Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos delincuentes son capturados por agentes de la Policía Metropolitana de Popayán, en el sur del país, durante la noche del pasado 31 de diciembre de 2025.Las imágenes, compartidas inicialmente por usuarios y replicadas en plataformas como X e Instagram, evidencian cómo, mientras los uniformados proceden a la detención, uno de los hombres implora que no lo arresten alegando a las autoridades que “es 31 de diciembre", y que les "colaboren".El hecho fue capturado por un transeúnte de la zona, quien posteriormente fue amenazado por uno de los detenidos, quien expresó, en tono intimidante: "Cuando me lo encuentre...". Además, los hombres acompañaron la amenaza con un gesto obsceno, mostrando el dedo medio a la cámara mientras eran filmados. En ese instante, los agentes cierran la puerta de la camioneta para llevar a los dos hombres a la comisaría.Pese a que, hasta el momento, no se ha divulgado un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Popayán ni de la Fiscalía General de la Nación que detalle el motivo específico de la captura de los dos hombres, como el delito por el cual los individuos estaban siendo requisados o si existieron denuncias previas que motivaran la intervención, ya son varias las reacciones a este hecho en redes sociales.Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los cargos que enfrentarían los dos hombres capturados, ni se ha confirmado si ya fueron judicializados o puestos a disposición de un juez de control de garantías.
La justicia envió a prisión a John Jairo Leguia González, pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, señalado de haber abusado sexualmente de varias mujeres que asistían a su iglesia, aprovechándose de su rol como guía espiritual y de la confianza que las víctimas depositaban en él.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hoy procesado habría utilizado la posición de reconocimiento y liderazgo que ostentaba dentro de la congregación para engañar y manipular a las feligresas, a quienes citaba de manera individual con el pretexto de realizar supuestos rituales de sanación o “liberación espiritual”.Durante estas reuniones, según el material probatorio recaudado por el ente acusador, el pastor les proponía realizar rituales en los que debían desnudarse, bajo el argumento de aplicarles un “aceite ungido” como parte del proceso espiritual. En ese contexto de fe, confianza e indefensión, las mujeres eran presuntamente presionadas y coaccionadas para permitir tocamientos y actos de carácter sexual, haciéndoles creer que hacían parte del rito religioso.La investigación da cuenta de que al menos cuatro mujeres, todas mayores de edad, habrían sido víctimas de estos hechos. Para la Fiscalía, las agresiones ocurrieron en un entorno especialmente sensible, en el que el procesado se valía de su investidura religiosa para someter a las víctimas.Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que se trató de un “aberrante abuso sexual”, cometido por quien fungía como líder espiritual de la iglesia. Según explicó, Leguia González citaba a las feligresas con el pretexto de realizar oraciones y rituales, mientras les aplicaba aceite de oliva en todo el cuerpo, incluidas partes íntimas.Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés imputó al pastor los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, una juez penal de control de garantías consideró que existían los requisitos legales para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión con la que continuará vinculado al proceso mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes.
El aumento del salario mínimo para 2026 tendría un impacto directo y significativo en el mercado inmobiliario colombiano, especialmente en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Así lo advirtió Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), durante una entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.De acuerdo con Ramírez, el encarecimiento de los costos laborales y de construcción llevaría a que una vivienda de interés prioritario registre incrementos cercanos a los 30 millones de pesos, mientras que una vivienda de interés social podría aumentar alrededor de 50 millones de pesos frente a los valores actuales. Esto, señaló, dificultará aún más el acceso a vivienda para los hogares que planean adquirir casa propia en 2026.El dirigente gremial explicó que, aunque el Gobierno ha insistido en que los topes de precio establecidos para VIS y VIP no obligan a los constructores a vender al máximo permitido, en la práctica los mayores costos asociados al salario mínimo, la inflación y una eventual subida de tasas de interés presionan al alza los precios finales. En ese contexto, Fedelonjas considera complejo que las empresas asuman esos incrementos sin afectar su rentabilidad o reducir la oferta de vivienda social.Ramírez también alertó sobre el impacto en el costo de vida de quienes ya son propietarios. Según indicó, las cuotas de administración en conjuntos residenciales podrían incrementarse de manera importante, debido a que rubros como vigilancia y aseo, que representan entre el 60 % y el 70 % de los presupuestos de las copropiedades, están directamente ligados al salario mínimo. Esto obligaría a las administraciones a subir cuotas o, en algunos casos, a reducir servicios.En cuanto a los trámites inmobiliarios, el presidente de Fedelonjas señaló que escrituras y otros costos asociados también podrían aumentar a partir de enero de 2026, dependiendo de las condiciones pactadas en cada contrato. Mientras los acuerdos a precio fijo se respetarían, aquellos indexados al salario mínimo sí reflejarían los nuevos incrementos.Finalmente, Ramírez afirmó que el mayor impacto se sentirá en los nuevos proyectos y lanzamientos a partir de este año, y cuestionó la falta de concertación técnica en un aumento del salario mínimo que, a su juicio, genera incertidumbre y presiones adicionales sobre sectores como el inmobiliario y las pequeñas y medianas empresas.
El mercado de motocicletas en Colombia cerró el 2025 con un balance ampliamente positivo. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante diciembre se registraron 112.310 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 30,86% frente al mismo mes de 2024.En el acumulado entre enero y diciembre de 2025, el sector alcanzó un crecimiento del 34,94%, superando el millón cien mil unidades matriculadas en todo el año. El informe destaca que este comportamiento reafirma el papel de la motocicleta como un medio de transporte esencial, especialmente en zonas donde facilita el acceso al trabajo, la educación y servicios básicos.Por marcas, Bajaj, AKT y Suzuki lideraron el ranking de registros en diciembre, con Bajaj a la cabeza al alcanzar una participación del 16,43%. En cuanto a segmentos, la mayor demanda se concentró en motocicletas de 101 a 125 centímetros cúbicos, que representaron el 46,02% del total del mercado.A nivel territorial, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 45,76% de los registros del país. En el ámbito municipal, Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) fueron las localidades con mayor número de motocicletas nuevas matriculadas durante el mes.El informe concluye que la motocicleta continúa siendo un vehículo clave para la movilidad y la generación de ingresos en los hogares colombianos, particularmente en los de menores recursos.
La llegada del Año Nuevo en Colombia no solo trae consigo el aumento del salario mínimo, que quedó fijado en $1.750.905 y $2.000.000 con auxilio de transporte, sino también incrementos en otros bienes y servicios. Estos ajustes podrían impactar los gastos de los hogares colombianos, especialmente en algunos sectores del consumo diario.¿Qué sube de precio en Colombia desde este 1 de enero de 2026?Aumentos por el salario mínimo en ColombiaCon el aumento del salario mínimo hay otros bienes atados a este incremento del 23 % que el tasado por el Gobierno nacional, los cuales también comienzan a regir desde este 1 de enero:Viviendas de interés social.Vivienda de interés.Cuotas de administración.Copagos y cuotas moderadoras.Aportes a salud, pensión y riesgos laborales.Multas de tránsito.Es decir, que, a partir del 1 de enero, estas cuotas tendrán un incremento del 23 % a partir del anuncio del salario mínimo para los trabajadores en Colombia.Incremento del precio de la gasolina en ColombiaDe acuerdo con la última actualización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), desde este 1 de enero entró en vigor un nuevo incremento en el precio de los combustibles del país de 90 pesos por galón para corriente y de 99 pesos para diésel.Precios de la gasolina y el diésel por ciudadBogotáGasolina: $16.491ACPM: $11.276MedellínGasolina: $16.412ACPM: $11.301CaliGasolina: $16.502ACPM: $11.424BarranquillaGasolina: $16.126ACPM: $10.951CartagenaGasolina: $16.083ACPM: $10.916MonteríaGasolina: $16.333ACPM: $11.166BucaramangaGasolina: $16.248ACPM: $11.025VillavicencioGasolina: $16.591ACPM: $11.376PereiraGasolina: $16.439ACPM: $11.363ManizalesGasolina: $16.466ACPM: $11.349IbaguéGasolina: $16.407ACPM: $11.267PastoGasolina: $14.247ACPM: $10.338CúcutaGasolina: $14.400ACPM: $9.032Incremento del precio del SOAT en ColombiaA partir de este 1 de enero, entraron en vigor las nuevas tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), pero con buenas noticias para los microbuses, taxis, motocicletas de bajo cilindraje y vehículos de negocio debido a que seguirán pagando menos que el resto (incremento del 0.38 %), sin embargo, otros sí tendrán un incremento del 5.17 % en sus costos para el 2026.Estas son las tarifas del SOAT en 2026Motos de menos de 100 cc: $256.300 (5,17 %).Motos entre 100 y 200 cc: $343.500 (5,17 %).Motos de más de 200 cc: $761.500 (0,38 %).Taxis y microbuses (según modelo): $282.100 (5,17 %).Carros familiares (menos de 1.500 cc): $447.300 (0,38 %).Camionetas (menos de 2.500 cc): $792.900 (0,38 %).Incremento en la declaración de rentaA partir de 2026, los colombianos que tengan ingresos de 73 millones de pesos anuales ya que la UVT quedó tasada en $52.374. La declaración de renta para personas naturales comenzará desde agosto y hasta octubre, dependiendo el número de cédula.Incrementos por emergencia económicaIVA 19 % de licores y juegos de azar.Nuevo impuesto al patrimonio ($10.000 millones).Compras por internet desde 50 dólares.Consumo de bienes de lujo (19 %).¿Qué podría subir con la inflación de diciembre?Arriendos.Servicios públicos.Servicios notariales.Peajes.Educación.
En la noche de Año Nuevo, en el municipio de Floridablanca, se presentó un incendio de grandes proporciones en un taller mecánico ubicado en el barrio Prados del Sur, que generó importantes daños materiales.El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del jueves 31 de diciembre, tras la alerta de vecinos del sector, quienes informaron a los organismos de socorro sobre una densa columna de humo y llamas que rápidamente se extendieron por el establecimiento.Según el reporte oficial, el taller de latonería y pintura quedó completamente destruido por la acción de las llamas. Al interior del lugar se encontraban varios vehículos que también resultaron calcinados, así como cilindros de CO₂ y gas propano, lo que incrementó el riesgo durante las labores de control.Entre tanto, se evalúan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro, que dejó daños en la infraestructura y en los bienes que se encontraban en el lugar. El origen de la conflagración es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que adelantan las inspecciones técnicas para determinar qué provocó el incendio.A pesar de la intensidad de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, gracias a la oportuna evacuación del área y a la rápida respuesta de los organismos de socorro.
Pese a las campañas de prevención y sensibilización que han venido realizando las autoridades, entre el 31 de diciembre y durante la celebración del Año Nuevo 2026 se reportaron seis personas asesinadas en el Huila, hechos que en su mayoría estarían relacionados con la intolerancia y la ingesta de alcohol.De acuerdo con el reporte oficial, los homicidios se registraron en los municipios de Pitalito, Guadalupe, Colombia, El Agrado, Algeciras y La Plata. Las autoridades confirmaron la captura de dos personas presuntamente comprometidas en algunos de estos casos ocurridos en el departamento.“Horas antes de terminar el año anterior tuvimos dos homicidios: uno en Guadalupe, donde en una riña asociada al consumo de bebidas embriagantes fallece una persona, y gracias a la reacción oportuna de nuestros policías se logró la captura de un implicado. De igual manera, se presentó un homicidio en Pitalito y, ya en la madrugada del primero de enero, tuvimos un homicidio en La Plata. También se registraron homicidios en El Agrado, Algeciras y Colombia”, dijo el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía en el Huila.Añadió el oficial que el caso de homicidio ocurrido en la zona urbana de Pitalito es materia de investigación por parte de la Policía Judicial, con el propósito de esclarecer los móviles del hecho y ubicar a los posibles responsables.Entre tanto, en Neiva y su área metropolitana, pese a que se atendieron más de 120 riñas durante la celebración del Año Nuevo por hechos de intolerancia, la Policía reportó cero casos de homicidio. No obstante, las autoridades hicieron un llamado al buen comportamiento ciudadano, especialmente cuando aún falta el puente festivo de Reyes, periodo en el que también se registra consumo de bebidas alcohólicas, entre otras actividades.
Seis personas fallecieron y otras once resultaron heridas en un ataque armado ocurrido la noche del miércoles en la provincia ecuatoriana de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en la nación andina, informó este jueves la Policía Nacional.Al momento las unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran investigando el caso, señaló al anotar que las víctimas presentan "heridas por proyectil de arma de fuego".Manabí está entre las nueve provincias y tres municipios en los que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró anoche un nuevo estado de excepción por el aumento de la violencia y el crimen organizado.El decreto emitido por el mandatario señala que "informes técnicos actualizados" detallan que "la situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste sino que se ha intensificado y extendido territorialmente, evidenciándose una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada".El estado de excepción por grave conmoción interna estará vigente por 60 días también en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Además, se incluye a los municipios de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como "terroristas".Pese a eso, el país terminó el 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8.847 homicidios, según cifras de la Policía, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado.
El actual equipo campeón del Mundial de Clubes empieza el año 2026 sin técnico tras realizar el anuncio oficial con un comunicado divulgado en sus redes sociales. Este club inglés afirmó que tomaron esta decisión "para encarrilar la temporada" en la Premier League y en otras competencias.Se trata del club inglés Chelsea, que oficializó este jueves el final de la etapa de Enzo Maresca al frente del banquillo de Stamford Bridge. El divorcio se produce después de una primera temporada exitosa y de unas últimas semanas de tensión, tanto dentro como fuera del terreno de juego."Con objetivos clave aún por alcanzarse en cuatro competiciones, entre ellos la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club consideran que un cambio daría al equipo las mejores opciones para encarrilar la temporada", escribió en su comunicado el Chelsea, actual quinto clasificado en la Premier League, y campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes en 2025 con el técnico italiano.El comunicado conjunto sugiere una decisión de mutuo acuerdo. De hecho, Maresca se había quejado de la falta de apoyo que percibía por parte de los dirigentes del club, y estos últimos le reprochaban los discretos resultados de los últimos tiempos.El propietario estadounidense BlueCo deberá así buscar un nuevo entrenador, en los albores de un mes de enero con nueve partidos para los Blues, entre liga, copas nacionales y Liga de Campeones.En los cinco últimos años han pasado cinco entrenadores diferentes por el rico club del oeste de Londres: Frank Lampard (dos etapas), Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Maresca, llegado en el verano europeo de 2024 procedente del Leicescer, de la 2ª inglesa.¿Quién reemplazará a Maresca ?La prensa británica sitúa a Liam Rosenior entre los favoritos para sucederle. El inglés de 41 años dirige actualmente al Estrasburgo, que comparte propietario (el consorcio estadounidense BlueCo) con el Chelsea.Otros nombres circulan este jueves, como los de Marco Silva (Fulham), Andoni Iraola (Bournemouth) u Oliver Glasner (Crystal Palace) por citar sólo entrenadores que militan en Inglaterra.Y sin embargo todo era color de rosa para Maresca hace apenas unos meses.El técnico italiano de 45 años, que reemplazó al argentino Mauricio Pochettino en el verano europeo de 2024, clasificó al club de Londres a la Liga de Campeones en su primera temporada, coronada con los títulos de la Conference League y posteriormente el Mundial de clubes.Los "Blues" iniciaron bien la actual temporada, pero atraviesan un bajón desde hace semanas, con una sola victoria en sus siete últimos partidos ligueros y han caído a la quinta posición, a 15 puntos del líder Arsenal.Maresca tenía contrato hasta 2029, renovable por un año más.El próximo partido del Chelsea será ante el Manchester City, actual segundo clasificado en la tabla.
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) emitió un pronunciamiento este 6 de noviembre con motivo de los 40 años del ataque al Palacio de Justicia, calificando la tragedia como un “Holocausto a la Democracia”. El mensaje recuerda el asalto perpetrado por el grupo armado M-19 en 1985, que dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos magistrados, empleados judiciales, civiles y miembros de la fuerza pública.“En un incomprensible y muy lamentable giro del acontecer nacional, miembros de la organización criminal que perpetró el bárbaro atentado recibieron indultos sin que sus actuaciones y responsabilidades fuesen siquiera determinadas”, señaló Acore, refiriéndose a los beneficios jurídicos concedidos a exintegrantes del M-19 tras su desmovilización.El comunicado también lamenta que, mientras los responsables materiales fueron amnistiados, “algunos miembros de la fuerza pública fueron posteriormente investigados y condenados, por omisiones o por excesos en la respuesta a la agresión”, y destacó que estos uniformados “han cumplido duras penas con respeto a las decisiones judiciales”.Al cumplirse cuatro décadas del ataque que destruyó la sede de la Corte Suprema de Justicia, ACORE reafirmó su respaldo a los miembros de las Fuerzas Armadas y rindió tributo a quienes enfrentaron la toma del Palacio. “Hoy, cuando se cumplen cuatro décadas del demencial ataque a nuestra Democracia, honramos a los héroes por siempre”, concluyó Acore.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, hizo un llamado a la reflexión durante la conmemoración de los 40 años de la toma y el holocausto del Palacio de Justicia. En entrevista con Blu Radio, el alto funcionario subrayó la importancia de recordar a las víctimas y de preservar la memoria colectiva como ejercicio de reparación moral.“Estamos preparando una conmemoración especial porque son 40 años y es un número significativo. Queremos rendir homenaje a las víctimas, traer la memoria y evitar el olvido”, expresó Tejeiro. El magistrado recalcó que la evocación de ese trágico episodio no solo es un acto simbólico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro institucional del país.En medio de una agenda marcada por tensiones entre los poderes públicos, Tejeiro insistió en la necesidad de rescatar el respeto por la justicia y sus instituciones. “Este fue un ataque frontal a la justicia y a la democracia de Colombia. No solo fue doloroso para las víctimas, sino para toda la Nación”, recordó.“Que cese el fuego de la desinformación y del odio”El magistrado retomó las célebres palabras del entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien durante el asedio clamó “¡Que cese el fuego!”. Tejeiro reinterpretó ese mensaje en el contexto actual: “Ese es hoy el fuego de la desinformación, de la descalificación, de la agresión verbal que está ocurriendo en todo el país. Que cese ese fuego”, afirmó.Su llamado fue enfático: detener la polarización que, a su juicio, está minando los fundamentos de la convivencia democrática. “La acusación insensata, la desinformación y la agresión verbal se han vuelto cotidianas. Es hora de comprender al que no nos puede comprender y entender al que no nos puede entender”, señaló.El magistrado propuso que la conmemoración sirva como punto de partida para reconstruir los lazos sociales fracturados. “Rememoremos estos hechos no solo para que no se repitan, sino para pensar qué país queremos y qué legado dejaremos a las nuevas generaciones”, enfatizó.Respeto a las instituciones judiciales y a la independencia de poderesConsultado sobre las recientes críticas del presidente Gustavo Petro hacia las altas cortes, Tejeiro fue prudente, pero firme en su defensa del equilibrio institucional. “Nuestro ordenamiento jurídico exige el respeto a las cortes, al poder judicial y, en general, a todas las instituciones. Esa necesidad de respeto es para todo el mundo, sin exclusiones”, subrayó.Si bien reconoció el derecho a la libre expresión y al disenso, insistió en la importancia de mantener el debate público dentro de los límites del respeto: “Todos podemos disentir, pero debemos hacerlo respetuosamente y con argumentos”.El magistrado explicó que la conmemoración de este año sería un acto íntimo y solemne de la Rama Judicial, razón por la cual no se extendieron invitaciones a los otros poderes del Estado. “Son actos propios de una rama judicial que está dolorida. El Ejecutivo y el Legislativo no están llamados a revivir ese dolor”, aclaró.Los símbolos y el mensaje de la justiciaSobre la controversia en torno al uso de símbolos del M-19 en actos públicos del presidente Petro, Tejeiro sostuvo que la justicia también se comunica a través de símbolos, pero con un propósito distinto: “Nosotros hacemos nuestra comunicación para decirle al país que debe reflexionar, que debe memorizar, para volver a construir un país diferente, más conviviente y más amable”.El magistrado destacó que todos los juzgados del país izarán la bandera de Colombia a media asta como expresión de duelo nacional. Este gesto, explicó, busca recordar a quienes murieron defendiendo la justicia y reafirmar la vigencia de sus ideales en el presente.Un mensaje final: memoria, respeto y futuroA pocos días de culminar su periodo como magistrado —el próximo 15 de noviembre—, Octavio Tejeiro aprovechó la entrevista para enviar un último mensaje al país: “Utilicemos estos hechos para reflexionar sobre el país que queremos, sobre lo que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Disminuyamos la agresión, la descalificación y avancemos hacia un país más pacífico y más próspero”.
Colombia recuerda esta semana los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, un hecho que aún deja profundas heridas y mantiene vivo el debate sobre las responsabilidades del M-19 y de la fuerza pública en aquella tragedia que dejó 94 personas muertas —entre ellas once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado— y un número todavía indeterminado de desaparecidos.El 6 de noviembre de 1985, poco antes del mediodía, 35 guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia con el propósito de exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y realizar un juicio simbólico al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). La acción desencadenó una violenta confrontación en el corazón de Bogotá que se extendió durante 28 horas y culminó con el edificio reducido a cenizas tras un incendio que se prolongó durante la noche.“El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y permitió que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”, señaló la Comisión de la Verdad en su informe de 2010, creado para investigar los hechos de aquella tragedia que marcó la historia del país.Ese día, la Sala Constitucional de la Corte Suprema tenía previsto debatir el tratado de extradición con Estados Unidos. El magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había recibido amenazas de muerte de los narcotraficantes, y diversos testimonios apuntan a que la operación del M-19 habría sido financiada por Pablo Escobar.40 años después En diálogo con Mañanas Blu, Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín, quien fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia, entregó detalles de cómo él y su familia vivió el holocausto del cual fue víctima su papá. Contó que los hechos se dieron cuando él estaba junto a su hermano en París, estudiando una especialización; fueron horas angustiosas; y pese a que en un principio llamaron a las familias a la calma, con el pasar de las horas la situación se tornó más difícil. La limitación en la comunicación tampoco los dejaba estar enterados minuto a minuto de lo que se estaba desarrollando en la Bogotá de 1985.Finalmente, junto a su hermano, decidieron viajar a Bogotá; a su regreso, familia e integrantes de la Universidad Externado de Colombia, los recibieron con la noticia que todos los funcionarios del Palacio habían muerto, habían sido asesinados. Medellín que se ha encargado de estar cerca del caso, aseguró que los directamente responsables de la toma del Palacio de Justicia, sin embargo, la reacción desproporcionada de las fuerzas militares y policiales causaron el holocausto.La retoma militarMedellín relata el horror que las familias sintieron al escuchar a Reyes, uno de los magistrados, pedir un cese al fuego por los medios de comunicación, afirmando que estaban en fuego cruzado, amarrados y secuestrados por el M-19. La retoma militar fue rápida y urgente, con tanquetas y helicópteros, liderada por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. La orden impartida era retomar el Palacio y "dar de baja a los guerrilleros" con toda la fuerza posible, sin el temor de que la toma se alargara.Una prueba clave en las demandas que condujeron a la condena del Estado por el exceso en el operativo militar y la ausencia de vigilancia fue la evidencia de que días antes se había El Palacio de Justicia era una obra inconclusa que solo tenía dos entradas (la principal en la Plaza de Bolívar y la de la Carrera Octava). Una vez que los guerrilleros cerraron la puerta principal, todos quedaron encerrados. Esta configuración facilitó la retoma, descrita por el Consejo de Estado y la opinión pública como un operativo con "un exceso de fuerza y de una manera absurda, sin ninguna consideración por la vida de los civiles inocentes". Medellín enfáticamente rechaza la tesis de que se salvó la democracia a costa de la vida de los magistrados.El asesinato del magistrado GaonaMedellín confirma que, el magistrado Manuel Gaona, quien se encontraba en el cuarto piso, fue asesinado por el M-19. En un momento trágico, Almarales disparó contra Gaona y otros magistrados en el baño del tercer piso, donde se habían refugiado junto a otros rehenes. El Gaona se había negado a salir, temiendo ser asesinado si lo hacía.Medellín desmiente categóricamente las versiones que sugieren que Gaona fue sacado con vida y asesinado por el Ejército, calificándolas de "absolutamente falso". Testigos presenciales y el informe de la Comisión de la Verdad coinciden en que "A Gaona lo mata Almarales".ImpunidadSegún el análisis de Medellín, la toma fue resultado de la confluencia de varias causas, aunque el supuesto "juicio" al presidente era una distracción. La relación con el narcotráfico es "evidente". La toma ocurrió justo cuando la Sala Constitucional comenzaba a discutir la ponencia de Gaona sobre el tratado de extradición, el cual buscaba salvar dicho tratado. Pablo Escobar era uno de los principales beneficiarios del desastre.El juez 30 de instrucción criminal determinó que los autores intelectuales fueron miembros de la cúpula del M-19, incluyendo a Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Vera Grave, Otty Patiño y Rosenber Pavón, y que fueron impulsados y posiblemente financiados por el narcotráfico y Pablo Escobar. La planificación de la toma fue extensa, desmintiendo que fuera una idea espontánea de los comandantes operativos Otero o Almarales.Escuche aquí la entrevista:
La Registraduría Nacional del Estado Civil adelantará dos jornadas especiales de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación, con el propósito de facilitar la actualización de datos a quienes han cambiado su lugar de residencia y garantizar su participación en las elecciones de 2026. Estas jornadas se desarrollarán durante cuatro días consecutivos en dos periodos: del 6 al 9 de noviembre y del 27 al 30 de noviembre del presente año.En total, más de 11.000 puestos de votación estarán habilitados en todo el territorio nacional, los cuales funcionarán en horario continuo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los ciudadanos podrán consultar el punto más cercano ingresando al portal web oficial de la entidad,, seleccionando la opción ‘Electoral’ y luego el banner ‘Votar cerca, te acerca’.El trámite de inscripción puede realizarse presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, tanto en su versión física como desde dispositivos móviles. La entidad recordó que este proceso solo debe realizarse por quienes cambiaron de residencia, retornaron al país de manera permanente o cuentan con una cédula expedida antes de 1988 y aún no aparecen en el censo electoral.Antes de acudir al puesto de votación, se recomienda consultar el lugar actual de votación a través del enlace https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/. Al ingresar el número de cédula, el sistema informará si el ciudadano hace parte del censo electoral y cuál es su puesto de votación vigente.De acuerdo con los calendarios electorales, el periodo de inscripción para las elecciones de Congreso vence el 8 de enero de 2026, mientras que para las elecciones presidenciales culminará el 31 de marzo de 2026.Estas jornadas en puestos de votación complementan los 400 puntos de inscripción permanentes habilitados desde el 1 de septiembre de 2025 y las 514 campañas móviles de inscripción (CMI) que recorren universidades, plazas, centros comerciales y sedes regionales de la Registraduría en todo el país.
Colombia conmemora el 40 aniversario de la toma guerrillera del Palacio de Justicia con las heridas aún abiertas y un debate sobre la responsabilidad del M-19 y de la fuerza pública en ese episodio sangriento que terminó con 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y un número por establecer de desaparecidos.El 6 de noviembre de 1985, minutos antes del mediodía, 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y hacer un juicio al presidente Belisario Betancur (1982-1986), lo que desató una batalla en pleno centro de Bogotá que se prolongó por 28 horas al cabo de las cuales el interior del edificio, consumido durante la noche por un incendio, quedó reducido a cenizas."El 6 y el 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales", señaló el informe publicado en 2010 por la Comisión de la Verdad, creada para investigar esa tragedia que marcó la historia política colombiana.El día de la toma, la Sala Constitucional de la Corte Suprema iba a debatir el tratado de extradición con Estados Unidos, razón por la cual el magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había recibido amenazas de muerte de los narcotraficantes y hay testimonios que indican que la acción del M-19 fue financiada por Pablo Escobar.Cuarenta años después, el país homenajeará a las víctimas del Palacio de Justicia, cuya sede, reconstruida años después, lleva el nombre de Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema asesinado en la toma y cuyo clamor "Que cese el fuego", en las primeras horas del sangriento ataque, no fue atendido por quienes debían escucharlo, pero aún resuena en la memoria colectiva.Polémica políticaLa conmemoración ha estado marcada por la polémica sobre los relatos de lo sucedido, en la cual ha intervenido incluso el presidente Gustavo Petro, quien hizo parte del M-19 y tiene su visión particular de la operación, cuestionada por familiares de las víctimas que consideran que esa guerrilla, que firmó la paz con el Gobierno en 1990, es responsable directa de la tragedia."Desde el día uno hubo una manipulación de la información o incluso una censura a la información, y después, pasado el tiempo, ha habido abuso en la memoria de los dos actores que empuñaron las armas", dijo en una entrevista Helena Urán Bidegain, cuyo padre, Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, salió vivo del palacio, fue desaparecido por agentes del Estado y apareció asesinado al día siguiente.Urán Bidegain respondió así a unas afirmaciones de Petro, quien dijo en X que "el magistrado Urán era amigo de (Andrés) Almarales", uno de los jefes guerrilleros en la toma del Palacio de Justicia.Petro se pronunció luego de que el jurista y académico Mauricio Gaona recordara que su padre, el magistrado Gaona Cruz, fue asesinado por el M-19, aunque haya relatos que quieren "borrar" ese crimen."El asesinato de Manuel Gaona Cruz a manos del M-19 fue un crimen de lesa humanidad. Hoy, lo quieren justificar y borrar", escribió en X Gaona, mientras Petro insiste en otra versión, basada en relatos de supuestos testigos que dicen que Almarales dejó salir a los civiles que tenían retenidos, argumento que en su momento fue rechazado por la Comisión de la Verdad por considerarlo "completamente infundado y contrario a las pruebas directas".Búsqueda de la verdadLos actos conmemorativos incluyen la apertura este miércoles de la instalación artística 'Sintiendo la memoria' en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y el jueves por la noche, en la fachada de la sede judicial, se hará la proyección de mapping 'El Palacio cobra vida', un gesto de esperanza y memoria.El homenaje central será el viernes 7 cuando el Poder Judicial en pleno, distanciado de Petro, celebrará un acto solemne en memoria de las víctimas y para reclamar una verdad completa."No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial, un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado", señaló ayer el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
La reciente discusión sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el servicio doméstico abrió un nuevo frente de debate político y social. En Mañanas Blu, Jenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Colombia, cuestionó duramente el papel que ha desempeñado la vicepresidenta Francia Márquez frente a las problemáticas del gremio, pese a que en el pasado aseguró haber sido trabajadora doméstica y representar a este sector desde el Gobierno.Para Hurtado, el incremento del salario mínimo, aunque positivo en el papel, está generando efectos adversos en el empleo del sector. Sin embargo, el momento más crítico de la entrevista se dio cuando se le preguntó por el respaldo real de la Vicepresidencia a las trabajadoras del hogar.“Nunca nos llamó, nunca nos escuchó”La líder sindical aseguró que, pese a la visibilidad política de Francia Márquez, no ha existido un acercamiento real con las organizaciones del servicio doméstico. “Ella jamás nos llamó para preguntarnos nada. Cuando pedí una cita, tenía la agenda llena por dos años y nunca nos atendió”, afirmó Hurtado.Según su testimonio, ni ella ni otras representantes del gremio lograron ser recibidas por el equipo de la Vicepresidencia. “Sus asistentes no nos dejaron pasar. Intentamos por varios medios y nunca fue posible”, señaló, al tiempo que puso en duda el relato de representación que, según dijo, se ha usado en escenarios políticos.Hurtado fue más allá y cuestionó el discurso de identificación de Márquez con el servicio doméstico. “Espero que las compañeras no vuelvan a caer en la trampa de creer que porque dijo que fue empleada doméstica nos representa. Si de verdad lo fuera, se habría interesado más por este gremio”, expresó.En uno de los momentos más duros de la entrevista, la líder sindical afirmó: “Para mí eso es puro cuento. Nunca la vi interesada en las trabajadoras del hogar y ahora, como vienen elecciones, vuelve a hablar del tema”.Sin voz en las decisiones claveLa presidenta del sindicato también denunció que las trabajadoras domésticas no participan en las mesas donde se negocia el salario mínimo, pese a ser uno de los sectores más impactados. “Nunca nos preguntan qué pensamos. Nos dicen que nos representan centrales obreras a las que muchas ni siquiera estamos afiliadas”, explicó.Adicionalmente, Hurtado advirtió que el discurso oficial sobre “trabajo digno” no se refleja en la realidad del sector. “Eso no se está aplicando con las trabajadoras del hogar. Van a quedar muchas desempleadas y no vemos una salida”, concluyó.Las declaraciones reavivan el debate sobre el papel de la Vicepresidencia y la representación efectiva de uno de los gremios más invisibilizados del país, en un momento clave para el futuro laboral de miles de trabajadoras domésticas en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
El más reciente informe entregado por las autoridades de salud, entre la noche de 31 de diciembre y durante la celebración de Año Nuevo se reportaron 13 personas quemadas con pólvora en varios municipios del Huila, en su mayoría adultos, donde también resultó afectado un menor de edad.El secretario de salud departamental, el médico César Germán Roa, confirmó que entre el primero de diciembre y en lo que va de la temporada de fiestas, la cifra es de 41 personas lesionadas por la manipulación de elementos pirotécnicos, entre los afectados hay siete menores de edad.“Entre la noche del 31 y el 1 de enero de Año Nuevo se presentaron 13 casos en el Huila, un caso en Algeciras, El Agrado, La Plata, dos casos en Aipe, dos en Pitalito y seis quemados en Neiva, de los seis lesionados en Neiva, uno de ellos es un menor de 13 años de edad. En total se consolidan 41 personas afectadas por pólvora de las cales siete son menores de edad en lo que va de la temporada de fiestas”, anotó el médico Roa Trujillo.Le puede interesar: Aumenta a 1.419 los quemados por pólvora en Colombia; más de 400 casos son menores de edadAgregó el funcionario de la Gobernación del Huila que la mayoría de las personas lesionadas por el uso irresponsable de pólvora, al parecer, se encontraban bajo los efectos del alcohol, mientras que los menores afectados están bajo vigilancia del Bienestar Familiar.“Los municipios donde se han presentado eventos de lesionados por pólvora son El Agrado, Gigante, La Argentina, Algeciras, Suaza, Tarqui, Timaná, Acevedo, Aipe, Guadalupe, La Plata, Oporapa, entre tanto, Pitalito y Neiva son los municipios que más registran casos de quemados, solo Neiva tiene 17 casos” añadió el secretario de salud César Roa.A propósito, el funcionario de salud departamental hizo un fuerte llamado a los ciudadanos en el Huila a evitar la manipulación de estos elementos pirotécnicos, teniendo en cuenta que falta la celebración de Reyes Magos.
El incremento del salario mínimo en Colombia, fijado en un 23 % y defendido por el presidente Gustavo Petro como una medida para proteger el ingreso de los trabajadores, genera preocupación en el gremio del servicio doméstico. Así lo expresó Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, en Mañanas Blu, en la que advirtió que la medida podría traducirse en despidos y mayor informalidad.El salario mínimo para el 2026 quedará en $2.000.000 si se suma el subsidio de transporte. Sin embargo, desde el sector del trabajo doméstico aseguran que el impacto real va más allá del ingreso mensual.“El aumento me parece muy chévere, muy bueno, pero debería haber mecanismos que se hagan cumplir esas normas. Nadie cumple nada”, afirmó Hurtado. Según explicó, el costo real de tener una trabajadora del hogar formalmente vinculada supera ampliamente el salario base. “Los análisis que hicimos con mis compañeras muestran que el costo puede quedar más o menos en 3 millones 25 mil pesos”, señaló, al incluir seguridad social, prestaciones y demás obligaciones.La dirigente sindical advirtió que esta situación ya está generando decisiones por parte de los empleadores. “Hablé con unas diez patronas y ya dijeron que no van a tener más empleada sino una vez a la semana. Eso es terrible, porque muchas compañeras sobreviven con cuatro o cinco días de trabajo”, aseguró. En su concepto, solo quienes tengan altos ingresos podrán asumir ese costo: “Da la impresión de que en Colombia solo van a tener empleadas domésticas quienes puedan pagar más de 3 millones de pesos”.Hurtado cuestionó, además, las cifras oficiales sobre el número de personas que trabajan en este sector. Mientras el DANE habla de alrededor de 700.000, ella sostiene que la cifra real es mucho mayor. “Según lo que manejamos los sindicatos, hay casi cuatro millones de trabajadores y trabajadoras del hogar en Colombia”, dijo, y agregó que “el Gobierno no tiene una cifra clara porque nunca ha hecho un estudio serio casa por casa”.Uno de los grupos más afectados sería el de quienes trabajan por días. De acuerdo con la presidenta del sindicato, unas 350.000 personas laboran bajo esta modalidad. “La que más gana por día recibe 100.000 pesos y ahí va todo: no hay contrato, no hay prestaciones y muchas veces ni siquiera les dan alimentación”, explicó. También denunció que, tras la pandemia, muchas empleadoras exigen que el trabajo de varios días se haga en una sola jornada.Sobre la posibilidad de reclamar derechos, Hurtado fue contundente: “Si no hay contrato firmado, no hay una ley que defienda a la trabajadora. ¿A dónde va a denunciar? Ir al Ministerio de Trabajo es muy complicado; yo llevo un año acompañando un caso y no hemos logrado que nos atiendan”.La situación de las trabajadoras internas tampoco es clara, según indicó. “Hay que esperar con qué van a salir las patronas. Muchas van a decir que tres millones es mucha plata y la empleada termina aceptando lo que le den para no quedarse sin trabajo”, afirmó, al tiempo que expresó su preocupación por el posible aumento del desempleo en el sector.Finalmente, Hurtado cuestionó la falta de representación del gremio en la negociación del salario mínimo. “Nunca nos han llamado a preguntarnos qué pensamos. Nos representan centrales obreras a las que ni siquiera pertenecemos”, señaló. También criticó la falta de apoyo institucional: “El trabajo digno del que tanto habla el Gobierno no se está aplicando con las trabajadoras del hogar”.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en diálogo con Mañanas Blu, ha emitido una contundente alerta sobre las consecuencias del Decreto 1485 del 31 de diciembre, el cual modifica la fórmula para el cálculo de las pensiones en Colombia. Según Velasco, esta medida, tomada tras un aumento significativo del salario mínimo, traslada la carga financiera del Estado directamente a los hombros de los trabajadores, alejando la posibilidad de jubilación para millones de ciudadanos.El costo de pensionarse aumenta radicalmenteHasta finales del año pasado, un trabajador en el régimen de ahorro individual necesitaba acumular aproximadamente 350 millones de pesos para adquirir una renta vitalicia de un salario mínimo. Sin embargo, bajo las nuevas reglas y el efecto del incremento salarial, esa cifra se ha disparado. Velasco explica que ahora se requerirán cerca de 550 millones de pesos para el mismo fin: un incremento de 200 millones que surge de la combinación del aumento salarial y la decisión del Gobierno de no compensar los efectos de dicha subida sobre las pensiones.Este cambio implica que el "sueño de la pensión" para cerca de 20 millones de afiliados en fondos privados se ha vuelto mucho más costoso y difícil de alcanzar. Para quienes no logren este capital, el panorama se inclina hacia la devolución de saldos, a menos que cumplan con los requisitos de semanas y edad para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.Una década más de trabajo para los colombianosLa consecuencia más directa para el ciudadano de a pie es el tiempo. Velasco estima que, para cubrir ese nuevo faltante de capital, un trabajador promedio tendría que laborar al menos una década adicional. "El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década", afirmó el directivo, señalando que esta decisión no fue concertada en mesas técnicas con los sectores afectados.Riesgos en el seguro previsional y sostenibilidad fiscalEl decreto no solo afecta la jubilación por vejez, sino también los seguros de invalidez y sobrevivencia. La ley establece que el costo de estos seguros no debe superar el 3% de la cotización; sin embargo, con los nuevos cálculos, este costo podría subir al 3.2%, quedando por encima de lo legalmente permitido. Esto genera un vacío donde los trabajadores podrían quedar desprotegidos ante accidentes o fallecimientos si el Gobierno no diseña un mecanismo de compensación.Además, Velasco advierte sobre un "tiro por la culata" fiscal. Al agotarse más rápido el Fondo de Garantía de Pensión Mínima —que cuenta con unos 55 billones de pesos—, será el propio Estado quien deba asumir estos pagos en el futuro con los impuestos de todos los colombianos, lo que anularía cualquier ahorro a corto plazo que el Gobierno pretenda lograr.La polémica repatriación de capitalesFinalmente, el presidente de Asofondos criticó la idea del Gobierno de repatriar los ahorros pensionales invertidos en el exterior. Velasco argumenta que obligar a vender estas inversiones internacionales para traer los dólares a Colombia provocaría una caída en la tasa de cambio y una pérdida de rentabilidad para los ahorradores, ya que se verían obligados a "vender barato" afuera y "comprar caro" activos locales. Actualmente, cerca del 50% de los 520 billones de pesos administrados están en el exterior para garantizar la diversificación y seguridad del ahorro.Para entender esta situación, imagine que usted ha estado ahorrando durante años para comprar una casa y, de repente, el vendedor le informa que el precio subió drásticamente. Ahora, usted no solo debe ahorrar mucho más dinero del previsto, sino que se ve obligado a trabajar muchos más años de los que planeaba simplemente para mantener la misma meta que antes sentía al alcance de su mano.Escuche aquí la entrevista:
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.El jefe de Estado explicó que su objetivo es mantener el precio del tiquete para aumentar el número de pasajeros en Transmilenio, reducir la congestión y disminuir el déficit del sistema. Señaló que el diésel sigue subsidiado, pues es el principal costo operativo, y advirtió que subir el pasaje solo reduciría la demanda de usuarios y empeoraría la situación financiera del sistema.Y agregó la siguiente explicación: “El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la Nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”.Frente a este anuncio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que esos recursos podrían evitar una alza en la tarifa durante 2026, siempre y cuando se trate de un aporte adicional a los $938.000 millones ya comprometidos por la Nación en el convenio vigente y que se paguen este año.“Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el Distrito para Flota Eléctrica, Buses Eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1,5 millones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada”, indicó Galán.El alcalde agregó que, de confirmarse el aporte adicional, es decir, 562 mil millones de pesos adicionales a los del convenio ya firmado, sería “es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año, 2026”.Galán explicó que, usando el artículo 183 del Plan de Desarrollo aprobado en 2023, la Nación podría financiar hasta el 50 por ciento de la flota eléctrica en operación. Con más de 1.480 buses eléctricos, parte del costo de Bogotá podría cubrirse con el aporte adicional, dejando la decisión en manos del presidente.Asocapitales advirtió esta semana que el aumento del 23,7 % del salario mínimo podría generar un incremento de cerca de $200 por pasaje en los sistemas de transporte público urbano, afectando tanto a grandes sistemas masivos como el MIO en Cali, Transmilenio en Bogotá y el sistema de transporte público en Medellín, así como a ciudades intermedias como Cartagena. Por ello, el gremio hizo un llamado al Gobierno para establecer reglas claras de corresponsabilidad y cofinanciación, garantizando un transporte público accesible y sostenible.
El uso de pólvora durante las celebraciones de Fin de Año volvió a dejar un saldo preocupante en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, con corte a las 2:00 de la tarde, se han registrado 1.419 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos en todo el país, lo que representa un incremento del 10,4 % frente al mismo periodo del año anterior.Las cifras evidencian que el mayor número de casos se presentó durante las horas de mayor celebración. Solo entre la tarde del 31 de diciembre y la tarde del 1 de enero se reportaron 391 nuevos lesionados, lo que confirma que la noche de Año Nuevo sigue siendo uno de los momentos de mayor riesgo por la manipulación inadecuada de pólvora.Preocupación con los menores de edadUno de los datos que más alarma a las autoridades sanitarias es la afectación a niños y adolescentes. Del total de casos reportados, 428 corresponden a menores de 18 años, es decir, cerca del 30 % de los lesionados. Además, el informe señala que 52 de estos menores se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, un factor que incrementa el riesgo de accidentes graves.Por regiones, Antioquia lidera el número de casos con 182 lesionados, seguida por Nariño (131), Bogotá (104), Norte de Santander (84) y Cauca (81). En el listado también figuran Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Atlántico y Santander, entre otros departamentos. En cuanto a ciudades, Medellín encabeza el registro con 72 casos, seguida de Pasto, Cúcuta y Neiva, lo que refleja una dispersión del problema en todo el territorio nacional.El INS indicó que los totes continúan siendo el artefacto más peligroso, al estar involucrados en el 30,7 % de las lesiones, seguidos por otros elementos pirotécnicos no especificados y los voladores. Estas cifras reafirman las advertencias de las autoridades sobre el alto riesgo que implica el uso de pólvora, especialmente cuando no se cuenta con medidas de seguridad ni supervisión adecuada.Pese a la gravedad del panorama, el reporte preliminar señala que no se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica en este periodo. Sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a la prevención, especialmente para proteger a los menores de edad, y recordaron que también se han notificado siete casos de intoxicación por fósforo blanco, lo que refuerza la necesidad de evitar la manipulación de estos elementos durante las celebraciones.
Colombia comenzó oficialmente este 1 de enero de 2026 su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2026-2027, tras haber sido elegida por la Asamblea General el pasado 3 de junio de 2025 con 180 votos.Durante los próximos dos años, Colombia tendrá voz y voto en el órgano más poderoso del sistema multilateral de la ONU, participando en decisiones relacionadas con conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros asuntos prioritarios para la seguridad internacional.En el comunicado donde se comunicó el inicio de la participación del país en el Consejo Superior, se hizo hincapié en que la participación colombiana estará guiada por los principios históricos de su política exterior: el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, la defensa de la soberanía de los Estados, el principio de no intervención y la resolución pacífica de las controversias.Asimismo, el país promoverá la diplomacia como herramienta fundamental para la construcción de la paz, con un enfoque centrado en las personas.Esta será la octava ocasión en la que Colombia ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad, luego de su más reciente participación en el período 2011-2012, lo que reafirma su compromiso sostenido con el multilateralismo y la promoción de la paz internacional.
El 2026 comenzó movido para varios colombianos en el norte del país, pues sobre las 07:37 de la mañana de este 1 de enero se registró un fuerte temblor de magnitud de 4.6, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC).Si bien el epicentro de este hecho se dio en Venezuela, según el reporte se alcanzó a sentir en zonas de La Guajira, Norte de Santander, César y Atlántico, por supuesto, a una menor escala en comparación a las zonas más cercanas de este fenómeno."Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-01, 07:37 hora local. Magnitud 4.6, Profundidad superficial, Venezuela", indicó el SGC en su reporte oficial. Cabe recordar que el 24 de diciembre también se registró un sismo que ocurrió a las 6:23 de la tarde y tuvo una magnitud de 3.0, con epicentro en el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.En Colombia se pueden llegar a registrar hasta más de 50 temblores por día de hasta magnitud de 3.7. Según el SGC, el primero del 1 de enero se dio en el Meta de manera superficial y uno de los "más fuertes" en Zapatoca, Santander, cerca a la Mesa de Los Santos, en donde tiembla casi todo el día entre 2.0 a 3.0.Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. En particular, la región de Los Santos es reconocida por su constante liberación de energía, lo que genera eventos diarios, la mayoría imperceptibles para la población. El SGC reiteró que conocer estos procesos permite fortalecer la preparación ciudadana ante futuros movimientos.
Un policía colombiano fue asesinado en la madrugada de este jueves en la ciudad de Villavicencio (centro) cuando "atendía un procedimiento" durante la celebración del Año Nuevo, informaron las autoridades."Con profunda tristeza informo que la violencia irracional le arrebató la vida a nuestro subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI (comando de atención inmediata) Barzal de Villavicencio, cuando atendía un procedimiento policial y protegía a la comunidad. Criminales segaron su vida", expresó el director de la Policía colombiana, general William Rincón, en X.El oficial explicó que durante el procedimiento resultó lesionado un hombre conocido con el alias de 'Polo', quien supuestamente causó la muerte al subintendente Fernández."También fue capturado su hermano, alias 'Richard', quien tenía en su poder el arma de fuego con la que le presuntamente le quitaron la vida a nuestro valiente policía", agregó.El general Rincón recordó al uniformado asesinado como un policía "que salió a servir y no regresó a casa"."Rechazamos de manera firme y absoluta este acto criminal y exigimos justicia. Que nadie olvide que detrás del uniforme hay vidas, sueños y familias que hoy sufren", concluyó Rincón.
A raíz de lo comunicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por repatriar cerca de $200 billones en ahorros de fondos de pensiones privados en el extranjero, hay varias reacciones de lo que propone y quiere cumplir el gobierno.Lo hizo primero el exalcalde de Bogotá y candidato a la presidencia, Enrique Peñaloza, diciendo que “es robarle la pensión a los ciudadanos”. Sin embargo, sobre esa reacción, el presidente Gustavo Petro respondió “Los ahorros de los trabajadores que se repatrien, si quieren ellos mismos, continuarán en sus fondos, pero no se exportará su esfuerzo como capital en otro país”Sin embargo, entró a la discusión, Mónica Higuera, exdirectora de Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, exfuncionaria del gobierno Petro, quien aseguró que ella salió de este cargo al ser una irresponsabilidad con los colombianos.“Yo comparto su visión de un país más justo y equitativo. Pero no a la brava ni a las malas. Debe haber simulaciones técnicas, económicas y jurídicas, actuariales. Cuando dirigía la URF ese era mi compromiso. Pero traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos. Eso de que traigan en 6 meses 125 billones, que era la propuesta, era algo fatal. Por no hacerlo así, me tuve que ir. Sea usted responsable con los colombianos, escuche por favor y asesórese bien antes de tomar decisiones.” Concluyó.Entre tanto, en medio de la discusión, en un extenso trino, el presidente Petro reconoció lo escrito por la ex directa de la URF y aseguró que esa repatriación no se puede hacer en un “solo golpe” sino de una manera gradual.“Usted tiene razón en que no puede ser de un solo golpe el retorno de recursos al país, sino gradual. Hay que comenzar con que no sale más dinero y un plan, de acuerdo a la liquidez de los recursos, de desinversión en el exterior e inversión interna. Que no es robo del Estado, como dicen, porque los mismos administradores privados seguirán controlando el saldo de ahorro de sus cuentahabientes laborales.” Escribió el mandatario