El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra la Gran Consulta por Colombia, luego de quedar por fuera de ese mecanismo político pese a haber recibido, según él, una invitación pública y privada para participar. En entrevista con Recap Blu, Palacios aseguró que la decisión de sacarlo evidencia una “política de exclusión” y no una consulta democrática ni incluyente.Palacios explicó que durante más de un año participó en reuniones y acercamientos con varios de los integrantes de esa coalición, con el objetivo de construir una unidad de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, afirmó que esta semana fue notificado de que no existía consenso para permitir su ingreso, debido a la oposición de tres precandidatos: Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.“Sin ninguna razón, sin ningún argumento y sin dar la cara, decidieron excluirme (...) Lo invitan a uno a la fiesta, uno llega, y cuando llega le dicen que reconsideraron. Lo grave es que no hubo argumentos. Esta no es una consulta incluyente ni democrática, sino una consulta de la exclusión”, señaló. Para Palacios, esta decisión contradice el propósito original de la consulta, que debía servir para sumar distintas visiones con el fin de enfrentar al petrismo en las urnas.“Si al doctor Galán le molestan mis posiciones firmes contra la criminalidad y contra el petrismo, entonces yo no debía estar ahí”, afirmó, aunque cuestionó la coherencia de ese argumento al recordar que en la consulta sí participan figuras como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y sectores del Centro Democrático.Palacios insistió en que nunca se le informaron condiciones explícitas para su participación y que, por el contrario, la invitación fue reiterada por varios líderes del bloque, entre ellos Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y el propio Pinzón.“Esto no era para fundar un club exclusivo, era para rescatar a Colombia”, subrayó, al tiempo que calificó la consulta como un “club al que uno aplica para ver si lo aceptan”.¿Qué hará Palacios?Con este paronama, Palacios confirmó que continuará su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta, apoyado en el movimiento Rescatemos a Colombia, con el que asegura haber recolectado más de 1,3 millones de firmas, actualmente en proceso de certificación ante la Registraduría. De hecho, anunció que se inscribirá formalmente el próximo 31 de enero y que seguirá impulsando una agenda centrada en seguridad, lucha contra la delincuencia, reducción del costo de vida, gasolina, salud, infraestructura e ICETEX.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
Porsche Colombia, importador oficial de Audi en el país, anunció la designación de María Fernanda López como nueva gerente de Marca para Audi Colombia, con lo que marca el inicio de una nueva etapa para la firma de los cuatro aros, que se ha fijado ambiciosas metas de crecimiento y fortalecimiento de su participación en el segmento premium de cara a 2026.Desde este cargo, López estará al frente de la hoja de ruta de producto, ventas y mercadeo en todo el territorio nacional, además de liderar la estrategia relacionada con la experiencia premium de los clientes de la marca.¿Quién es María Fernanda López y qué experiencia tiene?María Fernanda López cuenta con más de 10 años de experiencia a nivel nacional e internacional en la industria retail, con un perfil enfocado en ventas, estrategia y mercadeo. A lo largo de su carrera ha liderado procesos de crecimiento, monetización, operaciones y transformación digital en compañías de gran escala como Grupo Éxito, Grupo Casino en Francia y Grupo Falabella.Su experiencia profesional también incluye el fortalecimiento de relaciones con proveedores y clientes, así como la coordinación de equipos orientados al logro de resultados sostenibles y de alto impacto. Además, ha estado al frente de proyectos relacionados con el lanzamiento y gestión de marca, alianzas comerciales, análisis de mercado y desarrollo de estrategias multicanal.Este recorrido le ha permitido consolidar una visión integral del negocio, un aspecto que Porsche Colombia considera clave para el momento que atraviesa Audi en el país.Formación académica y liderazgo ejecutivoEn el ámbito académico, López es graduada en Negocios Internacionales y Comercio Internacional de la Universidad de Medellín. A su formación se suma su participación en el programa de educación continua “Women Leaders” de la Universidad de Harvard, enfocado en el desarrollo de liderazgo ejecutivo, la toma de decisiones estratégicas y la gestión del cambio en entornos corporativos de alta exigencia.Este componente académico refuerza su perfil para asumir el liderazgo de una marca premium en un contexto marcado por la electrificación, la digitalización y la llegada de nuevos competidores globales al mercado automotor colombiano.¿Qué enfoque tendrá con Audi?Con motivo de su nombramiento, María Fernanda López señaló que este nuevo rol representa un reto profesional de gran relevancia dentro de la industria automotriz. “Asumir la gerencia de Audi en Colombia representa un desafío profesional que me inspira profundamente. Llego con la convicción de fortalecer la marca desde una visión estratégica, cercana al cliente y alineada con la transformación del mercado”, afirmó.Según explicó, su enfoque estará orientado a consolidar el negocio, trabajar de manera articulada con la red de concesionarios y proyectar a Audi hacia una nueva etapa de crecimiento sostenible en el país.De cara a 2026, Audi Colombia buscará fortalecer su presencia en el segmento premium apoyándose en varios pilares estratégicos. Entre ellos se destacan la participación del equipo Audi Revolut en la Fórmula 1, los lanzamientos de modelos clave como el Audi A3, Audi Q3 y Audi Q5 SUV, y la consolidación de su liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos premium.
La Registraduría confirmó que en las últimas horas fueron certificadas las firmas de Claudia López, Juan Daniel Oviedo y Luis Gilberto Murillo, este es un requisito para que estas personas puedan inscribir oficialmente sus candidaturas a la presidencia.Recordemos que actualmente Oviedo hace parte de la Gran Consulta por Colombia y Murillo podría llegar a la consulta del Pacto Amplio, pues es una posibilidad que se está evaluando.Es importante recordar que quienes quieren ser candidatos a la presidencia y no están avalados por ningún partido deben recolectar 635.000 firmas y presentarlas a la Registraduría.Si la entidad certifica las firmas estas personas pueden inscribirse como candidatos a la presidencia.Recientemente la Registraduría confirmó que también había certificado las firmas de Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, Vicky Dávila, Anibal Gaviria, David Luna y Mauricio Lizcano.
Un intento de hurto en inmediaciones del barrio El Trébol finalizó en un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de ladrones, situación que generó pánico entre la comunidad del oriente de Cali. Los hechos ocurrieron en un reconocido supermercado ubicado sobre la autopista Suroriental entre las calles 58 y 59, hasta este lugar llegaron varios hombres armados que intimidaron a las personas que estaban haciendo sus compras, exigiéndoles la entrega de sus pertenencias.Uno de los vecinos logró avisarle a las autoridades, por lo que rápidamente el lugar fue acordonado, teniendo incluso apoyo del helicóptero Halcón de la Policía, con el fin de evitar que los sujetos lograran escapar."Eso había un poco de gente, patrullas, ambulancias, antimotines, el helicóptero, mejor dicho. Ahorita salieron dos esposados y la Policía estaba corriendo a la gente, un poco de carros parqueados", indicó una testigo del hecho.Según los habitantes del sector, se lograron escuchar por lo menos diez disparos, en el enfrentamiento entre las autoridades y los presuntos delincuentes. Algunos sujetos intentaron huir, pero fueron interceptados metros más adelante."Había personas vestidas de civil pero con chalecos antibalas persiguiendo a los ladrones y ahí fue que empezó la balacera. Después de eso, viene uno de los tipos y corre hacia los lados del motel del lado, vuelve para el supermercado y vuelven a disparar", narró otro vecino del lugar.Esta es la tercera balacera registra en Cali en menos de 48 horas, una situación que enciende las alarmas de la comunidad, la cual exige el refuerzo de la seguridad en la ciudad para evitar estos episodios. Según el primer reporte de la Policía, tras el incidente cinco personas fueron capturadas, una de ellas resultó levemente herida en medio del enfrentamiento.
Tras el homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez y los 5 integrantes de su equipo que murieron en el accidente, realizado en el Movistar Arena de Bogotá, la música popular colombiana no solo quedó marcada por los aplausos y las lágrimas, sino también por una fuerte polémica que se desató en redes sociales y dividió opiniones entre artistas y seguidores del género.A través de un video publicado en sus redes sociales, Ayala explicó por qué decidió no asistir al homenaje y lanzó fuertes críticas contra varios de los artistas invitados. Según el artista, el acto perdió el carácter solemne que debía tener una despedida y se transformó en un espectáculo que, a su juicio, buscaba más protagonismo que respeto por la memoria del cantante.“Parecía más una feria que un homenaje”, dijo Ayala en su mensaje, donde aseguró que algunos intérpretes aprovecharon el escenario para cantar sus propios éxitos y promocionar sus carreras, en lugar de enfocarse en despedir a un colega. Incluso comparó lo ocurrido en tarima con un “circo bochornoso”, expresión que rápidamente se volvió viral entre seguidores y colegas del género.Así respondió la hermana de Yeison JiménezLas declaraciones no pasaron desapercibidas para la familia de Yeison Jiménez. Lina Jiménez, hermana del artista, decidió pronunciarse de manera directa y contundente. A través de un comentario en la misma publicación de Ayala, rechazó sus palabras y defendió tanto el homenaje como la memoria de su hermano. En su respuesta, dejó claro que el cantante no fue bienvenido al evento y lo acusó de buscar protagonismo en medio del dolor ajeno.El cruce de mensajes no terminó ahí. Otros artistas que sí participaron en el homenaje también salieron al paso de las críticas. Uno de ellos fue Ciro Quiñónez, quien respondió de manera contundenteen redes sociales, asegurando que Ayala no asistió porque no tenía buena relación con Yeison Jiménez en vida.Pese al ambiente de controversia, la familia y el equipo del artista anunciaron que los homenajes no terminarán en Bogotá. En un comunicado oficial informaron que el próximo lunes 19 de enero se realizará un nuevo tributo en Manzanares, Caldas, tierra natal del cantante. La jornada incluirá una caravana desde la vereda La Esmeralda hasta el casco urbano del municipio, seguida de una misa en el parque principal, donde fanáticos, amigos y familiares podrán despedirse nuevamente del intérprete.
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tuvo una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump el pasado jueves, 15 de enero, en la Casa Blanca, sólo 13 días después de que Estados unidos capturara a Nicolás Maduro junto scon su esposa Cilia Flores y los trasladara a Nueva York para judicializarlos por cargos relacionados al narcoterrorismo.Pese a que, según declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, Trump se mantiene en su postura de considerar que Machado no cuenta con el apoyo y respeto suficiente para dirigir una transición en Venezuela, sí consideran que la líder opositora es una "voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela".Ante esto, la líder opositora espera ser elegida presidenta de Venezuela "en el momento adecuado", según declaró durante una entrevista difundida este viernes, 16 de enero, por la cadena Fox News."Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", declaró en esta entrevista grabada tras su encuentro el jueves con el presidente Donald Trump.La líder actual del país, Delcy Rodríguez, asumió el cargo interinamente tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón es oficialmente el candidato presidencial de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. La asamblea del partido lo eligió este martes por unanimidad.Pinzón aseguró que esta alianza se logró, en parte, gracias al expresidente Álvaro Uribe Vélez.“Yo aprecio mucho ese gesto del expresidente Uribe que básicamente él es el que nos puso en esa conversación entre Ingrid Betancourt y yo y así logramos avanzar y tener este acuerdo, para tener hoy este aval del partido Oxígeno”, añadió Pinzón.En el mismo sentido dijo que hay que buscar una consulta interpartidista en marzo entre varios sectores de centro y derecha para elegir a un único candidato.Por otro lado, respaldó la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, cuestionando el acuerdo de paz firmado por el expresidente Santos.“En la era de la seguridad democrática, cuando se hicieron tantos esfuerzos con el liderazgo del presidente Uribe, pero con el sacrificio y liderazgo de los soldados y los policías de Colombia, nuestros soldados lo entregaron todo, le dieron victoria a Colombia. Los vi sacrificarse, los vi producir todo lo que el país demandaba de ellos y aún así de manera infame cuando llegó la oportunidad de tener un mejor destino lo que se gestó fue impunidad, ofensa a las víctimas y si se quiere el país empezó a recorrer un camino que hoy nos tiene en esta sensación de angustia”, agregó el exministro de defensa.Pinzón también se refirió a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.“Tendremos la mejor relación de la historia con los Estados Unidos. Y perdónenme que lo diga en estos términos, será la mejor relación que Colombia haya tenido en 205 años de historia. ¿Y por qué? Porque tenemos el acceso, tenemos el conocimiento. La gente que está hoy en el poder, la conocemos y podemos trabajar con ellos”, señaló Pinzón.
Las Fuerzas Militares de Colombia fortalecen su compromiso con el desarrollo económico y social de la Orinoquía al apoyar el transporte y comercialización de más de 1,4 toneladas de productos del departamento del Vichada, beneficiando directamente a 738 personas entre productores, apicultores y marañoneros.>>> Lea también: Médicos voluntarios viajan con la Fuerza Aeroespacial a una jornada solidaria en GuainíaGracias al trabajo conjunto entre la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se dispuso de medios logísticos y capacidades diferenciales para garantizar el acopio y traslado de 940 kilogramos de marañón y 500 kilogramos de miel desde Puerto Carreño (Vichada) hasta Bogotá. Esta operación forma parte del proyecto “Alianza para una Comercialización Visible: Producto del Vichada”, una iniciativa que busca dar visibilidad a la oferta regional y fortalecer los encadenamientos productivos locales.Para el transporte multimodal, se emplearon una Patrulla Logística de Combate (PLC) del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 51 y una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), que movilizaron la carga de manera eficiente, asegurando su llegada a la capital en condiciones óptimas.El proyecto cuenta con el apoyo de la Gobernación del Vichada, la Alcaldía de Puerto Carreño, el Hospital San Juan de Dios, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las Fuerzas Militares de Colombia, en una articulación que refuerza la confianza institucional y promueve la seguridad humana en la región.Con esta iniciativa, las Fuerzas Militares reiteran su compromiso con el progreso del país, impulsando proyectos que integran desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad, y posicionando al Vichada como un territorio con potencial productivo para todo el país.
La Procuraduría General de la Nación tiene la lupa encima en una millonaria para este sistema biométrico en la Fiscalía y alertó sobre riesgos que podrían vulnerar principios esenciales de la contratación estatal como la legalidad, transparencia, igualdad, planeación y libre concurrencia.El proceso busca la adquisición, instalación y mantenimiento de una herramienta tecnológica para la verificación de identidad mediante impresiones dactilares, palmares y reconocimiento facial.Sin embargo, la Procuraduría señaló que la Fiscalía habría excedido sus competencias al modificar etapas ya cerradas del proceso. Incluso, en su oficio el Ministerio Público pone a consideración del ente acusador la revocación de dicha licitación.“Teniendo en cuenta las circunstancias advertidas en la presente vigilancia preventiva, esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a analizar en detalle las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado, así como la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura con el fin de efectuar los ajustes a que haya lugar, especialmente considerando que de la información suministrada por este ente de control se desprenden escenarios de posible nulidad del negocio jurídico a celebrar”, se lee en el documento.La Procuraduría también cuestionó la falta de publicidad y soporte técnico en varios puntos del proceso, entre ellos, los indicadores financieros utilizados para evaluar a los oferentes y los requerimientos técnicos del sistema, que, según el análisis, no tendrían justificación suficiente.Incluso, se habla de que el requerimiento de 4,2 millones de conexiones simultáneas en el componente de firewall sería desproporcionado frente a la proyección real de uso, restringiendo potencialmente la participación de oferentes.
El presidente Gustavo Petro se anticipó al informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de 2024 y, en un trino escrito desde Medio Oriente, aseguró que crecieron un 3 %. El mandatario señaló que estos datos no habían sido revelados aún porque se busca evitar “que se repita el error de 2023”, que, según él, consistió en incluir las respectivas productividades por zonas y no diferenciar entre lo que muestran los mapas: las zonas de enclave de la cocaína y aquellas abandonadas desde hace más de tres años.Este ha sido un argumento reiterativo del mandatario, quien considera que los resultados del informe anterior impulsaron la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos. La cifra de 262.000 hectáreas de coca para 2024 se conoce en medio de la crisis diplomática con ese país y la inclusión del jefe de Estado y sus cercanos en la lista Clinton por los pocos resultados en la lucha contra el narcotráfico.Cabe mencionar que en 2023 hubo una escalada en la producción potencial de cocaína, con un crecimiento anual del 53 %. Con la cifra de 262.000 hectáreas, el presidente Petro reconoció que los cultivos aumentaron frente al último registro (253.000 hectáreas en 2023), aunque a un ritmo menos acelerado que ese año, cuando la variación frente a 2022 fue del 10 %.El mandatario concluyó su mensaje en X diciendo: “El mundo sabrá que, de las 262.000 hectáreas que aparecerán como zonas de cultivo de hoja de coca, 80.000 están abandonadas desde hace más de tres años y 22.000 están en proceso de transición de cultivos ilícitos a lícitos. Las zonas de enclave se mantienen por el aumento del consumo de cocaína en Europa, las ciudades del Cono Sur y Australia. En cambio, las zonas de la selva amazónica están abandonadas porque el consumo de cocaína en Estados Unidos alcanzó su máximo y no crecerá más debido al aumento del consumo de fentanilo”.
Todo comenzó con una queja disciplinaria presentada ante la Procuraduría General de la Nación por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien acusó a la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, de estar inhabilitada para ejercer el cargo diplomático por integrar la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG).La defensa de Sarabia, encabezada por la abogada Lina Sandoval, anunció una respuesta legal. “Vamos a presentar una acción disciplinaria en contra del señor Briceño, porque actuar de mala fe y con ignorancia supina de la ley es sancionable disciplinariamente. Quiero contarle que la doctora Laura Sarabia no incurre en ninguna prohibición al hacer parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías. Su designación se enmarca dentro de un encargo oficial expresamente autorizado por el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior. Dicha norma permite que los embajadores representen entidades estatales cuando actúan por instrucción oficial, como ocurre en este caso, en el que la doctora Sarabia fue encargada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, explicó.“No se trata entonces de un empleo adicional, sino de una función pública legítima y expresamente permitida por la ley”, agregó Sandoval.La abogada argumentó además que las reuniones de la junta se realizan de forma virtual, por lo que la embajadora no ha incurrido en ningún gasto para asistir a ellas. Cabe mencionar que la denuncia de Briceño solicita a la Procuraduría investigar si Sarabia vulneró el artículo del Decreto 274 que impide a los embajadores ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas de entidades estatales, salvo que renuncien previamente a ellos.
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.