Un intenso debate se ha desatado en el país tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de las TIC que busca ampliar los servicios de las redes postales. Mientras que el sector financiero, representado por gremios como Asobancaria y Colombia Fintech, se opone firmemente a la medida, el presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño, asegura que es una oportunidad histórica para la inclusión financiera en la "Colombia profunda"."Este gobierno ha tenido en cuenta lo que está pasando en las poblaciones más lejanas del país. La red postal tiene 52.000 puntos en todos los municipios del país y nosotros atendemos la Colombia profunda, no lo hace el sector financiero. Mientras el sector financiero sigue cerrando puntos en la geografía nacional, nosotros venimos abriendo", indicó Carreño en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.El corazón de la disputaLa controversia gira en torno a la reglamentación de tres nuevos servicios postales de pago que se sumarían al giro tradicional: el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago.Juan Andrés Carreño defiende la autonomía de este modelo al precisar que "una cosa son las normas financieras y otra cosa son las normas postales", subrayando que se trata de un derecho "consagrado en un tratado internacional", cuya validez jurídica ya ha sido defendida anteriormente ante la Corte Constitucional."Ellos piensan que nosotros debemos cumplir con la regulación financiera. Nosotros decimos, no, no somos financieros, tenemos que cumplir con la regulación postal", indicó Carreño.Seguridad y riesgos¿Un peligro de lavado de activos?Uno de los argumentos más fuertes de la banca es el riesgo de administración de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, desde Asopostal defienden la solvencia de su regulación."Después del sector financiero, el sector postal tiene los sistemas de administración de riesgos más solventes'. Nosotros le tenemos que realizar biometría y autenticación de todas las personas que hacen una operación, tanto el que envía como el que recibe", explicó.Finalmente, Carreño arremetió contra los argumentos que vinculan el decreto con intereses electorales."Lo que se están diciendo son mentiras. Invito a que se dé el debate con verdades y desde una perspectiva técnica. Decir que es que esto se está haciendo para las elecciones es absolutamente falso", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería: contratistas que estarían reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta.“Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de la Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se habla de otros contratos en otras áreas de la entidad: alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional y otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente, primero porque no sabemos los montos de contratación”, dijo.Asodiplo también advierte sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas, así como cambios súbitos de personal de apoyo y la eventual llegada de personas sin experiencia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización del proceso para que seis millones de colombianos en el exterior puedan votar.“La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente es un criterio político. El asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, ni los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios”, agregó.En 2026 no solo habrá elecciones, también se realizará el Mundial en tres países con alta presencia de colombianos, por lo que el trabajo de los consulados en esos puntos será clave.Consultamos a la Cancillería sobre estos movimientos y aseguran que se trata de reubicaciones permitidas por la ley y realizadas a discrecionalidad de la canciller. Sobre la contratación, señalan que el 70 % del ministerio funciona con contratos de prestación de servicios y que esto no implica ninguna irregularidad.
Blu Radio conoció en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del Gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en el encuentro que tendrán los dos presidentes el próximo 3 de febrero. El narcotráfico, la migración y el comercio serán los temas clave.La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Trump y Petro en la Casa Blanca.Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Y es que la presencia de la canciller Villavicencio es clave en un encuentro en el que Colombia busca superar la tensa relación bilateral con el Gobierno Trump que empezó el 26 de enero de 2025 con la decisión de Petro de regresar dos vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos. Crisis que se prolongó durante el año pasado con decisiones como descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico, incluir en la lista Clinton al presidente, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, y dejar sin visa no solo al mandatario sino a la canciller Villavicencio; al ministro de Minas, Edwin Palma y a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.Este escenario de restricciones migratorias se originó tras los incidentes de septiembre en Nueva York, donde el presidente Petro, mediante un megáfono en la vía pública, instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes superiores en el marco del conflicto en la Franja de Gaza.Escuche el informe completo aquí:
En Santa Marta fue puesta en funcionamiento una cámara hiperbárica en las instalaciones de la nueva estación de buceo y salvamento de la Armada, un equipo médico clave que permitirá atender de forma inmediata emergencias derivadas de actividades subacuáticas en el norte del Caribe colombiano. La ubicación del sistema, a pocos metros del mar, representa una ventaja estratégica para responder con rapidez a incidentes que antes obligaban a traslados prolongados.La cámara hiperbárica es un equipo médico especializado en el que los pacientes respiran oxígeno casi al 100 % a una presión entre dos y tres veces superior a la atmosférica. Este tratamiento permite que el oxígeno se disuelva con mayor facilidad en la sangre, facilitando su llegada a tejidos afectados y convirtiéndose en una herramienta fundamental para tratar el mal de descompresión, una de las principales emergencias asociadas al buceo.Además de atender lesiones por inmersión, este tipo de tecnología es utilizada para acelerar la cicatrización de heridas, tratar infecciones graves, lesiones por quemaduras, problemas de circulación y apoyar procesos médicos complejos como injertos, necrosis o pie diabético. Su uso es estrictamente médico y se realiza bajo supervisión especializada, con protocolos que garantizan la seguridad del paciente.Hasta ahora, los casos de emergencia por buceo en el Caribe norte debían ser trasladados hasta Cartagena, donde se encuentra el principal centro de referencia del país. Sin embargo, los tiempos de desplazamiento representaban un riesgo adicional para los pacientes, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata.“El problema es que no sería de manera inmediata la atención si un paciente en la parte norte del Caribe llega a tener una emergencia y hay que transportarlo de manera segura y oportuna hasta Cartagena. La red hospitalaria aquí no tiene esa capacidad, y nosotros con esto vamos a suplir la necesidad”, explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional.El alto oficial agregó que la instalación de la cámara hiperbárica no solo fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también impacta de manera positiva el turismo especializado en la región. “Con esto también vamos a ser más atractivos para que los turistas vengan a hacer la actividad del buceo, porque saben que, si se llega a presentar una emergencia, tenemos cómo atenderlos”, señaló.La puesta en servicio de este equipo posiciona a Santa Marta como un punto clave para la seguridad marítima y subacuática en el Caribe colombiano, al tiempo que amplía la capacidad de atención médica especializada para buzos profesionales, pescadores, personal naval y turistas que practican actividades en el mar.
Sentado en su moto, bajo el recio sol habanero y en medio de una larga fila para repostar gasolina, Jesús Méndez, de 66 años de edad, con el clásico humor caribeño, analiza la situación de Cuba sin el suministro de petróleo venezolano: «(Esto) está duro… y tomó viagra para estar duro».El cierre del grifo en Caracas, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho que reaparezca un viejo conocido en la isla, que viene y va según se presenta una nueva crisis en un país acostumbrado a vivir al límite: las colas en los servicentros (gasolineras).Aunque esta vez es distinto, según considera Yanely, una cubana de 46 años que lleva una hora sin avanzar en la fila de vehículos.Ya no son las colas fantasma que esperan hasta días en gasolineras vacías para aguardar a que llegue una «pipa» (camión cisterna). Lo de ahora, argumenta Yanely, son filas de pánico ante la incertidumbre que significa que La Habana se quede sin su principal proveedor de carburantes.El 30 % de las necesidades energéticas«Por eso es que se ve esa aglomeración de personas. Porque la gente toma prevención si va a ocurrir algo. Entonces, viene a abastecerse, a llenar por temor… simplemente por eso», concluye frente a una estación de servicio frente al Malecón.Las estimaciones apuntan a que el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla. Su desaparición abre una brecha que el Estado cubano no puede cerrar, principalmente, por falta de divisas para importar desde otros proveedores.Varios automóviles más atrás que Yanely, Ramón García, un jubilado de 70 años, coincide con ella. Él ya se había acostumbrado a almacenar gasolina en su casa. Pero cuando vio el operativo militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero supo que tenía que adelantarse ante el peor escenario.«A mí me quedaba un poquitico en la casa y vine a eso, porque no sé lo que pueda pasar mañana. Estoy casi seguro de que se va a notar, porque estoy siguiendo más o menos la situación», explica a EFE.Gasolina en dólares en CubaA la incertidumbre se le suma otro ingrediente: esta nueva vuelta de tuerca en la crisis cubana no afecta por igual a todos. Según pudo comprobar EFE en un recorrido por La Habana, Cuba, las largas filas en las gasolineras en dólares contrastan con las estaciones de servicio que cobran en pesos cubanos, con conos naranjas frente a los surtidores y sin autos porque no tienen combustible en absoluto.El Gobierno cubano dolarizó el año pasado una serie de servicentros, como parte de las medidas para suplir la caída en picado del turismo y el negocio de las remesas, y ahora ha priorizado su suministro.Carlos, de 76 años, lleva esperando ya cuatro horas para llenar el depósito de su auto. Consiguió unos dólares en el mercado negro para hacerlo porque se cansó de esperar su turno en Ticket, la aplicación móvil estatal de gestión de filas cuyos tiempos de espera en La Habana puede ser de hasta dos meses.Impacto económico«En moneda nacional no han surtido más, entonces hay que comprar en divisa (…) Usted bien sabe que aquí no gana nadie en dólares. Hay que seguir luchando, no queda de otra», dice a EFE con resignación.Un estudio facilitado la semana pasada a EFE por el economista cubano Miguel Alejandro Hayes, estima que el impacto económico del fin de los envíos petroleros de Venezuela podría suponer una caída del 27 % del producto interno bruto (PIB), un encarecimiento del 60 % de los alimentos y del 75 % del transporte.En ese sentido, Jesús Méndez, el motociclista de 66 años que aún espera en la fila, deja la duda en el aire: «Mientras aprieten los rubios de enfrente (Estados Unidos), ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar gasolina si aquí el petróleo que hay en Cuba está lleno de azufre y no sirve para nada?»
Una comunidad universitaria atraviesa momentos de profundo dolor tras conocerse la muerte de dos jóvenes que fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo estacionado. El hecho, que ocurrió a comienzos de esta semana, ha sido catalogado por las autoridades como un trágico accidente y ha generado múltiples reacciones de solidaridad.El caso se registró en la Franciscan University, ubicada en Ohio, donde unidades de la Policía de Steubenville acudieron hacia las 12:30 del mediodía del lunes 19 de enero al sector del St. Agnes Hall, luego de recibir una solicitud para verificar el estado de dos personas que permanecían dentro de un automóvil.Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre y una mujer inconscientes en el interior del carro y ambos fueron declarados muertos en el sitio. Según los reportes oficiales, no se hallaron signos de violencia ni indicios de consumo de sustancias ilícitas.¿Cuál es la causa de muerte de los jóvenes?Posteriormente, la Oficina del Forense del Condado de Jefferson confirmó que las muertes se produjeron por intoxicación con monóxido de carbono, aparentemente causada por una falla en el sistema de escape del vehículo. El hecho fue clasificado como accidental.Las víctimas fueron identificadas como Luke Reimer y Mary Mich, ambos de 20 años y estudiantes activos de la institución. De acuerdo con mensajes publicados en redes sociales, la pareja mantenía una relación sentimental desde hacía más de un año y era muy apreciada por sus compañeros y docentes.El rector de la universidad, el padre Dave Pivonka, expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó que la comunidad académica se encuentra de luto. “Lloramos la partida de estos dos jóvenes y acompañamos a sus familias y amigos en este momento de dolor”, indicó en un comunicado.Como medida de acompañamiento, la universidad suspendió temporalmente algunas actividades académicas y habilitó servicios de apoyo psicológico y espiritual. Asimismo, a través de sus plataformas digitales, rindió homenaje a los estudiantes e invitó a la comunidad a unirse en oración por su descanso eterno.Las autoridades continúan adelantando las revisiones técnicas al vehículo para esclarecer por completo las causas del accidente y reiteraron el llamado a revisar periódicamente los sistemas de escape para prevenir situaciones similares.
Las autoridades en Argentina avanzan en la investigación de un hecho ocurrido en la localidad de Rafael Castillo, en la provincia de Buenos Aires, donde un hombre de 61 años murió tras verse involucrado en una violenta riña con integrantes de su propia familia.El episodio quedó registrado en video por cámaras de seguridad del sector y muestra a Óscar Laureano Mendoza agrediendo con un palo a una joven y a otros familiares en plena vía pública. En las imágenes se observa cómo, tras ser reducido por allegados que intentaron frenar la agresión, el hombre se desploma frente a su vivienda.De acuerdo con las primeras hipótesis de la justicia, el enfrentamiento se habría originado por un conflicto familiar de larga data relacionado con la posesión de una vivienda y disputas por herencia. La discusión escaló rápidamente hasta derivar en el forcejeo que precedió al fallecimiento.Luego de ser contenido, Mendoza sufrió una descompensación repentina y quedó tendido en la calle. Aunque en un primer momento los familiares pensaron que se trataba de una reacción momentánea, personal de emergencias confirmó minutos después que el hombre no presentaba signos vitales.Según se confirmó, la víctima tenía antecedentes médicos relevantes, entre ellos un accidente cerebrovascular reciente y una cirugía cardíaca, condiciones que habrían influido en el paro cardíaco que, según la autopsia, causó su muerte en medio del episodio de alta tensión en la familia.El caso es investigado por la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, bajo la conducción del fiscal Claudio Fornaro, quien ordenó peritajes adicionales y la toma de declaraciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades en el forcejeo previo al deceso.
Al menos 700 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Iscuandé en el municipio colombiano de Santa Bárbara, en el departamento de Nariño (suroeste), una emergencia que ha dejado graves daños en zonas rurales y en el casco urbano, alertó este domingo la Defensoría del Pueblo."La Defensoría del Pueblo urge la intervención inmediata del Gobierno nacional (...) para atender por lo menos a 700 familias afectadas por las lluvias y el desbordamiento del río Iscuandé", señaló la entidad en X, al advertir sobre la magnitud de la emergencia registrada desde que comenzó a llover el jueves pasado.Según ese organismo, los aguaceros persistentes y la creciente del río han ocasionado la destrucción parcial o total de cerca de mil viviendas en el municipio, de las cuales unas 200 quedaron completamente destruidas.El número exacto de personas afectadas, entre las que se encuentran personas mayores y niños, aún no ha podido establecerse debido a las difíciles condiciones de acceso y a que las precipitaciones continúan en la parte alta del territorio.La Defensoría advirtió además sobre necesidades de ayuda humanitaria y de medidas de protección para las comunidades damnificadas, que además de perder sus hogares se enfrentan a riesgos de picaduras de serpientes y alacranes, riesgos que se han incrementado por las inundaciones.Por su parte, la Gobernación de Nariño informó que activó acciones de atención, acompañamiento y coordinación interinstitucional tras el desbordamiento del río Iscuandé.Según, informes preliminares, 28 zonas rurales resultaron impactadas y se estima que la cifra de al menos 700 familias damnificadas podría aumentar por la inundación progresiva del área urbana.El balance de la autoridad departamental indica además la interrupción de servicios públicos, de la atención hospitalaria y las actividades educativas como consecuencia de la emergencia."Nuestra prioridad es proteger la vida y acompañar a las comunidades afectadas. Desde el departamento articulamos esfuerzos para atender la emergencia y gestionar el apoyo requerido ante la magnitud de las afectaciones", afirmó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, citado en un comunicado.En el mismo sentido, el alcalde de Santa Bárbara de Iscuandé, Sifredo Barrios Pinillos, aseguró que el municipio atraviesa "una crisis humanitaria" y reiteró la necesidad urgente de ayudas, como colchonetas y alimentación, para la población damnificada.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que ya se están haciendo evacuaciones preventivas hacia zonas seguras y aclaró que no hay fallecidos ni heridos, aunque al menos 40 personas, en su mayoría adultas mayores, recibieron atención por afectaciones asociadas a la emergencia.
Bogotá continúa conmocionada tras confirmarse el hallazgo sin vida de Adrián Mathías Pinzón Calvo, un niño de 9 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.En la madrugada del 22 de enero las autoridades localizaron los cuerpos del menor y de su padre, Marco Antonio Pinzón, en inmediaciones de la iglesia de Los Laches, en Bogotá. El procedimiento fue realizado por unidades de la Fiscalía General de la Nación y del CTI, que acordonaron la zona y adelantaron el respectivo levantamiento e identificación de los cuerpos.La desaparición del niño había sido reportada luego de que saliera de su vivienda en el sector de Lucero Bajo, tras un permiso concedido por su custodia legal. Desde ese momento, no se volvió a tener comunicación con ninguno de los dos, ya que sus teléfonos celulares permanecieron apagados durante varios días, situación que activó los protocolos de búsqueda.Las autoridades manejan como hipótesis principal un caso de homicidio de Marco Antonio al menor, seguido de suicidio.En entrevista con el diario El Tiempo, la familia de Adrián había revelado duros detalles sobre el hombre y amenazas previas. “Él regresó de Estados Unidos en noviembre con problemas psiquiátricos muy delicados. Por esa razón fue internado y desde entonces el niño quedó bajo nuestro cuidado”, dijo Daniela, la tía del menor.Según narró la mujer, Adrián vivía con ella. “Él decía que quería recuperar el tiempo perdido, que sentía que el niño ya se había olvidado de él", por eso la mujer accedió a que se vieran. Tras estar horas en un parque, aseguró, el hombre le quitó el celular al menor y lo apagó."En la noche ya no supimos nada más de ellos. Después, el teléfono apareció bloqueado". Posteriormente, el hombre habría enviado mensajes de amenazas a la madre, afirmando que le haría daño al niño. Presuntamente, uno de los mensajes tenía imágenes de un arma de fuego.El medio aseguró que, presuntamente, el hombre habría hecho una videollamada a la madre afirmando que iba a matar a Adrián. Por ahora, el hecho continúa en etapa de investigación y que serán los análisis forenses y judiciales los que determinen con precisión lo ocurrido.
La discusión sobre las alocuciones presidenciales vuele sobre la mesa, el Consejo de Estado protegió el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de las alocuciones presidenciales por parte del presidente Gustavo Petro.El alto tribunal consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura.En el fallo, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, advierte el Consejo de Estado que la figura de la alocución presidencial “solo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales y urgentes”, como desastres naturales o alteraciones graves del orden público.Sin embargo, el presidente la habría empleado de manera permanente e ilimitada, afectando la libre elección de contenidos por parte de los televidentes.El Consejo de Estado amparó los derechos de los demandantes Nelson Martínez , Miguel Uribe Turbay, Mauricio Aragón, Mauricio Trujillo Riascos, Samuel Ortiz Mancipe y Sandra Mancipe Mesa, quienes alegaron que las frecuentes transmisiones interrumpían la programación regular de los canales y restringían su acceso a información diversa.Entre las órdenes que profirió el Consejo de Estado es, primero, ponerle la lupa al uso de las alocuciones presidenciales únicamente a hechos de urgente y manifiesta trascendencia pública.Además, evitar transmisiones prolongadas o reiteradas que interfieran con la programación habitual de los medios y ordenar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adoptar antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio para garantizar el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.“La alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes […] La alocución presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. […] La situación alocución debe ser limitada temática y temporalmente”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.
"Si no tomamos medidas urgentes, estaremos ad portas de repetir un racionamiento como el vivido en el año 1992", con estas palabras la presidente de Acolgen, Natalia Gutiérrez alertó en una carta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sobre la crítica situación que puede vivir el sector en medio de las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno sobre el funcionamiento del cargo por confiabilidad.¿Qué es lo que pasa con la energía en Colombia?El margen de maniobra del mercado eléctrico se está agotando y cada vez hay menos diferencia entre la energía que producimos y la que necesitamos. Incluso, la Contraloría ha venido advirtiendo sobre el riesgo de un agotamiento del sistema si no entran a operar nuevos proyectos de generación de energía.El Gobierno ya convocó a una subasta de cargo por confiabilidad para que nuevos proyectos entren a operar, pero esas subastas se van a dar bajo nuevas reglas que han sido ampliamente criticadas por la industria y que, según Acolgen, pueden comprometer el éxito de la subasta. Por ejemplo, el hecho de que el valor de los pagos del cargo no es el mismo para todo el mundo, sino que depende del tipo de tecnología, entre otras medidas."Expertos Comisionados de la CREG, el regulador tiene hoy una responsabilidad histórica. Corregir estas decisiones antes de la subasta no solo es técnicamente lo correcto, sino que es la vía para garantizar solvencia, dar señales coherentes a la inversión, y permitir la continuidad del servicio sin sobresaltos para los usuarios", señaló Gutiérrez.Acolgen pide que exista un solo cargo por confiabilidad, que se retire la propuesta de una remuneración diferenciada entre plantas existentes y nuevas y que se publiquen los análisis de impacto normativo. Una de las críticas centrales sobre las nuevas medidas para la industria es que se tomaron sin tener en cuenta los impactos sobre el sector y sin análisis robustos que demostraran técnicamente su conveniencia.Las medidas hacen parte de la estrategia del Gobierno para el sector eléctrico que incluye limitar las ganancias del sector privado en un contexto en el que la administración actual cree que las generadoras de electricidad y las grandes empresas del sector se han estado enriqueciendo a costillas de los usuarios.
En la tarde de este jueves, 9 de octubre, se registró un nuevo ataque con tatucos en la base militar de Puerto Jordán en Arauca. Aparentemente, el ELN sería el responsable de este nuevo atentado.Según la información preliminar, una granada cayó al interior del batallón y otra en el exterior de la base.Por el momento se desconoce si hay militares o civiles heridos por este atentado.Helicóptero tuvo que maniobrarLa periodista Stephanie Valencia relató en Meridiano Blu los momentos de angustia y tensión que se vivió en ese momento, pues ella viajaba en un helicóptero que sobrevolaba la zona, a siete minutos de llegar a Puerto Jordán, cuando los pilotos se enteraron del ataque y tuvieron que realizar maniobras para alejarse y proteger sus vidas, pues se empezaron a presentar combates entre el Ejército Nacional e integrantes del ELN."Fue nuevamente con morteros, granadas que lanzaron, según la información que inteligencia militar ha entregado. Se lanzaron desde el pueblo", detalló la periodista en Meridiano Blu.
Hacia el mediodía de este jueves fueron liberados los ocho integrantes de la Misión Médica de la E.S.E. San Sebastián de La Plata, quienes habían sido secuestrados en zona rural del municipio por miembros de la estructura ‘Hernando González Acosta’, perteneciente a las disidencias de las Farc.El proceso de liberación tuvo lugar en la vereda San Miguel, hasta donde los funcionarios fueron llevados por integrantes del grupo armado y entregados a 14 presidentes de Juntas de Acción Comunal.“Gracias a Dios, nos acaban de informar por parte de la comunidad que ya fueron liberadas las ocho personas: seis del equipo básico de salud y los dos conductores, integrantes de la Misión Médica de la E.S.E. San Sebastián de nuestro municipio”, confirmó Camilo Ospina Martínez, alcalde de La Plata.Aunque en un principio se informó que el grupo armado había ordenado al personal de salud realizar una brigada en las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, finalmente se les permitió regresar al casco urbano del municipio de La Plata para el reencuentro con sus familias y compañeros de la E.S.E. San Sebastián.“La información que he recibido por parte del subgerente de la E.S.E. San Sebastián y del señor personero es que les permitieron movilizarse hacia nuestro municipio de La Plata, hacia el casco urbano”, indicó el mandatario local.Una vez lleguen al municipio, los ocho funcionarios serán valorados por personal de salud, con el fin de verificar su estado físico y emocional tras el secuestro.Por último, el mandatario de La Plata reiteró el llamado al respeto por la misión médica y exigió que no se vulnere la labor humanitaria del personal que presta atención en zonas apartadas del departamento.
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, advirtió que los recientes atentados contra funcionarios de la entidad hacen parte de una ofensiva del crimen organizado. En diálogo con Mañanas Blu 10 AM, alertó sobre un posible plan pistola en curso en varias regiones del país.“En nueve días hemos tenido cuatro asesinatos y cinco heridos. Son hechos desafortunados y sistemáticos contra trabajadores del Inpec, sean uniformados o administrativos”, señaló Gutiérrez. El alto oficial aseguró que ya se creó un grupo especial de investigación para identificar a los responsables.El director enfatizó que los ataques están relacionados con estructuras criminales que buscan desestabilizar la seguridad penitenciaria. “Tenemos 266 amenazas de diferentes grupos y hay hipótesis de una alianza criminal de varias estructuras, eso quizás ha acelerado estos atentados”, explicó.Entre las medidas adoptadas, el Inpec adquirió 600 chalecos antibalas, ajustó horarios de servicio para evitar salidas nocturnas y canceló visitas en cárceles de Bogotá y el Valle del Cauca durante el último fin de semana. También se trabaja con la Policía en refuerzos de seguridad en los alrededores de los penales.Asimismo, Gutiérrez solicitó un permiso especial de porte de armas para funcionarios en riesgo y recalcó la necesidad de voluntad política. “Tenemos más de 100 cárceles construidas hace 200 años, con falta de personal y de elementos de seguridad. Además, el hacinamiento se incrementa con las capturas diarias de la Policía”, dijo.“Seguimos trabajando, no podemos desfallecer ante esos atentados terroristas”, concluyó el director del Inpec, quien insistió en que la articulación con otras entidades será clave para frenar la ola de violencia contra el personal penitenciario en Colombia.
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, presentó su propuesta de plan de seguridad. En el evento también se refirió a la reunión que se hará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington y cuestionó al mandatario colombiano por los choques que tuvo con su homólogo estadounidense.“Salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. Y ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia y la tecnología para los colombianos va a que le den la visa y a que lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual, no lo quiero ver, pero así se ve”, señaló el candidato Pinzón.Sobre su plan de seguridad señaló que presentará un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas y que incrementará el pie de fuerza policial hasta el 80 % del estándar internacional.“El plan contempla la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. Habrá un Incremento de 100.000 efectivos en 3 años (70 % FF. MM., 30 % Policía). En los primeros 100 días se hará el llamado a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías)”, dijo Pinzón.También agregó que creará cuatro megacárceles de seguridad con 20.000 cupos cada una.“Una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsiónextorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas, sino a toda su estructura económica”, agregó Pinzón.
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí:
El abogado penalista Mauricio Pava presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución que establece zonas de ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo, medida incluida dentro de la estrategia de Paz Total del gobierno nacional. Según dijo Pava en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la resolución vulnera los límites constitucionales en la negociación con estructuras criminales.La acción legal se fundamenta en la protección del Estado de Derecho, argumentando que la administración ha sobrepasado sus facultades al otorgar beneficios territoriales y jurídicos a grupos sin carácter político, sin un marco legal aprobado por el Congreso de la República.El núcleo de la demanda se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia 525 de 2023, que establece criterios sobre quiénes pueden acceder a zonas especiales y beneficios procesales.Pava explicó que existe una diferencia clara entre grupos con "pedigrí político" y bandas criminales: "Con estructuras criminales de alto impacto. Usted no puede tener zonas especiales de ubicación si no tiene un marco jurídico, una ley de sometimiento".El abogado señaló que la resolución del 22 de diciembre vulnera este principio, ya que el proyecto de ley de sometimiento todavía está “diluido” en el Congreso. Sobre la negociación con carteles de narcotráfico y minería ilegal, Pava agregó: "En el mundo de esta resolución... ese mundo es con bandas criminales, pandillas, estructuras de crimen organizado... con esos grupos es el sometimiento a la justicia".La demanda alerta sobre la entrada en vigor de la resolución, programada para el 1 de marzo de 2026, coincidiendo con los periodos electorales. Pava expresó preocupación por la transparencia y la libertad del voto en los municipios designados en Chocó y Córdoba."¿Quién va a garantizar que en esas zonas haya voto libre, que la población con tranquilidad pueda acudir a las jornadas electorales?", cuestionó, señalando que entregar territorios a grupos que los dominaron “a sangre y fuego” podría interpretarse como una legalización de facto de su control.La demanda también cuestiona la potestad del presidente de la República para suspender órdenes de captura y procesos de extradición en estas zonas. Según Pava, estas acciones solo serían legales si existiera una ley ordinaria de sometimiento, actualmente inexistente."Una cosa es la negociación con grupos que tengan un pedigrí político y otra cosa es la negociación con bandas criminales", subrayó, recordando que la falta de marco jurídico impide que estas medidas tengan respaldo legal legítimo.Escuche la entrevista completa aquí:
El Gobierno nacional volvió a poner en entredicho la metodología con la que se están midiendo las cifras de cultivos y producción de cocaína en el país.El Ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos técnicos y estadísticos para demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde 2022.Idárraga explicó que el sistema de monitoreo continuará, tal como lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro, pero articulado con los mecanismos de seguimiento de la Policía Nacional.Sin embargo, el Gobierno adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que este tema será uno de los puntos centrales de discusión.“La negación de continuar con ese tipo de sistemas porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también con el diálogo con EE. UU., quien sería el verificador en Europa. Estamos en las conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían, por ejemplo, entrar a asumir esa verificación”, dijo Andrés Idárraga.Con esto, el jefe de la cartera de Justicia encargado confirmó que ya se adelantan conversaciones para que Estados Unidos asuma un rol como verificador y que incluso se evalúa la posibilidad de que miembros del Parlamento Europeo participen en el proceso de validación de las cifras.
El Ejército abrió un nuevo proceso de incorporación para formar suboficiales, una convocatoria dirigida a jóvenes colombianos que buscan iniciar una carrera con formación militar, estabilidad laboral y proyección profesional.Las inscripciones se realizan a través de la Escuela Militar de Suboficiales y constituyen el primer paso para acceder al Curso de Suboficiales. El proceso estará habilitado hasta marzo de 2026 y toda la información oficial está disponible en la página web institucional, donde los aspirantes pueden consultar requisitos, etapas de selección, costos aproximados y contactos regionales.Entre los requisitos básicos se encuentra tener entre 17 y 23 años, ser bachiller académico, contar con los resultados de las Pruebas Saber 11, no registrar antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, y acreditar conocimientos básicos de natación.Quienes se postulen deberán superar varias fases del proceso, que incluyen pruebas psicométricas y psicológicas, exámenes médicos, evaluaciones físicas en tierra y agua, así como entrevistas, visitas domiciliarias y pruebas de poligrafía.Durante la etapa de formación, los alumnos reciben una bonificación mensual y cuentan con alojamiento, alimentación, dotación y acceso a movilidad académica. Además, el programa contempla la obtención de una doble titulación académica. Una vez finalizado el curso, los nuevos suboficiales acceden a ocupación laboral inmediata dentro de la institución.Las autoridades recordaron que el proceso de incorporación no tiene intermediarios y advirtieron sobre posibles estafas, recomendando no realizar pagos a personas o cuentas no oficiales. Para ampliar la información, los interesados pueden acudir a las zonas de reclutamiento, distritos militares o consultar directamente los canales oficiales de la Escuela Militar de Suboficiales.
En las 1.440 sedes educativas de los 35 municipios no certificados del Huila, que son competencia del gobierno departamental, arrancó este lunes el calendario escolar 2026 con más de 112.000 estudiantes matriculados tanto en las zonas urbanas como en las áreas rurales.En el caso de Neiva, también iniciaron clases 32.500 niños y jóvenes en las 169 sedes educativas del municipio y con el suministro del programa de alimentación escolar PAE que tuvo una inversión inicial por encima de los 20.000 millones de pesos. “El proceso de negociación a través de la Bolsa Mercantil de Colombia se cerró exitosamente por un valor de 20 mil millones de pesos y hemos verificado todas las condiciones técnicas, sanitarias y operativas del operador. Además, la entrega de los alimentos coincide con la fecha de la apertura oficial del calendario escolar” así lo confirmó Olga Lucía Castaño, secretaria de educación municipal.En el Huila la secretaría de educación, confirmó que el programa PAE inició a media marcha en algunas instituciones y se espera que para la próxima semana este cubierto en un cien por ciento la alimentación escolar en todos los municipios del departamento.Desde la oficina del PAE Huila, informaron que la semana inmediatamente anterior quedó adjudicado el contrato para que se inicie a operar el programa de alimentación escolar a partir de la primera semana de febrero.
Un tripulante de la motonave Cetus Narwhal falleció luego de sufrir un grave accidente mientras la embarcación navegaba frente a Buenaventura, en el Pacífico colombiano. El hombre, quien se desempeñaba como bosun o contramaestre, cayó al interior de una de las bodegas de carga del buque, lo que desencadenó una operación de emergencia en alta mar.El reporte del incidente fue recibido por la Dirección General Marítima cuando la nave se encontraba a unas 30 millas náuticas al este de la boya de mar de Buenaventura. Tras la alerta, se activaron los protocolos de atención y se coordinó una operación de búsqueda y rescate para evacuar al tripulante herido.Inicialmente, se dispuso una unidad de Guardacostas para atender la emergencia, pero las condiciones del mar impidieron la evacuación por vía marítima. Ante este escenario, se solicitó apoyo aéreo y un helicóptero del Grupo Aeronaval del Pacífico realizó la extracción del tripulante a unas 15 millas náuticas del puerto.El hombre fue trasladado por vía aeromédica hasta instalaciones militares en Buenaventura y posteriormente remitido a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas después.Tras el incidente, la motonave fue retornada y fondeada en el puerto de Buenaventura para adelantar las actuaciones correspondientes. Las autoridades marítimas iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.“La Dirección General Marítima iniciará el proceso jurisdiccional respectivo, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el incidente, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”, indicó la autoridad marítima colombiana.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló los detalles de una de las apuestas más estratégicas para la seguridad nacional: la creación del Escudo Nacional Antidrones. Este proyecto surge como respuesta a la creciente amenaza de grupos criminales que utilizan drones cargados con explosivos en diversas regiones del país.Un proyecto de vanguardia tecnológicaEl sistema, calificado por el ministro como una iniciativa de vanguardia, tiene una valoración total de 6.2 billones de pesos, de los cuales se espera invertir un billón de pesos durante el presente año. El escudo no consiste en un único dispositivo, sino en un sistema de múltiples capas diseñado para proteger a la tropa en movimiento, buques, vehículos e instalaciones fijas. Según el jefe de la cartera de Defensa, la tecnología debe permitir que estos sistemas interactúen de forma automática y en segundos, dada la rapidez con la que se desarrollan los ataques aéreos.Preferencia por tecnología occidental y autonomía nacionalRespecto a la procedencia de la tecnología, el ministro Sánchez fue enfático en que la orientación de Colombia es hacia la tecnología de tipo occidental. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de interoperabilidad con aliados estratégicos como Estados Unidos y países de Europa, permitiendo que los sistemas "hablen el mismo idioma" en la lucha contra el crimen transnacional.A pesar de que empresas chinas han presentado ofertas, el gobierno colombiano prioriza estándares que sean compatibles con sus tácticas, procedimientos y economía de escala. El ministro aclaró que, aunque se ha discutido el tema con Estados Unidos, no existe un condicionamiento o veto por parte de Washington para adquirir exclusivamente tecnología estadounidense; la decisión sigue siendo una muestra de la autonomía colombiana basada en sus propios intereses de seguridad.Cooperación fronteriza y resultados operativosTambién abordó la tensión con Ecuador. Sánchez desestimó las quejas del presidente Daniel Noboa sobre la falta de cooperación en la frontera, calificándolas como opuestas a la realidad. Destacó que, bajo la administración actual, la incautación de cocaína ha aumentado en un 321%, sumando 286 toneladas, y se han desplegado 10,700 hombres en la zona fronteriza de Nariño y Putumayo, logrando reducciones significativas en las tasas de homicidio.Conflictos internos y derechos humanosFinalmente, el ministro se refirió a la situación de orden público en el Meta, donde se mantienen enfrentamientos contra las disidencias de 'Calarcá', específicamente contra la estructura de alias "Patepalo". Sánchez expresó su preocupación por la muerte de personas en circunstancias extrañas que sugieren ejecuciones, incluyendo a cuatro menores de edad que habían sido reclutados ilícitamente. El caso está bajo investigación de la Fiscalía para esclarecer si las víctimas fueron sedadas antes de recibir tiros de gracia por parte de otros grupos disidentes.Escuche aquí la entrevista:
La madrugada del sábado pasado, Nicolás Alcocer —hijo adoptivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro— fue víctima de un robo mientras se encontraba en la céntrica Gran Vía de Madrid. Según confirmó la Policía Nacional de España, el joven fue abordado por un individuo que le arrebató una cadena de oro cuando se disponía a subir a un taxi.Carlos Quero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), explicó los pormenores del caso en entrevista con Mañanas Blu. “Se encontraba por la noche, de madrugada, en una calle céntrica de Madrid, como es la Gran Vía, y cuando se estaba montando en un taxi, llegó un individuo por la espalda y le dio un tirón de una cadena que portaba, que parecía ser de oro”, relató el funcionario.De acuerdo con Quero, el propio Nicolás Alcocer pidió auxilio de inmediato y su reacción permitió que una patrulla cercana iniciara la persecución del delincuente. “Había una patrulla que emprendió la persecución a pie por las calles del centro de la capital y finalmente lo terminó apresando unas calles posteriores”, añadió.La rápida intervención policial permitió recuperar el objetoEl portavoz confirmó que la cadena fue recuperada en el lugar del arresto y devuelta a su propietario esa misma noche. “Cuando se recuperan, se le hace un acta de entrega a la persona portadora, para no privarle de su objeto”, explicó Quero, detallando que no fue necesario poner la joya a disposición judicial, dada su pronta recuperación.Alcocer presentó una denuncia formal y, además, “firmó el libro de felicitaciones por la rápida intervención policial”, según informó el subinspector. El valor de la cadena fue estimado en unos 6.000 euros, equivalentes a unos 25 millones de pesos colombianos.El presunto ladrón y situación judicialEl detenido fue identificado como un joven de nacionalidad marroquí de aproximadamente 23 años. De acuerdo con la Policía Nacional, el individuo tenía antecedentes por robo. “Por lo que ha trascendido, sí, es reincidente”, señaló Quero.El presunto delincuente fue puesto a disposición judicial dentro del plazo establecido por la legislación española —máximo de 72 horas bajo custodia policial— y, según el vocero, lo más probable es que haya quedado en libertad con cargos mientras avanza el proceso judicial. “A menos que se haya empleado una violencia inusual, no se suele meter en la cárcel a este tipo de personas”, explicó.Sin escolta ni protección oficialSobre si el hijo del presidente contaba con algún tipo de seguridad o acompañamiento en el momento del robo, el portavoz fue enfático: “No, que nosotros sepamos”, aseguró. De hecho, Quero confirmó que Nicolás Alcocer reside en España y que suele movilizarse sin escolta.El funcionario también aclaró que Alcocer se identificó formalmente en la comisaría, una vez se informó sobre su relación familiar con el mandatario colombiano. “Es conveniente decir este hecho, puesto que se trata del hijo de un mandatario extranjero”, comentó.El incidente ha generado atención tanto en España como en Colombia por tratarse de un familiar directo del presidente Gustavo Petro. Medios locales subrayan que el robo ocurrió en una de las zonas más transitadas y seguras de Madrid, donde hay fuerte presencia policial y vigilancia nocturna. La rápida reacción de los agentes permitió evitar mayores consecuencias.Nicolás Alcocer, quien adoptó el apellido Petro tras su proceso de adopción hace algunos años, reside en territorio español donde realiza actividades privadas. Aunque el hecho no dejó heridos ni mayores daños, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de figuras públicas y sus familiares en el extranjero.El procedimiento judicial contra el presunto autor del robo continuará en las próximas semanas ante un juez de primera instancia madrileño, mientras la Policía Nacional cierra el informe oficial del caso.
En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Ejército destruyeron un complejo cocalero compuesto por tres laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca, una estructura que, según información de inteligencia, sostenía parte de las finanzas ilegales del frente ‘Luis Enrique León’ Guevara del ELN.La operación se desarrolló en la vereda La India, sector de Alto San Miguel, donde fueron ubicadas las infraestructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga. En el lugar, las autoridades hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos y combustible empleados en la producción del estupefaciente.Durante la intervención fueron incautados 385 galones de ACPM, 180 galones de gasolina, 110 galones de ácido sulfúrico y cerca de 375 kilogramos de insumos sólidos. También se inutilizaron equipos y maquinaria clave para la elaboración de la droga, dejando fuera de operación el complejo.De acuerdo con las autoridades, este centro de producción tenía una capacidad mensual cercana a los 600 kilogramos de pasta base de coca. La droga, una vez procesada, era movilizada por rutas que atravesaban territorio venezolano, con destino final en mercados de Estados Unidos y Europa.El valor de la infraestructura y del material destruido fue estimado en cerca de 295 millones de pesos, lo que representa un nuevo golpe a las economías ilegales del ELN en el Catatumbo, apenas días después de otras afectaciones millonarias registradas en la región.La zona de Alto San Miguel es considerada estratégica para el narcotráfico por su ubicación y las dificultades de acceso, condiciones que han sido aprovechadas históricamente por los grupos armados para instalar laboratorios y asegurar corredores de movilidad ilegal.