El presidente Gustavo Petro le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025. Esta decisión se conoce luego de que la directora del Dapre, Angie Rodríguez, renunciara de manera irrevocable. Se esperan nuevos movimientos en el gabinete a siete meses de terminar el Gobierno.En su carta de renuncia, el ahora exdirector aseguró: “Agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad, y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria; además, me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión al frente del Gobierno”.Esta decisión se da en medio de lo que sería un nuevo remezón ministerial. El presidente Gustavo Petro haría los últimos cambios en el gabinete tras más de 50 ministros en estos cuatro años. Esto ocurriría antes de su viaje a Suiza para el Foro Económico, que está programado para el 19 de enero.El exdirector de la DNI podría terminar en otro cargo dentro del Gobierno nacional.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga. Según explicó, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de ese tipo. “Lo que ya hemos confirmado hasta ahora, al interior del Ministerio de Defensa, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa”, afirmó.Sánchez precisó que Pegasus sí estuvo en el país, pero dejó de utilizarse hace más de dos años. “Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que enfatizó que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares emplea actualmente ese tipo de herramientas.En ese sentido, fue enfático en descartar órdenes irregulares: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa, o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.El ministro también subrayó que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales. “Nosotros no utilizamos ese tipo de software y, si se llegara a utilizar, debe ser con orden judicial y con todo el proceso; de lo contrario, es una violación a la ley”, sostuvo. Agregó que el Ministerio solo ordena labores de contrainteligencia interna, limitadas a pruebas de confiabilidad para proteger la seguridad de funcionarios y decisiones estratégicas.En relación con los señalamientos contra un suboficial mencionado en las denuncias, Sánchez advirtió sobre los riesgos de exponer información personal sin pruebas. “Exponer la hoja de vida, el nombre o las imágenes de nuestros suboficiales no solo los pone en riesgo, sino que también viola su privacidad y afecta el debido proceso”, dijo. Finalmente, anunció que se activaron todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y reiteró que la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes, mientras llamó a un manejo responsable de la información para evitar desinformación y señalamientos sin sustento.
Desafortunadamente, los actos delictivos ocurren todos los días. De acuerdo con las autoridades, los delitos más comunes en Colombia son el hurto (a personas, residencias y vehículos), la extorsión, lesiones personales y el homicidio; luego de ello le siguen los delitos informáticos y estafas digitales.No obstante, hay otras conductas que las personas pueden cometer y no saben que están catalogados como delitos. La Fiscalía General de la Nación indicó que seis acciones, algunas muy comunes entre los colombianos, son sancionadas según el Código Penal.El llamado Código Penal en Colombia contiene las normas de carácter penal y son las que definen qué actos están tipificados como delitos y las penas que se pueden determinar según el caso.Las seis conductas que también son delito en ColombiaUn delito es una acción que castiga el Estado y se comete con intensión o imprudencia y pone en peligro un bien jurídico protegido como la vida, la propiedad y el honor.Según la Fiscalía, estas son las seis conductas que también son delitos en Colombia:1. PerfidiaEsta acción suele ocurrir en conflictos armados cuando alguien engaña al adversario usando símbolos de protección como la bandera blanca, la Cruz Roja o uniformes enemigos para atacar o causar daño.2. Contaminación de aguasLa conducta, además de ser un acto irresponsable, es un delito. Según la Fiscalía, si alguien altera o contamina el agua destinada a consumo humano, poniendo en riesgo la salud de las personas, puede enfrentar penas de prisión.Lea también: (Consejo Gremial pide a Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica del Gobierno).3. Perturbación de actos oficialesImpedir una función pública también está catalogado como un delito. Usar engaños, falsas órdenes o hacerse pasar por autoridades para interrumpir o alterar las decisiones de entidades públicas, puede ser castigado por la justicia. En este punto, la Fiscalía aclara que las instituciones deben funcionar sin trampa.4. Pánico económicoDifundir información falsa que afecte la confianza en bancos, inversiones o empresas; o que provoque retiros masivos de dinero o despidos colectivos, es pánico económico. Esta desinformación puede quebrar la economía de un país.5. EspionajeObtener, usar o revelar secretos políticos, económicos o militares que comprometen la seguridad del Estado es considerado un delito de espionaje. No se puede confundir con curiosidad, se trata de seguridad nacional.6. Perturbación de la posesión sobre inmuebleEste acto ocurre cuando alguien, mediante un acto de violencia, interfiere en la posesión pacifica que otra persona tiene sobre un inmueble, así no se trate de una invasión. Sacar a alguien por la fuerza, impedirle usar el lugar que ocupa o intimidar para que salga de allí es delito.Adicionalmente, el Código Penal también sanciona el engaño, la violencia y los abusos. El ente investigador recordó que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad de la persona.
Tras varios encuentros y consultas con líderes locales, distintos sectores políticos de Antioquia anunciaron coincidencias programáticas en torno a la protección de la niñez y el fortalecimiento institucional, temas que han cobrado relevancia en el debate público de cara al panorama electoral nacional.En este contexto, la exconcejal y actual candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Nataly Vélez, confirmó su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, destacando que el punto de unión radica en la necesidad de adoptar medidas más rigurosas para garantizar los derechos de los menores de edad.De acuerdo con Vélez, el acuerdo político se sustenta en la convicción de que la protección de la niñez debe trascender las diferencias partidistas y convertirse en una prioridad nacional. La propuesta busca impulsar reformas que fortalezcan las sanciones por delitos de abuso sexual y promuevan mayor eficiencia en las instituciones encargadas del cuidado y atención a las víctimas.“Nos estamos jugando el presente y el futuro del país, y es momento de poner por encima los intereses superiores de Colombia. Abelardo es coherente con lo que este equipo político ha defendido durante más de 12 años: a la niñez se le cuida y se le protege, y si es necesario, se defiende con acciones cada vez más contundentes”, señaló Vélez.Desde el equipo de Abelardo de la Espriella se resaltó la importancia de esta articulación política en Antioquia, que agrupa a concejales, alcaldes y líderes locales que comparten una agenda basada en la defensa de la niñez y la coherencia ideológica. Entre ellos se encuentra el concejal de Medellín Miguel Iguarán, junto con varios ediles y representantes municipales que acompañarán este proceso en distintas subregiones del departamento.“Tomamos la delantera con un candidato coherente. Somos los primeros en sumarnos a Abelardo porque creemos que las decisiones más importantes se toman por coincidencias ideológicas y no por transacciones políticas”, concluyó Vélez.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Joe Quesada, se refirió al impacto que tendrá el incremento del salario mínimo del 23,7 % en el sector de la vigilancia y seguridad privada, especialmente en materia de costos laborales y sostenibilidad del servicio. Según explicó, antes de hablar de posibles afectaciones al empleo, es necesario establecer un marco claro sobre cómo funciona la estructura tarifaria del sector y las implicaciones reales de este aumento.Quesada señaló que las tarifas mínimas del servicio de vigilancia están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fijadas por ley en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas tarifas, indicó, garantizan el pago de salarios, prestaciones sociales, recargos y costos operativos, lo que evita la precarización laboral y la degradación del servicio. Aclaró además que dichas tarifas no se definen ni por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni por la oferta y la demanda, sino que están directamente indexadas al salario mínimo.El directivo explicó que, si bien el incremento salarial implica un aumento significativo en los costos, el sector no maneja márgenes de ganancia elevados. De acuerdo con Quesada, cerca del 85% del costo del servicio corresponde a gastos laborales y el margen de utilidad de las empresas no supera el 4 o 5 %, lo que desmiente, según afirmó, versiones que señalan supuestas grandes ganancias en la industria de la seguridad privada.Frente a la posibilidad de pérdida de empleos, Quesada aseguró que no se puede afirmar de manera ligera que el alza salarial derivará en despidos masivos de vigilantes. Indicó que el sector continúa en diálogo con el Gobierno Nacional para analizar los impactos del aumento y buscar soluciones conjuntas.Si bien reconoció que existen implicaciones en los costos del servicio y en las administraciones contratantes, enfatizó que Colombia sigue siendo un país con alta demanda de vigilancia presencial, por lo que los trabajadores deben contar con mejores salarios y mayores oportunidades de vida, sin que ello implique una afectación generalizada al empleo en el sector.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 13 de enero de 2026:Andrés Idárraga, ministro de Justicia, se pronunció sobre el traslado de jefes de bandas criminales a cárceles de Barranquilla.María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, habló sobre el incremento del pasaje de TransMilenio.Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, profundizó sobre el aumento de las cuotas de administración.Enrique Peñalosa, precandidato presidencial, dio detalles del aval que está esperando para participar en la Gran Consulta por Colombia.Mauricio Salazar, representante de 'Sirvalo Pues', se refirió al fallecimiento de Yeison Jiménez.Jhonny Rivera, cantante colombiano y amigo de Yeison Jiménez, comentó cómo era su relación con él.El coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aerocivil, habló sobre has investigaciones a la avioneta de Yeison Jiménez.Escuche el programa completo aquí:
Ya se conocen los horarios para el evento de homenaje póstumo del cantante Yeison Jiménez tras el accidente aéreo. Según la familia y equipos del artista, desde las 11:00 am se hará una misa privada por parte de los familiares y sobre las 12:00 pm del mediodía se dará la apertura de las puertas del escenario Movistar Arena.Sin embargo, aclaran en medio de un comunicado que el ingreso se dará en dos momentos hasta llenar el aforo. El primero es desde las 12:00 pm hasta las 4:00 pm y el segundo se hará desde las 6:00 pm y va hasta las 10:00 pm, cuando se finalizará por completo el evento.Ante esto, para la entrada hay varias condiciones que se deben cumplir. Los organizadores confirman que está permitido el ingreso de personas mayores de 16 años en compañía de adultos responsables; no se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez y advierten que no habrá venta de licor dentro del escenario.Así mismo, como lo adelantó la familia, la entrada al homenaje será gratuita, por lo cual advierten que no habrá venta de boletería, aclaración que se hace tras evidencia de que hubo varias quejas de fanáticos a los que les pedían una gran suma de dinero para entrar al Movistar Arena.Por su parte, la familia afirmó que en la mañana del martes 13 de enero se harán honras privadas con amigos y cercanos que llegan desde varios puntos de Colombia.
La muerte de Beatriz González dejó un vacío profundo en el arte colombiano. La artista plástica, considerada una de las creadoras más influyentes del país, falleció el pasado viernes 9 de enero de 2026 a los 93 años, tras una vida dedicada a observar, interpretar y retratar la historia reciente de Colombia desde el arte.Este martes 13 de enero, en Mañanas Blu, la escritora y columnista Yolanda Reyes, amiga cercana de la artista, habló sobre su legado y recordó la dimensión humana y creativa de González. “Nunca terminaremos de extrañarla”, dijo, al referirse a la huella que deja una obra que acompañó al país durante décadas.¿Por qué Beatriz González transformó el arte colombiano?Reyes explicó que Beatriz González fue una figura que rompió con las formas tradicionales del arte. “Cuando le dicen la maestra, estamos pensando en una figura indiscutiblemente rompedora en el arte moderno y contemporáneo”, señaló. Destacó que nunca se acomodó a una fórmula que funcionara, sino que exploró distintas posibilidades a lo largo del tiempo.Su trabajo dialogó con lo popular, lo kitsch y la prensa escrita, y se caracterizó por el uso del color, el humor y la crítica. “Tenía el arrojo para burlarse de presidentes en ejercicio”, afirmó Reyes, al recordar cómo González se atrevió a cuestionar el poder desde el arte, sin solemnidad y con ironía.La memoria del país, vista desde su obraUno de los ejes centrales de su trabajo fue la memoria colectiva. Reyes recordó piezas emblemáticas como Los suicidas del Sisga y los columbarios del Cementerio Central de Bogotá, donde la artista puso el foco en las víctimas anónimas del conflicto y la violencia.“De los poderosos se burlaba y de las almas anónimas las rescataba”, explicó, al destacar cómo González transformó recortes de periódicos en un archivo visual que da cuenta de los dolores, las contradicciones y las historias que marcaron al país durante más de medio siglo.El legado de Beatriz González como maestra y formadoraAdemás de su obra, Reyes resaltó la vocación pedagógica de la artista. Habló de su paso por la Escuela de Guías, de su trabajo con jóvenes y de su interés por formar públicos y fortalecer museos. “Ella decía que en el arte hay que repetir, repetir y repetir”, recordó.Para quienes la conocieron, Beatriz González no solo deja una obra imprescindible, sino una manera de mirar a Colombia que seguirá viva en la memoria cultural del país.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, defendió la decisión del mandatario de denunciar a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), ante la Corte Penal Internacional (CPI). La discusión surgió luego de que se conociera un audio atribuido a Iván Mordisco en el que convoca a otros grupos armados ilegales a una “cumbre insurgente” y a una unión para enfrentar lo que califican como injerencias extranjeras. Para Carranza, ese mensaje confirma la necesidad de acudir a instancias internacionales.“Esta batalla que se da para garantizar la soberanía y la libertad del país es tanto militar como jurídica”, afirmó el abogado, quien insistió en que la denuncia ante la CPI busca integrar un instrumento internacional a la persecución contra un “delincuente, terrorista y criminal” como Mordisco. ¿Denuncia es sinónimo de incapacidad del Estado?En su concepto, el país enfrenta una “guerra híbrida” que combina acciones armadas, judiciales, políticas y comunicacionales, lo que obliga al Estado a responder con todas las herramientas disponibles.Carranza rechazó que la denuncia implique una admisión de incapacidad de la justicia colombiana. Por el contrario, sostuvo que Iván Mordisco tiene múltiples procesos y condenas en el país y que tuvo la oportunidad de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a nuevos intentos de negociación, pero los desaprovechó. “Colombia tiene todas las capacidades para hacerlo y lo seguirá haciendo”, dijo, al tiempo que explicó que la diferencia está en cómo se presenta el caso ante otros Estados de la región.Según el abogado, llevar el caso ante la CPI cambia la narrativa internacional: “No es lo mismo que un país crea que en su frontera hay un supuesto guerrillero con discurso político, a que sepa que hay un criminal de guerra”. En ese sentido, señaló que la decisión del presidente Petro busca que los países de América tengan claridad sobre la naturaleza de estas estructuras y actúen en consecuencia.Carranza también aseguró que con esta denuncia se marca un punto de quiebre frente a futuras negociaciones. A su juicio, el presidente está cambiando la doctrina histórica que veía el narcotráfico como un resultado del conflicto armado, para señalarlo como el motor de la violencia. “Son grupos narcoterroristas que lesionan el Derecho Internacional Humanitario y luego salen a dar discursos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que, de prosperar el proceso, Iván Mordisco quedaría catalogado como criminal de guerra y no podría volver a salir de listas de terrorismo ni aspirar a nuevas negociaciones de paz.Frente a las críticas que señalan que el Gobierno debería concentrarse exclusivamente en operaciones militares en zonas como el Amazonas o el Guaviare, Carranza respondió que no se trata de un “show”, sino de una estrategia integral. Argumentó que el Estado colombiano, a diferencia de los grupos armados, está obligado a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a la población civil. “No vamos a acabar con el Amazonas ni con el Caquetá; vamos a proteger a nuestra población y a usar los instrumentos internacionales”, sostuvo.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
Para la Contraloría, el Gobierno ha dejado pasar todo un año sin hacer nada frente a los graves riesgos de seguridad energética que afronta el país. No solo se habla del riesgo de un apagón financiero, sino también de la caída en la producción de petróleo, la falta de gas y la falta de claridad sobre cuáles son los planes de la transición energética.Hace un año, el ente de control había lanzado una primera advertencia, pero no pasó nada del lado del Gobierno, según sus propias palabras.“Por haber transcurrido prácticamente un año después de la emisión de la mencionada advertencia de control concomitante y preventivo, sin que se tomen decisiones tendentes a reducir o eliminar los escenarios de riesgo descritos, pese a que cada vez se agudizan más las condiciones de criticidad, me permito exhortar al Ministerio de Minas y Energía, y por vía suya al Gobierno Nacional, para que se obre en consecuencia con los más altos intereses de la Nación”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez en una carta dirigida al ministro de Minas, Edwin Palma.Y es que, según la Contraloría, desde comienzos de este año están esperando conocer el Plan de Transición Energética y los proyectos asociados a él, pero hasta el momento no hay claridad respecto a la diversificación de fuentes de energía, ni sobre la existencia de una infraestructura robusta (plantas, redes de transmisión, almacenamiento).Las deudas con las empresas de servicios públicos por concepto de subsidios a la energía y el gas aumentaron hasta los 2,88 billones de pesos; las exportaciones de petróleo siguen cayendo y “el país lleva tres años sin gestión para la promoción y hallazgo de nuevas reservas” de petróleo. Eso sin contar las reducciones en el recaudo de regalías.La Contraloría también alertó sobre las preocupaciones por el déficit de gas natural para el próximo año, que podría llevar a un nuevo aumento de las importaciones.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro pidió a las personas que lo siguen enviar una carta al presidente Trump exigiendo el respeto a su libertad de expresión y también su retiro de la lista Ofac. El mandatario calificó esto como toda una campaña para llenar las oficinas de la Casa Blanca y también la del senador Marco Rubio de misivas en las que se solicite la exclusión de dicho listado, por el cual bloquean sus cuentas y le impiden hacer cualquier tipo de negocio con EE. UU.“Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran a buscarme en otras redes y, les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump, exigiendo el respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista Ofac. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos, solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe”, dijoEl mandatario insistió en que su gobierno ha incautado grandes cantidades de cocaína. “Así que llenemos la Casa Blanca en Washington, la vicepresidencia de los EE. UU. y la oficina del señor Rubio de esta campaña mundial que ojalá alcance a millones: Saquen a Petro de la Ofac".El mandatario también se refirió a Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien le está pidiendo a Elon Musk, el dueño de X, que evalúe la posibilidad de suspender la cuenta de X del mandatario argumentando que fue incluido en la Lista Clinton el pasado 24 de octubre, por lo que las empresas de Estados Unidos deberían suspender servicios que lo cobijen.“Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras, y, por tanto, no actúa la ley Ofac a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis DD. HH.”, concluyó.
La Universidad Militar Nueva Granada, con el acompañamiento jurídico de la Corporación Milvíctimas, intervino ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir verdad, reconocimiento y responsabilidad por el atentado con carro bomba perpetrado contra su sede el 19 de octubre de 2006.La solicitud se presentó durante la audiencia de observaciones de víctimas a las versiones voluntarias del antiguo Bloque Oriental de las Farc, dentro del macrocaso 10, que investiga crímenes cometidos por esa estructura insurgente.El profesor Jean Carlo Mejía Azuero, representante de la Universidad, recordó que el ataque se produjo mientras se desarrollaba un evento académico sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, dejando 18 civiles y 14 militares heridos, y afectando gravemente la infraestructura universitaria.Mejía señaló que el hecho fue ejecutado por la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), en el marco de la denominada guerra urbana de las Farc, y exigió a los comparecientes el reconocimiento pleno de que se trató de un ataque indiscriminado contra población y bienes civiles protegidos, es decir, un crimen de guerra.Durante su intervención, la representación de la Universidad pidió esclarecer las órdenes internas del Bloque Oriental, los criterios de selección de objetivos, la posible infiltración de la exguerrillera Marilú Ramírez Baquero, y si los responsables conocían que en ese momento se encontraban representantes de la ONU en el Aula Máxima de la institución.Por su parte, el abogado Elvis López, director jurídico de la Corporación Milvíctimas, reiteró que la Universidad Militar nunca fue un objetivo militar legítimo, pues se trata de una institución pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional.López enfatizó que el uso de una camioneta bomba en un entorno académico violó los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando la integridad física y psicológica de la comunidad educativa.“El hecho de que no se hubieran producido muertes no lo hace menos grave. El ataque fue previsible, desproporcionado y dirigido contra civiles en un bien protegido. Por su naturaleza, constituye un crimen de guerra que debe ser reconocido como tal”, afirmó el abogado.Con esta intervención, la Universidad Militar Nueva Granada y la Corporación Milvíctimas reafirmaron su compromiso con la verdad, la memoria y la reparación de las víctimas, así como con la exigencia de que los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconozcan plenamente su responsabilidad en los ataques indiscriminados cometidos durante el conflicto armado.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reclamó la ausencia de representantes de primer nivel del Gobierno en la reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde varias entidades enviaron delegados en lugar de sus titulares.Barrios señaló que “es el séptimo comité de seguimiento electoral preparatorio, y así venía la convocatoria para las elecciones a Congreso y Presidencia el próximo año, indiscutiblemente han venido perdiendo importancia las comisiones de seguimiento electoral para las autoridades nacionales”.Durante su intervención, Barrios recordó que estos espacios permiten la coordinación logística y operativa entre partidos y autoridades para garantizar los comicios.“La mejor gobernanza que se puede hacer de las elecciones son estos comités. Aquí llegan las organizaciones políticas, llegan las autoridades de más alto nivel, se hacen los acuerdos necesarios para poder garantizar elecciones, pero pareciera que ha venido, o no sé si perdiendo importancia, el tema de la democracia, el tema de las elecciones”, afirmó.Participación en políticaLa directora de la MOE también cuestionó declaraciones de funcionarios del Gobierno en medio del pre proceso electoral. En referencia indirecta, entre otros, al ministro del Interior, Armando Benedetti, al indicar que “lo que el gobierno nacional debería hacer es concentrarse en la organización de las elecciones y quizás bajarle al nivel de opinión frente a la competencia electoral”.FinanciaciónBarrios advirtió además sobre la falta de controles en la financiación de campañas y el uso del aplicativo Cuentas Claras. “Aquí no sabemos cuánto vale una campaña política, no sabemos cuánto ha ingresado, cuántos son los aportes que han recibido quienes están recogiendo firmas, y tenemos unos comportamientos que han superado en más del 140 % la inscripción de cédulas al mismo periodo exactamente hace cuatro años”, manifestó.Según la MOE, al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras continuaba sin habilitarse, lo que impide conocer los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos durante la recolección de firmas.En su más reciente informe, la organización reportó 42 cuentas activas de aspirantes presidenciales con inversiones en publicidad digital que suman 799 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025, sin información pública sobre el origen de los recursos ni reportes formales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La incertidumbre regresó a San Juan de Lozada, en el límite entre Meta y Caquetá, luego de que los dos soldados del Ejército Nacional, Ángel González y Edgar Mina, liberados hace pocas horas, fueran nuevamente secuestrados.Fuentes oficiales confirmaron que los militares habían sido entregados inicialmente a un sacerdote y se encontraban bajo custodia de una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), encargada de su traslado a un punto seguro. Sin embargo, antes de que la operación humanitaria se completara, un grupo los interceptó y los retuvo otra vez, trasladándolos 22 kilómetros hacia una nueva ubicación dentro de la zona rural.La comunidad que tiene retenidos a los dos soldados está exigiendo que la mesa de diálogo se traslade al sitio donde están secuestrados para que los entreguen nuevamente.Los militares, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron abandonados en zona rural y entregados a un sacerdote alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 4 de noviembre; sin embargo, fueron secuestrados nuevamente.
Los acercamientos entre la Federación Colombiana de Municipios y el Gobierno nacional comienzan a dar señales de avance tras la alerta lanzada por los alcaldes del país por la reducción del 48,8 % en los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una medida que, según advirtieron, pone en riesgo la prestación de servicios esenciales como educación y salud en los territorios.Luego de una reunión con el Ejecutivo, la Federación informó que se lograron presentar propuestas parciales orientadas a evitar que se consolide la disminución de recursos y, en su lugar, proyectar un incremento cercano a los 8 billones de pesos. Ese monto representaría un crecimiento aproximado del 7,8 % frente a lo asignado en 2025, lo que permitiría aliviar las finanzas municipales y garantizar la continuidad de programas básicos a cargo de las administraciones locales.De acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, las dificultades obedecen a una situación puntual asociada con la última doceava del año 2025. Esa fracción presentó una reducción cercana al 48 %, como resultado del cálculo técnico basado en los ingresos corrientes de la Nación correspondientes al año 2024, particularmente por el comportamiento del recaudo tributario durante ese periodo.La Federación explicó que este ajuste generó un impacto inmediato en la caja de varios municipios, lo que encendió las alertas entre los mandatarios locales ante la posibilidad de no contar con los recursos suficientes para cumplir compromisos y la ejecución de programas sociales. Por esa razón, se abrió una mesa de trabajo con el Gobierno para buscar salidas que eviten una afectación mayor en las finanzas territoriales.En ese contexto, la Federación, junto con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), avanza en la construcción de una solución jurídica que permita restituir los recursos descontados y distribuir su impacto a lo largo del año 2026. El objetivo, según se ha indicado, es evitar traumatismos en el flujo de caja de los municipios y garantizar una programación más equilibrada de las transferencias del SGP.Como parte de ese proceso, se anunció que el próximo jueves, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo una reunión virtual, en la que se espera concretar una solución de fondo y obtener un compromiso formal por parte del Gobierno nacional frente a la recomposición de los recursos.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, lanzó duras críticas contra Angie Rodríguez, tras su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y su llegada al Fondo Adaptación. Carrillo calificó como “una infamia” y “muy bajo” lo que, según él, fue una actuación de Rodríguez en su contra y contra la entidad que dirigía de manera encargada.De acuerdo con Carrillo, nunca buscó una confrontación pública y aseguró que su prioridad ha sido cumplir con la misión institucional. Sin embargo, afirmó que lo ocurrido “fue una mezquindad” y que las acciones de Rodríguez tuvieron como propósito “atornillarse a su puesto”. Según su relato, las denuncias públicas de Rodríguez aparecieron después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia al DAPRE, y en ellas se insinuó una posible relación entre hechos de seguridad ocurridos en la vivienda de sus padres y el Fondo Adaptación.Carrillo rechazó esas insinuaciones y defendió el carácter técnico del Fondo Adaptación, entidad creada mediante decreto de emergencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Explicó que, aunque existe cierta duplicidad de funciones con la UNGRD, el Fondo tiene un diseño institucional distinto y moderno. En ese contexto, lamentó que Rodríguez, según dijo, haya hecho afirmaciones falsas en una rueda de prensa que, en su opinión, terminaron afectando la imagen del Fondo.“Ella misma sale a decir cosas que son falsas, a poner como si eso hubiera sido una cueva”, afirmó Carrillo, al tiempo que insistió en que el Fondo Adaptación ha sido una de las entidades que ha funcionado relativamente bien. Según el director de la UNGRD, las declaraciones de Rodríguez no solo lo afectaron personalmente, sino que perjudicaron a la institución que ella misma pasaría a dirigir.En la entrevista también se abordó la supuesta influencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en este episodio. Carrillo aseguró que Benedetti lo denunció y que ha habido ataques en su contra, aunque señaló que no quiere profundizar en esa confrontación. No obstante, afirmó que existe un trasfondo político y sostuvo que el Fondo Adaptación habría empezado a ser utilizado para acuerdos políticos, algo que —según él— va en contravía del enfoque del Gobierno.Uno de los puntos más sensibles señalados por Carrillo fue la situación administrativa del Fondo Adaptación. Aseguró que la nueva gerente liquidó el contrato de las oficinas, dejando a la entidad sin sede física, decisión que, en su opinión, podría constituir un detrimento patrimonial. Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender el decreto con el que el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, quedando en 2 millones de pesos.La decisión se produjo en el marco de una acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, en representación del ciudadano Alexander Donado Rondón, contra la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda.En esa acción de tutela se argumentó que había una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al decretar un incremento promedio del 23,7 %, sin observar de manera estricta los criterios establecidos en la ley.Según la tutela, el aumento que fijó el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095 tendría efectos negativos inmediatos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el empleo formal y los trabajadores informales.La petición finalmente no prosperó porque el juez concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar una medida cautelar.Otro de los argumentos para que el juzgado negara la suspensión provisional del decreto es que en la tutela ni en sus anexos se demostraron afectaciones concretas e inmediatas a los derechos fundamentales del accionante que justificaran la suspensión.
Una rápida reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército permitió neutralizar un retén ilegal que individuos armados pretendían instalar en el eje vial del sector conocido como La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. El hecho se registró en medio de operaciones ofensivas que se adelantan en la región del Catatumbo para garantizar la seguridad y la movilidad de la población.De acuerdo con el coronel Wendell Fernández Porras, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, los criminales se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban armas cortas. Al percatarse de la presencia de las tropas en el sector, abrieron fuego de manera indiscriminada, tanto contra la población civil como contra las unidades militares, generando momentos de tensión en la zona.Durante el ataque, un civil resultó herido de forma leve en una de sus manos. De inmediato, personal de enfermería de combate le brindó atención prioritaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al Centro de Salud de Campo 2, donde recibió atención médica sin que su vida corriera peligro.Tras lo ocurrido, las autoridades reforzaron la presencia institucional en el sector con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de este hecho. Las operaciones continuarán de manera sostenida para evitar nuevas acciones armadas y garantizar la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo.“En este sector se ha venido fortaleciendo la presencia institucional con el fin de dar con el paradero de los responsables de este repudiable hecho. Asimismo, continuaremos haciendo presencia de forma sostenida con nuestras unidades para evitar cualquier afectación a la libre movilidad de los habitantes del Catatumbo”, indicó el general.
Ya se reiniciaron las labores en las altas cortes tras la vacancia judicial, en ese sentido, el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda contra el decreto con el que el Gobierno nacional incrementó el salario mínimo a 2 millones de pesos el pasado 29 de diciembre y que no ha sido visto con buenos ojos por varios sectores en el país.Está demanda fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo, al considerar que el decreto vulneraría disposiciones legales y constitucionales.El Consejo de Estado ya hizo lo propio al notificar a los ministerios involucrados y asimismo, corrió traslado de la demanda por 30 días a las entidades accionadas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre el fondo del asunto.El despacho también ordenó al Gobierno nacional allegar la totalidad de los documentos que precedieron la expedición del decreto del salario mínimo para este 2026.“En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, señaló el Consejo de Estado.Y es que desde su expedición este decreto que fijó el incremento del salario mínimo ha sido objeto de duras críticas por gremios y sectores quienes advierten que el aumento no estuvo soportado bajo estrictos criterios técnicos.
Tras una sesión reservada de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se extendió por varias horas, la representante Carolina Arbeláez fijó una postura crítica frente al manejo que el gobierno de Gustavo Petro le está dando a las relaciones internacionales,. En el encuentro, que por ley mantiene un carácter confidencial, la oposición tuvo la oportunidad de expresar sus preocupaciones directamente al mandatario, enfatizando que las relaciones diplomáticas no deben gestionarse a través de las redes sociales,.La urgencia de una agenda técnica con Estados UnidosUno de los puntos centrales de la discusión fue el futuro de la relación con los Estados Unidos, especialmente ante el panorama político actual de ese país. Arbeláez subrayó que, tras más de 200 años de historia compartida, Colombia no puede permitir que la ideología del gobierno de turno ponga en riesgo la inversión, el empleo y la cooperación estratégica. Durante la reunión, se le insistió al presidente Petro que no asista a sus encuentros internacionales simplemente a "dar discursos", sino que presente una agenda clara con métricas e indicadores específicos.La preocupación radica en que los indicadores actuales, especialmente en temas sensibles como el crecimiento de los cultivos de coca, no favorecen al gobierno colombiano ante los ojos de Washington. Para la oposición, es imperativo que el país demuestre avances tangibles en la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos para preservar una alianza que es hemisférica y legítima para los intereses estadounidenses.El rol del presidente: diplomacia frente a activismoLa representante Arbeláez fue enfática al recordarle al mandatario su rol institucional. Según la congresista, se le pidió al presidente que entienda que "no es un activista ni un bodeguero", sino el representante de todo un país. La crítica se centró en la necesidad de activar los canales diplomáticos tradicionales y abandonar la confrontación pública que a menudo se genera en plataformas digitales. Ante este cuestionamiento sobre el uso de redes sociales para gobernar, se informó que el presidente guardó silencio, aunque se percibió una consciencia sobre la necesidad de recomponer las relaciones internacionales.Escuche aquí la entrevista:
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.
El senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria en contra de los 19 ministros del Gobierno nacional, por la dilación en que estarían incurriendo para evitar la realización del debate de control político al decreto de emergencia económica expedido a finales de diciembre de 2025.“El Gobierno nacional, que acostumbra hacerle conejo a los colombianos y al Congreso, ahora pretende hacer lo propio con el debate de control a la ‘emergencia’ económica. De hecho, completaron tres semanas eludiendo a la Plenaria, donde se han valido de excusas y formalismos, para después pedir prórrogas”, sostuvo Motoa en su cuenta de X.Cabe recordar que, según lo revelado por Blu Radio, el Gobierno, encabezado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, se negó a participar en el debate convocado en sesión extraordinaria de la plenaria del Senado el pasado 29 de diciembre, bajo el argumento de que se le debía permitir a todos los ministros entregar las respuestas al cuestionario de 26 preguntas y que para ello contaban legalmente hasta el 31 de diciembre.Sin embargo, tanto el 31 de diciembre como el 9 de diciembre pasado, la mayoría de ministerios han radicado hasta dos solicitudes de prórrogas, bajo la excusa de que las distintas dependencias del gabinete nacional debían terminar de compilar la información requerida en la proposición de convocatoria al debate.“¡Inaudito que una declaratoria de semejante magnitud que crea impuestos, desplaza al Legislativo y asfixia a la ciudadanía con nuevos tributos… todavía no cuente con respuestas a los cuestionarios! Por eso, hoy mismo radiqué queja disciplinaria ante la @PGN_Col: porque no permitiré que le hagan más trampa al país”, afirmó Motoa.El congresista también presentó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso para que convoque, a la mayor brevedad, la sesión de debate de control político sobre el decreto de declaratoria del estado de excepción, así como del Decreto 1479, que establece medidas tributarias extraordinarias orientadas a incrementar el recaudo y financiar el presupuesto general de la Nación, luego del archivo de la reforma tributaria en el Congreso y en el que se incluyen impuestos a compras por internet, aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %, IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar por internet, entre otros.
El atentado armado ocurrido en las primeras horas del año en la Ruta 45, en jurisdicción cercana a Neiva, Huila, ha generado conmoción nacional tras confirmarse la muerte de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, quien viajaba junto a su padre y el subdirector del centro penitenciario cuando fueron atacados por hombres armados en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de Neiva, Germán Casagua, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, donde reveló además que el subdirector de la cárcel había denunciado amenazas contra su vida en 2023.De acuerdo con el mandatario local, el hecho se registró cuando los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se desplazaban en un vehículo particular conducido por un dragoneante. En el trayecto, dos sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego de manera indiscriminada.“Empezamos el año con este lamentable hecho en donde nos solidarizamos en primera instancia con las familias de los funcionarios del INPEC que sufrieron este trágico evento”, expresó Casagua al iniciar la entrevista.Así ocurrió el atentado en la vía Neiva–RiveraSegún la reconstrucción preliminar de los hechos entregada por el alcalde, el conductor recogió inicialmente al director de la cárcel, quien iba acompañado de su hijo de 11 años, a quien se dirigía a dejar al colegio en su primer día de clases. Posteriormente, el vehículo recogió al subdirector y continuó su recorrido hacia el centro penitenciario de Rivera.“Ya saliendo a la Ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y abren fuego. Lamentablemente ahí se presentan los hechos que ya conocemos”, relató el alcalde de Neiva.El ataque dejó como víctima fatal al menor, identificado como Ismael, generando rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.Investigación y recompensa por informaciónTras el atentado, las autoridades locales y nacionales activaron un plan inmediato de investigación. Casagua explicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fiscalía, la Policía Nacional, el CTI y otras entidades, con el fin de articular esfuerzos.“Lo primero que establecimos fue una cápsula de trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía para poder dar resultados lo más pronto posible”, señaló.Asimismo, se ordenó el análisis de todas las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector, y se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.Amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de RiveraUno de los puntos más sensibles revelados en la entrevista fue la confirmación de que el subdirector del centro penitenciario había denunciado amenazas contra su vida en noviembre de 2023.“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, indicó Casagua. Sin embargo, el alcalde aclaró que, según la información suministrada por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), dicha investigación fue cerrada y al momento del atentado ninguno de los funcionarios contaba con esquema de seguridad.“No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”, puntualizó. El mandatario solicitó a los entes de control que se investigue si existieron fallas en la valoración del riesgo que derivaron en la ausencia de medidas de protección.Perfil de los reclusos y posibles hipótesisDurante la entrevista también se abordó el nivel de peligrosidad de la población carcelaria en Rivera. Casagua explicó que este centro penitenciario alberga delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo miembros de grupos armados, delincuencia común y personas vinculadas a delitos como extorsión.“La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”, afirmó. En ese sentido, no se descarta que el atentado esté relacionado con decisiones administrativas o medidas adoptadas al interior del penal, aunque reiteró que todas las hipótesis están siendo evaluadas por las autoridades judiciales.Dolor por la muerte del menorFinalmente, el alcalde se refirió con profundo pesar a la muerte del niño, quien iniciaba su año escolar al momento del ataque: “Es un niño de 11 años que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tema. No se entiende cómo estos criminales no midan estas circunstancias”, lamentó.
La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Esta entidad del Estado colombiano es responsable de financiar y ejecutar proyectos de infraestructura para prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas por estos fenómenos.La transición se produce en medio de una polémica, ya que la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en varios contratos del Fondo de Adaptación que superarían los 100 mil millones de pesos, con un 0% de ejecución hasta el momento.El ente de control abrió la investigación tras las denuncias de la propia Angie Rodríguez, quien pidió revisar contratos relacionados con proyectos conocidos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz, por los montos millonarios involucrados y la aparente falta de avances en su ejecución.