La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante de la deforestación en Colombia, sino una actividad que se desarrolla posteriormente sobre áreas ya intervenidas y que puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje. Así lo afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con base en estudios de la FAO y el Ideam.De acuerdo con el dirigente gremial, la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales como el acaparamiento y la especulación de tierras, la apertura ilegal de vías, la débil gobernanza del uso del suelo, la colonización no planificada y la presencia de economías ilegales y conflictos armados.“Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”, indicó el presidente de Fedegán.Lafaurie explicó que los animales suelen ser introducidos después de la tala del bosque como una estrategia de ocupación del territorio, por lo que señala a la ganadería como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales conduce a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas.“Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles. Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales”, aseguró.El presidente de Fedegán también destacó que no toda la ganadería es igual y que los sistemas sostenibles y silvopastoriles permiten incrementar la cobertura de árboles, mejorar la conectividad ecológica, capturar carbono y aumentar la productividad por hectárea, reduciendo la presión sobre los bosques naturales.Asimismo, alertó que el crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la Amazonía y para los pueblos indígenas no contactados, debido al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala criminal, según informes de InSight Crime.“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación de Insight Crime.Desde hace más de 15 años, Fedegán impulsa iniciativas de ganadería sostenible. Entre ellas, un proyecto desarrollado en el Meta permitió la siembra de más de 20.000 árboles, la conservación de más de 4.200 hectáreas de bosque y la restauración de otras 662 hectáreas, demostrando que es posible producir y conservar al mismo tiempo.Actualmente, Fedegán y alrededor de 50 empresas del sector son firmantes de los acuerdos Cero Deforestación y respaldan el proyecto de ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca fortalecer la trazabilidad, garantizar la no deforestación y promover una transformación ambiental positiva del sector ganadero colombiano.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides entregó el balance de la actividad militar durante el 2025, esto en el marco de su salida por el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, donde anunciaba cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.Cubides aseguró que durante el presente año incrementó la ofensiva militar un 25% con respecto al 2024, donde las tropas del Ejército Nacional realizaron un total de 563 combates en todo el territorio nacional. También realizaron operaciones conjuntas, todas ellas conforme a lo establecido por la ley, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.En total, Cubides afirmó que ejecutaron 13.971 neutralizaciones de integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel. Dentro de estas neutralizaciones destacan: 1.806 del Clan del Golfo; 1.279 entre Estado Mayor Central (disidencias de Ivan Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de alias Calarcá); 433 del ELN y 361 de la Segunda Marquetalia (disidencias de Iván Márquez).Otros de los logros expuestos por Cubides fueron: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de estos grupos capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.
En un mensaje respondiendo a los comentarios del ex negociador de paz Humberto de la Calle en X, el mandatario aseguró que en principio se está comenzando con la recolección de firmas que durará tres meses y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”, escribió el presidente.Y agregó en otro aparte: “Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.El presidente Petro también explicó que los objetivos que busca con la constituyente, entre ellos lograr sacar adelante las reformas que se han hundido en el Congreso como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, además del impacto de la crisis climática en Colombia.“¿Que hará la constituyente? Los temas ya están en el proyecto de ley presentado:Propongo que se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
Las autoridades de salud del puerto petrolero emitieron un llamado urgente a la comunidad para evitar el uso de pólvora y acudir de inmediato a los centros asistenciales en caso de sufrir lesiones, ante el preocupante aumento de personas quemadas durante la actual temporada decembrina.De acuerdo con el reporte oficial, ya son tres los casos de personas quemadas en Barrancabermeja y más de 30 en todo el departamento de Santander, cifras que continúan en ascenso. La principal preocupación de las autoridades es que muchas de las personas lesionadas no están buscando atención médica de forma oportuna, por temor a sanciones económicas, lo que termina agravando su estado de salud.Así lo advirtió el secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva Camargo, quien explicó que recientemente se atendieron dos nuevos casos, un hombre de 48 años y una mujer de 22 años. En este último caso, la joven resultó lesionada el pasado 24 de diciembre, pero solo acudió a la IPS hasta el sábado, lo que complicó su condición, dado que se trató las lesiones en casa sin ningún control adecuado.“La recomendación principal es que, una vez se tenga una lesión, se dirijan inmediatamente a la IPS de la red donde están afiliados. Esto es indispensable para proteger la vida. En Barrancabermeja ya reportamos tres quemados adultos por pólvora”, señaló el funcionario.Las autoridades indicaron que los afectados presentan quemaduras de consideración, producto de la manipulación directa de pólvora, lesiones que requieren atención médica especializada para evitar complicaciones mayores. Por ello, insistieron en que la prioridad debe ser la salud y la vida, y no el temor a posibles sanciones, reiterando su compromiso con la prevención y la atención oportuna durante esta temporada.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recordó este domingo a la actriz y cantante Brigitte Bardot, fallecida los 91 años, y recordó que encarnaba "una vida de libertad" que aportó "un brillo universal a Francia"."Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo", dijo Macron en 'X'.Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación.La protagonista de 'Y Dios creó a la mujer' (1956), 'La verdad' (1960) y 'El desprecio' (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.Quedó para los anales el single 'J'ai t'aime... moi, non plus', grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y 'enfant terrible' de 'la chanson française' Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.
El papa León XIV advirtió de los "Herodes" en el mundo actual: los "mitos del éxito a cualquier precio, el poder sin escrúpulos, el bienestar vacío y superficial", durante su mensaje del rezo del ángelus dominical.Asomado a la ventana del palacio apostólico ante las miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense dedicó su mensaje a la huida de la 'Sagrada Familia' tras la orden de Herodes de matar a los recién nacidos."Mientras contemplamos con asombro y gratitud este misterio, pensemos en nuestras familias y en la luz que ellas también pueden aportar a la sociedad en la que vivimos. Lamentablemente, el mundo siempre tiene sus 'Herodes'", dijo.Se trata de "sus mitos del éxito a cualquier precio, del poder sin escrúpulos, del bienestar vacío y superficial, y a menudo, sufre las consecuencias con la soledad, la desesperación, con las divisiones y conflictos", alertó.Por ello pidió que las familias cristianas no dejen que "estos espejismos sofoquen la llama del amor en las familias cristianas"."Al contrario, protejamos en ellas los valores del Evangelio: la oración, la frecuencia a los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, los afectos sanos, el diálogo sincero, la fidelidad, el realismo sencillo y hermoso de las palabras y los gestos buenos de cada día".Y pidió la bendición "a nuestras familias y a todas las familias del mundo, para que, siguiendo el modelo de la familia de su Hijo hecho hombre, sean para todos un signo eficaz de su presencia y de su amor sin fin".
Más de 48 horas de cierre completa la vía Medellín - Urabá por los derrumbes que cayeron en varias partes del tramo. La concesión adelanta trabajos en la zona, mientras que unos 6.000 viajeros siguen con dificultades para llegar a los municipios de esta parte de Antioquia.Hasta las últimas horas de la noche de este sábado, la concesión Autopistas Urabá adelantó labores con maquinaria amarilla para habilitar la vía que conecta a la capital antioqueña con los municipios de esa zona del departamento, donde aunque ya se resolvieron la mayoría de los 14 deslizamientos que cayeron, persiste el cierre total específicamente en el sector de la Llorona, entre Mutatá y Dabeiba.Aunque los trabajos continúan esta mañana, viajar a la zona se ha convertido en toda una odisea, pues una de las pocas opciones que tienen las personas es un recorrido por Montería, con hasta nueve horas más de camino. Esto contaron algunos afectados desde la Terminal del Norte."Yo me dirijo para Apartadó y no hay tiquete, para enero me dicen y aquí estamos represados. He preguntado, irme por el lado de Montería y están cobrando 230,000 pesos", dijo una viajera."Me dicen que no hay porque están despachando los que ya están cobrados con anticipación", aseguró otra de ellas. "Por el problema de la vía nos tocó que hacer un cambio por Montería, pero ahora el viaje es más largo", indicó otro usuario.Por lo pronto, las vías alternas habilitadas son Medellín – Remedios – Caucasia –Montería – Urabá y Medellín –Yarumal – Caucasia – Montería – Urabá, así como la ruta conocida como la otra vía al mar, que conecta por Magdalena 2, Caucasia, Montería y Arboletes.
En desarrollo de operaciones militares, soldados de la Décima Cuarta Brigada, junto con la Policía Nacional, realizaron cinco diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, las cuales dejaron capturados a alias de 'Yupi' y 'Julián', los cuales tenían orden judicial y otro hombre en flagrancia. Además, en el procedimiento fue aprehendido un menor de edad.De acuerdo con las investigaciones, los capturados pertenecen a una estructura delincuencial al servicio del Clan del Golfo y serían los responsables del tráfico de estupefacientes y de homicidios selectivos en diferentes sectores del municipio. Asimismo, registran anotaciones judiciales por delitos como extorsión, homicidio, amenazas, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, entre otros.Al respecto se refirió el teniente coronel Germán René Martínez Campos, comandante del Batallón de Ingenieros Ferroviarios N.°56."Realizaron tres capturas por orden judicial y la aprehensión de un menor de edad en el barrio Los Naranjos y la Vereda Grecia, en el municipio de Puerto Berrío. Estas capturas se realizan afectando directamente la estructura pacificadora del Samaná del Clan del Golfo, directamente, el componente criminal focalizado, 'Los Porteños', que delinquen dentro de nuestra jurisdicción", indicó.Durante las diligencias las autoridades logró la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta Remington, un arma artesanal, 35 cartuchos, cinco proveedores, sustancias estupefacientes, tres teléfonos celulares y un radio de comunicaciones.Por lo pronto, estas personas deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
El sector minero colombiano cierra 2025 como uno de los más afectados de la economía nacional, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la caída de la inversión extranjera y una discusión pública adversa. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante una entrevista en El Radar de Blu Radio en la que analizó el balance del año y las perspectivas para 2026.Según Nariño, el año que termina “va a pasar a la historia como uno de los más retadores, si no el más difícil, para la minería y el sector extractivo”. El dirigente gremial aseguró que la conversación pública liderada desde el Gobierno se tradujo en decisiones concretas que impactaron negativamente al sector. “Esa conversación se convirtió en decretos, resoluciones, nuevos impuestos, y eso tiene efectos reales sobre la inversión y el empleo”, señaló.De acuerdo con el presidente de la ACM, la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana durante 2025, con una contracción cercana al 10% en lo corrido del año. “Detrás de esas cifras frías hay empleos, oportunidades perdidas, menos inversión y menos impuestos, justo cuando el país más los necesita”, enfatizó.2026, un año clave para el crecimiento económicoDe cara a 2026, Nariño considera que el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales para enfrentar los principales retos del país, entre ellos el equilibrio fiscal, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud. En ese contexto, afirmó que la minería puede jugar un papel clave. “Llegó el momento de apalancar el crecimiento económico y la generación de empleo con los recursos minerales que tiene Colombia, produciendo de manera responsable”, sostuvo.Minería ilegal y seguridad, una preocupación crecienteUno de los puntos más críticos abordados fue el avance de la minería ilegal, especialmente del oro. Nariño advirtió que este fenómeno está financiando a grupos armados y agravando la crisis de seguridad. “La extracción ilícita de minerales hoy está volviendo viable la guerra, porque la está financiando”, afirmó.Además, alertó sobre su impacto ambiental. “La minería ilegal es hoy el principal crimen ambiental en Colombia y está degradando ríos, parques naturales y territorios completos”, agregó.Recuperar la confianza del sector mineroSobre la recuperación del sector, Nariño reconoció que tomará tiempo, pero aseguró que existe disposición para invertir. “Se necesitan mensajes claros de que Colombia es un país abierto a la exploración y a la inversión minera”, indicó. Según el dirigente, proyectos en fases avanzadas podrían aportar hasta 13 billones de pesos en nuevas inversiones en los próximos tres años.Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, “el sector minero colombiano sigue dispuesto a trabajar por la recuperación económica y social que el país necesita”.Escuche la entrevista completa acá:
El presidente Gustavo Petro anunció una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares en un movimiento que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando militar.En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que desempeñaba el general López.En el Ejército Nacional, el presidente anunció el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, con este cambio salen el general Luis Emilio Cardozo y el general Erick Rodríguez.Para la Armada Nacional se mantiene como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sale de la cúpula el general Luis Carlos Córdoba.En su mensaje, Petro dedicó un apartado especial para agradecer la labor de los comandantes salientes. “Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, del general Luis Carlos Córdoba Avendaño y del general Luis Emilio Cardozo Santamaría”, expresó, al resaltar que estuvieron al frente de “grandes operaciones de las Fuerzas Militares” durante su periodo de mando.Entre los logros destacados, el mandatario subrayó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según explicó, allí “se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar”, un resultado que, dijo, permitió avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades de la presión del narcotráfico.El balance presentado por el presidente también incluyó cifras históricas en la lucha contra las drogas. De acuerdo con lo expuesto, bajo el liderazgo de la cúpula saliente, en 2025 se alcanzó un récord en incautación de cocaína. “Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”, afirmó Petro.En materia operativa, el jefe de Estado indicó que la ofensiva de las Fuerzas Militares se incrementó en un 27 % frente al año anterior y que se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles del narcotráfico. Asimismo, destacó que en el último año se incautó la mayor cantidad de armamento de la última década, fortaleciendo la capacidad de control territorial.El mandatario también resaltó el crecimiento del pie de fuerza, con un incremento del 6 % en los efectivos de la fuerza pública, en contraste con reducciones registradas en gobiernos anteriores. A esto se sumó la creación de nuevas capacidades operacionales, entre ellas ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un batallón antidrones, un batallón de ingenieros de ferrocarriles, un comando unificado de los Gaula y dos nuevas unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión.
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia podrían pagar mucho menos por la reconexión de telefonía, internet y televisión por suscripción, gracias al avance en la reglamentación de la Ley 2485 de 2025, una iniciativa impulsada por el senador Julio Alberto Elías.La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una ley regulatoria que establece topes máximos de 275 pesos para la reconexión de servicios móviles y de 1.981 pesos para servicios fijos, valores calculados con base en costos eficientes y muy por debajo de los cobros promedio actuales, que pueden llegar a 10.000 y 40.000 pesos.De acuerdo con el análisis técnico, económico y jurídico de la CRC, más del 90 % de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota, sin necesidad de desplazamientos físicos. El estudio concluyó que muchos de los cobros aplicados hasta ahora no estaban plenamente justificados en costos reales.La propuesta define con claridad qué actividades pueden incluirse en la tarifa de reconexión y excluye aquellas que no son indispensables para restablecer el servicio, evitando así que los usuarios asuman costos ajenos al proceso.El senador Julio Elías Vidal, autor y ponente de la Ley 2485, celebró el anuncio y aseguró que esta regulación protege a los usuarios frente a cobros desproporcionados.“La reconexión justa es ahora un derecho protegido por ley. Estos valores se aplicarán a partir del 16 de julio de 2026. La socialización del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026 para recibir observaciones de la ciudadanía y los operadores. Esta regulación garantiza que no se cobren tarifas desproporcionadas por un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en minutos”, afirmó a través de su cuenta de X.El senador destacó que los nuevos valores reflejan la realidad de un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en cuestión de minutos, por lo que los cobros son realmente excesivos.La consulta pública del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026, y los topes tarifarios entrarían en vigencia a partir del 16 de julio de 2026.
Las empresas comercializadoras de energía venían alertando por la deuda acumulada del Gobierno por subsidios a los estratos 1, 2 y 3, estimada en 2,8 billones de pesos. En medio de esta presión financiera, el Ministerio de Minas y Energía anunció medidas para devolver liquidez al sector y estabilizar el flujo de recursos.Durante la XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica de Asocodis, el ministro Edwin Palma informó que ya está operando el mecanismo de cesión de derechos de subsidios, que permite a las empresas adelantar los recursos que el Estado les debe. Según el funcionario, este esquema ya ha generado desembolsos cercanos a 300.000 millones de pesos, y las negociaciones podrían superar el tope de 600.000 millones autorizado para este proceso.Palma también anticipó que a comienzos de 2026 el Gobierno realizará un desembolso masivo de subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que ayudará a aliviar las presiones en caja y garantizar la prestación del servicio en todo el país.“Lo que no puede pasar es que siga aumentando el presupuesto del General de la Nación para destinarlos a subsidios de energía y por eso también recibimos esa propuesta precisamente de Asocodis, una iniciativa de regular vía decreto para reducir el uso de recursos públicos destinados a subsidios y que podamos tener una revisión por consumos”, indicó el ministro.El ministro hizo un llamado a revisar la forma en que se asignan los subsidios para evitar que el presupuesto nacional siga creciendo por encima de lo previsto. Además, reiteró que su “decisión política” es garantizar la seguridad energética del país, asegurando que no falte ni gas ni energía, pese a las limitaciones actuales.El ministro confirmó que la idea es que la reducción del gasto se haga con base en el consumo y sin afectar a los hogares más vulnerables.“No podemos permitir que el presupuesto siga asumiendo un gasto creciente. No se trata de quitar los subsidios a quienes los necesitan, sino de evitar que los reciban personas con capacidad de pago”, señaló Palma.El jefe de la cartera también anunció que la próxima semana se presentará un plan de choque para asegurar el suministro de gas a precios razonables.En cuanto a la transición energética, confirmó avances:2,4 gigavatios listos para conexión en la Costa Caribe.5,8 gigavatios que serán reasignados a proyectos en operación real.El ministro advirtió que las obras de expansión no se detendrán y que, si los operadores de red no las ejecutan, el Gobierno las subastará, con prioridad en la Costa Caribe.Decisiones sobre Air-e y regulaciónSobre la situación de Air-e, el jefe de cartera reiteró que tomará “decisiones políticas” para garantizar la continuidad del servicio en la región. Aseguró también que el problema con la compañía no solo es jurisdicción de la Costa Caribe sino de todo el país.“Todas las puertas están abiertas. No vamos a hacer nada que agrave la situación de las compañías de distribución ni que ponga en riesgo el sistema eléctrico”, concluyó.Por todo esto, Palma anunció que el Gobierno seguirá activo en la discusión regulatoria dentro de la CREG, revisando la metodología de comercialización y evaluando alternativas como la titularización de la opción tarifaria para subsanar las deudas con la empresa.
Con esta decisión, los PDET, creados para impulsar la transformación social y económica de las zonas más afectadas por el conflicto armado, tendrán continuidad hasta el año 2037. La iniciativa fue presentada por las curules de paz y recibió el respaldo mayoritario en el Senado.El director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, explicó que la prórroga busca garantizar la consolidación de los avances logrados y atender los retos pendientes. “Aunque se han logrado progresos como la reducción de la pobreza multidimensional en más de ocho puntos y el fortalecimiento institucional de alcaldías y gobernaciones PDET, aún falta camino para lograr una transformación estructural de los territorios”, señaló.Delgado resaltó que los municipios PDET abarcan más de un tercio del territorio nacional, concentran una alta presencia de población étnica y comunidades rurales, y poseen ecosistemas de gran valor ambiental. Según dijo, los próximos años serán clave para consolidar economías legales, mejorar la infraestructura local y fortalecer la gestión territorial.Por su parte, Diógenes Quintero, representante de la curul de paz del Catatumbo, indicó que la extensión permitirá que el Estado mantenga su presencia en los territorios y continúe los procesos de desarrollo iniciados. “Son diez años más de oportunidad para transformar las condiciones de vida de campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas”, afirmó.Con la aprobación de esta ley, los PDET contarán con una nueva fase de ejecución orientada a cerrar brechas sociales y económicas, fortalecer las instituciones locales y avanzar en la construcción de paz desde las regiones.
El Banco Agrario, sexto banco con más utilidades del país y la entidad pública con mayor volumen de activos, ha estado recientemente en el foco mediático por presuntas presiones internas relacionadas con la aprobación de créditos a empresas vinculadas con la familia Alcocer. La entidad es presidida por Hernando Chica Zuccardi, cercano al presidente Gustavo Petro y con una antigua amistad con Verónica Alcocer, quien promovió su llegada al banco en 2022. La primera dama y Chica, ambos nacidos en Sincelejo, comparten lazos familiares y políticos en Sucre.El origen de la controversia radica en la solicitud de créditos y un contrato de arrendamiento a favor de empresas de María Teresa Alcocer y su hermano Juan Carlos Alcocer. Aunque uno de los préstamos fue desembolsado, otros permanecen detenidos por el alto riesgo reputacional documentado por funcionarios del banco. En ese contexto, surgieron cuestionamientos sobre posibles vínculos del oficial de cumplimiento del SARLAFT con la familia Alcocer, tema que motivó su intervención pública.“No tengo relación con esa familia”: Gutiérrez respondeEn entrevista con Mañanas Blu, Alfredo Gutiérrez Cayón, oficial de cumplimiento del SARLAFT del Banco Agrario, negó cualquier parentesco o vínculo con la familia Alcocer o con empresarios del altiplano cundiboyacense. “Creo que los han atacado en su buena fe… mi familia es originaria del Guamo, Tolima, no tengo nada que ver con esa familia Gutiérrez”, afirmó. Añadió que está dispuesto a enviar sus registros civiles para despejar cualquier duda.Gutiérrez explicó que ingresó al banco tras un concurso de méritos en 2021. Aseguró que existe un homónimo —Alfredo Gutiérrez Méndez— que podría haber generado la confusión. “Todos los Gutiérrez no somos de la misma familia, es casi imposible”, dijo.Respecto al trámite de alertas sobre María Teresa Alcocer como PEP, el oficial enfatizó que se aplicó el protocolo usual: “A los PEP se les da un tratamiento estándar… es un proceso de conocimiento ampliado y autorización de alta gerencia”. También aseguró que, según las verificaciones del banco, la empresaria “no tiene imputación de ningún cargo ni investigaciones en firme”.Reserva legal y distancia con los clientesGutiérrez reiteró que los oficiales de cumplimiento nunca interactúan directamente con los clientes. “Nunca hablo con clientes… todo se hace a través del área comercial”, señaló, recordando que los detalles de las alertas están protegidos por reserva legal.El funcionario pidió finalmente que se rectifique la información sobre su origen familiar: “Mi papá está sorprendido… tengo unos primos que no conocía”, comentó.Con la aclaración, el Banco Agrario intenta disipar dudas en medio de una investigación que ha expuesto tensiones internas y alertas por riesgo reputacional.Escuche la entrevista completa acá:
Un nuevo choque institucional quedó expuesto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación por las versiones encontradas sobre el operativo, la captura y posterior liberación de integrantes de la disidencia de las Farc pertenecientes a la estructura de alias 'Calarcá', detenidos en Antioquia en julio de 2024.El ministro Pedro Sánchez aseguró que, durante el retén de 2024, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizaron la aprehensión por flagrancia y trasladaron a los detenidos al batallón del Ejército en Bello, Antioquia, donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Según dijo, la Fuerza Pública está obligada a capturar a cualquier persona sorprendida en flagrancia, incluso si cuenta con orden de captura suspendida. “Si la Fuerza Pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo. Esa es la orden constitucional, no es simplemente una decisión del ministro de Defensa. Nosotros debemos actuar contra la ilegalidad y hacerlo con total contundencia y acorde a la Constitución y la ley”, aseguró el ministro.El jefe de la cartera de Defensa aseguró que “las decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me competen”.El ministro también se refirió a las investigaciones sobre la presunta infiltración del general Huertas en estructuras de las disidencias. Aseguró que espera resultados rápidos para tomar “decisiones contundentes”, aunque advirtió que deben ser responsables y soportadas en pruebas. “No tendremos ninguna duda en aplicar la Constitución y la ley para combatir la ilegalidad. No la toleramos”, afirmó.La fiscal general, sin embargo, sostuvo una postura contraria y aclaró que la captura en estos escenarios solo procede cuando se configura flagrancia respecto de delitos de lesa humanidad, violaciones al Derecho Internacional Humanitario o graves infracciones a los derechos humanos. De lo contrario, la suspensión de órdenes de captura amparada en el proceso de paz continúa plenamente vigente.“Efectivamente, cuando este señor con su comitiva caen en el retén, ellos no están cometiendo ningún delito de lesa humanidad que permita reactivar vía flagrancia esa suspensión”, explicó. Según la fiscal, esta fue la razón por la cual alias 'Calarcá' no fue aprehendido y ha seguido participando en las conversaciones con el Gobierno. Recordó además que su directiva es posterior a los hechos del retén y que la interpretación aplicada responde a los criterios fijados por la Corte Constitucional.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, recibió el respaldo del Pacto Histórico, que la calificó como una respuesta necesaria ante una crisis que ya no podía atenderse por los mecanismos ordinarios del Estado. Además, la coalición aseguró que la emergencia cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.De acuerdo con el pronunciamiento del partido, la medida responde a una crisis fiscal estructural que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso. “Pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, señaló la coalición en su comunicado.El Pacto Histórico advirtió que la falta de tomar acciones habría puesto en riesgo inmediato la prestación de servicios públicos básicos y esenciales, así como la garantía de derechos fundamentales. Según el comunicado, sectores como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a víctimas y la seguridad ciudadana habrían enfrentado consecuencias irreparables y riesgos reales.Además, añadió que la medida es temporal y proporcional, no suspende derechos fundamentales y está sujeta al control de la Corte Constitucional, a la que pidió avalar la declaratoria, evaluando su procedencia y necesidad, teniendo en cuenta la rigidez normativa y la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para enfrentar la crisis.Por el momento, la Corte Constitucional evaluará la declaratoria de emergencia económica y social hasta el 13 de enero, fecha en la que finaliza la vacancia judicial.
El caso de Zulma Guzmán Castro sigue dando de qué hablar y mantiene en alerta a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las implicaciones judiciales que podría enfrentar la empresaria de 54 años. Para muchos, la preocupación gira alrededor de lo que ocurrirá con el futuro legal de quien es señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, un ataque que además dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados.La investigación, que hoy tiene en vilo a dos familias, activó una compleja ruta internacional para lograr su extradición desde el Reino Unido. De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, en caso de ser hallada culpable, Guzmán Castro podría enfrentar una de las condenas más altas contempladas en la legislación colombiana, lo que marcaría un precedente por la naturaleza del crimen y el uso de una sustancia altamente tóxica.¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Zulma Guzmán?Según documentos oficiales citados por la Fiscalía General de la Nación, la pena que podría enfrentar la empresaria, en caso de ser declarada culpable, oscilaría entre los 40 y 50 años de prisión. Las acusaciones son contundentes: homicidio agravado por la muerte de una menor de 14 años, tentativa de homicidio contra otras dos personas y el uso de talio, un elemento considerado altamente peligroso.En la práctica, una condena de ese calibre equivaldría a una cadena perpetua, teniendo en cuenta la edad de la procesada. La Fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y que se habría ejecutado mediante el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales fueron entregadas al apartamento de la familia Bedout, ubicado al norte de Bogotá, el pasado 4 de abril de 2025.Este elemento ha sido clave dentro del proceso, pues refuerza la tesis de una acción planeada y no de un hecho accidental, como inicialmente se intentó plantear en algunas versiones.Extradición desde Reino Unido y avances del proceso judicialLa captura de Guzmán Castro se produjo luego de una orden emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería. El pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas y, actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un hospital del sur de Londres, con vigilancia especial.Las autoridades confirmaron que fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A esto se suma que Interpol emitió alertas sobre sus movimientos previos en distintas ciudades del Reino Unido, lo que incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.El expediente sigue sumando capítulos. La investigación también revisa la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrida en 2021 y atribuida inicialmente a un cáncer. Las autoridades no descartan que ese fallecimiento esté relacionado con un posible envenenamiento con talio.El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, confirmó que existen comunicaciones avanzadas con Londres para concretar la extradición antes de finalizar el año. Mientras tanto, el caso continúa creciendo en complejidad y mantiene a la ciudadanía atenta a lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más largos y severos del país.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.
A través de un plan candado coordinado entre el Ejército y la Policía, lograron recuperar 22 toneladas de café seco que horas antes habían hurtado varios delincuentes a la altura del puente conocido como Paso del Colegio, en la vía principal que comunica a Neiva con el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.De acuerdo con la información de las autoridades, los asaltantes interceptaron el vehículo en el que se transportaba el café, amenazaron al conductor y luego huyeron con la carga hacia un paraje rural del municipio de Gigante, donde inicialmente hallaron el automotor sin la mercancía y, posteriormente, en una bodega encontraron los 506 bultos de café pergamino seco.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía del Huila, confirmó que los presuntos asaltantes fueron capturados custodiando las 22 toneladas de café al interior de una bodega. “En un trabajo coordinado con el Ejército logramos recuperar 22 toneladas de café que habían sido hurtadas por delincuentes en la vía La Plata–Neiva. Una vez fuimos alertados, implementamos el plan candado y, gracias al uso de la tecnología GPS, ubicamos el camión y luego, a siete kilómetros, en una bodega, encontramos el cargamento de café robado. En el operativo se capturaron dos personas”, señaló el oficial.Entre tanto, el café recuperado, que había salido del municipio de La Plata y está avaluado en más de 800 millones de pesos, será entregado a su propietario, mientras que los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de receptación.
Los alcaldes de las ciudades puertorriqueñas de Arecibo, Carlos Ramírez, y de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, junto al de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, acordaron este viernes presentar una iniciativa ante la Unesco para que la música salsa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.Así lo informaron los mandatarios tras reunirse en Cali, ciudad en la que el miércoles pasado comenzó la Feria de Cali, que abrió la tradicional festividad de fin de año con la presentación de más de 2.200 artistas en el Salsódromo.El ritmo latino de trompetas, pianos, percusión, congas, timbales y maracas ha hecho que Cali sea considerada la 'Capital Mundial de la Salsa', por lo que ahora busca que este género sea reconocido oficialmente por la Unesco."La salsa es mucho más que un género musical: es un marcador esencial de identidad, un legado compartido que ha acompañado la vida cotidiana, las celebraciones y las expresiones culturales de nuestras comunidades", afirmó hoy el alcalde de Arecibo.En ese contexto, los alcaldes también oficializaron que en 2026 se realizará en Cali la 'Ruta Americana de la Salsa' para integrar expresiones representativas de la identidad afrocaribeña y latinoamericana."Esta apuesta cultural no solo busca fortalecer nuestra identidad, sino dinamizar el turismo y generar oportunidades reales de empleo y desarrollo para todos los caleños", indicó el alcalde Eder.La primera Cumbre de Ciudades de la Ruta Americana de la Salsa será en septiembre del 2026, justo en el marco del Festival Mundial de Salsa, y se esperarán delegaciones de 20 ciudades del continente.La Ruta Americana de la Salsa impulsa la circulación de artistas, bailadores, investigadores y emprendedores culturales, al tiempo que fortalece la economía cultural de Cali, con una red que conecta ciudades de Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica y Colombia."Es un honor contar con el respaldo de dos ciudades emblemáticas de Puerto Rico en esta iniciativa, reafirmando que Cali es el epicentro de este género en la región", añadió Eder.Trabajo mancomunadoEn el marco de la alianza, se acordó realizar la postulación ante la Unesco y, de manera conjunta, elevarán su solicitud para que tenga resonancia internacional."Con esta transformación social y económica que tiene Cali, desde Ponce nos vamos a unir. Esta es una oportunidad única de crear esta alianza tan maravillosa que nos une como pueblo a nivel mundial", argumentó Sifre, alcaldesa de Ponce.En el marco de esta articulación continental, se enfatizó la colaboración coordinada con ciudades clave de Estados Unidos como Nueva York, Miami y Los Ángeles; del Caribe, entre ellas La Habana, Santiago de Cuba, San Juan, Ponce, Arecibo y Santiago de los Caballeros.También se sumarán, en América Latina, Ciudad de México, Veracruz, Panamá, Caracas, Lima, Callao, Guayaquil y Santiago de Chile, además de ciudades colombianas como Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín."Desde Arecibo nos unimos a Cali. Gracias por esa oportunidad que nos dan de trabajar en conjunto para elevar la salsa a nuevos niveles", manifestó el alcalde Ramírez.Lo anterior se suma a la firma de un acuerdo enfocado en la protección del ecosistema de la salsa, realizado en noviembre pasado en Arecibo durante el Festival Mundial de Culturas, en el que Cali fue reconocida como ciudad homenajeada."Cali tiene la mirada en el mundo y el mundo tiene la mirada puesta en Cali. Seguiremos sumando esfuerzos para demostrar que somos una capital reconciliada, salsera, pujante y rumbera", concluyó Eder.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento estatal a Colfuturo abrió un nuevo debate sobre las prioridades del gasto público en educación superior y formación de talento en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Isabel Londoño, fundadora de la entidad, aseguró que no fue informada previamente y conoció la medida a través de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la red social X.“Nadie me llamó, ni tampoco de Colfuturo. Yo solamente vi el comunicado que salió en la red social X y me enteré de lo que estaba pasando”, afirmó Londoño, quien subrayó que la discusión debe darse en un escenario de diálogo institucional. A su juicio, el país necesita sentarse a revisar cómo se distribuyen los recursos en educación. “Tenemos que redefinir cuáles son las prioridades del gasto público en educación (…) porque competimos por una canasta de recursos que es limitada”, señaló.Prioridades del Estado y cambio de contextoLa fundadora de Colfuturo explicó que el contexto nacional es muy distinto al de 1990, cuando se creó la entidad, en un ambiente de articulación entre el sector público y privado tras la Constitución de 1991. “Ese pensamiento que existía en 1990 es muy diferente al pensamiento que existe hoy. Las prioridades del gobierno han cambiado y la sociedad también ha cambiado”, sostuvo.No obstante, insistió en que cualquier conversación debe darse con respeto. “Esa conversación no puede empezar con agresiones ni con palabras ofensivas (…) tiene que ser una conversación de gente que quiere al país”, enfatizó.Impacto en empresas, Estado y jóvenesSobre los posibles efectos de la reducción de recursos, Londoño advirtió que los principales afectados serían las empresas y el propio Estado. “Las primeras perjudicadas van a ser las empresas y el gobierno colombiano porque necesitamos talento para desarrollar proyectos de infraestructura, tecnología, salud y educación”, afirmó.También destacó el papel de Colfuturo como incentivo para los jóvenes. “Colfuturo se volvió como una zanahoria al final del camino que permitía que la gente joven se esforzara y soñara con estudiar afuera”, dijo, recordando que la fundación fue creada originalmente para otorgar entre 300 y 500 apoyos anuales.Debate sobre equidad y becas en el exteriorFrente a las críticas por la composición socioeconómica de los beneficiarios, Londoño fue enfática en que los programas de posgrado en el exterior no están diseñados para redistribuir ingresos. “Pensar que con becas de posgrado en el exterior se puede hacer redistribución del ingreso es una demagogia”, aseguró, al explicar las barreras previas de acceso a la educación superior.Finalmente, expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para reemplazar el programa en el corto plazo. “Administrar un proceso de selección para un posgrado en el exterior es extremadamente complejo (…) es prácticamente imposible hacerlo en ocho meses”, concluyó.Escuche acá la entrevista completa: