La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La Lotería de Boyacá de este 7 de febrero de 2026 ya realizó su sorteo número 4610, un evento liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá que continúa generando importantes recursos destinados al fortalecimiento del sector salud, beneficiando tanto a los boyacenses como a los colombianos en general.Número ganador de Lotería de Boyacá hoy, sábado 7 de febrero de 2026El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 7 de febrero de 2026 es el 5619 de la serie 138. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!Además, este sorteo tuvo un lanzamiento adicional por un bono escolar por 20 millones de pesos, que dejó como ganador al número: 736.699.Ganadores de los secos de la Lotería de BoyacáA continuación, se detallan los premios secos que resultaron ganadores en el sorteo, con el fin de que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y verifiquen si fueron favorecidos con alguno de estos incentivos económicos.Seco de $1.000 millonesNúmero 9068 – Serie 457Seco de $400 millonesNúmero 2715 – Serie 269Seco de $300 millonesNúmero 1843 – Serie 314Seco de $100 millonesNúmero 5448 – Serie 096Secos de $50 millonesNúmero 0966 – Serie 297Número 3150 – Serie 225Número 2808 – Serie 234Número 9430 – Serie 042Secos de $20 millonesNúmero 0983 – Serie 037Número 0738 – Serie 082Número 0191 – Serie 467Número 5162 – Serie 434Número 7158 – Serie 375Número 3198 – Serie 376Número 0442 – Serie 044Número 7885 – Serie 182Número 6467 – Serie 291Número 9195 – Serie 310Número 6958 – Serie 404Número 4997 – Serie 079Número 8796 – Serie 299Número 8115 – Serie 350Número 9687 – Serie 121Secos de $10 millonesNúmero 0004 – Serie 063Número 0037 – Serie 034Número 0050 – Serie 257Número 0583 – Serie 277Número 0792 – Serie 021Número 1230 – Serie 121Número 1787 – Serie 080Número 1880 – Serie 183Número 2680 – Serie 005Número 3316 – Serie 229Número 3408 – Serie 256Número 3434 – Serie 324Número 3687 – Serie 419Número 3712 – Serie 255Número 3965 – Serie 366Número 4042 – Serie 370Número 4475 – Serie 338Número 4896 – Serie 224Número 4969 – Serie 133Número 5351 – Serie 370Número 6290 – Serie 253Número 6553 – Serie 090Número 6746 – Serie 350Número 6988 – Serie 229Número 7547 – Serie 428Número 7563 – Serie 072Número 8116 – Serie 226Número 8423 – Serie 144Número 8520 – Serie 197Número 8644 – Serie 231Número 8655 – Serie 116Número 8850 – Serie 004Número 9338 – Serie 068Número 9800 – Serie 044Número 9848 – Serie 362Número 9900 – Serie 146El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y mediante la transmisión en directo en la página de Facebook de Telesantiago.Qué hago si gano la Lotería de BoyacáSi el premio obtenido corresponde al premio mayor o supera los 10 millones de pesos, el pago se realiza, sin excepción, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.En caso de que el ganador resida fuera de Tunja, deberá dirigirse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirá la asesoría necesaria para iniciar el proceso de reclamación.Cuando el premio sea inferior a 10.000.000 de pesos, este puede reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá.¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible. Los jugadores pueden hacerlo de dos formas principales: mediante el billete físico tradicional o a través de canales digitales.Es posible adquirir un billete completo o una fracción (generalmente el billete se divide en cuatro fracciones) por medio de:Vendedores autorizados: Personas identificadas que ofrecen los billetes en la vía pública.Puntos de venta autorizados: Incluyen corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana y Giramos, además de máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.Antes de comprar, se recomienda verificar que el billete no presente enmendaduras ni tachaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.Finalmente, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio obtenido en la Lotería de Boyacá.
La jornada de sorteos de este sábado 7 de febrero dejó expectativa y movimiento entre los apostadores en Colombia, con resultados clave en juegos tradicionales como la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto y Revancha. Lotería de BoyacáEl sorteo de la Lotería de Boyacá dejó un nuevo millonario este sábado tras caer el Premio Mayor de $10.000 millones, cuyo número ganador fue el 2815 de la serie 456. El billete se convirtió en el gran protagonista de la noche, marcando una jornada de expectativa y celebración para los apostadores que siguieron el sorteo en todo el país.Lotería del CaucaLa Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2597 el sábado 7 de febrero de 2026, en el que puso en juego un Premio Mayor de $8.000 millones, uno de los más atractivos del mercado nacional. El número ganador fue el 1156 de la serie 099, resultado que convirtió a un apostador en nuevo millonario. Además del premio principal, el sorteo repartió múltiples premios secos de diferentes cuantías, ampliando las posibilidades de ganadores entre los participantes.Baloto y RevanchaEn el caso de Baloto y Revancha, el sorteo 2615, realizado la noche del sábado 7 de febrero, el acumulado asciende a $20.800 millones en Baloto y $14.900 millones en Revancha. La combinación ganadora de Baloto fue 09, 26, 31, 12, 27 y la SuperBalota 03, mientras que en Revancha los números fueron 05, 07, 27, 12, 13 y la SuperBalota 04, manteniendo la expectativa para el próximo sorteo.
El papa León XIV ha animado este domingo a rezar por la paz en el mundo y ha advertido que el futuro no depende de "las estrategias de potencias económicas y mundiales", sino del respeto entre los pueblos."Sigamos rezando por la paz. Las estrategias de potencias económicas y militares, tal y como nos lo enseña la historia, no dan futuro a la humanidad", reivindicó tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.Y agregó: "El futuro está en el espeto y fraternidad entre los pueblos".El pontífice estadounidense, ante miles de personas que le escuchaban desde la plaza de San Pedro pese a la lluvia, también expresó su "dolor y preocupación" por los recientes ataques mortales y la violencia contra varias comunidades en Nigeria."Expreso mi cercanía orante a todas las víctimas de la violencia y del terrorismo. Espero que las autoridades competentes continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano", instó.Por último, León XIV lanzó un mensaje contra la esclavitud, dado que la iglesia conmemora hoy el Día contra la trata de personas, dedicado a Santa Giuseppina Bakhita, una monja sudanesa que de niña fue víctima de esta lacra."Agradezco a las religiosas y a todos aquellos que se esfuerzan por eliminar las actuales formas de esclavitud. Junto a ellos digo que la paz comienza con la dignidad", declaró el papa.
El puerto de Buenaventura está llegando al límite de sus capacidades, no solo en la atención para el despacho y recepción de carga para el resto del país, vía terrestre, sino también a nivel marítimo.En los últimos dos años, el puerto ha tenido un incremento considerable de carga, que hoy ya supera los 23 millones de toneladas. Este volumen de mercancía, en una infraestructura portuaria que sigue siendo la misma desde hace tres décadas hace que cada día el distrito de Buenaventura se congestione cada vez más.Víctor Julio González, director ejecutivo del Comité Intergremial de Buenaventura, confirmó que las grandes congestiones para llegar al puerto no solo las están viviendo los camioneros, pues en la bahía hay decenas de barcos esperando poder descargar su mercancía."Hoy el puerto de Buenaventura tiene una congestión de más de 29 barcos en la bahía, esperando posición de atraque. Ha habido una temporada de lluvia de más de tres meses, que ha impedido que mercancía como los cereales, minerales, materia prima para los sectores porcícola y avícola, carga de estructuras para el sector de construcción, también la importación de vehículos, no puedan ser atendidos. Eso ha hecho que haya disminuido la eficiencia", indicó González.Es esta misma congestión dentro del puerto, lo que está provocando que llegar a Buenaventura por tierra se esté demorando entre cinco y siete horas. Haciendo cada vez menos rentable el transporte de carga, pues antes, los conductores que podían hacer entre 4 y 5 viajes al día, entre Buenaventura y Yumbo, ahora máximo pueden hacer este mismo recorrido dos veces por día.
La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2597 la noche de este sábado, brindando una nueva oportunidad a miles de apostadores de todo el país de convertirse en millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, uno de los más atractivos del mercado de juegos de azar en Colombia.Número ganador de Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de febrero de 2026El número ganador del Premio Mayor del sábado 7 defebrero de 2026 fue el 1156 de la serie 099. Un resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó la noche del sorteo.Ganadores de los secos de la Lotería del CaucaA continuación, se detallan todos los premios secos que cayeron en este sorteo de la Lotería del Cauca. Se recomienda a los apostadores revisar cuidadosamente su billete para confirmar si resultaron ganadores de alguno de estos premios adicionales.Premio mayor de $8.000 millonesNúmero 1156 – Serie 099Premio de $300 millonesNúmero 5054 – Serie 308Premio de $200 millonesNúmero 1998 – Serie 007Dos premios de $100 millonesNúmero 8024 – Serie 146Número 6326 – Serie 110Tres premios de $50 millonesNúmero 9496 – Serie 162Número 7883 – Serie 061Número 2981 – Serie 04229 premios de $10 millonesNúmero 1314 – Serie 231Número 5900 – Serie 123Número 1835 – Serie 091Número 0151 – Serie 245Número 5909 – Serie 191Número 4111 – Serie 211Número 0246 – Serie 034Número 8182 – Serie 202Número 9267 – Serie 267Número 1432 – Serie 253Número 1708 – Serie 215Número 8151 – Serie 296Número 8811 – Serie 124Número 6176 – Serie 226Número 1801 – Serie 046Número 8104 – Serie 001Número 5385 – Serie 233Número 1130 – Serie 018Número 4826 – Serie 175Número 1098 – Serie 035Número 8813 – Serie 254Número 2506 – Serie 068Número 2987 – Serie 241Número 7505 – Serie 117Número 7906 – Serie 026Número 2016 – Serie 159Número 7080 – Serie 183Número 1453 – Serie 251Número 5741 – Serie 105Asimismo, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 2597 de la Lotería del Cauca. Comparar el número y la serie del billete con esta imagen es fundamental para verificar de manera precisa si se obtuvo algún premio.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se realizará la verificación del billete y se levantará el acta correspondiente para iniciar el proceso de pago de forma segura y eficiente.En el caso de las aproximaciones, estas pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea para recibir el dinero en efectivo o para intercambiar las fracciones por nuevos billetes y seguir participando en próximos sorteos.Si el premio es superior a $2.036.000, monto que genera retención en la fuente, el ganador deberá presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de su cédula de ciudadanía al momento del cobro.Para los premios secos, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá cancelar el premio de inmediato o tomar los datos del ganador para remitirlos a la Lotería del Cauca y validar la autenticidad del billete antes de efectuar el pago.¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m. y su sorteo es transmitido por el Canal UNO. Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 14 de febrero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede marcar la diferencia y cambiarle la vida.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
En operativos realizados por la Sexta Brigada del Ejército Nacional en el departamento del Tolima, se logró la captura de seis personas que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes al servicio de las disidencias de las Farc en el municipio de Planadas.Según las autoridades, la investigación contra estas seis personas llevaba 2 años, pues serían los responsables de la comercialización del frente de ‘Ismael Ruiz’, esto en la zona urbana y periférica de este municipio del Tolima.Dicho operativo fue adelantado de manera conjunta entre los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18 Cozeu, de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, Fiscalía 60, Fuerza Aérea y Policía Nacional“Una vez lograban comercializar el estupefaciente, el ingreso económico era entregado al GAO-r Frente Ismael Ruiz. En este resultado operacional se les incautan 4 armas de fuego con munición de diferentes calibres, 3 armas traumáticas, varias papeletas de bazuco y marihuana, material de comunicaciones y 19 millones de pesos en efectivo”, aseguró el coronel Alexander Caicedo, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.18 Cozeu de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Cinco de ellos tenían ordenes de captura por parte de la Fiscalía de Ibagué, mientras que otro fue capturado en flagrancia mientras se venían realizando estos actos delictivos en el municipio.Ahora, los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios y municiones, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, destinación de muebles e inmuebles, concierto para delinquir agravado e instrumentación de menores.“Este importante resultado afecta las economías ilícitas de estos grupos al margen de la ley, los cuales pretenden afectar a los habitantes del sur del Tolima”, agregó el coronel.
El ELN condicionó la reunión con el Gobierno nacional para acordar una prórroga del cese al fuego bilateral que vence este sábado a que se publique un decreto presidencial donde retire a esa guerrilla de la lista de grupos armados organizados."El 3 de agosto se vence la prórroga del Cese Bilateral, Nacional y Temporal, si es de interés del Gobierno darle continuidad, y aprovechando que su Delegación de Diálogos ha manifestado que existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde», entonces la haga efectivo Decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAOs", apuntó el ELN en un comunicado publicado este sábado.Una vez que se publique, apunta la guerrilla, estarían dispuestos a que la delegación en los diálogos se reúna con la del Gobierno "para evaluar el cese y decidir sobre su continuidad; así como también se revise los incumplimientos del Gobierno que han sido motivo del Congelamiento del proceso de conversaciones".El Gobierno apuntó ayer que quiere optar por una "extensión técnica" del cese al fuego bilateral con la guerrilla, ante la falta de acuerdos."Somos conscientes de que se ha ido agotando el tiempo para preparar las condiciones necesarias para la nueva prórroga y, por esta razón, coincidimos con ustedes en la opción de hacer una extensión técnica del cese al fuego que nos permita desarrollar el encuentro de las jefaturas de las delegaciones", explicó la jefa negociadora, Vera Grabe, y el senador Iván Cepeda, en una carta dirigida a la ONU y a la Iglesia Católica, acompañantes del proceso.El cese al fuego bilateral con el ELN, el más largo acordado y llevado a cabo con la guerrilla, que comenzó hace un año, acaba este sábado pero las partes no se han reunido para acordar su prórroga, por lo que reina la incertidumbre sobre lo que pasará a partir de hoy.Además, el ELN asegura que no le ha llegado la propuesta de extensión e incide en que el Gobierno ha incumplido lo pactado, mientras el Gobierno le pide a la guerrilla "aclarar" si tiene un "propósito de llegar a la paz" y voluntad real.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta 018 del 2024 debido a las intimidaciones que, en el departamento del Meta, hacen las disidencias del bloque Jorge Suárez Briceño y el frente Éver Castro a comerciantes del casco urbano y zonas rurales de los municipios de Uribe y Mesetas.Y es que, según denuncian, empezaron a emitir a través de panfletos que los comerciantes deben trasladarse a zonas rurales para presentarse a una serie de citaciones por parte de estas disidencias, que, según el defensor del Pueblo, Julio Balanta, esto pone en riesgo los derechos humanos por lo que se exponen a ser víctimas de amenazas, extorsiones, desplazamientos y homicidios selectivos.Cabe mencionar que, en la alerta, mencionaron conductas que fueron advertidas e identificadas antes, como es el ataque, masacres y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.La Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto pidiendo la oportuna activación del sistema de prevención rápido y solicitando que se hagan acciones necesarias con el fin de evitar peligros para la población de Uribe y Mesetas.“A la Cuarta División del Ejército Nacional y la Policía del departamento del Meta, la Defensoría las insta a disuadir el contexto de amenaza con enfoque de seguridad humana y protección de las comunidades”, puntualizó el ente.Esta alerta temprana busca fortalecer los procesos de investigación de posibles conductas punibles y, además, evitar que la comunidad del departamento del Meta se vea envuelta en conflictos y/o situaciones que puedan afectar sus derechos humanos.
A través de un video difundido en las redes sociales del grupo ilegal, reapareció Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, el cabecilla de las disidencias con las que el Gobierno suspendió el cese al fuego y congeló las negociaciones en respuesta a los hechos violentos que han cometido contra la fuerza pública y la población civil, en especial en el suroccidente del país.En el video, aseguró que, tras varias reuniones, fueron definidos los integrantes de un nuevo “Estado Mayor Central”, del grupo ilegal: "En medio de las consultas y reuniones con la Comandancia Nacional, hemos nombrado el nuevo Estado Mayor Central con sus 21 miembros, así como el Secretariado Nacional de las FARC-EP", dijo.Desde el pasado 16 de julio, el Gobierno nacional dio por terminado el cese al fuego y reactivó las operaciones contra los frentes comandados por Mordisco y mantuvo solamente con los bloques Jorge Suárez Briceño, alias 'Jhon Mechas', 'Andrey Avendaño' del bloque Magdalena Medio y Gentil Duarte al mando de Danilo Alvizú del Frente Raúl Reyes”.Por otra parte, en esta reciente declaración, ‘Mordisco’ aseguró que no afectarán el normal desarrollo de la COP16, el evento internacional que se hará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año. Y es que el pasado 16 de julio ese grupo de disidencias en una declaración contra el presidente Gustavo Petro amenazó con boicotear la realización del encuentro por el ambiente.“Como muestra de voluntad de paz, ordenar a nuestras unidades no afectar el normal desarrollo de la COP16 que se va a realizar próximamente en la ciudad de Cali. Nuestro compromiso con la vida del planeta y el futuro de la humanidad se opone a los intereses del gran capital imperial que quiere apoderarse de la Amazonía y demás áreas ambientalmente estratégicas del continente”, detalló Mordisco.En el video el líder del grupo ilegal volvió a enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro asegurando que alias 'Calarcá', quien sí sigue en negociación, en realidad usurpó las funciones de sus antiguos superiores y además continúa extorsionando a comerciantes y campesinos en los Llanos Orientales y, por ello, debía finalizar el acercamiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.