Ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República fue denunciada la alcaldesa de Turbaco, Bolívar, Claudia Espinosa Puello, por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones extraordinarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Las denuncias fueron presentadas por la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, a través de su vocero, Luis Miguel Marimón Reyes, quien solicitó a las autoridades competentes investigar la posible desviación de poder en las actuaciones de la mandataria.De acuerdo con la veeduría, la investigación se origina a raíz de un audio enviado por la propia alcaldesa a los ediles del municipio, en el que se le escucha decir: “El regalo que les voy a dar es llamarlos a sesiones extraordinarias para que ganen algo en diciembre y les arreglo la Navidad”. Para la organización denunciante, estas declaraciones revelan que la convocatoria de las sesiones no tuvo un propósito administrativo o de interés general, sino un carácter de beneficio económico, lo que podría constituir un uso indebido de sus facultades.Posteriormente, la mandataria expidió el Decreto No. 127 del 10 de diciembre de 2025, mediante el cual convocó diez sesiones extraordinarias que generaron pagos por concepto de honorarios. Si bien la ley permite la remuneración de los ediles por su participación en dichas sesiones, la Constitución Política, en su artículo 315, señala que estas deben responder a asuntos urgentes y de interés público.La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia pidió a los organismos de control determinar si los hechos mencionados configuran una desviación de poder o constituyen posibles faltas disciplinarias, fiscales o penales por parte de la alcaldesa Espinosa Puello. Las investigaciones podrían establecer si la convocatoria extraordinaria fue legítima o si, por el contrario, se trató de un acto de favorecimiento irregular.
Las autoridades confirmaron que, a raíz de los operativos adelantados en Neiva y en los municipios cercanos, fueron recapturados dos de los siete delincuentes que se fugaron el lunes de esta semana del centro de reclusión transitorio de Neiva.Se trata de Duván Sneyder Llanos alias ‘Frijol’ acusado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y Jairo Andrés Gómez Perdomo imputado por el delito de desaparición forzada.Entre tanto, Jhon Sebastián Becerra Lizcano de 23 años acusado por el delito de homicidio y Juan Sebastián Torres de 18 años, quien se encontraba privado de la libertad por el delito hurto calificado, se entregaron de manera voluntaria ante las autoridades.“Gracias a la difusión que se hiciera por los medios de comunicación y el trabajo articulado entre policía, ejército y la comunidad se han logrado recapturar a dos de estas personas que se fugaron del centro transitorio de Neiva y, tras esta misma presión, otros dos se entregaron de manera voluntaria”, informó el coronel Héctor Jairo Betancourt comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Entre tanto, siguen prófugos tres más de los presos que escaparon del centro de reclusión transitorio entre ellos alias ‘Richard’ disidente de las Farc capturado en noviembre del año anterior señalado de haber instalado una motocicleta bomba en el municipio de La Plata en Semana Santa del 2025, donde dos hermanos perdieron la vida y 30 personas más resultaron heridas.Las autoridades municipales y del orden nacional adelantaron un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se evaluó la situación y se adoptaron decisiones para garantizar la seguridad en el centro de reclusión transitorio y el esclarecimiento de los hechos.Asimismo, se anunció una recompensa por información que permita la ubicación y captura de los demás prófugos del centro de detención transitorio, la cual será definida de acuerdo con la calidad de la información suministrada y el perfil del capturado.Entre otras decisiones durante el Consejo de Seguridad las autoridades definieron las siguientes medidas:•La realización de una mesa técnica con la Rama Judicial, con el fin de solicitar que, en adelante, las personas privadas de la libertad sean remitidas de manera preventiva a centros de detención de los municipios donde fueron capturadas.•La reafirmación de la orden de no recibir personas privadas de la libertad de otros municipios en el CDT de Neiva, al ser esta una responsabilidad directa de cada ente territorial.•El reforzamiento estructural y tecnológico de las celdas existentes en el CDT.•Adelantar las acciones administrativas y judiciales para que el INPEC reciba a las personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad en cárceles de máxima seguridad del país.
El informe de la Contraloría concluyó que 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles. Que el 97 % no puede financiar su operación con ingresos propios y confirma una dependencia estructural de las transferencias del Estado, señalando un déficit que compromete la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las universidades.Ante esto, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo es insostenible, pero aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual ató los aportes universitarios al IPC.Según la cartera, la universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, respaldado por las Sentencias C-376 de 2010 y T-068 de 2012 de la Corte Constitucional.El diagnóstico de la Contraloría indica que solo la UNAD cubre sus costos con ingresos propios, mientras que otras universidades, como la Unisucre, pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional presenta el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe plantea además que la dependencia financiera del Estado puede afectar la autonomía universitaria.Por su parte, el Ministerio señala que los ingresos por matrículas han sido históricamente un complemento y que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes, reduciendo la presión financiera sobre las instituciones. Además, destaca que la inversión en universidades públicas entre 2023 y 2026 asciende a $15 billones, el mayor incremento real en más de una década.En infraestructura, el Ministerio anunció el primer plan nacional universitario, con $2,2 billones ejecutados y 120 proyectos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones a diez años. Sobre el pasivo pensional, reconoció que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, matizando así los riesgos financieros señalados por la Contraloría.En cuanto a la desigualdad en la asignación de recursos, la Contraloría evidencia que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones, concentrándose el 48 % de los recursos en cuatro universidades. El Ministerio resalta que el coeficiente de Gini bajó a 0,43 en 2024, gracias a criterios orientados a cerrar brechas.Finalmente, ambas entidades coinciden en la necesidad de repensar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, aunque difieren en el énfasis: la Contraloría se centra en el estado actual de las finanzas, mientras que el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya en marcha y sus efectos futuros.
El presidenteGustavo Petro, volvió a referirse a la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, un encuentro que adelanta será "determinante" para él y para "la vida de la humanidad"."Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad", dijo el mandatario durante un evento en la Casa de Nariño, sede presidencial.En el mismo escenario, Petro cuestionó el hecho de que Estados Unidos le retirara la visa, tras un discurso improvisado a favor de la causa Palestina en septiembre pasado en Nueva York después de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, para otorgársela ahora, previo a su viaje a Washington el próximo domingo."Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner. Entonces, ¿para qué me la quitaron? No sé si por un rato de manera definitiva, no sé. Ya sabremos del 3 de febrero", indicó el mandatario.Además, Petro reveló que norteamericanos le dijeron al presidente Trump que su esposa, la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, había recibido dineros de Nicolás Maduro para financiar a grupos en Colombia, una acusación que, da a entender, EE.UU. desestimó."Los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, la gente de Maduro, le había entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea. ¿Y quién dijo eso? Fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira", dijo."Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo 'indictment' (...) No he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro", prosiguió.Más temprano este martes, en otro evento oficial también en Bogotá, Petro manifestó que Estados Unidos debe devolver a Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero en Caracas, en el que fue capturado el mandatario chavista."Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea", dijo Petro en un exaltado discurso en un hospital de Bogotá.Las declaraciones de Petro se dan a una semana de la reunión que tiene prevista con Trump en la Casa Blanca, tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano se negó a recibir un vuelo con migrantes proveniente de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Petro, que se presenta a sí mismo como un jaguar suramericano que rivaliza con el águila estadounidense y que temía una operación militar en su contra como la que depuso a Maduro, tenía previsto pronunciar el 7 de enero un duro discurso contra Trump en un acto por la soberanía en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.Sin embargo, la tensión se rebajó minutos antes de subir a la tarima gracias a una llamada telefónica entre ambos en la que acordaron reunirse.
En entrevista con Día a Día, de Caracol Televisión, Luz Mery Galeano, madre del cantante Yeison Jiménez y conocida cariñosamente como Lucy, habló por primera vez tras la muerte de su hijo, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, en medio de un accidente aéreo.Durante la conversación, la mujer se refirió a la conexión espiritual que asegura mantener con su hijo, quien —según afirmó— la ha ayudado a salir adelante “desde el cielo”.“Yo siento que llegan mensajes a mi mente muy claros de él”, expresó.Luz Mery también relató el momento en el que se enteró de la trágica noticia. “Le marqué a mi hija menor y no me contestaba; llamé al novio y tampoco. Sentí que pasaba algo raro. Luego llamé a Lina, la hermana mayor de Yeison, y ninguno respondía, a pesar de que insistía. Cuando por fin me contestó mi hija mayor y me dijo: ‘Mamá, se nos fue el niño’, yo pegué un grito desgarrador. Yo creo que todo Manzanares lo escuchó. Me entraron a la droguería, me daban agua; uno no asimila esto, es muy fuerte”, recordó.Entre lágrimas, la mujer confesó el dolor que sintió al perder a su hijo. “Yo decía: ¿por qué no fui yo?, si él estaba joven y tenía hijos. Yo le preguntaba a Dios por qué me había hecho eso”, afirmó.Sobre las señales que le habría enviado Yeison, Luz Mery explicó que le pidió una respuesta para poder encontrar calma. “Yo le decía: ‘Hijo, si tú no me mandas una señal de cómo fueron tus últimos momentos, yo no voy a poder’. Yo venía de una bronquitis y con esto tenía la atención muy alta, hasta que me dijeron: ‘Doña Lucy, si usted no pone de su parte, nos toca hospitalizarla’”, relató.Asimismo, contó una experiencia que vivió al día siguiente del fallecimiento. “Yo entré al comedor y todas las sillas estaban acomodadas, menos la silla donde él se sentaba, que estaba corrida. Me senté ahí, lloraba y le decía: ‘Hijo, mándame un mensaje’. Entonces sentí como si alguien me pasara la mano muy suave por la espalda. Entré en una calma profunda y, cuando me di cuenta, estaba dormida”, indicó.Luz Mery recordó que Yeison creía en los ángeles y aseguró que, de alguna manera, él ya sabía lo que iba a ocurrir. “Por eso esto ya lo sabía”, dijo, refiriéndose al accidente aéreo.Sobre los últimos minutos de su hijo, la mujer contó que una amiga la contactó con un mensaje que, según ella, provenía del artista. “Me dijo que Yeison me mandaba decir que estuviera tranquila, que no me preocupara por sus últimos momentos. A través de ese mensaje he podido ir asimilando esto, he podido pedirle perdón a Dios en público y agradecerle por usar mi vientre para un hijo tan maravilloso”, expresó.Finalmente, Luz Mery aseguró que lo más difícil para ella era imaginar cómo había muerto su hijo. “Uno de los mensajes que me dio mi hija Lina, fue que él se fue feliz, que disfrutó mucho su última presentación, que estaba tan contento”, señaló.Por último, la mujer afirmó que Yeison le dejó un mensaje de fortaleza. “Me dijo: ‘Mamá, ¿viste que sí podías? Esa es mi mamá. Es hora de que te hagas respetar y me hagas respetar. Nadie puede hacerlo mejor que tú’. Fue por eso que vine a Día a Día”, concluyó.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México emitió una alerta preventiva dirigida a propietarios de varios carros de Honda, tras detectar una posible falla relacionada con el mecanismo del pedal de freno. La advertencia involucra un total de 2.515 vehículos, correspondientes a unidades comercializadas entre los años modelo 2023 y 2025.¿Cuál es el problema con el pedal del freno?De acuerdo con un comunicado oficial, la Profeco informó que los vehículos señalados podrían presentar un problema en el pivote del mecanismo del pedal de freno, el cual podría encontrarse fuera de su posición original, lo que puede generar efectos no deseados en el funcionamiento del sistema de frenado.La autoridad explicó que, como consecuencia de este desperfecto, las luces traseras de freno podrían permanecer encendidas de manera constante, incluso cuando el conductor no esté accionando el pedal. Además, se advirtió que la capacidad de frenado del vehículo podría verse reducida.Modelos Honda y Acura involucrados en la alertaSegún la información divulgada por la Profeco, la revisión aplica específicamente a los siguientes modelos y años:Honda Pilot, años modelo 2023, 2024 y 2025Acura MDX, años modelo 2024 y 2025Acura TLX, años modelo 2024 y 2025La entidad precisó que la falla no necesariamente se presenta en todas las unidades, pero que existe el riesgo potencial debido a un componente suministrado por un proveedor externo.¿Cómo solucionar el problema?Como parte de la campaña de revisión, el proveedor responsable realizará una inspección del perno del pivote del pedal de freno en los vehículos incluidos en la alerta. En caso de ser necesario, se procederá con los ajustes o correcciones correspondientes.La Profeco informó que Honda contactará directamente a los propietarios de las unidades afectadas, ya sea por correo electrónico o vía telefónica, con el fin de coordinar la revisión técnica. Asimismo, se solicitará a los conductores acudir al distribuidor autorizado más cercano para llevar a cabo la inspección sin costo.El organismo de defensa del consumidor señaló que esta campaña de revisión se mantendrá vigente de manera indefinida, lo que permitirá que los propietarios puedan atender el llamado en cualquier momento, incluso si no recibieron contacto directo por parte de la marca.Además, la Profeco difundió el comunicado oficial emitido por Honda, en el que la automotriz reconoce el posible desperfecto y detalla el procedimiento que seguirán los concesionarios para atender a los clientes.Para los casos en los que los vehículos hayan cambiado de dueño y los datos de contacto no estén actualizados, la Profeco habilitó el número telefónico 800 368 8500, donde los actuales propietarios pueden solicitar información y confirmar si su unidad está incluida en la alerta.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió rumores sobre una posible salida de la cartera para hacer campaña del senador Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del 2026.“Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”, escribió en su cuenta de X.Hace algunos días se rumoró, en el marco de varios cambios en el gabinete, que el jefe de la cartera política podría abandonar su cargo; sin embargo, por ahora esta decisión no se concretaría.A pesar de que el jefe de la cartera no está autorizado a hacer política, su círculo cercano asegura que hoy apoyaría al exembajador del Reino Unido, Roy Barreras, y en caso de que ganara la consulta Frente por la Vida, se sumaría a su campaña.Benedetti respondió a Blu Radio sobre su encuentro con Barreras, afirmando que: "Estábamos hablando sobre el calendario electoral, nada de política"."Yo lo único que quiero es terminar como ministro hasta el 7 de agosto. Yo no estoy descartando, ni asegurando. Lo único que estoy haciendo es diciendo que yo quiero ir hasta el 7", agregó el ministro Benedetti.
El excandidato presidencial de la derecha salvadoreña Norman Quijano llegó este lunes a su país deportado desde Estados Unidos para cumplir una condena a 13 años de cárcel por pactar con pandillas, informó la Fiscalía.Quijano, de 79 años, fue sentenciado en ausencia en abril de 2024 por entregar a las pandillas 100.000 dólares para obtener sus votos. El dirigente postuló sin éxito a la presidencia en 2014 por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue titular del Congreso y además alcalde de San Salvador.Quijano fue entregado por agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de El Salvador, según un video difundido por la Fiscalía en el que se ve cuando baja por la escalerilla del avión y le notifican la condena.Tras descender, fue esposado y trasladado en una patrulla. Tras perder el fuero parlamentario en 2021, la Fiscalía lo acusó de entregar 50.000 dolares a la Mara Salvatrucha (MS-13) y 25.000 dólares a cada una de las dos facciones de la pandilla Barrio 18. Esas organizaciones fueron declaradas terroristas por Estados Unidos.Se trata de "un mensaje para todos los que huyen de la justicia", dijo el presidente Nayib Bukele en la red social X sobre Quijano, quien le puso la banda presidencial en 2019 cuando lideraba el Congreso.Denuncias sobre presuntos pactos con pandillas también salpican a funcionarios de Bukele, pero el mandatario rechaza esos señalamientos. Desde marzo de 2022, el gobernante ejecuta una ofensiva contra las pandillas respaldado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en violaciones de derechos humanos.
El sector de las edificaciones en Colombia, que ya acumula más de dos años en una persistente recesión técnica según cifras del DANE, se enfrenta a un nuevo desafío regulatorio que podría profundizar su crisis. El pasado 10 de enero de 2026, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) publicó un proyecto de decreto que propone cambios estructurales en las reglas de juego para la Vivienda de Interés Social (VIS), generando una alerta inmediata en el gremio constructor.De acuerdo con el informe "Datos que construyen" de Camacol, liderado por la Directora Económica y de Información, Lizeth Gabriela Bonilla Botia, y el Jefe Económico, Nikolas Sebastián Buitrago Vargas, la implementación de esta normativa impactaría directamente a 132.000 unidades de vivienda en todo el país.Los cambios que preocupan al gremioEl proyecto de decreto busca centralizar y simplificar los topes de precio, pero a un costo que Camacol considera elevado. Entre los puntos más críticos identificados por la entidad se encuentran:Eliminación de topes diferenciales: Se suprimiría el tope excepcional de 150 salarios mínimos (SMMLV) y el de renovación urbana, que permitía proyectos de hasta 175 SMMLV.Precios en pesos: La normativa obligaría a fijar el precio de la vivienda en pesos desde el momento de la separación, eliminando la indexación al salario mínimo.Sanciones por omisión: Se tipificaría como una "práctica abusiva" no fijar el precio en pesos desde el inicio del proceso.Incertidumbre jurídica: Camacol señala que el régimen de transición propuesto no es claro, lo que genera dudas sobre el futuro de los proyectos actualmente en desarrollo.Un impacto de $27 billones en la economíaLa magnitud de la afectación es considerable. Según los cálculos del gremio, la eliminación de los topes excepcionales afectaría a unas 76.000 unidades (20% del mercado), mientras que la supresión de los beneficios para renovación urbana impactaría a otras 56.000 viviendas (15% del mercado). En total, esto representa una inversión en riesgo de 27 billones de pesos.Históricamente, los topes de 150 SMMLV se han aplicado bajo criterios de sostenibilidad, en ciudades con más de 300.000 habitantes o en aglomeraciones urbanas de difícil acceso. La importancia de estos techos de precio es evidente en los datos: al corte de noviembre de 2025, el 26% de las entregas VIS tuvieron un precio superior a los 135 SMMLV.El golpe a la renovación urbanaUno de los puntos más sensibles es el impacto en el centro de las ciudades. El análisis de Camacol, realizado en nueve ciudades principales —incluyendo Bogotá, Medellín y Cali—, revela que el 68% de las viviendas VIP o VIS en zonas de renovación urbana superan los topes generales de 90 o 135 SMMLV. Sin los topes diferenciados actuales (110 SMMLV para VIP y 175 SMMLV para VIS en renovación), estos proyectos dejarían de ser viables bajo la categoría de vivienda social.Ante este panorama, la Dirección de Estudios Económicos e Información de Camacol insiste en que, dada la recesión que atraviesa el sector, las políticas públicas deberían enfocarse en "promover la construcción de vivienda VIS mediante condiciones claras y estabilidad normativa que brinden seguridad jurídica". La inversión privada, motor clave de la reactivación, depende hoy de que estos incentivos no desaparezcan abruptamente.
Desde Yopal, Casanare, Pedro Sánchez, ministro de defensa, se refirió nuevamente al retiro de 150 armas destinadas a la seguridad presidencial, por parte de Estados Unidos.El jefe de cartera dejó claro que esa decisión no afecta la seguridad nacional, sin embargo, afirmó que deja un mensaje sobre la necesidad de tener autonomía estratégica y ser dueños de armas 100 % colombianas. El jefe de cartera aseguró que agradece la colaboración de distintos países en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, pero que la acción de Estados Unidos deja como enseñanza a Colombia un accionar independiente.“Respecto a las armas que tenía el Gobierno de los Estados Unidos, no afecta para nada la seguridad del presidente de la República en temas neurálgicos que debemos proteger como los objetivos estratégicos de alto valor que debemos garantizar su supervivencia debe ser totalmente con armas 100 % de propiedad de Colombia”, indicó.AsImismo, el ministro de Defensa reveló que se está evaluando la posibilidad de avanzar en una base militar en Trinidad, Casanare, para contener y articular la seguridad en toda la región.“Nos han pedido aumentar el pie de la Fuerza Pública, y acorde al plan de graduación de noviembre, evaluaremos en cuánto lo podemos incrementar", dijo.Finalmente, el jefe de cartera anunció una recompensa de hasta $100 millones para quien brinde información que permita dar con la captura de 'alias Mamadeo', uno de los más buscados en la región.
Alejandro Antonio Zabaleta Castillo, joven que participaba del Curso Avanzado de Combate de Suboficiales N. 113 en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército Nacional, falleció en condiciones que aún no se conocen y son materia de investigación por parte de las autoridades.El hecho se presentó en la mañana de este sábado 4 de octubre. Apenas se registró la situación, Zabaleta fue llevado para que le prestaran atención médica inmediata, pero llegó sin signos vitales al lugar.“Una vez se presentó la situación, el alumno fue trasladado de manera inmediata al dispensario médico del Fuerte Militar, donde desafortunadamente llegó sin signos vitales. Con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, se informó de inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar y adelantaron los actos urgentes correspondientes”, se lee en el comunicado de la Escuela Militar de Suboficiales.El Ejército Nacional dispuso todos sus recursos para colaborar y apoyar a los entes judiciales competentes en el curso de la indagación. Así mismo, expresaron sus condolencias y su sentido pésame a los familiares, compañeros y toda la comunidad que lamenta la pérdida de este joven.
Familias de víctimas de los llamados popularmente ‘falsos positivos’, militares y miembros de la JEP se reunieron para hacer parte del acto público en el que la nación pidió perdón por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento.Los testimonios de madres, hijos, hermanos, primos y demás familiares de las víctimas fueron escuchados por los militares y miembros del Gobierno presentes. En un acto simbólico y de reparación, sus palabras fueron precedidas por una oración y una entrega de flores de agentes frente a las fotografías de las víctimas.“Me convoca a este espacio la tragedia que destrozó a mi familia, que manchó de sangre nuestro territorio del Casanare y que hoy, ante Colombia y el mundo, dejamos constancia de que hemos padecido victimización, revictimización, negacionismo o impunidad por parte del Estado”, dijo Alcira Achagua Laverde, hermana de Yury Ferney Achagua Reyes, asesinado el 14 de octubre de 2006 y de Abelardo Reyes, asesinado el 26 de agosto de 2007 y prima de dos víctimas más participó en este acto.Además, en su discurso también hizo un llamado a que continúen las labores de búsqueda de las víctimas de estos operativos y de desaparición forzada en la región, como una medida mínima y necesaria de reparación. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 2005 y 2008 al menos 303 civiles de esa región fueron presentados como bajas en combate.Por su parte, el Comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, fue el primer vocero de la nación en pedirle perdón a las víctimas. “Este acto de perdón se materializa como muestra de solidaridad y reivindicación del Ejército Nacional con las víctimas de estos hechos, que fueron causados por algunos exmiembros de la institución que mancharon nuestro honor militar”, aseguró.Acto seguido, el general extendió sus condolencias a la familia de Misael Álvarez Guerrero y más víctimas asesinadas, después de aclarar que el daño causado no es posible consolarlo con palabras.En el cierre del evento, el ministro de Defensa Pedro Sánchez trajo a colación las historias de jóvenes desaparecidos y presentados como bajas en combate por miembros de las Fuerzas Militares y aseguró, que como lo ha registrado la JEP, en estas acciones participaron otras instancias del Estado como DAS y civiles.“Venimos a este acto de excusas públicas no solo por lo ordenado en las 22 sentencias judiciales por la ejecución extrajudicial de 27 personas, sino porque tenemos la plena convicción y el compromiso de que a través de este acto, aunque no repara la ausencia de quienes ya partieron, sí nos permite tener una demostración plena del compromiso y de que con este acto avanza el país y nuestras instituciones”, aseguró el jefe de Defensa.Este acto de reparación se da en respuesta a los fallos de los jueces que declararon la responsabilidad de la Nación sobre estos casos y como una medida de reparación a las víctimas.Otros altos mandos militares que hicieron presencia en el recinto fueron el comandante de la Octava División, mayor general Jaime Alonso Galindo; el comandante de la Décimosexta Brigada, coronel Carlos Mauricio Peña Jiménez; el comandante del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, teniente coronel Óscar Fernando Porras Sánchez; el comandante del Grupo de Caballería montado No. 16 Guías del Casanare, teniente coronel Jhon Alexander Chaparro Sanabria; el comandante del Batallón Especial Energético Vial No. 1, teniente coronel Wolfran Ernesto Moreno Melo y el comandante del Grupo de Acción Unificada por la Liberación personal, Gaula Casanare, mayor Jorge Tapias.
Los recientes atentados contra funcionarios del Inpec ocurridos el pasado viernes en la cárcel La Modelo de Bogotá y en Palmira, Valle del Cauca, han generado múltiples interrogantes sobre los responsables de los hechos y las condiciones de seguridad de los funcionarios de la entidad.Es por ello que en una conferencia de prensa, el director de la entidad, el Coronel Daniel Gutiérrez tomó medidas, entre ellas la suspensión de visitas de familiares y amigos a privados de la libertad en todas las cárceles del Bogotá y Valle del Cauca este sábado y domingo."Entendemos el impacto tan negativo que puede generar en las familias de las personas privadas de libertad. Pero es importante que el llamado frente a la solidaridad y frente al compromiso, porque estos atentados terroristas y violentos vienen de las mismas cárceles, vienen de los mismos privados de la libertad. Entonces necesitamos también que las familias nos ayuden a generar esa presión, esa contención social, porque las visitas se cancelan no por represión, sino por seguridad de los familiares", expresó el director Gutierrez.Otras medidas que tuvo en cuenta el Inpec es con base a la seguridad de sus funcionarios, en el que se hizo una gestión con la OSPEC, una cifra de 2.300 millones de pesos para la adquisición de chalecos blindados y también de camisas balísticas, siendo estas últimas la primera vez que serán implementadas y que permitirán mitigar los ataques delincuenciales.Adicionalmente, el coronel Daniel Gutiérrez informó que sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para revisar los protocolos y capacidades de defensa que permitan prevenir nuevos atentados contra dragoneantes del Inpec. “Ambos ministerios han estado muy atentos a la situación y evaluando los recursos disponibles para fortalecer la protección del personal, incluyendo la dotación de chalecos, seguros de vida y otras medidas que reduzcan el riesgo de nuestros funcionarios”, señaló.
Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, exhortó al Ministerio de Educación, a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, universidades e instituciones educativas a cumplir con el registro y garantizar el seguimiento de los casos en los que se deban tomar medidas para evitar la revictimización.Por medio de la Directiva N.º 016, se solicita que en los procesos se verifique la eficiencia, eficacia, oportunidad y debida diligencia frente a cualquier caso de violencia que se presente en escenarios educativos. Además, se ordena registrar, continuar con el seguimiento y monitoreo de los diferentes casos en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE).Este modelo debe implementarse en todos los sectores. Por ello, la Procuraduría General de la Nación pidió a las alcaldías y gobernaciones capacitar al personal encargado de la Ruta de Atención Integral, con el fin de fortalecer la convivencia escolar y estar preparados ante cualquier eventualidad.La Directiva N.º 016 hace énfasis en promover acciones rápidas que prevengan estos escenarios dolorosos y violentos, para convertirlos en entornos dignos para los estudiantes. Asimismo, precisa que debe registrarse la articulación con los sectores de salud y justicia, de manera que se garantice la protección adecuada a las víctimas y se adopten medidas administrativas inmediatas en caso de activarse alguna ruta por hechos de violencia.
La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.
Tras varios meses de seguimiento, investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, a través de una orden judicial, hicieron efectiva la captura de alias ‘Fresa’, señalado de ser el presunto autor material del asesinato de padre e hijo, hechos ocurridos en abril de 2025 en zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila.De acuerdo con el material probatorio de las autoridades judiciales, alias ‘Fresa’, acompañado de otras personas, llegó hasta la vereda El Retiro de esa localidad y, con arma de fuego, disparó contra la humanidad de Álvaro Cantillo Cerquera, de 62 años, y su hijo Jesús Javier Cantillo, de 29 años de edad, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.“Las labores investigativas continúan con el objetivo de identificar, judicializar y capturar a otros posibles responsables, tanto materiales como intelectuales, de este hecho criminal. Para ello, se mantiene el análisis riguroso de nuevas evidencias que permitan establecer plenamente los móviles y la participación de otras personas en este hecho”, dijo el teniente coronel Andrés Felipe Ávila, comandante operativo de la Policía del Huila.De acuerdo con las autoridades, el capturado, alias ‘Fresa’, registra en el sistema SPOA de la Fiscalía anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.Alias ‘Fresa’ fue imputado por los delitos de hurto y homicidio y, luego de las audiencias de legalización de captura, un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo su intervención en la plenaria del Senado en la cual se discutía la emergencia económica decretada por el Gobierno. Todos los ministros fueron citados, pero Ávila hizo la explicación más extensa del gabinete y, en principio, dijo que la declaratoria de la emergencia tiene una relación directa con el hundimiento de la ley de financiamiento.“El Congreso era absolutamente consciente de que el presupuesto que aprobó en el mes de octubre requería de ingresos adicionales a través de la ley de financiamiento. Y un par de meses después, ese mismo Congreso, que por mayorías en Senado y en Cámara había aprobado el presupuesto, niega, por la sumatoria de cinco senadores, la ley de financiamiento. Y esto, obviamente, creó una situación excepcional, sobreviniente y que debía ser atendida inmediatamente por el Gobierno”, dijo Ávila.En el mismo sentido, el ministro dijo que el 93,7 % del presupuesto para el 2026 es inflexible, pues se debe orientar a la deuda, al Sistema General de Participaciones, a las pensiones, al gasto de personal, el aseguramiento en salud y las vigencias futuras, entre otras.Además, dijo que por la situación fiscal no se pueden cubrir los derechos fundamentales y el Gobierno debe buscar los recursos para cumplir con esta obligación.“Esta crisis fiscal se agudiza por restricciones de endeudamiento, por restricciones en la caja, en el flujo de caja de la administración central, producto de rezagos de pagos que hemos venido acumulando anualmente, rezagos que redujimos en el año 2026, pero que siguen siendo persistentes y significativos. Este conjunto de circunstancias no solamente afecta al presupuesto nacional, sino que impide garantizar de manera inmediata derechos fundamentales de la población vulnerable del país”, agregó.Es importante recordar que en este momento la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá determinar si suspende o no los efectos del decreto de la emergencia económica. Sobre esto también respondió Ávila.“Para nada nos podemos alegrar de que la Corte Constitucional cometiera el error de suspender la emergencia económica y sus medidas, para nada, el costo para el país es inmenso”, dijo el ministro de Hacienda.
La canciller Rosa Villavicencio aseguró que la comunicación con Ecuador es prácticamente nula, pues aunque Colombia ha pedido reuniones ministeriales y bilaterales entre los presidentes, no ha habido respuesta.“La cancillería ecuatoriana informó que la reunión no sería posible por razones de agenda de sus ministros; Colombia propuso adelantar esa reunión el 27 o 28 de enero en Panamá en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Ecuador”, dijo.Y aunque el llamado del Gobierno Nacional es al diálogo, también se están evaluando otras medidas en caso de que no se retiren los aranceles del 30 %.“Hoy estamos contemplando un nuevo decreto que va a tener otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30 % de aranceles”, dijo la ministra de Comercio, Diana Morales.Luego de que Ecuador confirmó el incremento del 900 % en la tarifa de transporte de crudo colombiano, la viceministra de Energía, Karen Schutt, se pronunció rechazando la medida unilateral y anunciando una petición que harán al gobierno de Daniel Noboa.“Invitamos al gobierno de Ecuador a que de manera conjunta revisemos la imposición de este gravamen al transporte de crudo desde el suroccidente del país, habilitar el paso de San Miguel de tal forma que se pueda exportar todo este crudo que está retenido allí ante esta restricción de carácter terrestre, viéndonos obligados a transportar el crudo a través de carrotanques”.El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, aseguró que, a pesar de las diferencias, se mantiene la cooperación militar y policial entre ambos países.
El Gobierno de Colombia propuso al de Ecuador reunirse el miércoles en Panamá, donde los presidentes de ambos países participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, para tratar de solucionar la guerra comercial iniciada la semana pasada, pero aún no ha recibido una respuesta a esa solicitud."Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Ecuador", afirmó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una conferencia de prensa.El Gobierno de Colombia también anunció este martes que evalúa imponer aranceles del 30 % a más productos ecuatorianos, que se suman a los que gravó el viernes pasado como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo que aplicará a las importaciones colombianas.La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.El viernes pasado, esa cartera divulgó una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador que tendrán un arancel del 30 %, en respuesta a una medida similar que regirá en ese país a partir del 1 de febrero para las importaciones procedentes de Colombia.Entre los productos sujetos al arancel inicial se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.La ministra señaló que Colombia se ve "como Estado" en la obligación de "generar unas condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador"."Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también la imposición del 30 % de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", añadió Morales.El pasado 21 de enero, el presidente Noboa anunció que su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y con la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó ayer con una nueva medida, la subida de tres a treinta dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.