Diciembre es sinónimo de primas, compras y retiros constantes de dinero en efectivo. Sin embargo, también se convierte en el mes preferido para los delincuentes, que aprovechan el afán y la congestión en los cajeros automáticos para vaciar cuentas bancarias. En medio del aumento de transacciones, una modalidad de hurto conocida como la “trampa del billete” volvió a encender las alertas de las autoridades y de las entidades financieras en todo el país.Este tipo de estafa, que no es nueva, suele pasar desapercibida entre los usuarios, especialmente en temporada de fin de año, cuando las filas son largas y la presión por retirar rápido juega en contra de la seguridad.Cómo funciona la estafa de la trampa del billete en cajerosDe acuerdo con lo revealedo por las autoridades, el engaño inicia cuando la persona llega a un cajero automático y nota un billete aparentemente atascado en la ranura por donde sale el efectivo. Al intentar retirarlo o manipularlo, el cajero presenta una falla, se bloquea o no entrega el dinero solicitado.En medio de la confusión, muchos usuarios optan por cancelar la transacción o se retiran del lugar creyendo que el retiro no se completó. Sin embargo, el billete fue colocado de manera intencional por los delincuentes para distraer a la víctima y dejar la sesión abierta. En cuestión de minutos, los estafadores regresan al cajero y realizan retiros sin necesidad de la tarjeta.Las autoridades advierten que este método es especialmente efectivo cuando la persona no espera el cierre total de la operación ni verifica que la sesión haya finalizado correctamente.Por qué diciembre es el mes con más riesgo de estafasLas entidades financieras han insistido en que esta modalidad se incrementa en diciembre debido al mayor flujo de dinero. El pago de primas, salarios y los gastos propios de la temporada hacen que las personas retiren sumas más altas y, en muchos casos, bajen la guardia por el afán, las largas filas o la congestión en los cajeros.A esto se suma que muchos usuarios no revisan de inmediato los movimientos de su cuenta, lo que permite que el fraude pase desapercibido durante varias horas. Además, los cajeros ubicados en vías principales o en zonas alejadas de oficinas bancarias suelen ser más vulnerables para este tipo de delitos.Recomendaciones para evitar la trampa del billeteLas entidades bancarias reiteran una serie de recomendaciones básicas para no caer en esta estafa:No tocar ni retirar billetes que sobresalgan del cajero.Cancelar completamente la operación ante cualquier anomalía.Retirar siempre la tarjeta antes de abandonar el cajero.Revisar de inmediato los movimientos de la cuenta.Preferir cajeros ubicados dentro de bancos o centros comerciales.Mantener la calma y seguir estas recomendaciones puede marcar la diferencia entre un retiro seguro y una pérdida innecesaria de dinero.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, reveló los datos que le entregaron desde la Cancillería sobre los costos de la embajada de Colombia en Arabia Saudita. Forero reveló que el costo mensual del canon de arrendamiento supera los 19.300 dólares."Por decisión unánime del comité se recomendó la opción presentada para la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, Villa Zona de Al Nuzha: valor del canon mensual USD 19.333,33, para un total anual de USD 232.000", dice el derecho de petición revelado por Forero.El representante a la Cámara revela estos datos en respuesta a un trino en el que la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegura que el presupuesto que le dio el Gobierno a la Defensoría para el 2026 es menor al solicitado y menor al asignado para el 2025."En diciembre nos notifican que no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas", dice Marín.Es por esto que el representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestiona las prioridades del Gobierno con la asignación de recursos."Mientras el presidente Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría, se gasta casi $1.000 M anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita. Cuesta entender las prioridades del Gobierno en medio de la emergencia económica", señala Forero.
El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que a partir de 2026 se hará efectivo el pago de una remuneración mensual a los estudiantes de medicina que cursan su año de internado obligatorio. De acuerdo con la entidad, los recursos permitirán cubrir un salario mínimo mensual y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud para más de 8.000 internos en todo el país.Según el comunicado oficial, para la vigencia 2026 se destinarán más de 200.000 millones de pesos, los cuales serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios. El Ministerio explicó que esta medida se enmarca en lo dispuesto por la reforma laboral, que modificó normas laborales y estableció el reconocimiento económico para los internos de medicina durante su práctica clínica obligatoria.Este anuncio se conoce en medio de las movilizaciones convocadas por estudiantes de medicina, quienes anunciaron un plantón en 17 ciudades del país este lunes 29 de diciembre. Los organizadores de la protesta han señalado que, aunque la reforma laboral contempla el pago a los internos, aún persiste la preocupación por la asignación presupuestal necesaria para garantizar estos recursos durante 2026.Recordemos que Andrés Salcedo, médico y promotor de las movilizaciones, indicó que la manifestación busca llamar la atención del Gobierno sobre la necesidad de asegurar de manera efectiva los recursos que permitan cumplir con lo establecido en la ley y evitar retrasos en los pagos a los estudiantes que realizan su internado médico obligatorio.
El almirante Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares, luego del nombramiento del general Hugo López como nuevo comandante. A su salida, el almirante destacó el sacrificio, la vocación de servicio y la unidad operacional de soldados, marinos y aviadores que integran la institución a lo largo y ancho del país.Cubides aseguró que su paso por el comando general estuvo marcado por el orgullo de liderar a hombres y mujeres que, incluso en los rincones más apartados del país, custodian la soberanía y velan por la seguridad de los colombianos. “Fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, afirmó el oficial, al tiempo que agradeció el esfuerzo incansable del personal militar y el respaldo de sus familias.El almirante resaltó que los resultados operacionales alcanzados durante su gestión no obedecen al liderazgo de una sola persona, sino al trabajo conjunto y a la valentía de toda la Fuerza Pública. “Los colombianos reconocen su entrega, su coraje, su compromiso y su disciplina”, señaló, subrayando que ese sacrificio constituye la columna vertebral de la institucionalidad del país.Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la importancia de la conjuntez como pilar estratégico. Cubides agradeció de manera especial a los generales y almirantes de la cúpula militar saliente por haber creído en el trabajo articulado entre las fuerzas. Según indicó, esa unidad de criterio y de acción permitió enfrentar con éxito los desafíos más complejos que amenazan la estabilidad de Colombia.En su despedida, el oficial naval extendió un mensaje directo a la nueva cúpula militar que asume el mando, a la que deseó éxito y sabiduría en la conducción de la institución. “Queda en sus manos el tesoro más grande de Colombia: sus soldados, marinos y aviadores”, expresó, al tiempo que los instó a preservar el legado de honor y disciplina.“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Servir a Colombia ha sido el mayor honor de mi vida. Tengo la plena certeza de que nuestras Fuerzas Militares que a partir de ahora serán lideradas por el señor general Hugo López, seguirán siendo el bastión que sostiene la patria, firmes en la defensa de la soberanía, la paz y la esperanza de cada hogar colombiano”, indicó.Cubides también hizo un llamado a todo el personal de las Fuerzas Militares para continuar trabajando por la paz, manteniendo la mística, la convicción y el compromiso con la defensa de la democracia, las instituciones y el pueblo colombiano. “Sigan siendo los guardianes de la soberanía nacional”, enfatizó.Finalmente, el almirante se despidió asegurando que, aunque deja el cargo, el servicio a la nación no termina. “El compromiso con Colombia jamás acaba”, concluyó, cerrando su gestión con un mensaje de gratitud, admiración y reconocimiento hacia quienes continúan portando el uniforme de la Patria.
Las preocupaciones en el municipio de Anorí no solo pasan por el complejo panorama de seguridad que viven hace varios meses y que ha generado homicidios, desplazamientos y confinamientos. La misma problemática ahora también está afectando la inversión social.Así lo denunció el alcalde de esta localidad, Gustavo Silva, quien expresó su inquietud por la invasión que persiste de unas 300 familias de un predio en el sector Las Lomas, cerca a la Plaza de Ferias, donde está planeado construirse una pista de patinaje.Para esta obra la Gobernación de Antioquia ya tiene destinados 6.200 millones de pesos, que podrían perderse en caso de no ser ejecutados ante la negativa de estas personas provenientes del sector Anorí Dos Bocas para retirarse del lugar, reconociéndose como víctimas de desplazamiento forzado.El mandatario aseguró que tienen conocimiento sobre muchas personas que no requieren de un terreno y en muchos casos ni siquiera son del municipio."Nosotros que somos de acá del pueblo sabemos la realidad. Cuando hablo de realidad es que hay personas que tienen su casa, hay personas que tienen sus fincas, hay personas que habitan aquí en el pueblo, hay personas que no son ni del municipio, personas que no tienen esa condición de desplazados", indicó.De igual manera, Silva comentó la preocupación latente sobre la disponibilidad de recursos para la obra que, según reveló, solicitarán a la administración departamental que puedan continuar asegurando."Hemos pedido a la Gobernación que nos sostenga los recursos hasta el otro año, a ver si logramos llegar a algún acuerdo. En caso, el gobernador ya determinará si más adelante, al no lograr nada, ya tomen otra decisión con ese dinero, pero esperamos que la Gobernación nos lo está respetando en este momento", aseguró. Hay que recordar que sobre el terreno en disputa ya a inicios de octubre la Secretaría de Seguridad de Antioquia había ofrecido una recompensa de 1.000 millones de pesos para identificar a los promotores de esta acción ilegal, sobre la que no se descartó que estuvieran detrás las disidencias de las Farc.
En un mensaje respondiendo a los comentarios del ex negociador de paz Humberto de la Calle en X, el mandatario aseguró que en principio se está comenzando con la recolección de firmas que durará tres meses y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”, escribió el presidente.Y agregó en otro aparte: “Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.El presidente Petro también explicó que los objetivos que busca con la constituyente, entre ellos lograr sacar adelante las reformas que se han hundido en el Congreso como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, además del impacto de la crisis climática en Colombia.“¿Que hará la constituyente? Los temas ya están en el proyecto de ley presentado:Propongo que se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
Un nuevo golpe contra el hurto de automotores dio la Policía Nacional en las vías de Santander, al capturar en flagrancia a dos hombres y recuperar una volqueta que había sido robada en Medellín. El operativo se desarrolló en el kilómetro 24 de la vía Bucaramanga hacia Pamplona, en el sector de La Corcova, jurisdicción del municipio de Tona.La acción policial fue adelantada por uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte de Santander, quienes realizaban labores de control vial cuando le hicieron señal de pare a una volqueta de placas WFZ-508, modelo 2014. El vehículo era conducido por un hombre de 42 años, quien viajaba en compañía de otro sujeto de 55 años.Durante la verificación de documentos y antecedentes, los uniformados notaron una actitud sospechosa y nerviosa en ambos ocupantes.Ante las inconsistencias, las autoridades establecieron contacto con el propietario registrado del automotor, quien confirmó que la volqueta había sido hurtada recientemente en la ciudad de Medellín. De inmediato, los dos ocupantes fueron capturados por el delito de receptación y el vehículo quedó bajo custodia de las autoridades.Los capturados y el automotor recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Bucaramanga, donde se adelantarán las audiencias correspondientes para definir su situación judicial.El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó el resultado del operativo y aseguró que este procedimiento envía un mensaje contundente a las bandas delincuenciales.“No permitiremos que nuestras vías sean utilizadas para el tránsito de elementos ilegales. Seguiremos garantizando la seguridad de los transportadores y de todos los colombianos, especialmente en esta temporada de fin de año”, señaló.La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea 123 o de la línea contra el crimen 314 358 7212.
A un mes de conocerse el fallo definitivo, los empresarios turísticos de Guatapé se pronunciaron públicamente para manifestar su preocupación frente a la decisión judicial que ordenó suspender las operaciones en los helipuertos del Hotel Los Recuerdos y Punto Piedra, ubicados en este municipio de la zona de embalses. El Consejo de Estado concluyó que los vuelos superaban los límites de ruido permitidos en áreas de uso residencial.Según los operadores, la medida compromete directamente el sustento de cientos de personas que dependen, de forma directa e indirecta, de esta actividad turística, y podría derivar en el cierre de las dos empresas afectadas. Así lo expuso el empresario Juan Esteban Posada, quien se refirió a la problemática."En este momento son dos empresas las que hay que cerrar, el E-Tours y el Sky. Son más de 300 familias las que se van a ver afectadas, gente que se va a quedar sin empleo. Y esto no solo afecta a las empresas, afecta directamente a la comunidad. Que nosotros somos los que hacemos los traslados de pacientes en estado crítico y en emergencias, en toda la región de Embalses, en Guatapé", indicó. Aseguran, además, que el fallo no consideró los procesos adelantados durante más de cuatro años para cumplir con la normativa ambiental y aeronáutica vigente, por lo que según explicaron, trabajaron de manera coordinada con entidades como la Aeronáutica Civil, Cornare y la Alcaldía de Guatapé, adoptando medidas como la mitigación del ruido, ajustes en las rutas aéreas y la reducción de los horarios de operación.Como parte de esos compromisos, los vuelos turísticos se realizaban únicamente entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde. Posada cuestionó la forma en que se realizaron las mediciones de ruido y aseguró que estas deben hacerse bajo criterios técnicos adecuados.“Si se pone el micrófono al lado del helicóptero, obviamente va a marcar alto, lo mismo que pasaría con un bus o un camión. Pero en las viviendas no se genera afectación, y eso ya está comprobado con estudios”, afirmó.Posada agregó que análisis recientes sobre mitigación de ruido, desarrollados con el apoyo de una empresa alemana, indican que los niveles de decibeles registrados en las viviendas se encuentran dentro de los límites permitidos para zonas residenciales. “Lo que se está haciendo es una injusticia con el turismo de Guatapé y con estas empresas”, sostuvo.Aunque la decisión judicial ya quedó en firme, los empresarios hicieron un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para abrir espacios de diálogo que permitan evaluar alternativas como la reubicación de las operaciones o una transición gradual. Insisten en que el propósito es evitar un impacto económico mayor sobre el turismo local y proteger el empleo de las familias que dependen de esta actividad.
Sala de Prensa presenta una edición especial este domingo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, un espacio para analizar la actualidad nacional e internacional desde la historia, la política, el humor y la cultura, con miradas críticas y reflexivas sobre un año marcado por tensiones, narrativas mediáticas y cambios sociales.Hernán Olano, historiador y experto en derecho canónico: explicó el origen histórico y religioso del Día de los Inocentes, desde las Saturnales romanas hasta la conmemoración bíblica de los niños asesinados por Herodes. Analizó el renovado interés de los jóvenes por la espiritualidad, los símbolos religiosos y las nuevas canonizaciones.Gabriel Cifuentes, analista político: cuestionó el Consejo de Ministros televisado, al que calificó como una “inocentada política” que dejó al descubierto las fracturas internas del Gobierno. También advirtió sobre la debilidad de la oposición y la aparición de candidaturas con propuestas económicas poco viables.Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington: analizó el significado cultural del April Fools en Estados Unidos y cómo Donald Trump volvió a sacudir la agenda global con anuncios sobre aranceles y deportaciones. Comentó además el impacto de la inteligencia artificial en la política y la sociedad estadounidense.Daniel Samper Ospina, periodista y humorista: habló del éxito de su show Petroverso y de cómo los errores y frases del poder se han convertido en materia prima del humor político. Reflexionó sobre el humor como una forma de resistencia frente a la solemnidad del discurso oficial.Luis Carlos Rueda, experto en cine y entretenimiento: recomendó las producciones más destacadas del año en cine y series. Analizó las tendencias del consumo audiovisual y el papel de las plataformas de streaming en la industria cultural.Escuche el programa completo aquí:
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante de la deforestación en Colombia, sino una actividad que se desarrolla posteriormente sobre áreas ya intervenidas y que puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje. Así lo afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con base en estudios de la FAO y el Ideam.De acuerdo con el dirigente gremial, la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales como el acaparamiento y la especulación de tierras, la apertura ilegal de vías, la débil gobernanza del uso del suelo, la colonización no planificada y la presencia de economías ilegales y conflictos armados.“Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”, indicó el presidente de Fedegán.Lafaurie explicó que los animales suelen ser introducidos después de la tala del bosque como una estrategia de ocupación del territorio, por lo que señala a la ganadería como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales conduce a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas.“Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles. Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales”, aseguró.El presidente de Fedegán también destacó que no toda la ganadería es igual y que los sistemas sostenibles y silvopastoriles permiten incrementar la cobertura de árboles, mejorar la conectividad ecológica, capturar carbono y aumentar la productividad por hectárea, reduciendo la presión sobre los bosques naturales.Asimismo, alertó que el crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la Amazonía y para los pueblos indígenas no contactados, debido al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala criminal, según informes de InSight Crime.“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación de Insight Crime.Desde hace más de 15 años, Fedegán impulsa iniciativas de ganadería sostenible. Entre ellas, un proyecto desarrollado en el Meta permitió la siembra de más de 20.000 árboles, la conservación de más de 4.200 hectáreas de bosque y la restauración de otras 662 hectáreas, demostrando que es posible producir y conservar al mismo tiempo.Actualmente, Fedegán y alrededor de 50 empresas del sector son firmantes de los acuerdos Cero Deforestación y respaldan el proyecto de ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca fortalecer la trazabilidad, garantizar la no deforestación y promover una transformación ambiental positiva del sector ganadero colombiano.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides entregó el balance de la actividad militar durante el 2025, esto en el marco de su salida por el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, donde anunciaba cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.Cubides aseguró que durante el presente año incrementó la ofensiva militar un 25% con respecto al 2024, donde las tropas del Ejército Nacional realizaron un total de 563 combates en todo el territorio nacional. También realizaron operaciones conjuntas, todas ellas conforme a lo establecido por la ley, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.En total, Cubides afirmó que ejecutaron 13.971 neutralizaciones de integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel. Dentro de estas neutralizaciones destacan: 1.806 del Clan del Golfo; 1.279 entre Estado Mayor Central (disidencias de Ivan Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de alias Calarcá); 433 del ELN y 361 de la Segunda Marquetalia (disidencias de Iván Márquez).Otros de los logros expuestos por Cubides fueron: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de estos grupos capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
El más reciente Índice Global de Pasaportes (Global Passport Index) de 2025, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions (GCS), reveló que varios países de América Latina han logrado avances significativos en la clasificación mundial, entre ellos Colombia, que actualmente se ubica en el puesto 75.La medición analiza 200 países y sus documentos de viaje a partir de tres criterios: movilidad, calidad de vida e inversión. Aunque Suecia encabeza el ranking global y Europa domina nueve de los diez primeros lugares, la región latinoamericana muestra un desempeño en ascenso.¿En qué posición queda Colombia?Según el índice, el pasaporte colombiano se ubica en el puesto 75, con acceso sin visa a 84 países, incluyendo Alemania, Francia, Hong Kong, Andorra, Kosovo, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Antigua y Barbuda. En estos destinos, los colombianos pueden ingresar sin necesidad de adelantar trámites previos o con visa a la llegada.Sin embargo, todavía requieren visa para entrar a cerca de 37 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Australia, Afganistán y Brunéi.GCS destacó que la región continúa mostrando resiliencia y una mejora sostenida en los últimos años. Chile se mantiene como el país latinoamericano mejor ubicado, en el puesto 47, seguido por Brasil (50), Argentina (51) y Uruguay (54).“La región latinoamericana continúa demostrando resiliencia y una mejora gradual, respaldada por pasaportes de rendimiento medio a alto. Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan como los países latinoamericanos que más han escalado respecto de la edición de 2021”, señaló Laura Madrid, investigadora principal de la Unidad de Inteligencia Global de GCS.Europa lidera y Estados Unidos caeEl listado también evidencia cambios importantes a nivel global. Suecia ocupa el primer lugar en 2025, y Estados Unidos registra una caída histórica: ha descendido del primer al puesto 14 en apenas cuatro años, una baja que GCS atribuye a la polarización política y a políticas migratorias cada vez más restrictivas.
En las últimas horas se conoció que, hasta este momento, el Ministerio de Defensa no ha remitido a la Contraloría, la información solicitada por el ente de control sobre el polémico contrato por más de 16 billones de pesos para la compra de 17 aviones de combate Gripen, con la multinacional sueca Saab.El argumento del Ministerio para no haber enviado la documentación dentro de los plazos establecidos por la Contraloría, es que se trata de información amparada por reserva legal, “secreta y ultrasecreta por motivos de seguridad y defensa nacional”.Adicionalmente, el ministerio de Defensa le solicitó a la Contraloría el nombre propio de las personas que van a tener acceso a dicha información, para “garantizar su reserva y asegurar el traslado de la misma” a la sede del ente de control, además de pedir una “mesa de trabajo” para responder a las inquietudes frente al contrato con Saab.Finalmente, la reunión con el fin de adelantar la mesa de trabajo se realizará el próximo 4 de diciembre en la Sede de la Contraloría y será liderada por el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien estará con el equipo de la Fuerza Aérea y de la Dirección de Contratación Estatal que adelantaron la compra de los aviones Gripen.La Contraloría le ha respondido al Ministerio de Defensa que tiene toda la capacidad para asegurar la reserva de la información relacionada con el contrato y se declaró lista para llegar a acuerdos adicionales en la reunión del jueves de la próxima semana.Llama la atención el contraste de lo que dice el ministerio de Defensa sobre el carácter reservado y de información secreta y ultrasecreta que cobija el contrato para la compra de los aviones Gripen, con las peticiones públicas que ha hecho el presidente Gustavo Petro para que se revele todo su contenido: en una alocución llevada a cabo el pasado 19 de noviembre, Petro dijo: “he pedido que se publiquen todos los datos de los contratos, porque ha habido una avalancha de esa información”, mientras que en su cuenta en la red social X, dijo el 23 de noviembre: “no hay problema en que se conozcan todos los datos del contrato con Gripen”.Escuche aquí la noticia:
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a una declaración de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien afirmó no tener información sobre la presunta infiltración en el Gobierno a través del general Juan Miguel Huertas y del director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.La fiscal también señaló que dicha información tampoco estaba en poder de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, sino únicamente en una fiscal de Medellín.“Yo lamento que la Policía Judicial, que en este caso es la Dijín, que probablemente advirtió la existencia de esa información, no la haya alertado ni informado para poder actuar más rápidamente, y no por conducto de una filtración, como efectivamente ha sucedido”, dijo Camargo.En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que nunca conoció la información de la Dijín ni de la Fiscalía en Antioquia. “Esperaron 16 meses para entregarla, pero a la prensa. Si fuese cierta la información, se hubiera reaccionado de inmediato. Ahora esperamos que se valide o no la información en prensa mediante métodos científicos”, escribió.Estas declaraciones evidencian un cambio de postura del mandatario, quien inicialmente aseguró que la información era falsa y defendió al general Huertas y al director de la DNI, Wilmar Mejía. Ahora señala que esperará los resultados de las investigaciones para tomar decisiones.En otro trino, el presidente lanzó además una advertencia a las disidencias de Calarcá, en caso de comprobarse que usaron el proceso y las negociaciones de paz para delinquir.“Las disidencias de Iván Mordisco, miembro de la junta del narcotráfico, están bajo ataque; y las disidencias que llevan negociación sin cese al fuego, si se comprueba que usaron el proceso para delinquir, recibirán el mismo tratamiento”, afirmó Petro.
La principal crítica de la senadora Angélica Lozano radica en que esta reforma tributaria busca cubrir un presupuesto que fue aprobado de manera "inflada y real". Según la congresista, el hueco del presupuesto es significativamente mayor a los $16 billones de pesos que se esperan recaudar con la tributaria. Cifras del Comité Autónomo de Regla Fiscal han demostrado que este déficit podría superar los $40 billones de pesos.Ante esta situación de endeudamiento, que la senadora describe como estar "al gotagota internacional" y viviendo de "avances de tarjetas de crédito," el gobierno se ha negado a "apretarse el cinturón". Lozano señaló que cuando una familia o empresa enfrenta una crisis, debe parar el derroche y reducir el gasto, algo que el gobierno se rehúsa a hacer, manteniendo el gasto suntuario y los eventos, sin voluntad de austeridad.Para la senadora, la deuda nacional es tan grave que, actualmente, para un banco es más rentable comprar deuda a la nación que prestarle a un microempresario o un ciudadano, debido a las tasas altísimas que el gobierno está pagando.Doble impuesto a los ahorradoresLa senadora Lozano desmintió la idea de que la reforma no afectará a la clase media. Argumentó que los impuestos a sectores como el licor o los bancos se trasladarán de inmediato a los ciudadanos, ya sea a través de las tarifas de los servicios financieros o el precio final de los licores.Uno de los puntos más controvertidos es el castigo al ahorro. Lozano enfatizó que la reforma busca clavar un doble impuesto a los Certificados de Depósito a Término (CDTs), castigando al ciudadano que se sacrifica y se priva de gastos para ahorrar 2, 3 o 20 millones de pesos. "Si usted ahorra, pague," ironizó la senadora sobre la medida, catalogándola como contraproducente.La senadora explicó el mecanismo de la votación conjunta que se llevará a cabo en la tarde. Hay varias ponencias, incluyendo una positiva (del gobierno, posiblemente con modificaciones) y ponencias negativas (que buscan archivar el proyecto).El proceso favorece potencialmente el archivo del proyecto gubernamental:1. Para que se apruebe una ponencia de archivo, es necesario que las cuatro comisiones (casi 100 integrantes) voten sí por mayoría, una por una, lo cual es improbable dado que "el gobierno domina la cámara".2. Para que se hunda la ponencia positiva del gobierno, solo se necesita que una sola comisión la niegue.La senadora Lozano confirmó que en la Cuarta Comisión del Senado votará negativo, lo que podría ser el escenario posible para hundir el proyecto, ya que basta con el rechazo de una comisión para que la ley de financiamiento no prospere.Escuche aquí la entrevista:
El sector minero colombiano cierra 2025 como uno de los más afectados de la economía nacional, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la caída de la inversión extranjera y una discusión pública adversa. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante una entrevista en El Radar de Blu Radio en la que analizó el balance del año y las perspectivas para 2026.Según Nariño, el año que termina “va a pasar a la historia como uno de los más retadores, si no el más difícil, para la minería y el sector extractivo”. El dirigente gremial aseguró que la conversación pública liderada desde el Gobierno se tradujo en decisiones concretas que impactaron negativamente al sector. “Esa conversación se convirtió en decretos, resoluciones, nuevos impuestos, y eso tiene efectos reales sobre la inversión y el empleo”, señaló.De acuerdo con el presidente de la ACM, la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana durante 2025, con una contracción cercana al 10% en lo corrido del año. “Detrás de esas cifras frías hay empleos, oportunidades perdidas, menos inversión y menos impuestos, justo cuando el país más los necesita”, enfatizó.2026, un año clave para el crecimiento económicoDe cara a 2026, Nariño considera que el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales para enfrentar los principales retos del país, entre ellos el equilibrio fiscal, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud. En ese contexto, afirmó que la minería puede jugar un papel clave. “Llegó el momento de apalancar el crecimiento económico y la generación de empleo con los recursos minerales que tiene Colombia, produciendo de manera responsable”, sostuvo.Minería ilegal y seguridad, una preocupación crecienteUno de los puntos más críticos abordados fue el avance de la minería ilegal, especialmente del oro. Nariño advirtió que este fenómeno está financiando a grupos armados y agravando la crisis de seguridad. “La extracción ilícita de minerales hoy está volviendo viable la guerra, porque la está financiando”, afirmó.Además, alertó sobre su impacto ambiental. “La minería ilegal es hoy el principal crimen ambiental en Colombia y está degradando ríos, parques naturales y territorios completos”, agregó.Recuperar la confianza del sector mineroSobre la recuperación del sector, Nariño reconoció que tomará tiempo, pero aseguró que existe disposición para invertir. “Se necesitan mensajes claros de que Colombia es un país abierto a la exploración y a la inversión minera”, indicó. Según el dirigente, proyectos en fases avanzadas podrían aportar hasta 13 billones de pesos en nuevas inversiones en los próximos tres años.Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, “el sector minero colombiano sigue dispuesto a trabajar por la recuperación económica y social que el país necesita”.Escuche la entrevista completa acá:
El presidente Gustavo Petro anunció una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares en un movimiento que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando militar.En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que desempeñaba el general López.En el Ejército Nacional, el presidente anunció el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, con este cambio salen el general Luis Emilio Cardozo y el general Erick Rodríguez.Para la Armada Nacional se mantiene como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sale de la cúpula el general Luis Carlos Córdoba.En su mensaje, Petro dedicó un apartado especial para agradecer la labor de los comandantes salientes. “Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, del general Luis Carlos Córdoba Avendaño y del general Luis Emilio Cardozo Santamaría”, expresó, al resaltar que estuvieron al frente de “grandes operaciones de las Fuerzas Militares” durante su periodo de mando.Entre los logros destacados, el mandatario subrayó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según explicó, allí “se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar”, un resultado que, dijo, permitió avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades de la presión del narcotráfico.El balance presentado por el presidente también incluyó cifras históricas en la lucha contra las drogas. De acuerdo con lo expuesto, bajo el liderazgo de la cúpula saliente, en 2025 se alcanzó un récord en incautación de cocaína. “Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”, afirmó Petro.En materia operativa, el jefe de Estado indicó que la ofensiva de las Fuerzas Militares se incrementó en un 27 % frente al año anterior y que se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles del narcotráfico. Asimismo, destacó que en el último año se incautó la mayor cantidad de armamento de la última década, fortaleciendo la capacidad de control territorial.El mandatario también resaltó el crecimiento del pie de fuerza, con un incremento del 6 % en los efectivos de la fuerza pública, en contraste con reducciones registradas en gobiernos anteriores. A esto se sumó la creación de nuevas capacidades operacionales, entre ellas ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un batallón antidrones, un batallón de ingenieros de ferrocarriles, un comando unificado de los Gaula y dos nuevas unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión.
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia podrían pagar mucho menos por la reconexión de telefonía, internet y televisión por suscripción, gracias al avance en la reglamentación de la Ley 2485 de 2025, una iniciativa impulsada por el senador Julio Alberto Elías.La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una ley regulatoria que establece topes máximos de 275 pesos para la reconexión de servicios móviles y de 1.981 pesos para servicios fijos, valores calculados con base en costos eficientes y muy por debajo de los cobros promedio actuales, que pueden llegar a 10.000 y 40.000 pesos.De acuerdo con el análisis técnico, económico y jurídico de la CRC, más del 90 % de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota, sin necesidad de desplazamientos físicos. El estudio concluyó que muchos de los cobros aplicados hasta ahora no estaban plenamente justificados en costos reales.La propuesta define con claridad qué actividades pueden incluirse en la tarifa de reconexión y excluye aquellas que no son indispensables para restablecer el servicio, evitando así que los usuarios asuman costos ajenos al proceso.El senador Julio Elías Vidal, autor y ponente de la Ley 2485, celebró el anuncio y aseguró que esta regulación protege a los usuarios frente a cobros desproporcionados.“La reconexión justa es ahora un derecho protegido por ley. Estos valores se aplicarán a partir del 16 de julio de 2026. La socialización del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026 para recibir observaciones de la ciudadanía y los operadores. Esta regulación garantiza que no se cobren tarifas desproporcionadas por un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en minutos”, afirmó a través de su cuenta de X.El senador destacó que los nuevos valores reflejan la realidad de un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en cuestión de minutos, por lo que los cobros son realmente excesivos.La consulta pública del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026, y los topes tarifarios entrarían en vigencia a partir del 16 de julio de 2026.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, recibió el respaldo del Pacto Histórico, que la calificó como una respuesta necesaria ante una crisis que ya no podía atenderse por los mecanismos ordinarios del Estado. Además, la coalición aseguró que la emergencia cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.De acuerdo con el pronunciamiento del partido, la medida responde a una crisis fiscal estructural que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso. “Pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, señaló la coalición en su comunicado.El Pacto Histórico advirtió que la falta de tomar acciones habría puesto en riesgo inmediato la prestación de servicios públicos básicos y esenciales, así como la garantía de derechos fundamentales. Según el comunicado, sectores como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a víctimas y la seguridad ciudadana habrían enfrentado consecuencias irreparables y riesgos reales.Además, añadió que la medida es temporal y proporcional, no suspende derechos fundamentales y está sujeta al control de la Corte Constitucional, a la que pidió avalar la declaratoria, evaluando su procedencia y necesidad, teniendo en cuenta la rigidez normativa y la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para enfrentar la crisis.Por el momento, la Corte Constitucional evaluará la declaratoria de emergencia económica y social hasta el 13 de enero, fecha en la que finaliza la vacancia judicial.
El caso de Zulma Guzmán Castro sigue dando de qué hablar y mantiene en alerta a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las implicaciones judiciales que podría enfrentar la empresaria de 54 años. Para muchos, la preocupación gira alrededor de lo que ocurrirá con el futuro legal de quien es señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, un ataque que además dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados.La investigación, que hoy tiene en vilo a dos familias, activó una compleja ruta internacional para lograr su extradición desde el Reino Unido. De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, en caso de ser hallada culpable, Guzmán Castro podría enfrentar una de las condenas más altas contempladas en la legislación colombiana, lo que marcaría un precedente por la naturaleza del crimen y el uso de una sustancia altamente tóxica.¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Zulma Guzmán?Según documentos oficiales citados por la Fiscalía General de la Nación, la pena que podría enfrentar la empresaria, en caso de ser declarada culpable, oscilaría entre los 40 y 50 años de prisión. Las acusaciones son contundentes: homicidio agravado por la muerte de una menor de 14 años, tentativa de homicidio contra otras dos personas y el uso de talio, un elemento considerado altamente peligroso.En la práctica, una condena de ese calibre equivaldría a una cadena perpetua, teniendo en cuenta la edad de la procesada. La Fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y que se habría ejecutado mediante el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales fueron entregadas al apartamento de la familia Bedout, ubicado al norte de Bogotá, el pasado 4 de abril de 2025.Este elemento ha sido clave dentro del proceso, pues refuerza la tesis de una acción planeada y no de un hecho accidental, como inicialmente se intentó plantear en algunas versiones.Extradición desde Reino Unido y avances del proceso judicialLa captura de Guzmán Castro se produjo luego de una orden emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería. El pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas y, actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un hospital del sur de Londres, con vigilancia especial.Las autoridades confirmaron que fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A esto se suma que Interpol emitió alertas sobre sus movimientos previos en distintas ciudades del Reino Unido, lo que incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.El expediente sigue sumando capítulos. La investigación también revisa la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrida en 2021 y atribuida inicialmente a un cáncer. Las autoridades no descartan que ese fallecimiento esté relacionado con un posible envenenamiento con talio.El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, confirmó que existen comunicaciones avanzadas con Londres para concretar la extradición antes de finalizar el año. Mientras tanto, el caso continúa creciendo en complejidad y mantiene a la ciudadanía atenta a lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más largos y severos del país.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.