En un análisis sobre el cierre del año político y los retos que enfrenta Colombia de cara a las elecciones de 2026, el profesor y analista Juan Carlos Flores expresó en entrevista con Sala de Prensa Blu su preocupación por la falta de liderazgo y de propuestas claras en los sectores de oposición. En diálogo con Blu Radio, el experto abordó temas como el impacto de la inteligencia artificial, la crisis de representación política y la necesidad de construir un proyecto de país que conecte con la ciudadanía.Inteligencia artificial: una herramienta sin concienciaDurante la entrevista, Flores se refirió al avance de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito académico, destacando su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo. No obstante, advirtió sobre sus límites frente al pensamiento humano.“Estamos ante un sistema de compilación extraordinario que nos permite hacer repasos a una velocidad que antes era inimaginable”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esta tecnología aún carece de una dimensión creativa propia: “Ella aún no permite que vislumbremos lo nuevo, no nos presenta nuevos escenarios”.Críticas a la oposición y al debate electoralAl analizar el panorama político nacional, Flores manifestó un “profundo desconcierto” frente a la estrategia de la oposición, señalando que el debate se ha reducido a cálculos electorales y alianzas sin contenido programático. Según el analista, la discusión se ha centrado en nombres y no en ideas capaces de generar un verdadero cambio.En ese sentido, fue contundente al afirmar que “la oposición en Colombia no ha logrado encontrar un camino distinto del simple rechazo al gobierno”. Para Flores, la experiencia de líderes como Gustavo Petro, Donald Trump o Javier Milei demuestra que el respaldo ciudadano se construye a partir de la conexión con las aspiraciones del electorado, algo que hoy no se percibe en los sectores opositores.“Mi crítica a la oposición es que por ese camino van directo a la derrota en la segunda vuelta”, advirtió, al considerar que la falta de una propuesta atractiva podría traducirse en un nuevo fracaso electoral.Un llamado a pensar el futuro del paísFinalmente, Flores llamó la atención sobre la pérdida de talento humano en Colombia, impulsada por la falta de oportunidades y de un proyecto nacional sólido. A su juicio, la dirigencia política debe enfocarse en ofrecer soluciones reales y en “construir un futuro para el país”, dejando de lado discursos anclados en la “revancha social” o la “amargura por el pasado”.De no hacerlo, concluyó el analista, Colombia podría enfrentar un escenario cada vez más complejo, marcado por la frustración ciudadana y un camino político “áspero y duro” sin una visión clara de largo plazo.
Una falsa cazatalentos argentina recorrió varios municipios de Colombia prometiendo llevar a niñas futbolistas a jugar en los mejores equipos de Argentina. Sin embargo, habría reclutado a varias menores para explotarlas, obligándolas a realizar labores domésticas mientras sus familias adquirían deudas millonarias.La mujer, identificada como Griselda Alfonso, se presentó en una entrevista al Canal 4 de San José del Guaviare como directora técnica nacional e internacional de fútbol y capacitadora de talentos. En esa ocasión aseguró: “Los jugadores que llevamos creo que van a ser un referente en Argentina para San José del Guaviare”.En diálogo con Noticias Caracol, Oliver Capote, periodista del Canal 4 y quien entrevistó previamente a Alfonso, explicó que la mujer convocaba a las niñas con la promesa de viajar a Argentina, donde supuestamente les haría seguimiento como tutora y las acompañaría a pruebas deportivas. “Les decía que, si rendían adecuadamente, podrían pasar a formar parte de clubes deportivos”, señaló.Según los familiares en Noticias Caracol, la mujer les aseguró a las seleccionadas que ya había gestionado todos los documentos necesarios para el viaje. Una familiar de una de las víctimas relató que Alfonso le indicó “que el Arsenal la había fichado, que había salido favorecida en el deporte y que además tenía una beca para estudiar en la universidad lo que quisiera”.De acuerdo con el testimonio, Griselda exigió inicialmente 4.000 dólares, que debían entregarse en pocas horas para poder viajar, lo que obligó a la familia a adquirir una gran deuda. "Quince días después solicitó otros 4.000 dólares, prometiendo traer el carné del club y un kit deportivo".Las niñas viajaron a Argentina por un mes, pero nunca llegaron a jugar fútbol. “Nos sacaba y sacaba plata, unos 15 millones. Llamábamos a la niña y estaba descalza, sin zapatos, haciendo aseo, preparando el almuerzo, siempre ocupada arreglando”, relató el padre de una de las menores.Una de las niñas logró conseguir un celular y, a escondidas, envió una alerta en la que advertía que estaba en peligro. Tras la denuncia, la mujer fue capturada y las menores fueron rescatadas.
Momentos de terror se vivieron finalizando la tarde de este domingo 21 de diciembre en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, por el ataque de guerrilleros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc contra la estación de Policía.De acuerdo a información de los presentes, en el espacio se encontraban reunidas familias y vecinos en un partido de fútbol en una cancha de la zona cerca a la sede policial, cuando repentinamente se comenzaron a escuchar disparos continuos.La situación provocó que decenas de personas corrieran para salir del lugar y resguardarse y así evitar ser alcanzadas por alguna bala perdida.Afortunadamente no se reportan personas heridas ni por los disparos, ni por situaciones asociadas a los hechos.Este ataque se produce cuando en teoría hay cese al fuego por parte de algunos grupos armados, debido a la época decembrina.
Jhon Mendoza, conocido como alias ‘Jhon mechas’, cabecilla de las disidencias de las Farc, jefe del frente 33, anunció que se mantendrá indefinidamente un cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Su grupo delinque principalmente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, pero también hace parte del que lidera a nivel nacional alias ‘Calarcá’.Este grupo es responsable de manejar las economías ilícitas, como el contrabando y rutas hacia Venezuela, teniendo incidencia, específicamente, en el Norte de Santander. Además, este sujeto tiene una circular roja de la interpol, debido al atentado terrorista contra el expresidente Iván Duque, que estuvo muy cerca de dejar un resultado trágico en el ataque a un helicóptero, y el ataque a la Brigada 30 del Ejército de Cúcuta.“Hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo. De hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido”, señaló alias ‘Jhon mechas’.Pero, en este pronunciamiento, el jefe criminal aclaró que esta decisión no define o implica que se deje de un lado las armas y el fin de las actividades armadas y se mantienen las confrontaciones con otros grupos, en lo que llaman el legítimo derecho a la defensa.
Tras varias semanas de tensa calma en el municipio de Anorí, nuevamente retornó el temor en poblaciones rurales de esta localidad del Nordeste de Antioquia por cuenta de la persistencia de acciones violentas de grupos armados.Y es que a través de su cuenta en X en las últimas horas el gobernador Andrés Julián Rendón denunció una nueva incursión de hombres del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia - El Charcón intimidando a la población civil.Se trata de una zona de interés estratégico por su comunicación con otras subregiones como el Norte y el Bajo Cauca, por lo que en los últimos meses el Clan del Golfo habría tomado la decisión de disputarla con otros grupos que históricamente han estado asentados en el territorio como el ELN y las disidencias de las Farc. En varias oportunidades el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, ha expresado esta inquietud."Pues uno aquí vive con la tensión en esa zona por el avance de las autodefensas. Entonces eso crea conflicto porque allí también está asentado el Ejército de Liberación Nacional y están las disidencias. Entonces todo eso crea un clima muy conflictivo para esa zona", declaró el mandatario local.Tras la reciente acción armada del Clan del Golfo, en la que incluso habrían retenido a habitantes del corregimiento, el gobernador Rendón exigió la presencia inmediata y constante por parte de la fuerza pública ante problemáticas como desplazamiento forzado que no son son nuevas."Muchos de ellos quedaron incluso con la única alternativa de quedarse viviendo en la cabecera municipal de Anorí. El Ejército nunca llegó de manera determinante, como lo pedimos, no solo en ese momento, sino a través de innumerables oficios al Ministerio de Defensa", dijo.Tropas del Ejército Nacional adelantan acciones para lograr llegar al lugar donde se está registrando la situación, sin embargo, protocolos de seguridad, especialmente por la posible presencia de artefactos explosivos en caminos, dificulta la movilidad de los soldados.
En redes sociales es cada vez más común que se viralicen videos de extranjeros opinando sobre distintos aspectos de Colombia, desde la gastronomía hasta la cultura y los viajes. En esta ocasión, la protagonista fue una creadora de contenido francesa que generó controversia tras referirse al sabor y la calidad de los aguacates colombianos que se comercializan en Europa.Se trata de Victoria Fenart, una influencer francesa casada con un colombiano, quien se ha hecho conocida por compartir experiencias sobre la vida, la comida y las costumbres del país. En uno de sus recientes videos, Fenart habló del aguacate que se exporta desde Colombia hacia Francia y aseguró que el producto que llega al mercado europeo es muy diferente al que se consume directamente en territorio colombiano, tanto en sabor como en textura.“Colombia, te amo mucho, pero deja de mandar tus aguacates a Francia, por favor. Los ‘made in Colombia’ viajaron muchísimo, están duros como una piedra y tienen un sabor horrible”, expresó la joven en la grabación. Según explicó, el principal problema es que el fruto no alcanza un punto de maduración adecuado tras el largo proceso de transporte, lo que afecta considerablemente su calidad final.La creadora de contenido también afirmó que la diferencia es evidente frente al aguacate fresco que probó durante su estadía en Colombia y aprovechó para resaltar lo que, desde su perspectiva, es una de las grandes ventajas del país: la posibilidad de acceder a alimentos más naturales y frescos. “Colombianos, estén felices con sus aguacates, su naturaleza, sus frutas y sus verduras caseritas y nacidas en el país, porque aquí es durísimo comer saludable”, añadió.Algunos usuarios coincidieron con su opinión sobre las dificultades de conseguir productos frescos en Europa, otros defendieron la calidad del aguacate colombiano y señalaron que el problema radica en la maduración. Comentarios como “déjelos madurar y estarán deliciosos”, “el aguacate Hass es colombiano” o “envuélvalo en periódico y déjelo uno o dos días” se multiplicaron en la publicación, que ya supera las 129.000 reproducciones.
Son 30 los vallecaucanos lesionados con pólvora en el Valle del Cauca, 12 de ellos menores de edad. Es por este motivo que desde el Gobierno departamental se reitera el llamado para que los ciudadanos eviten el uso inadecuado de estos artefactos que afectan la integridad física de las personas.“La recomendación sigue siendo: no use pólvora, si van a quemar pólvora, que lo hagan los expertos. Recuerde que la pólvora afecta la vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente los niños, adultos mayores, aquellas personas que tienen problema de enfermedad mental, las personas en condición de discapacidad, la fauna y la flora”, detalló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.Buga, Buenaventura, Tuluá y Florida, son los municipios que mayor número de casos registran a la fecha. “Este año seamos generosos y tengamos una fiesta tranquila. Vivamos nuestro 24 de diciembre lleno de ilusión y de esperanza, en familia y sin pólvora”, agregó Lesmes.Las quemaduras en miembros superiores, seguidas por lesiones en cara, cuello, cabeza y miembros inferiores, son las más frecuentes en este tipo de consultas.
El Extraordinario Banderita Navideño es uno de los sorteos especiales más esperados de fin de año en Colombia. En esta edición, organizada por la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Risaralda, se pone en juego un atractivo premio mayor de $15.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo número 003, que se realiza el sábado 20 de diciembre de 2025.Este sorteo no solo destaca por su alto premio principal, sino también por la amplia variedad de premios secos y aproximaciones, que en conjunto superan los $36.278 millones de pesos en premios.Número ganador del sorteo de Navidad de las Loterías de Risaralda y Cruz Roja este sábado 20 de diciembre de 2025El número ganador del sorteo “Banderita”, de Navidad, organizado por las Loterías de Risaralda y Cruz Roja este sábado 20 de diciembre de 2025, dejó como ganador al: 0521 de la serie 166.Secos del sorteo de Navidad de las Loterías de Risaralda y Cruz RojaLos secos del sorteo “Banderita”, de Navidad, organizado por las Loterías de Risaralda y Cruz Roja este sábado 20 de diciembre de 2025, son:Seco de 500 MillonesNumero 9179 Serie 279Secos de 200 MillonesNumero 6303 Serie 212Numero 3712 Serie 187Secos de 100 MillonesNumero 7250 Serie 153Numero 3900 Serie 396Numero 7884 Serie 254Numero 7950 Serie 282Secos de 50 MillonesNumero 8306 Serie 068Numero 7882 Serie 346Numero 2222 Serie 183Numero 1247 Serie 103Numero 7794 Serie 193Secos de 20 MillonesNumero 1486 Serie 158Numero 1829 Serie 259Numero 4883 Serie 195Numero 7835 Serie 366Numero 7258 Serie 399Numero 1998 Serie 184Numero 9069 Serie 002Numero 1627 Serie 123Numero 1855 Serie 132Numero 4781 Serie 414Total de premios del sorteo extra de Navidad de la Lotería de Risaralda y Cruz RojaMonto total en premios: más de $36.278 millones de pesosPremios distribuidos entre premio mayor, secos y aproximaciones¿Qué es el Extraordinario Banderita Navideño?El Extra Banderita Navideño es una de las grandes apuestas de cierre de año de la Lotería del Risaralda y la Lotería de la Cruz Roja. Además de ofrecer premios millonarios, este sorteo tiene un componente solidario, ya que contribuye a causas sociales y humanitarias, razón por la cual recibe el nombre de “Banderita”.El Extra Banderita Navideño se presenta como una oportunidad ideal para cerrar el año con un posible premio millonario, mientras se apoya una causa solidaria.
En la localidad de Engativá, específicamente en el barrio La Española, se registró un caso en el que dos hombres solicitaron un carro a través de una plataforma digital. Al montarse al vehículo, amenazaron al conductor con navajas, lo robaron y se llevaron el carro.El dueño del vehículo alertó a la Policía, cuyos uniformados iniciaron la búsqueda de los presuntos ladrones. En medio de la huida, el vehículo se apagó y, en ese momento, la Policía logró capturarlos.La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, aseguró que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.“Cuadras más adelante, mediante la oportuna reacción de nuestros uniformados, lograron detener el vehículo y capturar a estas dos personas por el delito de hurto. Cabe resaltar que una de ellas tiene anotaciones por el mismo delito”, indicó la teniente.Es importante recordar que, en lo corrido del año 2025, en esta localidad se ha logrado la captura de más de 1.787 personas por diferentes delitos y la recuperación de 67 vehículos.
En medio de un momento clave para el pulso político del país, y con la salida del presidente Gustavo Petro a seis meses de la primera vuelta presidencial de 2026, la firma Invamer dio a conocer los resultados de su más reciente Encuesta Colombia Opina, en alianza con Blu Radio y Noticias Caracol.El estudio, realizado entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, aplicó una de las muestras más grandes de los últimos años: 3.800 encuestados en 148 municipios, incluidos 26 capitales de departamento. La medición se desarrolló bajo la nueva normativa electoral, que según Martín Orozco, gerente de Invamer, en Noticias Caracol, obligó a triplicar el tamaño de la muestra y los costos, pero que a la vez limitó la posibilidad de entregar resultados segmentados por región o edad. Según Invamer, el ejercicio estadístico cuenta con un margen de error del 1,81 % y un nivel de confianza del 95 %.Iván Cepeda lidera intención de voto a la Presidencia, según encuesta InvamerLos resultados confirman un panorama definido en la intención de voto presidencial. Iván Cepeda encabeza la medición con un 31,9 %. En el segundo lugar aparece el abogado Abelardo de la Espriella, con un 18,2 %, mientras que Sergio Fajardo se ubica más abajo con un 8,5 %. Entre los demás aspirantes figuran Miguel Uribe Londoño (4,2 %), Claudia López (4,1 %) y Vicky Dávila (3,7 %). La encuesta se publica en un momento determinante, justo cuando los partidos ultiman las listas al Congreso para las elecciones legislativas de 2026. Desaprobación de Gustavo Petro se mantieneLa encuesta también midió la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro. Según explicó Orozco, no se registraron variaciones significativas frente a mediciones anteriores.Un 37,7 % de los colombianos aprueba la gestión del mandatario, mientras que el 56,7 % la desaprueba. En agosto, fecha de la última encuesta realizada por Invamer bajo la nueva ley, Petro registró un 37,0 % de aprobación y un 57,8 % de desaprobación.En cuanto al pesimismo y optimismo de los ciudadanos, el estudio muestra que un 34,4 % considera que el país va por buen camino, mientras que un 59,8 % opina que va por mal camino.La firma aclaró que esta medición alcanzó a cubrir solo algunos días después del escándalo de los archivos de alias ‘Calarcá’, revelados por Noticias Caracol, donde se exponen presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno y las disidencias.
En medio del pulso político de cara a las elecciones de 2026, especialmente hacia el fin del mandato del primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, surge un nuevo panorama electoral.La última encuesta Colombia Opina de 2025, realizada por la firma Invamer en alianza con Noticias Caracol y Blu Radio, refleja la intención de voto de los colombianos. Estos datos salen a la luz a pocos días de la definición de las listas al Congreso para las elecciones legislativas del próximo año. El plazo máximo es el 8 de diciembre; sin embargo, hay posibilidad de cambiarlas hasta el 15 de diciembre.Colombia está a la expectativa de las posibles consultas interpartidistas para definir los candidatos únicos que competirán en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo de 2026.El gerente de Invamer, Martín Orozco, habló en Noticias Caracol sobre la encuesta bajo la nueva ley. “La nueva ley implicó triplicar la muestra, los costos y perder detalles. Porque, tristemente, con una muestra que es tres veces más grande no vamos a poder publicar resultados por región o por edades, porque el máximo margen de error según la ley es del 3 %”.Esta encuesta tuvo una muestra de 3.800 encuestados en 148 municipios a nivel nacional, entre ellos 122 municipios pequeños, medianos y grandes, y 26 capitales de departamento. Cabe resaltar que el margen de error general es de 1,81 %, el nivel de confianza es del 95 % y la fecha de realización fue del 15 al 27 de noviembre de 2025.Iván Cepeda lidera intención de voto a la Presidencia, según encuesta Invamer Los cuatro candidatos que puntean en la encuesta sonIván Cepeda – 31,9 %Abelardo de la Espriella – 18,2 %Sergio Fajardo – 8,5 %Miguel Uribe Londoño – 4,2 %Por su parte, los demás candidatos se ubican de la siguiente manera:Claudia López, 4,1 %Vicky Dávila, 3,7 %Juan Carlos Pinzón, 2,9 %Germán Vargas Lleras, 2,1 %Santiago Botero, 1,8 %Juan Manuel Galán, 1,6 %Aníbal Gaviria, 1,3 %Enrique Peñalosa, 1,1 %María Fernanda Cabal, 1,1 %Paloma Valencia, 1,1 %Camilo Romero, 1,0 %
La Defensoría del Pueblo lanzó una fuerte advertencia tras las recientes declaraciones del Estado Mayor Central liderado por alias 'Calarcá', en contra de Noticias Caracol a quienes señalan como un supuesto actor del conflicto armado.Según el organismo, estas afirmaciones son “absolutamente inadmisibles”, desconocen principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y ponen en grave riesgo la integridad del equipo periodístico.El ente de control recordó que, al catalogar a un medio de comunicación como actor del conflicto, las disidencias desconocen su condición de población civil protegida y vulnera el principio de distinción, eje central del DIH.“La labor periodistica, en ocasiones incómoda para quienes están inmersos en las hostilidades, es esencial para el Estado de Derecho, y debe ser respetada integralmente por los actores del conflicto armado”, se lee en el comunicado.En su pronunciamiento, la Defensoría solicitó al a las disidencias de alias 'Calarcá', retractarse de sus declaraciones, especialmente del señalamiento hecho al equipo que realizó la investigación emitida por Noticias Caracol el pasado 23 de noviembre.Además, instó al Gobierno nacional, en particular al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a adelantar las medidas de prevención y protección necesarias frente a estas amenazas.Finalmente, llamó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a exigir el cumplimiento estricto de los compromisos de respeto al DIH pactados en el más reciente ciclo de negociación.
La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) recomendó a la aerolínea Copa Airlines suspender algunos vuelos que mantiene en horario diurno hacia Venezuela, ante el riesgo por las operaciones militares contra los narcotraficantes en la región."Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la Federal Aviation Administration (FAA), la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria", indicó Copa el pasado sábado 29 de noviembre.La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles sostiene que el ambiente en el cielo bolivariano cada vez es más tenso por lo que ve con preocupación la decisión de Copa Airlines.“Desde nuestra organización hacemos un respetuoso y firme llamado a Copa Airlines para que analice la situación con la mayor profundidad posible y adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de sus pasajeros y tripulaciones”, aseguró ACDAC.La entidad aseguró también que la seguridad operacional debe prevalecer como principio esencial, especialmente en un contexto de incertidumbre y riesgo creciente.
El exregistrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, analizó en entrevista en Sala de Prensa a fondo la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de imponer sanciones a la campaña Petro Presidente 2022, un hecho que calificó como histórico, no solo por su impacto político sino por las consecuencias administrativas y penales que se desprenden.Portela explicó que, a diferencia de investigaciones previas a campañas presidenciales, como las de Juan Manuel Santos u Óscar Iván Zuluaga, esta es la primera vez que el CNE materializa una sanción de esta naturaleza. “Aquí el gerente termina sancionado, y en las campañas anteriores (…) las investigaciones fueron archivadas”, recordó.Sin embargo, aclaró que en el caso Santos, aunque la investigación electoral no produjo sanciones, su gerente de campaña, Roberto Prieto, sí fue condenado posteriormente, aunque por hechos que no correspondían directamente a financiación electoral. “No creo que resulta sancionado penalmente por otros asuntos, pero directamente por el tema de campaña no”, puntualizó.¿Qué tan grave es la sanción?A juicio de Portela, la sanción impuesta por el CNE —limitada en este caso a multas económicas— no representa el mayor riesgo para los responsables financieros de la campaña. Asegura que lo verdaderamente delicado está en el plano penal.“La parte más gravosa tiene que ver con la sanción penal, cuando ya los temas los toma la Fiscalía (…) estamos hablando de una situación mucho más compleja”, advirtió, subrayando que tanto el gerente Ricardo Roa, como la tesorera y la auditora, enfrentan posibles responsabilidades por delitos como financiación prohibida, violación de topes y ocultamiento de información.Portela insistió en que la Fiscalía ya tenía abierta una investigación al respecto: “Eso es una obligación del Consejo Nacional Electoral. Si encontró irregularidades, debe compulsar copias”. Recordó que delitos como acudir a fuentes prohibidas —incluyendo aportes de personas jurídicas, como sindicatos— pueden acarrear penas de 4 a 9 años de prisión.Claves de la investigaciónEl exregistrador explicó que la ley es explícita al prohibir aportes de personas jurídicas a campañas presidenciales. “Aquí no es narcotráfico ni minería ilegal. Es una plata legal, pero la ley lo prohíbe”, dijo en referencia a las donaciones de sindicatos.Sobre el pago de testigos electorales, sostuvo que existe un debate jurídico pendiente, pues estos no buscan votos, sino que vigilan el proceso. Aun así, subrayó que el no reporte de recursos constituye en sí una falta grave.Consultado sobre la eventual responsabilidad del presidente Gustavo Petro, Portela fue categórico en recordar que el fuero presidencial obliga a que cualquier proceso pase por el Congreso. “La financiación prohibida sí involucra al presidente (…) pero el juicio lo adelanta la Comisión de Acusaciones”, explicó. El Congreso no sanciona penalmente, sino que decide si levanta el fuero para que intervenga la Corte.Finalmente, Portela anticipó una discusión jurídica compleja. Señaló que la defensa del presidente y del Pacto Histórico probablemente alegará la caducidad de la acción sancionatoria, contemplada en el artículo 52 del CEPACA. “Si en tres años no hay sanción, caducó”, recordó, aunque aclaró que el CNE argumenta que hubo eventos que suspendieron el término.
En un video difundido en redes sociales se puede observar el momento en que un vehículo de color gris, en el que se movilizaba una familia, avanzaba lentamente detrás de una tractomula amarilla. En ese instante, una tractomula de color rojo, que presuntamente se encontraba sin frenos, se estrelló contra el automóvil, aplastándolo y dejándolo completamente irreconocible.El siniestro se registró en la vía que conecta Buga con Buenaventura el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 y dejó como saldo la muerte de la pareja identificada como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes viajaban junto a sus dos hijos menores de edad.Uno de los detalles más impactantes del caso es que, minutos antes del impacto, uno de los menores, llamado Julio, descendió del vehículo para orinar a un costado de la carretera, mientras su madre lo grababa entre risas y se despedía diciendo: “Chao, Julio”.Según confirmaron las autoridades, los dos menores sobrevivieron al accidente y actualmente se encuentran en un centro de atención hospitalaria de Buenaventura, donde reciben atención médica especializada.La pareja residía en un municipio cercano a Buenaventura, era propietaria de un supermercado y era reconocida por su amabilidad y cercanía con los vecinos y allegados. Por ahora, los menores también reciben acompañamiento psicológico tras la tragedia.Este es el videoEn entrevista con Noticias Caracol, Ana Rosa Torres, vecina de las víctimas, expresó que “esta tragedia que pasó, no se imaginan el dolor tan intenso que sentimos en todo el barrio por esta noticia”.Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución en las vías, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando se registra una alta congestión vehicular. Cabe resaltar que, en los últimos ocho días, se han presentado tres accidentes de tránsito, que han dejado como resultado cuatro personas muertas y varios heridos.Entre las principales recomendaciones se encuentran no conducir bajo los efectos del alcohol, mantener una velocidad moderada y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de realizar trayectos largos.
El Ejército Nacional denunció el secuestro de varios soldados en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, en medio de operaciones militares adelantadas contra el grupo armado organizado ELN.De acuerdo con la Séptima División del Ejército, los uniformados fueron rodeados, retenidos y trasladados de manera arbitraria por un grupo de aproximadamente 200 personas hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con su misión constitucional.Según el comunicado oficial emitido este 21 de diciembre, los hechos ocurrieron mientras las tropas desarrollaban labores de seguridad y control territorial orientadas a proteger a la población civil y enfrentar la presencia del ELN en esta zona del departamento. En ese momento, la unidad militar fue interceptada por un numeroso grupo de civiles que bloqueó su movilidad y procedió a retener a los soldados contra su voluntad.El Ejército calificó lo ocurrido como una grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, y rechazó de manera categórica cualquier acción que interfiera con el desarrollo de operaciones militares legítimas del Estado. Para la institución, este tipo de hechos no solo afecta el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares, sino que también pone en riesgo la vida de los uniformados y debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en regiones golpeadas históricamente por el conflicto armado.En el pronunciamiento, el Ejército hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, a los organismos de derechos humanos y a los líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación. El Ejército hizo énfasis en la necesidad de privilegiar el diálogo y el respeto por la institucionalidad, así como la observancia estricta del marco constitucional, legal y del derecho internacional humanitario.El comunicado también advierte que la privación de la libertad de integrantes de la Fuerza Pública constituye una conducta sancionada por la ley y puede acarrear responsabilidades penales. En ese sentido, el Ejército llamó a abstenerse de este tipo de acciones, que no solo afectan la institucionalidad, sino que pueden involucrar indebidamente a civiles en hechos con consecuencias jurídicas graves.
En una operación de inteligencia, las Fuerzas Militares frustraron lo que habría sido un atentado terrorista en el suroccidente del departamento del Tolima. Tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con cerca de 30 kilogramos de explosivos pertenecientes al Frente Joaquín González, estructura disidente bajo el mando de alias ‘Calarcá’.El hallazgo se produjo en la vereda Tolda Blanca, en el corregimiento de Playarrica, jurisdicción del municipio de San Antonio,en el sur del Tolima. Según las autoridades, el material explosivo iba a ser utilizado para ejecutar acciones terroristas que ponían en riesgo directo a la población civil y a la infraestructura de la región.De acuerdo con información oficial, la operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional.En el lugar fueron encontrados aproximadamente 30 kilos de explosivos de alto poder, cuya capacidad de afectación, según valoraciones técnicas, habría generado un radio de destrucción cercano a los 40 metros.Junto al material explosivo, las autoridades hallaron dos uniformes similares a los utilizados por la Policía Nacional, panfletos alusivos al Frente Joaquín González y una batería de motocicleta. Para las Fuerzas Militares, estos elementos evidencian la intención de esta estructura ilegal de ejecutar acciones de alto impacto, posiblemente mediante engaños a la población o suplantación de la autoridad.Tras el hallazgo, el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional adelantó la destrucción controlada del material, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones. Los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el avance de los procesos judiciales correspondientes.Según información de inteligencia, este grupo disidente estaría involucrado en actividades como extorsión, control territorial, reclutamiento forzado y acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil.
Expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía desactivaron de manera controlada un vehículo tipo camioneta platón que había sido cargada con más de 200 kilos de explosivos de alto poder destructivo en el municipio de Belén de los Andaquíes en el sur del Caquetá.El gobernador de ese departamento Luis Francisco Ruiz Aguilar, rechazó el frustrado atentado terrorista y expresó que teniendo en cuenta la cantidad de explosivos acondicionados en el automotor el daño habría sido “catastrófico” y había podido afectar tres cuadras a la redonda.Por su parte el general Sergio Guzmán Jaimes, comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, no descartó que esta acción terrorista haya sido autoría de los grupos armados organizados que delinquen el sur del país.“Afortunadamente en un trabajo coordinado entre el Ejército y nuestra Policía logramos neutralizar una acción terrorista que en estos momentos estuviera enlutando al pueblo caqueteños, con esta acción terrorista los diferentes grupos armados que delinquen en la región no les importa los daños colaterales, si, este carrobomba hubiera estallado, el efecto había sido devastador en un municipio tan pequeño como es Belén de los Andaquíes”, dijo el comandante de la unidad militar.Asimismo, la Policía anunció que ya se dispuso de un equipo especializado coordinado con la Fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, mientras, que la Gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de los responsables que dejaron abandonado el carrobomba.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Casanare, Darío Yesid García Barray, por un presunto incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2022.De acuerdo con la investigación, el servicio de alimentación dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del municipio no se habría iniciado desde el comienzo del calendario académico, como lo establecen las normas que regulan el programa.Según el ente de control, el PAE únicamente se habría prestado durante seis jornadas escolares en octubre y 17 en noviembre, lo que indica que su ejecución se concentró en la parte final del año escolar, afectando el acceso oportuno de los estudiantes a este beneficio.La Procuraduría señaló que el suministro de la alimentación escolar debía garantizarse desde el primer día de clases, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, y continuará el proceso disciplinario para determinar la eventual responsabilidad del exmandatario municipal.
Colombia cierra 2025 entre la incertidumbre económica, el deterioro del orden público y un ambiente político cada vez más tenso. El anuncio del Gobierno de querer decretar una emergencia económica para recaudar recursos que no logró vía reforma tributaria abrió un nuevo debate sobre la institucionalidad, la separación de poderes y la transparencia en la toma de decisiones.Ese escenario fue analizado este 21 de diciembre en Sala de Prensa por la profesora de la Universidad de Los Andes, María Margarita Zuleta, quien hizo una lectura crítica del momento que atraviesa el país. Para la académica, la combinación entre inseguridad, problemas fiscales y decisiones excepcionales sin explicaciones claras está profundizando la desconfianza ciudadana justo antes de un año electoral.En medio de ese análisis, Zuleta fue contundente al referirse al decreto de emergencia económica: “La ausencia de transparencia frente al razonamiento que tiene el Gobierno para decretarla es un poco como tomadera de pelo”. La analista cuestionó que, al momento del anuncio, no se conocieran los considerandos del decreto, es decir, los argumentos que justificarían una medida extraordinaria de ese calibre.Emergencia económica y falta de transparencia en el GobiernoZuleta recordó que, según múltiples expertos, no se identifica una circunstancia sobreviniente o una calamidad reciente que sustente jurídicamente la emergencia. “No conocemos los considerandos del decreto”, insistió, al advertir que esa opacidad debilita la legitimidad de la decisión y podría llevar a que la Corte Constitucional la tumbe.A su juicio, el hecho de que el Congreso haya negado la reforma tributaria no puede presentarse como un hecho inesperado. El último año de gobierno, dijo, históricamente es complejo para aprobar reformas estructurales, por lo que decretar una emergencia en ese contexto agrava el choque entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder.'Paca' Zuleta advierte problemas en el gasto público y eficiencia del EstadoMás allá de los nuevos impuestos planteados, la profesora puso el foco en un problema estructural. “Al Gobierno no le interesa la eficiencia del gasto público ni la eficiencia de las políticas públicas”, afirmó, al señalar que existen recursos que se aprueban pero no se ejecutan de manera adecuada ni en los tiempos previstos.Zuleta subrayó que el debate no debería limitarse a recaudar más, sino a garantizar que el dinero público se invierta con rigor, planeación y resultados concretos para los ciudadanos. De lo contrario, advirtió, se seguirán repitiendo crisis fiscales que terminan resolviéndose con medidas excepcionales.El análisis también incluyó la situación de orden público, marcada por la reciente ofensiva del ELN y el temor de muchas comunidades. Para la académica, el país vive una sensación de “vuelta al pasado”, con ciudadanos preguntándose si pueden viajar o si su vida está garantizada.Ese contexto, sumado a la emergencia económica y a los escándalos de corrupción, deja un cierre de año complejo y un 2026 cargado de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones será uno de los principales retos.
Un juez de la República condenó a nueve meses de prisión a Mario Pastrana Prieto, tras aceptar, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado por la agresión contra una perrita criolla identificada como ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos en una vía pública de Ibagué, Tolima.La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes, entre ellas videos de cámaras de seguridad difundidos por la ciudadanía en redes sociales, que evidenciaron el momento en el que el hombre golpeó al animal con un palo e incitó a otros dos perros para que la atacaran.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024. Posteriormente, el agresor también habría amenazado al propietario de la canina y a su familia.Como consecuencia del ataque, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, con evidencias de miedo extremo y afectaciones emocionales, razón por la cual ha requerido valoraciones veterinarias permanentes.Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de decretar un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad abrió un nuevo capítulo en el complejo panorama del conflicto armado en Colombia. La medida, presentada por la guerrilla como un “mensaje de paz”, fue recibida con cautela por distintas voces institucionales, entre ellas la defensora del pueblo, Iris Marín, quien expresó una mezcla de alivio y preocupación frente a lo ocurrido.El cese anunciado regirá entre las 00:00 horas del 24 de diciembre y las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, e implica la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Sin embargo, llega después de una semana marcada por ataques, hostigamientos y un paro armado que afectó a varias regiones del país.ELN anunció cese al fuego para Navidad como “mensaje de paz”En su comunicado, el ELN aseguró que la decisión busca enviar una señal de tranquilidad durante las festividades de fin de año. La guerrilla señaló que el respeto a la población civil hace parte de este anuncio, aunque no precisó mecanismos de verificación ni alcances frente a otros actores armados.Este tipo de decisiones no son nuevas. En años anteriores, el ELN ha decretado ceses temporales en fechas especiales, lo que genera expectativas entre las comunidades que viven en zonas históricamente golpeadas por el conflicto, pero también dudas sobre su cumplimiento efectivo.Defensoría del Pueblo pide gestos que protejan a la población civilLa defensora del pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio con un mensaje claro: el alivio existe, pero la preocupación persiste. En su pronunciamiento recordó que, pese a declaraciones similares en el pasado, las comunidades han seguido enfrentando afectaciones graves.“Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia”, señaló Marín, al advertir que las acciones recientes del ELN han dejado daños sostenidos contra la población civil. Desde la Defensoría se insistió en que un gesto coherente sería la liberación de las personas que continúan secuestradas, una de las prácticas más rechazadas por la sociedad colombiana.Además, Marín subrayó que el cese de hostilidades debería extenderse a los enfrentamientos que el ELN mantiene con otros grupos armados ilegales, pues estas confrontaciones también generan desplazamientos, confinamientos y riesgos para las comunidades.El recuerdo de ceses pasados y la alerta por regiones como CatatumboLa defensora del pueblo también trajo a colación lo ocurrido hace un año, cuando un anuncio similar no evitó que, meses después, se registraran nuevos ataques contra civiles. Como ejemplo, mencionó la situación en el Catatumbo, donde la confrontación armada derivó en lo que calificó como el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente del país.Ese antecedente refuerza la postura de quienes consideran que los anuncios deben ir acompañados de hechos verificables y sostenidos en el tiempo. Para las comunidades, la verdadera señal de paz no está solo en un comunicado, sino en la posibilidad de pasar las festividades sin miedo, sin confinamientos y sin amenazas.“Saludamos el anuncio, pero pedimos más”, concluyó Marín, dejando claro que la expectativa de la institucionalidad y de la ciudadanía es que este cese se traduzca en una protección real de la población civil, más allá del calendario.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció respecto al anuncio del cese al fuego unilateral del ELN a partir del 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Marín recibió con alivio la decisión de la guerrilla, pero aseguró que es un anuncio que también genera angustia, pues las acciones del ELN han provocado daños irreparables a la población.“Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas. El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin de año”, fue la solicitud que hizo la defensora a través de su cuenta de X.Marín recordó que hace un año la guerrilla hizo un cese al fuego similar; sin embargo, en enero emprendió una ofensiva en el Catatumbo que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, razón por la cual la defensora celebró el anuncio, pero pidió más de parte del ELN.
Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez, Nidia Pineda, Fany Rodríguez, Edgardo Lozano y Jeik Donovan Yepes son las seis personas que presuntamente pertenecían a una estructura criminal en la que se simularon operaciones comerciales por más de 843 mil millones de pesos, mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.Según la investigación de la Fiscalía, estas personas son acusadas de crear 185 empresas de papel, utilizadas para que compañías reales se apropiaran ilegalmente del IVA y redujeran la base gravable del impuesto de renta.La red ilegal habría operado durante una década simulando operaciones comerciales mediante la venta de facturas falsas, con el fin de evadir impuestos y afectar gravemente las finanzas del Estado.“Los acusados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades. Así se habían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano ni operativa para sustentar las operaciones que evidenció la Fiscalía”, aseguró el director especializado contra los delitos fiscales, Leonardo Quevedo Castillo.Las supuestas empresas pedían, a cambio, entre el 1 % y el 5 % del valor facturado de forma irregular. La Fiscalía estableció que estas maniobras se realizaron entre 2012 y 2022, con el apoyo de análisis financieros del CTI y del Modelo Único de Investigación Financiera.Las capturas se realizaron en Bogotá y Casanare. A los implicados se les imputaron delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juez ordenó a cinco de ellos prisión domiciliaria y a la última, cárcel.