El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra la Gran Consulta por Colombia, luego de quedar por fuera de ese mecanismo político pese a haber recibido, según él, una invitación pública y privada para participar. En entrevista con Recap Blu, Palacios aseguró que la decisión de sacarlo evidencia una “política de exclusión” y no una consulta democrática ni incluyente.Palacios explicó que durante más de un año participó en reuniones y acercamientos con varios de los integrantes de esa coalición, con el objetivo de construir una unidad de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, afirmó que esta semana fue notificado de que no existía consenso para permitir su ingreso, debido a la oposición de tres precandidatos: Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.“Sin ninguna razón, sin ningún argumento y sin dar la cara, decidieron excluirme (...) Lo invitan a uno a la fiesta, uno llega, y cuando llega le dicen que reconsideraron. Lo grave es que no hubo argumentos. Esta no es una consulta incluyente ni democrática, sino una consulta de la exclusión”, señaló. Para Palacios, esta decisión contradice el propósito original de la consulta, que debía servir para sumar distintas visiones con el fin de enfrentar al petrismo en las urnas.“Si al doctor Galán le molestan mis posiciones firmes contra la criminalidad y contra el petrismo, entonces yo no debía estar ahí”, afirmó, aunque cuestionó la coherencia de ese argumento al recordar que en la consulta sí participan figuras como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y sectores del Centro Democrático.Palacios insistió en que nunca se le informaron condiciones explícitas para su participación y que, por el contrario, la invitación fue reiterada por varios líderes del bloque, entre ellos Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y el propio Pinzón.“Esto no era para fundar un club exclusivo, era para rescatar a Colombia”, subrayó, al tiempo que calificó la consulta como un “club al que uno aplica para ver si lo aceptan”.¿Qué hará Palacios?Con este paronama, Palacios confirmó que continuará su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta, apoyado en el movimiento Rescatemos a Colombia, con el que asegura haber recolectado más de 1,3 millones de firmas, actualmente en proceso de certificación ante la Registraduría. De hecho, anunció que se inscribirá formalmente el próximo 31 de enero y que seguirá impulsando una agenda centrada en seguridad, lucha contra la delincuencia, reducción del costo de vida, gasolina, salud, infraestructura e ICETEX.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registraron un evento sísmico de magnitud considerable que fue sentido en varios departamentos del país, especialmente en el nororiente. El movimiento telúrico, que tuvo lugar a las 02:05 hora local, alcanzó una magnitud de 5.0, según el boletín preliminar emitido por la entidad.El epicentro se localizó en una de las zonas con mayor recurrencia sísmica del mundo: el departamento de Santander. Históricamente, esta región alberga el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado principalmente bajo el municipio de Los Santos. De acuerdo con el SGC, el temblor se sintió en: Santander, Antioquia, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico, Casanare.A pesar de la intensidad del movimiento, que generó alarma en edificios altos y zonas residenciales, las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciaron de inmediato el protocolo de verificación en los municipios cercanos al epicentro. Hasta el momento, los reportes de los cuerpos de socorro y bomberos locales no indican daños estructurales graves ni víctimas humanas, aunque se mantiene el monitoreo por posibles réplicas.Temblor en México hoyMientras tanto, en México se sintió otro temblor, bastante fuerte pues su magnitud fue de 5.3, al punto que muchos ciudadanos salieron a las calles. La presidenta Claudia Sheinbaum, minutos después del sismo envió un mensaje de tranquilidad en su cuenta de X: “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”.Sismo en HondurasComo un complemento a la actividad tectónica de la jornada, el SGC también informó sobre un evento sísmico internacional ocurrido apenas una hora antes del temblor en Colombia.A las 01:08 hora local (correspondiendo al huso horario de Centroamérica), se registró un fuerte sismo en Cuyamel, Honduras. Este movimiento tuvo una magnitud de 5.2 y, a diferencia del evento colombiano que suele ocurrir a profundidades intermedias en Santander, este fue de carácter superficial (menor a 30 kilómetros).La profundidad superficial del sismo en Honduras implica que la energía liberada se siente con mayor rigor en la zona del epicentro, afectando potencialmente a comunidades en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, así como zonas fronterizas con Guatemala. La fuente de esta información fue el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), procesada y difundida por el SGC dentro de sus protocolos de vigilancia regional.Contexto geológico y medidas de prevenciónLa coincidencia de estos dos eventos en la misma madrugada subraya la complejidad tectónica de la región. Mientras Colombia se encuentra en el punto de interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, Centroamérica es influenciada por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe.El Servicio Geológico Colombiano recuerda que el país es sísmicamente muy activo, por lo que este tipo de eventos son esperados. La información proporcionada en los boletines iniciales es de carácter automático y está sujeta a cambios tras la revisión técnica definitiva. Se recomienda a la ciudadanía:Mantener la calma: Los sismos no se pueden predecir, pero la preparación reduce el riesgo.Asegurar objetos: Revisar que cuadros, estanterías y lámparas estén bien sujetos para evitar caídas durante movimientos telúricos.Fuentes oficiales: Seguir únicamente los reportes del SGC y de los organismos de respuesta locales para evitar la desinformación.
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de los apostadores en Colombia tras la realización de su sorteo número 2829, celebrado la noche del jueves 15 de enero de 2026. Esta edición, una de las más esperadas de la semana, mantuvo el interés de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a la amplia distribución de ganadores en diferentes regiones del país.La jornada reafirmó la tradición y el respaldo de este sorteo, que cada semana renueva la ilusión de quienes participan con la expectativa de cambiar su destino con un solo número.Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2829El gran protagonista de la noche fue el número 3649 de la serie 188, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premios secos de la Lotería de BogotáAdemás del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.Premios Secos1 Premio Seco de $1.000 millones0915 – Serie 168Premios Secos de $500 millones7585 – Serie 0400908 – Serie 190Premios Secos de $200 millones5006 – Serie 2855694 – Serie 1794823 – Serie 377Premios Secos de $50 millones1929 – Serie 2595123 – Serie 3698171 – Serie 4379392 – Serie 4193466 – Serie 2881076 – Serie 115Premios Secos de $20 millones2493 – Serie 1844229 – Serie 1595376 – Serie 0302085 – Serie 0741988 – Serie 4645997 – Serie 1216940 – Serie 1196125 – Serie 1213803 – Serie 2447257 – Serie 095Premios Secos de $10 millones7905 – Serie 3893992 – Serie 0647916 – Serie 4153940 – Serie 0018417 – Serie 0062615 – Serie 3624241 – Serie 2208757 – Serie 0037521 – Serie 4151690 – Serie 2094530 – Serie 0025315 – Serie 1479147 – Serie 3699242 – Serie 4002644 – Serie 0593013 – Serie 2799758 – Serie 4632754 – Serie 2218581 – Serie 3497362 – Serie 4606653 – Serie 3506542 – Serie 3389172 – Serie 3921673 – Serie 3574463 – Serie 2577529 – Serie 2186780 – Serie 0085969 – Serie 1044648 – Serie 3101891 – Serie 010¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?La entidad recuerda a los ganadores que el cobro de premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, siguiendo los procedimientos establecidos.Premios menores (hasta seis salarios mínimos):Pueden reclamarse directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.Premios mayores:Deben gestionarse en la sede principal o en oficinas autorizadas.Dirección:Carrera 32A #26-14, Bogotá.Documentos requeridos:Billete original firmadoFotocopia de la cédulaCertificación bancariaFormulario de identificación de ganadoresComo recomendación general, se invita a los jugadores a verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
Han pasado diez años desde 2016, pero si alguien se asoma hoy a TikTok, Instagram o X (antes Twitter), podría pensar que el tiempo se detuvo. La moda, la música y los filtros de aquella época regresaron con fuerza en 2026, impulsando una ola de nostalgia digital que millones de usuarios han bautizado como “2026 es el nuevo 2016”.Lo que comenzó como una broma nostálgica se ha convertido en un fenómeno viral. Apenas empezó el año, las redes se inundaron de publicaciones rescatando tendencias de la década pasada: selfies con el filtro de Río de Janeiro de Instagram, frases vintage, atuendos con chokers y vaqueros ajustados, e incluso el famoso filtro de perro de Snapchat. El hashtag #2016 ya acumula más de 1.7 millones de videos en TikTok, convirtiéndose en el epicentro de una conversación global sobre la memoria colectiva y la cultura pop.Una década después, la nostalgia se imponeLos expertos en cultura digital coinciden: esta tendencia nace del deseo de revivir un tiempo que muchos perciben como más simple y optimista. 2016 fue un año en el que internet se consolidó como espacio de creatividad espontánea y memes globales. Las personas se reunían para seguir retos virales como el “Mannequin Challenge” o el “Bottle Flip”, y las fotografías saturadas llenaban los feeds de Instagram.En TikTok, usuarios como @taybrafang revivieron escenas icónicas del pasado con videos que recopilan momentos representativos del año: capturas de Musical.ly —la app antecesora de TikTok—, canciones como “Panda” de Desiigner o “Black Beatles” de Rae Sremmurd, y las infaltables coronas de flores que dominaron los festivales de la época.2016: un año que marcó la cultura popParte del atractivo de esta ola de recuerdos radica en la fuerza cultural de aquel año. Fue el momento en que Pokémon Go revolucionó la forma de jugar, Beyoncé presentó su monumental álbum Lemonade, y redes como Instagram y Snapchat dictaban la estética global. Sin embargo, también fue un periodo con pérdidas significativas: figuras como Prince, Carrie Fisher, George Michael y Muhammad Ali fallecieron, dejando una huella imborrable en la historia reciente.Incluso sucesos políticos como el Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos contribuyeron a que 2016 quedara grabado en la memoria colectiva como un punto de inflexión cultural.Celebridades y creadores se unen al revivalEl movimiento no se limita al público general. Influencers y celebridades se han sumado a la tendencia, compartiendo imágenes de archivo o recreando sus momentos más virales de 2016. Charlie Puth resucitó su hit con Selena Gomez, “We Don’t Talk Anymore”, mientras Hailey Bieber protagonizó un video nostálgico junto a Kendall Jenner y Justine Skye al ritmo del tema “I Want (Skr Skr)” de MadeinTYO.El guiño a la amistad y al estilo que caracterizaron aquella época consolidó el hashtag #BBLU2016 (Bad B------ Link Up) como una extensión del fenómeno.Por qué el pasado vuelve a triunfar en 2026En tiempos de incertidumbre y saturación digital, mirar atrás parece reconfortante. El “revival” de 2016 ofrece una mezcla entre memoria y escapismo, un recordatorio de los años en que internet era más ingenuo, creativo y menos polarizado.Así, 2026 se posiciona como el año del renacimiento nostálgico, donde una nueva generación que apenas era adolescente en 2016 se une a quienes vivieron aquella era dorada de las redes sociales. Más que una moda, este regreso confirma que lo retro sigue marcando el pulso emocional de la cultura online.
Un temblor registrado en la madrugada de este viernes, 16 de enero de 2026, fue sentido por habitantes de varios departamentos del país, especialmente en el nororiente, aunque la mayoría de ciudadanos coincidió en que el movimiento telúrico fue leve y no generó mayor alarma.De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 2:05 de la mañana y alcanzó una magnitud de 5.0, con epicentro en el departamento de Santander, una región históricamente reconocida por su alta actividad sísmica debido al denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado principalmente bajo el municipio de Los Santos.Aunque el movimiento fue reportado en departamentos como Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá D.C., Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico y Casanare, muchos ciudadanos aseguraron que apenas lo percibieron o, incluso, no se dieron cuenta del evento.“Ya estamos acostumbrados a estos sismos, ya no sentimos nada”, expresó una ciudadana consultada en el área metropolitana de Bucaramanga, donde los movimientos telúricos son frecuentes.Otro ciudadano explicó que la intensidad fue mínima: “Mayores a 5.0 sí se sienten, menores a 5 son muy leves y muchas veces ni sabemos que tembló”.Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que, tras el monitoreo realizado luego del evento sísmico, no se reportan daños materiales ni personas afectadas, por lo que la situación se mantiene bajo normalidad.Las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma y recordar las recomendaciones de prevención, especialmente en una región donde la actividad sísmica es constante.
Los peajes en Colombia, tienen a partir de hoy un incremento total en sus tarifas, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura confirmara la actualización anual de los valores en las estaciones que se encuentran bajo su administración. Los nuevos precios aplicarán para todos los peajes a cargo de la ANI, como parte del proceso de actualización tarifaria basado en la inflación. No obstante, el incremento no será uniforme en todas los peajes del país.El ajuste general responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5,10 %, de acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.Así las cosas, a partir de este viernes 16 de enero, 15 peajes en seis departamentos de Colombia actualizaron sus tarifas para vehículos de Categoría I, con precios que van desde $12.612 hasta $27.746. Peajes con las tarifas más altas:Pipiral (Meta): $27.746Machetá (Cundinamarca): $27.326Cisneros (Antioquia): $25.855Aburrá (Antioquia): $24.909El Placer (Nariño): $20.915Boquerón I y II (Cundinamarca): $19.864 cada unoEn la vía al Llano, Boquerón pasará de $18.900 a $20.800 para vehículos de categoría I. En el norte de Bogotá, el peaje Los Andes sube de $13.600 a $14.225, un incremento del 5%.Otros peajes ajustados por departamento:En Cundinamarca:Naranjal: $17.026Fusca: $14.294Andes: $14.294En Antioquia:La Pintada: $19.549Amagá: $16.924Puerto Berrío: $14.083Peajes con incrementos previos al 16 de enero:Circasia: $21.200Copacabana: $18.500Tarapacá I y II: $17.800 cada unoAlbarracín y Tuta: $12.400Turbaco: $5.800Algunos incrementos se empezaron a cobrar desde el 1 de enero:Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (DEVIMED): Copacabana y Las Palmas, desde el 1 de enero.Armenia-Pereira-Manizales (APM): Circasia, Corozal, Pavas y San Bernardo, desde el 9 de enero.IP Autopistas del Caribe: Santágueda, Tarapacá I y II, Turbaco, Bayunca, Galapa y Gambote, desde el 10 de enero.Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS): Pasacaballos, Sabanagrande, El Roble, Albarracín y Tuta, desde el 15 de enero.
En Colombia, las mujeres dedican en promedio 7 horas y 44 minutos al día al trabajo de cuidado no remunerado, una labor que sostiene hogares, comunidades y buena parte de la economía. Según cifras oficiales, si ese esfuerzo tuviera una retribución económica, representaría cerca del 19,6 % del Producto Interno Bruto nacional. Sin embargo, históricamente este trabajo ha sido invisibilizado y asumido como una responsabilidad femenina más que como una función social esencial.Con el Conpes 4143 de 2025, el país da un paso clave hacia el reconocimiento de esta realidad con la creación de la Política Nacional del Cuidado, una estrategia que busca redistribuir las tareas domésticas y fortalecer la corresponsabilidad entre Estado, empresas, familias y comunidades. En municipios como Cumbal, Villavicencio, Quibdó y el Cauca, ya se adelantan pilotos que incluyen servicios de apoyo, espacios de formación y la implementación de los primeros sistemas locales de cuidado.La política también pone el foco en las personas con discapacidad, un grupo especialmente afectado por la falta de servicios adecuados. El objetivo es ofrecer acompañamiento, ajustes razonables y oportunidades para su autonomía. Con el respaldo de ONU Mujeres y el Gobierno de Canadá, se promueven soluciones innovadoras y campañas como “Ponte la 10 y cuida en equipo”, inspirada en el fútbol, que busca cambiar la mirada cultural sobre el cuidado y posicionarlo como un trabajo calificado indispensable para el bienestar y la sostenibilidad de la vida.
Lo dijo tras reunirse con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán. Al término del encuentro, el presidente Gustavo Petro cuestionó las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, y reveló que planteó una propuesta para abrir un diálogo entre Washington y los países de la región.“Le pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas y nacionalidades, entre ellos colombianos, y buscar que el diálogo sea el mejor camino antes que los misiles”, dijo Petro, al referirse a las recientes operaciones que han dejado 57 muertos.El mandatario ha calificado esos bombardeos a embarcaciones como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional y la soberanía de los países. Por eso, este fue uno de los principales temas que abordó durante su gira por Medio Oriente.Durante la reunión también se discutió la comercialización de café y cacao colombiano en esa región y la posibilidad de crear una ruta aérea directa entre Bogotá y Riad. El mandatario continuará su viaje por Egipto y Catar.
La Red de Veedurías Ciudadanas, que representa a las víctimas de La Guajira dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar que los dineros reintegrados por los vinculados al caso no ingresen a una bolsa general en la Unidad, sino que sean destinados a cumplir el propósito inicial de resolver la crisis de agua en el departamento.“Se adopten las medidas procesales y legales necesarias y suficientes, a que haya lugar, a efecto de que la totalidad de tales recursos se destinen y utilicen de manera específica al aprovisionamiento de agua potable a las víctimas directas de La Guajira, y en particular de la comunidad Wayúu. En consecuencia, que así se solicite y asegure dentro del resorte de sus competencias y facultades, en las distintas actuaciones que respecto de tales recursos se realicen”, describe el documento presentado por el apoderado de las víctimas.Actualmente, los recursos superan los $9.000 millones de pesos, entregados por los procesados dentro de los preacuerdos suscritos en la primera fase de la investigación del caso UNGRD, derivado del escándalo por la compra irregular de carrotanques.Según cifras oficiales de la Fiscalía General, se han recuperado $9.714’300.723 de recursos apropiados de manera ilegal, específicamente entregados así:Pedro Andrés Rodríguez Melo: $500’000.000Olmedo de Jesús López Martínez: $724’000.000Sneyder Augusto Pinilla Álvarez: $618’000.000Luis Eduardo López Rosero: $7.722’300.300Luis Carlos Barreto Gantiva: $150’000.000La solicitud se produce luego de que el apoderado de la UNGRD retirara la audiencia ante el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías, en la que se definiría el traslado de esos recursos. Según explicó la entidad, la decisión obedeció a motivos procesales, pues el Centro de Servicios Judiciales había programado la diligencia bajo un radicado general, cuando cada preacuerdo tiene un radicado diferente. La Unidad asegura que optó por evitar el desgaste judicial, desistiendo de esa audiencia y solicitando tres audiencias separadas por los radicados con los que se identifican los depósitos.No obstante, para el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y apoderado de las víctimas, la medida genera preocupación por la falta de avance en el uso de los recursos. “Es para nosotros una extrañeza que una medida necesaria como esa de retraer los dineros depositados, que no están produciendo ningún beneficio, se haya frenado. Hemos solicitado que no vayan a una bolsa general, sino a una especial que cumpla el propósito inicial: conjurar el problema de falta de agua en La Guajira”, afirmó.El abogado asegura que se avecinan escenarios de incidentes de reparación; sin embargo, los mismos revisten una demora propia en su realización, “programación que hace más complejos por su carácter individual o personal, por lo que esperar a que dentro de los mismos se disponga la entrega terminaría dilatando el uso y goce del derecho fundamental al agua, y a la no revictimización, así como a la reparación de las víctimas”.Sobre los recursos pendientes, la Fiscalía asegura que las investigaciones contra el expresidente del Congreso, Iván Name Vásquez, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, se siguen ante la Corte Suprema de Justicia, con recursos comprometidos por $4.000 millones de pesos que corresponderían al pago de dádivas. A esa instancia le corresponde tramitar el eventual reintegro de esos recursos.En lo que respecta a la segunda fase de la investigación, en la que están vinculados César Manrique Soacha y otras personas, se tienen documentados dineros apropiados por $13.164’285.901.
La votación que se realizará en Nueva York definirá si el organismo mantiene activo uno de los mecanismos más importantes de acompañamiento internacional al posconflicto colombiano. La renovación del mandato —que se realiza cada doce meses desde 2017— es considerada un examen a la solidez del proceso de paz y al liderazgo del país en materia de reconciliación.La Misión de Verificación, conformada por unos 120 observadores civiles no armados desplegados en 24 departamentos, ha acompañado la reincorporación de más de 13.000 excombatientes, el monitoreo de la seguridad en los antiguos espacios territoriales y el cumplimiento de los compromisos estatales. Su presencia ha sido clave para generar confianza entre el Estado, los firmantes del acuerdo y las comunidades.De no renovarse, Colombia perdería un respaldo internacional equivalente a cerca de 280.000 millones de pesos al año, además de un garante imparcial que ha mantenido el foco global sobre los desafíos del proceso, entre ellos los asesinatos de excombatientes y la lenta ejecución de proyectos productivos.En la votación, Estados Unidos jugará un papel central. Washington ha sido uno de los principales financiadores y promotores del acuerdo, pero también ha expresado preocupación por el aumento de la violencia en regiones cocaleras y los rezagos en la implementación. Un voto favorable de EE. UU. reforzaría el apoyo a la política de paz total del gobierno Petro; un voto negativo o una abstención, en cambio, podría interpretarse como un mensaje de desconfianza hacia Bogotá y desataría un efecto dominó entre países donantes.La última resolución del Consejo de Seguridad, la 2754 de 2024, extendió la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 31 de octubre de 2025. Lo que decida ahora el organismo marcará si el país seguirá contando con un acompañamiento técnico y político de primer nivel —valorado en alrededor de US$70 millones anuales— o si deberá sostener la paz sin los ojos del mundo vigilando su cumplimiento.
A punto de cumplirse seis meses del secuestro de Rodrigo Antonio López, agente de protección 2 de la Fiscalía de Arauca, su esposa, Yariel Macualo, volvió a hacer un llamado desesperado al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que se dé la liberación de su esposo y los demás funcionarios que permanecen retenidos. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Macualo pidió, además, que se le garantice a su esposo el suministro del medicamento que necesita para su enfermedad cardíaca.“Mi esposo sufre del corazón, padece del corazón y toma medicamento para su corazón. Si los señores del ELN me están escuchando, por favor no dejen de suministrarle el medicamento a mi esposo”, dijo la mujer.Rodrigo Antonio López fue secuestrado el 8 de mayo, cuando se desplazaba junto con su compañero Jesús Antonio Pacheco Oviedo desde Fortul hacia Arauca. Según relató Macualo, el funcionario había salido temprano de su casa, como era habitual, y alcanzó a comunicarse con ella minutos antes de ser retenido.“A las 11:57 de la mañana fue el secuestro. Cinco minutos antes me llamó y me dijo: ‘mi amor, nos vemos a las dos de la tarde’. A esa hora lo esperé, pero no llegó. Cuando intenté comunicarme, el celular ya estaba apagado”, recordó.Desde entonces, la familia ha recibido cinco pruebas de supervivencia, la más reciente el pasado sábado. Sin embargo, Yariel asegura que la incertidumbre crece cada día, especialmente tras conocer la advertencia del ELN de someter a los secuestrados a un “juicio revolucionario” si no se concreta un intercambio humanitario.“Es muy triste saber esa decisión por parte del ELN, porque mi esposo y sus compañeros no han cometido ningún delito. Mi hija de 13 años me preguntó: ‘mami, ¿ahora mi papá lo van a encarcelar allá siete años?’ Fue devastador”, relató.La esposa del agente explicó que el grupo armado ha manifestado su intención de realizar un canje humanitario, aunque las familias no conocen detalles sobre a quiénes buscan liberar a cambio. “Ellos fueron claros en que quieren un intercambio humanitario”, afirmó.Macualo también denunció que, pese a sus esfuerzos, ni el presidente Gustavo Petro ni el ministro de Defensa los han recibido personalmente.“El señor Gustavo Petro no nos ha querido atender, no nos da la cara. Hemos estado en Bogotá solicitando una cita con él, pero ha sido imposible. Al ministro de Defensa lo contacté al principio y me dijo que no había mesa de negociación y que había que esperar”, señaló.La mujer pidió respeto y urgencia a quienes hacen parte de las conversaciones de paz con el ELN para que se logre la liberación de los funcionarios retenidos.“El llamado es urgente y con mucho respeto a todas las personas que están en la mesa. Que por favor se sienten a dialogar para que se dé una pronta liberación. Mi esposo cumple seis meses secuestrado el 8 de noviembre”, expresó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.