La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La Lotería de Boyacá de este 7 de febrero de 2026 ya realizó su sorteo número 4610, un evento liderado por el Gobierno del departamento de Boyacá que continúa generando importantes recursos destinados al fortalecimiento del sector salud, beneficiando tanto a los boyacenses como a los colombianos en general.Número ganador de Lotería de Boyacá hoy, sábado 7 de febrero de 2026El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 7 de febrero de 2026 es el 5619 de la serie 138. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!Además, este sorteo tuvo un lanzamiento adicional por un bono escolar por 20 millones de pesos, que dejó como ganador al número: 736.699.Ganadores de los secos de la Lotería de BoyacáA continuación, se detallan los premios secos que resultaron ganadores en el sorteo, con el fin de que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y verifiquen si fueron favorecidos con alguno de estos incentivos económicos.Seco de $1.000 millonesNúmero 9068 – Serie 457Seco de $400 millonesNúmero 2715 – Serie 269Seco de $300 millonesNúmero 1843 – Serie 314Seco de $100 millonesNúmero 5448 – Serie 096Secos de $50 millonesNúmero 0966 – Serie 297Número 3150 – Serie 225Número 2808 – Serie 234Número 9430 – Serie 042Secos de $20 millonesNúmero 0983 – Serie 037Número 0738 – Serie 082Número 0191 – Serie 467Número 5162 – Serie 434Número 7158 – Serie 375Número 3198 – Serie 376Número 0442 – Serie 044Número 7885 – Serie 182Número 6467 – Serie 291Número 9195 – Serie 310Número 6958 – Serie 404Número 4997 – Serie 079Número 8796 – Serie 299Número 8115 – Serie 350Número 9687 – Serie 121Secos de $10 millonesNúmero 0004 – Serie 063Número 0037 – Serie 034Número 0050 – Serie 257Número 0583 – Serie 277Número 0792 – Serie 021Número 1230 – Serie 121Número 1787 – Serie 080Número 1880 – Serie 183Número 2680 – Serie 005Número 3316 – Serie 229Número 3408 – Serie 256Número 3434 – Serie 324Número 3687 – Serie 419Número 3712 – Serie 255Número 3965 – Serie 366Número 4042 – Serie 370Número 4475 – Serie 338Número 4896 – Serie 224Número 4969 – Serie 133Número 5351 – Serie 370Número 6290 – Serie 253Número 6553 – Serie 090Número 6746 – Serie 350Número 6988 – Serie 229Número 7547 – Serie 428Número 7563 – Serie 072Número 8116 – Serie 226Número 8423 – Serie 144Número 8520 – Serie 197Número 8644 – Serie 231Número 8655 – Serie 116Número 8850 – Serie 004Número 9338 – Serie 068Número 9800 – Serie 044Número 9848 – Serie 362Número 9900 – Serie 146El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y mediante la transmisión en directo en la página de Facebook de Telesantiago.Qué hago si gano la Lotería de BoyacáSi el premio obtenido corresponde al premio mayor o supera los 10 millones de pesos, el pago se realiza, sin excepción, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.En caso de que el ganador resida fuera de Tunja, deberá dirigirse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados, donde recibirá la asesoría necesaria para iniciar el proceso de reclamación.Cuando el premio sea inferior a 10.000.000 de pesos, este puede reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de la página oficial de la Lotería de Boyacá.¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible. Los jugadores pueden hacerlo de dos formas principales: mediante el billete físico tradicional o a través de canales digitales.Es posible adquirir un billete completo o una fracción (generalmente el billete se divide en cuatro fracciones) por medio de:Vendedores autorizados: Personas identificadas que ofrecen los billetes en la vía pública.Puntos de venta autorizados: Incluyen corresponsales bancarios como Bancolombia, puntos de chance como Paga Todo, Gana y Giramos, además de máquinas LottiRed, Sipaga, entre otros.Antes de comprar, se recomienda verificar que el billete no presente enmendaduras ni tachaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.Finalmente, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio obtenido en la Lotería de Boyacá.
La jornada de sorteos de este sábado 7 de febrero dejó expectativa y movimiento entre los apostadores en Colombia, con resultados clave en juegos tradicionales como la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto y Revancha. Lotería de BoyacáEl sorteo de la Lotería de Boyacá dejó un nuevo millonario este sábado tras caer el Premio Mayor de $10.000 millones, cuyo número ganador fue el 2815 de la serie 456. El billete se convirtió en el gran protagonista de la noche, marcando una jornada de expectativa y celebración para los apostadores que siguieron el sorteo en todo el país.Lotería del CaucaLa Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2597 el sábado 7 de febrero de 2026, en el que puso en juego un Premio Mayor de $8.000 millones, uno de los más atractivos del mercado nacional. El número ganador fue el 1156 de la serie 099, resultado que convirtió a un apostador en nuevo millonario. Además del premio principal, el sorteo repartió múltiples premios secos de diferentes cuantías, ampliando las posibilidades de ganadores entre los participantes.Baloto y RevanchaEn el caso de Baloto y Revancha, el sorteo 2615, realizado la noche del sábado 7 de febrero, el acumulado asciende a $20.800 millones en Baloto y $14.900 millones en Revancha. La combinación ganadora de Baloto fue 09, 26, 31, 12, 27 y la SuperBalota 03, mientras que en Revancha los números fueron 05, 07, 27, 12, 13 y la SuperBalota 04, manteniendo la expectativa para el próximo sorteo.
El papa León XIV ha animado este domingo a rezar por la paz en el mundo y ha advertido que el futuro no depende de "las estrategias de potencias económicas y mundiales", sino del respeto entre los pueblos."Sigamos rezando por la paz. Las estrategias de potencias económicas y militares, tal y como nos lo enseña la historia, no dan futuro a la humanidad", reivindicó tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.Y agregó: "El futuro está en el espeto y fraternidad entre los pueblos".El pontífice estadounidense, ante miles de personas que le escuchaban desde la plaza de San Pedro pese a la lluvia, también expresó su "dolor y preocupación" por los recientes ataques mortales y la violencia contra varias comunidades en Nigeria."Expreso mi cercanía orante a todas las víctimas de la violencia y del terrorismo. Espero que las autoridades competentes continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano", instó.Por último, León XIV lanzó un mensaje contra la esclavitud, dado que la iglesia conmemora hoy el Día contra la trata de personas, dedicado a Santa Giuseppina Bakhita, una monja sudanesa que de niña fue víctima de esta lacra."Agradezco a las religiosas y a todos aquellos que se esfuerzan por eliminar las actuales formas de esclavitud. Junto a ellos digo que la paz comienza con la dignidad", declaró el papa.
El puerto de Buenaventura está llegando al límite de sus capacidades, no solo en la atención para el despacho y recepción de carga para el resto del país, vía terrestre, sino también a nivel marítimo.En los últimos dos años, el puerto ha tenido un incremento considerable de carga, que hoy ya supera los 23 millones de toneladas. Este volumen de mercancía, en una infraestructura portuaria que sigue siendo la misma desde hace tres décadas hace que cada día el distrito de Buenaventura se congestione cada vez más.Víctor Julio González, director ejecutivo del Comité Intergremial de Buenaventura, confirmó que las grandes congestiones para llegar al puerto no solo las están viviendo los camioneros, pues en la bahía hay decenas de barcos esperando poder descargar su mercancía."Hoy el puerto de Buenaventura tiene una congestión de más de 29 barcos en la bahía, esperando posición de atraque. Ha habido una temporada de lluvia de más de tres meses, que ha impedido que mercancía como los cereales, minerales, materia prima para los sectores porcícola y avícola, carga de estructuras para el sector de construcción, también la importación de vehículos, no puedan ser atendidos. Eso ha hecho que haya disminuido la eficiencia", indicó González.Es esta misma congestión dentro del puerto, lo que está provocando que llegar a Buenaventura por tierra se esté demorando entre cinco y siete horas. Haciendo cada vez menos rentable el transporte de carga, pues antes, los conductores que podían hacer entre 4 y 5 viajes al día, entre Buenaventura y Yumbo, ahora máximo pueden hacer este mismo recorrido dos veces por día.
La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2597 la noche de este sábado, brindando una nueva oportunidad a miles de apostadores de todo el país de convertirse en millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, uno de los más atractivos del mercado de juegos de azar en Colombia.Número ganador de Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de febrero de 2026El número ganador del Premio Mayor del sábado 7 defebrero de 2026 fue el 1156 de la serie 099. Un resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó la noche del sorteo.Ganadores de los secos de la Lotería del CaucaA continuación, se detallan todos los premios secos que cayeron en este sorteo de la Lotería del Cauca. Se recomienda a los apostadores revisar cuidadosamente su billete para confirmar si resultaron ganadores de alguno de estos premios adicionales.Premio mayor de $8.000 millonesNúmero 1156 – Serie 099Premio de $300 millonesNúmero 5054 – Serie 308Premio de $200 millonesNúmero 1998 – Serie 007Dos premios de $100 millonesNúmero 8024 – Serie 146Número 6326 – Serie 110Tres premios de $50 millonesNúmero 9496 – Serie 162Número 7883 – Serie 061Número 2981 – Serie 04229 premios de $10 millonesNúmero 1314 – Serie 231Número 5900 – Serie 123Número 1835 – Serie 091Número 0151 – Serie 245Número 5909 – Serie 191Número 4111 – Serie 211Número 0246 – Serie 034Número 8182 – Serie 202Número 9267 – Serie 267Número 1432 – Serie 253Número 1708 – Serie 215Número 8151 – Serie 296Número 8811 – Serie 124Número 6176 – Serie 226Número 1801 – Serie 046Número 8104 – Serie 001Número 5385 – Serie 233Número 1130 – Serie 018Número 4826 – Serie 175Número 1098 – Serie 035Número 8813 – Serie 254Número 2506 – Serie 068Número 2987 – Serie 241Número 7505 – Serie 117Número 7906 – Serie 026Número 2016 – Serie 159Número 7080 – Serie 183Número 1453 – Serie 251Número 5741 – Serie 105Asimismo, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 2597 de la Lotería del Cauca. Comparar el número y la serie del billete con esta imagen es fundamental para verificar de manera precisa si se obtuvo algún premio.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se realizará la verificación del billete y se levantará el acta correspondiente para iniciar el proceso de pago de forma segura y eficiente.En el caso de las aproximaciones, estas pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea para recibir el dinero en efectivo o para intercambiar las fracciones por nuevos billetes y seguir participando en próximos sorteos.Si el premio es superior a $2.036.000, monto que genera retención en la fuente, el ganador deberá presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de su cédula de ciudadanía al momento del cobro.Para los premios secos, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá cancelar el premio de inmediato o tomar los datos del ganador para remitirlos a la Lotería del Cauca y validar la autenticidad del billete antes de efectuar el pago.¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m. y su sorteo es transmitido por el Canal UNO. Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 14 de febrero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede marcar la diferencia y cambiarle la vida.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Unidad para las Víctimas realizó una jornada de indemnización judicial a 650 víctimas del conflicto que fueron reconocidas en la sentencia de Justicia y Paz contra Fredy Rendón Herrera, conocido como ‘El Alemán’, y otras 28 personas. El valor aproximado es de $11.300 millones."En total, se entregarán 474 cartas a víctimas de Bojayá, Chocó, y 207 cartas a víctimas de Vigía del Fuerte, Antioquia, quienes están reconocidas dentro de esta sentencia, como parte de la compensación económica que realiza el Estado colombiano por los hechos vividos durante el conflicto armado", indica la Unidad de Víctimas.La entidad también explica que sobre la población civil en esas zonas del país se cometieron hechos victimizantes con el fin de ejercer control social, territorial y de recursos. Entre las personas afectadas hay casos de reclutamiento, violencia basada en género, desaparición forzada, homicidio y desplazamiento forzado."En la iglesia de Bojayá antigua se realizará un acto simbólico en donde los cantos de los alabaos, las danzas tradicionales de las culturas afro y embera, y el mural de las mariposas como acto reintegrador, armonizarán esta entrega de indemnizaciones judiciales que contribuirán a fortalecer los proyectos de vida de cada uno de los sobrevivientes del conflicto armado", señala la Unidad de Víctimas.Le puede interesar:
Desde la semana pasada, el Gobierno y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' se han reunido en el departamento del Cauca tras la crisis por la que atravesó el proceso de paz, pues ese grupo decidió suspender unilateralmente los diálogos de paz.En estos días de conversaciones se lograron algunos acuerdos y uno de esos es que las disidencias de la Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' dejaran el delito del secuestro."La mesa de diálogos de paz, registra la decisión del Estado Mayor Central de las FARC-EP de abandonar la práctica de retención con fines económicos. El Gobierno nacional elevará ante los entes competentes, las denuncias sobre alianzas de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios estatales con estructuras ilegales; con el fin de que sean investigados y cuando corresponda, judicializarlos y sancionarlos”, señaló el comunicado de las delegaciones.El próximo ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' se realizará el próximo 9 de enero de 2024, en Bogotá.“Con el ánimo de promover alivios en seguridad humana, las delegaciones y comisiones de la mesa de diálogos de paz escucharán a comunidades, en los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Putumayo y Caquetá, priorizando sus áreas más críticas. Ante la crítica situación humanitaria de los pueblos indígenas en el Cauca y otras regiones del país, la Mesa destaca la urgencia de construir rutas de solución. Instalación de la instancia nacional del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) de conformidad con el decreto 1684/2023. De la misma manera se acordó el cronograma para la instalación de las instancias regionales en Arauca, Popayán, Bucaramanga, Villavicencio y Mocoa; y de las instancias locales del mismo MVMV”, señaló el comunicado.Le puede interesar
Este martes, en Florencia, Caquetá, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hizo la entrega digna de algunas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. A esta entrega de cuerpos se llegó después de dos años; pues la JEP anunció que iba a hacer una intervención en la Unión Peneya, Caquetá, después de haber recibido el informe "Bajo tierra piden justicia" de la red ADN y tras hacer algunos contrastes de información que darían cuenta que en ese lugar podría haber cuerpos de menores desaparecidos, que fueron reclutados en su momento por las Farc.En el acto de este martes en Florencia, la UBPD entregó el cuerpo de Nilson Fierro, un excombatiente de las Farc que entró a la guerrilla del bloque sur, al frente 15, y estuvo desde 1998 a 2002 en el grupo; cuando murió en medio de un combate en San Isidro, Unión Peneya. Sus familiares denuncian que el cuerpo en su momento fue recuperado tras los enfrentamientos y que ellos mismos lo sepultaron en el cementerio de la Unión Peneya."La población civil al otro día se fueron a buscar a ver a quién encontraban, entonces la misma población lo encontró, se lo entregaron a mi familiar porque mi hermana vivía en San Isidro, mi hermana Claudia, y mi familia le dan sepultura en la Unión Peneya. Mi hermana participó cuando la JEP fue a intervenir el cuerpo, a ella la dejaron entrar y ella dijo que él no era un desaparecido porque ella lo había entregado ahí, no escucharon lo que ella decía y se lo llevó la jurisdicción a hacer la intervención", señala Yaneth Fierro, hija de Nilson y también excombatiente de las Farc.La JEP informó en su momento la recuperación de 46 cuerpos de presuntas víctimas de desaparición, incluidos siete menores de edad que habrían sido reclutados en el marco del conflicto. En septiembre de este año a Yaneth y a su familia le anunciaron que entregarían el cuerpo de Nilson."Para que se lo llevaron si sabían que nosotros le habíamos dado sepultura. A él no lo capturó el Ejército ni nada, la Unidad de Búsqueda nos informó que iban a entregar el cuerpo, nosotros nunca lo denunciamos como desaparecido porque así no era" señala Yaneth.Nilson murió a los 45 años y el equipo de defensa de la familia asegura que tomará medidas legales debido a las presuntas irregularidades que se pudieron cometer en este caso e incluso ya están preparando un informe sobre el tema."En el informe de red ADN el señor Nilson aparece con un seudónimo que no es correcto y la edad aparece como desconocida pero está dentro de las personas menores de edad reclutadas. Exponer a la familia a este acto es revictimizante", Señala Estefanía Herrera, quien hace parte del equipo de la defensa.Por su parte el abogado Jorge Gaitán señala que "quedan muchas inquietudes y es importante que la Unidad de Búsqueda en este caso de las explicaciones del porqué se llevaron el cuerpo sabiendo que no era una persona desaparecida, que no había una denuncia ni por la familia". ni por un tercero, contrariando su mandato".Sobre el acto en Florencia, CaquetáYaneth y su familia asistieron al acto de entrega digna del cuerpo a las 8:00 am en Florencia, Caquetá, pues aseguran que querían recuperar a su padre. Durante este espacio Yaneth pidió la palabra y volvió a denunciar lo sucedido "yo quería decir que nosotros por parte de la familia tenemos un malestar porque aquí no vemos la presencia de la JEP, solamente la Unidad de Búsqueda que entrega cuerpos de desaparecidos y la excepción, es mi papá, porque mi papá no está desaparecido y nunca lo denunciamos; nos parece mal que la JEP que fue la que intervino no esté aquí. Es una falta de respeto y además de esto a mi papá lo sacaron de allá sin consentimiento de la familia”, señaló Yaneth durante el evento.En el acto, la Unidad de Búsqueda también entregó unas actas; la primera de ella titulada "acta de acción humanitaria de entrega e inhumación digna del cuerpo esqueletizado de una persona dada por desaparecida a sus familiares" en esta acta la Unidad de Búsqueda explica sus objetivos y se refieren a la intervención que se hizo en la Unión Peneya, reconociendo que en el caso de Nilson no se trata de una víctima de reclutamiento."En la referida decisión se ordenó que los trabajos de identificación y entrega digna se realizarán sobre la totalidad de los cuerpos que fueron recuperados en la intervención forense. En esa medida, los referidos procesos se adelantan también en aquellos eventos en los que, como en el caso del señor Fierro Navarrete, no se trata de personas que hayan sido víctimas de reclutamiento, y por tanto, no sean de competencia del caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala el documento.También hay otra acta sobre la instalación de la entrega digna del cuerpo en la que aparece el nombre de Nilson y aclarando que fue recuperado durante la intervención en la Unión Peneya.Si bien se reconoce en el acto que Nilson no fue víctima de reclutamiento, sus familiares reclaman que nunca fue reportado como desaparecido y que advirtieron en diferentes ocasiones que ellos mismos le dieron la sepultura en su momento, por lo que no debió haber hecho parte de estas. labores de búsqueda e identificación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.Le puede interesar:
Este lunes, 11 de diciembre, se conoció que Vera Grabe, exintegrante del M-19 es la nueva jefe de delegación del Gobierno en el proceso de paz con el ELN. La antropóloga llegó en reemplazo de Otty Patiño.El presidente Gustavo Petro ya firmó la resolución que deja en firme la llegada de Vera Grabe a la la jefatura de la delegación del Gobierno en el proceso de paz con la guerrilla del ELN.Hasta el momento el jefe de la delegación era Otty Patiño, pero fue nombrado como alto comisionado para la Paz, en reemplazo de Danilo Rueda.Vera Grabe hizo parte de la guerrilla del M-19, también fue representante a la Cámara y senadora.La antropóloga militó durante 16 años en el M-19 y participó de las conversaciones de paz con el Gobierno de Virgilio Barco.En este momento se está desarrollando en México el quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, proceso de paz que empezó hace un año en Caracas, Venezuela.Resolución de nombramiento de Vera GrabePuede ver:
El Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, adoptó la “estrategia de análisis y divulgación de las recomendaciones dispuestas en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”, para lograr favorecer los procesos de recuperación y reconstrucción de la memoria histórica en los territorios.Esta estrategia fue presentada en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación y allí estuvo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, entidad que ya terminó su mandato. De Roux se refirió a las recomendaciones que hicieron en el informe final, resaltando algunas de ellas, como la importancia de tener a un ministro de Paz en el gabinete.Por otro lado, se refirió a otras de las recomendaciones que hizo en su informe final la Comisión de la Verdad, algunas de ellas tampoco han sido acogidas por parte del Gobierno y diferentes entidades del Estado."Pedimos unas transformaciones en la Fiscalía, porque sentimos profundamente, Alejandro Valencia, que está aquí con nosotros, con mucha fuerza dirigió el volumen de la violación de los derechos humanos en Colombia, nos hizo sentir muy a fondo el problema de la impunidad en Colombia, que acrecienta tanto el dolor de las víctimas y por eso queríamos que para cuando se trate de crímenes de características internacionales, como pasa con el narcotráfico y otros crímenes de corrupción, que hubiera aquí una entidad donde hubiera no solamente colombianos, sino también juristas internacionales", señaló el expresidente de la Comisión de la Verdad.Le puede interesar:
En lo corrido del año, en Colombia, según la Defensoría del Pueblo, se han registrado 69 casos de secuestro. Sin embargo, puede haber un subregistro debido a que algunas familias no denuncian por el temor y las amenazas de los grupos armados, es por esto que la Defensoría le solicitó a los grupos confirmar el nombre de las personas que están secuestradas.Es por esto que el llamado es también para que en las mesas de diálogo que se instalaron con distintos grupos se aborde el tema de la identificación de los secuestrados y la libertad de esas personas, pues la Defensoría considera que sería manifestación clara de la voluntad que tienen estas estructuras para avanzar en la paz total."La cifra es registrada desde mayo del 2020 hasta la primera semana de diciembre de este 2023. Arauca (33 secuestros), Norte de Santander (13), Valle del Cauca (8), Antioquia (7), Cesar (6), Chocó (5) y Cauca (5) son los departamentos donde más personas estarían cautiverio; les siguen La Guajira (4), Nariño (3), Meta (3), Bolívar (2), Magdalena (1) y Casanare (1)", explicó la Defensoría.ELN vuelve a negar que secuestra: alias 'Antonio García' dice que solo tiene prisioneros y retenidosEn medio del quinto ciclo de conversaciones entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN , en Ciudad de México. Sin embargo, su máximo cabecilla, alias 'Antonio García' ha cuestionado en las últimas horas al Gobierno y asegura que este grupo no secuestra.“El ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos”, señaló García.En el mismo sentido dijo que el Gobierno y las Fuerzas Militares no están cumpliendo, supuestamente, el cese al fuego bilateral.“Para el ELN los acuerdos avanzarán tanto como el Gobierno cumpla. Hasta la fecha existen más incumplimientos de parte del Gobierno y sus fuerzas militares que certezas. El proceso está interrogado y si ha de continuar es porque ambas partes cumplen lo acordado, y si esta máxima se cumple podrá seguir avanzando, si esto falla nada podremos hacer”, mencionó García.Las palabras del máximo cabecilla del ELN fueron rechazadas desde varios sectores de la sociedad.