El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Se encendieron las alarmas en el país luego que el sector de transporte de carga advirtiera que están en la posibilidad de irse a paro, ante el fuerte incremento en sus costos operativos.El aumento en el precio del diésel, los peajes y el salario mínimo ha inflado los gastos del sector en cerca de un 13 %, mientras que los fletes, lejos de subir, continúan bajando, situación que tiene a los transportadores contra las cuerdas.Así lo confirmó Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga, quien explicó que el sector no ha tomado aún la decisión de un paro nacional, pero reconoce que el escenario actual obliga a considerar todas las alternativas.“No estamos afirmando que vamos a paro, pero este incremento en los costos detona una serie de opciones, entre ellas un paro, porque no existe ningún equilibrio entre los gastos y los ingresos del camionero”, señaló.Se sabe que los transportadores se mantienen en asamblea permanente desde agosto de 2024, debido a la falta de soluciones estructurales en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte.Quiceno reconoció la voluntad política de la actual ministra, pero aseguró que las decisiones no se han traducido en acciones concretas que impacten la realidad del camionero en las vías del país.El director ejecutivo de la AST advirtió que el reciente aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado al incremento de la inflación y otros costos como mantenimiento mecánico, parqueaderos, lavaderos, alimentación, hotelería y combustibles, ha encarecido toda la canasta básica del conductor de transporte de carga. “Todos estos gastos los ha tenido que absorber el propietario del camión con su propio patrimonio. Hoy el camionero está reventado”, afirmó.A esta situación se suma la falta de actualización de los ingresos del sector a través de la plataforma Sicetac, herramienta utilizada para calcular los fletes. Según el gremio, está no se actualiza desde diciembre del año pasado, pese a que los costos siguen aumentando. “El Gobierno incrementa peajes y diésel, pero no ajusta los ingresos de los camioneros, y eso nos deja en total desventaja”, sostuvo Anderson Quiceno.El líder gremial también alertó sobre posibles manifestaciones y bloqueos si no se adoptan medidas inmediatas. Aunque insistió en que el paro no es una decisión tomada, aseguró que los detonantes ya existen y que la inconformidad del sector sigue creciendo. “Si no hay soluciones reales, esto puede desembocar fácilmente en un paro nacional”, advirtió.Finalmente, desde todo este sector de transporte de carga se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que pase de la voluntad política a las acciones concretas y promueva medidas que garanticen ingresos justos y sostenibles para el sector. De lo contrario, advierten que la crisis podría profundizarse en los próximos meses y volver a trasladarse a las carreteras del país.
El nombre de Luifer Hernández empezó a sonar con fuerza en la frontera luego de marcar el gol que le dio el triunfo al Cúcuta Deportivo frente a San Lorenzo, en un amistoso internacional que dejó buenas sensaciones para el recién ascendido equipo motilón. El delantero colombovenezolano fue el héroe del partido y, con su actuación, despertó la ilusión de la hinchada rojinegra de cara a la nueva temporada.Hernández, nacido en Barinas, Venezuela, se ha ido ganando rápidamente el cariño del público cucuteño. Aunque es venezolano, su cercanía cultural y futbolera con la región andina lo hace sentirse “de la frontera”, algo que él mismo reconoce. Esa afinidad se reflejó en la cancha, donde mostró personalidad, movilidad y frialdad para definir en un partido exigente ante un rival histórico del continente.Equipos en los que ha estado Luifer HernándezEl recorrido futbolístico de Luifer Hernández incluye pasos por el Puerto Cabello de su país, la liga ucraniana con el Polissya Zhytomyr y el Chornomorets Odessa, además de una experiencia en Ecuador con Vinotinto FC. Tras su última etapa en Europa del Este, el atacante llegó al Cúcuta Deportivo y no necesitó tiempo de adaptación: en su primer partido con la camiseta rojinegra, ya celebró gol.La anotación ante San Lorenzo evidenció su lectura de juego y capacidad para aprovechar los espacios. Según relató el propio jugador, la jugada nació tras una recuperación en campo propio, una rápida transición ofensiva y una sociedad efectiva con Peralta. “Fue una jugada súper rápida”, explicó Hernández, quien enganchó al portero y definió con su pierna izquierda para desatar la celebración del Cúcuta.Más allá del gol, Luifer destacó la química con sus compañeros, algo que considera clave para su buen arranque. En el vestuario, el ambiente fue de felicidad total, especialmente para él, que vivió un debut soñado ante un rival de peso internacional. Ahora, el delantero venezolano se prepara junto al plantel para los últimos amistosos y el inicio oficial del campeonato, donde Cúcuta Deportivo buscará consolidarse tras el ascenso.
El alto tribunal le dio la razón a la madre de un soldado que murió por inmersión durante una práctica de entrenamiento mientras prestaba el servicio militar obligatorio en la Armada Nacional, en Coveñas, Sucre.Según el expediente, la mujer presentó varios derechos de petición para conocer el estado del reconocimiento y pago del seguro de vida de su hijo, así como los avances del proceso disciplinario relacionado con presuntas omisiones de funcionarios encargados del trámite.Sin embargo, denunció no haber recibido respuestas claras por parte de todas las autoridades involucradas. Varias entidades del sector defensa fueron interrogadas por la madre del soldado, y de las diez preguntas formuladas, tres entidades dieron respuesta dentro de los términos legales, razón por la cual la Corte Constitucional aseguró que estas no vulneraron el derecho fundamental invocado.Para el alto tribunal, esta omisión evidenció además una falta de coordinación entre las distintas dependencias, que debieron comunicarse entre sí para garantizar una respuesta integral y de fondo.La Corte Constitucional es clara en señalar que el derecho de petición comprende no solo la facultad de presentar solicitudes respetuosas, sino también el deber de las autoridades de responder de manera eficaz y sin dilaciones indebidas.
La crisis del sector salud golpea a Orleth Flórez y a su hijo Eddwin Torres, madre e hijo barranquilleros, quienes en la mañana de este jueves 15 de enero fueron retirados de la sala de urgencias del Hospital Mental de la red hospitalaria del Atlántico ante la falta de respuestas de la EPS Familiar de Colombia, a la cual le solicitaron desde hace una semana el traslado del paciente a un centro psiquiátrico.Según le manifestó la psiquiatra en turno a Flórez, estos debían irse, porque ya no podían esperar más por la llegada de una ambulancia. La mujer cuenta que suplicó para que no los retiraran, pues, incluso, manifestó que teme ser agredida por su hijo, quien en los últimos días hasta le prohibió el ingreso a su propia casa, pero lo que recibió de respuesta fueron las pertenencias de su hijo, empacadas en una bolsa, para que se retiraran del sitio.EPS no responde“Los psiquiatras dicen que tienen que dar la salida. Que como están llamando a la EPS y no responde, entonces dijeron que se fuera. Él se me va, se me va para el mar. La última vez estaba en el puente Pumarejo. Tengo miedo de llevármelo. Él no me deja llegar a mi casa. Puede intentar agredirme en medio de esta crisis. La EPS Familiar de Colombia no responde. Ellos no llaman ni nada”, contó la madre del hombre.Pese a que la Personería de Barranquilla intervino para que la EPS Familiar de Colombia enviara una ambulancia, la mujer y su hijo completan varias horas, sentados con sus pertenencias en mano, a las afueras del hospital mental porque fueron retirados.
Se conoció la carta mediante la cual Otty Patiño, consejero comisionado para la Paz, solicitó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, evaluar la posibilidad de autorizar el traslado de 17 integrantes de las bandas delincuenciales 'Los Costeños' y 'Los Pepes' a la carcel de media seguridad de Barranquilla.En el documento firmado por el consejero, se precisa que esta solicitud “constituye un gesto de paz por parte del Gobierno nacional” y que se espera que contribuya a la política pública de Paz Total.Según el texto, los perfiles incluidos fueron entrevistados con el fin de identificar su rol dentro de estas estructuras criminales y su área de influencia territorial en el área de Barranquilla y el departamento del Atlántico.En la lista aparecen los nombres de los cabecillas José Eliécer Díaz, alias 'Castor' y Ober Ricardo Martinez, alias ‘Negro Ober’, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en centros carcelarios del país.En la carta también se indica que estas personas han manifestado su voluntad de ser trasladadas y “aportar en la fase de acercamientos exploratorios ya indicada”, por lo que se solicitó al Ministerio de Justicia realizar la valoración correspondiente, con el fin de realizar el traslado.Es importante recordar que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre posibles impactos en la seguridad de la ciudad, especialmente en un momento en el que se prepara para recibir miles de visitantes por el Carnaval.“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales”, afirmó Char mediante su cuenta de X.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por más de $ 22.000 millones contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por presuntas irregularidades en la compra de 80 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, así como en contratos del programa Hambre Cero en La Guajira y Arauca.El anuncio fue hecho por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien detalló que las investigaciones involucran dos procesos fiscales derivados de la adquisición de 80 vehículos cisterna, así como sobrecostos detectados en programas de alimentación humanitaria en regiones vulnerables del país.El jefe del ente de control informó que los primeros hallazgos están relacionados con contratos del programa ‘Hambre Cero’ en 2023. Según la Contraloría, se detectaron presuntos sobrecostos superiores a $ 2.000 millones, discriminados en $1.000 millones en La Guajira y $1.064 millones en Arauca.“Sobre un contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Albania y Manaure durante 90 días, con una inversión de $5.240 millones, se inicia un proceso de responsabilidad fiscal mediante el cual se determina la existencia de sobrecostos por más de 1.000 millones de pesos en la contratación de raciones alimentarias para la población wayúu. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos en total, con sobrecostos que superan los mil millones de pesos. Los contratos cuestionados presentaron irregularidades como falta de inscripción en el RUES, ausencia de experiencia contractual, uso de códigos RUES del sector educativo y falta de soporte técnico”, dijo el contralor general.En Arauca, el contrato por $9.200 millones buscaba entregar raciones alimentarias a 6.200 beneficiarios en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Arauca, en zonas urbanas y rurales. El proceso arrojó un presunto detrimento fiscal de $1.064 millones.Pero el caso de mayor envergadura corresponde al suministro de 80 carrotanques destinados a garantizar el acceso al agua potable en La Guajira.La Contraloría imputó dos procesos fiscales. El primero, por $9.573 millones (sin indexar), contra Impoamericana Roger S. A. S., pues de acuerdo con el ente de control, la empresa sobrestimó el valor de los vehículos, no ejecutó obligaciones contractuales y no presentó soportes que justificaran pagos anticipados.En este mismo proceso fueron imputados, a título de dolo, Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres y supervisor del contrato.La investigación determinó que los carrotanques, pagados como entregados en noviembre de 2023, solo fueron recibidos a satisfacción el 16 de enero de 2024, evidenciando incumplimientos y manejos irregulares.Aunque el sobrecosto inicialmente calculado superaba los $10.772 millones, la cifra quedó en $1.708 millones tras descontar reintegros efectuados en el proceso penal adelantado por la Fiscalía.La segunda imputación, por $12.579 millones (sin indexar), fue contra la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú) y exdirectivos de la UNGRD. Este proceso se refiere a la compra de otros 40 carrotanques mediante una orden de proveeduría por $29.000 millones, suscrita entre el FNGRD y la Corporación Yapurutú.Según la Contraloría, hubo sobrecostos frente a valores de mercado, pagos por mantenimientos que nunca se ejecutaron, además de falencias en la planeación y ejecución del contrato.Por estos hechos, se imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y la Corporación Yapurutú.Asimismo, la entidad ordenó archivar la actuación a favor del actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, al comprobar que los carrotanques ya se encuentran operando en la región.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP citó a audiencia pública al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco para determinar si ha incumplido el régimen de condicionalidad, lo que podría dejarlo por fuera del sistema transicional y exponerlo a la justicia ordinaria.El proceso se relaciona con los crímenes cometidos entre 1997 y 2001, cuando Santoyo fue comandante del Gaula en Antioquia, y con la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero, ocurrida en Medellín en 2000. La JEP abrió el incidente de incumplimiento en marzo de este año, tras considerar que sus aportes de verdad eran insuficientes frente a la magnitud de los hechos y a la información que debía conocer por su rango y funciones.Durante la diligencia, programada para el 20 y 21 de noviembre en Bogotá, la JEP verificará si Santoyo ha cumplido sus compromisos de verdad, reparación y no repetición, pilares del régimen de condicionalidad. Si la Sala concluye que no lo ha hecho, podría revocarle los beneficios judiciales y remitir su caso a la justicia ordinaria.La defensa presentó nuevas pruebas sobre su participación en espacios de aporte ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), las cuales fueron admitidas de manera excepcional. Sin embargo, la JEP advirtió que solo se considerarán relevantes si aportan información nueva, útil y verificable.Con este proceso, la Jurisdicción reafirma que los comparecientes deben cumplir plenamente sus compromisos de verdad para conservar los beneficios transicionales y que el centro de su labor continúa siendo la protección de los derechos de las víctimas.
Hace apenas una semana, el nombre del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, sonó para ser el jefe de la cartera de Justicia tras la accidentada salida de Eduardo Montealegre. Sin embargo, este medio confirmó que el exmagistrado Valencia Copete declinó el ofrecimiento que le hizo el presidente Gustavo Petro.Por el Ministerio de Justicia han pasado un total de 3 ministros en propiedad: Néstor Osuna, quien hoy es procurador delegado para los Derechos Humanos; la abogada Ángela María Buitrago; y el exfiscal Eduardo Montealegre.Este último salió del Ministerio intempestivamente horas después de que se conociera el borrador de proyecto de ley sobre una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Montealegre tras unas disputas del entonces ministro de Justicia con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el procurador general, Gregorio Eljach.Fuentes al interior del Ministerio de Justicia también le confirmaron a Blu Radio que el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, seguirá en encargo en esa cartera, aunque tiene una incapacidad médica.Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó que el exmagistrado no pasó todos los exámenes médicos requeridos para asumir el cargo y por eso no aceptó finalmente el ofrecimiento.“Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el Gobierno a su pesar y al mío. El doctor Copete fue condecorado en mi Gobierno con la Cruz de Boyacá por su majestuosa tarea al frente de la Corte Suprema de Justicia, investigando a fondo la gobernanza paramilitar”, agregó.
La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, defendió este martes al presidente Gustavo Petro, tras la polémica por la publicación de sus gastos para demostrar que no tiene vínculos con el narcotráfico y calificó de "injusta" la inclusión del jefe de Estado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como 'Lista Clinton'."La inclusión del presidente y su familia en la lista Clinton es bastante injusta, es como un castigo a Colombia en cabeza del presidente, que es el jefe de Estado y el presidente legítimo de nuestro país", denunció Villavicencio, en una Tribuna EFE-Casa de América conducida por la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez.El 24 de octubre, EE.UU. anunció la inclusión de Petro en la 'Lista Clinton', tras acusarlo de ser un "líder del narcotráfico", y también se añadió a su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, por presuntos vínculos con el narcotráfico.La canciller considera que es "una situación muy negativa" tanto para Petro como para el país porque "no hay ninguna evidencia de las que se argumenta para incluirlo en esa lista", expuso.El gobierno colombiano ha presentado una nota verbal para pedir al estadounidense que dé los motivos por los que se le ha incluido y también para exigir que se le saque, según explicó Villavicencio, ya que esta inclusión impacta en la presencia internacional de Colombia y su relación con otros países.Para justificar que no hay tal relación Petro autorizó la publicación de sus gastos personales desde el 2022 hasta la fecha para "que no quede duda" de sus ingresos, y también recordó que su declaración de la renta es pública.Esa publicación ha traído polémica, pues hay compras en tiendas de lujo durante sus viajes en el extranjero y también en un burdel en Portugal.Aparecen desde pagos en hoteles, restaurantes, farmacias y heladerías, hasta abonos a una hipoteca y compras en tiendas en sus viajes al exterior, como El Corte Inglés, Zara, Saks Fifth Avenue, La Rinascente y Nordstrom, y algunas de lujo, como Gucci y Prada.Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los medios locales, no tanto por su cuantía, de 209.969 pesos colombianos (unos 56 dólares de hoy) sino por el tipo de establecimiento, es un gasto que aparece registrado en mayo de 2023 en Ménage Strip Club, un club de entretenimiento para adultos en Lisboa.La canciller defendió a Petro y alegó: "Tenemos una acción que pocos presidentes o pocos funcionarios hacen, la de poner a disposición su declaración de renta, sus gastos en función de que pues se estructure si recibe dineros no apropiados. Es una persona con bastante austeridad".Tras la publicación de sus gastos, Petro cuestionó a Noticias RCN, uno de los medios que se hizo eco del informe financiero, y le preguntó en X: "Algo que rechazar, señores de RCN? ¿Encontraron que mis gastos son superiores a mis ingresos salariales y de regalías de mi libro?", sin hacer más comentarios.
Un violento asalto se registró en las últimas horas sobre la vía que comunica a Popayán con Cali, a la altura de la variante del puente peatonal, en el departamento del Cauca. En ese punto, dos vehículos tipo niñeras que transportaban un total de 17 automotores fueron interceptados por un grupo armado y despojados de la carga que movilizaban hacia el sur del país.De acuerdo con la Policía, los camiones cubrían la ruta Cartagena–Pasto (Nariño) cuando fueron abordados por cerca de 15 hombres armados, quienes, mediante amenazas con armas de fuego, obligaron a los conductores a detener la marcha. Aunque los delincuentes se llevaron los vehículos transportados, los tractocamiones no fueron hurtados.Horas después del ataque, los dos camiones fueron ubicados en buen estado, al igual que sus conductores, quienes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro. Tras el hecho, las autoridades les brindaron acompañamiento mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Tras conocerse el robo, se activó un operativo especial en el que participaron unidades de la Policía, las Fuerzas Militares, apoyo aéreo y equipos de investigación e inteligencia. Estas acciones permitieron establecer una posible ubicación de los automotores robados en una zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.El caso es materia de investigación y se desarrolla en un corredor donde las autoridades han advertido la presencia e injerencia de estructuras armadas organizadas, entre ellas el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En esta región, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas ante el accionar de estos grupos, señalados de múltiples hechos violentos y delictivos.Mientras avanzan las labores de búsqueda y judicialización, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en el suroccidente del país para enfrentar este tipo de acciones criminales que afectan la seguridad vial y el transporte de carga en uno de los principales corredores del país.
Ante los hechos de amenazas y extorsiones contra comerciantes, ganaderos y funcionarios de las alcaldías por parte de grupos armados ilegales, la Gobernación del Huila, en coordinación con las autoridades, adelantó un consejo de seguridad en el que se definieron medidas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, denunció que presuntas disidencias de las Farc han venido intimidando a la población civil y exigiendo cuotas extorsivas a gremios productivos, campesinos y contratistas de las alcaldías en el norte del departamento.“En estos últimos días se han venido presentando actos extorsivos masivos en la zona norte del departamento contra la población, los comerciantes, los productos del campo y contra los mismos funcionarios que hay en las alcaldías. De estas extorsiones son responsables los grupos armados que operan en la zona”, dijo el gobernador Villalba Mosquera.Por su parte, un habitante de la zona rural de Baraya, quien pidió reserva de su identidad, manifestó su preocupación por las citaciones extorsivas y agregó que también les prohíben a las comunidades transitar en horas de la noche.“Soy de la vereda El Doche. Aquí todos, comerciantes y dueños de fincas, están siendo extorsionados y es imposible vivir así. De noche, después de las seis, no se puede transitar; solo andan ellos y siempre están llamándonos a citas… La extorsión es bastante preocupante. Les hacemos un llamado al señor presidente para que nos ponga cuidado”, narró un campesino de la zona.A su turno, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, informó que, como parte de los acuerdos establecidos en el consejo de seguridad realizado en el municipio de Baraya, se definieron operativos militares y labores de inteligencia por parte del Gaula Militar y de la Sijín.“Se intensificará la acción de la Fuerza Pública en el territorio con unidades motorizadas que estarán realizando controles, patrullajes y presencia permanente. Vamos a fortalecer la inteligencia con unidades de la SIJÍN, el GAULA, equipos de investigación y, adicionalmente, con capacidades del CEAES, un grupo especial de prevención contra la extorsión, sumado a otras medidas preventivas que ya están en marcha”, concluyó Casallas Rivas.Cabe mencionar que en los municipios del norte del Huila, como Baraya, Tello, Colombia y la zona rural oriental de Neiva, delinque el frente ‘Darío Gutiérrez’ del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Calarcá.
El próximo lunes 19 de enero llegarán a Manzanares, en el departamento de Caldas, las cenizas del cantante Yeison Jiménez. Para ese día ya se tiene prevista una serie de actividades en el municipio con el fin de rendirle un homenaje.En un comunicado oficial, el equipo de trabajo del artista informó que a las 10:00 de la mañana se realizará una caravana que partirá desde la vereda La Esmeralda, en el sector conocido como ‘Chochalito’, y recorrerá el trayecto hasta el casco urbano de Manzanares.Al mediodía se celebrará una misa en la iglesia del parque principal, en la que estarán presentes las cenizas del artista. Para la tarde se esperan otras actividades conmemorativas en honor al hijo ilustre de este municipio caldense.Las autoridades del municipio y del departamento ya preparan un estricto operativo para garantizar la seguridad durante las actividades de homenaje, pues se prevé que asistan decenas de jimenistas a darle el último adiós a quien fue, tal vez, el máximo exponente de la música popular.De otro lado, el jueves en la noche llegaron los restos de Jéfferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez, quien también perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.Osorio está siendo velado en la mañana y, posteriormente, al mediodía se oficiará una misa y se llevará a cabo la disposición final de las cenizas.
Hoy se cumple un año desde que estalló la crisis en el Catatumbo tras el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El informe de la Defensoría del Pueblo reconstruye cómo, en medio de los enfrentamientos, el miedo se instaló en la vida cotidiana: el temor a quedar “en medio de las balas, a perder sus vidas”, o a que reclutaran a sus hijos llevó a familias enteras a salir de manera masiva hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, incluso caminando durante días.De acuerdo con el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.Un año después, la crisis es una realidad que sigue empujando a la gente a desplazarse, a vivir bajo amenaza y a tomar decisiones sin garantías. La entidad advierte que, pasada la tensión inicial, muchas familias intentaron retornar para recuperar sus tierras y sus animales, pero varias tuvieron que salir otra vez.“Los catatumberos cuentan que los grupos armados ilegales llegan a sus casas y les dicen que mantengan sus maletas listas porque en cualquier momento les toca volver a salir”, aseguran en el informe.El mismo informe subraya que, aproximadamente, un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de estos enfrentamientos, en un escenario que califica como desplazamiento masivo proscrito por el derecho internacional.Además, deja constancia de que no hay certeza sobre la población que pudo desplazarse hacia Venezuela: para el 24 de enero de 2025, la OIM estimaba 5.789 personas, de las cuales 75% serían de nacionalidad venezolana.El informe recoge denuncias sobre reglas impuestas a la vida cotidiana: restricciones de movilidad, retenes con revisión de celulares y la obligación de “informar” salidas y retornos.“Si usted va a ir a una cita médica, debe mostrarles el papel de la cita, o, por ejemplo, si va a ir a mercar, cuando regrese tiene que mostrarles lo que compró para que ellos miren que realmente si estaba haciendo mercado", relató un labriego para el informe.Además se reportan controles sobre rutas y horarios, y prácticas de inspección de teléfonos que, según el documento, se han intensificado, afectando incluso a funcionarios, organizaciones y representantes de la Iglesia que deben mostrar sus celulares para poder continuar.La Defensoría documenta relatos de familias que, al huir, encontraron después sus bienes en manos de los grupos armados, con prohibición de reclamar lo que antes era suyo."Yo me enteré que mi casa ya estaba habitada por personas cercanas al ELN. Además, supe que usaron mis animales de granja como las gallinas y los cerdos para alimentar las tropas, y me dañaron todos los cultivos que tenía. En total, perdí como 12 millones de pesos de un proyecto productivo que tenía. Ahora estoy endeudado y sin con qué trabajar”, subrayó una lideresa para el informe.En esa misma línea, el informe señala que el ELN ha condicionado el retorno a “filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario”. Y en materia de tierras, consigna que a abril de 2025 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 411 solicitudes para proteger predios abandonados por sus propietarios o tenedores.La Defensoría integra datos que muestran la dimensión del daño a la población civil: en el periodo citado se incluyen 12 niños, niñas y adolescentes reclutados, 20 personas víctimas de tortura y 22 víctimas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.El consolidado reporta 163 homicidios, incluidos 6 firmantes, al menos 3 líderes sociales y 10 menores de 18 años. A esto se suman los impactos sobre mujeres: entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la Defensoría dice haber conocido 634 casos de violencias basadas en género, con 151 asociados a trata de personas por explotación sexual, matrimonio servil y trabajos forzosos.Los drones y explosivos improvisados aparecen como una amenaza permanente. Con base en datos del Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones (275 en 2025), con 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública muertos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.La Defensoría recoge que las comunidades viven con la zozobra de que “en cualquier momento” un dron ataque viviendas o parcelas; incluso relata que, durante una visita humanitaria en septiembre, comunidades dijeron que los drones se escuchaban sobrevolando las aulas o aparecían cerca de las escuelas, al punto de que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por temor a una detonación.En paralelo, el secuestro sigue siendo una práctica de poder y presión. La Comisión Humanitaria informó que participó en 29 liberaciones, desarrolladas en misiones humanitarias, y que en 2025 se logró la libertad de 121 personas; sin embargo, la Defensoría, regional Norte de Santander, reportó que 59 personas permanecían secuestradas. La Unidad para las Víctimas incluyó 108 eventos de secuestro y 162 personas por hechos ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025; el informe agrega que, según datos de la Defensoría, al menos 180 personas habrían estado secuestradas en el Catatumbo durante 2025.El negocio de la coca, con ganancias “exorbitantes”, es descrito como motor de la confrontación. En el informe se cita que, según fuentes de inteligencia militar, ese negocio puede dejar cerca de 10.000 millones de pesos al año. En esa línea, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, adviertió que “para acabar la guerra debemos acabar primero que todo con el combustible de la guerra. Y el combustible de la guerra son los cultivos ilícitos”. A esto se suma el dato de UNODC-SIMCI (2025), citado en el informe, según el cual el Catatumbo pasó de 42.043 hectáreas sembradas con coca en 2022 a 43.867 en 2023; y que Tibú concentra el 52% del total regional, con 23.029 hectáreas.En medio de esa economía, la Defensoría registra que las comunidades describen extorsiones a comerciantes, cobros por pasos irregulares y mecanismos de control como “carnetización” o exigencias simbólicas, además de presiones sobre obras comunitarias.Además advierte indicios de llegada de nuevos actores armados a la confrontación, como Autodefensas de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), en un territorio estratégico por su frontera porosa con Venezuela y los corredores hacia el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.Las consecuencias también se han sentido fuera de los límites rurales. El informe señala que Cúcuta, además de recibir desplazados, enfrenta disputas de estructuras armadas y normas impuestas en barrios: fronteras invisibles, restricciones de movilidad y riesgos de reclutamiento, especialmente en el área urbana. Y en el propio Catatumbo, el documento resalta impactos sobre pueblos indígenas como los Barí, cuyo confinamiento y riesgo de enfrentamientos han alterado su vida y su seguridad alimentaria.Sin embargo, el informe es enfático en señalar que, para las comunidades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Los habitantes del Catatumbo denuncian que, pese a los anuncios y a la declaratoria del estado de conmoción interior a comienzos de 2025, las promesas no se tradujeron en cambios reales en el territorio. Relatan que la presencia institucional fue temporal y que, una vez se retiró la fuerza pública, las condiciones de inseguridad y abandono persistieron.La Defensoría recoge el descontento de líderes y comunidades que aseguran que el problema no fue la declaratoria de la conmoción interior, sino que las medidas anunciadas “se quedaron en promesas” y con el paso del tiempo “se diluyeron, volviendo al estado de abandono estatal en el que han estado sumidos por décadas”.A ello se sumó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos que permitían la financiación de proyectos estratégicos, lo que, según el informe, anuló las posibilidades materiales del Gobierno para concretar las intervenciones prometidas.El informe también advierte sobre las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación del territorio. El propio Gobierno nacional reconoció, al establecer medidas para financiar las necesidades de seguridad y sociales durante la conmoción interior, que no existen recursos suficientes para cubrir los proyectos que requiere la región.A esto se suman las condiciones de seguridad, que obstaculizan el desarrollo de obras y programas, pues los actores armados limitan el acceso al territorio o imponen cobros a contratistas para permitir el ingreso.Pese a este panorama, el informe señala que los habitantes del Catatumbo no han renunciado a su deseo de vivir en un territorio en paz. Las comunidades insisten en que los actores armados participen en las negociaciones y le demandan al Estado el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se puedan alcanzar en esos escenarios.Otro reclamo recurrente es la necesidad de contar con medios de vida alternativos a la economía de la coca, así como avances reales en la construcción y mantenimiento de vías en condiciones óptimas que les permitan comunicarse entre municipios y con los centros urbanos, y sacar sus productos de manera segura.En materia de derechos, las comunidades insisten en la urgencia de garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y crédito, como condiciones mínimas para permanecer en el territorio.Los afectados reclaman una respuesta estatal imparcial, especialmente por parte de las instituciones encargadas de la protección y la atención a víctimas. Finalmente, demandan atención psicosocial para enfrentar el miedo, la zozobra y el profundo malestar que ha dejado esta crisis.A pocos meses de concluir el mandato del Gobierno nacional, el Catatumbo continúa a la espera de que los proyectos anunciados se materialicen y se implementen conforme a las circunstancias del territorio.
Entre un 10 % y un 13 % incrementaron los precios de los cuatro peajes que administra la concesionaria Pacífico Tres, corredor vial que comunica a Manizales y Pereira con Medellín.El porcentaje de alza varía según la estación de peaje y la categoría vehicular. Por ejemplo, en el peaje de Acapulco, para vehículos livianos (categoría I), la tarifa pasó de $15.800 a $17.600, lo que representa un incremento del 11,4 %.El peaje más costoso de los cuatro es el de Guaico. En 2025 la tarifa para categoría I era de $22.600 y para 2026 quedó en $25.300, es decir, un aumento cercano al 12 %.Estas nuevas tarifas empezaron a regir desde las 6:00 a. m. de hoy viernes 15 de enero.Nuevas tarifas de los peajes de la concesión Pacífico TresPeaje AcapulcoCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.500Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Peaje GuaicoCategoría I: $25.300Categorías II, III y IV: $31.500Categoría V: $74.100Categoría VI: $93.500Categoría VII: $107.600Peaje IrraCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.700Categoría V: $51.600Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.600Peaje SupíaCategoría I: $17.500Categorías II, III y IV: $21.800Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Desde la concesión recuerdan que los usuarios de este corredor vial tienen derecho a servicios como ambulancia, carro taller, grúa, inspección vial, postes SOS, áreas de descanso y zonas de alimentación, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos servicios cuentan con cobertura incluso si el usuario aún no ha pasado por alguno de los peajes.
La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registraron un evento sísmico de magnitud considerable que fue sentido en varios departamentos del país, especialmente en el nororiente. El movimiento telúrico, que tuvo lugar a las 02:05 hora local, alcanzó una magnitud de 5.0, según el boletín preliminar emitido por la entidad.El epicentro se localizó en una de las zonas con mayor recurrencia sísmica del mundo: el departamento de Santander. Históricamente, esta región alberga el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado principalmente bajo el municipio de Los Santos. De acuerdo con el SGC, el temblor se sintió en: Santander, Antioquia, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico, Casanare.A pesar de la intensidad del movimiento, que generó alarma en edificios altos y zonas residenciales, las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciaron de inmediato el protocolo de verificación en los municipios cercanos al epicentro. Hasta el momento, los reportes de los cuerpos de socorro y bomberos locales no indican daños estructurales graves ni víctimas humanas, aunque se mantiene el monitoreo por posibles réplicas.Temblor en México hoyMientras tanto, en México se sintió otro temblor, bastante fuerte pues su magnitud fue de 5.3, al punto que muchos ciudadanos salieron a las calles. La presidenta Claudia Sheinbaum, minutos después del sismo envió un mensaje de tranquilidad en su cuenta de X: “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”.Sismo en HondurasComo un complemento a la actividad tectónica de la jornada, el SGC también informó sobre un evento sísmico internacional ocurrido apenas una hora antes del temblor en Colombia.A las 01:08 hora local (correspondiendo al huso horario de Centroamérica), se registró un fuerte sismo en Cuyamel, Honduras. Este movimiento tuvo una magnitud de 5.2 y, a diferencia del evento colombiano que suele ocurrir a profundidades intermedias en Santander, este fue de carácter superficial (menor a 30 kilómetros).La profundidad superficial del sismo en Honduras implica que la energía liberada se siente con mayor rigor en la zona del epicentro, afectando potencialmente a comunidades en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, así como zonas fronterizas con Guatemala. La fuente de esta información fue el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), procesada y difundida por el SGC dentro de sus protocolos de vigilancia regional.Contexto geológico y medidas de prevenciónLa coincidencia de estos dos eventos en la misma madrugada subraya la complejidad tectónica de la región. Mientras Colombia se encuentra en el punto de interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, Centroamérica es influenciada por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe.El Servicio Geológico Colombiano recuerda que el país es sísmicamente muy activo, por lo que este tipo de eventos son esperados. La información proporcionada en los boletines iniciales es de carácter automático y está sujeta a cambios tras la revisión técnica definitiva. Se recomienda a la ciudadanía:Mantener la calma: Los sismos no se pueden predecir, pero la preparación reduce el riesgo.Asegurar objetos: Revisar que cuadros, estanterías y lámparas estén bien sujetos para evitar caídas durante movimientos telúricos.Fuentes oficiales: Seguir únicamente los reportes del SGC y de los organismos de respuesta locales para evitar la desinformación.