Un juez admitió una acción de tutela presentada por el senador Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que sus recientes declaraciones sobre Jesucristo vulneraron los derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado.La tutela se originó tras unas afirmaciones hechas por el jefe de Estado el pasado 27 de enero, durante un acto público en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En ese escenario, el presidente Petro se refirió a Jesucristo con expresiones de carácter personal y religioso, entre ellas: " yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.De acuerdo con el fallo, el juez consideró que estas manifestaciones no fueron hechas por Gustavo Petro como ciudadano particular, sino en su condición de presidente de la República, lo que le da un carácter institucional a su pronunciamiento. El fallo señaló que las declaraciones se refieren de manera directa a aspectos centrales del dogma cristiano y a la figura de Jesucristo, eje fundamental de la fe de millones de colombianos, lo que les otorga una especial sensibilidad.Además, frente a la tutela el mandatario se tendría que abstener de emitir, desde su investidura como presidente de la República, declaraciones que involucren interpretaciones teológicas o doctrinales. Con esta decisión, el proceso entra ahora en una nueva etapa mientras se define el alcance y cumplimiento de las órdenes judiciales.El juez también advirtió que, al reinterpretar públicamente creencias religiosas y atribuir conductas no reconocidas por la doctrina cristiana ni respaldadas por fundamentos históricos o teológicos, el presidente habría afectado la libertad religiosa y de conciencia de quienes profesan esa fe. Por lo que recordó que el jefe de Estado tiene la obligación constitucional de mantener la neutralidad religiosa y respetar el carácter laico del Estado colombiano.Frente al panorama, como medida de reparación simbólica el presidente Gustavo Petro realice un acto público en donde “deberá precisarse que tales manifestaciones no representan la posición oficial del Estado colombiano, y reafirmarse el respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el principio de laicidad del Estado.” tal como se menciona en la tutela.
La investigación que se lleva a cabo por el envenenamiento que causó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá continúa abriendo nuevos capítulos y revelando detalles cada vez más perturbadores. A casi un año de la dolorosa tragedia ocurrida en abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación podría demostrar que el crimen estuvo precedido por amenazas directas contra la familia de Juan de Bedout. De hecho, un episodio ocurrido en el exterior ahora cobra una relevancia clave y ha despertado la intriga de muchos.Amenazan al hijo de De Bedout: una llamada fue la claveUno de los hallazgos más sensibles se remonta a enero de 2024, durante un viaje familiar a Estados Unidos. De acuerdo con la declaración rendida ante la Fiscalía, un hijo de Juan de Bedout recibió una llamada en su celular mientras se encontraba en Nueva York. Del otro lado de la línea, un hombre con acento no identificado pronunció una frase que encendió las alertas: “De Bedout, lo vamos a matar”, según el periódico El Tiempo.En ese momento, el joven interpretó la comunicación como una posible broma de mal gusto. Sin embargo, tras la muerte de las menores, la llamada pasó a ser considerada una prueba técnica. El número telefónico ya fue entregado a las autoridades, que ahora tienen la tarea de rastrear su origen y establecer posibles vínculos con los sospechosos del caso.La Fiscalía no solo investiga el envenenamiento por frambuesas contaminadas con talio, sino la posible existencia de un patrón previo. Alicia Graham, esposa de De Bedout y madre de una de las niñas, habría presentado síntomas graves años antes de su muerte. En 2020, médicos habrían diagnosticado una intoxicación por talio, un metal altamente tóxico y prohibido en Colombia desde los años setenta.Entre los indicios que hoy se analizan están:Caída severa del cabello.Dolores intensos que le impedían caminar.Deterioro progresivo del sistema inmunológico.Aunque Graham falleció en 2021 por un cáncer agresivo, especialistas consideran que la intoxicación previa pudo debilitar su organismo y agravar su estado de salud.Las pruebas que comprometen a Zulma GuzmánEl proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, quien figura como la principal sospechosa, avanza actualmente en el Reino Unido. La empresaria, con quien De Bedout habría mantenido una relación extramatrimonial, es señalada de haber enviado las frutas contaminadas. Su captura en Londres incluyó un intento de fuga al lanzarse al río Támesis y, posteriormente, la intención de viajar a Brasil.Entre las pruebas que analiza la Fiscalía se encuentran:Un GPS que habría intentado instalar en el vehículo de De Bedout.La tarjeta SIM hallada en ese dispositivo.La posible conexión entre la amenaza en Nueva York y el crimen de 2025.Las autoridades buscan establecer ahora si la advertencia telefónica fue el anuncio de una tragedia que, meses después, terminaría por hacerse realidad.
Dos ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el país luego de ser detenidos por las autoridades migratorias cuando pretendían ingresar al país con fines de explotación sexual.La alerta se activó tras un reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y del personal de la aerolínea Turkish Airlines, que advirtió comportamientos inusuales de los viajeros. La tripulación advirtió que los ciudadanos estarían grabando sin consentimiento a una menor de edad durante un vuelo procedente de Panamá. Con esta información, Migración Colombia aplicó sus protocolos frente al turismo con fines de explotación sexual.Durante el control migratorio, ya en territorio colombiano, las autoridades encontraron en el equipaje de mano de los extranjeros varios paquetes sellados con lencería femenina. En la entrevista migratoria, los ciudadanos reconocieron que estos elementos serían utilizados con fines de explotación sexual, por lo que se les negó el ingreso al país.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló durante 2025 más de 100 ciudadanos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, fueron inadmitidos por ser identificados como posibles ofensores sexuales, gracias al cruce de información y a las alertas internacionales.
Luego de más de un par de semanas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución en la que se instaura y materializa la rebaja del precio de la gasolina y la estabilización del precio del diésel.Desde el primero de febrero de este 2026, la reducción de 500 pesos en la gasolina se aplicará en todas las gasolinerías del país, sin excepción alguna. La medida busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos y marca un punto de inflexión en la política de combustibles, luego de varios años de ajustes y alzas que generaron inconformidad, pero que respondían a una necesidad fiscal.Según explicó el Ministerio, esta decisión es el resultado de una estrategia gradual que se inició desde el comienzo de la actual administración, cuando se optó por aumentar de manera progresiva el precio de la gasolina para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Dicho fondo acumulaba un hueco financiero que ponía en riesgo las finanzas públicas, al obligar al Estado a asumir subsidios cada vez más costosos.“Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Con ese ajuste ya realizado, el Gobierno asegura que ahora es posible avanzar hacia precios más estables y favorables, especialmente en el caso del diésel, sentando bases más sostenibles para el manejo futuro de los combustibles en el país.Recordemos que el Gobierno de Gustavo Petro, en el año 2022, en el mes de agosto, habría recibido la gasolina en un promedio de 9.200 pesos; para enero de este año 2026, la gasolina alcanzó un promedio de 16.400 pesos, teniendo un alza de aproximadamente 7.000 pesos.Tras el panorama que se vive, el ministro agregó que se realizará un seguimiento correcto para que se visibilice y garantice la aplicación de la reducción de 500 pesos a nivel nacional.
El viernes 30 de enero de 2026 se realizó el sorteo MiLoto, uno de los juegos de azar con mayor número de seguidores en Colombia, gracias a su dinámica sencilla y a su bajo costo de participación. La expectativa entre los apostadores aumentó luego de que en el sorteo anterior se entregara el premio mayor, situación que permitió que el pozo acumulado iniciara con un nuevo monto.Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 33, 04, 27,19, 17 y 03. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.Premiación y ganadoresDe acuerdo con los datos oficiales emitidos tras la validación del sorteo, más de 7.000 personas resultaron ganadoras en las distintas escalas de aciertos.La distribución de los premios según el nivel de aciertos se organizó de la siguiente manera:5 aciertos: $200.000.0004 aciertos: $14.832.0003 aciertos: $24.093.7002 aciertos: $38.728.000Así funciona MiLotoMiLoto se ha consolidado en el mercado colombiano como una alternativa práctica y económica, especialmente frente a sorteos de mayor alcance como Baloto. Su sistema de juego es fácil de entender: el participante debe elegir cinco números dentro de un rango que va del 1 al 39.Al contar con un universo numérico más reducido, MiLoto ofrece mejores probabilidades estadísticas de acierto en comparación con otras loterías tradicionales.Más allá de su atractivo por el valor de la apuesta, este juego opera bajo la regulación de Coljuegos, lo que garantiza su legalidad. Los recursos generados por la venta de MiLoto se destinan principalmente al financiamiento del sistema de salud en Colombia, a través de los derechos de explotación que pagan los operadores, representando un aporte directo al bienestar social.¿Cómo reclamar premios de MiLoto?Para reclamar premios inferiores a 182 UVT ($9.063.418), el ganador debe presentar la documentación básica exigida por el operador. Entre los requisitos se encuentra el tiquete original; si la apuesta se realizó de forma digital, este debe imprimirse desde el correo electrónico recibido o descargarse desde la sección “Mis Apuestas” del perfil del jugador, asegurando que todos los datos estén correctamente diligenciados.También es obligatorio presentar un documento de identidad válido, como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.En el caso de premios superiores a 182 UVT ($9.063.418), el proceso incluye un paso adicional. El ganador debe comunicarse previamente al número (601) 742 6861, extensión 72749, en horario de oficina, para recibir la autorización correspondiente y conocer la sucursal fiduciaria asignada.Para el cobro, se debe presentar el tiquete original en perfecto estado —impreso si la compra fue digital y con todos los campos completos— junto con un documento de identidad vigente, dentro de las opciones permitidas por la normativa.¿Cómo cobrar gran acumulado de Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto?El cobro del gran acumulado de juegos como Baloto, Revancha, ColorLoto o MiLoto comienza con un contacto directo con la Fiduciaria de Occidente, ubicada en la Carrera 13 #26A-47, piso 9, en Bogotá.La comunicación debe realizarse con el Director de Gestión de Negocios, a través del teléfono (601) 742 6861, extensión 72749, en horario laboral. Durante esta llamada se efectúa una verificación inicial de los datos del tiquete y se agenda una cita para continuar con el proceso de reclamación del premio.
La suerte ha vuelto a elegir a Antioquia como su escenario principal. En el reciente sorteo No. 0477 de MiLoto, realizado la noche del viernes, un ciudadano se convirtió en el nuevo propietario de una fortuna de $200 millones. El tiquete ganador, que ha despertado el entusiasmo de los apostadores en el municipio de Rionegro, fue adquirido bajo la modalidad manual, consolidando una vez más al departamento como uno de los más afortunados para este juego.Los números que cambiaron la vida de este ganador fueron el 03, 04, 17, 27 y 33. Con este acierto, ya son 10 las ocasiones en las que el premio mayor de MiLoto se queda en territorio antioqueño, demostrando la alta penetración y confianza que los colombianos depositan en este formato.MiLoto ya había caído esta semanaEste es el segundo premio mayor que entrega MiLoto en la semana, pues el pasado 28 de enero cayó en Bogotá, lo que marca un inicio de año sumamente dinámico para los juegos de suerte y azar en el país. Las estadísticas revelan una tendencia interesante: de las 16 veces que el gran acumulado ha caído en la capital, 10 ganadores optaron por la modalidad automática, mientras que solo 6 prefirieron elegir sus números de forma manual. Esto refuerza la idea de que dejar la elección al azar del sistema es una estrategia tan válida como el análisis personal de cifras.Además del gran premio, el sorteo No. 0477 fue generoso con miles de colombianos. En total, se registraron 10.721 ganadores en las diferentes categorías, distribuyendo una bolsa global de premios superior a los $277 millones."El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el sitio web oficial", recordaron las autoridades del juego.Un impacto real en la salud de los colombianosMás allá de los premios individuales, MiLoto se ha consolidado como una pieza clave para el financiamiento del sistema público en Colombia. Desde el 20 de octubre de 2023 hasta finales de enero de 2026, el juego ha pagado más de $40.650 millones en premios, beneficiando a un total de 2.425.751 personas.Sin embargo, la cifra más relevante para el país son los $18.212 millones transferidos al sistema de salud. Estos recursos, derivados de la operación legal de los juegos de suerte y azar, permiten fortalecer la atención hospitalaria y los programas de bienestar social en todo el territorio nacional, reafirmando el compromiso social de la marca.¿Cómo participar por el nuevo acumulado?Tras la caída del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia con una cifra inicial de $120 millones para el próximo sorteo. Los interesados en probar su suerte pueden adquirir sus tiquetes de diversas formas:Canales digitales: A través de la página web oficial www.baloto.com.Puntos físicos: En los más de 43 mil puntos de las redes Su Red y SuperGIROS en todo el país.Redes aliadas: En puntos PagaTodo y principales cadenas de grandes superficies.
Los grandes debates del presente ocuparon la agenda de conversatorios del segundo día del Hay Festival Cartagena, que este viernes tuvo en un mismo escenario a tres de los figuras más esperadas de esta edición 2026: la escritora argentina Leila Guerriero; el colombiano Juan Gabriel Vásquez y el cubano Leonardo Padura.Los tres, junto al exdirector de el periódico el País, Javier Moreno, hablaron sobre los desafíos periodismo en la era de las redes sociales y la Inteligencia Artificial, y la necesidad de contar historias desde lo local que conecten con el mundo y los contextos actuales.Precisamente en medio de este conversatorio, el galardonado escritor Leonardo Padura habló sobre su preocupación tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo agudizaría la ya difícil situación que afrontan los habitantes de la isla.“Una de las consecuencias que he pensado es que, y es la única que voy a decir, la situación en Cuba se va a poner muy complicada y esa situación muy complicada va incluso a afectar a mi madre que tiene 98 años. Entonces, es doloroso, es doloroso, entonces quiero hacerlo con mente fría, que no sea algo de un discurso, quiero que sea un poquito un análisis”, dijo el autor de ‘Fiebre de caballo’, ‘Las cuatro estaciones‘ y ‘El hombre que amaba los perros’.El también ganador del premio ‘Princesa de Asturias’ indicó además que lo que le puede pasar a Cuba, es lo que viven hace mucho tiempo los haitianos y africanos.“Lo que lo que nos pasa o nos puede pasar a los cubanos a partir de ahora les está pasando desde hace no sé cuántos años a los haitianos y nadie se acuerda de ellos. Nadie se acuerda de ellos y está pasando en muchos países de África y nadie se acuerda de ellos”, sostuvo.La agenda del segundo día también tuvo espacio para el análisis internacional con el escritor Fernando Arancón y su perspectiva sobre las fuerzas que mueven el mundo contemporáneo, al igual que el ensayista Pankaj Mishra, que propone una lectura crítica del orden global tras la crisis reciente en Oriente Medio. Asimismo, las autoras Karen Hao y Carissa Véliz, abordaron los costos humanos, sociales y políticos de la automatización.Entretanto, los personas con cédula expedida en el departamento, podrán ingresar gratuitamente a todos los eventos del festival los días sábado y domingo.“El cierre del festival reafirma su vocación pública e incluyente: todos los eventos del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero son gratuitos para personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar, previa solicitud de boletas de cortesía, garantizando que las ideas y las conversaciones estén al alcance de toda la ciudadanía”, anunciaron los organizadores del evento literario.
En plena vía del Norte de Antioquia, entre Ituango y Valdivia, fue sorprendido con un fusil y munición alias ‘Bairon’, presunto integrante de las disidencias de las Farc. Sigue la preocupación por la frecuente circulación de armas y explosivos cerca a la troncal a la Costa CaribeEn medio de un complejo panorama de orden público que persiste en varias subregiones de Antioquia como el Norte, las autoridades intensifican las acciones contra grupos armados produciendo capturas de integrantes e incautación de explosivos y armas.Este fue el caso de alias ‘Bairon’, un presunto integrante del frente 18 de las disidencias de las Farc que fue requerido por tropas del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot cuando transitaba por un sector de la vía que comunica a Ituango con Puerto Valdivia.Registros visuales de la operación dieron cuenta sobre cómo fue sorprendido ‘bairon’ por parte de los militares ante los que no pudo oponer ninguna resistencia cuando se encontraba en jurisdicción de la vereda Tinajas.Al presunto criminal le fue hallado en su poder un fusil, cuatro proveedores y 111 cartuchos calibre 5.56 milímetros que fueron incautados y servirán como material probatorio durante el proceso judicial sobre el cual ya está a cargo la Fiscalía General.Esta captura se conoce pocas horas después que en la misma zona de Antioquia, en la vía Medellín - Costa Caribe, fuera destruido un artefacto explosivo con el que al parecer el ELN pretendía atentar contra este corredor en el sector El Pescado, municipio de Valdivia.Hay alerta para transportadores y usuarios frecuentes de esta importante vía por las actividades que su alrededor desarrollan diferentes integrantes de grupos armados con el transporte de armas y explosivos. Por eso, piden mayor acompañamiento de la fuerza pública.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 30 de enero de 2026:Natalia Molina, directora del DNP, habló de la suspensión provisional de la emergencia económica.Laura García, esposa de David Luna, se pronunció sobre cómo ha acompañado a su esposo en la época electoral.Susana Muhamad, exministra de Ambiente, dio detalles sobre la consulta del Frente Amplio.Escuche el programa completo aquí:
El primer caso se registró el 1 noviembre de 2025, cuando, según la Fiscalía, Diego Alejandro Espinoza Zapata, al parecer, agredió físicamente a su compañera sentimental, dentro de su residencia ubicada en el barrio Las Colinas, en el suroccidente de Armenia. El origen del ataque estaría relacionado con que la mujer decidió terminar la relación. Luego, el 22 de noviembre, el señalado agresor siguió a la víctima hasta su casa, donde la golpeó e hirió con arma cortopunzante. Por estos hechos fue denunciado y su captura se hizo efectiva por la Policía en el barrio San Ignacio de Tunja, Boyacá.Agresor caso 2026El 25 de enero, mientras el Quindío conmemoraba los 27 años del terremoto del Eje Cafetero, en una vivienda del barrio La Cecilia, un hombre en estado de embriaguez, al parecer, golpeó y amenazó con un arma cortopunzante a su compañera sentimental. Por fortuna para la mujer, las autoridades fueron informadas a tiempo y uniformados de la Policía capturaron al hombre en flagrancia.Agresores a juicioLos dos agresores fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante jueces de control de garantías.En un comunicado, la Fiscalía confirmó que: "Fiscales locales de la seccional, hicieron traslado de escritos de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada". Pero, ninguno de los procesados aceptó los cargos.A pesar de eso, los togados impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos hombres, por su presunta responsabilidad en las agresiones a sus compañeras sentimentales.
En un comunicado, la Policía confirmó el homicidio de Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años de edad, en un ataque cometido en el barrio La Patria, en el suroccidente de Armenia.En vía pública y frente a la capilla Santa Laura Montoya, "Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta, accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de esta persona", señaló la Policía del Quindío en el comunicado.¿Qué antecedentes judiciales tenía la víctima?Según la Policía, Andrés Felipe Roa Porras "presentaba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego o municiones y amenazas en 2025; homicidio en 2018; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2018, 2020 y 2025; hurto en el 2021 y 2022; lesiones personales en 2020; concierto para delinquir en 2019; y daño en bien ajeno en 2018".Además, la víctima ya habría sido lesionado con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025, en el barrio Simón Bolivar de la capital quindiana en medio de una riña.Ahora, la Sijín de la Policía investiga este caso para determinar cuáles fueron los orígenes del ataque y quién está detrás de éste homicidio.
El Congreso inició oficialmente el proceso de convocatoria pública para la elección del contralor general para el periodo 2026-2030, quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, de acuerdo con la Resolución 004 del 30 de enero de 2026.En el artículo primero, el Legislativo dispuso “iniciar el proceso de convocatoria pública previa a la elección del contralor general de la República por el Congreso de la República en pleno”, aclarando que el procedimiento concluirá con la conformación de la lista de elegibles que será sometida a consideración de senadores y representantes.La resolución también definió que la Universidad de Cartagena será la institución de educación superior encargada de ejecutar el proceso de selección. Según el artículo segundo, se trata de una universidad “con acreditación de alta calidad y certificada para la ejecución de procesos de selección”, con la cual se suscribirá el contrato para “aplicar las pruebas y los criterios de selección de la convocatoria pública para elegir al contralor general de la República para el periodo 2026-2030”.A su vez, el artículo tercero ordena remitir la decisión a las direcciones administrativas del Senado y la Cámara para que adelanten las gestiones administrativas, financieras y contractuales necesarias que garanticen el cumplimiento de la convocatoria.En el desarrollo de la convocatoria, el Congreso dejó claro que el proceso estará regido por los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, conforme al artículo 6 de la Ley 1904 de 2018. Además, se precisó que la convocatoria quedará abierta hasta la conformación de la lista de elegibles, de la cual el Congreso en pleno escogerá al nuevo contralor general de la República.La resolución fija de manera detallada los requisitos e inhabilidades para aspirar al cargo. Entre las condiciones mínimas, el documento señala que se requiere “ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años; tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, y experiencia profesional no menor a cinco (5) años”. También establece que “no podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del Congreso o se haya desempeñado como gestor fiscal del orden nacional en el año inmediatamente anterior a la elección”, ni quienes tengan condenas por delitos comunes.Finalmente, el acto administrativo advierte que el proceso deberá blindarse frente a conflictos de interés, al señalar que “en ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos”, reforzando así las reglas de transparencia en la elección del nuevo jefe del control fiscal.
La Fiscalía decidido apartar al fiscal que llevaba la investigación contra Laura Sarabia por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario encargado del proceso. La determinación se tomó tras aceptar el impedimento presentado por Juan Carlos Arias Duque, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció una relación personal cercana con el abogado defensor de la investigada.La actuación penal corresponde al proceso adelantado por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, a partir de la denuncia de Marelbys Meza, quien aseguró que los días 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante una prueba de credibilidad y confiabilidad con polígrafo, en instalaciones de la Jefatura de Protección Presidencial, en inmediaciones del Palacio de Nariño.Debido al fuero constitucional de Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, el caso había sido asignado de manera especial a la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de Arias Duque. Sin embargo, el propio fiscal solicitó ser apartado del expediente al considerar que no estaban dadas las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley.En el documento presentado ante la fiscal general, Arias fundamentó su impedimento en el artículo 56, numeral 5, de la Ley 906 de 2004, que contempla como causal la existencia de una amistad íntima entre el funcionario judicial y alguna de las partes o sus representantes. Según explicó, el 16 de diciembre de 2025 Sarabia otorgó poder al abogado José Fernando Reyes Cuartas para que asumiera su defensa en este proceso.“El doctor Arias manifestó que entre él y el abogado Reyes existe una amistad cercana e íntima desde hace más de veinticinco años”, señala el documento. El fiscal precisó que esa relación se ha construido a partir de “vínculos regionales, relaciones personales, académicas y profesionales, fortalecidas además por la existencia de amistades en común y la participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional”.En su escrito, Arias Duque afirmó que, “en atención a esa estrecha relación y con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”, debía apartarse del conocimiento del caso. La Fiscalía General acogió ese argumento y concluyó que la causal estaba debidamente acreditada.Al analizar el impedimento, el despacho de la fiscal general recordó que el régimen de impedimentos busca garantizar que los funcionarios judiciales actúen con plena objetividad. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema, señaló que “cualquier factor que pueda afectar su ecuanimidad y transparencia se erige en motivo suficiente para separarlos del conocimiento del asunto”.En la decisión final, la Fiscalía concluyó que la amistad descrita “trasciende el ámbito meramente profesional” y que, por su carácter “íntimo, cercano y prolongado”, podía comprometer la imparcialidad del funcionario. Por ello, resolvió “declarar fundado el impedimento” y “apartar al doctor Juan Carlos Arias Duque del conocimiento de la actuación penal”.Como consecuencia, el expediente sería remitido a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que corresponda por reparto, la cual asumirá el caso. La decisión establece, además, que, si Sarabia llegara a perder su fuero constitucional, la nueva fiscalía continuará con el proceso por asignación especial.Eventualmente, este hecho podría retrasar el resultado de la investigación contra la ahora embajadora Sarabia, ya que el nuevo fiscal que sea asignado al caso tendría que iniciar nuevamente el estudio del proceso desde cero para empezar a tomar decisiones.
El presidente Gustavo Petro anunció, a través de X, que el presupuesto para 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. La información fue revelada mediante un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, en el que el mandatario confirmó que este será el tercer ajuste fiscal realizado durante su administración, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas.Según explicó el jefe de Estado, el Gobierno ya había aplicado dos recortes previos: uno por 12 billones de pesos y otro por 16 billones. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones.El anuncio se da en un contexto de debate por el déficit fiscal y el manejo de las cuentas públicas, en el que el presidente ha señalado de manera reiterada decisiones adoptadas en gobiernos anteriores y fallos judiciales como responsables del deterioro del balance fiscal. No obstante, en su mensaje no precisó cómo se hará el nuevo recorte, qué sectores se verán afectados ni en qué momento se aplicará dentro del ciclo presupuestal de 2026.Petro insistió en que los ajustes responden a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, y planteó que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar lo que considera efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Aun así, el anuncio del nuevo ajuste pone en el centro de la discusión el tamaño real del presupuesto para 2026 y el margen de maniobra del Gobierno en un año clave para la ejecución de políticas públicas.
Un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quedó expuesto tras la publicación de una conversación privada que reavivó la controversia por la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.En el mensaje que acompaña la imagen, Reyes le dice al presidente que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. En ese mismo texto, asegura que fue Petro quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.La imagen divulgada muestra un chat entre Reyes y el presidente Petro. En la conversación, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación, y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes en el mensaje.La respuesta atribuida al presidente es clara y breve: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales.El intercambio se conoce en medio de la discusión pública sobre el alcance real del decreto que buscaba frenar las exportaciones de carbón a Israel, una decisión anunciada por el Gobierno como parte de su postura política frente al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, desde sectores críticos se ha señalado que, en la práctica, la medida no detuvo completamente los envíos debido a la vigencia de contratos previos.La revelación del chat muestra que la decisión de limitar el alcance del decreto habría sido tomada directamente por el presidente, con el argumento de evitar riesgos jurídicos para el Estado. Al mismo tiempo, deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice públicamente la versión del mandatario.
Largas filas para la reclamación de medicamentos en Discolmets, la no prestación de servicios ambulatorios a usuarios en los diferentes municipios por las carteras morosas de las EPS con red hospitalaria pública y privada, hacen parte de las graves dificultades que enfrentan diariamente miles de afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas en todo el departamento.Ante esta grave situación, los 37 personeros del Huila se reunieron con el delegado regional de la Superintendencia de Salud en Neiva para exigirle acciones urgentes, teniendo en cuenta que miles de usuarios llevan varios meses sin recibir sus medicamentos, incluso, pacientes con enfermedades de alto riesgo.El personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas, en diálogo con Blu Radio, dijo que, de manera conjunta con los demás personeros del Huila, interpondrán acciones legales ante las entidades correspondientes como mecanismo constitucional para visibilizar y exigir los derechos que se les han vulnerado a cientos de afiliados en la prestación de servicio de salud.“Los personeros del Huila nos hemos reunido para tomar acciones constitucionales urgentes, nos reunimos con el delegado de la Supersalud para el Huila, decimos presentar una acción constitucional de reclamo colectivo de derechos, donde buscamos visibilizar cuantos medicamentos pendientes hay en el Huila por entregar, con corte al mes de enero” señaló en Blu Radio el representante del ministerio público.Agregó el personero de Neiva, Jerson Bastidas, que más de 6.500 tutelas e incidentes de desacato gestionadas desde las personerías del departamento no han sido tenidas en cuenta para proteger la salud de los pacientes por parte de las entidades de salud y las EPS.Por último, cuestionó a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente convocan a manifestaciones sociales, para que también ejerzan presión y que, así, a los huilenses y pacientes se les garantice los servicios de salud. “Me llama mucho la atención que nadie proteste por la salud, nadie convoque a un plantón o a una marcha por algo que están vital como lo es la salud”, aseveró.
Una ofensiva sostenida contra el microtráfico dejó fuera de circulación cerca de cuatro toneladas de droga en diferentes regiones del país durante enero. La Policía reportó que, entre el 1 y el 28 de ese mes, adelantó una serie de operativos que impactaron de manera directa las redes dedicadas a la venta local de estupefacientes, un fenómeno asociado a la violencia urbana, la inseguridad y el deterioro del entorno social.Las acciones incluyeron 289 diligencias de allanamiento y la identificación de 103 expendios ilegales, muchos de ellos ubicados en zonas residenciales y entornos frecuentados por niños y jóvenes. El resultado fue la incautación de grandes cantidades de droga que, según las autoridades, ya no llegarán a las calles ni a los mercados criminales.El despliegue operativo también derivó en la captura de 4.136 personas, de las cuales 3.950 fueron sorprendidas en flagrancia y 186 por orden judicial. A estas se suman 98 aprehensiones, para un total de 4.234 personas vinculadas a procesos por tráfico local de estupefacientes, lo que representa uno de los golpes más fuertes al microtráfico en lo que va del año.Bogotá encabezó la lista de ciudades con mayor número de capturas, con 341 personas detenidas, seguida por Cartagena (235) y Bucaramanga (161). En las áreas metropolitanas, los mayores resultados se registraron en el Valle de Aburrá, con 797 capturas, y Pereira, con 248, cifras que evidencian la magnitud del fenómeno y la presión policial sobre estas economías ilegales.“El compromiso es cerrarles todos los espacios al microtráfico y proteger a niños, jóvenes y familias. Cada resultado operativo demuestra que la Policía está en la calle, trabajando sin descanso por la seguridad”, afirmó el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, al referirse a los resultados alcanzados.Las autoridades señalaron que cada expendio desmantelado, cada captura y cada kilo de droga incautado tiene un impacto directo en la reducción de la violencia y el fortalecimiento del control territorial. La ofensiva, advirtieron, continuará en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de la ciudadanía, cuya información sigue siendo clave para cerrar el paso al microtráfico en los barrios y comunidades del país.
El Consejo Nacional Electoral abrió una actuación formal para determinar si Daniel Quintero Calle está habilitado para participar como candidato presidencial por un movimiento político distinto al Pacto Histórico, luego de su paso por una consulta interna realizada en 2025. La decisión quedó consignada en un auto firmado por las magistradas Alba Lucía Velásquez Hernández, Álvaro Echeverry Londoño y Fabiola Márquez Grisales, con el que el CNE avoca conocimiento del caso y ordena la práctica de pruebas.La actuación se originó tras una petición presentada por el ciudadano José Alexander Borja Rivera, quien solicitó al CNE aclarar, con sustento jurídico, si la participación de Quintero en una consulta previa, en la que no resultó ganador, le impide aspirar posteriormente a la Presidencia por otra colectividad política. A esta solicitud se sumó un escrito radicado el 27 de enero de 2026, en el que el propio Daniel Quintero pidió la protección de sus derechos políticos, explicando su participación inicial como precandidato, así como su posterior renuncia al proceso.En su defensa, Daniel Quintero argumentó que, tras desaparecer la medida cautelar que habilitaba la consulta del Pacto Histórico, solicitó de manera expresa su retiro y renuncia a cualquier precandidatura. Según su versión, no existió militancia ni participación voluntaria en una consulta partidista posterior, y su inclusión en la tarjeta electoral obedeció únicamente a razones logísticas de la Registraduría.Con el fin de esclarecer estos hechos y garantizar el debido proceso, el CNE ordenó una serie de requerimientos que deberán ser atendidos antes del 31 de enero, a las 4:00 de la tarde. En primer lugar, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir los documentos relacionados con la consulta del 26 de octubre de 2025, incluyendo la lista de inscritos, los resultados oficiales y los actos administrativos que autorizaron y validaron ese mecanismo de participación.De manera paralela, el Consejo pidió a Daniel Quintero que se pronuncie de forma expresa sobre si participó o no en dicha consulta, en qué calidad lo hizo y que aporte las pruebas y los argumentos que respalden su versión. Asimismo, requirió a José Alexander Borja Rivera, ciudadano que realizó la petición, ampliar su solicitud inicial y entregar nuevos elementos que sustenten su requerimiento ante la autoridad electoral.Finalmente, el CNE solicitó al Pacto Histórico un informe detallado sobre la finalidad, el alcance y la estructura de la consulta celebrada en octubre de 2025, el rol de las colectividades en su organización, la forma como se concibió la participación de los ciudadanos y, especialmente, el papel que tuvo Daniel Quintero dentro del proceso, incluyendo cualquier manifestación de retiro.Todos los documentos recopilados y las respuestas entregadas deberán ser publicados en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, como parte del principio de transparencia, mientras avanza la revisión del caso.
Desde este sábado 31 de enero quedó oficialmente abierto el período de inscripción de candidaturas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026, que se celebrarán el próximo 31 de mayo. El trámite se extenderá hasta el 13 de marzo, según lo establecido por la Registraduría.Durante este lapso, indica la entidad, podrán inscribirse las candidaturas avaladas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como aquellas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones. En el mismo plazo también podrán registrarse los promotores del voto en blanco.La Registraduría precisó que, en los casos en los que los candidatos presidenciales sean escogidos mediante consultas internas, programadas para el 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria oficial de los resultados. Este procedimiento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.El trámite de inscripción deberá realizarse de manera presencial en la sede central de la Registraduría Nacional, en Bogotá. Para ello, es obligatorio agendar previamente una cita a través del correo electrónico jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co. La diligencia podrá ser adelantada por los propios candidatos o por sus representantes legales, delegados autorizados, miembros de los comités inscriptores o gerentes de campaña de las organizaciones políticas que los postulan.La entidad electoral también señaló que, antes de solicitar la cita, las organizaciones políticas y los promotores del voto en blanco deberán remitir a los correos electrónicos indicados la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción. Solo una vez verificados estos documentos se procederá con la asignación de la cita para formalizar el registro de las candidaturas.
Desde la mañana del pasado viernes, 30 de enero, el puerto de Buenaventura se encuentra parcialmente paralizado por una protesta de transportadores de carga en el sector de La Caucana, sobre la vía de acceso al principal puerto del país.Los camioneros denuncian demoras excesivas para devolver contenedores vacíos, sobrecostos operativos y falta de control del gobierno frente a las terminales portuarias y las navieras.En diálogo con Noticias de la Mañana, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, explicó que el problema no es reciente y se ha agravado por la saturación de los patios de contenedores vacíos en Buenaventura.Multas diarias y falta de cumplimiento en mesas de diálogoSegún el dirigente gremial, Colombia se ha convertido en un “hub de contenedores vacíos” en América del Sur, debido a que a las navieras les resulta rentable dejar estos equipos almacenados en el país sin asumir costos prolongados.“El transportador devuelve el contenedor, pero se encuentra con que no hay dónde entregarlo. Eso no es culpa del camionero, pero aun así se le imponen multas diarias que pueden llegar a los 150 dólares”, señaló Cuervo, al advertir que estas sanciones están asfixiando financieramente al sector.El presidente de Fedetranscarga aclaró que las empresas afiliadas al gremio no promueven las vías de hecho, pero reconoció que las bases transportadoras han decidido bloquear las vías ante la falta de soluciones estructurales.Cuervo aseguró que las mesas de diálogo con autoridades y representantes de las navieras se han instalado en varias ocasiones, pero no han producido resultados concretos. A su juicio, se requiere una intervención directa de la Superintendencia de Transporte, ya que las navieras operan como un oligopolio con amplio margen para imponer condiciones.Entre las principales exigencias al gobierno está limitar el tiempo de permanencia de los contenedores vacíos en el país y garantizar espacios reales para su devolución sin penalidades injustificadas.No se pueden registrar los despachos ante la RNDCA esta situación se suma una nueva dificultad: el colapso del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC). Según el dirigente, la implementación de nuevas normas que obligan a reportes vía GPS y geocercas ha superado la capacidad tecnológica de la plataforma, impidiendo registrar despachos y cierres de operaciones.“El sistema está caído constantemente y eso frena el transporte, afecta el comercio exterior, el consumo interno y hasta la movilización de alimentos”, advirtió Cuervo, quien aseguró que el Ministerio de Transporte fue alertado desde diciembre sobre estas fallas.Mientras no haya respuestas concretas, el futuro de la protesta en Buenaventura sigue siendo incierto, con impactos directos en la logística, la competitividad del país y la cadena de abastecimiento nacional.Escuche la entrevista completa aquí:
Lo que comenzó como una falla mecánica terminó convertido en una emergencia de grandes proporciones. Un incendio de alta intensidad consumió por completo el peaje Bicentenario , ubicado en el corredor vial Honda (Tolima) – Puerto Bogotá – en el peaje de las afueras de Guaduas (Cundinamarca) , generando pánico entre los usuarios de la vía y dejando la infraestructura en pérdida total .La conflagración se desató cuando un vehículo presentó fallas mecánicas justo al momento de atravesar los carriles del peaje . En cuestión de minutos, las llamas se propagaron y alcanzaron directamente las cabinas, afectando al menos dos carriles y comprometiendo toda la estructura.“Inicialmente nos informaron que había un carro incendiado más arriba del peaje, por lo que pensamos que debía atender Guaduas. Pero al comunicarnos con una de las operadoras nos confirmó que el vehículo se estaba incendiando dentro de los carriles, al pie de las cabinas”, relató a Blu Radio el capitán César Santana , comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda .Ante la magnitud del fuego, Bomberos Honda activó de inmediato el protocolo de emergencia y desplazó una máquina extintora con dos unidades , seguida posteriormente por un vehículo cisterna , en un intento por contener el avance de las llamas.“La verdad es que la estructura se quemó. El peaje prácticamente se quemó todo. Bomberos Honda logró hacer el control y apagar el incendio, pero los daños son totales. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, solo materiales”, explicó el oficial.Cerca de 30 minutos después , unidades de Bomberos Guaduas llegaron al lugar para apoyar las labores de evaluación, aunque el incendio ya había sido controlado. Sin embargo, el impacto en la movilidad fue inmediato y severo.“En este momento la vía está completamente cerrada. Estamos evaluando si se puede habilitar un carril provisional, pero mientras tanto el paso entre Tolima y Cundinamarca permanece bloqueado”, agregó Santana.Por su parte, el a lcalde de Honda, Juan Enrique Rondón García , confirmó que no se registraron personas lesionadas y que la Policía Nacional hace presencia en la zona para garantizar la seguridad y regular el tránsito.“El incendio ya fue controlado por Bomberos Honda. La Policía está protegiendo los bienes y regulando la movilidad, ya que el paso entre Cundinamarca y Tolima se encuentra totalmente cerrado. Como vía alterna, se recomienda la conexión por el sector de Cambao”, indicó el mandatario.A esta hora, organismos de socorro y personal del peaje continúan en el lugar realizando evaluaciones técnicas , mientras cientos de conductores permanecen represados a la espera de que se habilite un paso provisional.
El comité para la Asamblea Nacional Constituyente recibió el aval de la Registraduría para poder empezar a recolectar las más de dos millones de firmas que deben ser validadas para posteriormente poder presentar el proyecto ante el Congreso.“Declarar que la solicitud para la Iniciativa legislativa que tiene como propósito la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y el comité promotor ha denominado: ‘CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN COLOMBIA’ cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015”, señaló la Registraduría.Ahora el comité deberá recolectar aproximadamente dos millones de firmas y presentarlas ante la Registraduría, si son válidas, el texto pasaría al Congreso de la República.Esta ha sido una iniciativa impulsada por el actual gobierno. El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, acompañó en su momento la inscripción del comité y en las últimas horas reaccionó a la decisión de la Registraduría.“Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”, dijo Sanguino.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
Luego del anuncio sobre la reapertura del espacio aéreo venezolano, las aerolíneas colombianas iniciaron el proceso de reactivación gradual de sus rutas hacia y desde Venezuela, mientras continúan las evaluaciones de seguridad operacional.Wingo ya confirmó la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del 16 de enero de 2026, tras haber suspendido temporalmente su operación desde diciembre pasado. La aerolínea informó que la decisión se tomó en coordinación con las autoridades competentes y bajo estrictos protocolos de seguridad.Por su parte, Latam Airlines Colombia señaló que manifestó formalmente ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela su intención de retomar la ruta Bogotá–Caracas, con el fin de gestionar la restitución del permiso de operación, aunque aún no hay una fecha definida para el reinicio.Otras compañías, como Avianca, también se mantienen en proceso de verificación de las condiciones de seguridad y operativas antes de anunciar oficialmente la reanudación de sus vuelos hacia el país vecino.En el ámbito regional, aerolíneas como Copa Airlines informaron que retomarán progresivamente sus vuelos Panamá - Caracas desde enero, en medio del restablecimiento gradual de la conectividad aérea con Venezuela.