La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registraron un evento sísmico de magnitud considerable que fue sentido en varios departamentos del país, especialmente en el nororiente. El movimiento telúrico, que tuvo lugar a las 02:05 hora local, alcanzó una magnitud de 5.0, según el boletín preliminar emitido por la entidad.El epicentro se localizó en una de las zonas con mayor recurrencia sísmica del mundo: el departamento de Santander. Históricamente, esta región alberga el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado principalmente bajo el municipio de Los Santos. De acuerdo con el SGC, el temblor se sintió en: Santander, Antioquia, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico, Casanare.A pesar de la intensidad del movimiento, que generó alarma en edificios altos y zonas residenciales, las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciaron de inmediato el protocolo de verificación en los municipios cercanos al epicentro. Hasta el momento, los reportes de los cuerpos de socorro y bomberos locales no indican daños estructurales graves ni víctimas humanas, aunque se mantiene el monitoreo por posibles réplicas.Temblor en México hoyMientras tanto, en México se sintió otro temblor, bastante fuerte pues su magnitud fue de 5.3, al punto que muchos ciudadanos salieron a las calles. La presidenta Claudia Sheinbaum, minutos después del sismo envió un mensaje de tranquilidad en su cuenta de X: “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”.Sismo en HondurasComo un complemento a la actividad tectónica de la jornada, el SGC también informó sobre un evento sísmico internacional ocurrido apenas una hora antes del temblor en Colombia.A las 01:08 hora local (correspondiendo al huso horario de Centroamérica), se registró un fuerte sismo en Cuyamel, Honduras. Este movimiento tuvo una magnitud de 5.2 y, a diferencia del evento colombiano que suele ocurrir a profundidades intermedias en Santander, este fue de carácter superficial (menor a 30 kilómetros).La profundidad superficial del sismo en Honduras implica que la energía liberada se siente con mayor rigor en la zona del epicentro, afectando potencialmente a comunidades en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, así como zonas fronterizas con Guatemala. La fuente de esta información fue el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), procesada y difundida por el SGC dentro de sus protocolos de vigilancia regional.Contexto geológico y medidas de prevenciónLa coincidencia de estos dos eventos en la misma madrugada subraya la complejidad tectónica de la región. Mientras Colombia se encuentra en el punto de interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, Centroamérica es influenciada por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe.El Servicio Geológico Colombiano recuerda que el país es sísmicamente muy activo, por lo que este tipo de eventos son esperados. La información proporcionada en los boletines iniciales es de carácter automático y está sujeta a cambios tras la revisión técnica definitiva. Se recomienda a la ciudadanía:Mantener la calma: Los sismos no se pueden predecir, pero la preparación reduce el riesgo.Asegurar objetos: Revisar que cuadros, estanterías y lámparas estén bien sujetos para evitar caídas durante movimientos telúricos.Fuentes oficiales: Seguir únicamente los reportes del SGC y de los organismos de respuesta locales para evitar la desinformación.
Una mujer de 42 años resultó gravemente herida luego que un disparo de mortero cayera al parecer de manera accidental sobre su vivienda durante el desarrollo de ejercicios en polígono en el batallón de entrenamiento de la Novena Brigada del Ejército del municipio de La Plata en el occidente del Huila.Tan pronto se presentó el incidente, soldados enfermeros de la unidad militar se desplazaron al lugar de los hechos, donde le brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada. Posteriormente fue llevada al hospital departamental San Antonio de Padua de La Plata donde recibió atención médica.Por la gravedad de las heridas fue necesario su traslado en helicóptero por parte del Ejército hasta el hospital universitario de Neiva, donde es atendida por especialistas y sometida a cirugía de ortopedia.El Ejército explica la situaciónEn desarrollo de un ejercicio de instrucción y entrenamiento en polígono de mortero realizado en las instalaciones del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 9, con sede en el municipio de La Plata, Huila, se presentó un incidente que ocasionó afectaciones a una vivienda cercana a la unidad militar y que dejó como resultado heridas a una mujer, habitante del sector.Una vez conocido el hecho, unidades militares se desplazaron de manera inmediata al lugar, donde brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada y posteriormente la trasladaron al hospital municipal, donde recibió atención médica y posteriormente trasladada vía aérea a la ciudad de Neiva e ingresada al Hospital Universitario.El Comando de la Novena Brigada ordenó de manera inmediata la apertura de las investigaciones correspondientes, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y esclarecer plenamente lo sucedido.Así mismo, el Ejército Nacional ordenó el desplazamiento de una comisión inspectora conformada por un equipo interdisciplinario, la cual se trasladará a la unidad para adelantar el proceso investigativo y adoptar las medidas administrativas y operacionales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente.La unidad militar ha dispuesto todo el apoyo institucional, así como el acompañamiento permanente a la persona afectada y a su núcleo familiar.
El sindicato del SENA, Sinsindesena, está denunciando que el director general de la entidad, Jorge Londoño Ulloa, estaría actuando como "jefe de debate" del Pacto Histórico y otros partidos como la alianza verde. Según la denuncia, los directores regionales del SENA, en los centros de formación profesional estarían constriñendo a algunos funcionarios y buscando que hagan campaña por unos partidos políticos en especial."En los Centros de Formación Profesional del SENA de la región Caribe, Pacífica, Andina, Amazonía, Orinoquia e Insular, los ordenadores del gasto, algunos coordinadores misionales y académicos más un representante de cada partido político quienes ejercen la función de "testigos electorales" están constriñendo al sufragante, al momento de requerirle los documentos éstos personajes nefastos le verifican la filiación política sin importarle la experiencia, conocimiento y los años de vida que han entregado a la institución lo único que les interesa son los guarismos, de ahí que están exigiendo cuarenta (40) votos verificables a los contratistas para aprobarle el contrato de prestación de servicios vigencia 2026", señala el sindicato en un comunicado.Además señalan que habría contratistas que llegaron por "recomendación política" y estarían teniendo ingresos que superan la tabla de honorarios."Caso puntual un técnico y un tecnólogo sin recomendación politiquera honorarios de $2.300.000 y el mismo técnico y tecnólogo con recomendación politiquera $2.900.000 y hasta $3.150.000 con el agravamiento que este último es una corbata", se lee en la denuncia.Además en algunos casos, en los Centros de Formación Profesional, estarían disminuyendo los honorarios a los contratistas."Sinsindesena, tiene información que saldrán una cifra significativa de los Centros de Formación Profesional del SENA, entre las cuales están los contratistas amparados por el retén social con condición de vulnerabilidad y estado de debilidad manifiesta, como consecuencia de la complicidad del doctor Jorge Londoño Ulloa, director general del SENA", dice el sindicato.
El Ministerio de Transporte denunció graves fallas en el reporte de información tarifaria del transporte intermunicipal de pasajeros en el país. Tras revisar los datos correspondientes al último trimestre de 2025, la entidad detectó que la mayoría de las empresas no ha cumplido con la obligación legal de informar sus tarifas y estructuras de costos, un requisito que es clave para garantizar transparencia y proteger a los usuarios.De las 519 empresas habilitadas para operar cerca de 16.000 rutas en el territorio nacional, solo 52 han reportado la información exigida, lo que representa apenas el 10 % del total.Ante esto, la Superintendencia de Transporte prepara un requerimiento masivo y urgente dirigido a todas las empresas habilitadas, con el fin de exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones de reporte, como parte de las labores de control y vigilancia que buscan frenar posibles abusos en el cobro de pasajes intermunicipales.“Las empresas entrarán en un proceso de revisión e investigación por parte de la Superintendencia. Estas medidas son muy importantes para proteger a los usuarios del servicio de transporte intermunicipal además algunos mandatarios locales y ciudadanos y ciudadanas nos han solicitado abrir estos procesos de reconocimiento e investigación”, contó la ministra María Fernanda Rojas.Finalmente, el Gobierno habilitó un módulo público en la página web de la Superintendencia de Transporte, donde la ciudadanía podrá consultar desde cuándo ha reportado cada empresa y cuál era la tarifa registrada en ese momento.Esta investigación inicia luego de que el Ministerio de Transporte también instara a las empresas del sector, como a TransMilenio, a no aumentar significativamente sus tarifas por el incremento del salario mínimo.
La compra de Groenlandia por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podría ascender a hasta los 700.000 millones de dólares, según un análisis de expertos reportado por la cadena NBC News. La estimación fue elaborada por académicos y exfuncionarios estadounidenses debido a la aspiración de Trump de adquirir la isla ártica, un territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional frente al avance de China y Rusia en el Ártico. Las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia descartaron que la isla esté a la venta, mientras que Trump no descarta el uso de la fuerza militar para controlar ese territorio, en el que viven 56.000 personas. La estimación de 700.000 millones de dólares supone más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos, detalló la NBC. Otra opción sobre la mesa, según la misma cadena, sería un pacto de libre asociación con Groenlandia, como los que tiene Estados Unidos con las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia, por el que Washington daría asistencia financiera a la isla a cambio de permitirle mayor presencia de seguridad en ese territorio. La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas. Aunque Rasmussen calificó la discusión de franca y constructiva, admitió que no ha podido cambiar la postura de Washington y anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para seguir las conversaciones. Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.
La Lotería de Manizales volvió a ser protagonista en el inicio de 2026 tras la realización de su sorteo número 4938, llevado a cabo el miércoles 14 de enero, una jornada que renovó la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones del país.En esta edición, el tradicional juego de azar dejó múltiples ganadores y una amplia distribución de premios, reafirmando su vigencia dentro del panorama de las loterías colombianas y su impacto social gracias al respaldo que brinda a programas de salud.Premio Mayor del sorteo 4938El Premio Mayor de la Lotería de Manizales correspondió al número 6379 de la serie 023, con una bolsa principal de $2.600 millones, consolidándose como el premio más destacado de la jornada.Premios secos del sorteo 4938Además del premio principal, el sorteo incluyó una completa estructura de premios secos, lo que amplió de forma significativa las posibilidades de ganar para los participantes:Gana Siempre (sin serie) – $1.500.000Número: 61432 secos de $300 millones5916 – Serie: 230 – Despachado a: Bogotá1671 – Serie: 254 – Despachado a: Popayán3 secos de $200 millones5217 – Serie: 1424470 – Serie: 2281061 – Serie: 0045 secos de $100 millones7916 – Serie: 3347847 – Serie: 1425070 – Serie: 2820036 – Serie: 0724395 – Serie: 01610 secos de $80 millones4724 – Serie: 1539054 – Serie: 3100852 – Serie: 3265477 – Serie: 2019079 – Serie: 0394965 – Serie: 1795066 – Serie: 0874450 – Serie: 1310012 – Serie: 0791519 – Serie: 00910 secos de $60 millones5287 – Serie: 3295848 – Serie: 1406684 – Serie: 1434909 – Serie: 0907490 – Serie: 1664557 – Serie: 0030805 – Serie: 1193649 – Serie: 1933899 – Serie: 2940563 – Serie: 32310 secos de $50 millones2295 – Serie: 0429364 – Serie: 1483024 – Serie: 3076914 – Serie: 3105330 – Serie: 0282817 – Serie: 0028063 – Serie: 1741079 – Serie: 2748212 – Serie: 1445046 – Serie: 27210 secos de $40 millones5725 – Serie: 3249842 – Serie: 0877868 – Serie: 1168296 – Serie: 2919107 – Serie: 1151668 – Serie: 2486234 – Serie: 1192640 – Serie: 3441325 – Serie: 2466473 – Serie: 220Horario y verificación de resultadosLos sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar en fechas especiales. La entidad recomienda verificar siempre los resultados a través de sus canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.Valor del billete y la fracciónBillete completo: $12.000Fracción: $3.000Cada compra representa no solo una oportunidad de ganar, sino también un aporte directo al financiamiento de programas de salud en Colombia, fortaleciendo el carácter social de este histórico sorteo.Con más de un siglo de trayectoria, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como un símbolo de confianza, tradición y respaldo institucional, manteniéndose entre las loterías más reconocidas y seguidas del país gracias a su constancia y atractivo plan de premios.
Un agente federal de inmigración disparó el miércoles contra un venezolano en Mineápolis, informaron las autoridades municipales, que pidieron "mantener la calma" una semana después de que otros oficiales migratorios causaran la muerte a una estadounidense en esa misma ciudad.El jefe de policía local, Brian O'Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche."Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto", explicó en una rueda de prensa. El ciudadano venezolano sufrió una lesión en la pierna que no puso en peligro su vida y fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales.Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, muriera en su auto el 7 de enero por disparos de un agente del ICE durante una redada contra migrantes también en Mineápolis.Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña."Entendemos que hay enojo (...). Mineápolis vuelve a exigir que ICE abandone la ciudad y el estado (Minnesota) de inmediato", escribieron las autoridades de esa ciudad del Medio Oeste en la red social X.O'Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que "un inmigrante ilegal de Venezuela" fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto.El agente "realizó un disparo defensivo para proteger su vida", e hirió en la pierna al primer individuo. Las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE."Esto no es sostenible", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a los periodistas, y añadió: "Tenemos agentes del ICE por toda nuestra ciudad y por todo nuestro estado que, junto con la Patrulla Fronteriza, están creando el caos"."Este no es el camino que deberíamos seguir ahora mismo en Estados Unidos", insistió. En un video publicado el miércoles en redes sociales, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció "el caos, la interrupción y el trauma que el gobierno federal está descargando sobre nuestra comunidad". Describió interrogatorios puerta a puerta realizados por agentes de ICE "armados, enmascarados y con poca capacitación".
La República Islámica de Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas, una medida tomada para detener las protestas que sacuden el país desde hace 19 días.Se trata del mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.Muchos iraníes no comparten esa justificación: “Cortan internet cada vez que van a matar gente”, dice un vecino de Teherán.“Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre”, alegó este vecino.El corte de las comunicaciones comenzó el jueves pasado por la tarde cuando dejó de funcionar el acceso al internet global, las llamadas de teléfonos internacionales y los SMS internos.Al mismo tiempo se produjo un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en la capital con policías y antidisturbios en cruces y circulando por las calles en motos.Dentro de Irán solo era posible acceder a una intranet interna del país con acceso a medios estatales y servicios locales. Se podían realizar llamadas locales y en algunas jornadas éstas también quedaban bloqueadas durante unas horas por la tarde y noche, cuando se producían las protestas.En estas circunstancias no funcionan las aplicaciones de VPNs, que permiten saltarse la censura que impone el Gobierno iraní a internet y necesarias para usar Whatsapp, X o Instagram, redes sociales que han espoleado las protestas en el pasado.Esta situación se prolongó hasta el martes por la mañana, cuando volvieron a operar las llamadas internacionales, pero solo de salida.Ahora continúa cortado el acceso al internet global y los SMS, y la única manera de conectar con el exterior es realizar llamadas internacionales.No es la primera vez que Irán corta las comunicaciones con el exterior para detener protestas.Sucedió en 2019 cuando estallaron unas protestas por la subida de los precios del combustible y Teherán cortó el internet durante tres días en los que murieron 350 personas en la represión, según Amnistía Internacional.Pero en aquella ocasión solo se cortaron los SMS por las tardes y noches y continuaron funcionando las llamadas internacionales.En las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico se produjeron cortes parciales de internet por zonas por las tardes y noches durante meses para tratar de desactivar unas movilizaciones en las que murieron unas 550 personas.En los tres últimos días no se han producido nuevas protestas y las autoridades iraníes no dan cifras de víctimas civiles, solo reconocen que “ha habido muchos muertos”.Del número de efectivos de las fuerzas de seguridad si tienen recuento y hasta ahora se ha informado de al menos 150 de ellos muertos en las protestas, de los cuales un centenar fue despedido ayer en un funeral estatal en la capital.
En medio de un nuevo remezón en el gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se suma la solicitud del mandatario al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, a quien le pidió la carta de renuncia.Florián se sumaría a la renuncia de Angie Rodríguez, quien también dejó su cargo en las últimas horas.La funcionaria confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde afirmó que se va “con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.Rodríguez llega al Fondo de Adaptación después de haber sido la gerente encargada de esta entidad, que en 2025 manejó un presupuesto superior al billón de pesos.Por su parte, el presidente Gustavo Petro también le pidió ayer, en un encuentro en Casa de Nariño, la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo desde el 3 de marzo de 2025.Con la salida de Florián, se esperan nuevos movimientos en el gabinete a tan solo siete meses de terminar el Gobierno.La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en su momento y causó y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.Una de las demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumple con esa condición.
Están agitados los ánimos entre el Gobierno nacional y 17 gobernadores tras el anuncio de Andrés Julián Rendón de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el Gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta "rebelión".Ante esta situación, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó esa postura como un “exabrupto jurídico” y advirtió que de los actos administrativos que expidan las gobernaciones se derivarán acciones legales por parte del Ejecutivo.“De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para estudiar y definir la constitucionalidad del decreto cuestionado”, dijo Idárraga.Quien también le salió al paso a este anuncio de los gobernadores fue el ministro de Minas, Edwin Palma, quien a través de su cuenta de X aseguró que esa decisión tenía motivaciones políticas y que estarían incurriendo en prevaricato.“La excepción de inconstitucionalidad es eso, una excepción. No una medida caprichosa. Hacerlo como lo plantea el gobernador aquí ya es una confesión de que su acto administrativo lo hace con desviación de poder y falsa motivación. Sus motivos son políticos. No constitucionales”, dijo minminas.
Se conoció la carta mediante la cual Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, solicitó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado de 17 integrantes de las bandas delincuenciales 'Los Costeños' y 'Los Pepes' a la carcel de media seguridad de Barranquilla.En el documento firmado por el consejero, se precisa que esta solicitud “constituye un gesto de paz por parte del Gobierno nacional” y que se espera que contribuya a la política pública de Paz Total.Según el texto, los perfiles incluidos fueron entrevistados con el fin de identificar su rol dentro de estas estructuras criminales y su área de influencia territorial en el área de Barranquilla y el departamento del Atlántico.En la lista aparecen los nombres de los cabecillas José Eliécer Díaz, alias 'Castor' y Ober Ricardo Martinez, alias ‘Negro Ober’, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en centros carcelarios del país.En la carta también se indica que estas personas han manifestado su voluntad de ser trasladadas y “aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada”, por lo que se solicitó al Ministerio de Justicia realizar la valoración correspondiente, con el fin de realizar el traslado.Es importante recordar que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre posibles impactos en la seguridad de la ciudad, especialmente en un momento en el que se prepara para recibir miles de visitantes por el Carnaval.“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales”, afirmó Char mediante su cuenta de X.
El alto tribunal le dio la razón a la madre de un soldado que murió por inmersión durante una práctica de entrenamiento mientras prestaba el servicio militar obligatorio en la Armada Nacional, en Coveñas, Sucre.Según el expediente, la mujer presentó varios derechos de petición para conocer el estado del reconocimiento y pago del seguro de vida de su hijo, así como los avances del proceso disciplinario relacionado con presuntas omisiones de funcionarios encargados del trámite.Sin embargo, denunció no haber recibido respuestas claras por parte de todas las autoridades involucradas. Varias entidades del sector defensa fueron interrogadas por la madre del soldado, y de las diez preguntas formuladas, tres entidades dieron respuesta dentro de los términos legales, razón por la cual la Corte Constitucional aseguró que estas no vulneraron el derecho fundamental invocado.Para el alto tribunal, esta omisión evidenció además una falta de coordinación entre las distintas dependencias, que debieron comunicarse entre sí para garantizar una respuesta integral y de fondo.La Corte Constitucional es clara en señalar que el derecho de petición comprende no solo la facultad de presentar solicitudes respetuosas, sino también el deber de las autoridades de responder de manera eficaz y sin dilaciones indebidas.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
El presidente Gustavo Petro convocó ayer en Casa de Nariño un encuentro con el Pacto Histórico. Asistieron los aspirantes al Senado Carolina Corcho y Walter Alfonso Rodríguez. Además los congresistas Alejandro Ocampo, Gloria Flórez, Aida Avella, Wilson Arias, Gabriel Becerra y Pedro Flórez. El representante Ocampo reveló detalles de la conversación.“Pudimos dar nuestras apreciaciones sobre lo que había pasado con Venezuela. También de las expectativas de la reunión con EEUU. Analizamos el clima electoral también y alguien del grupo sacó unas encuestas internas en las que Iván Cepeda cada día está más cerca de ser presidente y el Pacto es la fuerza más importante para el senado, pero el presidente no se mete en eso, quisimos contarle, sin embargo él no participa de estas justas electorales”, dijo Ocampo.Esta reunión se da a pocos meses de las elecciones de Congreso y Presidencia. La izquierda tiene varios candidatos como Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras, Daniel Quintero y otros, por eso todos se van a medir en la consulta del Pacto Amplio. De allí saldrá el candidato del presidente Gustavo Petro para continuar con un gobierno progresista.En la otra orilla están los candidatos de la Gran Consulta, una apuesta de la centro derecha que incluye a Vicky Dávila, Mauricio Cardenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Manuel Galan, Aníbal Gaviria, David Luna, y recientemente se sumó Enrique Peñalosa.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que a Irene Vélez la Cancillería le pagó 90 millones de pesos en gastos de repatriación tras la decisión del Consejo de Estado que terminó anulando su nombramiento como cónsul en Londres.“A pesar de la denuncia que habíamos hecho en el mes de mayo para evitar que la Cancillería le pagara los gastos de repatriación porque ella no había estado el tiempo suficiente en el exterior, ella logró que en el mes de agosto le pagaran 70 millones de pesos por concepto de viáticos, traslado de menaje doméstico y una prima de instalación que se suman a los 20 millones de pesos de los tiquetes”, dijo Forero.La información el representante la obtuvo por medio de un derecho de petición que le respondieron desde la Cancillería.“¿Es para este tipo de indelicadezas que el Gobierno pretende seguir asfixiando a los colombianos con nuevas reformas tributarias? Queda en evidencia al mismo tiempo que la señora Irene Vélez quiere que todo decrezca menos su cuenta bancaria”, agregó Forero.Es importante recordar que actualmente Irene Vélez es ministra de Ambiente encargada, anteriormente fue directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y ministra de Minas y Energía del Gobierno Petro.
El expresidente César Gaviria fijó una posición frente a la moción de censura que se debate en el Congreso contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En una carta, el exmandatario aseguró que no respalda esta iniciativa y cuestionó su pertinencia política y su impacto institucional en medio del actual panorama de seguridad del país.Gaviria afirmó que “la moción no se sostiene porque castiga a quien comenzó a ejecutar, por fin, una política de defensa después de meses de improvisación, vacilaciones y concesiones fallidas. Lo que debe exigirse es una política clara, coherente y sostenida en el tiempo.Según su análisis, las críticas al ministro no pueden hacerse de manera aislada ni desligadas del complejo contexto en el que se produjo la reciente operación militar en la que murieron 15 menores de edad reclutados forzosamente por grupos armados.En la misiva, el expresidente sostuvo que el debate debe partir del reconocimiento del dolor que generan estos hechos y de la necesidad de que se adelanten todas las investigaciones correspondientes. Subrayó que ninguna democracia puede normalizar tragedias en las que niños y adolescentes terminan siendo usados como combatientes o escudos por organizaciones criminales. Sin embargo, enfatizó que estos sucesos no pueden convertirse en un argumento para desarticular la respuesta institucional del Estado.Gaviria destacó que, a su juicio, por primera vez desde el comienzo del actual Gobierno se vio un ejercicio real de autoridad en materia de seguridad. Señaló que el presidente Gustavo Petro, tras dos años, “se negó a asumir con claridad el liderazgo sobre la fuerza pública”, asumió finalmente el liderazgo como jefe de Estado con órdenes directas y decisiones estratégicas.En ese contexto, cuestionó que la respuesta del Congreso sea promover la salida del ministro. A su juicio, ello desconoce la dimensión del desafío de seguridad y sustituye las discusiones de fondo por sanciones políticas coyunturales. En lugar de promover cambios de gabinete, dijo, lo que debe exigirse es una política clara, coherente y sostenida que permita enfrentar a las organizaciones armadas que hoy actúan con amplia capacidad de daño.Gaviria advirtió que la prioridad del Estado debe ser proteger la vida de los menores reclutados ilícitamente y, al mismo tiempo, garantizar que los grupos armados no continúen actuando con impunidad.Por estos motivos, apoyó la defensa del presidente Petro al ministro de Defensa, debido a que para su consideración, la prioridad debe ser contener a las estructuras armadas que están violando de manera flagrante el derecho internacional humanitario mediante el reclutamiento de menores, y no debilitar la capacidad institucional para enfrentarla.El expresidente también cuestionó la gestión del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, a quien responsabilizó de una conducción “improvisada y desconectada de la realidad territorial”. Según Gaviria, la falta de estrategia en los procesos de diálogo y sometimiento, la ausencia de reglas claras y la expansión territorial de los grupos armados evidencian que han contribuido a agravar el panorama de inseguridad nacional.
Desde Medellín, durante la clausura del foro “Desafíos de la democracia y sus instituciones” en la Universidad EIA, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado urgente a fortalecer la seguridad y la confianza en el proceso electoral del 2026. El funcionario advirtió que en sus recorridos por diferentes regiones del país, especialmente en el Putumayo, ha identificado preocupantes circunstancias de orden público que podrían incidir en el desarrollo de los comicios.Penagos reveló que recientemente tuvo conocimiento de un grupo armado ilegal que habría manifestado su intención de afectar las elecciones del próximo año, lo que —dijo— exige acciones concretas por parte de la fuerza pública para proteger los derechos políticos de los ciudadanos. “Ninguna circunstancia, ni de seguridad ni de ninguna naturaleza, va a impedir que en Colombia se hagan elecciones, porque este es un Estado democrático y así lo seguirá siendo”, enfatizó el registrador.El registrador insistió en que las instituciones no pueden solas con el reto que implica organizar y proteger las elecciones en medio de un contexto de polarización y amenazas. “Ya es hora de que todos le pongamos la mano a esto para trabajar en el proceso electoral. Porque las instituciones solas no aguantan”, subrayó.Penagos también destacó que recuperar la confianza ciudadana en el sistema electoral es clave para reducir la polarización política y fortalecer la democracia. “En la medida en que la confianza mejore, incluso la polarización se reduce”, puntualizó.
El presidente Gustavo Petro nombró al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, como ministro de Justicia encargado, mientras se define quién asumirá el cargo en propiedad o se recupera Augusto Ocampo, actual titular encargado, quien permanece incapacitado, según confirmaron fuentes del ministerio. Sin embargo, en diálogo con este medio, el secretario Idárraga aseguró que la designación “es de carácter indefinida”. La designación de Idárraga se conoció después de que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia declinara el ofrecimiento para asumir como ministro de Justicia, argumentando razones médicas. En una carta, el exmagistrado señaló que, tras consultar con sus neumólogos, recibió la recomendación expresa de no asumir responsabilidades de tiempo completo debido a su estado de salud. “Lamento no poder acompañarlo en estas circunstancias médicas, según las cuales debo continuar atendiendo mi tratamiento con total cuidado y de manera ininterrumpida”, indicó.Desde 2022, por el Ministerio de Justicia han pasado tres ministros en propiedad: Néstor Osuna, hoy procurador delegado para los Derechos Humanos; la abogada Ángela María Buitrago; y el exfiscal Eduardo Montealegre, quien permaneció cuatro meses en el cargo. Tras su salida, el Gobierno expidió el decreto 1143, con el cual designó a Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, como ministro encargado, función que ha desempeñado hasta su incapacidad temporal.Quien finalmente asuma la jefatura del Ministerio de Justicia tendrá entre sus principales responsabilidades impulsar dos proyectos que concentran un amplio debate nacional: la propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la Ley de Sometimiento de organizaciones criminales.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
Luego del anuncio del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta ‘rebelión’.Una reunión convocada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatario regionales rechazaron el impacto negativo que tienen las medidas adoptadas por el gobierno, entre las que está un aumento del impuesto de IVA e impoconsumo a diferentes tipos de licores, los cuales generan buena parte del recaudo tributario en estas regiones con destino, temas sociales claves como educación, salud y deporte.Entre las acciones que adoptarán estos gobernadores, y en el que espera, se sumen los 32 departamentos están la presentación de varias tutelas en contra del decreto, la presentación de un oficio ante la Corte Constitucional, pidiendo ser escuchados en medio del estudio que realiza del estado de excepción, así como la nueva aplicación del aumento en el impuesto de consumo a los licores.“La Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones, de acuerdo a nuestras particularidades en cada uno de los departamentos, cada uno de nosotros lo hará pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer todos”, sostuvo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.Los mandatarios regionales invitaron al Gobierno nacional a dialogar frente a estas medidas, y a que tenga en cuenta que un aumento desproporcionado en los precios de los licores, podrían llevar a un fortalecimiento del contrabando y de las rentas de grupos criminales que viven de esta práctica o de la adulteración de los productos.
Un año después del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Así lo advirtió el Consejo Noruego para Refugiados, que alertó sobre el impacto que los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN han tenido sobre la población civil desde enero de 2025.De acuerdo con la organización humanitaria, se estima que más de 100.000 personas han sido desplazadas en los últimos doce meses como consecuencia directa de la confrontación armada. “Población civil vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de artefactos explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte”, aseguraron en su comunicado.El CNR advirtió que esta emergencia está afectando tanto a población colombiana como a refugiados y migrantes venezolanos que permanecen en el Catatumbo, muchos de ellos en condiciones de alta vulnerabilidad.La organización alertó que el conflicto ha limitado la producción de alimentos, agravando el hambre, y ha provocado la destrucción deliberada de infraestructura civil, lo que ha llevado a una situación crítica en el acceso al agua potable.Según la ONG, “mientras que el número de personas afectadas por el conflicto en Colombia se triplicó durante 2025”, la falta de recursos humanitarios agrava aún más la crisis, pues durante 2025 solo se ha recibido una cuarta parte de la financiación necesaria para atender a la población afectada.Desde el territorio, Holmer Pérez, presidente de la Asociación de Campesinos y Campesinas del Catatumbo (ASCAMCAT), aseguró que las comunidades ya no funcionan con normalidad.“Muchas de las comunidades están desvertebradas, no tienen presidente o si está el presidente no está el resto de juntas, no funcionan a la normalidad, no tienen la plena libertad para tomar decisiones, el movimiento social obviamente intimidado frente a lo que ocurre en la región y pues obviamente frente a la economía pues sabemos que esto genera crisis a todo, no solamente al movimiento social sino a la población del Catatumbo que incluye también a la población indígena que también está siendo afectada por esta confrontación”, aseguró el presidente de ASCAMCAT.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado a los actores armados a “cesar de inmediato los ataques que afectan a la población civil y a respetar estrictamente el derecho internacional humanitario”, para evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.Ante este panorama, el Consejo Noruego para Refugiados hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los actores armados para proteger de manera inmediata a la población civil y evitar que la crisis humanitaria en el Catatumbo continúe profundizándose.
El Gobierno nacional está respondiendo a los gobernadores de los 32 departamentos del país que se reúnen en Bogotá en la sede de la Federación Nacional de Departamentos para analizar si aplican la excepción de inconstitucionalidad de la emergencia económica. Incluso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya anunció que no lo aplicaría, apelando que afecta a las regiones.El jefe de la cartera política los cuestionó y aseguró que estaban promoviendo que se incumpla la ley. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no se acata la ley, están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos, su pecunio, que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo”, dijo.La Corte Constitucional hará su examen de constitucionalidad de este decreto. Gremios y empresarios han pedido suspender los efectos hasta que sea estudiado de fondo, pues argumentan que no habría razones de peso para invocar estado de excepción.Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con uno de los impuestos sobre aumentar el IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5 % al 19 %, y de los cigarrillos que aumentó cerca del 300 %.
La investigación fue realizada por la Unidad de Restitución de Tierras y analizó 1.621 sentencias emitidas por los cinco tribunales especializados en restitución de tierras que operan en el país, lo que representa el total de fallos proferidos por estas instancias hasta octubre de 2025.El estudio identificó picos de despojo en los años 1994, 1997 y 2002, periodos que coinciden con momentos críticos del conflicto y con la expansión territorial de distintos grupos armados ilegales en varias regiones del país.En diálogo con Blu Radio, la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, Paula Andrea Villa Velez, explicó que “el grupo que más desarrolló acciones que llevaron al despojo y al abandono de tierras en el país fueron los grupos paramilitares con el 34 % de los casos. Le siguen las FARC, con 16 %, el ELN con el 8 % y el EPL con el 5.9 %. También se identificó, dentro de estos casos, una presencia importante también de acciones que desarrollaron actores estatales, como el Ejército y la Policía Nacional, en el 11 % de los casos”.El informe también establece que más del 80 % de los casos de despojo reconocidos judicialmente se concentran en siete departamentos.“Antioquia, César, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre, fueron los departamentos que más sufrieron estos hechos de de violencia, y, como podemos observar, pues una concentración muy importante en el norte del país. En el sur, pues no se evidencia un nivel tan alto de despojo y abandono hasta el momento, lo cual, por supuesto, puede llegar a variar con la existencia posterior de nuevas sentencias”, aseguró la directora.Finalmente, el análisis evidencia que el despojo no se dio únicamente por la violencia directa, sino también a través de negocios jurídicos, como contratos y escrituras, que posteriormente fueron invalidados por la justicia al demostrarse la falta de consentimiento de las víctimas. La Unidad reporta que ya se ha ordenado la restitución de más de 259.000 hectáreas en cerca de 10.000 fallos a nivel nacional.
Durante meses, un agente de inteligencia militar logró infiltrarse en el núcleo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, una de las estructuras criminales más temidas del norte del país. El infiltrado no solo consiguió entrar a sus zonas de control, sino que documentó con videos y fotografías la rutina, el poder de fuego y la organización interna del grupo ilegal liderado por alias ‘Naín’, un criminal por el que hoy se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, y quien incluso llegó a amenazar al presidente Gustavo Petro.De acuerdo con información obtenida por Blu Radio a través de inteligencia, el agente logró mimetizarse dentro de la estructura, ganándose la confianza de varios de sus integrantes. Desde esa posición, grabó a hombres fuertemente armados, vestidos con camuflados y brazaletes alusivos a las ‘ACSN’, moviéndose con total tranquilidad por zonas montañosas y selváticas de la Sierra Nevada, así como por vías terciarias donde ejercen control armado, intimidan a la población civil y lanzan amenazas directas contra la fuerza pública.El material recolectado revela campamentos improvisados pero funcionales, levantados en zonas de difícil acceso, diseñados para albergar hasta una docena de hombres. En las imágenes se observan largas filas de fusiles y armamento de alto poder, entre ellos Galil, AK-47, M4, M7 y fusiles Barrett calibre .50, lo que evidencia el músculo bélico que ha sostenido a esta organización criminal durante años. Estos videos, hoy en manos de las autoridades, están siendo analizados para identificar e individualizar a cada uno de los hombres que aparecen en ellos.Uno de los registros más sensibles muestra a una escuadra completa de hombres armados, formados en zona rural, mientras uno de los cabecillas envía un mensaje directo a los integrantes de la organización que se encuentran privados de la libertad en cárceles del país. En el discurso, el grupo se presenta como una organización cohesionada, con lenguaje ideológico y religioso, que promete respaldo a sus hombres capturados y los convoca a regresar a las filas una vez recuperen la libertad, dejando en evidencia su intención de mantener viva la estructura criminal.La infiltración fue clave para ubicar zonas estratégicas del grupo armado. En las últimas horas, tropas del Ejército llegaron hasta un campamento de Los Pachenca en zona rural de Dibulla, La Guajira, tras intensos combates. En el lugar, adecuado para alojar al menos 12 integrantes, se incautaron dos camionetas, seis proveedores, 444 cartuchos de diferentes calibres y nueve minas antipersona, que, según inteligencia, estaban listas para ser usadas contra la Fuerza Pública.Las operaciones continúan en la región con un objetivo claro: dar con el paradero de alias ‘Naín’ y de su compañera sentimental, alias ‘Bebecita’, ambos prófugos de la justicia. Mientras tanto, el material obtenido por el agente infiltrado se ha convertido en una pieza clave para entender cómo delinque esta estructura criminal, cómo se financia, cómo se mueve y cómo mantiene su control armado en amplias zonas del norte del país, dejando al descubierto una organización que, pese a los golpes, sigue demostrando capacidad de intimidación y fuego.