La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante de la deforestación en Colombia, sino una actividad que se desarrolla posteriormente sobre áreas ya intervenidas y que puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje. Así lo afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con base en estudios de la FAO y el Ideam.De acuerdo con el dirigente gremial, la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales como el acaparamiento y la especulación de tierras, la apertura ilegal de vías, la débil gobernanza del uso del suelo, la colonización no planificada y la presencia de economías ilegales y conflictos armados.“Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”, indicó el presidente de Fedegán.Lafaurie explicó que los animales suelen ser introducidos después de la tala del bosque como una estrategia de ocupación del territorio, por lo que señala a la ganadería como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales conduce a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas.“Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles. Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales”, aseguró.El presidente de Fedegán también destacó que no toda la ganadería es igual y que los sistemas sostenibles y silvopastoriles permiten incrementar la cobertura de árboles, mejorar la conectividad ecológica, capturar carbono y aumentar la productividad por hectárea, reduciendo la presión sobre los bosques naturales.Asimismo, alertó que el crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la Amazonía y para los pueblos indígenas no contactados, debido al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala criminal, según informes de InSight Crime.“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación de Insight Crime.Desde hace más de 15 años, Fedegán impulsa iniciativas de ganadería sostenible. Entre ellas, un proyecto desarrollado en el Meta permitió la siembra de más de 20.000 árboles, la conservación de más de 4.200 hectáreas de bosque y la restauración de otras 662 hectáreas, demostrando que es posible producir y conservar al mismo tiempo.Actualmente, Fedegán y alrededor de 50 empresas del sector son firmantes de los acuerdos Cero Deforestación y respaldan el proyecto de ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca fortalecer la trazabilidad, garantizar la no deforestación y promover una transformación ambiental positiva del sector ganadero colombiano.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides entregó el balance de la actividad militar durante el 2025, esto en el marco de su salida por el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, donde anunciaba cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.Cubides aseguró que durante el presente año incrementó la ofensiva militar un 25% con respecto al 2024, donde las tropas del Ejército Nacional realizaron un total de 563 combates en todo el territorio nacional. También realizaron operaciones conjuntas, todas ellas conforme a lo establecido por la ley, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.En total, Cubides afirmó que ejecutaron 13.971 neutralizaciones de integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel. Dentro de estas neutralizaciones destacan: 1.806 del Clan del Golfo; 1.279 entre Estado Mayor Central (disidencias de Ivan Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de alias Calarcá); 433 del ELN y 361 de la Segunda Marquetalia (disidencias de Iván Márquez).Otros de los logros expuestos por Cubides fueron: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de estos grupos capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.
En un mensaje respondiendo a los comentarios del ex negociador de paz Humberto de la Calle en X, el mandatario aseguró que en principio se está comenzando con la recolección de firmas que durará tres meses y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”, escribió el presidente.Y agregó en otro aparte: “Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.El presidente Petro también explicó que los objetivos que busca con la constituyente, entre ellos lograr sacar adelante las reformas que se han hundido en el Congreso como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, además del impacto de la crisis climática en Colombia.“¿Que hará la constituyente? Los temas ya están en el proyecto de ley presentado:Propongo que se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
La historia de Hernán Castrillón, docente jubilado de 71 años, derivó en un caso de intolerancia que terminó en una grave agresión ocurrida el 9 de julio de 2022 en Medellín. Durante cerca de 20 años, Castrillón denunció ante distintas autoridades el ruido constante generado por sus vecinos, sin que se produjeran soluciones efectivas.De acuerdo con su testimonio en Séptimo Día de Caracol Televisión, la noche previa al ataque realizó una llamada a la Policía hacia las 11:00 p. m., sin obtener respuesta. Ante la persistencia de la fiesta, decidió tomar dos fotografías cerca de la medianoche como registro de la situación, hecho que habría generado molestia entre los vecinos.“Yo había llamado a la Policía, entonces ellos ya me consideraban un enemigo”, afirmó Castrillón. Según explicó, tras la llamada y la toma de fotografías, la familia vecina —que se encontraba en estado de embriaguez— continuó con la celebración durante toda la madrugada.Los hechos más graves ocurrieron hacia las 7:00 de la mañana del día siguiente, cuando, según la denuncia, Luis Alberto Velázquez ingresó a la vivienda del adulto mayor y lo agredió violentamente. Durante el ataque, varios familiares del presunto agresor habrían participado con insultos y amenazas.“Te vamos a matar”, gritaban en coro, de acuerdo con el relato del hombre. Sobre el estado en el que fue encontrado Hernán Castrillón tras la agresión, un familiar señaló: “Lo vio con los ojos emanando sangre y el rostro completamente ensangrentado por la golpiza que había recibido”.La agresión se concentró principalmente en el rostro del docente, causándole la pérdida total de la visión. Su hermana, Olga Lucía Castrillón, describió las condiciones en las que fue trasladado a la clínica: “Él llega demasiado aporreado, ciego por completo, con los ojos súper hinchados”.Las consecuencias del ataque han sido profundas. Antes de lo ocurrido, Hernán Castrillón era el cuidador principal de su madre, de 91 años. Actualmente, debido a su discapacidad visual y a un cuadro depresivo, depende completamente del apoyo familiar.Castrillón también relató que, tras la agresión, los presuntos responsables continuaron celebrando en el sector. “Hicieron una fiesta como a una cuadra; yo escuchaba cómo celebraban la golpiza. Estaban totalmente convencidos de que nadie los había visto ni escuchado y de que eventualmente yo perdía la vida”, afirmó.Mientras Luis Alberto Velázquez permanece bajo medida de aseguramiento de detención domiciliaria, la familia Castrillón considera que la respuesta judicial ha sido insuficiente frente al daño causado. Olga Lucía Castrillón expresó el impacto de lo ocurrido: “Es muy duro ver que una persona, de un momento a otro, quede sumida en la oscuridad”.
El Aston Villa hizo historia en Stamford Bridge, donde logró su undécima victoria seguida, la octava en la Premier, e insistió en la condición de aspirante que se ha ganado por derecho propio, con el pulso mantenido al ritmo del Arsenal y el Manchester City, los que comandan la competición.A una jornada de que acabe la primera vuelta, un golpe de mano de Unai Emery y la resistencia durante una hora le dieron el premio esperado. Mucho tuvo que ver Ollie Watkins, uno de los tres jugadores que saltaron al campo a la hora de partido y que dieron la razón al técnico español, artífice del éxito y del momento de los 'villanos'.Hay que remontarse a 1910 para encontrar una racha más larga de triunfos en liga que la actual del Aston Villa. El liderato no es una utopía para el conjunto de Birmingham, el sueño del primer título desde 1981. Una vez más fue con una remontada. Al equipo de Unai Emery nunca se le puede dar por vencido.Y eso que el Chelsea hasta la hora de juego pudo golear. Ofreció un recital en la primera mitad y parte de la segunda y eso no se plasmó en el marcador. Fue visible sobre el césped, con un gran Reece James y mientras duró el fuelle de Cole Palmer. Hasta ahí resistió el Aston VillaPorque el ritmo impuesto por el conjunto de Enzo Maresca abrumó al conjunto de Birmingham, agazapado y en modo supervivencia mientras las ocasiones locales se multiplicaban. Como la de Enzo Fernández, que remató desviado del poste derecho desde el borde del área, o la posterior de Joao Pedro que propició la intervención decisiva del meta Dibu Martínez.Fue una avalancha. Y así llegó el gol del cuadro de Londres, en un córner cerrado que botó Reece James y no tocó en nadie y pilló distraído a Dibu Martínez, más pendiente del tráfico en el área pequeña que de la pelota, que al final golpeó en Joao Pedro y entró en la red.Después el recital siguió. Cole Palmer centró con Martínez batido hacia Garnacho. Se interpuso John McGinn, que salvó el tanto y un centro chut de Reece James que desbarató Emiliano Martínez.Luego el partido dio un giro. El Chelsea había desperdiciado numerosas ocasiones y no lo pasó por alto el cuadro de Birmingham, que con una maniobra de Emery desde el banquillo dio un cambio radical al guion. Sacó toda la pólvora que tenía. A Ollie Watkins, Jadon Sancho y Amadou Onana. No tardó en surtir efecto.Primero con la amenaza de Boubacar Kamara, que se hizo con un balón suelto dentro del área y enganchó un gran disparo hacia la derecha de la meta. Robert Sánchez lo salvó, pero nada pudo hacer el meta español para evitar el empate, que llegó en el minuto 63, en una mala salida de balón de un Chelsea que ya había perdido el rumbo del partido. Caicedo entregó la pelota a Onana, que la envió a Morgan Rogers, el asistente de Ollie Watkins, que superó a Robert Sánchez en su salida.Sánchez salvó varias veces el segundo gol. En un tiro de Ian Maatsen dentro del área y después en un disparo raso envenenado de Ollie Watkins, que no falló a la siguiente y dio la victoria al Villa.Un saque de esquina botado por Yuri Tielemans y rematado de cabeza por el delantero dio el triunfo a Emery y el récord al Aston Villa.1 - Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella (Malo Gusto, m.69); Moisés Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Cole Palmer (Estevao, m.72), Alejandro Garnacho (Jamie Gittens, m.70); y Joao Pedro (Liam Delap, m.69).2 - Aston Villa: Emiliano 'Dibu' Martínez; Matty Cash, Victor Lindelof, Ezri Konsa, Ian Maatsen (Lucas Digne, m.83); Boubacar Kamara (Lamar Bogarde, m.3), Youri Tielemans; John McGinn (Amadou Onana, m.59), Emiliano Buendía (Ollie Watkins, m.59), Morgan Rogers; y Donyell Malen (Jadon Sancho, m.59).Goles: 1-0, m.37: Joao Pedro; 1-1, m.63: Ollie Watkins; 1-2, m.84: Ollie Watkins.Árbitro: Stuart Attwell. Mostró tarjeta amarilla a Matty Cash, Morgan Rogers y Boubacar Kamara, del Aston Villa; y Reece James, Trevoh Chalobah, Moisés Caicedo, Enzo Fernandez y Liam Delap, del Chelsea.
El sector minero colombiano cierra 2025 como uno de los más afectados de la economía nacional, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la caída de la inversión extranjera y una discusión pública adversa. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante una entrevista en El Radar de Blu Radio en la que analizó el balance del año y las perspectivas para 2026.Según Nariño, el año que termina “va a pasar a la historia como uno de los más retadores, si no el más difícil, para la minería y el sector extractivo”. El dirigente gremial aseguró que la conversación pública liderada desde el Gobierno se tradujo en decisiones concretas que impactaron negativamente al sector. “Esa conversación se convirtió en decretos, resoluciones, nuevos impuestos, y eso tiene efectos reales sobre la inversión y el empleo”, señaló.De acuerdo con el presidente de la ACM, la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana durante 2025, con una contracción cercana al 10% en lo corrido del año. “Detrás de esas cifras frías hay empleos, oportunidades perdidas, menos inversión y menos impuestos, justo cuando el país más los necesita”, enfatizó.2026, un año clave para el crecimiento económicoDe cara a 2026, Nariño considera que el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales para enfrentar los principales retos del país, entre ellos el equilibrio fiscal, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud. En ese contexto, afirmó que la minería puede jugar un papel clave. “Llegó el momento de apalancar el crecimiento económico y la generación de empleo con los recursos minerales que tiene Colombia, produciendo de manera responsable”, sostuvo.Minería ilegal y seguridad, una preocupación crecienteUno de los puntos más críticos abordados fue el avance de la minería ilegal, especialmente del oro. Nariño advirtió que este fenómeno está financiando a grupos armados y agravando la crisis de seguridad. “La extracción ilícita de minerales hoy está volviendo viable la guerra, porque la está financiando”, afirmó.Además, alertó sobre su impacto ambiental. “La minería ilegal es hoy el principal crimen ambiental en Colombia y está degradando ríos, parques naturales y territorios completos”, agregó.Recuperar la confianza del sector mineroSobre la recuperación del sector, Nariño reconoció que tomará tiempo, pero aseguró que existe disposición para invertir. “Se necesitan mensajes claros de que Colombia es un país abierto a la exploración y a la inversión minera”, indicó. Según el dirigente, proyectos en fases avanzadas podrían aportar hasta 13 billones de pesos en nuevas inversiones en los próximos tres años.Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, “el sector minero colombiano sigue dispuesto a trabajar por la recuperación económica y social que el país necesita”.Escuche la entrevista completa acá:
Un sismo de magnitud 6 se sintió este sábado a las 21:51 hora local (02:51 GMT del domingo) en Lima y varias ciudades del norte de Perú, con epicentro en el océano Pacífico frente a la región de Áncash, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.El epicentro del movimiento telúrico, que alcanzó regular intensidad en Lima y ciudades como Trujillo y Cajamarca, se estableció a 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).El organismo indicó que el temblor se produjo a 52 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad de V en Chimbote, una ciudad portuaria ubicada a unos 425 kilómetros al norte de Lima.Tras el movimiento telúrico, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que "fue percibido entre leve y moderado por la población" de Chimbote.Añadió que las zonas vulnerables de esa localidad, y otras cercanas, "continúan siendo monitoreadas" por las autoridades para determinar si se produjo algún daño. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el evento "no genera tsunami en el litoral peruano".En el caso de Lima, este fue el cuarto movimiento telúrico que se sitió en las últimas 24 horas, ya que a las 9:22 hora local de este sábado (14:22 GMT) también se reportó un sismo de magnitud 3,5 con epicentro a 24 kilómetros al oeste de la provincia portuaria del Callao.El IGP también señaló que a la 1:17 hora local (6:17 GMT) de este sábado se registró otro sismo de magnitud 3,5, con epicentro a 25 kilómetros al sur oeste de la ciudad de Mala, en la provincia de Cañete, al sur de la capital.Un primer temblor, de magnitud 4,8, se sintió a las 19:35 horas del viernes (00:35 GMT del sábado) en la capital peruana, con epicentro a 52 kilómetros al sur oeste de la ciudad costera de Supe Puerto, en el norte de la región de Lima.Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se presenta más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. En Colombia, el Servicio Geológico Colombiano y la Dirección General Marítima (Dimar) señalaron que el sismo no representa amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, seguir la información oficial y reportar cualquier percepción del movimiento a través de los canales habilitados.
El sorteo 2.597 de Baloto y Revancha, realizado el sábado 27 de diciembre de 2025, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.Resultados del Baloto hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: Sorteo 2597Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $13.800 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:Balotas: 05 - 17 - 18 - 32 - 41.Súper Balota: 06.Resultados del Revancha hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: Sorteo 2597En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $11.500 millones de pesos. Los números ganadores fueron:Balotas: 04 - 15 - 22 - 35 - 41.Súper Balota: 03.¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?El sorteo 2598 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 29 de diciembre.Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.
Transparencia Colombia expresó una fuerte preocupación tras el informe de la Contraloría General, que reveló que entre el 1 y el 7 de noviembre las entidades públicas comprometieron más de $9 billones en contratos y convenios interadministrativos, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.La organización aseguró que el incremento, especialmente el del 7 de noviembre —día en el que se registraron $6,1 billones, el 68 % de toda la contratación de la semana—, pone en evidencia un patrón que se repite en cada ciclo electoral y que muestra “fallas graves de planeación” en las entidades del Estado.“La Ley de Garantías es clave para evitar el uso electoral de recursos públicos. Pero cada elección vemos el mismo estallido de contratos antes de que entre en vigencia, lo que refleja un problema que aún no se resuelve”, advirtió Transparencia Colombia.El organismo de control había alertado que esa cifra representa un incremento del 190 % frente al comportamiento histórico y 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025. Para la organización anticorrupción, este comportamiento no solo afecta la eficiencia administrativa, sino que también abre la puerta a riesgos de corrupción.Transparencia Colombia mostró especial preocupación por la magnitud de la contratación del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que concentró $770.000 millones (8,5 % del total de la semana), por tratarse de una entidad estratégica para la Presidencia y altamente sensible en tiempos electorales.“Es urgente analizar a fondo el peso del DPS y revisar el abuso de los convenios interadministrativos, una figura con riesgos altos de corrupción”, señaló la organización.La Contraloría, por su parte, aseguró que el análisis se enmarca en su vigilancia previa a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 y explicó que revisa en detalle los contratos firmados en septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre para emitir alertas tempranas y prevenir riesgos.Transparencia Colombia valoró este esfuerzo y destacó que el seguimiento riguroso del control fiscal en esta etapa electoral es fundamental para proteger la integridad del proceso y la confianza ciudadana.
El Ministerio del Trabajo identificó varias situaciones que podrían constituir vulneraciones a la libertad sindical en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, en Bogotá. Los hallazgos se dieron durante una inspección realizada por la territorial Bogotá, tras una querella radicada por el Sindicato de Trabajadores Asintraf, que agrupa a enfermeros, jefes de enfermería, médicos y especialistas del centro asistencial.La diligencia se desarrolló en la sede ubicada en la carrera 8 # 17-45 sur, donde los inspectores verificaron las condiciones laborales y colectivas del personal. Durante la visita, tanto representantes del hospital como del sindicato tuvieron la oportunidad de intervenir, aportar documentos y dejar constancias, todo dentro del respeto al debido proceso. Al cierre, se levantó un acta firmada por ambas partes.Los funcionarios también revisaron información institucional sobre convivencia laboral, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como protocolos de prevención y atención en casos de violencia o acoso. Además, recolectaron material probatorio relacionado con políticas internas y actuaciones que podrían tener implicaciones laborales.Según el Ministerio, llamaron especialmente la atención hechos que podrían encuadrarse en lo establecido por el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo. Entre ellos figuran presuntos despidos asociados a la afiliación sindical, posibles casos de tercerización laboral irregular, y eventuales irrespeto a fueros sindicales y a los medios de expresión de los trabajadores.El organismo aseguró que todas estas situaciones serán analizadas a profundidad bajo criterios técnicos y jurídicos, conforme a la normativa laboral vigente y la misión institucional del Ministerio del Trabajo.
La historia de Omaira Sánchez volvió a ser recordada con profunda solemnidad a raíz del testimonio del periodista Germán Santamaría, uno de los primeros reporteros en llegar a Armero en la madrugada del 14 de noviembre de 1985. En entrevista en Blu Radio contó lo que pasó, marcado por el dolor y la impotencia de aquellos días, de manera que ayuda a comprender una pregunta que ha acompañado a Colombia durante casi cuatro décadas: ¿por qué no se pudo salvar a Omaira?Santamaría recuerda el momento exacto en el que la vio por primera vez, de pie entre aguas turbias, aferrada a la vida. “Cuando vi la niña ahí y había solamente un socorrista y un policía… no había nadie más”, contó. Su sorpresa fue inmediata y sus preguntas también: “¿Y esto qué pasó?”.La respuesta del socorrista fue tan clara como devastadora: “La niña está aquí, no se puede sacar”. Ante la insistencia del periodista, recibió la explicación que aún hoy estremece: “El techo de su casa había colapsado, la plancha, y la había atrapado de la cintura hacia abajo… estaba ahí apabullada, aprisionada con la masa de la plancha de la casa”.La escena se volvía más dramática a cada minuto. “El agua subía… tenía el agua hacia el pecho”, relató Santamaría. La losa no se veía porque estaba cubierta de lodo, y cualquier intento de moverla era inútil. El reportero recuerda que la niña, en medio de su fortaleza, decía que no estaba atrapada; tal vez porque ya no sentía las piernas.Ese día, Santamaría apenas se permitió hacerle una sola pregunta: “¿Cómo te llamas?”. “Omaira Sánchez”, respondió ella. “No quise hacerle más preguntas, porque cualquier pregunta sería una canallada”, confesó el periodista, conmovido al recordar lo que definió como el reportaje “más tristemente fácil” de su vida.Durante horas observó los intentos desesperados por rescatarla. “Pedían una motobomba para sacar el agua, pero era como intentar vaciar el mar”, dijo. Aun así, decidió regresar a Bogotá para conseguir una. “Le dije a Juan Manuel Santos (entonces subdirector de El Tiempo): ‘vaya a conseguir una motobomba’. Y la consiguió”, narró.Cuando volvió a Armero, el tiempo ya había hecho lo suyo. “Cuando vi que se estaba deteriorando, el médico me dijo: ‘Se va a morir’. Yo le respondí: ‘No quiero verla morir’, y me alejé unos metros”. La situación era irreversible. Santamaría recuerda con dureza ese instante: “Yo no soy Dios, ni soy médico. No podía decidir si amputarle las piernas. Solo dije: ‘Suéltenla’”.Omaira murió minutos después, frente a quienes nunca la dejaron sola. Tras ello, Santamaría y el fotógrafo Carlos Caicedo la cubrieron con piedras y escombros. “Lloramos los dos. Fue el periodismo más duro que he hecho en mi vida”, reveló.
El general (r) Luis Alberto Moore Perea, en diálogo con Mañanas Blu, revivió los episodios que marcaron la historia de Colombia hace 40 años: la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. En 1985, Moore Perea era un oficial de 26 años, formando parte del primer curso de pilotos de helicópteros de la Policía. Este año difícil lo encontró participando en ambas tragedias. El militar calificó los hechos, en retrospectiva, como "una locura" y actuaciones "demenciales", lamentando que la guerra solo deje "muerte, destrucción, sufrimiento".La operación aerotransportada en el Palacio de JusticiaEl 6 de noviembre de 1985, se produjo la situación en el Palacio de Justicia. Inicialmente, había pilotos civiles contratados por la Policía, pero estos se negaron a participar por su condición. Fue entonces cuando el general Víctor Alberto Delgado Mayarino ordenó el ingreso de los pilotos policiales a la azotea, transportando a un grupo de comandos especiales (COPES). El desembarco comenzó alrededor de la 1:30 o 2:00 de la tarde. El general Moore Perea estuvo en la actividad casi hasta las 7 de la noche, no solo dejando comandos, sino también evacuando personal herido que había quedado afectado por balas, esquirlas y granadas.El ambiente era de gran tensión y temor. El general, quien en ese momento no usaba chalecos blindados ni su helicóptero tenía protección especial, relató que solo recuerda claramente el grito de "fuego, fuego, fuego". Además, reveló que, en ese momento, desconocía el dramático audio en el que el presidente de la Corte Suprema, Reyes Echandía, solicitaba un cese al fuego, suceso del cual se enteró "posterior a lo que se hizo".Respecto a la verdad de los hechos, Moore Perea considera que 40 años después, aún no se conoce la realidad exacta de lo sucedido ni el destino de tantas vidas que se perdieron. Aunque reconoce la existencia de muchos testimonios y diferentes intereses, asegura que, por parte de quienes actuaron en lo aéreo, no hubo "ningún pacto de silencio".Del Palacio al lodo de ArmeroApenas un día después de los sucesos del Palacio, el 7 de noviembre, el general Moore Perea y un grupo de helicópteros partieron hacia el Caquetá para una operación contra las Farc. El 14 de noviembre se enteró de la tragedia de Armero. Se le ordenó desplazarse desde el Caquetá al Tolima, y fue un momento de reconocimiento profesional ya que le dieron autonomía para pilotar un Bell 212, un helicóptero de mucha mayor capacidad, lo cual fue "muy gratificante".La tragedia de Armero, donde trabajó cerca de dos semanas a partir del 15 de noviembre en labores humanitarias, fue "tal vez lo más impactante" que ha vivido. Al llegar, la "ciudad blanca", conocida por su pujanza y producción de algodón, estaba cubierta totalmente por lodo. La imagen era desoladora: solo lodo, cuerpos de gente y animales muertos, y nubes con azufre. En el rescate, coordinado con la Fuerza Aérea, su equipo trabajaba para sacar a las personas que pedían auxilio del lodo, a veces aterrizando únicamente en los patines del helicóptero. En medio del caos, recordó el caso de una mujer que se negaba a subir al helicóptero sin una toalla o sábana para cubrirse, debido al pudor tras haber quedado sin ropa por la avalancha.Carga emocional y la sanación personalLa carga emocional de ese noviembre fue "muy fuerte". Tras 14 o 15 días en Armero, al llegar a casa, su esposa (embarazada de seis meses) no le permitió entrar de inmediato, preocupada porque no se había vacunado contra la gangrena gaseosa, un riesgo latente por el gran número de cuerpos en Armero. El general, aunque al principio sintió un "golpe durísimo", entendió que su esposa estaba protegiendo la vida de su hija.El proceso de sanación del trauma no incluyó, según el general, asesoría psicológica, pues en esa época la recurrencia de acciones y muertes lo hizo percibirse como una situación "casi normal". Sin embargo, la mayor satisfacción y liberación emocional viene de ver a sus hijos crecer y del agradecimiento de personas que le recuerdan que él salvó sus vidas o las de sus familiares. Escuche aquí la entrevista:
La audiencia de conciliación programada para hoy 14 de noviembre entre la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y Juliana Guerrero no pudo realizarse. Guerrero, quien es la denunciante en este proceso por presunta calumnia, no asistió a la diligencia citada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.Según señaló Pedraza a la salida del alto tribunal, Guerrero había solicitado el aplazamiento de la audiencia, petición que fue negada por el magistrado encargado. “Ella pidió un aplazamiento que fue negado por la Corte Suprema. Estamos a la espera de la decisión que va a tomar la Corte”, informó la congresista.Pedraza recordó además que, paralelamente, existe una denuncia penal en curso contra Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad en documento público, que incluye también a las personas que firmaron el cuestionado título académico de la exasesora. “Pedimos que la investigación también se enfoque en el papel de la Fundación Universitaria San José en el marco de estas denuncias”, añadió.Juliana Guerrero denunció a la representante tras las revelaciones públicas sobre presuntas irregularidades en sus títulos profesionales, lo que desencadenó una controversia nacional sobre la existencia de posibles redes de “títulos express”.La congresista sostuvo que la ausencia de Guerrero podría estar relacionada con la nueva información que ha salido a la luz en las últimas semanas. “Entiendo yo que esto puede deberse a que cuando ella me denuncia no se sabía todo lo que hoy se conoce. Entiendo que a eso se puede deber su inasistencia”, afirmó Pedraza.Finalmente, Pedraza realizó un llamado directo a Guerrero para que contribuya a esclarecer si detrás de los cuestionados títulos hay estructuras más amplias. “La invito a que hable y diga si en todo este tema de los ‘títulos express’ hay poderes más grandes involucrados”, concluyó.La Corte Suprema deberá ahora definir los pasos a seguir tras la inasistencia de la denunciante, que impidió la realización de la conciliación obligatoria en este tipo de procesos.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
El presidente Gustavo Petro anunció una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares en un movimiento que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando militar.En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que desempeñaba el general López.En el Ejército Nacional, el presidente anunció el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, con este cambio salen el general Luis Emilio Cardozo y el general Erick Rodríguez.Para la Armada Nacional se mantiene como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sale de la cúpula el general Luis Carlos Córdoba.En su mensaje, Petro dedicó un apartado especial para agradecer la labor de los comandantes salientes. “Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, del general Luis Carlos Córdoba Avendaño y del general Luis Emilio Cardozo Santamaría”, expresó, al resaltar que estuvieron al frente de “grandes operaciones de las Fuerzas Militares” durante su periodo de mando.Entre los logros destacados, el mandatario subrayó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según explicó, allí “se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar”, un resultado que, dijo, permitió avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades de la presión del narcotráfico.El balance presentado por el presidente también incluyó cifras históricas en la lucha contra las drogas. De acuerdo con lo expuesto, bajo el liderazgo de la cúpula saliente, en 2025 se alcanzó un récord en incautación de cocaína. “Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”, afirmó Petro.En materia operativa, el jefe de Estado indicó que la ofensiva de las Fuerzas Militares se incrementó en un 27 % frente al año anterior y que se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles del narcotráfico. Asimismo, destacó que en el último año se incautó la mayor cantidad de armamento de la última década, fortaleciendo la capacidad de control territorial.El mandatario también resaltó el crecimiento del pie de fuerza, con un incremento del 6 % en los efectivos de la fuerza pública, en contraste con reducciones registradas en gobiernos anteriores. A esto se sumó la creación de nuevas capacidades operacionales, entre ellas ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un batallón antidrones, un batallón de ingenieros de ferrocarriles, un comando unificado de los Gaula y dos nuevas unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión.
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia podrían pagar mucho menos por la reconexión de telefonía, internet y televisión por suscripción, gracias al avance en la reglamentación de la Ley 2485 de 2025, una iniciativa impulsada por el senador Julio Alberto Elías.La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una ley regulatoria que establece topes máximos de 275 pesos para la reconexión de servicios móviles y de 1.981 pesos para servicios fijos, valores calculados con base en costos eficientes y muy por debajo de los cobros promedio actuales, que pueden llegar a 10.000 y 40.000 pesos.De acuerdo con el análisis técnico, económico y jurídico de la CRC, más del 90 % de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota, sin necesidad de desplazamientos físicos. El estudio concluyó que muchos de los cobros aplicados hasta ahora no estaban plenamente justificados en costos reales.La propuesta define con claridad qué actividades pueden incluirse en la tarifa de reconexión y excluye aquellas que no son indispensables para restablecer el servicio, evitando así que los usuarios asuman costos ajenos al proceso.El senador Julio Elías Vidal, autor y ponente de la Ley 2485, celebró el anuncio y aseguró que esta regulación protege a los usuarios frente a cobros desproporcionados.“La reconexión justa es ahora un derecho protegido por ley. Estos valores se aplicarán a partir del 16 de julio de 2026. La socialización del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026 para recibir observaciones de la ciudadanía y los operadores. Esta regulación garantiza que no se cobren tarifas desproporcionadas por un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en minutos”, afirmó a través de su cuenta de X.El senador destacó que los nuevos valores reflejan la realidad de un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en cuestión de minutos, por lo que los cobros son realmente excesivos.La consulta pública del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026, y los topes tarifarios entrarían en vigencia a partir del 16 de julio de 2026.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, recibió el respaldo del Pacto Histórico, que la calificó como una respuesta necesaria ante una crisis que ya no podía atenderse por los mecanismos ordinarios del Estado. Además, la coalición aseguró que la emergencia cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.De acuerdo con el pronunciamiento del partido, la medida responde a una crisis fiscal estructural que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso. “Pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, señaló la coalición en su comunicado.El Pacto Histórico advirtió que la falta de tomar acciones habría puesto en riesgo inmediato la prestación de servicios públicos básicos y esenciales, así como la garantía de derechos fundamentales. Según el comunicado, sectores como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a víctimas y la seguridad ciudadana habrían enfrentado consecuencias irreparables y riesgos reales.Además, añadió que la medida es temporal y proporcional, no suspende derechos fundamentales y está sujeta al control de la Corte Constitucional, a la que pidió avalar la declaratoria, evaluando su procedencia y necesidad, teniendo en cuenta la rigidez normativa y la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para enfrentar la crisis.Por el momento, la Corte Constitucional evaluará la declaratoria de emergencia económica y social hasta el 13 de enero, fecha en la que finaliza la vacancia judicial.
El caso de Zulma Guzmán Castro sigue dando de qué hablar y mantiene en alerta a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las implicaciones judiciales que podría enfrentar la empresaria de 54 años. Para muchos, la preocupación gira alrededor de lo que ocurrirá con el futuro legal de quien es señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, un ataque que además dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados.La investigación, que hoy tiene en vilo a dos familias, activó una compleja ruta internacional para lograr su extradición desde el Reino Unido. De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, en caso de ser hallada culpable, Guzmán Castro podría enfrentar una de las condenas más altas contempladas en la legislación colombiana, lo que marcaría un precedente por la naturaleza del crimen y el uso de una sustancia altamente tóxica.¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Zulma Guzmán?Según documentos oficiales citados por la Fiscalía General de la Nación, la pena que podría enfrentar la empresaria, en caso de ser declarada culpable, oscilaría entre los 40 y 50 años de prisión. Las acusaciones son contundentes: homicidio agravado por la muerte de una menor de 14 años, tentativa de homicidio contra otras dos personas y el uso de talio, un elemento considerado altamente peligroso.En la práctica, una condena de ese calibre equivaldría a una cadena perpetua, teniendo en cuenta la edad de la procesada. La Fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y que se habría ejecutado mediante el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales fueron entregadas al apartamento de la familia Bedout, ubicado al norte de Bogotá, el pasado 4 de abril de 2025.Este elemento ha sido clave dentro del proceso, pues refuerza la tesis de una acción planeada y no de un hecho accidental, como inicialmente se intentó plantear en algunas versiones.Extradición desde Reino Unido y avances del proceso judicialLa captura de Guzmán Castro se produjo luego de una orden emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería. El pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas y, actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un hospital del sur de Londres, con vigilancia especial.Las autoridades confirmaron que fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A esto se suma que Interpol emitió alertas sobre sus movimientos previos en distintas ciudades del Reino Unido, lo que incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.El expediente sigue sumando capítulos. La investigación también revisa la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrida en 2021 y atribuida inicialmente a un cáncer. Las autoridades no descartan que ese fallecimiento esté relacionado con un posible envenenamiento con talio.El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, confirmó que existen comunicaciones avanzadas con Londres para concretar la extradición antes de finalizar el año. Mientras tanto, el caso continúa creciendo en complejidad y mantiene a la ciudadanía atenta a lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más largos y severos del país.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.
A través de un plan candado coordinado entre el Ejército y la Policía, lograron recuperar 22 toneladas de café seco que horas antes habían hurtado varios delincuentes a la altura del puente conocido como Paso del Colegio, en la vía principal que comunica a Neiva con el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.De acuerdo con la información de las autoridades, los asaltantes interceptaron el vehículo en el que se transportaba el café, amenazaron al conductor y luego huyeron con la carga hacia un paraje rural del municipio de Gigante, donde inicialmente hallaron el automotor sin la mercancía y, posteriormente, en una bodega encontraron los 506 bultos de café pergamino seco.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía del Huila, confirmó que los presuntos asaltantes fueron capturados custodiando las 22 toneladas de café al interior de una bodega. “En un trabajo coordinado con el Ejército logramos recuperar 22 toneladas de café que habían sido hurtadas por delincuentes en la vía La Plata–Neiva. Una vez fuimos alertados, implementamos el plan candado y, gracias al uso de la tecnología GPS, ubicamos el camión y luego, a siete kilómetros, en una bodega, encontramos el cargamento de café robado. En el operativo se capturaron dos personas”, señaló el oficial.Entre tanto, el café recuperado, que había salido del municipio de La Plata y está avaluado en más de 800 millones de pesos, será entregado a su propietario, mientras que los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de receptación.
Los alcaldes de las ciudades puertorriqueñas de Arecibo, Carlos Ramírez, y de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, junto al de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, acordaron este viernes presentar una iniciativa ante la Unesco para que la música salsa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.Así lo informaron los mandatarios tras reunirse en Cali, ciudad en la que el miércoles pasado comenzó la Feria de Cali, que abrió la tradicional festividad de fin de año con la presentación de más de 2.200 artistas en el Salsódromo.El ritmo latino de trompetas, pianos, percusión, congas, timbales y maracas ha hecho que Cali sea considerada la 'Capital Mundial de la Salsa', por lo que ahora busca que este género sea reconocido oficialmente por la Unesco."La salsa es mucho más que un género musical: es un marcador esencial de identidad, un legado compartido que ha acompañado la vida cotidiana, las celebraciones y las expresiones culturales de nuestras comunidades", afirmó hoy el alcalde de Arecibo.En ese contexto, los alcaldes también oficializaron que en 2026 se realizará en Cali la 'Ruta Americana de la Salsa' para integrar expresiones representativas de la identidad afrocaribeña y latinoamericana."Esta apuesta cultural no solo busca fortalecer nuestra identidad, sino dinamizar el turismo y generar oportunidades reales de empleo y desarrollo para todos los caleños", indicó el alcalde Eder.La primera Cumbre de Ciudades de la Ruta Americana de la Salsa será en septiembre del 2026, justo en el marco del Festival Mundial de Salsa, y se esperarán delegaciones de 20 ciudades del continente.La Ruta Americana de la Salsa impulsa la circulación de artistas, bailadores, investigadores y emprendedores culturales, al tiempo que fortalece la economía cultural de Cali, con una red que conecta ciudades de Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica y Colombia."Es un honor contar con el respaldo de dos ciudades emblemáticas de Puerto Rico en esta iniciativa, reafirmando que Cali es el epicentro de este género en la región", añadió Eder.Trabajo mancomunadoEn el marco de la alianza, se acordó realizar la postulación ante la Unesco y, de manera conjunta, elevarán su solicitud para que tenga resonancia internacional."Con esta transformación social y económica que tiene Cali, desde Ponce nos vamos a unir. Esta es una oportunidad única de crear esta alianza tan maravillosa que nos une como pueblo a nivel mundial", argumentó Sifre, alcaldesa de Ponce.En el marco de esta articulación continental, se enfatizó la colaboración coordinada con ciudades clave de Estados Unidos como Nueva York, Miami y Los Ángeles; del Caribe, entre ellas La Habana, Santiago de Cuba, San Juan, Ponce, Arecibo y Santiago de los Caballeros.También se sumarán, en América Latina, Ciudad de México, Veracruz, Panamá, Caracas, Lima, Callao, Guayaquil y Santiago de Chile, además de ciudades colombianas como Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín."Desde Arecibo nos unimos a Cali. Gracias por esa oportunidad que nos dan de trabajar en conjunto para elevar la salsa a nuevos niveles", manifestó el alcalde Ramírez.Lo anterior se suma a la firma de un acuerdo enfocado en la protección del ecosistema de la salsa, realizado en noviembre pasado en Arecibo durante el Festival Mundial de Culturas, en el que Cali fue reconocida como ciudad homenajeada."Cali tiene la mirada en el mundo y el mundo tiene la mirada puesta en Cali. Seguiremos sumando esfuerzos para demostrar que somos una capital reconciliada, salsera, pujante y rumbera", concluyó Eder.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento estatal a Colfuturo abrió un nuevo debate sobre las prioridades del gasto público en educación superior y formación de talento en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Isabel Londoño, fundadora de la entidad, aseguró que no fue informada previamente y conoció la medida a través de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la red social X.“Nadie me llamó, ni tampoco de Colfuturo. Yo solamente vi el comunicado que salió en la red social X y me enteré de lo que estaba pasando”, afirmó Londoño, quien subrayó que la discusión debe darse en un escenario de diálogo institucional. A su juicio, el país necesita sentarse a revisar cómo se distribuyen los recursos en educación. “Tenemos que redefinir cuáles son las prioridades del gasto público en educación (…) porque competimos por una canasta de recursos que es limitada”, señaló.Prioridades del Estado y cambio de contextoLa fundadora de Colfuturo explicó que el contexto nacional es muy distinto al de 1990, cuando se creó la entidad, en un ambiente de articulación entre el sector público y privado tras la Constitución de 1991. “Ese pensamiento que existía en 1990 es muy diferente al pensamiento que existe hoy. Las prioridades del gobierno han cambiado y la sociedad también ha cambiado”, sostuvo.No obstante, insistió en que cualquier conversación debe darse con respeto. “Esa conversación no puede empezar con agresiones ni con palabras ofensivas (…) tiene que ser una conversación de gente que quiere al país”, enfatizó.Impacto en empresas, Estado y jóvenesSobre los posibles efectos de la reducción de recursos, Londoño advirtió que los principales afectados serían las empresas y el propio Estado. “Las primeras perjudicadas van a ser las empresas y el gobierno colombiano porque necesitamos talento para desarrollar proyectos de infraestructura, tecnología, salud y educación”, afirmó.También destacó el papel de Colfuturo como incentivo para los jóvenes. “Colfuturo se volvió como una zanahoria al final del camino que permitía que la gente joven se esforzara y soñara con estudiar afuera”, dijo, recordando que la fundación fue creada originalmente para otorgar entre 300 y 500 apoyos anuales.Debate sobre equidad y becas en el exteriorFrente a las críticas por la composición socioeconómica de los beneficiarios, Londoño fue enfática en que los programas de posgrado en el exterior no están diseñados para redistribuir ingresos. “Pensar que con becas de posgrado en el exterior se puede hacer redistribución del ingreso es una demagogia”, aseguró, al explicar las barreras previas de acceso a la educación superior.Finalmente, expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para reemplazar el programa en el corto plazo. “Administrar un proceso de selección para un posgrado en el exterior es extremadamente complejo (…) es prácticamente imposible hacerlo en ocho meses”, concluyó.Escuche acá la entrevista completa: