciones habituales para garantizar el normal desarrollo de las actividades de la academia y el restaurante.La organización indicó que cualquier información adicional o actualización relevante sobre la evolución de la salud de su fundador será comunicada oportunamente.
A la hora de comprar carro nuevo, son varios los factores que se suelen estudiar, como el precio, la confiabilidad en el tiempo y la seguridad. Y es que no sirve de mucho pagar menos si el vehículo empieza a generar gastos constantes, ni tampoco invertir de más si el uso real no justifica el costo. Bajo esa lógica, un nuevo estudio de iSeeCars puso lupa sobre una pregunta clave: ¿qué carros ofrecen menos problemas en relación con lo que cuestan?¿Cuál es el mejor carro relación calidad-costo en 2026?El análisis comparó precio promedio de lista, vida útil estimada y costo anual de diferentes carros, camionetas y SUV nuevos modelo 2026. El resultado dejó una conclusión clara: el Honda Civic es el vehículo con mejor relación precio–confiabilidad, superando incluso a referentes históricos como Toyota y Mazda.Según el informe, el Honda Civic lidera el ranking general al combinar un precio accesible con una vida útil prolongada. El modelo tiene un precio promedio de lista cercano a los USD 27.768, una vida útil estimada de 13,5 años y un costo anual aproximado de USD 2.058, el más bajo del estudio.Esto significa que, en términos prácticos, es el carro que menos cuesta por año de uso esperado, una métrica cada vez más relevante en un mercado donde los compradores están conservando sus vehículos durante más tiempo.Los 10 carros con mejor relación precio–confiabilidadEstos son los modelos que lideran el estudio de iSeeCars, ordenados por menor costo anual estimado:Honda Civic: USD 27.768 | 13,5 años | USD 2.058 por añoToyota Corolla: USD 25.423 | 11,3 años | USD 2.258 por añoMazda3 Hatchback: USD 31.801 | 13,8 años | USD 2.300 por añoVolkswagen Jetta: USD 26.522 | 11,5 años | USD 2.313 por añoHonda Accord: USD 30.927 | 12,4 años | USD 2.489 por añoSubaru Impreza: USD 27.559 | 11,0 años | USD 2.507 por añoMitsubishi Outlander Sport: USD 28.396 | 11,3 años | USD 2.523 por añoHyundai Elantra: USD 25.172 | 9,9 años | USD 2.538 por añoMazda3 Sedán: USD 28.006 | 10,7 años | USD 2.616 por añoHonda CR-V: USD 36.385 | 13,9 años | USD 2.620 por añoAunque Toyota y Mazda aparecen varias veces en el listado, ninguno logra igualar el equilibrio del Civic, que combina bajo precio, durabilidad y costos contenidos.¿Qué pasa con los SUV y las camionetas?Cuando se analizan los resultados por tipo de vehículo, surgen otros datos llamativos. En el segmento de los SUV, el modelo con mejor desempeño es el Mitsubishi Outlander Sport, gracias a un costo anual estimado de USD 2.523 y una vida útil superior a los 11 años.En el caso de las camionetas pick-up, la Toyota Tacoma es la referencia. Aunque su precio inicial es más alto, compensa con una vida útil estimada de 15,7 años, lo que la convierte en la pickup con mejor relación entre durabilidad y costo dentro de su categoría.El estudio también identificó modelos con una vida útil excepcional, aunque con precios considerablemente más altos. El Lexus IS350, por ejemplo, alcanza una expectativa de 17 años, pero con un precio cercano a los USD 50.945, lo que eleva su costo anual frente a opciones más accesibles.De acuerdo con iSeeCars, cada vez más consumidores priorizan cuántos años reales les durará un carro, más allá de la marca o el prestigio.
Momentos de angustia, confusión y dolor se vivieron en la tarde del miércoles 4 de febrero en Chapinero, nororiente de Bogotá, luego de un grave accidente de tránsito que terminó con la vida de una mujer de 68 años y dejó a otras tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad. El siniestro, ocurrido en la intersección de la calle 63 con carrera 17, quedó registrado en cámaras de seguridad y generó conmoción entre transeúntes y residentes del sector.De acuerdo con las imágenes conocidas, una camioneta negra habría cruzado un semáforo en rojo y chocó contra una motocicleta que transitaba por la vía. El fuerte impacto hizo que el motociclista saliera despedido hacia la acera, donde terminó arrollando a tres peatones que caminaban por el lugar. La mujer fallecida iba acompañada de dos niños, quienes resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a la Clínica del Country.El sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Bogotá, explicó que el accidente generó además una emergencia adicional. “Un vehículo particular, al parecer, perdió el control, arrolló un motociclista, colisionó contra un poste y posteriormente a tres peatones”, señaló. El poste cayó sobre una vivienda cercana, provocando una fuga de gas que obligó a acordonar el área mientras organismos de socorro y personal de Codensa evaluaban los riesgos.Según versiones preliminares, la mujer habría reaccionado en un último intento por proteger a los niños que la acompañaban, empujándolos hacia un costado de la vía para evitar que fueran impactados de lleno. “Afortunadamente los menores se encuentran bien”, confirmó el sargento Lara.¿Qué dijo el conductor que se salvó de milagro?Uno de los testimonios más impactantes fue el de Cristian Rincón, motociclista que logró salvar su vida por segundos. En diálogo con Citytv, contó que estaba detenido junto a su moto cuando notó el peligro. “Me alcancé a tirar, a agachar, el carro me pasó por el lado y quedé a unos dos metros”, relató. Aunque resultó con heridas leves, su motocicleta quedó completamente destruida.Rincón también recordó cómo, tras el choque contra el poste, el vehículo giró violentamente y terminó arrollando a la mujer. “Ella alcanzó a empujar a los niños y eso evitó que les pasara algo peor”, afirmó.Las autoridades restringieron el tránsito durante varias horas mientras adelantaban el levantamiento del cuerpo y recopilaban pruebas para establecer responsabilidades. El caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar la cultura vial y el respeto por las normas de tránsito en una ciudad donde, cada semana, se registran accidentes con consecuencias fatales.
La Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres del Huila les hace seguimiento a los municipios aguas abajo del río Magdalena por aumento de su caudal a raíz de las fuertes lluvias que no cesan en la región y como consecuencia de la apertura de las compuertas de la represa de Betania por parte de la empresa Enel Colombia.Asimismo, en Neiva los organismos de socorro activaron un plan de contingencia desde la noche anterior, quienes han venido monitoreando el comportamiento del río Magdalena situación que podría afectar a las comunidades ribereñas tanto urbanas como rurales.Nancy Trujillo Monje, jefe de la oficina de gestión de riesgo de Neiva dijo que tras los comunicados notificados de manera oficial desde la empresa Enel Colombia, fue necesario activar la sala de crisis como medida preventiva para evitar afectaciones graves a las comunidades ribereñas.“Teniendo en cuenta la apertura de compuertas de la hidroeléctrica de Betania el río Magdalena va a tener un caudal de 975 metros cúbicos por segundo y es así que la oficina de gestión de riesgo del municipio toma medidas sobre lo informado por Enel hemos activado la sala de crisis para monitorear el comportamiento del río Magdalena y de las fuentes hídricas como el río Las Ceibas que abastece de agua al acueducto municipal” señaló Trujillo Monje.Recomendaciones a las comunidades ribereñas• Mantenerse informada a través de los canales oficiales de la alcaldía y los organismos de socorro.• Evitar acercarse a las orillas del río Magdalena y a zonas ribereñas, especialmente, durante periodos de lluvias intensas.• No realizar actividades recreativas, de pesca o navegación en el río mientras se mantiene la alerta.• Reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo, inundación o afectación a las autoridades competentes.Emergencias por lluvias en la vía Neiva – PitalitoEntre tanto, en los municipios de Hobo, Oporapa, Campoalegre, Gigante, Garzón y La Plata, también se registraron emergencias en sus áreas urbanas y rurales como consecuencia de las lluvias como caída de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.Asimismo, la concesionaria Ruta al Sur con maquinaria amarilla y los organismos de socorro continúan con la remoción de piedras y lodo de los derrumbes que se registraron en el sector de Los Altares entre los municipios de Hobo y Gigante sobre la Ruta 45 que comunica a Neiva con el sur del Huila.Es importante anotar, que desde la noche anterior las autoridades dieron paso a un carril donde se presentaron las emergencias, sin embargo, se recomienda conductores y transportadores respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad teniendo en cuenta la situación climatológica en la región.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), lanzó su informe sobre las tendencias globales de desplazamiento forzado. En el documento señalan que Colombia es el quinto país del mundo con mayor número de personas desplazadas, después de Ucrania, Afganistán, Sudán y Siria.“Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de personas desplazadas internamente, con 7 millones de personas. 1.6 millones fueron desplazados después del acuerdo de paz. Además, Colombia es el tercer país en recibir personas refugiadas con 2.8 millones de personas venezolanas”, aseguró la representante de ACNUR en Colombia, Mireille Girard.Además, 11 grupos armados tiene alguna responsabilidad en la situación humanitaria en Colombia y algunas de las zonas más afectadas son el Chocó, Nariño, Cauca, Valle y el norte de Antioquia, entre otras.Más de 118.000 personas fueron confinadas en el país en 2024. Este año una de las situaciones más graves es la del Catatumbo, donde más de 91.000 personas se han visto afectadas por la violencia, 64.000 han sido desplazadas y más de 27.000 han enfrentado confinamientos o restricciones a la movilidad.En lo que va del 2025 se registró una reducción en el tránsito de personas de diferentes nacionalidades que cruzan la peligrosa selva del Darién para llegar a Panamá y posteriormente ir a Estados Unidos.“Lo que hemos visto es que por ejemplo el 2023 fue el año con mayor salidas con medio millón de personas de 123 nacionalidades distintas que cruzaron desde Colombia hacia Panamá. Este año hemos tenido como 3.000 personas cruzando, es una reducción del 98%. Lo que hemos visto es casi 9.000 personas regresando, durante el mismo periodo, desde Centroamérica a Colombia. Regresan en zonas donde hay pocos actores humanitarios entonces la gente que regresa llega con múltiples traumas y han cruzado el Darien dos veces”, agregó Mireille Girard.
En medio de la polémica por la presunta muerte de alias 'Iván Mordisco' , el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, desde el Magdalena Medio asegura que sigue vivo y delinquiendo, por lo cual aún se mantiene la recompensa de 4.450 millones de pesos por quien de información clara sobre su paradero.“Como Ministerio de Defensa, la información que tenemos nosotros es que Mordisco sigue delinquiendo y por él hay hasta una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Mordisco sigue delinquiendo hasta que no comprobemos lo contrario", anunció.Sin embargo, esto sería una contradicción al presidente Gustavo Petro, que después de varios días ausente en sus redes sociales, se refirió en la mañana de este sábado sobre la presunta muerte de 'Mordisco'. El primer mandatario afirmó en lo escrito que el jefe guerrillero salió herido en combate“Al parecer Iván Mordisco cayó herido en combate con el ejército; por días estuvo herido en la selva y perseguido, se reportaba los continuos pedidos de medicinas que salían se la zona. Es la triste historia de la degradación de la lucha insurgente, ante el final de sus objetivos, que ahora se concretan sin necesidad de las armas, la insurgencia pierde su contenido y se degrada. Pasa a ser simple ejercicio violento contra su pueblo. Traquetismo y bandisismo.” Escribió el presidente.Esto sucede después de conocerse un comunicado por parte de las Farc-EP en el que confirmaban la aparente muerte de 'Mordisco' en presuntos enfrentamientos, aseverando que el cuerpo sin vida del guerrillero reposaba en lo profundo de la selva amazónica.
Este fin de semana, una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló la situación de alias HH, líder de las disidencias del ELN, un grupo que ha comenzado a negociar con el gobierno del presidente Gustavo Petro. En entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el senador Iván Cepeda, quien ha sido una figura clave en estas negociaciones, ofreció su explicación sobre el tema. Cepeda afirmó que, dentro del gobierno, ha existido una división sobre si era conveniente o no negociar con los Comuneros del Sur, un grupo disidente del ELN. Esta discrepancia llegó a marcar la pauta en el proceso de paz. El senador mencionó que el ELN, a través de su vocero Pablo Beltrán, descalificó a estos grupos como "narcotraficantes" sin una intención política legítima, lo que generó tensiones en el proceso. Pero el tema central de la conversación fue la solicitud de extradición de HH, que plantea un desafío considerable para cualquier negociación. El senador enfatizó que la extradición de negociadores puede hacer que la mesa de diálogo pierda toda viabilidad. "Imaginemos que en medio de una negociación, una autoridad decide extraditar a un negociador. ¿Cómo se puede continuar con el diálogo?" Esta situación, según Cepeda, es un principio universal que afecta cualquier conversación de paz. A pesar de las dificultades, Cepeda expresó que ha habido avances en los procesos de paz en Colombia. Aunque admitió que algunos procesos no han avanzado como se esperaba, también expresó su confianza en que hay progresos que merecen ser reconocidos. Según él, hay importantes avances con los comuneros del sur, junto con negociaciones más amplias que involucran al ELN y otras partes. Escuche la entrevista completa aquí:
En las próximas horas, el coronel Néstor Augusto Corzo será relevado de su cargo como comandante de la Brigada 22 del Ejército, ubicada en el departamento del Guaviare. La decisión se da como consecuencia de una investigación en curso relacionada con la emboscada ocurrida el 27 de abril de 2025, en la que siete militares fueron asesinados en la vereda Guanapalo, atribuida a integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá'.Además del coronel Corzo, también serán relevados el jefe de Estado Mayor, el jefe de Operaciones y el comandante del Batallón París, así como el oficial de operaciones del mismo batallón al que pertenecían las víctimas. Estas medidas buscan establecer responsabilidades en la cadena de mando y evaluar posibles fallos en la planificación y ejecución de las operaciones militares en la zona.La emboscada, que tuvo lugar en horas de la madrugada mientras llovía, fue descrita por el Ejército como un ataque planificado que involucró hasta 50 criminales, quienes atacaron al pelotón desde cinco flancos diferentes. El general Freddy Gómez Gamba señaló que las unidades atacadas realizaban una “operación de estabilidad”, no ofensiva, cuando fueron emboscadas .Por su parte, alias ‘Calarcá’ afirmó que el ataque fue un “accidente”, argumentando que sus hombres confundieron a los militares con integrantes de las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.El relevo de los oficiales se produce en un contexto de creciente incertidumbre respecto a la política de “paz total” del gobierno colombiano. El vencimiento del decreto que suspendía las operaciones ofensivas contra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) ha dejado en un limbo jurídico las negociaciones con este grupo armado, permitiendo al Ejército actuar sin restricciones .Las autoridades continúan investigando los hechos para esclarecer las circunstancias de la emboscada y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, se espera que los relevos en la Brigada 22 sean anunciados en las próximas horas por el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.