Una mujer de 42 años resultó gravemente herida luego que un disparo de mortero cayera al parecer de manera accidental sobre su vivienda durante el desarrollo de ejercicios en polígono en el batallón de entrenamiento de la Novena Brigada del Ejército del municipio de La Plata en el occidente del Huila.Tan pronto se presentó el incidente, soldados enfermeros de la unidad militar se desplazaron al lugar de los hechos, donde le brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada. Posteriormente fue llevada al hospital departamental San Antonio de Padua de La Plata donde recibió atención médica.Por la gravedad de las heridas fue necesario su traslado en helicóptero por parte del Ejército hasta el hospital universitario de Neiva, donde es atendida por especialistas y sometida a cirugía de ortopedia.El Ejército explica la situaciónEn desarrollo de un ejercicio de instrucción y entrenamiento en polígono de mortero realizado en las instalaciones del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 9, con sede en el municipio de La Plata, Huila, se presentó un incidente que ocasionó afectaciones a una vivienda cercana a la unidad militar y que dejó como resultado heridas a una mujer, habitante del sector.Una vez conocido el hecho, unidades militares se desplazaron de manera inmediata al lugar, donde brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada y posteriormente la trasladaron al hospital municipal, donde recibió atención médica y posteriormente trasladada vía aérea a la ciudad de Neiva e ingresada al Hospital Universitario.El Comando de la Novena Brigada ordenó de manera inmediata la apertura de las investigaciones correspondientes, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y esclarecer plenamente lo sucedido.Así mismo, el Ejército Nacional ordenó el desplazamiento de una comisión inspectora conformada por un equipo interdisciplinario, la cual se trasladará a la unidad para adelantar el proceso investigativo y adoptar las medidas administrativas y operacionales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente.La unidad militar ha dispuesto todo el apoyo institucional, así como el acompañamiento permanente a la persona afectada y a su núcleo familiar.
El sindicato del SENA, Sinsindesena, está denunciando que el director general de la entidad, Jorge Londoño Ulloa, estaría actuando como "jefe de debate" del Pacto Histórico y otros partidos como la alianza verde. Según la denuncia, los directores regionales del SENA, en los centros de formación profesional estarían constriñendo a algunos funcionarios y buscando que hagan campaña por unos partidos políticos en especial."En los Centros de Formación Profesional del SENA de la región Caribe, Pacífica, Andina, Amazonía, Orinoquia e Insular, los ordenadores del gasto, algunos coordinadores misionales y académicos más un representante de cada partido político quienes ejercen la función de "testigos electorales" están constriñendo al sufragante, al momento de requerirle los documentos éstos personajes nefastos le verifican la filiación política sin importarle la experiencia, conocimiento y los años de vida que han entregado a la institución lo único que les interesa son los guarismos, de ahí que están exigiendo cuarenta (40) votos verificables a los contratistas para aprobarle el contrato de prestación de servicios vigencia 2026", señala el sindicato en un comunicado.Además señalan que habría contratistas que llegaron por "recomendación política" y estarían teniendo ingresos que superan la tabla de honorarios."Caso puntual un técnico y un tecnólogo sin recomendación politiquera honorarios de $2.300.000 y el mismo técnico y tecnólogo con recomendación politiquera $2.900.000 y hasta $3.150.000 con el agravamiento que este último es una corbata", se lee en la denuncia.Además en algunos casos, en los Centros de Formación Profesional, estarían disminuyendo los honorarios a los contratistas."Sinsindesena, tiene información que saldrán una cifra significativa de los Centros de Formación Profesional del SENA, entre las cuales están los contratistas amparados por el retén social con condición de vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, como consecuencia de la complicidad del doctor Jorge Londoño Ulloa, director general del SENA", dice el sindicato.
El Ministerio de Transporte denunció graves fallas en el reporte de información tarifaria del transporte intermunicipal de pasajeros en el país. Tras revisar los datos correspondientes al último trimestre de 2025, la entidad detectó que la mayoría de las empresas no ha cumplido con la obligación legal de informar sus tarifas y estructuras de costos, un requisito que es clave para garantizar transparencia y proteger a los usuarios.De las 519 empresas habilitadas para operar cerca de 16.000 rutas en el territorio nacional, solo 52 han reportado la información exigida, lo que representa apenas el 10 % del total.Ante esto, la Superintendencia de Transporte prepara un requerimiento masivo y urgente dirigido a todas las empresas habilitadas, con el fin de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones de reporte, como parte de las labores de control y vigilancia que buscan frenar posibles abusos en el cobro de pasajes intermunicipales.“Las empresas entrarán en un proceso de revisión e investigación por parte de la Superintendencia. Estas medidas son muy importantes para proteger a los usuarios del servicio de transporte intermunicipal además algunos mandatarios locales y ciudadanos y ciudadanas nos han solicitado abrir estos procesos de reconocimiento e investigación”, contó la ministra María Fernanda Rojas.Finalmente, el Gobierno habilitó un módulo público en la página web de la Superintendencia de Transporte, donde la ciudadanía podrá consultar desde cuándo ha reportado cada empresa y cuál era la tarifa registrada en ese momento.Esta investigación inicia luego de que el Ministerio de Transporte también instara a las empresas del sector, como a TransMilenio, a no aumentar significativamente sus tarifas por el incremento del salario mínimo.
Están agitados los ánimos entre el Gobierno nacional y 17 gobernadores tras el anuncio de Andrés Julián Rendón de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el Gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta "rebelión".Ante esta situación, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó esa postura como un “exabrupto jurídico” y advirtió que de los actos administrativos que expidan las gobernaciones se derivarán acciones legales por parte del Ejecutivo.“De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para estudiar y definir la constitucionalidad del decreto cuestionado”, dijo Idárraga.Quien también le salió al paso a este anuncio de los gobernadores fue el ministro de Minas, Edwin Palma, quien a través de su cuenta de X aseguró que esa decisión tenía motivaciones políticas y que estarían incurriendo en prevaricato.“La excepción de inconstitucionalidad es eso, una excepción. No una medida caprichosa. Hacerlo como lo plantea el gobernador aquí ya es una confesión de que su acto administrativo lo hace con desviación de poder y falsa motivación. Sus motivos son políticos. No constitucionales”, dijo minminas.
La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en el inicio de 2026 tras la realización de su sorteo número 4938, llevado a cabo el miércoles 14 de enero, una jornada que renovó la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones del país.En esta edición, el tradicional juego de azar dejó múltiples ganadores y una amplia distribución de premios, reafirmando su vigencia dentro del panorama de las loterías colombianas y su impacto social gracias al respaldo que brinda a programas de salud.Premio Mayor del sorteo 4938El Premio Mayor de la Lotería de Manizales correspondió al número 6379 de la serie 023, con una bolsa principal de $2.600 millones, consolidándose como el premio más destacado de la jornada.Premios secos del sorteo 4938Además del premio principal, el sorteo incluyó una completa estructura de premios secos, lo que amplió de forma significativa las posibilidades de ganar para los participantes:Gana Siempre (sin serie) – $1.500.000Número: 61432 secos de $300 millones5916 – Serie: 230 – Despachado a: Bogotá1671 – Serie: 254 – Despachado a: Popayán3 secos de $200 millones5217 – Serie: 1424470 – Serie: 2281061 – Serie: 0045 secos de $100 millones7916 – Serie: 3347847 – Serie: 1425070 – Serie: 2820036 – Serie: 0724395 – Serie: 01610 secos de $80 millones4724 – Serie: 1539054 – Serie: 3100852 – Serie: 3265477 – Serie: 2019079 – Serie: 0394965 – Serie: 1795066 – Serie: 0874450 – Serie: 1310012 – Serie: 0791519 – Serie: 00910 secos de $60 millones5287 – Serie: 3295848 – Serie: 1406684 – Serie: 1434909 – Serie: 0907490 – Serie: 1664557 – Serie: 0030805 – Serie: 1193649 – Serie: 1933899 – Serie: 2940563 – Serie: 32310 secos de $50 millones2295 – Serie: 0429364 – Serie: 1483024 – Serie: 3076914 – Serie: 3105330 – Serie: 0282817 – Serie: 0028063 – Serie: 1741079 – Serie: 2748212 – Serie: 1445046 – Serie: 27210 secos de $40 millones5725 – Serie: 3249842 – Serie: 0877868 – Serie: 1168296 – Serie: 2919107 – Serie: 1151668 – Serie: 2486234 – Serie: 1192640 – Serie: 3441325 – Serie: 2466473 – Serie: 220Horario y verificación de resultadosLos sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar en fechas especiales. La entidad recomienda verificar siempre los resultados a través de sus canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.Valor del billete y la fracciónBillete completo: $12.000Fracción: $3.000Cada compra representa no solo una oportunidad de ganar, sino también un aporte directo al financiamiento de programas de salud en Colombia, fortaleciendo el carácter social de este histórico sorteo.Con más de un siglo de trayectoria, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como un símbolo de confianza, tradición y respaldo institucional, manteniéndose entre las loterías más reconocidas y seguidas del país gracias a su constancia y atractivo plan de premios.
La compra de Groenlandia por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podría ascender a hasta los 700.000 millones de dólares, según un análisis de expertos reportado por la cadena NBC News. La estimación fue elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses debido a la aspiración de Trump de adquirir la isla ártica, un territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional frente al avance de China y Rusia en el Ártico. Las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia descartaron que la isla esté a la venta, mientras que Trump no descarta el uso de la fuerza militar para controlar ese territorio, en el que viven 56.000 personas. La estimación de 700.000 millones de dólares supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos, detalló la NBC. Otra opción sobre la mesa, según la misma cadena, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en ese territorio. La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas. Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington y anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para seguir las conversaciones. Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.
La expectativa volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería del Valle, uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos de Colombia. El sorteo número 4831, realizado el miércoles 14 de enero de 2026, reunió la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a un acumulado que renovó la ilusión de comenzar el año con un golpe de suerte.Este histórico juego de azar sigue destacándose por su trayectoria, transparencia y por ofrecer algunos de los premios más relevantes a nivel nacional, lo que lo consolida como una de las loterías con mayor confianza entre los colombianos.Premio Mayor de la Lotería del Valle – Sorteo 4831El Premio Mayor de $9.000 millones correspondió al número 2088 de la serie 085, una combinación que convirtió a un afortunado jugador en el nuevo millonario del país y marcó uno de los momentos más destacados de la jornada.Premios Secos del sorteo 4831Además del premio principal, el sorteo dejó una amplia distribución de Premios Secos, beneficiando a jugadores en distintas regiones de Colombia y ampliando las posibilidades de ganar.Premio de $500 millonesNúmero: 2600 - Serie: 113Premios de $100 millonesNúmero: 8028 – Serie: 210Número: 2358 – Serie: 103Premios de $60 millonesNúmero: 4256 – Serie: 177Número: 9660 – Serie: 054Número: 8046 – Serie: 005Premio de $40 millonesNúmero: 9226 - Serie: 283Premios de $30 millonesNúmero: 3471 – Serie: 124Número: 4911 – Serie: 122Número: 7407 – Serie: 089Número: 0635 – Serie: 079Número: 0164 – Serie: 297Número: 6767 – Serie: 149Número: 8742 – Serie: 306Número: 0743 – Serie: 103Número: 6028 – Serie: 169Número: 8282 – Serie: 030Número: 9246 – Serie: 111Número: 3922 – Serie: 237Número: 2393 – Serie: 020Número: 1051 – Serie: 043Número: 5551 – Serie: 127Número: 4803 – Serie: 077Número: 2421 – Serie: 223Número: 8654 – Serie: 111Número: 3992 – Serie: 116Número: 1555 – Serie: 299Número: 6509 – Serie: 174Número: 6113 – Serie: 102Número: 8821 – Serie: 308Número: 5650 – Serie: 020Número: 0934 – Serie: 023Recomendaciones para los jugadoresLa Lotería del Valle reiteró la importancia de verificar los billetes únicamente a través de los canales oficiales, recordando que los Premios Secos también representan oportunidades significativas de obtener sumas importantes de dinero.Día y hora del sorteoLos sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico. La extracción de los números se lleva a cabo mediante baloteras electroneumáticas, un sistema que garantiza altos estándares de seguridad, transparencia y confiabilidad.¿Cómo reclamar un premio?Los ganadores cuentan con un plazo de 30 días hábiles para reclamar su premio, según el monto obtenido.Premios menores a $20 millonesPueden reclamarse en puntos de venta autorizados o con loteros.Premios superiores a $20 millonesDeben reclamarse en la sede oficial de la Lotería del Valle, ubicada en:Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.Documentos requeridosBillete original firmado, con cédula y huellaFotocopia de la cédulaFotocopia del billete ganadorCertificación bancariaPara premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresorUna tradición que sigue vigenteCon más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle continúa consolidándose como una de las más queridas del país. Su historia, transparencia y la ilusión constante de cambiar vidas mantienen viva la expectativa de miles de jugadores cada semana, cuando un solo número puede marcar el inicio de una nueva historia.
Un agente federal de inmigración disparó el miércoles contra un venezolano en Mineápolis, informaron las autoridades municipales, que pidieron "mantener la calma" una semana después de que otros oficiales migratorios causaran la muerte a una estadounidense en esa misma ciudad.El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche."Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto", explicó en una rueda de prensa. El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, muriera en su auto el 7 de enero por disparos de un agente del ICE durante una redada contra migrantes también en Mineápolis.Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña."Entendemos que hay enojo (...). Mineápolis vuelve a exigir que ICE abandone la ciudad y el estado (Minnesota) de inmediato", escribieron las autoridades de esa ciudad del Medio Oeste en la red social X.O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.El agente "realizó un disparo defensivo para proteger su vida", e hirió en la pierna al primer individuo. Las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE."Esto no es sostenible", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a los periodistas, y añadió: "Tenemos agentes del ICE por toda nuestra ciudad y por todo nuestro estado que, junto con la Patrulla Fronteriza, están creando el caos"."Este no es el camino que deberíamos seguir ahora mismo en Estados Unidos", insistió. En un video publicado el miércoles en redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció "el caos, la interrupción y el trauma que el gobierno federal está descargando sobre nuestra comunidad". Describió interrogatorios puerta a puerta realizados por agentes de ICE "armados, enmascarados y con poca capacitación".
La República Islámica de Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas, una medida tomada para detener las protestas que sacuden el país desde hace 19 días.Se trata del mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.Muchos iraníes no comparten esa justificación: “Cortan internet cada vez que van a matar gente”, dice un vecino de Teherán.“Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre”, alegó este vecino.El corte de las comunicaciones comenzó el jueves pasado por la tarde cuando dejó de funcionar el acceso al internet global, las llamadas de teléfonos internacionales y los SMS internos.Al mismo tiempo se produjo un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en la capital con policías y antidisturbios en cruces y circulando por las calles en motos.Dentro de Irán solo era posible acceder a una intranet interna del país con acceso a medios estatales y servicios locales. Se podían realizar llamadas locales y en algunas jornadas éstas también quedaban bloqueadas durante unas horas por la tarde y noche, cuando se producían las protestas.En estas circunstancias no funcionan las aplicaciones de VPNs, que permiten saltarse la censura que impone el Gobierno iraní a internet y necesarias para usar Whatsapp, X o Instagram, redes sociales que han espoleado las protestas en el pasado.Esta situación se prolongó hasta el martes por la mañana, cuando volvieron a operar las llamadas internacionales, pero solo de salida.Ahora continúa cortado el acceso al internet global y los SMS, y la única manera de conectar con el exterior es realizar llamadas internacionales.No es la primera vez que Irán corta las comunicaciones con el exterior para detener protestas.Sucedió en 2019 cuando estallaron unas protestas por la subida de los precios del combustible y Teherán cortó el internet durante tres días en los que murieron 350 personas en la represión, según Amnistía Internacional.Pero en aquella ocasión solo se cortaron los SMS por las tardes y noches y continuaron funcionando las llamadas internacionales.En las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico se produjeron cortes parciales de internet por zonas por las tardes y noches durante meses para tratar de desactivar unas movilizaciones en las que murieron unas 550 personas.En los tres últimos días no se han producido nuevas protestas y las autoridades iraníes no dan cifras de víctimas civiles, solo reconocen que “ha habido muchos muertos”.Del número de efectivos de las fuerzas de seguridad si tienen recuento y hasta ahora se ha informado de al menos 150 de ellos muertos en las protestas, de los cuales un centenar fue despedido ayer en un funeral estatal en la capital.
Un conjunto de audios incautados a integrantes del Clan del Golfo y hallados en memorias USB incautadas durante una operación militar en Chocó, pone al descubierto la estructura operativa, las prioridades administrativas y una modificación táctica en los canales de comunicación de la organización criminal. Según declaró uno de los capturados a las Fuerzas Militares, la organización comenzó a circular mensajes mediante dispositivos físicos para evitar la intercepción electrónica y dificultar las labores de inteligencia.El material contiene largas instrucciones de mando dirigidas a un comandante identificado con el alias de ‘Oviedo’ y abarca tres ejes: formación y especialización militar, gestión económica con montos precisos para incentivos y advertencias sobre seguridad y secreto organizacional. En la transcripción aparecen referencias técnicas relativas a maniobras y dispositivos, y detallan referencias explícitas sobre el empleo de minas, artefactos explosivos y a la necesidad de personal especializado (zapadores) para su manejo.Los interlocutores hablan de capacitación: proponen cursos y entrenamiento para que grupos pequeños aprendan labores técnicas relacionadas con la colocación y el mantenimiento de esos dispositivos. En el plano de la capacitación, las conversaciones insisten en la creación de cursos para pequeños grupos (de tres a cinco personas) destinados a funciones especializadas.Además, se ordena la formación de zapadores, la coordinación entre instructores y armeros, y la creación de escuelas mixtas entre frentes para estandarizar el adiestramiento. Además, los interlocutores recomiendan reclutar personal joven y físicamente apto, descartando a quienes presentan problemas de salud o consumo de sustancias, con el argumento de mantener “profesional” la imagen y la efectividad del frente.El hallazgo en USB, y la confesión del detenido en Chocó sobre el uso de esos dispositivos muestra un cambio deliberado en la práctica comunicacional del grupo: pasar de transmisiones por radio o canales susceptibles a monitoreo, a envíos físicos de archivos. La respuesta del grupo con memorias USB pone de manifiesto una carrera entre técnicas de vigilancia y tácticas de ocultamiento. Al mismo tiempo, convierte a las memorias en pruebas físicas valiosas que pueden ser peritadas para determinar metadatos, autorías y rutas de distribución.En materia financiera y administrativa, los audios describen un esquema organizado de incentivos. Se mencionan montos concretos asignados a comandantes de zona, segundos de zona, políticos del frente, personal de comunicaciones y quienes ocultan armas (“caleteros”), entre otros. Los interlocutores justifican esos pagos como medidas para garantizar la lealtad, mantener la moral y cubrir necesidades familiares del personal. Esa concreción de cifras, según analistas consultados, facilita el rastreo de flujos financieros y la identificación de beneficiarios por parte de las autoridades.Las comunicaciones también contienen instrucciones sobre la interacción con la población civil: la inclusión de “políticos” en los cursos para enseñar trato y respeto hacia los civiles, y la advertencia de no vulnerar derechos por parte de los miembros de la organización. Sin embargo, en otro tramo del diálogo se discute el manejo de quienes son considerados “no simpatizantes” o presuntos informantes; aunque se recomienda planear las medidas punitivas con cautela para evitar “desapariciones” que perjudiquen la legitimidad del grupo, las referencias apuntan a la existencia de prácticas represivas que entrañan riesgos para la comunidad.El material también aborda actividades económicas y logísticas: debates sobre la conveniencia de “cocinas” (operaciones productivas), las dificultades para movilizar mercancías por rutas como Turbo y Necoclí, y referencias a monopolios de transportadores y coyotes que afectan el paso de migrantes y mercancías. Asimismo, se ordena la organización de reservas de armamento y la rotación de personal entre frentes para fines de instrucción y control territorial.La combinación entre evidencia física (las memorias USB) y la declaración del detenido en Chocó otorga a las autoridades una vía concreta de investigación: los dispositivos pueden someterse a peritajes forenses, cruzarse con registros de detenciones y vincularse a rutas y nombres mencionados en las conversaciones.
Este viernes, 31 de octubre, Emilio Tapia fue recapturado en la ciudad de Barranquilla por parte de agentes de la Unidad Anticorrupción de la Dijin, con apoyo de la Fiscalía. La detención es para que cumpla una condena pendiente de 17 años de prisión por hechos relacionados con el escándalo de Centros Poblados y manipulación de pólizas en contratos de Emcali.Esta nueva detención se da semanas después de que el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá decidiera revocar la libertad condicional que había sido otorgada al contratista.Cabe recordar que esa decisión judicial, fechada en octubre de 2025, dejó sin efecto la providencia emitida el pasado 11 de abril de 2025, por el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, que había autorizado la libertad condicional de Tapia.Así, el reciente fallo ordenaba al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y a las autoridades competentes que Tapia Aldana fuera puesto bajo custodia del Inpec, lo que apenas se está concretando este viernes en horas de la tarde. De acuerdo con el juzgado de Bogotá, el tratamiento penitenciario para Emilio Tapia "debe ser acorde con los hechos que dieron lugar a su condena y aún no es suficiente para disponer su liberación de manera condicionada”.La condena de Emilio Tapia por corrupciónEn diciembre de 2024, luego del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).Tapia, quien también era conocido por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, se adjudicó un contrato por 70.000 millones de pesos para llevar internet a colegios de zonas rurales del país.Sin embargo, las investigaciones correspondiente revelaron un entramado que evidenció que los documentos para garantizar dicho proyecto eran falsos.
Durante su intervención en el foro Paz Total, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para moderar el tono de sus declaraciones en medio de la actual contienda electoral. El jefe del Ministerio Público advirtió que el mandatario, como cabeza del Estado y garante de la unidad nacional, no puede seguir actuando ni expresándose como un candidato en campaña.“El presidente es el garante de la unidad nacional y tiene que ser neutro. Su ideología era hasta cuando fue elegido; esa fue su propuesta y su plataforma, pero ya como jefe del Estado no puede seguir siendo candidato en campaña”, afirmó Eljach. Además, señaló que el lenguaje del presidente, “a veces procaz, a veces desatinado”, de su parte y de los precandidatos, puede generar desconfianza en las instituciones electorales.El procurador extendió su llamado a todos los actores políticos, insistiendo en la necesidad de promover un clima de “paz electoral”. En ese sentido, pidió bajar el tono del debate público y evitar los insultos y las agresiones. “Podemos ser contradictores, pero no tenemos por qué insultarnos ni agredirnos. Podemos tener ideas diferentes, pero las podemos tramitar civilizadamente”.Eljach también manifestó su preocupación por la seguridad y el orden público de cara a las elecciones legislativas y presidenciales, e hizo un llamado a los grupos armados y actores violentos a no interferir en el proceso democrático: “Aspiramos a que los violentos, los criminales y los delincuentes que están perturbando se aplaquen y no vayan a tirarse las elecciones de marzo, ni las de mayo y junio”.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la importancia de desescalar el tono político y reveló que el presidente Petro ya había asumido ese compromiso tras el magnicidio contra el precandidato Miguel Uribe. “El presidente de la república se comprometió a desescalar el tono y así ha venido pasando. Eso fue casi que un clamor esencial de varios actores, pero no sucede igual con los precandidatos”, afirmó el ministro durante su intervención.
A partir de mañana, 1 de noviembre, las firmas encuestadoras en Colombia podrán retomar la publicación de sus sondeos, luego de que se venciera la restricción impuesta por la ley. Sin embargo, el regreso a la medición viene acompañado de fuertes críticas a la Ley 2494 de 2025, sancionada por el presidente Petro y conocida popularmente como la "ley mordaza". Martín Orozco, gerente de la firma Invamer, advirtió que el periodo de prohibición no sirvió "para nada".La restricción temporal que impidió la publicación de encuestas no cumplió su objetivo. Según Orozco, la ausencia de encuestadoras serias permitió que "circulen encuestas falsas sin ficha técnica" en los medios y, especialmente, en las redes sociales. Esto ha generado que el país en general se encuentre en una situación de mayor incertidumbre que la que existía en el pasado.El gerente de Invamer recordó que antes de la ley, cualquier sondeo publicado en los medios de comunicación requería una ficha técnica que explicara claramente las fechas de campo, el margen de error y los municipios donde se realizó. Ante la prohibición de las mediciones serias, el vacío fue llenado por información sin soporte. Además, dado que la ley mantiene las condiciones de ficha técnica de la regulación anterior, las "encuestas falsas" sin dicha ficha no tienen un responsable a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda requerir jurídicamente.A pesar de que las encuestas vuelven, lo hacen "encarecidas". La Ley 2494 de 2025 impone nuevas reglas, modificando las condiciones sobre cómo las encuestadoras registradas deben realizar sus muestras.Invamer, que tradicionalmente publicaba encuestas con muestras de alrededor de 1.500 personas (cubriendo áreas rurales, urbanas, y municipios pequeños, medianos y grandes), ahora debe realizar aproximadamente 4.000 encuestas por medición. Este requisito casi triplica los costos, haciendo que lo que antes permitía realizar hasta tres mediciones, ahora solo alcance para una. La nueva ley exige que los sondeos se realicen en municipios grandes con más de 800.000 habitantes.Orozco explicó que, aunque el tamaño muestral se multiplica por tres, esto no mejora la calidad en la misma proporción ni reduce significativamente el margen de error. Por ejemplo, mientras una muestra de 1.500 tiene un margen de error del 3%, una de 4.000 solo lo reduce a un poco más del 2%. Por el contrario, este encarecimiento resultará en una menor frecuencia de las mediciones.La disminución en la frecuencia de las encuestas es perjudicial, ya que los ciudadanos y hasta los candidatos son quienes pierden al no saber con tanta asiduidad qué piensa la gente de cara a las elecciones.Orozco enfatizó que, más allá de la intención de voto, la ley también afecta la capacidad del país para obtener información crucial sobre el desempeño de alcaldes, gobernadores, el presidente y las políticas públicas del gobierno. Escuche aquí la entrevista:
El Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) lanzaron un Geovisor y ocho micrositios web para que cualquier ciudadano pueda rastrear qué ha pasado con los bienes baldíos de la Nación, quién los ocupa y qué decisiones ha tomado el Estado sobre su recuperación. La medida cumple con la Sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordenó transparentar la información de estos predios tras años de irregularidades y pérdida de control institucional.Durante la presentación, realizada en la Universidad Nacional de Colombia, la ministra Martha Carvajalino reconoció que durante décadas los baldíos fueron apropiados por empresas y particulares “amparados en vacíos legales”. Su declaración expone lo que por años fue un secreto a voces: el Estado permitió, por acción u omisión, que extensas tierras públicas terminaran concentradas en manos privadas.Según datos de la ANT, se han identificado 13.496 predios susceptibles de intervención. De ellos, 12.089 casos podrían derivar en reconocimientos legales a campesinos que regularizaron la tenencia, mientras 1.407 corresponderían a posibles recuperaciones de baldíos indebidamente ocupados. Sin embargo, apenas 158 procesos judiciales han sido iniciados, una cifra que refleja la lentitud con que avanza el cumplimiento de la sentencia.La directora jurídica de la ANT, Ana Jimena Bautista, calificó el lanzamiento como “un ejercicio de rendición de cuentas sin precedentes”, pero advirtió que sin la Jurisdicción Agraria —aún pendiente en el Congreso— será difícil concretar las decisiones en los tribunales. “La transparencia no basta si las tierras no regresan efectivamente a la Nación”, dijo.Aunque el Geovisor y los micrositios permiten consultar mapas, cifras y decisiones, el reto de fondo sigue siendo político y estructural: garantizar que la información pública se traduzca en restitución, redistribución y justicia agraria real.El Gobierno presenta esta iniciativa como un avance en la Reforma Agraria, pero detrás del anuncio persisten preguntas sin resolver: ¿qué sanciones habrá para quienes ocuparon ilegalmente baldíos? ¿Cuántas de esas tierras se han recuperado efectivamente? ¿Y por qué el Estado esperó una sentencia judicial para hacer pública la información que debía ser transparente desde siempre?Con décadas de atraso, Colombia apenas empieza a abrir la puerta a la verdad sobre sus baldíos. Falta ver si esta vez la transparencia no se queda solo en una plataforma digital.
Se conoció la carta mediante la cual Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, solicitó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado de 17 integrantes de las bandas delincuenciales 'Los Costeños' y 'Los Pepes' a la carcel de media seguridad de Barranquilla.En el documento firmado por el consejero, se precisa que esta solicitud “constituye un gesto de paz por parte del Gobierno nacional” y que se espera que contribuya a la política pública de Paz Total.Según el texto, los perfiles incluidos fueron entrevistados con el fin de identificar su rol dentro de estas estructuras criminales y su área de influencia territorial en el área de Barranquilla y el departamento del Atlántico.En la lista aparecen los nombres de los cabecillas José Eliécer Díaz, alias 'Castor' y Ober Ricardo Martinez, alias ‘Negro Ober’, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en centros carcelarios del país.En la carta también se indica que estas personas han manifestado su voluntad de ser trasladadas y “aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada”, por lo que se solicitó al Ministerio de Justicia realizar la valoración correspondiente, con el fin de realizar el traslado.Es importante recordar que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre posibles impactos en la seguridad de la ciudad, especialmente en un momento en el que se prepara para recibir miles de visitantes por el Carnaval.“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales”, afirmó Char mediante su cuenta de X.
El alto tribunal le dio la razón a la madre de un soldado que murió por inmersión durante una práctica de entrenamiento mientras prestaba el servicio militar obligatorio en la Armada Nacional, en Coveñas, Sucre.Según el expediente, la mujer presentó varios derechos de petición para conocer el estado del reconocimiento y pago del seguro de vida de su hijo, así como los avances del proceso disciplinario relacionado con presuntas omisiones de funcionarios encargados del trámite.Sin embargo, denunció no haber recibido respuestas claras por parte de todas las autoridades involucradas. Varias entidades del sector defensa fueron interrogadas por la madre del soldado, y de las diez preguntas formuladas, tres entidades dieron respuesta dentro de los términos legales, razón por la cual la Corte Constitucional aseguró que estas no vulneraron el derecho fundamental invocado.Para el alto tribunal, esta omisión evidenció además una falta de coordinación entre las distintas dependencias, que debieron comunicarse entre sí para garantizar una respuesta integral y de fondo.La Corte Constitucional es clara en señalar que el derecho de petición comprende no solo la facultad de presentar solicitudes respetuosas, sino también el deber de las autoridades de responder de manera eficaz y sin dilaciones indebidas.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
El presidente Gustavo Petro convocó ayer en Casa de Nariño un encuentro con el Pacto Histórico. Asistieron los aspirantes al Senado Carolina Corcho y Walter Alfonso Rodríguez. Además los congresistas Alejandro Ocampo, Gloria Flórez, Aida Avella, Wilson Arias, Gabriel Becerra y Pedro Flórez. El representante Ocampo reveló detalles de la conversación.“Pudimos dar nuestras apreciaciones sobre lo que había pasado con Venezuela. También de las expectativas de la reunión con EEUU. Analizamos el clima electoral también y alguien del grupo sacó unas encuestas internas en las que Iván Cepeda cada día está más cerca de ser presidente y el Pacto es la fuerza más importante para el senado, pero el presidente no se mete en eso, quisimos contarle, sin embargo él no participa de estas justas electorales”, dijo Ocampo.Esta reunión se da a pocos meses de las elecciones de Congreso y Presidencia. La izquierda tiene varios candidatos como Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y otros, por eso todos se van a medir en la consulta del Pacto Amplio. De allí saldrá el candidato del presidente Gustavo Petro para continuar con un gobierno progresista.En la otra orilla están los candidatos de la Gran Consulta, una apuesta de la centro derecha que incluye a Vicky Dávila, Mauricio Cardenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Manuel Galan, Aníbal Gaviria, David Luna, y recientemente se sumó Enrique Peñalosa.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
Luego del anuncio del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta ‘rebelión’.Una reunión convocada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatario regionales rechazaron el impacto negativo que tienen las medidas adoptadas por el gobierno, entre las que está un aumento del impuesto de IVA e impoconsumo a diferentes tipos de licores, los cuales generan buena parte del recaudo tributario en estas regiones con destino, temas sociales claves como educación, salud y deporte.Entre las acciones que adoptarán estos gobernadores, y en el que espera, se sumen los 32 departamentos están la presentación de varias tutelas en contra del decreto, la presentación de un oficio ante la Corte Constitucional, pidiendo ser escuchados en medio del estudio que realiza del estado de excepción, así como la nueva aplicación del aumento en el impuesto de consumo a los licores.“La Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones, de acuerdo a nuestras particularidades en cada uno de los departamentos, cada uno de nosotros lo hará pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer todos”, sostuvo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.Los mandatarios regionales invitaron al Gobierno nacional a dialogar frente a estas medidas, y a que tenga en cuenta que un aumento desproporcionado en los precios de los licores, podrían llevar a un fortalecimiento del contrabando y de las rentas de grupos criminales que viven de esta práctica o de la adulteración de los productos.
Un año después del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Así lo advirtió el Consejo Noruego para Refugiados, que alertó sobre el impacto que los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN han tenido sobre la población civil desde enero de 2025.De acuerdo con la organización humanitaria, se estima que más de 100.000 personas han sido desplazadas en los últimos doce meses como consecuencia directa de la confrontación armada. “Población civil vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de artefactos explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte”, aseguraron en su comunicado.El CNR advirtió que esta emergencia está afectando tanto a población colombiana como a refugiados y migrantes venezolanos que permanecen en el Catatumbo, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.La organización alertó que el conflicto ha limitado la producción de alimentos, agravando el hambre, y ha provocado la destrucción deliberada de infraestructura civil, lo que ha llevado a una situación crítica en el acceso al agua potable.Según la ONG, “mientras que el número de personas afectadas por el conflicto en Colombia se triplicó durante 2025”, la falta de recursos humanitarios agrava aún más la crisis, pues durante 2025 solo se ha recibido una cuarta parte de la financiación necesaria para atender a la población afectada.Desde el territorio, Holmer Pérez, presidente de la Asociación de Campesinos y Campesinas del Catatumbo (ASCAMCAT), aseguró que las comunidades ya no funcionan con normalidad.“Muchas de las comunidades están desvertebradas, no tienen presidente o si está el presidente no está el resto de juntas, no funcionan a la normalidad, no tienen la plena libertad para tomar decisiones, el movimiento social obviamente intimidado frente a lo que ocurre en la región y pues obviamente frente a la economía pues sabemos que esto genera crisis a todo, no solamente al movimiento social sino a la población del Catatumbo que incluye también a la población indígena que también está siendo afectada por esta confrontación”, aseguró el presidente de ASCAMCAT.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado a los actores armados a “cesar de inmediato los ataques que afectan a la población civil y a respetar estrictamente el derecho internacional humanitario”, para evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los actores armados para proteger de manera inmediata a la población civil y evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.
El Gobierno nacional está respondiendo a los gobernadores de los 32 departamentos del país que se reúnen en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos para analizar si aplican la excepción de inconstitucionalidad de la emergencia económica. Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya anunció que no lo aplicaría, apelando que afecta a las regiones.El jefe de la cartera política los cuestionó y aseguró que estaban promoviendo que se incumpla la ley. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, dijo.La Corte Constitucional hará su examen de constitucionalidad de este decreto. Gremios y empresarios han pedido suspender los efectos hasta que sea estudiado de fondo, pues argumentan que no habría razones de peso para invocar estado de excepción.Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con uno de los impuestos sobre aumentar el IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5 % al 19 %, y de los cigarrillos que aumentó cerca del 300 %.
La investigación fue realizada por la Unidad de Restitución de Tierras y analizó 1.621 sentencias emitidas por los cinco tribunales especializados en restitución de tierras que operan en el país, lo que representa el total de fallos proferidos por estas instancias hasta octubre de 2025.El estudio identificó picos de despojo en los años 1994, 1997 y 2002, periodos que coinciden con momentos críticos del conflicto y con la expansión territorial de distintos grupos armados ilegales en varias regiones del país.En diálogo con Blu Radio, la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, Paula Andrea Villa Velez, explicó que “el grupo que más desarrolló acciones que llevaron al despojo y al abandono de tierras en el país fueron los grupos paramilitares con el 34 % de los casos. Le siguen las FARC, con 16 %, el ELN con el 8 % y el EPL con el 5.9 %. También se identificó, dentro de estos casos, una presencia importante también de acciones que desarrollaron actores estatales, como el Ejército y la Policía Nacional, en el 11 % de los casos”.El informe también establece que más del 80 % de los casos de despojo reconocidos judicialmente se concentran en siete departamentos.“Antioquia, César, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre, fueron los departamentos que más sufrieron estos hechos de de violencia, y, como podemos observar, pues una concentración muy importante en el norte del país. En el sur, pues no se evidencia un nivel tan alto de despojo y abandono hasta el momento, lo cual, por supuesto, puede llegar a variar con la existencia posterior de nuevas sentencias”, aseguró la directora.Finalmente, el análisis evidencia que el despojo no se dio únicamente por la violencia directa, sino también a través de negocios jurídicos, como contratos y escrituras, que posteriormente fueron invalidados por la justicia al demostrarse la falta de consentimiento de las víctimas. La Unidad reporta que ya se ha ordenado la restitución de más de 259.000 hectáreas en cerca de 10.000 fallos a nivel nacional.
Durante meses, un agente de inteligencia militar logró infiltrarse en el núcleo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, una de las estructuras criminales más temidas del norte del país. El infiltrado no solo consiguió entrar a sus zonas de control, sino que documentó con videos y fotografías la rutina, el poder de fuego y la organización interna del grupo ilegal liderado por alias ‘Naín’, un criminal por el que hoy se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, y quien incluso llegó a amenazar al presidente Gustavo Petro.De acuerdo con información obtenida por Blu Radio a través de inteligencia, el agente logró mimetizarse dentro de la estructura, ganándose la confianza de varios de sus integrantes. Desde esa posición, grabó a hombres fuertemente armados, vestidos con camuflados y brazaletes alusivos a las ‘ACSN’, moviéndose con total tranquilidad por zonas montañosas y selváticas de la Sierra Nevada, así como por vías terciarias donde ejercen control armado, intimidan a la población civil y lanzan amenazas directas contra la fuerza pública.El material recolectado revela campamentos improvisados pero funcionales, levantados en zonas de difícil acceso, diseñados para albergar hasta una docena de hombres. En las imágenes se observan largas filas de fusiles y armamento de alto poder, entre ellos Galil, AK-47, M4, M7 y fusiles Barrett calibre .50, lo que evidencia el músculo bélico que ha sostenido a esta organización criminal durante años. Estos videos, hoy en manos de las autoridades, están siendo analizados para identificar e individualizar a cada uno de los hombres que aparecen en ellos.Uno de los registros más sensibles muestra a una escuadra completa de hombres armados, formados en zona rural, mientras uno de los cabecillas envía un mensaje directo a los integrantes de la organización que se encuentran privados de la libertad en cárceles del país. En el discurso, el grupo se presenta como una organización cohesionada, con lenguaje ideológico y religioso, que promete respaldo a sus hombres capturados y los convoca a regresar a las filas una vez recuperen la libertad, dejando en evidencia su intención de mantener viva la estructura criminal.La infiltración fue clave para ubicar zonas estratégicas del grupo armado. En las últimas horas, tropas del Ejército llegaron hasta un campamento de Los Pachenca en zona rural de Dibulla, La Guajira, tras intensos combates. En el lugar, adecuado para alojar al menos 12 integrantes, se incautaron dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de diferentes calibres y nueve minas antipersona, que, según inteligencia, estaban listas para ser usadas contra la Fuerza Pública.Las operaciones continúan en la región con un objetivo claro: dar con el paradero de alias ‘Naín’ y de su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, ambos prófugos de la justicia. Mientras tanto, el material obtenido por el agente infiltrado se ha convertido en una pieza clave para entender cómo delinque esta estructura criminal, cómo se financia, cómo se mueve y cómo mantiene su control armado en amplias zonas del norte del país, dejando al descubierto una organización que, pese a los golpes, sigue demostrando capacidad de intimidación y fuego.