El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras un año de sonoros desencuentros en el que Washington ha acusado al mandatario suramericano de narcotraficante y este ha criticado repetidamente la política exterior del republicano.Estas son las claves de un cara a cara al que Petro llega en la recta final de su mandato pero que puede ser el más importante de su presidencia.¿Dónde y cuándo es la reunión?El encuentro será a las 11.00 horas de Washington (misma hora en Bogotá y 16.00 GMT) en la Oficina Oval de la Casa Blanca y oficialmente se desarrollará a puerta cerrada, aunque Trump suele permitir a última hora el acceso de la prensa.Petro es el tercer dirigente latinoamericano recibido por Trump en la Casa Blanca durante su segundo mandato, después del salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei, aliados ideológicos del republicano.El presidente colombiano llegó a Washington el domingo por la noche tras obtener un visado especial, ya que está sancionado por la Administración estadounidense.Le obsequiará a Trump una cesta de chocolates y café colombianos en un intento de simbolizar su política de sustitución de cultivos de coca.¿Cómo se deterioró la relación?La relación entre Petro y Trump ha sido tensa desde que el líder republicano regresó al poder el 20 de enero de 2025.Días después de su investidura, amenazó a Colombia con una guerra arancelaria por la negativa de Petro a recibir vuelos de deportación de migrantes, al denunciar un "trato indigno". La crisis se resolvió el mismo día, pero dejó una herida abierta.En septiembre, Washington retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha antidrogas y ese mismo mes, el Departamento de Estado revocó su visa tras instar, en un mitin en Nueva York, a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.El tono se elevó aún más en octubre, cuando Trump acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico", mientras que el Departamento del Tesoro le impuso sanciones financieras al incluirlo, junto a parte de su familia y al ministro de Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton.Petro condenó además los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, y Trump llegó a sugerir que el mandatario colombiano podría ser "el siguiente" objetivo después del operativo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pero ambos acordaron verse en una sorpresiva llamada telefónica del 7 de enero, días después del arresto del líder chavista.¿Qué asuntos están sobre la mesa?Trump afirmó este martes que Petro "ha cambiado mucho su actitud" desde el derrocamiento de Maduro, y se mostró convencido de que tendrán una buena reunión.La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, que acompaña a Petro en Washington, también se mostró este martes "muy positiva" sobre el cara a cara y aseguró que el encuentro relanzará las relaciones entre ambos países.Petro llega a la cita en la recta final de su mandato, ya que la primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 31 de mayo, pero la lista de temas a abordar es variada y compleja.Esos van desde la posible petición del mandatario para ser retirado de la Lista Clinton hasta asuntos migratorios y la eventual colaboración con Washington en sus planes para la transición en Venezuela, país que comparte más de 2.000 kilómetros de porosa frontera con Colombia.El asunto del narcotráfico, sin embargo, es central. "Será fundamental que Petro encuentre puntos en común con Trump en áreas de máxima prioridad para Estados Unidos", dijo a EFE Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.Petro llegará a la Casa Blanca con la intención de demostrar con datos que su política, que apuesta por la sustitución de cultivos en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico, ha sido exitosa.La Casa Blanca denuncia, sin embargo, que el área de cultivos de coca ha aumentado, con base en cifras de Naciones Unidas que, según el Gobierno colombiano, se elaboraron con una "metodología equivocada".Kevin Sullivan, vicepresidente del Consejo de las Américas, declaró a EFE que Petro todavía tiene margen de maniobra para implementar cambios dado que ejercerá el cargo "durante gran parte de 2026", hasta que en agosto asuma un nuevo mandatario."El presidente Trump buscará compromisos concretos del presidente Petro para intensificar las acciones y frenar el creciente flujo de cocaína que sale de Colombia", pronosticó.
Con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 cada vez más cerca, uno de los pasos clave para los ciudadanos es verificar con tiempo dónde les corresponde votar. Aunque pueda parecer un trámite menor, consultar el puesto de votación evita contratiempos el día de las elecciones y facilita una participación tranquila y organizada.La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de administrar el censo electoral, ya tiene habilitados los canales oficiales para que los colombianos, dentro y fuera del país, puedan confirmar esta información con anticipación.¿Por qué es importante consultar el puesto de votación?Saber con exactitud el lugar asignado para votar permite planear mejor la jornada electoral y evitar desplazamientos innecesarios. No son pocos los casos de personas que llegan a un sitio equivocado por no haber verificado previamente su información.Al hacer la consulta, el ciudadano puede confirmar datos clave como:La localidad o municipio donde está inscrita su cédula.El nombre del puesto de votación.La dirección exacta del lugar.La mesa asignada para sufragar.Además, esta revisión previa ayuda a detectar errores o cambios en el registro y corregirlos antes del día de la votación. Para 2026, el calendario electoral contempla elecciones al Congreso el 8 de marzo, primera vuelta presidencial el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.¿Cómo hacer la consulta del puesto?La forma más rápida y sencilla es a través de la plataforma digital de la Registraduría. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Basta con ingresar al portal oficial del censo electoral y digitar el número de cédula, sin puntos ni comas.El sistema mostrará de inmediato el lugar de votación actual, con todos los datos necesarios. Este servicio está disponible tanto para quienes viven en Colombia como para los ciudadanos que se encuentran en el exterior.Quienes prefieran atención presencial pueden acudir a las sedes de la Registraduría en todo el país, donde también se ofrece orientación sobre el estado del registro electoral.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí. La Registraduría permite actualizar el puesto de votación dentro de los plazos definidos en el calendario electoral. Este trámite está pensado para personas que cambiaron de ciudad o desean votar en un lugar diferente.El cambio se puede hacer en jornadas presenciales o a través de las plataformas habilitadas. Para los colombianos en el exterior, los consulados y embajadas funcionan como puntos autorizados para estos trámites.La recomendación de las autoridades es consultar con tiempo, guardar la información y llegar el día de la votación con la cédula original o digital. Prepararse con anticipación hace la diferencia y permite ejercer el derecho al voto sin afanes ni confusiones.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En ese sentido, se refirió en Recap Blu a la expresión que tuvo el año pasado el magnante hacia el jefe de Estado colombiano, cuando lo llamó líder del narcotráfico."Hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas, pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente Trump decidió hablar con el presidente colombiano y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza (narcotráfico), hubiera aceptado hablar con el presidente Petro", dijo la exintegrante del gabinete del Gobierno.¿Se acabará descertificación de Colombia?En septiembre del 2025, la administración de Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y, con la reunión entre los mandatarios, se podría llegar a un acuerdo para reversar esa medida. Por eso, Buitrago explicó que las diferencias entre las cifras que maneja el Gobierno colombiano y las que presentan Estados Unidos, la ONU y otros organismos internacionales obedecen a problemas metodológicos y a una lectura incompleta del fenómeno. Reconoció que el cultivo de coca ha crecido y que existe un aumento de grupos criminales con control territorial, pero insistió en que también deben contabilizarse los esfuerzos en incautaciones, destrucción de laboratorios y acciones que impiden que la droga llegue a los mercados internacionales.Buitrago también señaló que la descertificación no responde a una sola causa, sino a un conjunto de factores históricos, políticos y operativos. Entre ellos destacó la expansión de los cultivos ilícitos —que, según cifras conocidas, se acercarían a las 300.000 hectáreas— y la falta de una erradicación efectiva en territorios dominados por estructuras criminales. En ese sentido, defendió que esos grupos deberían asumir directamente el desmonte de cultivos y laboratorios si realmente tienen voluntad de paz, y no trasladar el riesgo a la fuerza pública.Frente a la posibilidad de que Estados Unidos revierta su decisión tras la reunión bilateral, la exministra fue prudente. Consideró que el solo hecho de abrir el diálogo ya implica un reconocimiento a los esfuerzos de Colombia, especialmente en incautaciones y golpes al crimen organizado, pero advirtió que no bastará con conversaciones. “Habrá exigencias de resultados concretos, sobre todo en erradicación y lucha contra el multicrimen”, concluyó, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional es clave frente a mafias que operan en varios continentes.
La recopilación de videos a través de cámaras de seguridad, entre otras evidencias, fue suficiente para que investigadores de la Sijín identificaran y lograran la ubicación del hombre que, con arma de fuego, atacó a un patrullero de la Policía cuando se dirigía a atender un hecho de homicidio registrado el fin de semana anterior en un establecimiento público del corregimiento de Bruselas, en jurisdicción del municipio de Pitalito.Se trata de alias ‘Sombra’, quien, según versiones oficiales, desde una motocicleta, como parrillero, habría disparado un arma de fuego contra el uniformado, que permanece bajo observación médica y fuera de peligro en el hospital de Pitalito, en el sur del Huila.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía en el Huila, indicó que los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la patrulla se desplazaba a atender el homicidio de una persona que se presentó en el corregimiento de Bruselas, hecho que también es materia de investigación.Posteriormente al ataque contra el patrullero, de inmediato se desplegó un plan candado en todo el centro poblado y, según la Policía, los operativos constantes sirvieron como presión para que alias ‘Sombra’ se entregara de manera voluntaria en las últimas horas.“Ante la presión operativa y el cierre total del territorio, alias ‘Sombra’ no tuvo otra alternativa que presentarse ante las autoridades judiciales. La Policía agradece a la ciudadanía la información suministrada, la cual fue clave para la ubicación de este sujeto y su posterior judicialización”, aseguró el coronel Carlos Eduardo Téllez.Alias ‘Sombra’, quien resultó herido en un intercambio de disparos con la patrulla policial, recibe atención médica y, tan pronto sea dado de alta, será llevado a un centro de reclusión por orden de un juez de control de garantías.
Las operaciones militares desarrolladas en el departamento del Putumayo y en la zona de frontera con Ecuador han permitido un golpe sostenido contra el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal, actividades que financian a grupos armados organizados que operan en esta región del país. Las acciones del Ejército se han concentrado en municipios como Orito, San Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, La Hormiga y Valle del Guamuez, considerados corredores estratégicos para el narcotráfico.De acuerdo con el balance de los últimos 24 meses, las tropas han logrado poner fin al funcionamiento de 827 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y ocho más dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína. A esto se suma la incautación de 513 kilogramos de pasta base, ocho toneladas de cocaína y más de siete toneladas de marihuana, evidenciando la magnitud de las economías ilícitas que operan en esta zona fronteriza.Las operaciones también han impactado otras fuentes ilegales de financiación. En ese periodo fueron intervenidas 39 refinerías clandestinas, 24 unidades de minería ilegal y 46 válvulas usadas para la extracción ilícita de hidrocarburos, afectando directamente las redes criminales que sostienen estas actividades.En el componente armado, los resultados incluyen la captura de 43 personas, el sometimiento a la justicia de 11 más y la incautación de 49 armas de fuego, más de 23.000 municiones y 531 artefactos explosivos. Estas acciones han debilitado de manera significativa a estructuras criminales que delinquen en la región, entre ellas la Estructura 48 Comandos de Frontera.Las autoridades señalaron que las operaciones continúan con el objetivo de cerrar corredores ilegales, reducir la capacidad operativa de los grupos armados y fortalecer el control territorial en una de las zonas más sensibles del país, clave para la seguridad regional y binacional.
La movilidad en Bogotá tendrá una semana atípica a comienzos de febrero de 2026. La combinación entre el esquema habitual de pico y placa y la jornada del Día sin carro y sin moto hará que algunos conductores solo puedan usar su vehículo particular un solo día entre semana, según confirmó la administración distrital.¿Qué placas solo podrán circular un día esta semana?Los carros particulares a combustión con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 serán los más afectados, debido a que tendrá restricción de pico y placa los días pares, es decir:Lunes 2Miércoles 4Viernes 6A esto se suma que el jueves 5 de febrero de 2026 se llevará a cabo el Día sin carro y sin moto en Bogotá, jornada que prohíbe la circulación de vehículos particulares durante 16 horas continuas.Con este escenario, el único día en el que estos carros podrán circular será el martes 3, ya que no tienen pico y placa y no coincide con la jornada ambiental.¿Cuáles son los horarios del Día sin carro y sin moto?Bogotá vivirá su primera jornada del año del Día sin carro y sin moto el jueves 5 de febrero, fecha en la que la capital cumple 26 años de implementación de esta iniciativa ambiental.La restricción operará desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, periodo en el que se priorizará el uso del transporte público, la bicicleta y otros medios de movilidad sostenible. Durante estas 16 horas no podrán circular carros ni motocicletas particulares, salvo las excepciones establecidas por la norma.Multa por incumplir Día sin carro y sin motoLa Secretaría de Movilidad confirmó que para 2026 los valores de las multas fueron actualizados. Quienes circulen sin estar dentro de las excepciones se exponen a la infracción C14, correspondiente a transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos.Las sanciones incluyen inmovilización del vehículo o motocicleta, con traslado a patios, y una multa por 633.200 pesos, que subió con el ajuste para este año.Vehículos que no podrán circular durante la jornadaDurante el Día sin carro y sin moto se suspenderán algunos beneficios que operan en días normales. Por ejemplo, los permisos de pico y placa solidario no serán válidos ese día, aunque el sistema repondrá automáticamente la jornada al usuario.La restricción aplica para:Transporte privadoCarros y motos particularesVehículos y motos de escuelas de conducciónVehículos con permiso de pico y placa solidarioVehículos particulares de medios con placa amarillaVehículos híbridosVehículos dedicados a gasTransporte públicoTaxis con placa terminada en 3 y 4Vehículos de carga con restricción vigenteCuáles son las excepciones de la jornadaPara garantizar el funcionamiento de la ciudad y la atención de servicios esenciales, la normativa establece un listado de vehículos autorizados para circular durante la jornada.Entre ellos se encuentran:Transporte públicoTransporte para personas con discapacidadVehículos de emergenciaTransporte escolar propiedad de la instituciónVehículos con capacidad para más de 10 pasajerosServicios públicos domiciliariosVehículos destinados al control de tráficoCaravana presidencialVehículos de Fuerzas Militares, Policía, organismos de seguridad y CTIVehículos diplomáticos o consularesMotocicletas de vigilancia y seguridad privadaVehículos asignados por la Unidad Nacional de ProtecciónVehículos eléctricos o de cero emisiones, incluidas motocicletasCarrozas fúnebresMotocicletas de mensajería y domiciliosControl operacional y mantenimiento del SITPTransporte de valoresLa administración distrital recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación, priorizar el uso del transporte público y optar por la micromovilidad para evitar sanciones y contribuir a la reducción del impacto ambiental durante esta jornada especial en la capital.
En zona montañosa del municipio de Tuluá, en el corregimiento de Santa Lucía, Valle del Cauca, cuatro mujeres que se movilizaban en una motocicleta fueron arrastradas por la creciente de una quebrada. El hecho ocurrió cuando intentaban cruzar el afluente, momento en el que perdieron el control del vehículo y cayeron al agua.Como consecuencia de la emergencia, una madre y sus dos hijas, de 3 y 6 años de edad, fueron halladas sin vida por la comunidad y kilómetros más abajo fue encontrada la cuarta mujer, quien presentaba varias lesiones, la cual posteriormente fue trasladada de urgencias a un centro asistencial.“Son unos lamentables hechos producto de un accidente ocurrido a bordo de una motocicleta. Desafortunadamente, el resultado es fatal. Inicialmente fue hallado el cuerpo de la madre de las dos niñas y posteriormente, hacia las 6:00 de la tarde, fueron encontrados los cuerpos de las menores, los cuales fueron trasladados al centro poblado de Santa Lucía, específicamente al templo parroquial. En este accidente también resultó lesionada la otra acompañante que se movilizaba en la motocicleta”, dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.La madre de las menores fue identificada como Adriana Ante, mientras que la mujer lesionada responde al nombre de Olga Lucía Sánchez, quien se recupera de las heridas en un centro hospitalario de Tuluá. Las autoridades del municipio adelantan las labores de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.“Activamos de inmediato los protocolos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender la emergencia. El alcalde ordenó que la administración municipal asuma la totalidad de los gastos fúnebres de las víctimas, cuyos cuerpos están siendo trasladados desde Santa Lucía hasta la cabecera municipal. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial adelantarán los actos urgentes para la inspección técnica de los cuerpos”, agregó Hincapié.Cabe señalar que, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, el río Tuluá también se desbordó, generando múltiples emergencias en la cabecera municipal, con vías inundadas, barrios y viviendas afectadas.
En la región Caribe, las lluvias no dan tregua desde las 11:30 de la noche del sábado, cuando se empezaron a sentir los efectos de la interacción de dos frentes fríos y tres sistemas de baja presión que crearon una vaguada, es decir, se alinearon las condiciones para que el clima se inestabilizara, como si se volviera loco, y diera lugar a prolongadas e intensas lluvias, que además están acompañadas de olas que podrían alcanzar hoy hasta las 4 metros de altura."Vea, se están arrastrando las cabezas de ganado por el río. Ahí se ven", dijo un habitante de Puerto Escondido en un video grabado desde el puente San Jorge, en Córdoba. Precisamente, este es el departamento más afectado en el Caribe, donde 12 municipios están bajo inundaciones, con especial afectación en pasos entre municipios, quedando aislados como islas, mientras ven a sus animales ser arrastrados por la corriente. La pérdida es total para al menos 10.000 personas. El municipio Canalete es uno de los más afectados, donde una mujer conmovió al grabarse llorando frente a lo que quedó de su casa en el municipio de Canalete."Ay Dios mío ya ni reconozco dónde quedaba mi casa. Por favor, todos salgan de sus casas y póngase a salvo. Esto es horrible", contó la mujer. Lo peor podría venir en las próximas horas, siendo que las lluvias se intensificarán. Por esto, hay alerta roja para la ciencia del río Sinú, incluyendo al departamento de Sucre, pues, como si fuera poco, desde las 6:30 de la tarde del domingo se presentó el desbordamiento del embalse de Urrá, lo que está aumentando aún más los niveles del Sinú. En estos momentos, es como si por minuto estuvieran descargando en el embalse el agua de 43 piscinas olímpicas, hasta cuatro veces más de lo habitual. Ante esto, reconoce el gobernador Erasmo Zuleta que tiene desbordada su capacidad de atención.
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer dos homicidios de mujeres registrados en el municipio de San José de Pare, Boyacá, en límites con Santander, hechos que han generado conmoción entre la comunidad debido a que ocurrieron con menos de 48 horas de diferencia y presentan similitudes en los signos de violencia.El primer caso se registró el 29 de enero en la vereda Balsa, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con evidentes signos de violencia. Al día siguiente, el 30 de enero, las autoridades encontraron a otra mujer asesinada en un cafetal de la vereda Resguardo, con características similares en las lesiones, situación que es materia de análisis por parte de los organismos judiciales para establecer si ambos crímenes están relacionados.Las víctimas fueron identificadas como María Elvia González y María Rosalía Díaz Tamayo.Frente a estos hechos, la secretaria de Integración Social de Boyacá, Luisa Rodríguez, expresó un mensaje de solidaridad y rechazo contundente a la violencia contra las mujeres.“Desde la Secretaría de Integración Social le enviamos un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a la comunidad de San José de Pare, del departamento de Boyacá, por los hechos ocurridos que enlutan nuestros corazones. Rechazamos cualquier tipo de acto violento que agreda la integridad de nuestras mujeres. Instamos a las autoridades locales y departamentales a que se articulen para generar celeridad y esclarecimiento de los hechos”, señaló la funcionaria.Las autoridades continúan con las labores investigativas y de recolección de pruebas para dar con los responsables de estos homicidios y determinar si existe conexión entre ambos casos.
Un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quedó expuesto tras la publicación de una conversación privada que reavivó la controversia por la exportación de carbón colombiano a Israel. El intercambio, difundido por Reyes en redes sociales, se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno.En el mensaje que acompaña la imagen, Reyes le dice al presidente que “un economista debe decir siempre la verdad” y le pide dejar de “difundir falsedades” sobre su gestión. En ese mismo texto, asegura que fue Petro quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbón hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza.La imagen divulgada muestra un chat entre Reyes y el presidente Petro. En la conversación, el entonces director de la DIAN le consulta al jefe de Estado si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación, y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el Gobierno. “¿Es así?”, pregunta Reyes en el mensaje.La respuesta atribuida al presidente es clara y breve: “Así es. Lo otro condena jurídicamente el decreto. Debe ser a la fecha de su expedición”. Con ello, Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales.El intercambio se conoce en medio de la discusión pública sobre el alcance real del decreto que buscaba frenar las exportaciones de carbón a Israel, una decisión anunciada por el Gobierno como parte de su postura política frente al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, desde sectores críticos se ha señalado que, en la práctica, la medida no detuvo completamente los envíos debido a la vigencia de contratos previos.La revelación del chat muestra que la decisión de limitar el alcance del decreto habría sido tomada directamente por el presidente, con el argumento de evitar riesgos jurídicos para el Estado. Al mismo tiempo, deja en evidencia la tensión entre Petro y Reyes, quien salió del cargo en medio de diferencias internas y ahora contradice públicamente la versión del mandatario.
Largas filas para la reclamación de medicamentos en Discolmets, la no prestación de servicios ambulatorios a usuarios en los diferentes municipios por las carteras morosas de las EPS con red hospitalaria pública y privada, hacen parte de las graves dificultades que enfrentan diariamente miles de afiliados de la Nueva EPS y de Sanitas en todo el departamento.Ante esta grave situación, los 37 personeros del Huila se reunieron con el delegado regional de la Superintendencia de Salud en Neiva para exigirle acciones urgentes, teniendo en cuenta que miles de usuarios llevan varios meses sin recibir sus medicamentos, incluso, pacientes con enfermedades de alto riesgo.El personero de Neiva Jerson Andrés Bastidas, en diálogo con Blu Radio, dijo que, de manera conjunta con los demás personeros del Huila, interpondrán acciones legales ante las entidades correspondientes como mecanismo constitucional para visibilizar y exigir los derechos que se les han vulnerado a cientos de afiliados en la prestación de servicio de salud.“Los personeros del Huila nos hemos reunido para tomar acciones constitucionales urgentes, nos reunimos con el delegado de la Supersalud para el Huila, decimos presentar una acción constitucional de reclamo colectivo de derechos, donde buscamos visibilizar cuantos medicamentos pendientes hay en el Huila por entregar, con corte al mes de enero” señaló en Blu Radio el representante del ministerio público.Agregó el personero de Neiva, Jerson Bastidas, que más de 6.500 tutelas e incidentes de desacato gestionadas desde las personerías del departamento no han sido tenidas en cuenta para proteger la salud de los pacientes por parte de las entidades de salud y las EPS.Por último, cuestionó a las organizaciones sindicales y a los defensores de derechos humanos, quienes permanentemente convocan a manifestaciones sociales, para que también ejerzan presión y que, así, a los huilenses y pacientes se les garantice los servicios de salud. “Me llama mucho la atención que nadie proteste por la salud, nadie convoque a un plantón o a una marcha por algo que están vital como lo es la salud”, aseveró.
Una ofensiva sostenida contra el microtráfico dejó fuera de circulación cerca de cuatro toneladas de droga en diferentes regiones del país durante enero. La Policía reportó que, entre el 1 y el 28 de ese mes, adelantó una serie de operativos que impactaron de manera directa las redes dedicadas a la venta local de estupefacientes, un fenómeno asociado a la violencia urbana, la inseguridad y el deterioro del entorno social.Las acciones incluyeron 289 diligencias de allanamiento y la identificación de 103 expendios ilegales, muchos de ellos ubicados en zonas residenciales y entornos frecuentados por niños y jóvenes. El resultado fue la incautación de grandes cantidades de droga que, según las autoridades, ya no llegarán a las calles ni a los mercados criminales.El despliegue operativo también derivó en la captura de 4.136 personas, de las cuales 3.950 fueron sorprendidas en flagrancia y 186 por orden judicial. A estas se suman 98 aprehensiones, para un total de 4.234 personas vinculadas a procesos por tráfico local de estupefacientes, lo que representa uno de los golpes más fuertes al microtráfico en lo que va del año.Bogotá encabezó la lista de ciudades con mayor número de capturas, con 341 personas detenidas, seguida por Cartagena (235) y Bucaramanga (161). En las áreas metropolitanas, los mayores resultados se registraron en el Valle de Aburrá, con 797 capturas, y Pereira, con 248, cifras que evidencian la magnitud del fenómeno y la presión policial sobre estas economías ilegales.“El compromiso es cerrarles todos los espacios al microtráfico y proteger a niños, jóvenes y familias. Cada resultado operativo demuestra que la Policía está en la calle, trabajando sin descanso por la seguridad”, afirmó el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, al referirse a los resultados alcanzados.Las autoridades señalaron que cada expendio desmantelado, cada captura y cada kilo de droga incautado tiene un impacto directo en la reducción de la violencia y el fortalecimiento del control territorial. La ofensiva, advirtieron, continuará en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de la ciudadanía, cuya información sigue siendo clave para cerrar el paso al microtráfico en los barrios y comunidades del país.
El Consejo Nacional Electoral abrió una actuación formal para determinar si Daniel Quintero Calle está habilitado para participar como candidato presidencial por un movimiento político distinto al Pacto Histórico, luego de su paso por una consulta interna realizada en 2025. La decisión quedó consignada en un auto firmado por las magistradas Alba Lucía Velásquez Hernández, Álvaro Echeverry Londoño y Fabiola Márquez Grisales, con el que el CNE avoca conocimiento del caso y ordena la práctica de pruebas.La actuación se originó tras una petición presentada por el ciudadano José Alexander Borja Rivera, quien solicitó al CNE aclarar, con sustento jurídico, si la participación de Quintero en una consulta previa, en la que no resultó ganador, le impide aspirar posteriormente a la Presidencia por otra colectividad política. A esta solicitud se sumó un escrito radicado el 27 de enero de 2026, en el que el propio Daniel Quintero pidió la protección de sus derechos políticos, explicando su participación inicial como precandidato, así como su posterior renuncia al proceso.En su defensa, Daniel Quintero argumentó que, tras desaparecer la medida cautelar que habilitaba la consulta del Pacto Histórico, solicitó de manera expresa su retiro y renuncia a cualquier precandidatura. Según su versión, no existió militancia ni participación voluntaria en una consulta partidista posterior, y su inclusión en la tarjeta electoral obedeció únicamente a razones logísticas de la Registraduría.Con el fin de esclarecer estos hechos y garantizar el debido proceso, el CNE ordenó una serie de requerimientos que deberán ser atendidos antes del 31 de enero, a las 4:00 de la tarde. En primer lugar, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir los documentos relacionados con la consulta del 26 de octubre de 2025, incluyendo la lista de inscritos, los resultados oficiales y los actos administrativos que autorizaron y validaron ese mecanismo de participación.De manera paralela, el Consejo pidió a Daniel Quintero que se pronuncie de forma expresa sobre si participó o no en dicha consulta, en qué calidad lo hizo y que aporte las pruebas y los argumentos que respalden su versión. Asimismo, requirió a José Alexander Borja Rivera, ciudadano que realizó la petición, ampliar su solicitud inicial y entregar nuevos elementos que sustenten su requerimiento ante la autoridad electoral.Finalmente, el CNE solicitó al Pacto Histórico un informe detallado sobre la finalidad, el alcance y la estructura de la consulta celebrada en octubre de 2025, el rol de las colectividades en su organización, la forma como se concibió la participación de los ciudadanos y, especialmente, el papel que tuvo Daniel Quintero dentro del proceso, incluyendo cualquier manifestación de retiro.Todos los documentos recopilados y las respuestas entregadas deberán ser publicados en la página oficial del Consejo Nacional Electoral, como parte del principio de transparencia, mientras avanza la revisión del caso.
Desde este sábado 31 de enero quedó oficialmente abierto el período de inscripción de candidaturas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2026, que se celebrarán el próximo 31 de mayo. El trámite se extenderá hasta el 13 de marzo, según lo establecido por la Registraduría.Durante este lapso, indica la entidad, podrán inscribirse las candidaturas avaladas por partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como aquellas respaldadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones. En el mismo plazo también podrán registrarse los promotores del voto en blanco.La Registraduría precisó que, en los casos en los que los candidatos presidenciales sean escogidos mediante consultas internas, programadas para el 8 de marzo, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la declaratoria oficial de los resultados. Este procedimiento se ajusta a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011.El trámite de inscripción deberá realizarse de manera presencial en la sede central de la Registraduría Nacional, en Bogotá. Para ello, es obligatorio agendar previamente una cita a través del correo electrónico jjrocha@registraduria.gov.co, con copia a mapinto@registraduria.gov.co. La diligencia podrá ser adelantada por los propios candidatos o por sus representantes legales, delegados autorizados, miembros de los comités inscriptores o gerentes de campaña de las organizaciones políticas que los postulan.La entidad electoral también señaló que, antes de solicitar la cita, las organizaciones políticas y los promotores del voto en blanco deberán remitir a los correos electrónicos indicados la documentación que certifique el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción. Solo una vez verificados estos documentos se procederá con la asignación de la cita para formalizar el registro de las candidaturas.
El Gobierno nacional retiró del Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte por plataformas digitales, como Uber, Didi y Cabify, entre otras, y que planteaba un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba “servicio ilegal de transporte”.La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el Ministerio de Transporte optó por retirar la iniciativa para hacer ajustes a varios de sus artículos, tras las críticas y confusiones generadas en distintos sectores.Según Serna, el retiro del proyecto responde a “las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos” del proyecto de ley 347 de 2026, recientemente radicado en el Congreso.Por esta razón, el Gobierno decidió modificar el articulado para que tenga mayor claridad y refleje los acuerdos discutidos en mesas de negociación con los gremios del sector transporte, especialmente los de carga.El proyecto había sido radicado el 20 de enero de 2026 por el Ministerio de Transporte y constaba de 118 artículos. Aunque el texto abordaba varios aspectos del sector transporte, una parte sustancial se enfocaba en reforzar las sanciones contra los servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.Uno de los puntos más polémicos era la definición de “servicio ilegal de transporte”, entendido como aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente. Bajo este concepto, el proyecto pretendía declarar ilegal el transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas.Además, la iniciativa proponía una ampliación significativa del alcance de las sanciones. El artículo 8 establecía castigos no solo para los conductores que prestaran el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que facilitaran o permitieran el incumplimiento de las normas. En la práctica, esto abría la puerta a sanciones para usuarios, plataformas tecnológicas e incluso conjuntos residenciales vinculados al uso de estas aplicaciones.Con el retiro del proyecto, el Gobierno busca replantear el texto y evitar interpretaciones ambiguas, mientras continúa el diálogo con los gremios. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del transporte por plataformas en el país sigue abierta y podría regresar al Congreso con un nuevo articulado en los próximos meses.
El presidente Gustavo Petro llevará al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una ancheta con café de especialidad y chocolates de exportación. Estos productos son cultivados por 20.300 familias que participan en el programa de sustitución de cultivos en Argelia, Cauca, una zona con alta presencia de plantas de coca.El Gobierno nacional indicó que el objetivo de este regalo es mostrar a la Casa Blanca los resultados de la transición de cultivos ilícitos a economías legales. Los chocolates tienen la marca 'Peace Chocolates' y el café es denominado 'Café de la Sustitución'. También llevarán un poncho fabricado por campesinos del departamento de Nariño y canastos hechos por indígenas del Chocó con fibra de palma de Werregue.Otros regalos para el gabinete de TrumpAdemás del regalo para el presidente Trump, la delegación colombiana incluyó objetos para otros funcionarios del gobierno estadounidense: la primera dama Melania Trump, la portavoz Caroline Leavitt, Marco Rubio y JD Vance. Con esta entrega, el presidente Petro busca presentar los avances en sustitución de cultivos e interdicción, en un momento donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha cuestionado los resultados de la estrategia de seguridad y la expansión de grupos ilegales en el país.La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.
La Concesión Línea Férrea Central anunció el avance en la ejecución del Proyecto de Asociación Público-Privada (APP) La Dorada–Chiriguaná. El proyecto será el primer corredor estratégico para la reactivación del transporte férreo en el país, que conecta el interior de Colombia con la costa Caribe, el Magdalena Medio y departamentos como Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.Así comenzó la rehabilitación de los 522 kilómetros de vía férrea entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar), una obra que tienes una inversión total de 3,4 billones de pesos. La iniciativa busca mejorar la conexión entre el centro productivo de Colombia y la región Caribe, facilitando el transporte de carga y avanzando hacia un sistema logístico más eficiente y sostenible.“El 2026 es un año determinante para el proyecto, porque comenzamos a traducir el trabajo técnico y de preparación adelantado, en resultados visibles en los territorios. Este avance permitirá generar impactos concretos en conectividad y desarrollo regional, manteniendo una ejecución responsable y articulada con las comunidades y las autoridades”, señaló Germán de la Torre, gerente general de la Concesión Línea Férrea Central.Desde agosto de 2025, cuando se inició el proyecto, se han desarrollado actividades de preparación, como los estudios y diseños de la vía, la rehabilitación de cuatro puentes ferroviarios prioritarios y la planificación de un puente vehicular y peatonal en Río Sogamoso. Además, se diseñaron dos instituciones educativas en Cimitarra (Santander) y se han realizado gestiones ambientales, sociales y prediales en los 25 municipios del área de influencia, para garantizar que las obras se desarrollen.Mientras se prepara la infraestructura, la concesión ha asegurado la continuidad de la operación ferroviaria. Entre agosto y diciembre de 2025, se movilizaron aproximadamente 549.000 toneladas de carga, lo que permite mantener activo el transporte de mercancías y apoyar la logística del país sin interrupciones, incluso mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.En 2026, el proyecto entra en su fase más visible con la ejecución de obras prioritarias que impactan directamente a las comunidades. Entre ellas están la construcción de las instituciones educativas, la rehabilitación de los puentes de Puerto Berrío, Carare, Cuatrobocas y Río Sogamoso.
El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios un borrador de resolución que actualiza el marco normativo para la autorización, funcionamiento y vigilancia de los laboratorios que utilizan animales de laboratorio en Colombia. La medida desarrolla el artículo 25 de la Ley 84 de 1989 y establece nuevas exigencias administrativas, técnicas y de control para las instituciones públicas y privadas que adelantan actividades de experimentación, investigación, docencia o diagnóstico.Uno de los principales cambios es la obligatoriedad de contar con una autorización formal expedida por el Ministerio de Salud, previa evaluación técnico-científica del Instituto Nacional de Salud (INS). La autorización tendrá una vigencia de dos años y será requisito indispensable para continuar operando. Sin este trámite, los laboratorios no podrán desarrollar actividades que involucren animales de laboratorio.La resolución endurece los requisitos técnicos que deben cumplir las instituciones. Los laboratorios deberán acreditar infraestructura adecuada, bioterios habilitados, personal capacitado y atención médico-veterinaria permanente, además de planes de manejo para los animales en caso de cierre temporal o definitivo de las instalaciones.Otro de los ejes de la norma es el fortalecimiento de los comités de ética para el uso de animales de laboratorio. Las instituciones estarán obligadas a conformar o actualizar estos comités, que deberán evaluar y hacer seguimiento a los protocolos de investigación, garantizando que el uso de animales esté debidamente justificado y documentado.La resolución establece que el uso de animales solo será admisible cuando sea indispensable desde el punto de vista científico, cuando no existan métodos alternativos validados y cuando se apliquen los principios de reemplazo, reducción y refinamiento, conocidos como las “3R”. Esto obliga a los laboratorios a sustentar de manera expresa por qué recurren a modelos animales y qué medidas adoptan para minimizar su uso.En materia de control, se refuerza el papel del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que ejercerá acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos autorizados. En caso de incumplimientos, especialmente aquellos relacionados con el bienestar animal, podrán adoptarse medidas sanitarias y cancelarse las autorizaciones otorgadas.La norma también ratifica la prohibición de la experimentación cosmética con animales, salvo las excepciones previstas en la Ley 2047 de 2020, y excluye este tipo de actividades del ámbito de autorización ordinaria, con el fin de evitar interpretaciones amplias.Finalmente, se establece un periodo de transición que incluye jornadas de socialización y plazos para que las instituciones ajusten sus procesos internos, adecuen los comités de ética y radiquen la solicitud de autorización. Una vez vencidos estos plazos, el uso de animales de laboratorio sin autorización podrá dar lugar a sanciones administrativas.
El anuncio se hace luego de que se conociera que la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) señalara que se realizarían acciones que podrían afectar las operaciones en el aeropuerto El Dorado y demás aeropuertos de Colombia tras incumplimientos en acuerdos con el Gobierno.En diciembre del 2024 también se registró un escenario similar, que afectó por completo las operaciones en el aeropuerto El Dorado. Un caso que generó más de 65 retrasos y cancelaciones, afectando a 2.239 pasajeros, a causa de acciones de restricción para que los usuarios pudieran volar. Esto evidencia que cualquier interrupción en los servicios migratorios tiene consecuencias reales y significativas, según como lo menciona la aerolínea.Avianca señaló que se tendrían grandes impactos en el funcionamiento del sector aéreo, en el servicio al pasajero y la competitividad, ya que la eficiencia en los controles migratorios es esencial para garantizar la operatividad de los aeropuertos y la puntualidad de los vuelos, mientras que un control y servicio ágil representa el primer y último contacto del viajero con Colombia, asegurando una experiencia positiva para turistas y ciudadanos. Y por último, la fluidez en los aeropuertos internacionales es clave para mantener la posición de Colombia como principal destino turístico de Sudamérica y para así, atraer inversión extranjera.La aerolínea hizo un llamado urgente a las autoridades y sindicatos para garantizar que el servicio migratorio se mantenga de manera ininterrumpida, subrayando que la aviación solo funciona de forma eficiente cuando todos los actores de la cadena operan coordinadamente. Avianca aseguró que está monitoreando de cerca la situación y trabajando con el sector para minimizar los impactos potenciales. Cualquier alteración en los procesos de migración no solo afecta a los pasajeros y aerolíneas, sino que también pone en riesgo la competitividad internacional de Colombia y la confianza de los turistas en el país.Asimismo, Wingo emitió una alerta frente al riesgo que se vive en las operaciones en los próximos días.
Las fuertes lluvias que se han registrado en el Huila han ocasionado emergencias en ocho municipios principalmente deslizamientos de tierra, vías rurales colapsadas, viviendas afectadas y crecientes súbitas del ríos y quebradas que han destruido cultivos de plátano y café.Asimismo, en el río Suaza dos operarios de maquinaria amarrilla que adelantaban trabajos de canalización quedaron atrapados en medio de una creciente súbita del afluente, quienes finalmente fueron rescatados sanos y salvos por unidades de la Defensa Civil.Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila, informó que los municipios de Timaná, Teruel, Tello, Algeciras, La Argentina, Pitalito, Campoalegre y Suaza, han reportado emergencias por cuenta de las intensas lluvias que se han presentando en las últimas horas en todo el departamento.“Las lluvias se nos han intensificado en estos últimos cinco días y de las precipitaciones que se han registrado desde la noche anterior han ocasionado emergencias en ocho municipios del Huila. Tenemos reportes de viviendas afectadas y vías rurales colapsadas en Tello, Algeciras, La Argentina, Timaná. Una de las emergencias a la que le hemos dado prioridad ha sido los derrumbes en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45”, indicó el funcionario.Le puede interesar: Lluvias en el Urabá dejan un adulto mayor muerto y tres desaparecidos: van 7.500 familias afectadasEl reciente informe entregado por la Oficina de Atención de Desastres en el Huila da cuenta de que hay afectaciones en infraestructura en tres instituciones educativas en los municipios de Neiva, Íquira y La Plata; entre tanto, en Teruel y Campoalegre, dos familias campesinas fueron evacuadas por averías en sus viviendas.Cabe mencionar, que, según el reporte de los organismos de socorro del departamento, en lo corrido del año 2026 hay un registro de 21 municipios que han presentado emergencias por deslizamientos de tierras, afectaciones en acueductos veredales, puentes vehiculares y viviendas averiadas; también crecientes súbitas, que han destruido cultivos de plátano.Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026(01 de enero de 2026 a la fecha)● Total de emergencias registradas: 77● Municipios afectados: 21● Tipo de eventos:○ Deslizamientos: 48○ Crecientes súbitas: 12○ Inundaciones: 6○ Caída de árboles: 5○ Hundimientos: 1
Desde Washington, tras una reunión preparatoria para el encuentro bilateral Petro–Trump, el embajador Daniel García-Peña reconoció que la reunión es impredecible, pero aseguró que las garantías brindadas al mandatario colombiano para llegar a Estados Unidos son una buena señal.“Estamos empeñados en seguir acompañando para que esta visita resulte. Aquí no está en juego una reunión entre un presidente, sino un momento fundamental para el país, una reunión de estas no se sabe qué puede pasar, pero las garantías que el gobierno Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras”, dijo.Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, confirmó la extradición de Pipe Tulua para mañana. “El presidente de la República dio una orden clara: el criminal Pipe Tulua debe llegar lo más rápido posible, extraditado de Colombia a EE. UU.”La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno buscará “relanzar” la relación con EE. UU. tras este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. “Hemos realizado un proceso a nivel diplomático para desescalar y llegar a este punto tan positivo, de máxima importancia para nuestro país”, afirmó.La agenda del presidente Gustavo Petro comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero. La visita incluirá reuniones con congresistas, estudiantes, empresarios y connacionales.
José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo criminal como alias ‘Gonzalito’, fue durante años uno de los hombres clave del Clan del Golfo, organización en la que llegó a ocupar el cargo de segundo cabecilla del Estado Mayor Conjunto. Su muerte, confirmada en las últimas horas, cierra el ciclo de una trayectoria delictiva de más de dos décadas, marcada por la violencia armada, el uso de minas antipersonal, secuestros y el control de economías ilegales en el norte del país.Nacido el 30 de diciembre de 1974, Sánchez inició su carrera criminal en 1998, cuando ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cinco años después ya hacía parte de estructuras armadas móviles de ese grupo, experiencia que lo llevó a consolidarse como mando operativo y, tras la desmovilización paramilitar, mantenerse en el crimen organizado bajo nuevas siglas.Su ascenso dentro de las estructuras herederas fue constante. En 2018 asumió como cabecilla de la estructura Rubén Darío Ávila; en 2021 pasó a liderar el bloque completo y, para 2023, fue designado segundo cabecilla del Clan del Golfo, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor poder de decisión dentro de la organización.Alias ‘Gonzalito’ tenía una amplia injerencia territorial en zonas rurales de Córdoba y Antioquia, con presencia en municipios como Montería, Ayapel, Tierralta y Caucasia, desde donde coordinaba comisiones armadas y rutas estratégicas. Según los reportes oficiales, su estructura controlaba corredores usados para el cobro de extorsiones al sector minero y para la producción y comercialización de pasta base de coca, además de confrontar a otros grupos armados ilegales en áreas limítrofes.En su prontuario figuran ataques reiterados contra la fuerza pública. Entre 2018 y 2022 se le atribuyen emboscadas con explosivos, activación de campos minados y combates que dejaron militares y policías heridos y muertos en zonas como Canalete, Tierralta y Puerto Libertador. En febrero de 2023, las autoridades lo señalaron de ordenar el secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en la vía Cáceres–Medellín, uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura.El perfil de inteligencia también lo responsabiliza de haber ordenado el llamado “plan pistola” en abril de 2025, en represalia por la neutralización de otro cabecilla del Estado Mayor, una ofensiva que derivó en 48 acciones armadas contra integrantes de la fuerza pública en distintas regiones del país.Para las autoridades, la muerte de alias ‘Gonzalito’ representa un golpe estructural al Clan del Golfo: su salida afecta el direccionamiento de las comisiones armadas, debilita el control territorial y reduce la capacidad de constreñimiento sobre la población civil en zonas estratégicas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde era considerado una de las piezas más influyentes de la organización criminal.
Los dos conjueces principales que definirán el caso de Iván Cepeda ante el Consejo Nacional electoral (CNE) son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal). El conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres). Los conjueces fueron elegidos por sorteo con la presencia de la delegada de la Procuraduría General de la Nación.Vale recordar que el CNE es la entidad encargada de determinar si Iván Cepeda, Roy Barrera y Camilo Romero cumplen o no los requisitos para participar de la consulta con la que la izquierda espera elegir el 8 de marzo un candidato único para la primera vuelta presidencial .Los tres candidatos inscribieron con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero la semana pasada su coalición denominada 'Frente por la Vida' ante la Registraduría, conformada por el Pacto Histórico, Partido La Fuerza, Partido del Trabajo de Colombia, Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.Sin embargo, en su resolución, la entidad electoral rechazó la postulación de Quintero porque ya "participó en una consulta en la que fue derrotado", haciendo referencia al hecho de que el exalcalde, aunque declinó su participación días antes de la elección, apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico que ya ganó Cepeda el 29 de octubre pasado.En octubre pasado, el senador izquierdista se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico con 1.186.095 votos, equivalentes al 64,71 % del total, a la exminsitra de Salud Carolina Corcho.La consulta de la izquierda del 8 de marzo, denominada 'Frente por la Vida', coincidirá con otra similar convocada por sectores de la derecha y con las elecciones legislativas donde se elegirá al nuevo Congreso que iniciará a sesionar a partir del 20 de julio.
En la mañana de este lunes, varios movimientos al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) modificaron lo que parecía un panorama desfavorable para el futuro del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la llamada Consulta del Frente por la Vida.Aunque inicialmente se tenía previsto que la ponencia presentada por los magistrados del Pacto Histórico (Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez), que avala la participación del senador en la consulta, sería derrotada con seis votos contra tres, al final no se alcanzó la mayoría reglamentaria para adoptar la decisión, y esta debió ser aplazada.Al final, frente a la ponencia, cinco magistrados salvaron el voto (Cristian Quiroz, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez y Alfonso Campo), tres magistrados avalaron la ponencia (Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry), y un magistrado (Altus Baquero) aclaró el voto, es decir, vota a favor de la ponencia pero con reparos.Ante este hecho, se designaron dos conjueces principales y un suplente para que estudien la ponencia y emitan su voto hasta alcanzar los seis necesarios y así poder adoptar cualquier decisión.Se espera que esta votación se realice a más tardar el próximo miércoles, ya que la fecha límite para dejar en firme la inscripción de las consultas, hacer el sorteo de las posiciones en el tarjetón y autorizar su impresión es el viernes 6 de febrero.