La justicia envió a prisión a John Jairo Leguia González, pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, señalado de haber abusado sexualmente de varias mujeres que asistían a su iglesia, aprovechándose de su rol como guía espiritual y de la confianza que las víctimas depositaban en él.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hoy procesado habría utilizado la posición de reconocimiento y liderazgo que ostentaba dentro de la congregación para engañar y manipular a las feligresas, a quienes citaba de manera individual con el pretexto de realizar supuestos rituales de sanación o “liberación espiritual”.Durante estas reuniones, según el material probatorio recaudado por el ente acusador, el pastor les proponía realizar rituales en los que debían desnudarse, bajo el argumento de aplicarles un “aceite ungido” como parte del proceso espiritual. En ese contexto de fe, confianza e indefensión, las mujeres eran presuntamente presionadas y coaccionadas para permitir tocamientos y actos de carácter sexual, haciéndoles creer que hacían parte del rito religioso.La investigación da cuenta de que al menos cuatro mujeres, todas mayores de edad, habrían sido víctimas de estos hechos. Para la Fiscalía, las agresiones ocurrieron en un entorno especialmente sensible, en el que el procesado se valía de su investidura religiosa para someter a las víctimas.Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que se trató de un “aberrante abuso sexual”, cometido por quien fungía como líder espiritual de la iglesia. Según explicó, Leguia González citaba a las feligresas con el pretexto de realizar oraciones y rituales, mientras les aplicaba aceite de oliva en todo el cuerpo, incluidas partes íntimas.Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés imputó al pastor los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, una juez penal de control de garantías consideró que existían los requisitos legales para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión con la que continuará vinculado al proceso mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes.
El aumento del salario mínimo para 2026 tendría un impacto directo y significativo en el mercado inmobiliario colombiano, especialmente en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Así lo advirtió Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), durante una entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.De acuerdo con Ramírez, el encarecimiento de los costos laborales y de construcción llevaría a que una vivienda de interés prioritario registre incrementos cercanos a los 30 millones de pesos, mientras que una vivienda de interés social podría aumentar alrededor de 50 millones de pesos frente a los valores actuales. Esto, señaló, dificultará aún más el acceso a vivienda para los hogares que planean adquirir casa propia en 2026.El dirigente gremial explicó que, aunque el Gobierno ha insistido en que los topes de precio establecidos para VIS y VIP no obligan a los constructores a vender al máximo permitido, en la práctica los mayores costos asociados al salario mínimo, la inflación y una eventual subida de tasas de interés presionan al alza los precios finales. En ese contexto, Fedelonjas considera complejo que las empresas asuman esos incrementos sin afectar su rentabilidad o reducir la oferta de vivienda social.Ramírez también alertó sobre el impacto en el costo de vida de quienes ya son propietarios. Según indicó, las cuotas de administración en conjuntos residenciales podrían incrementarse de manera importante, debido a que rubros como vigilancia y aseo, que representan entre el 60 % y el 70 % de los presupuestos de las copropiedades, están directamente ligados al salario mínimo. Esto obligaría a las administraciones a subir cuotas o, en algunos casos, a reducir servicios.En cuanto a los trámites inmobiliarios, el presidente de Fedelonjas señaló que escrituras y otros costos asociados también podrían aumentar a partir de enero de 2026, dependiendo de las condiciones pactadas en cada contrato. Mientras los acuerdos a precio fijo se respetarían, aquellos indexados al salario mínimo sí reflejarían los nuevos incrementos.Finalmente, Ramírez afirmó que el mayor impacto se sentirá en los nuevos proyectos y lanzamientos a partir de este año, y cuestionó la falta de concertación técnica en un aumento del salario mínimo que, a su juicio, genera incertidumbre y presiones adicionales sobre sectores como el inmobiliario y las pequeñas y medianas empresas.
El mercado de motocicletas en Colombia cerró el 2025 con un balance ampliamente positivo. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante diciembre se registraron 112.310 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 30,86% frente al mismo mes de 2024.En el acumulado entre enero y diciembre de 2025, el sector alcanzó un crecimiento del 34,94%, superando el millón cien mil unidades matriculadas en todo el año. El informe destaca que este comportamiento reafirma el papel de la motocicleta como un medio de transporte esencial, especialmente en zonas donde facilita el acceso al trabajo, la educación y servicios básicos.Por marcas, Bajaj, AKT y Suzuki lideraron el ranking de registros en diciembre, con Bajaj a la cabeza al alcanzar una participación del 16,43%. En cuanto a segmentos, la mayor demanda se concentró en motocicletas de 101 a 125 centímetros cúbicos, que representaron el 46,02% del total del mercado.A nivel territorial, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 45,76% de los registros del país. En el ámbito municipal, Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) fueron las localidades con mayor número de motocicletas nuevas matriculadas durante el mes.El informe concluye que la motocicleta continúa siendo un vehículo clave para la movilidad y la generación de ingresos en los hogares colombianos, particularmente en los de menores recursos.
La reciente discusión sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el servicio doméstico abrió un nuevo frente de debate político y social. En Mañanas Blu, Jenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Colombia, cuestionó duramente el papel que ha desempeñado la vicepresidenta Francia Márquez frente a las problemáticas del gremio, pese a que en el pasado aseguró haber sido trabajadora doméstica y representar a este sector desde el Gobierno.Para Hurtado, el incremento del salario mínimo, aunque positivo en el papel, está generando efectos adversos en el empleo del sector. Sin embargo, el momento más crítico de la entrevista se dio cuando se le preguntó por el respaldo real de la Vicepresidencia a las trabajadoras del hogar.“Nunca nos llamó, nunca nos escuchó”La líder sindical aseguró que, pese a la visibilidad política de Francia Márquez, no ha existido un acercamiento real con las organizaciones del servicio doméstico. “Ella jamás nos llamó para preguntarnos nada. Cuando pedí una cita, tenía la agenda llena por dos años y nunca nos atendió”, afirmó Hurtado.Según su testimonio, ni ella ni otras representantes del gremio lograron ser recibidas por el equipo de la Vicepresidencia. “Sus asistentes no nos dejaron pasar. Intentamos por varios medios y nunca fue posible”, señaló, al tiempo que puso en duda el relato de representación que, según dijo, se ha usado en escenarios políticos.Hurtado fue más allá y cuestionó el discurso de identificación de Márquez con el servicio doméstico. “Espero que las compañeras no vuelvan a caer en la trampa de creer que porque dijo que fue empleada doméstica nos representa. Si de verdad lo fuera, se habría interesado más por este gremio”, expresó.En uno de los momentos más duros de la entrevista, la líder sindical afirmó: “Para mí eso es puro cuento. Nunca la vi interesada en las trabajadoras del hogar y ahora, como vienen elecciones, vuelve a hablar del tema”.Sin voz en las decisiones claveLa presidenta del sindicato también denunció que las trabajadoras domésticas no participan en las mesas donde se negocia el salario mínimo, pese a ser uno de los sectores más impactados. “Nunca nos preguntan qué pensamos. Nos dicen que nos representan centrales obreras a las que muchas ni siquiera estamos afiliadas”, explicó.Adicionalmente, Hurtado advirtió que el discurso oficial sobre “trabajo digno” no se refleja en la realidad del sector. “Eso no se está aplicando con las trabajadoras del hogar. Van a quedar muchas desempleadas y no vemos una salida”, concluyó.Las declaraciones reavivan el debate sobre el papel de la Vicepresidencia y la representación efectiva de uno de los gremios más invisibilizados del país, en un momento clave para el futuro laboral de miles de trabajadoras domésticas en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Minutos después de recibir el Año Nuevo, una niña de solo tres años resultó herida en su hombro izquierdo por una bala perdida en Santo Tomás, Atlántico.El hecho se presentó en la calle 6 con carrera 9, barrio La Granada, en este municipio ubicado en el oriente del departamento, según confirmaron vecinos del sector.La Policía del Atlántico informó que la niña se encontraba dentro de su vivienda, pero minutos después de la llegada de 2026 salió con uno de sus familiares para observar los fuegos artificiales que se veían en diferentes puntos del municipio.Fue en ese momento cuando la menor fue impactada por el proyectil. Consternados por la situación, sus padres la trasladaron al Hospital Municipal de Santo Tomás, donde recibe atención médica.“De acuerdo con el reporte inicial, la menor se encuentra estable, a la espera de la realización de estudios médicos para determinar el tratamiento a seguir”, comunicó la Policía.Frente a estos hechos, el Departamento de Policía del Atlántico adelanta las actividades investigativas correspondientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y establecer posibles responsabilidades.La institución hizo un llamado a la ciudadanía para no hacer uso irresponsable de armas de fuego, especialmente durante celebraciones, e invitó a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.
Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de este 1 de enero en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.Todos los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres.A este respecto, la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que "es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación" de las víctimas mortales, pero aseguró que se ha puesto en marcha un dispositivo muy importante de especialistas en medicina legal que están haciendo todo lo posible para acelerar este trabajo.Los esfuerzos están puestos en "dar una respuesta a las familias lo más rápido posible", recalcó.La procuradora indicó que la pista principal de la tragedia consiste en "un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial del fuego todavía no se ha podido determinar de manera oficial.Frente a las insistentes preguntas sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, la procuradora sostuvo que no podía pronunciarse sobre elementos como el tamaño de la escalera de acceso al bar, que se situaba en un subsuelo.Otro elemento que añade dolor en Suiza ante esta tragedia es la edad probable de las víctimas, las que podrían ser muy jóvenes.Sobre las informaciones que a lo largo del día indicaban que se trataba de un centro nocturno con una clientela entre quince y veinte años, el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, dijo que no se podía todavía hablar con ese nivel de precisión.No obstante, admitió que los asistentes que estaban celebrando correspondían probablemente a ese tramo de edad.
Uno de los asuntos más polémicos establecidos por parte del Gobierno nacional en el decreto de emergencia económica está relacionado con el aumento de impuestos a los licores, bebidas cuyas ventas representan ingresos vitales para la salud y la educación en los departamentos del país.El incremento del 5% al 19% del IVA en este tipo de productos motivó en las últimas horas el rechazo por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia, desde donde manifestaron su preocupación por la carga tributaria de hasta un 90% que se avecina para la industria y pondría en serias dificultades la operación.En el caso de la empresa antioqueña, una botella de aguardiente de 750 ml que pagaba por impuestos un valor de 17.500 pesos ahora tendrá que pagar un valor total de 33.000 pesos, un incremento cercano al 50% en el precio para el consumidor, mientras que en el del ron sería del 48%.Esteban Ramos, gerente de la FLA, destacó que esta realidad no solo pone en riesgo las finanzas de las diferentes regiones del país, sino que además podría incentivar otros fenómenos como la producción y consumo de licor adulterado y de contrabando."Esto disparará el consumo y producción de licor adulterado en Colombia, y por supuesto, el contrabando. De manera que el llamado es para que rápidamente todos los problemas de control, incluido, por supuesto, la Corte Constitucional, declare medidas cautelares para poder, de alguna forma, controvertir este decretazo que el gobierno nacional ha hecho", expresó Ramos.El directivo también criticó que recursos recaudados en el contexto de la emergencia económica se usen en rubros que contempla el Presupuesto General de la Nación.El Ministerio de Hacienda ha proyectado un recaudo adicional superior a los 6 billones de pesos en 2026 con todas las medidas adoptadas y en el caso de las bebidas alcohólicas la cerveza, por su consumo generalizado, sería el único producto exento de nuevos gravámenes.
El departamento de Antioquia se rajó en el tema de la pólvora durante el 2025 y muestra de ello es que, según las cifras oficiales entregadas por la Gobernación, entre las 8:00 de la mañana del 31 de diciembre y las 8:00 de la mañana del 1 de enero, se reportaron 26 personas lesionadas con elementos pirotécnicos, para un total de 173 quemados en la región. El más reciente reporte muestra que 14 de los 26 heridos de las últimas horas son de municipios del Valle de Aburrá.Los datos dejan ver que en la celebración del Año Nuevo hubo siete lesionados en Medellín, de los cuales seis son menores de edad con quemaduras, fracturas de huesos y hasta la amputación de varios dedos de la mano en un joven de 17 años que estaba manipulando voladores. Además, en La Estrella (2) y Bello (2) también tuvieron menores quemados, como un bebé de un año con heridas en su cara.La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, lamentó que el departamento haya tenido un incremento en los quemados con pólvora que llega casi al 30 %, a la vez que encendió las alarmas por la situación de los menores de edad."Pero lo más lamentable es que fueron nueve menores de catorce años de edad lesionados por pólvora, la mayoría en condición de observadores, y es inadmisible que un niño de un año, solo un año, haya resultado afectado", indicó Ramírez.Por su parte, hay que mencionar que con los datos entregados por la Gobernación de Antioquia se deja ver que Medellín tuvo 70 casos de quemados y que sumados a los demás municipios del Área Metropolitana, hicieron que el Valle de Aburrá superará los 100 lesionados con pólvora durante la época decembrina de 2025.Finalmente, hay que mencionar que de los 173 quemados que hay en el departamento de Antioquia, es decir, 33 casos más que el año inmediatamente anterior, 57 de los afectados son menores de edad y 17 necesitaron de amputación de alguna parte de su cuerpo.
Las autoridades dispusieron una serie de medidas para garantizar la seguridad y la movilidad durante la tradicional verbena popular que se realiza en el barrio Ulpiano Lloreda, en el oriente de Cali, celebración que reúne a miles de personas cada 1 de enero.En el sector hay presencia de agentes de tránsito, con un plan especial de movilidad que se implementó durante varias cuadras de la zona para evitar congestiones vehiculares.“Por parte de los agentes de tránsito tenemos un cubrimiento de este servicio que va desde la carrera 25 hasta la diagonal 15 sobre la calle 70, y sobre la avenida Ciudad de Cali entre las calles 73 y 75. Contamos con un pie de fuerza importante y, en horas de la tarde y la noche, realizaremos operativos de alcoholemia”, explicó Jorge Vergara, de la gestión operativa de la Secretaría de Movilidad.Adicionalmente, se adoptaron otras medidas para reforzar la seguridad durante el evento, con uniformados de la Policía y funcionarios de la Secretaría de Seguridad, quienes adelantan controles y requisas a los asistentes.“Tenemos un dispositivo de 750 policías que estarán cubriendo la seguridad del evento, el cual tradicionalmente tiene una alta asistencia de personas, tanto residentes como visitantes. El año pasado participaron cerca de 7.000 personas y, por ello, desde el Puesto de Mando Unificado se definió el cierre de algunas vías. En total serán siete cierres y ocho filtros de ingreso, para que la actividad se desarrolle en absoluta tranquilidad”, expresó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad y a la autorregulación, especialmente en el consumo de licor, teniendo en cuenta que más de 2.500 personas asisten de manera habitual a esta celebración, que se extiende hasta altas horas de la noche.
El más reciente informe entregado por las autoridades de salud, entre la noche de 31 de diciembre y durante la celebración de Año Nuevo se reportaron 13 personas quemadas con pólvora en varios municipios del Huila, en su mayoría adultos, donde también resultó afectado un menor de edad.El secretario de salud departamental, el médico César Germán Roa, confirmó que entre el primero de diciembre y en lo que va de la temporada de fiestas, la cifra es de 41 personas lesionadas por la manipulación de elementos pirotécnicos, entre los afectados hay siete menores de edad.“Entre la noche del 31 y el 1 de enero de Año Nuevo se presentaron 13 casos en el Huila, un caso en Algeciras, El Agrado, La Plata, dos casos en Aipe, dos en Pitalito y seis quemados en Neiva, de los seis lesionados en Neiva, uno de ellos es un menor de 13 años de edad. En total se consolidan 41 personas afectadas por pólvora de las cales siete son menores de edad en lo que va de la temporada de fiestas”, anotó el médico Roa Trujillo.Le puede interesar: Aumenta a 1.419 los quemados por pólvora en Colombia; más de 400 casos son menores de edadAgregó el funcionario de la Gobernación del Huila que la mayoría de las personas lesionadas por el uso irresponsable de pólvora, al parecer, se encontraban bajo los efectos del alcohol, mientras que los menores afectados están bajo vigilancia del Bienestar Familiar.“Los municipios donde se han presentado eventos de lesionados por pólvora son El Agrado, Gigante, La Argentina, Algeciras, Suaza, Tarqui, Timaná, Acevedo, Aipe, Guadalupe, La Plata, Oporapa, entre tanto, Pitalito y Neiva son los municipios que más registran casos de quemados, solo Neiva tiene 17 casos” añadió el secretario de salud César Roa.A propósito, el funcionario de salud departamental hizo un fuerte llamado a los ciudadanos en el Huila a evitar la manipulación de estos elementos pirotécnicos, teniendo en cuenta que falta la celebración de Reyes Magos.
El incremento del salario mínimo en Colombia, fijado en un 23 % y defendido por el presidente Gustavo Petro como una medida para proteger el ingreso de los trabajadores, genera preocupación en el gremio del servicio doméstico. Así lo expresó Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, en Mañanas Blu, en la que advirtió que la medida podría traducirse en despidos y mayor informalidad.El salario mínimo para el 2026 quedará en $2.000.000 si se suma el subsidio de transporte. Sin embargo, desde el sector del trabajo doméstico aseguran que el impacto real va más allá del ingreso mensual.“El aumento me parece muy chévere, muy bueno, pero debería haber mecanismos que se hagan cumplir esas normas. Nadie cumple nada”, afirmó Hurtado. Según explicó, el costo real de tener una trabajadora del hogar formalmente vinculada supera ampliamente el salario base. “Los análisis que hicimos con mis compañeras muestran que el costo puede quedar más o menos en 3 millones 25 mil pesos”, señaló, al incluir seguridad social, prestaciones y demás obligaciones.La dirigente sindical advirtió que esta situación ya está generando decisiones por parte de los empleadores. “Hablé con unas diez patronas y ya dijeron que no van a tener más empleada sino una vez a la semana. Eso es terrible, porque muchas compañeras sobreviven con cuatro o cinco días de trabajo”, aseguró. En su concepto, solo quienes tengan altos ingresos podrán asumir ese costo: “Da la impresión de que en Colombia solo van a tener empleadas domésticas quienes puedan pagar más de 3 millones de pesos”.Hurtado cuestionó, además, las cifras oficiales sobre el número de personas que trabajan en este sector. Mientras el DANE habla de alrededor de 700.000, ella sostiene que la cifra real es mucho mayor. “Según lo que manejamos los sindicatos, hay casi cuatro millones de trabajadores y trabajadoras del hogar en Colombia”, dijo, y agregó que “el Gobierno no tiene una cifra clara porque nunca ha hecho un estudio serio casa por casa”.Uno de los grupos más afectados sería el de quienes trabajan por días. De acuerdo con la presidenta del sindicato, unas 350.000 personas laboran bajo esta modalidad. “La que más gana por día recibe 100.000 pesos y ahí va todo: no hay contrato, no hay prestaciones y muchas veces ni siquiera les dan alimentación”, explicó. También denunció que, tras la pandemia, muchas empleadoras exigen que el trabajo de varios días se haga en una sola jornada.Sobre la posibilidad de reclamar derechos, Hurtado fue contundente: “Si no hay contrato firmado, no hay una ley que defienda a la trabajadora. ¿A dónde va a denunciar? Ir al Ministerio de Trabajo es muy complicado; yo llevo un año acompañando un caso y no hemos logrado que nos atiendan”.La situación de las trabajadoras internas tampoco es clara, según indicó. “Hay que esperar con qué van a salir las patronas. Muchas van a decir que tres millones es mucha plata y la empleada termina aceptando lo que le den para no quedarse sin trabajo”, afirmó, al tiempo que expresó su preocupación por el posible aumento del desempleo en el sector.Finalmente, Hurtado cuestionó la falta de representación del gremio en la negociación del salario mínimo. “Nunca nos han llamado a preguntarnos qué pensamos. Nos representan centrales obreras a las que ni siquiera pertenecemos”, señaló. También criticó la falta de apoyo institucional: “El trabajo digno del que tanto habla el Gobierno no se está aplicando con las trabajadoras del hogar”.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en diálogo con Mañanas Blu, ha emitido una contundente alerta sobre las consecuencias del Decreto 1485 del 31 de diciembre, el cual modifica la fórmula para el cálculo de las pensiones en Colombia. Según Velasco, esta medida, tomada tras un aumento significativo del salario mínimo, traslada la carga financiera del Estado directamente a los hombros de los trabajadores, alejando la posibilidad de jubilación para millones de ciudadanos.El costo de pensionarse aumenta radicalmenteHasta finales del año pasado, un trabajador en el régimen de ahorro individual necesitaba acumular aproximadamente 350 millones de pesos para adquirir una renta vitalicia de un salario mínimo. Sin embargo, bajo las nuevas reglas y el efecto del incremento salarial, esa cifra se ha disparado. Velasco explica que ahora se requerirán cerca de 550 millones de pesos para el mismo fin: un incremento de 200 millones que surge de la combinación del aumento salarial y la decisión del Gobierno de no compensar los efectos de dicha subida sobre las pensiones.Este cambio implica que el "sueño de la pensión" para cerca de 20 millones de afiliados en fondos privados se ha vuelto mucho más costoso y difícil de alcanzar. Para quienes no logren este capital, el panorama se inclina hacia la devolución de saldos, a menos que cumplan con los requisitos de semanas y edad para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.Una década más de trabajo para los colombianosLa consecuencia más directa para el ciudadano de a pie es el tiempo. Velasco estima que, para cubrir ese nuevo faltante de capital, un trabajador promedio tendría que laborar al menos una década adicional. "El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década", afirmó el directivo, señalando que esta decisión no fue concertada en mesas técnicas con los sectores afectados.Riesgos en el seguro previsional y sostenibilidad fiscalEl decreto no solo afecta la jubilación por vejez, sino también los seguros de invalidez y sobrevivencia. La ley establece que el costo de estos seguros no debe superar el 3% de la cotización; sin embargo, con los nuevos cálculos, este costo podría subir al 3.2%, quedando por encima de lo legalmente permitido. Esto genera un vacío donde los trabajadores podrían quedar desprotegidos ante accidentes o fallecimientos si el Gobierno no diseña un mecanismo de compensación.Además, Velasco advierte sobre un "tiro por la culata" fiscal. Al agotarse más rápido el Fondo de Garantía de Pensión Mínima —que cuenta con unos 55 billones de pesos—, será el propio Estado quien deba asumir estos pagos en el futuro con los impuestos de todos los colombianos, lo que anularía cualquier ahorro a corto plazo que el Gobierno pretenda lograr.La polémica repatriación de capitalesFinalmente, el presidente de Asofondos criticó la idea del Gobierno de repatriar los ahorros pensionales invertidos en el exterior. Velasco argumenta que obligar a vender estas inversiones internacionales para traer los dólares a Colombia provocaría una caída en la tasa de cambio y una pérdida de rentabilidad para los ahorradores, ya que se verían obligados a "vender barato" afuera y "comprar caro" activos locales. Actualmente, cerca del 50% de los 520 billones de pesos administrados están en el exterior para garantizar la diversificación y seguridad del ahorro.Para entender esta situación, imagine que usted ha estado ahorrando durante años para comprar una casa y, de repente, el vendedor le informa que el precio subió drásticamente. Ahora, usted no solo debe ahorrar mucho más dinero del previsto, sino que se ve obligado a trabajar muchos más años de los que planeaba simplemente para mantener la misma meta que antes sentía al alcance de su mano.Escuche aquí la entrevista:
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.El jefe de Estado explicó que su objetivo es mantener el precio del tiquete para aumentar el número de pasajeros en Transmilenio, reducir la congestión y disminuir el déficit del sistema. Señaló que el diésel sigue subsidiado, pues es el principal costo operativo, y advirtió que subir el pasaje solo reduciría la demanda de usuarios y empeoraría la situación financiera del sistema.Y agregó la siguiente explicación: “El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la Nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”.Frente a este anuncio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que esos recursos podrían evitar una alza en la tarifa durante 2026, siempre y cuando se trate de un aporte adicional a los $938.000 millones ya comprometidos por la Nación en el convenio vigente y que se paguen este año.“Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el Distrito para Flota Eléctrica, Buses Eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1,5 millones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada”, indicó Galán.El alcalde agregó que, de confirmarse el aporte adicional, es decir, 562 mil millones de pesos adicionales a los del convenio ya firmado, sería “es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año, 2026”.Galán explicó que, usando el artículo 183 del Plan de Desarrollo aprobado en 2023, la Nación podría financiar hasta el 50 por ciento de la flota eléctrica en operación. Con más de 1.480 buses eléctricos, parte del costo de Bogotá podría cubrirse con el aporte adicional, dejando la decisión en manos del presidente.Asocapitales advirtió esta semana que el aumento del 23,7 % del salario mínimo podría generar un incremento de cerca de $200 por pasaje en los sistemas de transporte público urbano, afectando tanto a grandes sistemas masivos como el MIO en Cali, Transmilenio en Bogotá y el sistema de transporte público en Medellín, así como a ciudades intermedias como Cartagena. Por ello, el gremio hizo un llamado al Gobierno para establecer reglas claras de corresponsabilidad y cofinanciación, garantizando un transporte público accesible y sostenible.
El uso de pólvora durante las celebraciones de Fin de Año volvió a dejar un saldo preocupante en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, con corte a las 2:00 de la tarde, se han registrado 1.419 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos en todo el país, lo que representa un incremento del 10,4 % frente al mismo periodo del año anterior.Las cifras evidencian que el mayor número de casos se presentó durante las horas de mayor celebración. Solo entre la tarde del 31 de diciembre y la tarde del 1 de enero se reportaron 391 nuevos lesionados, lo que confirma que la noche de Año Nuevo sigue siendo uno de los momentos de mayor riesgo por la manipulación inadecuada de pólvora.Preocupación con los menores de edadUno de los datos que más alarma a las autoridades sanitarias es la afectación a niños y adolescentes. Del total de casos reportados, 428 corresponden a menores de 18 años, es decir, cerca del 30 % de los lesionados. Además, el informe señala que 52 de estos menores se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, un factor que incrementa el riesgo de accidentes graves.Por regiones, Antioquia lidera el número de casos con 182 lesionados, seguida por Nariño (131), Bogotá (104), Norte de Santander (84) y Cauca (81). En el listado también figuran Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Atlántico y Santander, entre otros departamentos. En cuanto a ciudades, Medellín encabeza el registro con 72 casos, seguida de Pasto, Cúcuta y Neiva, lo que refleja una dispersión del problema en todo el territorio nacional.El INS indicó que los totes continúan siendo el artefacto más peligroso, al estar involucrados en el 30,7 % de las lesiones, seguidos por otros elementos pirotécnicos no especificados y los voladores. Estas cifras reafirman las advertencias de las autoridades sobre el alto riesgo que implica el uso de pólvora, especialmente cuando no se cuenta con medidas de seguridad ni supervisión adecuada.Pese a la gravedad del panorama, el reporte preliminar señala que no se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica en este periodo. Sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a la prevención, especialmente para proteger a los menores de edad, y recordaron que también se han notificado siete casos de intoxicación por fósforo blanco, lo que refuerza la necesidad de evitar la manipulación de estos elementos durante las celebraciones.
Colombia comenzó oficialmente este 1 de enero de 2026 su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2026-2027, tras haber sido elegida por la Asamblea General el pasado 3 de junio de 2025 con 180 votos.Durante los próximos dos años, Colombia tendrá voz y voto en el órgano más poderoso del sistema multilateral de la ONU, participando en decisiones relacionadas con conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros asuntos prioritarios para la seguridad internacional.En el comunicado donde se comunicó el inicio de la participación del país en el Consejo Superior, se hizo hincapié en que la participación colombiana estará guiada por los principios históricos de su política exterior: el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, la defensa de la soberanía de los Estados, el principio de no intervención y la resolución pacífica de las controversias.Asimismo, el país promoverá la diplomacia como herramienta fundamental para la construcción de la paz, con un enfoque centrado en las personas.Esta será la octava ocasión en la que Colombia ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad, luego de su más reciente participación en el período 2011-2012, lo que reafirma su compromiso sostenido con el multilateralismo y la promoción de la paz internacional.
El 2026 comenzó movido para varios colombianos en el norte del país, pues sobre las 07:37 de la mañana de este 1 de enero se registró un fuerte temblor de magnitud de 4.6, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC).Si bien el epicentro de este hecho se dio en Venezuela, según el reporte se alcanzó a sentir en zonas de La Guajira, Norte de Santander, César y Atlántico, por supuesto, a una menor escala en comparación a las zonas más cercanas de este fenómeno."Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-01, 07:37 hora local. Magnitud 4.6, Profundidad superficial, Venezuela", indicó el SGC en su reporte oficial. Cabe recordar que el 24 de diciembre también se registró un sismo que ocurrió a las 6:23 de la tarde y tuvo una magnitud de 3.0, con epicentro en el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.En Colombia se pueden llegar a registrar hasta más de 50 temblores por día de hasta magnitud de 3.7. Según el SGC, el primero del 1 de enero se dio en el Meta de manera superficial y uno de los "más fuertes" en Zapatoca, Santander, cerca a la Mesa de Los Santos, en donde tiembla casi todo el día entre 2.0 a 3.0.Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. En particular, la región de Los Santos es reconocida por su constante liberación de energía, lo que genera eventos diarios, la mayoría imperceptibles para la población. El SGC reiteró que conocer estos procesos permite fortalecer la preparación ciudadana ante futuros movimientos.
Un policía colombiano fue asesinado en la madrugada de este jueves en la ciudad de Villavicencio (centro) cuando "atendía un procedimiento" durante la celebración del Año Nuevo, informaron las autoridades."Con profunda tristeza informo que la violencia irracional le arrebató la vida a nuestro subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI (comando de atención inmediata) Barzal de Villavicencio, cuando atendía un procedimiento policial y protegía a la comunidad. Criminales segaron su vida", expresó el director de la Policía colombiana, general William Rincón, en X.El oficial explicó que durante el procedimiento resultó lesionado un hombre conocido con el alias de 'Polo', quien supuestamente causó la muerte al subintendente Fernández."También fue capturado su hermano, alias 'Richard', quien tenía en su poder el arma de fuego con la que le presuntamente le quitaron la vida a nuestro valiente policía", agregó.El general Rincón recordó al uniformado asesinado como un policía "que salió a servir y no regresó a casa"."Rechazamos de manera firme y absoluta este acto criminal y exigimos justicia. Que nadie olvide que detrás del uniforme hay vidas, sueños y familias que hoy sufren", concluyó Rincón.
Pese a las campañas de prevención y sensibilización que han venido realizando las autoridades, entre el 31 de diciembre y durante la celebración del Año Nuevo 2026 se reportaron seis personas asesinadas en el Huila, hechos que en su mayoría estarían relacionados con la intolerancia y la ingesta de alcohol.De acuerdo con el reporte oficial, los homicidios se registraron en los municipios de Pitalito, Guadalupe, Colombia, El Agrado, Algeciras y La Plata. Las autoridades confirmaron la captura de dos personas presuntamente comprometidas en algunos de estos casos ocurridos en el departamento.“Horas antes de terminar el año anterior tuvimos dos homicidios: uno en Guadalupe, donde en una riña asociada al consumo de bebidas embriagantes fallece una persona, y gracias a la reacción oportuna de nuestros policías se logró la captura de un implicado. De igual manera, se presentó un homicidio en Pitalito y, ya en la madrugada del primero de enero, tuvimos un homicidio en La Plata. También se registraron homicidios en El Agrado, Algeciras y Colombia”, dijo el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía en el Huila.Añadió el oficial que el caso de homicidio ocurrido en la zona urbana de Pitalito es materia de investigación por parte de la Policía Judicial, con el propósito de esclarecer los móviles del hecho y ubicar a los posibles responsables.Entre tanto, en Neiva y su área metropolitana, pese a que se atendieron más de 120 riñas durante la celebración del Año Nuevo por hechos de intolerancia, la Policía reportó cero casos de homicidio. No obstante, las autoridades hicieron un llamado al buen comportamiento ciudadano, especialmente cuando aún falta el puente festivo de Reyes, periodo en el que también se registra consumo de bebidas alcohólicas, entre otras actividades.
A raíz de lo comunicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por repatriar cerca de $200 billones en ahorros de fondos de pensiones privados en el extranjero, hay varias reacciones de lo que propone y quiere cumplir el gobierno.Lo hizo primero el exalcalde de Bogotá y candidato a la presidencia, Enrique Peñaloza, diciendo que “es robarle la pensión a los ciudadanos”. Sin embargo, sobre esa reacción, el presidente Gustavo Petro respondió “Los ahorros de los trabajadores que se repatrien, si quieren ellos mismos, continuarán en sus fondos, pero no se exportará su esfuerzo como capital en otro país”Sin embargo, entró a la discusión, Mónica Higuera, exdirectora de Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, exfuncionaria del gobierno Petro, quien aseguró que ella salió de este cargo al ser una irresponsabilidad con los colombianos.“Yo comparto su visión de un país más justo y equitativo. Pero no a la brava ni a las malas. Debe haber simulaciones técnicas, económicas y jurídicas, actuariales. Cuando dirigía la URF ese era mi compromiso. Pero traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos. Eso de que traigan en 6 meses 125 billones, que era la propuesta, era algo fatal. Por no hacerlo así, me tuve que ir. Sea usted responsable con los colombianos, escuche por favor y asesórese bien antes de tomar decisiones.” Concluyó.Entre tanto, en medio de la discusión, en un extenso trino, el presidente Petro reconoció lo escrito por la ex directa de la URF y aseguró que esa repatriación no se puede hacer en un “solo golpe” sino de una manera gradual.“Usted tiene razón en que no puede ser de un solo golpe el retorno de recursos al país, sino gradual. Hay que comenzar con que no sale más dinero y un plan, de acuerdo a la liquidez de los recursos, de desinversión en el exterior e inversión interna. Que no es robo del Estado, como dicen, porque los mismos administradores privados seguirán controlando el saldo de ahorro de sus cuentahabientes laborales.” Escribió el mandatario
El sector automotor en Colombia cerró el 2025 con un balance ampliamente positivo y niveles de ventas que no se registraban desde antes de la pandemia, de acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y la Andi, elaborado con cifras del RUNT.Solo en diciembre se matricularon 30.135 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento del 19% frente al mismo mes de 2024. “Este resultado convirtió a diciembre en el mejor mes del año y alcanzó un nivel de registros mensuales que no se observaba desde el 2019”, se lee en el documento.Con este desempeño, el acumulado entre enero y diciembre de 2025 llegó a 254.205 matrículas, lo que significó un crecimiento anual del 26,5% frente a 2024, consolidando la recuperación del sector.Uno de los principales motores del mercado fue la movilidad sostenible. El informe destaca que en diciembre, el registro de vehículos eléctricos creció un 67% frente a diciembre del 2024, alcanzando las 3.234 unidades, la cifra mensual más alta registrada en la historia del país. En el caso de los híbridos, el crecimiento fue del 49,5%, con 8.381 unidades, el mayor volumen mensual registrado en la historia del país.En el balance anual, las cifras confirman la tendencia: durante todo 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos, con un crecimiento del 115%, mientras que los vehículos híbridos alcanzaron 67.899 unidades, un aumento del 59 % frente al 2024.Por segmentos, el mayor crecimiento se registró en las camionetas, que aumentaron 77% en diciembre. “Los segmentos con mayor crecimiento fueron las camionetas, seguidas por las vans y las pick ups”, señala el documento.En cuanto a marcas, Kia, Renault, Mazda, Chevrolet y BYD lideraron las matrículas de diciembre y concentraron cerca del 47% del mercado en el último mes del año. En el acumulado de 2025, Kia y Renault se mantuvieron como las marcas con mayor participación.A nivel regional, Bogotá, Medellín y Cali encabezaron el volumen de matrículas. No obstante, el informe resalta que “las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Sincelejo, con un aumento del 128,5 %, seguida por Armenia y Villavicencio, ambas con crecimientos del 64%”. También se destacaron Manizales y Bogotá, con incrementos del 60% y 59%, respectivamente.Con estos resultados, Fenalco y la Andi concluyen que el sector automotor cerró 2025 con una recuperación sólida, apalancada en la transición hacia tecnologías limpias, el dinamismo de la demanda y un mejor desempeño del mercado frente a los años recientes.
El subintendente Jefferson Fernández se encontraba de servicio en la noche de fin de año, cuando fue enviado a atender una riña reportada por ciudadanos en el barrio San José de Villavicencio.Al llegar al lugar, se encontraron con un grupo de personas que departían en la calle por la celebración de Año Nuevo. En medio del festejo, varias de ellas discutían y se agredían, generando una riña, por lo que los uniformados intentaron contener la situación. Fue entonces cuando un individuo accionó un arma de fuego contra el uniformado con el fin de evitar la intervención de la Policía.Fernández recibió varios impactos en su cuerpo que lo dejaron gravemente herido y fue trasladado de inmediato al Hospital Departamental de Villavicencio, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.De inmediato, las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer quién habría cegado la vida del uniformado y, de manera preliminar, Blu Radio conoció que ya habría una persona capturada por este lamentable hecho.El subintendente Fernández deja a su esposa y a sus dos pequeños hijos en medio de un doloroso inicio de año.
A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigencia las nuevas tarifas de ingreso a todos los Parques Nacionales Naturales de Colombia, con un incremento del 3 % frente a los valores actuales. El ajuste hace parte de la actualización anual para garantizar la preservación de las áreas protegidas y el fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los visitantes.De acuerdo con la entidad, la actualización de tarifas responde a los costos asociados a la conservación ambiental, el mantenimiento de la infraestructura existente y la implementación de programas de gestión sostenible dentro de los parques.Las nuevas tarifas de ingreso oscilarán entre los $7.500 y los $77.500, dependiendo de la condición del visitante. Los valores varían si se trata de ciudadanos colombianos, extranjeros residentes o visitantes extranjeros no residentes en Colombia o que no pertenezcan a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).Entre los parques nacionales más visitados del país que tendrán ajustes en sus tarifas se encuentran Gorgona, Chingaza, Los Nevados y la Sierra de La Macarena. Para 2026, el ingreso al Parque Nacional Natural Puracé tendrá un valor de $16.500, al igual que el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali y el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. En el caso del Parque Nacional Natural El Cocuy, la tarifa será de $52.500, mientras que el acceso al Parque Nacional Natural Gorgona costará $32.000.Por su parte, el ingreso al Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena tendrá un valor de $51.500, al Parque Nacional Natural Chingaza de $29.000 y al Parque Nacional Natural El Tuparro de $23.500. También se fijaron tarifas de $28.000 para el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, $27.500 para el Parque Nacional Natural Amacayacu y $28.000 para el Parque Nacional Natural Utría y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.Además, algunas áreas protegidas mantendrán una tarifa única para todos los visitantes. En estos casos, los valores oscilarán entre los $6.000 y los $13.500. El ingreso al Área Natural Única Los Estoraques costará $6.500; al Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, $9.500; al Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo, sector San Bernardo, $11.000; y al Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo, $13.500.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció medidas para proteger a la población en el municipio de Tibú en medio de la confrontación entre estructuras narcoterroristas dedicadas al narcotráfico, pertenecientes al ELN y al Frente criminal 33 de las disidencias de alias Calarcá, que se disputan de manera violenta el control de economías ilegales en la región.Ante esta situación, el Gobierno nacional activó una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a las comunidades y mantener el control institucional del territorio. Como parte de estas acciones, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación de la Gobernación del Norte de Santander, los alcaldes locales y el Ministerio Público, desde donde se realiza un seguimiento permanente a las afectaciones que enfrentan las comunidades.Desde el PMU, según Sánchez, también se brinda acompañamiento a la caravana humanitaria con destino a Filo Gringo. Al mismo tiempo, la Policía Nacional reforzó el pie de fuerza en los cascos urbanos, en coordinación con el Ejército Nacional en la zona rural, integrados a la operación sostenida Esparta, la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano.El ministro indicó además que se desplegaron unidades especializadas de investigación e inteligencia, se ingresaron camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad, y se activó apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas al poblado.Finalmente, Sánchez afirmó que se están empleando todas las capacidades del Estado para proteger a los campesinos del Catatumbo e hizo un llamado a la población para suministrar información de manera oportuna y segura, con el fin de salvar vidas y cerrar las puertas a la ilegalidad.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en el país llegó a 1.028 casos a 31 de diciembre, lo que representa un aumento del 7 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraban 961 personas quemadas. El incremento se presentó en las últimas horas, en especial en los casos que involucran a menores de edad.Según el reporte más reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), los menores quemados pasaron de 315 a 324. De estos casos, 33 ocurrieron mientras los niños y adolescentes se encontraban acompañados por adultos que estaban bajo los efectos del alcohol, una situación que las autoridades siguen señalando como uno de los principales factores de riesgo.En el caso de los adultos, el balance indica 704 personas lesionadas por pólvora, de las cuales 300 se encontraban en estado de embriaguez al momento del accidente. Estas cifras confirman la relación directa entre el consumo de licor y la manipulación peligrosa de artefactos pirotécnicos.¿Dónde hay más quemados?A continuación la lista de los departamentos con mayor número de casos reportados con quemados por pólvora:Antioquia: 149 Bogotá: 94Norte de Santander: 66Cauca: 56Cundinamarca: 53Atlántico: 50En cuanto a las lesiones, las quemaduras siguen siendo las más frecuentes y están presentes en el 89 % de los casos. También se registran laceraciones en el 57 % y contusiones en el 20 %. Aunque las cifras de amputaciones y fracturas no han aumentado, las autoridades insisten en mantener la alerta por la gravedad de este tipo de lesiones.Los artefactos que más han provocado accidentes son los totes, voladores y cohetes. Las lesiones no solo afectan a quienes manipulan la pólvora, sino también a personas que observan estas prácticas, siendo comunes las quemaduras de segundo grado.Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no hacer uso de pólvora bajo ningún motivo, especialmente en presencia de menores de edad o de personas en estado de embriaguez, recordando que estos accidentes son prevenibles y pueden tener consecuencias permanentes.