El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra la Gran Consulta por Colombia, luego de quedar por fuera de ese mecanismo político pese a haber recibido, según él, una invitación pública y privada para participar. En entrevista con Recap Blu, Palacios aseguró que la decisión de sacarlo evidencia una “política de exclusión” y no una consulta democrática ni incluyente.Palacios explicó que durante más de un año participó en reuniones y acercamientos con varios de los integrantes de esa coalición, con el objetivo de construir una unidad de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, afirmó que esta semana fue notificado de que no existía consenso para permitir su ingreso, debido a la oposición de tres precandidatos: Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.“Sin ninguna razón, sin ningún argumento y sin dar la cara, decidieron excluirme (...) Lo invitan a uno a la fiesta, uno llega, y cuando llega le dicen que reconsideraron. Lo grave es que no hubo argumentos. Esta no es una consulta incluyente ni democrática, sino una consulta de la exclusión”, señaló. Para Palacios, esta decisión contradice el propósito original de la consulta, que debía servir para sumar distintas visiones con el fin de enfrentar al petrismo en las urnas.“Si al doctor Galán le molestan mis posiciones firmes contra la criminalidad y contra el petrismo, entonces yo no debía estar ahí”, afirmó, aunque cuestionó la coherencia de ese argumento al recordar que en la consulta sí participan figuras como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y sectores del Centro Democrático.Palacios insistió en que nunca se le informaron condiciones explícitas para su participación y que, por el contrario, la invitación fue reiterada por varios líderes del bloque, entre ellos Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y el propio Pinzón.“Esto no era para fundar un club exclusivo, era para rescatar a Colombia”, subrayó, al tiempo que calificó la consulta como un “club al que uno aplica para ver si lo aceptan”.¿Qué hará Palacios?Con este paronama, Palacios confirmó que continuará su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta, apoyado en el movimiento Rescatemos a Colombia, con el que asegura haber recolectado más de 1,3 millones de firmas, actualmente en proceso de certificación ante la Registraduría. De hecho, anunció que se inscribirá formalmente el próximo 31 de enero y que seguirá impulsando una agenda centrada en seguridad, lucha contra la delincuencia, reducción del costo de vida, gasolina, salud, infraestructura e ICETEX.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
El centrocampista colombiano Richard Ríos sufrió "una luxación anterior traumática del hombro derecho" durante el partido del miércoles entre su equipo, el Benfica, y el Oporto y no jugará este fin de semana, según lo confirmado por el Benfica este viernes, 16 de enero, a la agencia EFE, sin ofrecer más detalles.Ríos tuvo que ser sacado en camilla poco antes del descanso del encuentro de cuartos de final de la Copa de Portugal del pasado miércoles entre el Oporto y el Benfica, que el club lisboeta perdió por 1-0, quedando desclasificado.El próximo sábado, 17 de enero, las 'águilas' se enfrentarán como visitante ante el equipo Rio Ave en la fecha 18 de la Liga de Portugal en el Estadio dos Arcos de la ciudad de Vila do Conde.Richard Ríos se lesiona en Portugal: ¿se perdería el Mundial 2026?El próximo partido que tiene la selección de Colombia en la previa al Mundial 2026 es un amistoso, que se desarrollará el próximo 26 de marzo, frente a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.Aunque el Benfica aún no ha emitido un parte médico oficial de Ríos posterior al partido, este incidente también abre interrogantes sobre su disponibilidad para futuras convocatorias de la Selección Colombia de camino al Mundial 2026, en las que ha sido una de las piezas habituales en las dentro de la lista de jugadores del técnico Néstor Lorenzo durante las eliminatorias sudamericanas.Mientras tanto, el Benfica deberá afrontar su próximo partido de liga ante el Rio Ave, en la decimoctava fecha de la Liga, sin la presencia de Ríos y con la duda instalada sobre la participación del centrocampista en las próximas fechas del equipo.
El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más reconocidos y confiables de Colombia. Gracias a su trayectoria, frecuencia de juego y respaldo legal, se ha convertido en una referencia nacional dentro de los juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país. Aquí puede ver el sorteo en vivo:Número ganador del Dorado Mañana hoyEl número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 16 de enero de 2026, es el 6133 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.Número ganador: 6133Dos últimas cifras: 33Tres últimas cifras: 133La quinta: 2¿Cuánto paga el Chance Dorado Mañana?Los premios dependen de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son:4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostadoÚltima cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostadoDesde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.¿A qué hora juega el Dorado Mañana?El sorteo se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a.m. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores consultan los resultados como parte de su rutina diaria.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Para premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con estos requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia.
Girón, uno de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga que ha tenido mayores inconvenientes en las elecciones de alcalde, vuelve a las urnas este domingo para una jornada de comicios atípicos después de la destitución de Campo Elías Ramírez por doble militancia.Y es que el caso de este municipio santandereano ha llamado la atención incluso de los entes de control por los líos jurídicos. Aunque el periodo de mandato de un alcalde es de cuatro años, Girón tuvo seis alcaldes entre los años 2020 y 2023 por múltiples demandas.En este cuatrienio el panorama no fue diferente y a finales de octubre del año pasado la Sección Quinta del alto tribunal confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez para el periodo 2024–2027.A pesar de la destitución, Campo Elías Ramírez nuevamente se presenta en las elecciones atípicas pese a que abogados y expertos sostienen que estaría inhabilitado para ser candidato, pues fue ordenador del gasto en los últimos 12 meses. El exalcalde y ahora candidato vuelve a competir con el aval del partido Liga y del Partido de La U.Por el Partido Conservador se inscribió William Mantilla, quien ya había participado en los comicios anteriores, logrando la segunda votación más alta (31.226 sufragios frente a los 35.263 con los que ganó Campo Elías Ramírez). Pese a ello, no asumió la curul de oposición en el Concejo Municipal.Desde la Colombia Humana, Diego Armando Moreno vuelve a presentar su candidatura. En la elección de hace dos años obtuvo 1.417 votos.El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, oficializó su aspiración con el aval del Nuevo Liberalismo y el coaval del Partido Liberal. Es originario de Ocaña, Norte de Santander, donde también aspiró a la Alcaldía hace dos años.El candidato Misael Luna Domínguez se registró con el aval de La Fuerza de la Paz y aseguró que, de llegar al cargo, uno de sus principales propósitos será articular su gestión con las juntas de acción comunal.Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del Partido ASI. En la elección pasada buscó una curul en la Asamblea de Santander.De acuerdo con la Registraduría Nacional, el censo electoral en Girón habilita a 131.355 ciudadanos (68.718 mujeres y 62.637 hombres) para ejercer su derecho al voto. La infraestructura dispuesta incluye 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en el centro carcelario y 12 en corregimientos, los cuales albergarán un total de 357 mesas.
En las últimas horas de este viernes fue publicado un video que revelaría detalles inéditos del rescate de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, luego de salir de Venezuela en medio de un aparatoso operativo que la condujo fuera del país. Las imágenes fueron difundidas por Rogan Michael John O’Handley, conocido profesionalmente como DC Draino, y posteriormente corroboradas por la organización Grey Bull Rescue.El material audiovisual muestra los minutos previos y posteriores a la salida de Machado, en lo que habría sido un complejo trayecto marítimo con destino inicial a Curazao, desde donde continuaría su viaje hacia Europa para recoger el premio Nobel en Oslo. En el video se observa la embarcación utilizada para su traslado, así como parte del recorrido realizado bajo estrictas medidas de seguridad.En las imágenes aparece Bryan Stern, director de Grey Bull Rescue, una organización de rescate sin ánimo de lucro, quien relata los momentos de tensión previos al encuentro con Machado y la prolongada espera en un punto estratégico hasta lograr recogerla. Stern describe la operación como un proceso delicado, marcado por la incertidumbre y la necesidad de mantener absoluto sigilo.Este es el video no antes visto del rescate de María Corina MachadoUno de los momentos más impactantes del video ocurre cuando Machado, ya a salvo, se dirige a la cámara y afirma: “Soy María Corina Machado. Estoy viva y a salvo y muy agradecida”.
El mercado de las SUV electrificadas en China sumó un nuevo actor con el debut de la Wuling Starlight 560, un modelo que llega con versiones a combustión, híbrida enchufable y 100 % eléctrica. El vehículo fue presentado por SGMW (una alianza entre SAIC, GM (dueños de Chevrolet) y Wuling) con una estrategia centrada en ofrecer diferentes tecnologías de propulsión en un mismo producto y con precios que parten desde los 9.000 dólares hasta los $14.200, es decir, menos de 50 millones de pesos colombianos al cambio actual.La Starlight 560 se ofrecerá en cuatro versiones y con configuraciones para cinco o siete pasajeros, lo que amplía su alcance dentro del segmento familiar.Autonomía Wuling Starlight 560 versión híbrida enchufableUno de los principales argumentos del modelo está en su variante PHEV, que combina un motor a combustión con un sistema eléctrico. Según la ficha técnica, esta versión alcanza una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros, medida bajo el ciclo WLTC.El sistema híbrido enchufable utiliza un motor a gasolina de 1.5 litros, con una potencia máxima de 78 kW (105 hp) y un par de 130 Nm, acompañado por un motor eléctrico delantero que entrega 145 kW (194 hp) y 230 Nm. En modo totalmente eléctrico, la SUV puede recorrer hasta 125 kilómetros, de acuerdo con el ciclo CLTC.Oferta mecánica: gasolina, híbrida y eléctricaAdemás de la versión PHEV, la Wuling Starlight 560 también está disponible con un motor de combustión interna y una opción totalmente eléctrica.La variante a gasolina incorpora un bloque 1.5 turbo, capaz de desarrollar 130 kW (174 hp) y 290 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades o una caja CVT.Por su parte, la versión eléctrica equipa un motor de 100 kW (134 hp) y 200 Nm, alimentado por baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) con capacidades de 54,5 kWh o 56,7 kWh. Dependiendo de la configuración, la autonomía eléctrica se sitúa entre 450 y 500 kilómetros, según el ciclo CLTC.En materia de carga, el modelo admite carga rápida 2C, lo que permite pasar del 30 % al 80 % de batería en unos 20 minutos, o sumar cerca de 200 kilómetros de autonomía en 15 minutos.Dimensiones y capacidad interiorEn términos de tamaño, la Starlight 560 se ubica en el segmento de SUV medianas. Sus dimensiones son 4.745 mm de largo, 1.850 mm de ancho y hasta 1.770 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.810 mm.El baúl ofrece una capacidad estándar de 320 litros, que puede ampliarse hasta 1.945 litros al abatir las filas traseras. Además, los asientos delanteros pueden reclinarse completamente y los respaldos traseros permiten una inclinación de hasta 125 grados, una característica orientada al confort en viajes largos.El diseño frontal varía según el tipo de motorización. Las versiones a gasolina e híbrida enchufable cuentan con una parrilla rectangular tipo malla, acompañada de un parachoques con una placa trapezoidal inferior. En contraste, la versión eléctrica adopta un frontal cerrado, acorde con su configuración sin motor térmico.La gama de colores incluye azul Interstellar, gris Smoky, blanco Silver Frost y negro Obsidian.Tecnología y equipamiento interiorEn el interior, la SUV incorpora una pantalla central de 12,8 pulgadas, desde la cual se gestiona el sistema Ling OS, compatible con HiCar y CarLink. Detrás del volante de base plana se ubica el cuadro de instrumentos digital.El modelo mantiene controles físicos bajo la pantalla central y suma cargador inalámbrico para celulares y portavasos en la consola central.
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Este 18 de noviembre de 2025, Blu Radio y Meridiano Blu realizaron un debate clave con los precandidatos de la Fuerza de las Regiones, quienes se medirán en un intercambio de ideas y propuestas rumbo a la definición del aspirante que representará a ese movimiento político en las elecciones presidenciales de 2026. En el encuentro participaron figuras como Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas, quienes expusieron sus visiones sobre el futuro del país y los principales desafíos que enfrenta Colombia. Los tres aspirantes, todos exmandatarios locales, lograron una coincidencia fundamental en el eje de seguridad y orden público: la política de "paz total" del actual gobierno debe terminar. La consigna de "acabar la paz total" se convirtió en el punto central. Sumado a esto, los tres precandidatos expresaron su total respaldo a retomar los bombardeos contra campamentos de grupos delincuenciales, una medida que, según Zuluaga, es totalmente necesaria para enfrentar el deterioro de la seguridad en el país.En el bloque de seguridad, Juan Guillermo Zuluaga fue contundente al manifestar que su "primer acto de gobierno será acabar la paz total", argumentando que esta política ha fortalecido a los grupos armados al "regalarles el cese al fuego" y levantar órdenes de captura. En la misma línea, Juan Carlos Cárdenas declaró: "Definitivo, la paz total, eso hay que acabarlo", y planteó fortalecer la seguridad con decisiones "valientes" y una reforma judicial. Por su parte, Aníbal Gaviria coincidió en que la acción estatal debe ejercerse "con toda la fuerza del Estado", destacando que la seguridad es "la primera inversión social". Gaviria insistió en que los grupos alzados en armas hoy son organizaciones criminales que el Estado debe atacar "sin ninguna contemplación".El debate no solo se centró en el orden público, sino que también abordó la crisis del sistema de salud. Los precandidatos coincidieron en que es urgente abordar los problemas del sistema, criticando la imposición ideológica. Zuluaga advirtió que "cuando se impone una ideología en el sistema de salud se mata gente", mientras que Gaviria propuso volver a un sistema mixto, que combine lo privado y lo estatal, y obligar a las EPS a extender su cobertura a las zonas rurales. Finalmente, Juan Carlos Cárdenas enfatizó la necesidad de descentralizar el Estado y dar mayor autonomía regional, sugiriendo que la UPC y los problemas de salud deben analizarse con un enfoque regional, ya que las problemáticas no son iguales en Bogotá, la Amazonía o la zona Andina.
El registrador Hernán Penagos desde un foro en la Javeriana, se refirió a la seguridad de las elecciones de 2026. En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno para trabajar de manera articulada, con el fin de brindar las garantías necesarias.“Y la seguridad en Colombia, para unas elecciones libres y justas, la debe prestar el Gobierno nacional a través de su Ministerio de Defensa y su cúpula militar. Pero se trata de un trabajo articulado, que debo decir claramente: reclamo mucho más apoyo del Gobierno en esas tareas. Solo hay que tener un atributo, carácter, para defender al país. Y si eso no lo tienen todas y todos los que están al frente de las entidades públicas, y si eso no lo tiene también la sociedad civil, de saber lo que estamos jugando, no va a ser fácil gestionar este proceso que se viene”, señaló Penagos.El registrador también dijo que, en este momento, es responsabilidad de todos proteger el país y respondió a quienes han cuestionado o manifestado dudas sobre el trabajo de la entidad.“Tenemos que entender que aquí tenemos responsabilidades que están por encima de los cargos y que tenemos que ejercerlas. Pueden asediar a la Registraduría todo el tiempo que sea y no vamos a ceder en la defensa de la autonomía y la independencia; de hecho, no lo vamos a hacer porque es nuestro deber constitucional”, dijo Penagos.Es importante recordar que, recientemente, el presidente Gustavo Petro aseguró, tanto por medio de su cuenta de X como en algunas declaraciones, que no confiaba en los escrutinios.
A esa hora en que el océano pierde forma y se convierte en un solo bloque oscuro, el ARC Gloria entra en su turno más exigente: la guardia nocturna. Entre las 00:00 y las 04:00, mientras el resto del buque duerme, un pequeño equipo mantiene viva la seguridad de la nave en un escenario donde no hay margen para errores. La noche, en alta mar, es otra cosa: más silenciosa, más peligrosa y más impredecible.El suboficial tercero Luis Ospino, navegante del buque, lo resume con franqueza: “Aunque estemos en aguas abiertas, no podemos relajarnos. En cualquier momento pueden ocurrir colisiones.” Su tarea, a esa hora, es casi quirúrgica. Cada hora debe marcar la posición en carta de papel y también en sistemas electrónicos.Nada puede quedar sin verificar: peligros, ayudas, profundidades y contactos que aparezcan en el radar. A veces, los riesgos no vienen de buques enormes, sino de pequeñas embarcaciones sin luces, muchas ligadas a pesca ilegal. “Esos contactos no llevan luces energizadas. Por eso dependemos del radar y de la experticia del navegante para saber si es real”, explica mientras observa un eco que marca un punto de mayor aproximación a 3,2 millas.En el puente, el ambiente es sobrio y concentrado. El teniente de navío Wessel Lucas, jefe de la Segunda Guardia, lidera este turno de oscuridad absoluta. Su responsabilidad es cumplir la intención de maniobra del comandante y mantener el rumbo. Y lo hace mientras instruye a los cadetes que viven aquí su primera guardia real.“Es su primer contacto con lo que significa navegar de verdad. Aquí se dan cuenta de la responsabilidad que tendrán en un futuro”, señala Lucas, rodeado del timonel, los vigías de proa y costados, y el navegante, quienes conforman el equipo esencial para mantener al Gloria seguro en la noche.Cuando aparece un eco extraño en el radar, no hay tiempo para dudar. El suboficial Ospino detalla el procedimiento: “Identificamos el contacto, reportamos marcación y distancia al oficial de guardia. Él decide si seguimos el rumbo o si debemos cambiarlo”.Si el riesgo persiste, se intenta comunicación por VHF para alertar al otro buque e informar la condición del Gloria, que navega en combinación de velas y motor. “Buscamos que el contacto sepa quiénes somos y qué maniobra vamos a ejecutar”, explica.Pero la noche también exige estar listos para lo inesperado. Si hay una emergencia cercana, el Gloria está obligado a asistir. “Llamamos a la estación de control más cercana y actuamos para salvar la vida en el mar”, dijo el capitán de Infantería de Marina, José Celis.Si el peligro es contra el propio buque, los protocolos cambian de inmediato. “Si se presenta una situación hostil, tripulamos los lugares vitales y usamos las armas del buque para mitigar un ataque, ya sea de piratería o agresión”, asegura el capitán.Pilotear el Gloria en la oscuridad suma otro nivel de complejidad. El timón puede operarse desde la timonera o mediante joystick, pero en un caso extremo existe un tercer sistema: el servomotor, que permite gobernar manualmente. Todo debe funcionar, y todo debe hacerse con precisión. En la noche, un error no se ve: se siente, tarde.Así avanza el Gloria en la madrugada, acompañado solo por el sonido del casco cortando el agua y el brillo mínimo de los instrumentos. En ese puente silencioso, donde la oscuridad lo cubre todo, la guardia nocturna sostiene la seguridad del buque con disciplina, técnica y temple. Navegar en la noche no es solo un turno: es una prueba permanente de vigilancia y de respeto por el mar que nunca duerme.
Las autoridades detuvieron a 14 presuntos miembros de un grupo ilegal acusado de promover un modelo de estafa que ofrecía un negocio de inversión de acciones a través de falsas plataformas de criptoactivos en Colombia, Chile y Perú, informó este martes, 18 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación."Con atractivas publicaciones por redes sociales, la organización ilegal captaba la atención de incautos, que posteriormente eran contactados por vía telefónica y convencidos de transferir entre 200 y 250 dólares para inscribirse al esquema ilícito y obtener supuestas ganancias a corto plazo", detalló la Fiscalía en un comunicado.El grupo ilegal está acusado de apropiarse 71.000 millones de pesos de sus víctimas en los tres países, esto entre 2021 y 2025.Un fiscal imputó a los detenidos los delitos de estafa por medios informáticos hurtos por medios informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los cuales no fueron aceptados por estas 14 personas.¿Cómo operaba el grupo ilegal que hace estafas por internet?Los miembros del grupo ilegal pedían a los clientes instalar en sus dispositivos herramientas como Anydesk o Imperios, que permiten el control remoto de sus dispositivos asegurando que servían para "verificar los avances de las inversiones".El dinero enviado al grupo criminal nunca era invertido, a pesar de que los integrantes "mantenían comunicación con las víctimas, les mostraban gráficas ficticias de dividendos obtenidos, les indicaban que debían aumentar los aportes y les advertían que no podían retirarse", aseguró la Fiscalía.De esta manera, tomaban el control de sus celulares y computadores "para apoderarse de las claves personales y de los productos bancarios" de los usuarios.Entre los detenidos, de los cuales tres recibieron prisión domiciliaria preventiva, figura el mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel, quien supuestamente es el líder de esta red criminal.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
Un violento asalto se registró en las últimas horas sobre la vía que comunica a Popayán con Cali, a la altura de la variante del puente peatonal, en el departamento del Cauca. En ese punto, dos vehículos tipo niñeras que transportaban un total de 17 automotores fueron interceptados por un grupo armado y despojados de la carga que movilizaban hacia el sur del país.De acuerdo con la Policía, los camiones cubrían la ruta Cartagena–Pasto (Nariño) cuando fueron abordados por cerca de 15 hombres armados, quienes, mediante amenazas con armas de fuego, obligaron a los conductores a detener la marcha. Aunque los delincuentes se llevaron los vehículos transportados, los tractocamiones no fueron hurtados.Horas después del ataque, los dos camiones fueron ubicados en buen estado, al igual que sus conductores, quienes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro. Tras el hecho, las autoridades les brindaron acompañamiento mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Tras conocerse el robo, se activó un operativo especial en el que participaron unidades de la Policía, las Fuerzas Militares, apoyo aéreo y equipos de investigación e inteligencia. Estas acciones permitieron establecer una posible ubicación de los automotores robados en una zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.El caso es materia de investigación y se desarrolla en un corredor donde las autoridades han advertido la presencia e injerencia de estructuras armadas organizadas, entre ellas el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En esta región, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas ante el accionar de estos grupos, señalados de múltiples hechos violentos y delictivos.Mientras avanzan las labores de búsqueda y judicialización, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en el suroccidente del país para enfrentar este tipo de acciones criminales que afectan la seguridad vial y el transporte de carga en uno de los principales corredores del país.