La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Conocer el estado de su vida financiera ya no es un lujo, sino una necesidad. En Colombia, cada vez más personas entienden que revisar su historial crediticio y su puntaje les permite tomar mejores decisiones, acceder a oportunidades de crédito y avanzar con mayor tranquilidad hacia sus metas. Por eso, regresa la Feria Midatacrédito 2026, un evento gratuito que busca acercar la información financiera a los ciudadanos y acompañarlos en la construcción de una mejor historia crediticia.Organizada por DataCrédito Experian, esta feria se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de educación financiera del país, combinando tecnología, asesoría personalizada y soluciones reales para quienes desean mejorar su perfil financiero.¿Cuándo y dónde será la Feria Midatacrédito 2026?La cuarta edición del evento se llevará a cabo en:Fecha: sábado 7 de febrero de 2026Lugar: Corferias, BogotáHorario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.Este año, los asistentes podrán realizar un preregistro que facilitará el ingreso y permitirá una experiencia más ágil y organizada.Una oportunidad para conocer su puntaje crediticio sin costoActualmente, cerca de un millón de colombianos utilizan activamente la app de Midatacrédito para revisar su perfil financiero, entender su comportamiento crediticio y tomar decisiones más informadas. Gracias a la analítica avanzada y al uso de inteligencia artificial, esta plataforma se ha posicionado como una de las aplicaciones financieras más utilizadas en el país.La feria busca trasladar ese acceso digital a un entorno presencial, donde las personas puedan consultar su historial y su puntaje crediticio gratis, recibir orientación experta y resolver dudas directamente con entidades del sistema financiero.¿Qué podrá hacer en la Feria Midatacrédito 2026?Durante la jornada, los asistentes encontrarán servicios pensados para fortalecer su estabilidad económica y tomar decisiones más conscientes. Entre las actividades disponibles se destacan:Consultar gratuitamente su historial y puntaje crediticio.Participar en espacios de educación financiera sobre hábitos saludables y uso responsable del crédito.Negociar deudas y explorar acuerdos de pago ajustados a su realidad.Conocer ofertas de crédito acordes con su perfil.Recibir asesoría personalizada para mejorar su vida financiera.El evento contará con la participación de 15 organizaciones del sector financiero, cooperativo, Fintech y de telecomunicaciones, entre ellas bancos, cajas de compensación, compañías de financiamiento, empresas de gestión de cartera y entidades distritales, que brindarán soluciones concretas a quienes buscan ponerse al día con sus obligaciones o acceder a nuevas oportunidades.Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, señaló que el propósito de la feria es empoderar a los ciudadanos con información clara y herramientas útiles. “Cuando las personas entienden su información y reciben orientación, pueden tomar control de su crédito y construir una mejor historia financiera”, afirmó.Además de los servicios financieros, la feria ofrecerá charlas y acompañamiento en temas como endeudamiento, reportes, puntaje crediticio y protección de datos personales. De esta manera, los asistentes no solo saldrán con su información actualizada, sino también con conocimientos prácticos para mejorar su bienestar económico.
Nueva ofensiva del Ejército Nacional en contra de la minería ilegal en el departamento de Antioquia. En los operativos se registraron varias capturas en flagrancia y la incautación de elementos destinados a este delito.Tropas del Ejército Nacional intensificaron sus operaciones para contrarrestar esta práctica ilegal en el municipio de Yolombó, en el Nordeste antioqueño.Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná de la Décima Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, realizaron una operación militar exactamente en el corregimiento La Floresta, jurisdicción de este municipio, en que lograron la captura de cinco hombres.Con el operativo puesto en marcha en el terreno, los uniformados neutralizaron a estos individuos, quienes fueron aprehendidos en flagrancia, cuando se encontraban ejecutando actividades de minería ilegal, perjudicando de manera ostensible los recursos naturales que con los que cuenta la zona.De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, en el lugar, también fueron incautados algunos elementos utilizados para la ejecución de la explotación de los terrenos. Entre ellos se destaca el decomiso de dos motores industriales.Los detenidos fueron trasladados a un centro de reclusión y fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Ahora tendrán que responder ante la justicia por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.Es importante destacar, que mediante la puesta en marcha de estas acciones, el Ejército Nacional. juega un papel crucial en pro de contrarrestar el daño ambiental sobre la zona y le aporta a la conservación del ecosistema.
Cuatro edificios del arquitecto colombo-francés Rogelio Salmona, ubicados en Bogotá, fueron postulados para ser incluidos en la lista de lugares del Patrimonio Mundial de la Unesco por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación del artista.Salmona, fallecido en 2007, es considerado uno de los arquitectos más importantes de América Latina con una trayectoria de más de cinco décadas. Su obra se distingue, no sólo por su carácter estético, sino por su profunda expresión cultural y su relación con el espacio público.La propuesta incluye las Torres del Parque, el edificio del Archivo General de la Nación, el edificio de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia y el Parque Biblioteca Virgilio Barco, todas ubicadas en Bogotá y destacadas por el uso del ladrillo y la representación de la cultura latinoamericana.Según informó el Ministerio de las Culturas, en marzo la Secretaría del Comité de Patrimonio Mundial evaluará si la candidatura queda incluida dentro de las 35 que serán evaluadas para entrar en el listado en 2026.De avanzar en el proceso, la postulación será sometida a una evaluación técnica por parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco en materia de Patrimonio Cultural."En un mundo donde cada vez se levantan más barreras entre lo público y lo privado, la arquitectura de Salmona invita al encuentro, a la inclusión y al uso colectivo de los espacios", afirmó la cartera de Cultura.En la actualidad Colombia cuenta con nueve lugares inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, entre ellos el Paisaje Cultural Cafetero, el Parque Nacional Chiribiquete, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo y los centros históricos de Cartagena y Mompox.La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, calificó la obra de Salmona como disruptiva e innovadora, y subrayó su capacidad para generar un diálogo entre una estructura pesada y la vida cotidiana de los bogotanos.La lista oficial de candidatos se presentará en mayo de 2026 y la decisión final se dictará a mediados de 2027 en la 49° sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.
En un emotivo acto llevado a cabo en el Museo Casa de la Memoria, comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz identificados como no máximos responsables, pidieron perdón por casos de ejecuciones extrajudiciales.Se trata de 85 exmilitares adscritos a diferentes unidades de la Cuarta Brigada del Ejército que estuvieron implicados en estos hechos más conocidos como ‘falsos positivos’ entre los años 2002 y 2008 en municipios como Cocorná, Granada, San Luis, Guarne, San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas, Caldas, Bello, Girardota y Medellín.El magistrado Pedro Díaz, miembro de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, explicó la importancia de este tipo de actos públicos para las víctimas de estos graves hechos cometidos en el contexto del conflicto armado y donde el mismo tribunal ha documentado al menos 1.600 de estas. Además se refirió a patrones macrocriminales identificados durante el proceso investigativo."El número más alto de víctimas era de origen campesino. También eran víctimas desempleados, otro grupo de desempleados, y en un alto porcentaje de 82%, jóvenes, entre 22 y 44 años".Varios de los exmilitares, representantes de las cinco unidades que hicieron parte de hechos victimizantes, expresaron un arrepentimiento sincero y voluntad de continuar aportando con la verdad para la reparación de las víctimas. Andrés Cervantes, representante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas."No estamos aquí por una formalidad, no estamos aquí por un trámite judicial. Estamos aquí porque el dolor que causamos sigue presente, porque las heridas que dejamos abiertas no han cerrado, porque el silencio impuesto durante años aún pesa en la memoria de las familias", admitió Cervantes.Otras voces de parte de los exintegrantes de la fuerza pública como Diego Alexander Salazar, representante del Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío, se enfocaron en manifestar su compromiso para evitar la repetición de estos hechos violatorios del derecho internacional humanitario y en general de los derechos humanos."Queremos decirle a las víctimas de esta unidad militar, a sus familias y el territorio afectado que han sufrido. Nunca más, nunca más violencia, nunca más el dolor, nunca más la impunidad", afirmó el exmilitar.A la ceremonia también fue convocado el actual comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, el general Carlos Eduardo Caycedo, con el propósito de que informara ante las víctimas, la JEP y la sociedad cuáles han sido las directrices, medidas institucionales y acciones implementadas en esa unidad militar para prevenir la repetición de hechos.El alto mando indicó que han avanzado en los últimos años en el proceso de formación en materia de derechos humanos para los integrantes de la unidad militar y que la verdad que ha surgido en estos procesos ante el tribunal deben servir de lección para el futuro."Hoy reiteramos de manera humilde y categórica, el compromiso institucional de trabajar incansablemente, para que hechos como estos, que bajo ninguna circunstancia debieron presentarse, jamás se repitan", dijo.Entre la unidades implicadas en las ejecuciones extrajudiciales están: el Batallón de Infantería No. 32 “General Pedro Justo Berrío”, el Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez”, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR No. 5), y los GAULA Rionegro y el GAULA Antioquia.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 6 de febrero de 2026:En varias regiones del país, intensas lluvias provocan desbordamiento de ríos y crecientes súbitas.En la sede de la Unidad de Gestión del Riesgo en Bogotá, esperan al presidente Gustavo Petro para definir medidas frente a la ola invernal que afecta varias regiones del país.La explosión de una mina en Guachetá, Cundinamarca, deja a seis mineros atrapados desde hace más de 17 horas, con pronóstico reservado.En Quito, la delegación de alto nivel, liderada por el ministros Pedro Sánchez y la canciller Rosa Villavicencio, inicia reuniones para superar la crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador.En Arauca, autoridades responsabilizan al ELN por el atentado a la caravana del senador Jairo Castellanos, que dejó dos escoltas asesinados en Fortul.Escuche el programa completo aquí:
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La solicitud de Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del Cartel de Cali, de ser considerado como "gestor de paz" en el marco del proyecto de paz total promovido por el presidente Gustavo Petro, ha generado una serie de reacciones y controversias en la política colombiana. La más reciente proviene del expresidente Andrés Pastrana, quien ha calificado de "delitos de lesa humanidad" las acciones del exnarcotraficante, particularmente su participación en el secuestro que sufrió en 1988.Este viernes, 20 de diciembre, Rodríguez Orejuela envió una carta al presidente Petro en la que se ofreció como facilitador en el proceso de paz con las organizaciones criminales, en un intento por contribuir a la desmovilización y reintegración de actores armados ilegales en Colombia. Su petición está enmarcada en el concepto de "paz total", una de las principales propuestas de la administración de Petro."Mi secuestrador Pablo Escobar me reveló, estando yo en cautiverio, que Los Extraditables, de los que los Rodríguez Orejuela hacían parte, eran los autores de mi secuestro. Imprescriptible delito de lesa humanidad, fue el primer secuestro político del narcotráfico en Colombia", dijo Pastrana a través de sus redes sociales.La reacción de Pastrana no se hizo esperar. En un pronunciamiento, el expresidente aseguró que Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano, Gilberto, quienes fueron grandes capos del Cartel de Cali, son responsables de numerosos crímenes, incluyendo el secuestro que él mismo sufrió en 1988. Según Pastrana, durante su cautiverio, Pablo Escobar, le reveló que Rodríguez Orejuela formaba parte de la red de narcotraficantes y paramilitares que lo habían secuestrado, un hecho que calificó como una grave violación de los derechos humanos.Dicho secuestro, según Pastrana, ocurrido en el contexto de campaña, es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia. Pastrana fue capturado el 19 de agosto de 1988 por miembros del cartel de Cali, en pleno apogeo de la lucha entre los grandes narcotraficantes del país. En su relato, el expresidente sostiene que, tras ser liberado, quedó claro que la alianza entre los carteles.
Este 20 de diciembre se conoció la carta con la que Miguel Rodríguez Orejuela le pide al presidente Gustavo Petro ser gestor de paz. El excabecilla del Cartel de Cali, de 81 años, está cumpliendo una condena de tres décadas en una prisión del sur de Florida, Estados Unidos.En el documento, que tiene como fecha el 25 de abril de 2024, se puede leer la intención del narcotraficante de contar la verdad sobre los delitos cometidos y aportar en la aclaración de varios hechos."Por consiguiente, señor presidente, pienso que nunca estuvieron dadas las condiciones para solicitarle a usted respetuosamente que considere la posibilidad de que yo sea avalado como un nuevo gestor de paz. Soy consiente de lo que esto representa y la responsabilidad de tan difícil y ardua labor que tiene para poder conseguir la paz total para Colombia", se lee en el documento.Rodríguez Orejuela afirma que solo quiere contar su verdad "sin odios ni revanchas", pues ya ha estado 29 años en la cárcel tanto en Colombia como en Estados Unidos y manifiesta su deseo de "alcanzar el perdón divino"."Tomé la decisión de escribir estas líneas, convencido de que las nuevas generaciones merecen un mejor país, edificado en los cimientos de la verdad con la posibilidad de construir en función de la paz", añade.En esta carta, el narcotraficante expresa la intención de que se haga efectiva la reducción de su pena en 2025 y recalca que no ha participado en delitos de muertes o lesiones graves.¿Quién es Miguel Rodríguez Orejuela?Miguel Rodríguez Orejuela fue un narcotraficante colombiano y uno de los líderes del Cartel de Cali, junto con su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela. Fue uno de los principales capos de la droga en Colombia durante la década de 1990.Miguel Rodríguez Orejuela fue capturado en 1995 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a 30 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero.
En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el mayor Josué Claros, el único colombiano en las fuerzas de los cascos azules de Naciones Unidas, contó cómo es su valiosa misión en el Líbano. Desde su llegada, ha garantizado la seguridad y la estabilidad en la frontera con Israel.Con un impresionante récord de más de 350 horas en misiones bajo condiciones hostiles, el mayor Claros habló sobre su rol clave en la misión UNIFIL, que es la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano.La misión de UNIFIL y el rol de ColombiaExplicó cómo Colombia “participa activamente en ciertas misiones de paz”. Según dijo, el país tiene una “estructura doctrinal” que promueve la participación en operaciones internacionales de paz y, allí, él representa a las fuerzas militares en una zona marcada por tensiones bélicas."Soy el oficial que representa a las fuerzas militares de Colombia y al glorioso Ejército nacional de Colombia en la fuerza Unifil, una fuerza encargada de garantizar el control, la seguridad, la paz y la estabilidad de la frontera que divide a Líbano con Israel y una pequeña parte de Siria”, detalló.Condiciones en LíbanoDescribiendo la zona de conflicto, el mayor señaló que la función de su grupo “es garantizar la protección de la población civil” en medio de las hostilidades’’. Este entorno no solo implica patrullar, sino también la coordinación con las fuerzas militares israelíes y libanesas.Retos y logrosEl compromiso es claro. El mayor destacó la colaboración constante con la Cruz Roja libanesa y el Comité Internacional de la Cruz Roja para asegurar la protección de los civiles.Como el único colombiano en UNIFIL, Claros reiteró que los cascos azules están obligados a sostener sus posiciones para proteger a los habitantes libaneses, sin importar la complejidad del conflicto.Aseguró que no clasifican en buenos o malos, sino que su misión “es salvar vidas".Requisitos para ir a misiones de este tipoSubrayó, en ese sentido, que parte de los requisitos para este tipo de misiones es tener nivel de inglés C1, poseer uno preparación académica relacionada con “la misión que se viene a cumplir” y otros procesos de ley que tienen relación “con cuestiones físicas, con cuestiones académicas, cuestiones de naturaleza cualitativa y de conocimiento especializado”.
El representante a la cámara Miguel Polo Polo fue denunciado por el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y por las víctimas de los falsos positivos. Lo anterior después de que se conociera un vídeo en el que Polo Polo mete unas botas de caucho a una bolsa de basura. Dichas botas habían sido parte de un acto de memoria de las madres de los falsos positivos.Tras la denuncia contra el congresista, la Corte Suprema de Justicia le pidió a la JEP enviar información sobre las 6.402 víctimas de falsos positivos.“Envíe copia magnética de las decisiones judiciales publicadas por dicha corporación que contengan listados de victimas que hicieran parte del universo provisional de hechos cuantificado con cifra de 6.402 mediante auto n.° 033 de 12 de febrero de 2021 de la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y las conductas”, se lee en un oficio enviado a la jurisdicción desde el despacho del magistrado de la Corte Misael Fernando Rodríguez.Es importante recordar que tras conocerse la polémica de Polo Polo, la JEP realizó un acto de memoria y reconocimiento a las víctimas de los falsos positivos.Ese evento se realizó en la sede de la jurisdicción en Bogotá y allí los magistrados leyeron los nombres de casi 2.000 víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.