Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
Faltan solo horas para que se conozcan los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues en la mañana de este viernes, 5 de diciembre, se llevará a cabo el sorteo oficial de la Copa del Mundo desde la ciudad de Washington en territorio estadounidense. Desde el 1 de diciembre, comenzaron a llegar la diversas delegaciones que estarán presentes en el sorteo, entre esas, la Federación Colombiana de Fútbol con el técnico Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún, presidente de la federación, para conocer en primera fila a los rivales que enfrentará el cuadro Tricolor a mediados del 2026. ¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 mañana 5 de diciembre?Para Colombia, el sorteo comenzará desde las 12:00 del mediodía. Una hora pactada para que los hinchas de todo el mundo puedan conocer al mismo tiempo a sus rivales en directo y comenzar a planear sus viajes, pronósticos y apuestas de cómo le irá a cada selección en la fase de grupos.¿Dónde será el sorteo del Mundial 2026?La ciudad de Washington, Estados Unidos, será la sede de este sorteo de este 5 de diciembre de 2025. Se realizará en el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.Sorteo Mundial 2026: así podrá verlo EN VIVO, gratis y onlineEsta edición del sorteo de la Copa del Mundo contará con tres opciones totalmente gratuitas para Colombia, las cuales solo necesitará de acceso a internet en su celular para verlo EN VIVO, las cuales son:Blu Radio: a través de YouTube y 89.9 FM, el equipo de Blog Deportivo tendrá todo el cubrimiento desde las 11:00 de la mañana.Gol Caracol: la web y señal de Caracol Televisión, tendrán EN VIVO el sorteo del Mundial totalmente gratis, solo necesitará acceso a internet desde su celular.Ditu: la plataforma de streaming gratuito de Caracol Televisión, en su apartado de 'Sports', contará con el sorteo totalmente gratis y online.Estos son los bombos del Mundial 2026Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.Bombo 4: Jordán, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Playoff UEFA 1, Playoff UEFA 2, Playoff UEFA 3, Playoff UEFA 4, Playoff FIFA 1 y Playoff FIFA 2.
Venezuela atraviesa uno de sus momentos de mayor aislamiento internacional tras la suspensión de operaciones de prácticamente todas las aerolíneas que aún conectaban al país con el exterior. La decisión se enmarca en el incremento de la actividad militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, mientras nuevos reportes de prensa británica revelan detalles de una conversación directa entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el expresidente estadounidense Donald Trump.La revelación de The TelegraphDe acuerdo con el periódico británico The Telegraph Maduro sostuvo una conversación de aproximadamente 15 minutos con Trump en la que planteó dos solicitudes centrales para facilitar una eventual salida del poder:Conservar USD 200 millones, parte de su patrimonio personal que se encontraría congelado en cuentas estadounidenses.Obtener una amnistía general para al menos 100 altos funcionarios del gobierno venezolano.El diario señala que la exigencia de la amnistía —y no la cuestión del dinero— fue el punto que llevó al fracaso de la negociación. Según la publicación, el Gobierno estadounidense rechazó la propuesta porque, a su juicio, una amnistía permitiría que continuara operando el denominado Cartel de los Soles, una estructura criminal que Washington atribuye a altos mandos civiles y militares de Venezuela.El reportaje también asegura que Trump sugirió a Maduro trasladarse a países como China o Rusia, mientras el mandatario venezolano habría expresado su preferencia por establecerse en Cuba. Incluso se habría considerado Qatar como opción intermedia, sin que se alcanzara un acuerdo.Otros elementos mencionados por The Telegraph indican que Maduro exige amnistía para sus colaboradores por razones de seguridad interna: sin esas garantías, sostiene el diario, el mandatario teme represalias dentro de Venezuela. La publicación repite además una información previamente divulgada por The New York Times, según la cual Maduro solo confía en su escolta cubana y cambia de residencia diariamente por temor a un ataque.Nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico agrava la tensiónMientras se conocen estos detalles, el Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves de un nuevo ataque en el Pacífico contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico, que dejó cuatro personas muertas. Con este operativo, ya son más de 20 embarcaciones destruidas desde agosto, cuando Washington desplegó en el Caribe una flotilla de buques y aviones de combate como parte de su estrategia antidrogas. El saldo total de estas acciones asciende a 87 fallecidos.Caracas sostiene que tales maniobras tienen como propósito real derrocar al presidente Maduro, una acusación reiterada en comunicados del gobierno venezolano.Aislamiento aéreo: aerolíneas suspenden operacionesEl aumento del despliegue militar llevó a la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) a emitir una alerta el 21 de noviembre en la que pidió a las aeronaves extremar precauciones debido al “empeoramiento de la situación de seguridad”.En respuesta, aerolíneas como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines suspendieron temporalmente vuelos hacia y desde Venezuela. El gobierno venezolano posteriormente revocó sus concesiones, acusándolas de alinearse con “acciones de terrorismo de Estado”.Este jueves, Copa Airlines y Wingo —dos de las últimas compañías que mantenían operaciones regulares con Caracas— extendieron la suspensión de vuelos hasta el 12 de diciembre tras reportar “intermitencias” e “interferencias” en señales de navegación. La estatal colombiana Satena y Boliviana de Aviación también cancelaron sus rutas, citando riesgos operacionales.El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que el país “ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo” y rechazó cualquier señalamiento que sugiera pérdida de control.
Las autoridades civiles del oriente del país prendieron las alarmas ante un eventual incremento en el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia, como consecuencia de las recientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, confirmó que la Administración Municipal está convocando a una reunión extraordinaria con la Gobernación de Santander, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, con el fin de definir un plan regional de contingencia que permita atender un posible éxodo.Según Sarmiento, aunque no se ha registrado un aumento significativo de ciudadanos venezolanos ingresando a la ciudad, sí se están adelantando monitoreos permanentes en los principales puntos de acceso. Uno de ellos es el sector del Parque del Agua, por donde tradicionalmente se movilizan caminantes y familias migrantes que llegan desde la frontera.“Éxodo migratorio de población venezolana y de connacionales colombianos que, si se llega a desatar alguna confrontación u operación en Venezuela, puedan llegar a Colombia. De esta manera, la decisión que hemos adoptado con el señor gobernador es solicitar a nuestros homólogos de Norte de Santander y Cúcuta una cumbre del Gran Santander para tomar medidas anticipativas”, afirmó el mandatario local.La Administración Municipal señaló que el objetivo es alistar protocolos de atención humanitaria, transporte, albergue temporal y articulación con Migración Colombia, ante cualquier eventualidad que pueda generar un incremento en el tránsito de personas por esta zona del país.Aunque por ahora la situación es estable, las autoridades insistieron en que el monitoreo continuará de manera permanente. La cumbre regional se realizaría en los próximos días y buscará unificar criterios frente a la capacidad de respuesta del territorio, considerando que el Gran Santander ha sido históricamente la principal puerta de entrada de ciudadanos venezolanos hacia Colombia.
Ocho meses después del envenenamiento que causó la muerte de dos estudiantes del Colegio Los Nogales, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la presunta responsabilidad de la empresaria Zulma Guzmán Castro. El caso, ocurrido en abril de este año, comenzó cuando a una vivienda del norte de Bogotá llegó un domicilio con frambuesas achocolatadas, consumidas por varias menores de edad.Horas después, cuatro de las jóvenes que habían participado en la reunión presentaron síntomas de intoxicación aguda y fueron trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, Inés de Bedout falleció el 5 de abril y, cuatro días más tarde, murió su amiga Emilia Forero, ambas de 15 años. Otros dos menores y un adulto resultaron afectados, aunque lograron sobrevivir.Cómo se identificó el talio como agente tóxicoEl secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que la intoxicación no fue accidental ni tuvo origen en alimentos contaminados por error. Los equipos de vigilancia epidemiológica detectaron desde el inicio la presencia de talio, un metal altamente tóxico, sin olor ni sabor, difícil de rastrear y que no forma parte de los elementos monitoreados por la entidad.“Se pudo concluir […] que lo sucedido no responde a una intoxicación ocasionada por alimentos, sino por un agente que no es objeto de vigilancia. […] Se logró el hallazgo de esta sustancia desde el comienzo”, afirmó Bermont en su momento. La evidencia descartó cualquier incidente fortuito y reforzó la hipótesis de un acto deliberado.La presunta participación de Zulma Guzmán CastroLa investigación señaló como principal sospechosa a Zulma Guzmán Castro, empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing, conocida por su participación en el programa televisivo Shark Tank. Según la Fiscalía, Guzmán habría gestionado el envío del domicilio con las frambuesas que consumieron las víctimas.Los investigadores también indagan la relación sentimental que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores. Las autoridades consideran que el caso podría corresponder a un crimen de venganza derivado de un conflicto pasional.Además, la Fiscalía examina una posible conexión con la muerte de la esposa del mismo hombre, fallecida dos años atrás en circunstancias no esclarecidas y cuya causa, según los investigadores, también podría estar relacionada con talio.Huida internacional y red de países involucradosPoco después de confirmarse la intoxicación, Guzmán salió de Colombia con destino a Argentina. Su desplazamiento posterior por Brasil, España y Reino Unido llevó a la Fiscalía a internacionalizar la investigación.Con base en las pruebas recolectadas, un juez de control de garantías avaló una orden de captura en su contra. De igual forma, fue emitida una circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en cualquier país donde pueda encontrarse.La evidencia clave que sostiene el casoLa Fiscalía consolidó los siguientes elementos como base de la investigación:Rastro del talio en los cuerpos de las víctimas, identificado desde el ingreso a urgencias.Vínculo directo entre Guzmán y el envío del domicilio consumido por las menores.Salida inmediata del país, horas después de conocerse la intoxicación.Relación personal con el padre de una de las víctimas, considerada relevante en la motivación del crimen.Antecedentes sospechosos, incluyendo la muerte previa de otra mujer cercana al mismo núcleo familiar.Movimiento internacional de la sospechosa por varios países, lo que motivó la intervención de autoridades en Argentina, Brasil, España y Reino Unido.Impacto del caso y avance judicialEl envenenamiento con talio, un metal prácticamente indetectable, ha generado preocupación por su uso criminal y la dificultad de rastrear su origen. Por ahora, la Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Guzmán Castro, mientras avanza en cooperación con autoridades extranjeras para lograr su captura.“Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes […] No existe un riesgo para la salud pública”, reiteró el secretario Bermont, aclarando que el caso corresponde a un hecho puntual y dirigido, no a un riesgo general para la ciudadanía.La investigación continúa y se mantiene bajo reserva, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente el crimen que conmocionó a Bogotá y llevó a la muerte de dos menores de edad.
Venezuela eligió el jueves a su reina de belleza en una noche cargada de luces, música y muchas lentejuelas que algunos en la audiencia vieron como un respiro ante la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.La candidata del estado Miranda, Clara Vegas Goetz, representará a Venezuela en el certamen de Miss Universo en 2026. Sucede a Stephany Abasali, que terminó segunda finalista en este concurso internacional de hace dos semanas.Uno de los espectáculos de mayor tradición en Venezuela, el Miss Venezuela se celebró por tercer año consecutivo en la terraza de un centro comercial de Caracas, lejos del lujo de los grandes escenarios del pasado en este país en crisis.Muchos en el público acudieron con vestidos largos de lentejuelas y tacones altos, o esmoquin.Un petardo sonó de repente a lo lejos. "¡Ay, nos invadieron!", bromeó una mujer. Es un chiste recurrente desde que Estados Unidos movilizó al Caribe al mayor portaviones del mundo junto a buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.Washington sostiene que el despliegue forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro insiste que el objetivo es derrocarlo y apoderarse de las riquezas del país.Jorge Guillén y Jean Piero Torrealba, maquilladores de 52 y 45 años, asisten religiosamente al Miss Venezuela. Desde la tribuna de cemento, aplaudieron, comentaron, hicieron sus pronósticos."Esto te saca de esa realidad", dijo Torrealba a la AFP sin referirse directamente a la crisis con Estados Unidos. Es un tema delicado en Venezuela."En Venezuela primero es el Miss Venezuela, luego el béisbol y tercero el fútbol", señaló por su parte Oswan Vegas, estudiante de 23 años.El desfile en traje de baño celebró "la venezolaneidad", según el presentador. Y en el último desfile de Abasali hubo música dedicada a Venezuela con trajes típicos y muchas banderas.Vegas Goetz es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y figuraba entre las favoritas."Nosotros como venezolanos trabajamos por el futuro", dijo en inglés para remendar una torpe respuesta en español. "Trabajamos por un futuro más brillante. Amor, paz y felicidad".El Miss Venezuela ha debido reinventarse tras las dificultades económicas de este país caribeño y un grave escándalo de explotación sexual.
La denuncia señala que los hechos se presentan en el sector del Filo, en la zona del corregimiento de El Plateado, donde la presencia de ese grupo armado mantiene bajo amenaza a la población civil.De acuerdo con las organizaciones, la presión ejercida por el frente busca forzar a campesinos y pobladores a participar en acciones de protesta bajo coacción, exponiéndolos al riesgo y convirtiéndolos en instrumento de las disputas entre actores armados. “Estas acciones constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la libre movilidad, al trabajo y a la educación”, advirtieron.Las denuncias también alertan que el aumento de la tensión en la zona ha afectado la cotidianidad de las comunidades, que viven en medio de enfrentamientos y restricciones impuestas por los grupos ilegales. Las organizaciones hicieron un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten los principios del Derecho Internacional Humanitario y excluyan a la población civil de cualquier dinámica del conflicto.En Argelia opera el frente Carlos Patiño, una de las estructuras más activas del EMC-Farc, que mantiene confrontaciones con la Fuerza Pública y otros grupos armados por el control del territorio.
Colombia entra en el periodo en el que la dinámica económica empieza a ajustarse de cara al año 2026. Apenas inicia diciembre, los sectores empresariales, los gremios de trabajadores y el Estado comienzan a negociar lo que será el salario mínimo del próximo año.Sin embargo, este no es el único tema que mantiene atentos a los colombianos. Durante el transcurso del año, una decisión de la DIAN generó preocupación entre miles de ciudadanos que viven en conjuntos residenciales o edificios, luego de que la entidad advirtiera un ajuste en el cobro del IVA dentro de la propiedad horizontal.Desde agosto, la DIAN informó que los copropietarios deberán asumir la responsabilidad del IVA por el uso de zonas comunes, al tratarse —según la entidad— de una “explotación comercial”.¿Se complicó el asado de fin de año?Aunque la medida fue ampliamente criticada, los residentes deberán asumir un gasto adicional por el uso de zonas comunes como parqueaderos, salones, piscinas, gimnasios y zonas BBQ, entre otros espacios.Como es tradición en Colombia, muchos suelen aprovechar el 25 de diciembre o el 1 de enero para hacer asados y recibir el año nuevo. Sin embargo, con esta medida, el alquiler de las zonas BBQ tendrá un incremento del 19%, correspondiente al IVA. Así, organizar un asado en las áreas comunes resultará más costoso en 2026.Es importante aclarar que la cuota de administración no tendrá incrementos relacionados con este cobro, ya que este pago cubre mantenimiento y administración general, y no está sujeto al IVA. El cargo adicional aplica únicamente al uso de zonas comunes específicas.Pago de administración en 2026: aumentos por reforma laboralLa reforma laboral abrió otra inquietud: el aumento en el salario de los celadores. Este ajuste impactaría directamente la administración de los conjuntos, especialmente para quienes dependen de empresas de seguridad.La reforma amplió la franja de trabajo nocturno desde las 7:00 de la noche —con entrada en vigor diferida seis meses después de su promulgación— y estableció un aumento gradual del recargo por domingos y festivos: 80% desde julio de 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027.Para las copropiedades con vigilancia, aseo y mantenimiento en horarios extendidos, la combinación de nocturnidad y recargos dominicales/festivos incrementa el gasto operativo y obliga a redistribuir turnos para evitar sobrecostos a los residentes.“Para la Propiedad Horizontal el impacto más sensible es operativo: desde las 7:00 p. m. toda vigilancia y aseo es nocturno y los dominicales/festivos se encarecen gradualmente. Si una copropiedad no reprograma turnos, renegocia con proveedores y provisiona desde ahora, el desajuste le puede pasar factura […] La clave es planear 2026–2027 con escenarios realistas y control de horas”, advierte Daniel Laverde, vocero de Properix Colombia.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la contingencia generada por la falla en el software de los Airbus A320 —que afectó a miles de pasajeros en el país— será superada antes del 8 de diciembre, gracias al avance en la instalación de cajas con el sistema actualizado y al operativo técnico que se adelanta en Medellín, único centro autorizado para el procedimiento en Colombia.En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria explicó que, de los 130 aviones que requerían la actualización, solo quedan 19 pendientes, una cifra que calificó como un indicio de recuperación acelerada. Según Rojas, desde Francia arribaron al país 10 cajas —equipos físicos que ya contienen la versión corregida del software— lo que permitirá avanzar en la recuperación de cinco aeronaves adicionales de forma inmediata. “Cada avión tiene dos cajas… lo que hay que hacer es cambiar esas cajas por las que ya llegan actualizadas”, explicó.La operación técnica y el rol del taller en MedellínLa ministra detalló que los 19 aviones aún pendientes corresponden a modelos que exigen una intervención en taller y no permiten la simple instalación remota del software. “Son los 19 únicos que necesitaban ir a taller por el modelo del avión”, precisó, subrayando que el país cuenta con uno de los 24 centros habilitados a nivel mundial para realizar el procedimiento especializado.El proceso, supervisado en coordinación con Thales, proveedor internacional del sistema, toma entre cuatro y cuatro horas y media por aeronave. Con ese ritmo —explicó Rojas— será posible normalizar la operación antes del 8 de diciembre.“Calculamos que se puedan demorar 4 horas y media en cada avión… la emergencia se logrará superar antes del 8 de diciembre”, sostuvo.Afectación a los pasajeros: reacomodación del 92%La cartera de Transporte mantiene la declaratoria de emergencia debido al impacto directo sobre los usuarios. El sábado, considerado el día más crítico, se cancelaron 84 vuelos, mientras que el domingo la cifra bajó a 64. Para la jornada del lunes se proyectaban menos de 45 cancelaciones.No obstante, la ministra destacó el comportamiento de la reacomodación. “Hoy la reacomodación está en 92 %. Es decir, a la gente se la está ubicando en un vuelo muy similar al original”, señaló, agradeciendo la decisión de Avianca de suspender temporalmente la venta de tiquetes para priorizar a los pasajeros afectados.¿Aumentaron los precios de los tiquetes?Uno de los cuestionamientos más reiterados por los usuarios tiene que ver con el alza en las tarifas aéreas durante la contingencia. Aunque algunos oyentes reportaron incrementos, la ministra insistió en que existe un compromiso entre el Ministerio, Aerocivil y las aerolíneas para evitar especulación.“Aquí no puede pasar que se disparen los tiquetes porque hay una emergencia; lo contrario, en las situaciones de crisis lo que se necesita es solidaridad y empatía”, afirmó. LATAM, explicó Rojas, incluso anunció de manera voluntaria la aplicación de un techo tarifario.La funcionaria dijo que revisará los reportes de incrementos puntuales, reiterando que el compromiso del sector es mantener estabilidad de precios durante la crisis.Reembolsos y vigilancia de la SuperTransporteFrente a las dificultades que algunos pasajeros han reportado para tramitar reembolsos, la ministra confirmó que la Superintendencia de Transporte mantiene activa la vigilancia sobre este proceso.“Esa vigilancia ya está, Al final hay que hacer un balance: cuántos efectivamente se les reacomodó y cuántos se les reembolsó”, dijo. Las opciones para los viajeros incluyen reacomodación, reagendamiento o devolución del dinero.¿Riesgos para los equipos del aeropuerto?Consultada sobre si una nueva tormenta solar podría afectar los sistemas de los aeropuertos, como los radares, la ministra señaló que por ahora no existe un riesgo inminente, aunque el Gobierno revisará los protocolos a la luz de lo ocurrido con los Airbus A320.
El tribunal espera que los comparecientes reconozcan su responsabilidad por secuestros y otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Santander y en zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.La audiencia busca que los excomandantes Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, alias Alberto Cancharina; Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias Jairo Quintero o Jairo Mechas; y Fabio Gil Forero, alias Norbey Narváez, asuman públicamente su responsabilidad por los secuestros y los tratos crueles infligidos a sus víctimas durante el conflicto armado.De acuerdo con la JEP, el Bloque Magdalena Medio ejecutó secuestros tanto con fines de financiación como para ejercer control territorial y social, siguiendo las directrices del entonces Secretariado de las Farc. En varios casos, los secuestrados fueron sometidos a malos tratos, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados.La Sala de Reconocimiento de Verdad destacó que estos secuestros afectaron directamente la democracia, al dirigirse contra funcionarios y candidatos locales bajo estrategias como La despedida a Samper, que buscaban mostrar el control territorial de la guerrilla. También documentó el caso de los nueve concejales de San Pablo (Bolívar) secuestrados en 1998 y los policías capturados durante la toma de la estación de Cucutilla (Norte de Santander) en 1999.En el Caso 01 de secuestros, la JEP ha acreditado más de 4.300 víctimas y ha imputado a 41 exintegrantes de las Farc como máximos responsables. Si los comparecientes reconocen verdad completa y detallada, el proceso avanzará hacia las sanciones propias; de lo contrario, podría derivar en juicios adversariales con penas de cárcel.Con esta diligencia, la JEP busca consolidar la verdad judicial y la memoria histórica del conflicto, garantizando el derecho de las víctimas a conocer lo ocurrido y a obtener reconocimiento público por el daño sufrido.
Tropas del batallón Cacique Pigoanza de la Novena Brigada del Ejército rescataron a tres personas que fueron secuestradas el fin de semana anterior por presuntos integrantes del bloque Isaías Pardo, de las disidencias de las Farc, en el sector conocido como Puerto Dulce, entre los municipios de La Plata y Paicol, en el occidente del Huila.El secretario de gobierno departamental, Juan Carlos Casallas, dijo a Blu Radio que, durante la retención de los dos conductores y un ayudante, dos vehículos de carga adscritos a una empresa de encomiendas fueron hurtados por los hombres armados y se los llevaron hacia el departamento del Cauca.“Se confirma por parte de la Fuerza Pública la presencia de hombres armados pertenecientes a un grupo de disidencias que delinque en el Itaibe, en jurisdicción del departamento del Cauca, quienes retuvieron algunos vehículos, entre esos uno de Servientrega y otro de Taxis Verdes. No fue posible la recuperación de los automotores, pero el Ejército logró la liberación de las tres personas que habían sido secuestradas”, explicó el secretario de gobierno del Huila.Le puede interesar: Alias 'Chará', segundo capturado por el secuestro y homicidio de Harold ArocaDe acuerdo con el funcionario de la Gobernación del Huila, al parecer, los disidentes exigen una millonaria suma de dinero a cambio de devolver los vehículos a sus propietarios.En la zona donde se presentaron los hechos hubo combates entre militares y disidentes del bloque Isaías Pardo, situación de orden público que genera preocupación entre la población civil y los transportadores.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
El Gobierno nacional está cerca de expedir una circular con la cual la Superintendencia de Industria y Comercio tendría información sobre la forma en que se 'cocinan' las campañas políticas en redes sociales y con la que buscará que no se hagan perfiles ideológicos de los votantes con el argumento de que la publicidad política segmentada puede "fragmentar el debate" y llevar a que se creen burbujas informativas lo que al final del día es un riesgo para la democracia.Para nadie es un secreto que una publicidad efectiva en redes sociales puede ser la clave de una campaña política ganadora y por eso las campañas buscan identificar a sus posibles votantes y entregarles un mensaje personalizado según criterios como la edad, la ciudad en la que viven, el celular que usan e incluso los intereses que tienen en redes sociales.A eso se llama 'segmentar' al público. Hoy un colombiano gasta en promedio 3.25 minutos al día en las redes sociales, según un ranking de Global World Index que deja a nuestro país como uno de los más enganchados a las pantallas.En ese contexto la Superintencia de Industria y Comercio está publicando para comentarios un proyecto de circular con instrucciones para las campañas políticas. Entre esas instrucciones está prohibición de "elaborar perfiles que clasifiquen, evalúen o busquen predecir la ideología política de los titulares, así como cualquier perfilamiento basado en inferencias que permitan revelar dicha condición, incluidas categorías como religión, orientación política u otros datos sensibles definidos por la ley".La otra orden es esta. Las campañas políticas, o las agencias de marketing digilal, deben llevar un registro "de los criterios de segmentación utilizados en cada campaña digital", ese registro debe estar a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio y además coincidir con la información de las bibliotecas públicas de anuncios, como las que tiene Meta (Facebook, e Instagram).Hay otras órdenes más tradicionales, digamos, como la prohibición de incluir números de teléfono en listas o grupos de Whatsappp y de otras plataformas sin autorización previa, expresa e informada. Además los ciudadanos deberían poder acceder a información sobre cómo los clasificaron para entregarles el mensaje político y si en ese proceso se usaron algorirmos de inteligencia artificial.La Superindustria advierte también que es un delito el uso del Deepfake. Es decir de generar audios, imágenes o videos falsos con inteligencia artifical para suplantar su identidad.La justificación de la Superindustria en su comunicado de prensa es que busca "proteger la libertad de electoras y electores, los derechos de la ciudadanía y la democracia representativa" y que "en una época en la que el tratamiento de datos personales es central para los procesos electorales, la SIC recuerda que las normas sobre protección de datos personales son fundamentales en una sociedad abierta, respetuosa de los principios rectores del Estado social de derecho y de las vías de formación de la voluntad popular".