La Contraloría concluyó que un contrato firmado para modernizar la gestión del mercado energético en Colombia terminó en una pérdida superior a los USD 26 millones, luego de que el software contratado nunca fuera entregado ni puesto en funcionamiento, pese a los pagos realizados.La investigación se originó tras una denuncia del Ministerio de Minas y Energía, que alertó sobre posibles irregularidades en el contrato suscrito por XM S. A. E.S.P., la empresa encargada de administrar el mercado de energía eléctrica en el país. El proyecto buscaba implementar el Sistema de Administración del Mercado (SAM), una plataforma tecnológica que debía mejorar y centralizar los procesos del sector.Según la Contraloría, los recursos usados para este contrato salieron de la tarifa de energía, es decir, del dinero que los usuarios pagan a través de su factura y que es aprobado cada año por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).Uno de los hallazgos más graves corresponde a USD 15,6 millones, relacionados con el contrato firmado con el Consorcio Siemens Endimensions para desarrollar el sistema. El organismo de control estableció que el proyecto tuvo retrasos constantes, múltiples prórrogas y fallas graves, y que finalmente el software nunca fue entregado de manera completa ni recibido a satisfacción.A pesar de esto, XM S. A. realizó pagos por bienes y servicios que no llegaron a materializarse, lo que generó un daño directo a los recursos públicos. Aunque la empresa afirmó haber hecho seguimiento permanente al contrato, la Contraloría concluyó que esa supervisión no logró evitar la pérdida del dinero.El informe también señala que las acciones para reclamar ante la aseguradora y demandar al consorcio contratista se activaron cuando el daño ya estaba hecho, es decir, cuando los recursos ya habían sido comprometidos sin que existiera un producto funcional.Además, la Contraloría identificó otro hallazgo por USD 10,5 millones, relacionado con contratos de soporte, mantenimiento, capacitación y diseño del sistema. Lo llamativo, según el ente de control, es que se pagaron servicios de soporte técnico sobre un sistema que no existía o no podía operar, lo que contradice la lógica básica de este tipo de contratos.El organismo concluyó que se hicieron pagos por acompañamiento técnico a componentes que no estaban implementados, no funcionaban de forma integrada o no podían ser utilizados, lo que aumentó el impacto del detrimento fiscal.Finalmente, la Contraloría envió el informe completo al Ministerio de Minas y Energía, con el detalle de los hallazgos y conclusiones, para que se adelanten las acciones administrativas, fiscales y legales que correspondan frente a este caso.
El candidato predidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la decisión de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia.De la Espriella felicitó a Valencia, sin embargo, también dijo que había buscado un acuerdo con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró.“Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, aseguró el abogado De la Espriella.En el mismo sentido, De la Espriella no cerró la puerta a apoyar al candidato que gane la Gran Consulta por Colombia de ser necesario.“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal. De igual manera, si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el Doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal”, agregó De la Espriella.Es importante recordar que los candidatos de la Gran Consulta por Colombia aceptaron la participación de Paloma Valencia desde este domingo en la mañana, sin embargo, ella hizo consultas con su partido y en horas de la tarde de este lunes, 22 de diciembre, anunció oficialmente la decisión de unirse a esa coalición.
La Cancillería reubicó a Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra por la parranda vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua, en la que participó el exdirector de la DNI, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.El ministerio informó que el funcionario ya fue notificado formalmente de la apertura del proceso adelantado por la Oficina de Control Disciplinario Interno y que la medida busca evitar posibles interferencias u obstrucciones en la investigación.Muñoz, quien ocupa el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa, es investigado por su presunta participación en la gestión de recursos y en la organización de la parranda vallenata realizada en el Teatro Rubén Darío. Aunque la Cancillería asegura que negó recursos para el evento, la actividad se realizó, lo que derivó en cuestionamientos sobre el uso de su posición diplomática.Según este comunicado, cualquier decisión sobre una eventual suspensión o desvinculación debe surtir el debido proceso y no depende de una decisión discrecional de la canciller. Además, informó que la Procuraduría General de la Nación podrá asumir el caso bajo la figura de control preferente y que las pruebas ya fueron remitidas también a la Fiscalía General de la Nación.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) oficializó el licenciamiento del primer contingente de mujeres soldados en la historia de la institución. Tras 12 meses de servicio militar voluntario, 28 jóvenes finalizaron su etapa de formación en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), un hecho que redefine la participación femenina en las filas de esta fuerza.Este grupo, perteneciente al quinto contingente de 2024, ingresó a la unidad el pasado 3 de febrero de 2024. Durante su permanencia, las soldados no solo recibieron instrucción militar básica, sino que fueron integradas en áreas operativas estratégicas de seguridad y logística en la base aérea de Bogotá.Funciones y seguridad en CATAMLas uniformadas desempeñaron roles críticos en el control de acceso y la seguridad de la unidad. Sus funciones incluyeron el registro y autorización de ingreso de personal y vehículos, así como el apoyo logístico en vuelos destinados a altos mandos y personalidades del Gobierno Nacional que transitan habitualmente por esta terminal aérea.Además de las labores administrativas, las soldados se desempeñaron como Policía Militar, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos en los sistemas de defensa de la base.Este licenciamiento representa un precedente institucional para la Fuerza Aeroespacial, al consolidar la apertura del servicio militar para mujeres bajo los mismos estándares de disciplina y exigencia aplicados tradicionalmente. La FAC destacó que el aporte de estas 28 mujeres y sus familias queda registrado como un avance en el desarrollo y la modernización de la defensa nacional.
El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares cuestionó la declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional y aseguró que, a su juicio, no se cumplen los requisitos constitucionales para acudir a este estado de excepción.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Linares explicó que el debate va mucho más allá de una discusión económica. Según dijo, lo que está en juego es el sistema de frenos y contrapesos y el principio democrático de separación de poderes. “Lo que estamos discutiendo es si cuando el Congreso niega una reforma tributaria, el Gobierno la puede adoptar por decreto”, señaló.El exmagistrado recordó que la Constitución consagra el principio de que no puede haber tributación sin representación, es decir, que los impuestos deben ser aprobados por el órgano democrático por excelencia, el Congreso de la República. En ese sentido, afirmó que el hecho de que el Legislativo haya negado una reforma tributaria no constituye, por sí mismo, una razón válida para declarar una emergencia económica.¿Es viable decretar emergencia económica?Para Linares, el punto central es determinar si existen hechos sobrevinientes o una calamidad pública que justifiquen la medida. “Yo no veo cuáles son los hechos sobrevinientes”, afirmó de manera enfática.Consultado sobre si identificaba algún hecho nuevo distinto a la negativa del Congreso, Linares mencionó únicamente la reciente operación de crédito público realizada por el Gobierno. Según explicó, el viernes pasado se emitieron cerca de 6.000 millones de dólares, lo que representaría el ingreso de aproximadamente 24 billones de pesos a las finanzas públicas. “Esa cifra es muy superior a los 16 billones que se pretenden recaudar con los nuevos impuestos”, señaló, agregando que pensó que con esa operación desaparecía la necesidad de la emergencia económica.Sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Linares recordó que, con base en el artículo 215 de la Constitución, la Corte ha sido clara en exigir un hecho sobreviniente o una calamidad pública para justificar una emergencia. Puso como ejemplo la emergencia económica decretada para La Guajira, en la que la Corte fue flexible, pero limitó los efectos de la declaratoria exclusivamente a medidas relacionadas con el acceso al agua. En contraste, insistió en que la negativa del Congreso a aprobar una reforma tributaria “no es un hecho sobreviniente”.Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la Corte Constitucional actúe durante la vacancia judicial. Linares consideró que la Constitución no puede “irse de vacaciones” y afirmó que el presidente de la Corte tiene la facultad de convocar una Sala Plena extraordinaria para repartir el decreto de emergencia una vez llegue al alto tribunal. Según explicó, esto podría hacerse incluso de manera virtual.Frente a la opción de una suspensión provisional del decreto, el exmagistrado señaló que sería una figura inédita en este tipo de casos, pero no descartó que la Corte pueda “estrenarla” si considera que existe una violación flagrante de la Constitución. A su juicio, así como el Gobierno está innovando al acudir a la emergencia económica, la Corte podría responder con medidas igualmente extraordinarias.Finalmente, al referirse a las posibles mayorías dentro de la Corte Constitucional, Linares dijo no tener “bola de cristal”, pero sostuvo que los magistrados son serios e institucionales.
Las celebraciones de fin de año en los hogares colombianos suelen venir acompañadas de comidas abundantes, consumo de alcohol por encima de lo esperado y cambios en los horarios habituales. Aunque el ambiente invita a compartir y disfrutar con los seres queridos, el cuerpo suele resentir esos excesos.El sistema digestivo es uno de los más afectados. De hecho, el intestino es de los primeros en verse impactado cuando hay mayor consumo de alcohol, grasas y desórdenes alimenticios, por lo que cuidarlo se vuelve clave para darle la bienvenida al año nuevo sin malestares.Pilas con los excesos de diciembre: así se afecta la microbiota intestinalEl intestino alberga millones de microorganismos que cumplen funciones esenciales para la digestión y la defensa del organismo. Esta comunidad, conocida como microbiota intestinal, es especialmente sensible a los cambios bruscos de rutina, muy comunes entre diciembre y enero. El aumento del consumo de alimentos fuera de casa, más azúcar y alcohol, además de viajes a lugares con dietas diferentes, puede alterar su equilibrio.Según explicó Ramiro Cubillos, gerente médico de La Santé, “en diciembre hay comidas a deshoras y alimentos más pesados. El aumento de azúcares, alcohol y carbohidratos, junto con los viajes que exponen a nuevas dietas, genera irritación intestinal”. Esta alteración puede manifestarse en distensión abdominal, gases, diarrea o estreñimiento, síntomas frecuentes en esta época.Cuidar la microbiota es fundamental porque cumple una función protectora. “Sirve como un blindaje inmunológico con origen gastrointestinal, que ayuda a responder frente a microorganismos hostiles y a mantener el equilibrio de las funciones digestivas”, añadió el especialista.Señales de alerta tras los excesos de comida y alcoholEl cuerpo suele enviar avisos claros cuando el intestino está sobrecargado. Prestar atención a estas señales permite actuar a tiempo y evitar que el malestar arruine las celebraciones:Distensión o dolor abdominal persistente.Cambios en la consistencia, color u olor de las heces.Aumento de gases o eructos.Alteraciones en la regularidad intestinal.Malestar digestivo tras el consumo de alcohol o comidas muy pesadas.Estos signos indican que el intestino necesita apoyo para recuperar su equilibrio.En una temporada donde los excesos son frecuentes, una de las opciones complementarias es el consumo de probióticos. Sin embargo, estos no reemplazan una consulta médica ni corrigen por sí solos los problemas digestivos asociados a una alimentación desordenada.“El punto clave es que no todos los probióticos sirven para lo mismo”, aclaró Cubillos. “Cepas como Saccharomyces boulardii se han estudiado para diarreas asociadas a antibióticos, mientras que Bacillus clausii se utiliza para ayudar a recuperar el equilibrio gastrointestinal”.A estas medidas se suman recomendaciones prácticas como moderar el alcohol, mantenerse bien hidratado, evitar la automedicación y conservar horarios relativamente estables. Con hábitos conscientes y un cuidado básico del intestino, es posible disfrutar las fiestas sin que los excesos pasen factura y comenzar el nuevo año con mayor bienestar.Recomendaciones para disfrutar fin de año sin malestarModerar el consumo de alcohol y comidas muy condimentadas o abundantes.Mantener horarios relativamente estables, incluso durante las celebraciones.Evitar la automedicación, especialmente de antiácidos y antibióticos.Hidratarse adecuadamente, sobre todo en viajes o climas cálidos.Incorporar probióticos como apoyo cuando existan antecedentes digestivos o cambios bruscos en la alimentación.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
Justo el día que los recicladores están realizando protestas en Bogotá, mostrando su inconformidad por un decreto, se conoció un auto de la Corte Constitucional que protege a esta población.En su decisión, el alto tribunal amparó los derechos a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital, al concluir que varias entidades del Distrito incurrieron en omisiones que afectan de manera directa las condiciones de vida y laborales de los recicladores.En ese sentido, la Corte le pidió a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expedir, a más tardar el 25 de enero de 2026, un acto administrativo de carácter transitorio para proteger los derechos de la población recicladora de oficio, mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.Incluso, la Corte Constitucional también exigió que las políticas públicas relacionadas con la gestión de residuos incorporen un enfoque diferencial, reconociendo el rol social, económico y ambiental que cumplen los recicladores, y evitando su tratamiento como trabajadores informales o marginales.En su cascada de órdenes, la Corte también le pidió a la Procuraduría estar vigilante del cumplimiento de estas órdenes.
En el marco de la campaña Viaje Seguro en esta Navidad, la Novena Brigada del Ejército Nacional instaló 21 puestos de control en los corredores viales del Huila para acompañar y garantizar la seguridad a propios y turistas durante la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año.Asimismo, en los municipios, en las principales vías y en los lugares turísticos hay presencia de 2.900 soldados y también del Gaula Militar, brindando orientación sobre eventuales casos de secuestro y extorsión a viajeros y conductores que por estos días visitan y salen del departamento.“En el marco de esta estrategia, tenemos instalados 21 puestos de control en los principales corredores viales del departamento en los que más de 720 soldados, articulados en 30 pelotones, se encuentran desplegados apoyando a los viajeros, en acciones de prevención, así como de reacción ante cualquier situación que pueda afectar la movilidad o la tranquilidad en la carretera”, dijo el coronel César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Agregó el oficial del Ejército Nacional que más de 1.000 hombres en 38 pelotones realizan patrullajes continuos y operaciones de control en áreas rurales en aquellas zonas, donde se han presentado problemas de orden público o casos de extorsión contra gremios de la región.Es importante mencionar que la dirección nacional de la Policía también envío 90 patrulleros hombres y mujeres que estarán fortaleciendo las estaciones de policía en los 37 municipios del Huila.
Con una inversión cercana a los $72 mil millones, el Gobierno nacional puso en operación la pista completamente modernizada del Aeropuerto Santiago Vila, una obra estratégica que fortalece la conectividad aérea del Tolima y dinamiza el desarrollo económico y turístico del centro del país.La infraestructura, entregada oficialmente el 14 de noviembre de 2025, cuenta ahora con una pista de 1.600 metros, que cumple los más altos estándares de seguridad operacional y permite la operación de aeronaves con mayor capacidad, pasando de aviones para 48 pasajeros a equipos de hasta 78 sillas.Según el Ministerio de Transporte, entre 2023 y 2026 se destinaron $71.914 millones para la modernización integral del aeropuerto, a través de un contrato por $53 mil millones, que incluyó el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje e infraestructura complementaria, así como la instalación de ayudas visuales e iluminación aeroportuaria.Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024 y, para garantizar la seguridad operacional, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones en febrero de 2025. En julio del mismo año reabrió con una pista parcial de 1.200 metros, hasta completar el alcance total del proyecto en noviembre, sin prórrogas ni adiciones presupuestales.Además del impacto en infraestructura, el proyecto generó 144 empleos, de los cuales 93 fueron ocupados por mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, población en condición de pobreza extrema y personas desplazadas, reflejando un componente social significativo.Actualmente, el Aeropuerto Santiago Vila mantiene operación comercial activa en la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, operada por Satena, con frecuencias semanales que fortalecen el turismo, el comercio y la integración regional.“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.De acuerdo con el plan maestro aeroportuario, el terminal aéreo presenta un alto potencial de crecimiento en la movilización de pasajeros, operaciones aéreas y carga, especialmente para el transporte de productos agrícolas y de comercio regional.Momento de tensión durante el acto oficialNo obstante, el evento de entrega estuvo marcado por un momento de tensión institucional. Durante su intervención, la ministra de Transporte afirmó que llegaba a “inaugurar” la nueva pista, mientras que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, y la alcaldesa de Flandes, Ana Judith Gamboa, pese a ser las autoridades anfitrionas del territorio, no fueron incluidas en el protocolo del acto, situación que generó comentarios entre los asistentes.“Este es un evento al que yo venía a hacer la inauguración de la ruta de Flandes. Sí, eso no le ponga misterio: estamos haciendo la inauguración de la ruta y de la pista para el servicio. Lo importante es lo que usted le entrega a los habitantes de cualquier municipio del país”, manifestó la ministra a Blu Radio.Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas aseguró: “Yo me siento súper bien trabajando por mi departamento. Seguiré trabajando por mi departamento de la mano de esta mujer alcaldesa, que lo está haciendo supremamente bien. Judith está trabajando por todas sus comunidades; yo también. Yo no me siento mal. Los que se pueden sentir mal son los que hacen sentir mal. Yo jamás hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí”.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aclaró el alcance del instrumento ambiental que regula el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), adelantado por la Policía Nacional, y reiteró que las actividades de aspersión terrestre cuentan con autorización vigente y están sujetas a seguimiento ambiental.Según informó la entidad, el programa tuvo inicialmente un Plan de Manejo Ambiental otorgado en 2001, el cual fue suspendido en 2015. Posteriormente, en diciembre de 2016, la Anla autorizó la erradicación mediante aspersión terrestre con glifosato utilizando técnicas como bombas de espalda, equipos estacionarios y la modalidad EATBAND, que corresponde al uso de drones.Esta autorización estableció que, para implementar la aspersión con drones, la Policía Nacional debe contar con un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.La Anla precisó que, en el marco de estas actividades, no es necesario expedir un nuevo instrumento ambiental dado que la autorización para las técnicas de aspersión terrestre se encuentra vigente. Una vez la Policía Nacional presente el aval del estudio de calibración y deriva, la autoridad ambiental verificará su cumplimiento antes del inicio de la modalidad EATBAND.En relación con las medidas de protección ambiental, la entidad recordó que en septiembre de 2025 actualizó, mediante seguimiento, el acto administrativo que respalda el programa. Esta actualización fortaleció las obligaciones ambientales, incluyendo la incorporación de áreas de exclusión como las zonas de producción de alimentos del sector agrícola, el ajuste de los límites permisibles de residuos de glifosato y su metabolito en el agua, la actualización del plan de contingencias y la inclusión de fichas de gestión social en el Plan de Manejo Ambiental.
Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la terminación de su participación en el proceso de negociación con el grupo armado ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), tras la exclusión de su representante, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, de la mesa de diálogo liderada por el Gobierno.Según el comunicado, la decisión se produjo después de una serie de desacuerdos con el jefe negociador de la mesa, Armando Novoa, quien apartó al delegado luego de que este expresara su rechazo a los atentados contra miembros del Ejército Nacional en Putumayo y solicitara que cualquier desmovilización del CNEB estuviera condicionada a la extradición del cabecilla Andrés Rojas, alias 'Araña', uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, estructura integrada a esa organización.Los militares retirados, que agrupan a 80 organizaciones en la denominada Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, sostuvieron que su participación en el proceso se dio en un marco de respeto, con asesoría técnica y jurídica, pero siempre bajo los principios de defensa de la institucionalidad y la legalidad. Sin embargo, denunciaron que su representante fue desconocido “inexplicablemente” por el equipo negociador del Gobierno, lo que los llevó a retirar su apoyo a los actuales acercamientos con ese grupo armado.En el comunicado, los militares retirados también expresaron seis preocupaciones frente al rumbo de los diálogos de la paz total, entre ellas: la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la falta de un marco jurídico claro, el riesgo de interferencia electoral en 2026, la ausencia de garantías reales de desarme y no repetición, el peligro de nuevas disidencias por el control de economías ilícitas y la impunidad frente a crímenes cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.La CNEB, considerada una escisión de la antigua Segunda Marquetalia, está compuesta por diferentes frentes y estructuras, entre ellas los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Sus principales cabecillas son Walter Mendoza (José Vicente Lesmes), jefe máximo y representante político del grupo; Andrés Rojas (alias 'Araña'), comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y Andrés Allende Perilla ('Allende'), líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se han identificado otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados a economías ilícitas y control territorial.Finalmente, los militares retirados reiteraron su compromiso con los procesos de reconciliación y diálogo “desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho”, pero advirtieron que no respaldarán negociaciones que se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos cometidos por estructuras armadas ilegales.
Las autoridades colombianas suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del autobús involucrado el 14 de diciembre en un accidente que dejó 16 menores de edad y al conductor del vehículo muertos al caer a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste).El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes que el autobús accidentado "no cumplió ni siquiera con el 20 %" de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.Por esa razón, la Superintendencia no solo suspendió por seis meses a la compañía Precoltur, sino también al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper, que fue la institución que emitió la revisión técnico-mecánica del autobús accidentado."La Superintendencia abrió una investigación para una próxima sanción tanto al CDA como a la empresa. Pero, de manera preventiva, se acaba de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones", expresó Piñeres en una rueda de prensa.Ante esta decisión, Precoltur señaló que "no ha sido notificada oficialmente de esta decisión" y recordó que desde el 15 de diciembre ha recibido en sus instalaciones a "las autoridades competentes" y ha entregado "toda la información solicitada"."Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados", agregó la empresa en un comunicado.El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, lugar donde los estudiantes se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.La Superintendencia, agregó Piñeres, ya empezó "a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus" y encontró "cosas bastante (...) terroríficas".
Un nuevo episodio de violencia en el Catatumbo obligó a 11 familias —unas 30 personas en total— a abandonar la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Las familias, que permanecían confinadas desde la semana pasada debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, tuvieron que desplazarse hacia Cúcuta para salvaguardar sus vidas.El confinamiento se produjo durante el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre, una situación que dejó a las comunidades rurales sin posibilidad de movilidad ni acceso a alimentos, salud o educación. La tensión en la zona sigue siendo alta, mientras persiste la disputa entre los grupos armados por el control del territorio y las rutas ilegales.La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, acompaña a las familias desplazadas y realiza seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral. En este momento, los afectados se preparan para recibir las primeras ayudas humanitarias que garanticen su alojamiento y alimentación temporal.La Defensoría reiteró su llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la población civil y cesen las acciones que siguen poniendo en riesgo la vida y la integridad de comunidades enteras en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
En la tarde de este lunes, 22 de diciembre, se confirmó que la senadora Paloma Valencia participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.Valencia había sido aceptada en esa coalición el pasado domingo en horas de la mañana, sin embargo, ella aseguró que antes de tomar una decisión debía hacer consultas con la militancia de su partido.En las últimas horas la senadora Valencia escuchó a diferentes militantes del Centro Democrático y habló con el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, tras estas conversaciones Valencia se decidió por ir a la consulta.¿Quiénes son los otros candidatos?En la Gran Consulta por Colombia hay otros seis candidatos, además de Valencia. Esta coalición la conforman también Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas.Los integrantes de esta coalición también se reunieron en las últimas horas con Juan Carlos Pinzón, quien también podría entrar a la consulta.
Los cementerios locales de Hobo y Algeciras, en el Huila, se encuentran al borde del colapso por falta de espacio en tierra y bóvedas para sepultar cuerpos, situación que ha obligado a las administraciones municipales a declarar la emergencia sanitaria.El secretario de Gobierno de Algeciras, Ferney Segura González, dijo que, ante la falta de espacio en el camposanto local, se iniciaron, a través de un decreto administrativo, exhumaciones de restos que llevan más de diez años sepultados en tierra, cumpliendo con los protocolos legales y de identificación.“El cementerio de Algeciras es una infraestructura que se encuentra saturada. Es un camposanto que tiene alrededor de 120 años de existencia, según registros de los libros que tenemos en la Alcaldía. Nosotros construimos nuevas bóvedas, pero ya están ocupadas; entonces, tuvimos que declarar la emergencia sanitaria, que nos permite iniciar por vía administrativa la exhumación de restos que tengan más de 10 o 12 años, para así liberar espacios en tierra y poder darle a la gente la posibilidad de inhumar a sus seres queridos”, expresó el funcionario de la Alcaldía de Algeciras.Entre tanto, el cementerio del municipio de Hobo también enfrenta la misma situación. Según la comunidad, para poder cumplir con el sepelio de una persona o de un ser querido, se ven obligados a liberar espacio en tierra exhumando restos con años de antigüedad.En efecto, el líder social y comunitario Freddy Andrade Betancourt, del municipio de Hobo, Huila, manifestó en diálogo con Blu Radio que este camposanto ha colapsado y actualmente no cuentan con espacio en tierra ni con bóvedas para darle cristiana sepultura a una persona que haya fallecido recientemente.“La situación en nuestro cementerio de Hobo es tan grave que no tenemos ni pasacalles para movilizarnos por dentro del camposanto. Las personas, cuando llevan a un ser querido para darle su último adiós, deben caminar por encima de las tumbas y de las cruces. Aprovecho para hacer un llamado urgente a las autoridades del municipio, del departamento y a la Iglesia católica para que busquen una solución al cementerio local”, concluyó el dirigente comunitario.
Un total de 86 comunidades wayúu en La Guajira ya cuentan con acceso seguro y continuo a agua potable, gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, una iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 30.000 habitantes y que, en su totalidad, impactará a más de 46.000 personas.El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mediante la rehabilitación de pozos, molinos y sistemas de tratamiento, así como la implementación de soluciones sostenibles como plantas de tratamiento y sistemas de energía solar en zonas rurales dispersas.El convenio contempla 91 intervenciones en comunidades priorizadas, de las cuales 86 ya fueron entregadas. Adicionalmente, se firmó un nuevo contrato que iniciará su ejecución en 2026, orientado a la prestación de servicios especializados de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de 45 nuevas intervenciones, en el marco del Plan Wüin Ülees.La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, destacó que el acceso al agua potable ha sido un eje central del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este convenio con Findeter es un avance en la consolidación de proyectos sostenibles que se materializan en acceso real al agua como derecho humano y fortalecen la apropiación comunitaria de la infraestructura”, afirmó.Con el trabajo articulado entre ambas entidades, se proyecta alcanzar 136 rehabilitaciones en comunidades indígenas, consolidando una transformación estructural que apunta a la justicia social y la equidad territorial en el norte del país.Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional con la garantía de derechos fundamentales. “Donde antes había abandono y sed, hoy hay agua potable, infraestructura y dignidad”, aseguró.Las obras se desarrollan en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, territorios con una profunda deuda histórica en acceso al agua. Un componente clave del proyecto ha sido la vinculación de cinco asociaciones indígenas como ejecutoras de obra, una articulación que ha permitido integrar el conocimiento ancestral con la asistencia técnica especializada, garantizando pertinencia cultural, sostenibilidad y arraigo comunitario.Al cierre del proyecto, La Guajira marcará un hito en materia de justicia hídrica y desarrollo sostenible, al ampliar de manera significativa el acceso al agua potable para miles de familias wayúu.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá diseñar un plan claro para la aplicación del decreto que regula el oficio del reciclaje en la capital, en medio de las protestas adelantadas por recicladores y carreteros, que han generado bloqueos y afectaciones a la movilidad.La Procuraduría formuló recomendaciones al alcalde Carlos Fernando Galán y dispuso la conformación de una Agencia Especial, mediante la asignación de un procurador judicial, con el fin de intervenir como garante constitucional y propiciar espacios de diálogo entre las partes involucradas.La actuación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se da en el contexto de la implementación del decreto distrital, cuyo objetivo es mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y regular el uso del espacio público.No obstante, la puesta en marcha de la norma ha derivado en congestión vehicular, restricciones en el transporte público, retrasos en la operación de TransMilenio, desvíos viales y dificultades para la circulación de peatones.Dentro de las recomendaciones formuladas a la administración distrital, la Procuraduría planteó la instalación de mesas de diálogo permanentes con representantes de recicladores y carreteros; la implementación de corredores de movilidad y ventanas de paso que eviten bloqueos totales de las principales vías; la adopción de un plan de aplicación gradual y pedagógica del decreto, con enfoque diferencial y social; y el fortalecimiento de los protocolos de atención a la protesta social, garantizando el respeto por los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.
En Colombia, vivir en unión libre con la pareja no significa quedar por fuera de las obligaciones legales que surgen durante y después de la convivencia. Así lo dejó claro la Corte Constitucional al pronunciarse sobre un tema que, con frecuencia, genera dudas cuando una relación termina y una de las partes queda en una situación económica compleja.En los últimos años se ha abierto el debate sobre si es posible solicitar una cuota alimentaria entre excompañeros permanentes. La respuesta de la Corte fue clara y marca un precedente importante para quienes compartieron años de vida en pareja sin haber contraído matrimonio. El alto tribunal reiteró que la unión marital de hecho también genera derechos y deberes, incluso después de la separación.Corte Constitucional aclara cuándo aplica la cuota alimentaria en unión libreDe acuerdo con la Sentencia T-372 de 2025, la Corte analizó el caso de una mujer que convivió con su pareja por más de dos décadas y con quien tuvo dos hijos. Tras la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable, mientras su expareja conservó estabilidad financiera. Frente a ese escenario, la Corte concluyó que, una vez demostrada la existencia de una unión marital de hecho, el excompañero que se encuentre en condiciones de debilidad puede solicitar una cuota alimentaria.El fallo recordó que la unión libre está protegida por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005, normas que reconocen derechos y deberes similares a los del matrimonio. La clave, según la Corte, está en probar que existió una convivencia estable y permanente por un período mínimo de dos años, lo que permite hablar de la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.Este pronunciamiento refuerza la idea de que el vínculo jurídico no depende únicamente de un acta o un contrato formal, sino de la realidad de la vida en común y del apoyo mutuo que caracterizó la relación.No se necesita escritura pública para reclamar derechos en unión maritalUno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la ausencia de una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia previa no puede convertirse en un obstáculo automático para negar una cuota alimentaria. La Corte fue enfática en señalar que los jueces no deben limitarse a revisar formalidades, sino analizar el caso de fondo y verificar si la unión existió en la práctica.Para demostrar la unión marital de hecho, se pueden presentar diferentes tipos de pruebas que acrediten la convivencia y el proyecto de vida en común, entre ellas:Testimonios de familiares, amigos o vecinos.Afiliaciones conjuntas al sistema de seguridad social.Registros civiles de los hijos en común.Documentos que evidencien convivencia, apoyo económico o administración conjunta del hogar.Publicaciones en redes sociales que reflejen una vida en pareja estable.Estos elementos permiten reconstruir la relación más allá de la ausencia de documentos formales y ayudan al juez a establecer si existió una verdadera unión libre.Ahora bien, la Corte también puso el foco en lo que ocurre después de la separación. No basta con probar que hubo convivencia; es necesario demostrar que una de las partes quedó en una situación de vulnerabilidad económica frente a la otra. Si se acredita que el excompañero tiene capacidad económica y que la ruptura afectó el mínimo vital de quien solicita la cuota, el juez puede ordenar el pago de alimentos a favor de la expareja.Eso sí, el fallo recordó que las acciones relacionadas con la sociedad patrimonial tienen plazos definidos. La Ley 54 de 1990 establece que la disolución y liquidación de dicha sociedad prescriben, por regla general, al año contado desde la separación definitiva. Un detalle clave que no se debe pasar por alto al momento de iniciar cualquier reclamación.
Son siete las personas que están siendo atendidas en puestos de salud y centros hospitalarios de Villavicencio tras presentar graves afectaciones médicas.La entrega de un plato de comida a población en condición de calle por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, terminó convirtiéndose en un grave problema de salud para estas personas.Dos horas después de consumir la lechona entregada por este desconocido, se presentaron desmayos y malestares estomacales en quienes ingirieron el alimento, por lo que fueron trasladados a puestos de salud y centros hospitalarios de la ciudad.Tres personas presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios. Las autoridades sanitarias realizan un barrido en centros clínicos para identificar si se registran más personas intoxicadas tras consumir este alimento.La secretaria de Salud de Villavicencio, Yaned Sierra, se pronunció al respecto: “Medicina Legal y la Policía están al frente de la investigación, porque aparentemente se trata de un caso que presenta indicios de haber sido premeditado”.Las autoridades no descartan un posible caso de envenenamiento contra habitantes de calle de esta zona, ya que la grave reacción en la salud de estas personas se debería, presuntamente, a intenciones premeditadas.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se declararía la emergencia económica y aseguró que los decretos se basarán en los mismos criterios que las comisiones negaron al hundir la reforma tributaria.El mandatario aseguró que su gobierno se endeudó para pagar la deuda de anteriores administraciones y también culpó al Banco de la República por sus decisiones sobre la tasa de interés. En la misma publicación, advirtió sobre una crisis económica si el poder judicial tumba el decreto que preparan y que, a la fecha, no ha sido publicado.“Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”.El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que esta declaratoria vía decreto ya fue firmada la semana pasada; sin embargo, el documento aún no ha sido publicado y, por ende, no ha entrado a regir. El presidente Gustavo Petro insiste en que afectará a los megarricos; sin embargo, lo que se conoce hasta ahora es que subiría el gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4x1000, al 5x1000 para 2026, y habría nuevos impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, así como a los cigarrillos y al tabaco.
La posible declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno Nacional sigue generando inquietud entre analistas y exfuncionarios del sector económico. Más allá del debate jurídico, el impacto real se sentiría en el bolsillo de los colombianos, en un contexto de inflación aún sensible y finanzas públicas presionadas.En entrevista con Blu Radio este 21 de diciembre de 2025, la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, explicó que las medidas que se estudian no solo tendrían efectos inmediatos sobre consumidores y empresas, sino que abrirían un precedente complejo en el manejo fiscal del país, especialmente de cara a 2026.En ese escenario, Soto fue directa al describir las consecuencias del decreto en discusión. “Lo primero es que a todos los colombianos se nos suben los impuestos”, advirtió, al señalar que el borrador conocido contempla un aumento inmediato del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del 4 por 1.000 al 5 por 1.000, encareciendo las transacciones del sistema financiero.Advierten más impuestos y presión sobre el bolsillo de los colombianosSegún la exfuncionaria, el impacto no se limitaría al GMF. También habría mayores cargas para personas naturales de altos ingresos mediante un nuevo impuesto al patrimonio, así como para empresas de sectores como hidrocarburos, carbón, licores y tabaco. “Son mayores precios que va a tener que pagar el consumidor y que se van a ver reflejados en presiones al alza de la inflación”, explicó.Soto subrayó que, aunque el objetivo sea cerrar un hueco fiscal, el efecto agregado sería un golpe al consumo y un aumento del costo de vida, en un momento en el que buena parte de la población aún enfrenta restricciones económicas.Emergencia económica: un precedente fiscal cuestionadoLa excodirectora también puso el foco en el precedente institucional. Para ella, acudir a una emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento envía un mensaje problemático. “No pasa la ley en el Congreso y entonces se saca por decreto. Es un precedente cuestionable para el manejo de las finanzas públicas”, afirmó.Desde su perspectiva, la negativa del Legislativo no constituye un hecho sobreviniente, sino una expresión normal de la autonomía de poderes. “Que el Congreso no apruebe lo que quiere el Ejecutivo no es una emergencia, eso es la democracia”, puntualizó.Soto también cuestionó la reciente colocación directa de deuda por 23 billones de pesos. “Es una decisión sin precedentes, atípica y con mucha opacidad”, dijo, al advertir que este tipo de operaciones generan desconfianza en los mercados y un costo reputacional para el país.A su juicio, el mayor daño podría no ser inmediato ni solo económico, sino institucional, afectando la credibilidad y la transparencia del mercado de deuda pública colombiano en el largo plazo.
Según datos de Migración Colombia, este año emigraron 174 connacionales con destino a Ucrania. De ellos, 75 argumentaron que viajaban por trabajo, mientras que el resto indicó motivos como turismo, residencia, eventos, estudios y negocios. Del total, 25 fueron mujeres y el resto, hombres entre los 30 y 38 años.Ucrania es uno de los destinos, junto con Sudán, donde el fenómeno de los mercenarios colombianos se ha convertido en un problema creciente. Desde el Congreso, el representante Alejandro Toro impulsó un proyecto de ley que ya pasó a sanción presidencial y que busca tipificar como delito esta práctica.“Son datos escabrosos. Unos 1.500 mercenarios en Sudán, con grupos paramilitares entrenando niños de 12, 13 y 14 años. Además, según información del sector funerario, están llegando entre 15 y 20 cuerpos por semana desde Ucrania, de colombianos que fallecen en ese conflicto”, aseguró el congresista.Toro denunció que las empresas que reclutan connacionales para combatir en guerras extranjeras convirtieron en un negocio la no repatriación de los cuerpos de quienes mueren en estas actividades, ya sea argumentando que no fueron encontrados o cobrando por la repatriación sin realizarla. Señaló, además, que no solo estarían llevando militares retirados, sino también médicos y enfermeros, a quienes entrenan entre 20 y 30 días antes de enviarlos a zonas de combate.La ley aprobada busca frenar estos casos. “Lo que creamos es un marco para que exista el delito, que es la principal dificultad que tenemos hoy en Colombia. Actualmente, cualquier empresa puede hacer financiamiento, entrenamiento y reclutamiento sin que tengamos herramientas para decir que eso es ilegal”, explicó.La Cancillería está respaldando esta iniciativa.
El Gobierno nacional anunció que en el transcurso de esta semana podría reanudarse la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, esta vez mediante aspersión terrestre controlada con drones, en zonas donde grupos armados ilegales estarían obligando a campesinos a sembrar hoja de coca.Si bien el anuncio ya se había hecho oficial el sábado por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, fue el ministro encargado de la cartera de Justicia quien confirmó que esta misma semana se retomaría esta práctica.Esto, luego del Consejo de Seguridad y Paz liderado por el presidente Gustavo Petro este fin de semana. Según explicó Idárraga, la medida busca intervenir exclusivamente en territorios donde se haya identificado coerción por parte de estructuras armadas y se aplicará bajo estrictos protocolos técnicos y ambientales.El ministro de Justicia (e) explicó que la aspersión se realizará a través de drones que operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre la planta, lo que permitirá una aplicación focalizada del químico directamente sobre la hoja de coca. De acuerdo con Idárraga, esta tecnología permitiría cubrir hasta una hectárea en aproximadamente 30 minutos, reduciendo riesgos para la fuerza pública, las comunidades cercanas y el medioambiente.Sobre el cronograma, el ministro afirmó que la autorización ambiental debería quedar en firme en los próximos días, lo que permitiría que la aspersión comience a más tardar entre jueves y viernes de esta semana, marcando así una nueva fase en la política antidrogas del país.Esta decisión del Gobierno nacional parte de la complicada situación de orden público que atraviesan varias regiones del país. En ese sentido, se espera que la erradicación con glifosato inicie en el Cauca.