El presidente Gustavo Petro, afirmó este miércoles que su país importará gas venezolano a un menor precio, en un contexto en el que Venezuela ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo."Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", expresó Petro durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.El Parlamento venezolano aprobó hace dos semanas una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, después de años de control estatal.El pasado 21 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimó que los ingresos venezolanos por venta de crudo aumentarán "en un 37 %" este 2026 y ha anunciado la creación de dos fondos soberanos para el manejo del dinero, que, anticipó, contarán con un mecanismo de transparencia.Petro dijo el pasado 3 de febrero que en la reunión de ese día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.Según Petro, en ese proyecto Colombia "puede ayudar mucho" porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol" participe.El presidente explicó entonces que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.En 2007, Colombia y Venezuela acordaron, por medio de las estatales Ecopetrol y PDVSA, la compraventa y transporte de gas natural a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte Antonio Ricaurte, infraestructura que salió de operación en 2015.
Ante el anuncio de la Universidad Nacional de estar adecuando un osario en la capilla Cristo Maestro del campus en Bogotá para alojar los restos óseos que serían de Camilo Torres, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó nuevos detalles investigaciones insistiendo en que, por ahora, no están los resultados definitivos.“En este momento continuamos a la espera de los resultados de los últimos análisis para que el equipo forense de la Unidad de Búsqueda pueda emitir el informe integral de identificación y el reporte de lo acaecido”, reiteraron.En esa línea, la Unidad recordó que la investigación en esa entidad inició en 2019 tras la recibir una solicitud formal por parte del sacerdote jesuita Javier Giraldo, cofundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y uno de los investigadores claves del legado de Camilo Torres.Desde ese momento, tras la recolección de varias pruebas y testimonios, dieron con la localización de un punto en Bucaramanga donde estarían los restos.“El 19 de junio de 2024 se llevó a cabo la recuperación de un cuerpo que, según indicios asociados y morfológicos como edad, sexo biológico, talla, contextura y signos de trauma violento, podría corresponder al sacerdote desaparecido”, agregó la Unidad.Cabe recordar que el padre murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse sumado al ELN. Esto ocurrió en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander.Desde ese momento, la información que se tenía es que los militares se habían quedado con su cuerpo; sin embargo, a finales del pasado mes de enero luego de un comunicado del ELN, la Unidad de Búsqueda así como Medicina Legal, informaron el hallazgo.Este miércoles, la entidad reveló además que el equipo conformado por investigadores humanitarios, médicos forenses, antropólogos, odontólogos y genetistas, han adelantado múltiples estudios y recuperado pruebas.“Es así como la inspección inicial practicada al cuerpo de Camilo Torres Restrepo, tras su fallecimiento en el año 1966, describe lesiones que coinciden con traumatismos óseos identificados en las estructuras recuperadas por el equipo forense de la Unidad de Búsqueda”, detalló la entidad en un comunicado.Así mismo, la Unidad aseguró que ha cotejado muestras óseas con material genético del cuerpo que sería de Torres con el de otros de sus familiares, también exhumados por la entidad en diciembre del 2024.Para esto han contando con el apoyo de varios laboratorios genéticos, uno de ellos ubicado en Estados Unidos, así como de Medicina Legal.Con estos avances y mientras se esperan los resultados definitivos, la Unidad insistió en que la disposición final de los restos, si se confirma plenamente su identidad, será definida por la persona que solicitó adelantar su búsqueda.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador, quien según los protocolos de la entidad es la única persona que puede tomar la decisión de la disposición final del cuerpo”, puntualizaron.
En medio de la crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Juan Manuel Galán sorprendió al mencionar el nombre del único funcionario que, a su juicio, se salva de la actual administración. “Me parece que es honesto, que es íntegro”, dijo en entrevista con Recap Blu, antes de revelar el nombre: Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). “Es un tipo decente, honesto, que le puso la cara a un tema muy complicado y ha sostenido la caña a pesar de la guerra que le han hecho”, agregó.Vale recordar que Carrillo asumió la dirección de la UNGRD luego del escándalo de corrupción que se destapó en el país por cuenta de la carrotanques en La Guajira, que llevaron a juicio a su exdirector Olmedo López y el exsubdirecdor Sneyder Pinilla.Calificación al Gobierno PetroAunque Carrillo se salva en esta administración, Galán dio una muy baja calificación al Gobierno Petro. Cuando se le pidió ponerle una nota de 1 a 10, fue contundente: “Insuficiente en todo”. Incluso evitó asignar un número específico y reiteró que, en su concepto, la administración actual está “rajada”. En ese sentido, cuestionó la alta rotación de ministros, los cambios en manuales de funciones para nombramientos y las dificultades en la política exterior, mencionando como ejemplo la situación de la Cancillería.Más allá de la crítica, Galán planteó lo que sería su apuesta si llega a la Presidencia: reducir el poder del Gobierno central y transferir mayor autonomía a las regiones. Propuso avanzar en un modelo de regionalización que permita a las regiones ejecutar macroproyectos ambientales, de infraestructura y seguridad. Defendió que las regiones puedan consolidarse como verdaderas entidades territoriales con capacidad de gestión.¿Qué cambiaría del país?El dirigente también señaló uno de los problemas estructurales del país: el sistema de financiamiento de la política. A su juicio, mientras no se reforme la manera en que se financian partidos y campañas, cada Gobierno seguirá llegando con sus propios contratistas, desmontando lo anterior y dejando obras inconclusas o “elefantes blancos”, como lo ha advertido la Contraloría.Sobre gobernabilidad, Galán aseguró que buscaría acuerdos amplios en el Congreso, incluso con sectores ideológicamente distintos. Destacó que durante su paso por el Legislativo logró sacar adelante 17 leyes mediante consensos, entre ellas la ley de enfermedades huérfanas, la regulación del cannabis medicinal y la norma que facilita el acceso gratuito al software lector de pantalla JAWS para personas con discapacidad visual. “Colombia necesita un verdadero acuerdo nacional”, concluyó el precandidato de la Gran Consulta por Colombia.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, arribó este martes a Washington para una nueva visita oficial al presidente de EE.UU., Donald Trump, y arrancó la agenda con una reunión con los enviados especiales para temas de medio oriente.Durante el encuentro, el primer ministro y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner abordaron diversos asuntos regionales de interés común, de acuerdo con su oficina de prensa.Asimismo, intercambiaron impresiones sobre la primera ronda de negociaciones que los emisarios estadounidenses mantuvieron con Irán el viernes pasado, agregó la misma fuente.El encuentro sucedió luego de que Netanyahu llegara a la Blair House, la residencia para invitados del presidente de Estados Unidos, custodiado por una gran cantidad de elementos del servicio secreto.Previo a su llegada a Estados Unidos, Netanyahu advirtió que le presentará a Trump la perspectiva de Israel "sobre las bases de las negociaciones, principios importantes" que, en su opinión, "lo son no solo para Israel sino para todos los que en el mundo desean la paz y la seguridad en Oriente Medio".Israel quiere que Irán acceda no solo a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y finalice cualquier apoyo con milicias en la región como Hizbulá.Irán rechaza estas exigencias y dice solo estar dispuesto a ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.Esta tarde, Trump dijo que Irán quiere "un acuerdo" en materia nuclear y de lo contrario sería algo "tonto", cuando fue consultado sobre el tema en una entrevista exclusiva con la cadena Fox.El mandatario destacó la presencia militar estadounidense en el Golfo Pérsico como un factor de presión sobre Teherán y que hay una "enorme flotilla" en camino a la región.El portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque llegaron a la región del Golfo Pérsico el 26 de enero de 2026, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).La Administración estadounidense describió el despliegue como una medida de "vigilancia y disuasión" frente a posibles acciones de Irán y señaló que se evalúa el envío de un segundo portaaviones si las negociaciones nucleares con Teherán no avanzan.
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un sospechoso para interrogarlo en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, después de que el FBI difundiera nuevos videos de vigilancia del exterior de su vivienda.El Departamento de Policía del Condado de Pima, con la ayuda del FBI, detuvo a un individuo para interrogarlo en relación con el secuestro de Nancy Guthrie, según declararon oficiales a medios locales.De acuerdo con un funcionario citado por ABC, el individuo fue detenido en un lugar al sur de Tucson, y las autoridades se preparan para realizar un registro en un sitio asociado con el sospechoso, como parte de las diligencias en curso.El avance en el caso se produjo tras la publicación de las primeras imágenes de vigilancia, que muestran a un hombre enmascarado acercándose a la puerta principal de la vivienda de Guthrie, mientras los investigadores continuaban las labores de búsqueda en el vecindario.Este lunes se vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcóin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer.Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21:48 (4:48 GMT del domingo) y se cerró dos minutos después.En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 1:47 (8:47 GMT), la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 2:12 hora local (9:12 GMT) un software detectó a una persona en la cámara, pero no había video disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada. A las 2:28 hora de Tucson (9:28 GMT), la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.La familia supo de la desaparición de la mujer después de recibir un reporte de que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó el hecho a las autoridades.
El pasado lunes 9 de febrero, lo que se esperaba fuera un viaje tranquilo entre Sao Paulo y Río de Janeiro se convirtió en un momento de confusión para los pasajeros. Sergio Antonio Lopes, piloto de LATAM Airlines de 60 años, fue arrestado dentro del avión, a la vista de todos, en el Aeropuerto de Congonhas, minutos antes del despegue. El hombre enfrenta cargos que lo señalan como líder de una red de trabajo infantil y explotación sexual que habría operado durante al menos ocho años.Al parecer, la operación fue coordinada con la aerolínea y ejecutada hacia las 5:30 de la mañana, luego de que las autoridades confirmaran el horario del vuelo. Como no lograron ubicarlo en su residencia, procedieron a detenerlo en su lugar de trabajo. Todo el procedimiento quedó grabado y el piloto fue esposado mientras los pasajeros observaban con preocupación.Piloto fue capturado previo a despegarLa operación fue liderada por la Comisaría de Represión de la Pedofilia del Departamento de Homicidios y Protección de las Personas (DHPP), en el marco de la investigación denominada “Abróchense los cinturones”.Según las autoridades, el piloto:Pagaba a familiares de menores para recibir imágenes.Compartía el material con terceros.Realizaba transferencias vía Pix entre R$ 50 y R$ 100.Llevaba a menores a hoteles utilizando documentos falsos.Entre las víctimas identificadas hay niños y adolescentes, incluidas tres hermanas de 18, 12 y 10 años.Piloto lideraba red sexual y de trabajo infantilDe acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo, Lopes habría abusado de menores luego de presuntamente “comprarlos” a una mujer de 55 años. Además, algunos familiares, como la abuela de las niñas y otra madre, también fueron detenidos por colaborar en la distribución de material ilegal.La directora del DHPP, Ivalda Aleixo, confirmó que el piloto actuaba sin que su esposa y sus tres hijos tuvieran conocimiento. La red, según la investigación, tenía una estructura organizada y funcionó durante varios años.Entre los cargos que deberá enfrentar se encuentran:Violación de persona vulnerable.Producción y venta de pornografía infantil.Facilitación de prostitución y explotación sexual infantil.Uso de documento falso.Coacción en proceso judicial.Mientras avanza el proceso, las autoridades continúan en la búsqueda de posibles cómplices y nuevas víctimas.
Blu Radio conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que el general en retiro Rodolfo Palomino buscaba tumbar la orden de captura en su contra.Palomino fue condenado a 7 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias y tras la negativa de conceder la tutela él seguirá recluido en una guarnición cumpliendo su pena.Este medio pudo confirmar que la tutela fue negada y uno de los argumentos se basa en que Palomino tenía otros mecanismos o vías jurídicas para interponer un recurso.La Sala Penal de la Corte había avocado el conocimiento de la tutela interpuesta por la defensa del general (r) Rodolfo Palomino, luego de que la Sala Civil de ese mismo alto tribunal se desmarcara del conocimiento de dicha acción.El abogado del general en retiro había pedido como medida provisional la suspensión de la privación de la libertad, mientras la condena no quedara en firme, bajo el argumento de la presunción de inocencia.Sin embargo, en aquella oportunidad, el magistrado ponente negó esta solicitud al considerar que, en esta etapa del trámite, no existen elementos de juicio suficientes que permitan concluir la existencia de una amenaza inminente o grave a un derecho fundamental que haga necesaria una medida cautelar urgente.Rodolfo Palomino purga una pena de 7 años proferida por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias. Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.Actualmente, el exoficial se encuentra recluido en la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional), en Bogotá.
El cielo de 2026 traerá uno de los eventos astronómicos más esperados por expertos y aficionados: el primer eclipse solar anular del año, un fenómeno que permite observar el famoso “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Este espectáculo natural ocurrirá el 17 de febrero de 2026 y, aunque solo será visible de forma completa en regiones muy específicas del planeta, su impacto será global gracias a las transmisiones en línea.Un eclipse anular se produce cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no logra cubrirlo por completo. En lugar de oscurecer el día, deja visible un borde brillante que rodea su silueta, creando una imagen tan llamativa como poco frecuente. En esta ocasión, el satélite natural ocultará cerca del 96 % del disco solar, lo que promete un efecto visual impresionante.¿Cuándo y dónde se verá el eclipse solar anular de febrero de 2026?De acuerdo con los cálculos astronómicos, el fenómeno se desarrollará entre las 09:56 y las 14:27 (GMT), aunque el horario exacto dependerá de la ubicación del observador. La franja de anularidad —donde se verá el anillo de fuego en su máxima expresión— tendrá una anchura aproximada de 616 kilómetros, pero atravesará zonas muy aisladas.La visibilidad completa se concentrará en sectores de la Antártida y el Océano Antártico, mientras que en regiones del sur de Sudamérica, África austral y amplias áreas oceánicas se observará de manera parcial. Para el resto del mundo, la alternativa será seguir transmisiones en vivo a través de observatorios y plataformas especializadas.¿Qué es un eclipse anular y por qué se forma el “anillo de fuego”?Este tipo de eclipse ocurre durante la Luna nueva, cuando el satélite se interpone entre la Tierra y el Sol. La diferencia con un eclipse total radica en la distancia: cuando la Luna está en su punto más lejano de nuestro planeta (apogeo), su tamaño aparente no alcanza para cubrir completamente al Sol.Como resultado, queda visible un borde luminoso continuo alrededor de la Luna, conocido popularmente como el “anillo de fuego”. A diferencia de los eclipses totales, en este caso el cielo no se oscurece por completo, aunque sí se percibe una disminución notable de la luz solar.Recomendaciones para observar el eclipse de forma seguraMirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la visión. Por eso, los expertos insisten en seguir estas recomendaciones básicas:Usar gafas certificadas para observación solar.Emplear filtros solares adecuados en telescopios o binoculares.No utilizar lentes de sol comunes ni métodos caseros.Supervisar siempre a niños durante la observación.El eclipse del 17 de febrero marcará el inicio del calendario astronómico de 2026 con un espectáculo poco común que recuerda la precisión del movimiento entre la Tierra, la Luna y el Sol. Para quienes logren verlo directamente —o seguirlo en transmisiones— será una oportunidad única de contemplar uno de los fenómenos más llamativos del firmamento.
La Justicia no ha estado ajena a la crisis que se está viviendo en Montería, Córdoba, por cuenta de las lluvias. Y es que lo que se ha registrado es que muchos trabajadores en sus casas tienen el agua hasta el cuello, esperando aún que baje un poco el nivel y cuidando lo poco que les quedó, mientras que otros tratan de evacuar las aguas y otros de sacar sus cosas en lancha.Algunos de ellos no han podido ni regresar al trabajo y también han sido impactadas algunas sedes judiciales.Por eso, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre extraordinario de algunos despachos judiciales en el departamento de Córdoba. Se trata del juzgado primero promiscuo municipal de Canalete, el primero promiscuo municipal de Los Córdobas y el primero promiscuo municipal de Puerto Escondido entre el 11 al 18 de febrero del 2026, mientras se realizan las actividades necesarias para continuar con el funcionamiento de la justicia.Según el informe técnico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, estas sedes requieren trabajos de adecuación para garantizar condiciones seguras de funcionamiento, luego de inundaciones y riesgos estructurales derivados de la emergencia climática.Pero también se ha ordenado una suspensión de términos por este mismo tiempo; se suspenden los procesos, salvo los que tienen relación con las tutelas y habeas corpus. Asimismo, se ha dado a conocer que se mantiene y se reporta la cifra de 127 funcionarios de la justicia que han resultado damnificados.Reporte de afectados en CórdobaEl alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indicó que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.Según el Gobierno, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.Este miércoles el papa León XIV pidió ayuda para Colombia ante las inundaciones, que afectan también la región de Urabá y el departamento de Sucre, principalmente, y exhortó a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas".
Acceder a la educación superior en Colombia sigue siendo un desafío para miles de jóvenes. Los altos costos de matrícula, transporte y sostenimiento hacen que muchos abandonen el sueño de formarse profesionalmente. En medio de ese panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha convertido en una de las principales puertas de acceso a educación técnica y tecnológica gratuita, especialmente para población vulnerable.Ahora, ese acceso se amplía en Cundinamarca, pues la entidad inauguró oficialmente una nueva sede en Soacha, instalación que beneficiará a personas de cuatro municipios más.Dónde está ubicada la nueva sede del SENA en SoachaLa nueva sede está ubicada en la comuna 3 de Ciudad Verde, en Soacha, sobre un predio institucional de 4.339 m2, con una infraestructura moderna que alcanza los 7.774 m2 construidos.Según el SENA, la obra contó con una inversión superior a $57.900 millones, financiados con recursos propios de la entidad educativa y “destinados a estudios, diseños, construcción, dotación, mobiliario, conectividad y equipos tecnológicos de última generación”.Beneficiará a cuatro municipios más de CundinamarcaEsta sede no solo impactará a Soacha, también beneficiará a habitantes de los municipios de:GranadaTenaSan Antonio del TequendamaSibatéCon la nueva sede, el SENA espera impactar a cerca de 122.000 beneficiarios al año, “ampliando las oportunidades de formación para jóvenes, mujeres y población y especialmente a personas vulnerables”.En video: así se ve la nueva sede del SENA en SoachaLa infraestructura cuenta con 36 ambientes de aprendizaje, 19 especializados y 17 convencionales. Tiene una capacidad para atender a más de 3.200 aprendices diarios en modalidad presencial.Entre los espacios especializados se destacan laboratorios TIC, áreas para industrias creativas, logística y mercadeo, gestión documental, cosmetología y peluquería. Además, dispone de gimnasio, zonas de bienestar y un centro de recursos educativos.Durante su inauguración, el director general del SENA destacó que se trata de “una inversión estratégica para fortalecer el acceso a formación gratuita de calidad en esta zona del país”.Video de la nueva sede del SENA en Soacha
En la antesala de San Valentín, las flores colombianas volvieron a abrirse paso en Washington. La Embajada de Colombia en Estados Unidos, junto con Asocolflores, inició la entrega de arreglos florales a las 535 oficinas del Congreso.El embajador Daniel García-Peña lideró esta jornada en el Capitolio, donde cada senador y representante recibirá un ramo de flores cultivadas en Colombia.Vale recordar que Colombia es el principal proveedor de flores frescas cortadas para el mercado estadounidense. Solo en enero y febrero de 2025 se exportaron cerca de 720 millones de tallos, equivalentes a 52.000 toneladas, para atender la alta demanda de San Valentín en Estados Unidos. La fecha representa uno de los picos más fuertes del año para el sector, que concentra buena parte de sus ventas en este mercado.La industria floricultora genera empleo para cientos de miles de familias en Colombia y también impacta la economía estadounidense en áreas como transporte, distribución y comercio minorista. Por eso, desde Asocolflores destacan que cada temporada no solo se trata de una celebración, sino de una cadena productiva que conecta a ambos países.
El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, ya es oficialmente el jefe de esta cartera. Ante los medios de comunicación se refirió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a la fiscal general Luz Adriana Camargo, y aseguró que buscará armonizar la relación.“Tengo que reunirme con altas cortes, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y lo que los una sea el diálogo institucional. Esas discusiones yo no las voy a traer a la agenda del ministerio, aspiro a que se resuelva en instancias institucionales, pero es muy importante que el Gobierno tenga buena relación con todos los actores incluida la Fiscalía”, dijo.El ministro agregó que se reunirá con el procurador Gregorio Eljach y propondrá un debate para reformar las funciones de la Procuraduría y limitar su alcance para destituir funcionarios elegidos popularmente.“Hay que conversar con la rama judicial y esa es un poco la línea de trabajo. Yo pienso que la Procuraduría sea una institución que instruya todos los casos de corrupción y eleve la acusación disciplinaria dependiendo de la competencia, ante jueces penales del circuito o por ejemplo en el caso de gobernadores, ante salas penales tribunales”, explicó.
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por las afectaciones a la población civil derivadas de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias 'Calarcá', y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, dirigido por alias 'Iván Mordisco'.“Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”, afirmaron en un comunicado.La región ya había sido focalizada en la Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y posteriormente en la Alerta Temprana 001 de 2025, donde se advirtió sobre el riesgo para los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal. No obstante, la Defensoría señaló que los escenarios previstos se han concretado, agravando la crisis humanitaria en el territorio.“El 28 de enero de 2026 el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el inicio de un “paro armado” en el municipio de Cartagena del Chairá, sumándose al anunciado por este mismo grupo en diciembre de 2025. Cabe señalar que el sector del Bajo Caguán permanece expuesto a restricciones similares desde octubre de 2025, por órdenes emitidas por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, lo que ha generado continuas limitaciones a la movilidad y ha dificultado el acceso de las comunidades a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la educación”, asegura la Defensoría.Ante este panorama, la Defensoría exigió a los grupos armados excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades y abstenerse de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades. También instó a que no se obstaculicen las acciones humanitarias destinadas a atender y proteger a la población afectada.Finalmente, la entidad reiteró el llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que implementen medidas urgentes que permitan proteger de manera integral a la población en riesgo.
Diferentes candidatos a la presidencia se pronunciaron tras la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30 % a las importaciones desde Colombia. Según el presidente ecuatoriano, el Gobierno colombiano no ha tomado las medidas suficientes para combatir a las estructuras ilegales en la frontera.“Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”, dijo Noboa.El candidato a la presidencia Daniel Palacios fue uno de los que le pidió a Noboa reconsiderar esta decisión.“Quiero solicitarle al presidente Noboa que reconsidere o suspenda el incremento arancelario a Colombia. Si bien esto sale de la frustración del Gobierno ecuatoriano frente a la ausencia de compromiso de Colombia en la lucha contra el narcoterrorismo y de su falta de esfuerzo por tener unas fronteras seguras, esta medida solo afectaría al ciudadano honesto y trabajador de Ecuador y de Colombia”, dijo Palacios.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata Vicky Dávila, quien asegura que con esta medida pierden todos los colombianos.“Le pido que tan pronto ganemos las elecciones nos encontremos. Usted y su pueblo podrán confiar en Colombia y nosotros en ustedes. Los aranceles que usted ha impuesto, por más razones que tenga, dañan mercados, empresas y empresarios. Perdemos los colombianos y los ecuatorianos. Ya casi se acaba la pesadilla”, dijo Dávila.Para el candidato Roy Barreras, esta decisión del Gobierno ecuatoriano puede estimular el contrabando.“Esta decisión golpea la economía del sur del país, estimula el contrabando y debilita nuestras relaciones internacionales. De nuevo, la diplomacia estratégica debe funcionar, y más entre países hermanos”, dijo Barreras.
El Ministerio de Minas y Energía rechazó la medida arancelaria del 30 % que fue impuesta por el Gobierno ecuatoriano para todos los productos exportados desde Colombia, tachando la medida como unilateral, que afecta la integración regional y la relación comercial entre ambos países.El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Además, añadió que, aun cuando Colombia enfrentaba una de las épocas más críticas de sequía de toda la historia por efectos del cambio climático, se garantizó tanto el abastecimiento interno como el cumplimiento de los compromisos internacionales.El ministro recordó que, ante el riesgo de bajos niveles en los embalses de Mazar y Coca Codo Sinclair, el Gobierno colombiano había expedido recientemente una resolución para permitir la participación de iniciativas privadas en la venta de energía entre varios países, con el fin de ampliar la cooperación binacional y evitar déficits, pero ahora el ministro ordenó desmontar esta medida.La inseguridad también fue un punto de partida. El ministro hizo referencia a los impactos de la inseguridad que ha tenido Colombia en el suroccidente del país, específicamente en la infraestructura energética. En diciembre pasado, un atentado contra redes eléctricas en el suroccidente del país afectó temporalmente la capacidad de exportación; sin embargo, una acción coordinada entre la Fuerza Pública, el Ministerio de Minas y Energía, los operadores de red y el operador del sistema permitió reconfigurar los circuitos y mantener los volúmenes de energía que Ecuador requería.De acuerdo con cifras oficiales, la demanda diaria de energía eléctrica en Ecuador oscila entre 92 y 100 gigavatios hora. Aun después del atentado, Colombia ha mantenido exportaciones cercanas a los 8 gigavatios hora diarios, lo que equivale a entre el 8 % y el 10 % del consumo total del país vecino, gracias a la fortaleza de su infraestructura eléctrica y a los acuerdos vigentes de la Comunidad Andina de Naciones.Finalmente, el Gobierno colombiano reiteró el llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones concertadas que permitan preservar la cooperación energética y comercial entre Colombia y Ecuador.
Al despacho del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, llegó el pasado 12 de enero una queja disciplinaria en contra de quien hasta diciembre fungió como presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, y en contra de dos actuales funcionarios de la entidad.En la denuncia, presentada por el abogado y exzar anticorrupción Camilo Enciso, se señala que estas tres personas habrían incurrido en varias faltas graves correspondientes a temas como la omisión de declarar conflictos de interés y el presunto tráfico de influencias en la contratación pública.La historia es así: en junio de 2023, el presidente Gustavo Petro nombró como presidente de la entidad a Juan Carlos Muñiz, oriundo de Sabanalarga y quien había fungido en el pasado como secretario de Hacienda de la Gobernación del Atlántico. Al poco tiempo de llegar, Muñiz nombró como su asesora personal en la entidad a Betty Amada Ruiz Cantillo, la prima hermana de su esposa, Wadeth Chams Cantillo.Ruiz Cantillo registra hoy en el directorio de Findeter como gerente de Asuntos Estratégicos, oficina adscrita a la Presidencia y que, según se puede leer en el manual de funciones de la entidad, tiene entre varias funciones: “Formular y gestionar los proyectos y actividades transversales de cara al cumplimiento de las metas de la entidad”.Posteriormente, Muñiz nombró como director de Asuntos Contractuales a Iván Ramírez Rusinque, quien posteriormente ocuparía el cargo de secretario general y hoy es el presidente encargado de la entidad tras la salida de Muñiz. Poco tiempo después, Ramírez Rusinque y Ruiz Cantillo iniciaron una relación de pareja.Con ocasión de la evolución de la relación, el 30 de octubre de 2025 Betty Amada radicó una declaración jurada y de conflictos de interés, en la que reportó que Iván Ramírez es su esposo. Sin embargo, no consideró que el hecho de que su esposo trabaje en la entidad pueda generar un potencial conflicto de interés entre ellos.De forma similar, con ocasión de su ascenso al cargo de secretario general de la entidad, Ramírez radicó una declaración de patrimonio y conflictos de interés en noviembre del año pasado, en la que declara de manera similar que su esposa es Betty Amada Ruiz Cantillo, pero tampoco vio ningún conflicto de interés, en contravía de la Política de Conflictos de Interés de la organización.Sumado a este posible caso de conflicto de intereses entre Muñiz, Ruiz Cantillo y Ramírez Rusinque, la denuncia de Enciso habla de un convenio interadministrativo que se habría firmado en noviembre de 2025 por valor de $22.000 millones de pesos entre Findeter y el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, primo del suegro de Muñiz, Jorge Chams Cure.Adicionalmente, el denunciante habla de tres fuentes internas de Findeter que han pedido la reserva de su nombre y que denuncian que existirían presuntos cobros de “coimas” o “comisiones” del 10 % al 20 % sobre el valor de contratos adjudicados por Findeter durante 2024-2025.Blu Radio consultó con Findeter y con el exdirector Muñiz sobre las denuncias de Enciso. En el caso de Muñiz, este señala que no tiene ningún tipo de conflicto, ni inhabilidad ni incompatibilidad que estén contempladas en la ley; que Betty Ruiz Cantillo no ostenta cargo directivo en la entidad, sino profesional; que Iván Ramírez tiene ocho años en Findeter y fue allí donde inició su relación sentimental, que llevó a su matrimonio en octubre de 2025; y que, frente al caso de Sabanalarga, no se trató de un convenio, sino de “una aprobación de un crédito, como se le hacen a todos los municipios del país, de acuerdo con su capacidad establecida en las normas pertinentes. Yo no tengo ninguna relación de consanguinidad ni conflicto de interés con ese alcalde”.Por su parte, desde Findeter rechazaron de manera categórica las denuncias sobre presuntos conflictos de interés y hechos irregulares en la entidad, al señalar que carecen de sustento fáctico y jurídico. Se aclaró que Betty Ruiz Cantillo no ocupa un cargo directivo, sino que se desempeña como profesional, y que tanto ella como Iván Ramírez ingresaron a la entidad antes de existir cualquier vínculo personal, lo que descarta inhabilidades o incompatibilidades. Frente al convenio por $22.000 millones con el municipio de Sabanalarga, se indicó que el crédito fue aprobado bajo los mismos procedimientos, controles y estándares aplicables a cualquier entidad territorial. Finalmente, se calificaron como falsas y temerarias las afirmaciones sobre supuestas coimas o comisiones, invitando a quienes las sostienen a presentar denuncias formales ante las autoridades competentes y advirtiendo que dichos señalamientos afectan injustamente el buen nombre de los funcionarios y de la entidad.
El anuncio del decreto firmado por Gustavo Petro, que recorta las primas del Congreso, volvió a poner sobre la mesa un tema delicado en los cargos públicos: los salarios del Estado. Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, citado en Mañanas Blu, reveló cifras que llaman la atención sobre los ingresos de algunos funcionarios.La discusión no se limita únicamente a los congresistas, sino que se extiende a una amplia lista de cargos cuyos titulares reciben, mes a mes, ingresos muy por encima del promedio nacional.La medida del Gobierno busca ajustar salarios y beneficios como primas y bonificaciones, bajo el argumento de aliviar el gasto y enviar un mensaje de austeridad. Sin embargo, expertos coinciden en que el ahorro sería limitado frente al tamaño del Presupuesto General de la Nación, que supera los 550 billones de pesos.¿A quiénes realmente afecta la medida de Petro?Si bien el presidente ha insistido en comenzar con los congresistas, el informe deja claro que no son ellos quienes más ganan. Por eso surge la pregunta sobre si el ajuste se extenderá a otros cargos con salarios mucho más altos. Analistas advierten que, si la medida se limita al Congreso, el impacto sería mínimo y podría interpretarse más como un gesto político que como una reforma estructural.Los cargos del Estado que más ganan en ColombiaDe acuerdo con el informe del Observatorio Fiscal, hay funcionarios cuyo ingreso mensual supera incluso al de ministros y congresistas. Entre los casos mencionados están:Cargo: Subsecretario general del Senado.Sueldo: 98.100.000 COP, recibidos mensualmente tras bonificaciones. Su costo total para el Estado supera los 135 millones de pesos al mes.Cargo: Directora del Fondo de Adaptación, anteriormente en el DAPRE.Sueldo: 94.700.000 COP.Cargo: Directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Vargas.Sueldo: 91.000.000 COP.Cargo: Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.Sueldo: 59.000.000 COP.Cargo: Secretario general del Senado.Sueldo: 53.600.000 COP.Cargo: Secretario general de la Cámara.Sueldo: 53.600.000 COP.Estas cifras corresponden a lo que realmente reciben, luego de sumar salario base, gastos de representación, primas y bonificaciones, un aspecto clave señalado por los analistas.Según cálculos del Observatorio Fiscal, el ahorro estimado rondaría los 50 mil millones de pesos, una cifra baja frente al tamaño del presupuesto nacional. Para los expertos, el verdadero reto está en revisar a fondo primas, fondos extrapresupuestales y rubros de alto impacto como salud y educación.
La denuncia fue presentada por los familiares de Pedro Julio Movilla Galarcio, con el respaldo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes señalaron que la excavación se realizó de manera ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos.“El pasado 3 de febrero de 2025, en las instalaciones de la antigua Brigada XX, se realizó una excavación ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos. Esta acción se ejecutó sin autorización judicial, violando las medidas cautelares vigentes impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.Como afirman en su comunicado, tras conocerse la intervención, la JEP adelantó gestiones para recuperar los elementos hallados durante la excavación y someterlos a análisis técnicos. Como resultado de esos estudios, Medicina Legal confirmó recientemente que uno de los objetos presenta rastros de sangre humana.“Este hecho refuerza la hipótesis de que la intervención ilegal buscaba sustraer evidencia y restos humanos del lugar”.Ante estos hechos, familiares y organizaciones plantearon la necesidad de esclarecer si en ese lugar pudo haber estado inhumado Pedro Julio Movilla y si la intervención afectó elementos probatorios.Además, pidieron al Estado garantizar la custodia del predio, impedir nuevas intervenciones de personal en general, reconocer el sitio “como un lugar de importancia histórica y forense para la reparación de las víctimas” y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.En el comunicado, las organizaciones recordaron que “el 22 de junio de 2022 el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada del líder social Pedro Julio Movilla Galarcio”.Señalaron que en esa sentencia el tribunal ordenó, entre otras medidas, continuar con las acciones de búsqueda. Frente a lo ocurrido afirmaron que “en este sentido, las falencias en la protección y garantía de lugares de interés forense configura un nuevo incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia”.Recordemos además que en entrevista con Blu Radio, Jose Dorado, ex agente de inteligencia, también dijo que en ese lugar había sido desaparecida la ex guerrillera del M19, Irma Franco.
Venezuela empezó a hacer retroceder a los guerrilleros colombianos hacia el otro lado de la frontera, dijo este miércoles a la AFP el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, lo que marcaría un punto de inflexión tras años en que el territorio venezolano representaba un refugio para estos grupos."Están avanzando en operaciones en zona fronteriza y algunos integrantes de los cárteles del ELN, de las disidencias, ya no se sienten seguros en esa zona", indicó Sánchez durante una entrevista en París, preguntado sobre si hubo cambios en Venezuela luego del derrocamiento de Nicolás Maduro.Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.Estos grupos solían utilizar Venezuela como retaguardia, pero la situación parece haber cambiado ahora tras la captura de Maduro por Estados Unidos a inicios de enero y la llegada al poder de Delcy Rodríguez.Estas operaciones en la Venezuela dirigida por Rodríguez obligan a estos grupos a moverse "hacia el lado colombiano, o en zona un poco más pegada a la frontera", explicó el funcionario colombiano.Esto "nos ha permitido actuar, como lo hicimos ahorita en frontera con Venezuela, en el Catatumbo", agregó Sánchez, respecto a la operación en la que militares colombianos abatieron la semana pasada al menos a 15 rebeldes de la guerrilla ELN.Esta operación se produjo horas después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, pactaran en la Casa Blanca una mayor cooperación contra los grupos ilegales y el narcotráfico.Esta cooperación se plasmará "principalmente en inteligencia", explicó Sánchez, quien descartó el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia.El objetivo es "cómo articulamos mejor la inteligencia entre Estados Unidos y Colombia para emplear la fuerza colombiana bajo las normas colombianas y el derecho internacional humanitario contra estos grupos criminales que delinquen en Colombia", agregó.Para Sánchez, la inteligencia es clave "para que no haya zonas grises" en el área limítrofe con Venezuela y, en este sentido, indicó que Colombia ya está "articulándose" a nivel diplomático con Caracas, sin dar más detalles."Esperamos que podamos transcender en términos de seguridad", deseó el funcionario, quien consideró el cambio de poder en el país vecino como "una oportunidad única" que "aprovechar" para rehabilitar los canales de comunicación en este ámbito.
Un grupo de oficiales en retiro de la Policía manifestó públicamente su respaldo al general Edwin Masleider Urrego Pedraza, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara su retiro del servicio este 11 de febrero. Urrego fue señalado por el mandatario como involucrado en un supuesto complot para sabotear su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.A través de un comunicado firmado por compañeros del curso 069 de oficiales, los policías en uso de buen retiro calificaron como “injusta” la salida del general Urrego y destacaron su trayectoria de más de 30 años en la institución.“Manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento innegable al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, a quien conocemos como un oficial íntegro, profesional y ejemplar”, señala el documento. En el texto también aseguran que su hoja de vida ha sido “intachable”, caracterizada por la rectitud, el compromiso institucional y el respeto por los principios que rigen la profesión militar.Los oficiales retirados subrayaron que Urrego “ha honrado el uniforme en cada una de sus responsabilidades” y afirmaron que su nombre seguirá siendo sinónimo de honor y profesionalismo, pese a las circunstancias de su salida.Esta muestra de apoyo llega después de que durante un consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmara que ordenó retirar a un general de la Policía al que señaló de tener una “misión extra” en su contra.Según el mandatario, el oficial habría recibido la orden de introducir sustancias psicoactivas en su vehículo con el fin de sabotear la reunión que sostuvo el 3 de febrero con Donald Trump en la Casa Blanca.Aunque inicialmente no reveló el nombre de Urrego, la decisión se oficializó este miércoles mediante el Decreto 0147, firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, se encontraba fuera del país.Horas antes de que se hiciera efectiva su destitución, el general Urrego habló en los micrófonos de Blu Radio y rechazó de manera categórica las acusaciones. Calificó los señalamientos como una “locura” y aseguró que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que comprometa su ética ni la honra de la institución.
La historia de Colombia se repite para los gobernadores del país ante la eventual declaratoria de una nueva emergencia económica en las próximas horas por parte del Gobierno nacional, desde la Federación Nacional de Departamentos expresaron su preocupación por la posibilidad de que en esta se establezcan nuevos impuestos que podrían impactar los recursos de los departamentos.Es importante destacar que la intranquilidad por parte de la federación se da tras inconformidades expresadas por los gobernadores de diferentes departamentos semanas atrás por el estado de emergencia que había propuesto el presidente Petro.En este decreto, propuesto en diciembre de 2025, productos como los licores y los cigarrillos tendrían un nuevo gravamen, el cual, según los mandatarios regionales, podría afectar los ingresos estratégicos para financiar educación, salud y deportes de cada uno de sus territorios, ya que tienen como rentas esenciales dichos productos."Esperamos que no se vuelva a intentar violar la Constitución en utilizar los recursos territoriales cuando hay una salvedad expresa constitucionalmente, que advierte que solo se puede usar en caso de guerra exterior, de la cual mediante decretos el gobierno nacional podría utilizar las rentas territoriales... Nosotros sí seguiríamos en la defensa de que los recursos territoriales no pueden ser tocados por un decreto salvo el caso de guerra exterior”, aseguró Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.Desde Fedepartamentos, le proponen al Gobierno nacional buscar otras alternativas con dinero no ejecutado y administrado por parte de este, para que atiendan esta emergencia. Sin embargo, por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta por parte de los gobernadores y aseguró que este dinero requiere un mayor esfuerzo por parte de quienes tienen más capacidad económica en el país.
La emergencia provocada por las fuertes lluvias en Montería y varios municipios de Córdoba mantiene en terreno a la fuerza pública, la Defensa Civil y distintas entidades del Estado, que adelantan un despliegue operacional y humanitario para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones.De acuerdo con el balance oficial de las autoridades, a la fecha han sido rescatadas 7.400 personas en medio de las crecientes y desbordamientos. El Ejército Nacional ha evacuado a 4.100 ciudadanos, la Policía Nacional a 2.500 y la Defensa Civil a 800 más, en operaciones desarrolladas en zonas urbanas y rurales anegadas.“El sector Defensa ha desplegado todas sus capacidades con la fuerza pública, la Policía y también con la Defensa Civil. Hemos puesto todas las capacidades de hombres, mujeres y también de transporte”, explicó el ministro de Defensa encargado, Javier Baquero.En paralelo, se ha desarrollado una operación humanitaria que suma 7.900 ayudas entregadas a la población damnificada. El Ejército ha distribuido 4.600, la Defensa Civil 1.800 y la Policía Nacional 1.500, en medio de jornadas de asistencia coordinadas con autoridades locales y departamentales.La Policía, además, ha garantizado la alimentación de 3.000 personas y mantiene acompañamiento permanente en 84 albergues temporales, donde se concentran familias que debieron abandonar sus viviendas. La Defensa Civil, por su parte, ha realizado el censo de cerca de 4.000 afectados, información clave para focalizar la entrega de ayudas y priorizar sectores críticos.En materia de abastecimiento y mitigación del riesgo, el Ejército ha distribuido 30.000 litros de agua potable y removido 310 metros cúbicos de material, labores orientadas a despejar áreas colapsadas y reducir nuevas emergencias. La Policía dispuso un carro tanque en siete municipios para reforzar el suministro en sectores con dificultades de acceso a agua.La Armada Nacional también participa en el operativo con 140 agentes desplegados en la zona. Con cuatro botes tipo zodiak, un bote de apoyo fluvial, un componente de la Compañía de Gestión del Riesgo y una patrulla logística de combate, refuerza tareas de evacuación, transporte, protección de diques y movilidad en áreas completamente anegadas.En el componente logístico y de apoyo, se informó que, en articulación con la Dian y otras entidades del Estado, se han gestionado donaciones por un valor aproximado de 3.500 millones de pesos para los departamentos impactados por la emergencia.“Esto en su conjunto permitirá que podamos atender hoy la emergencia, pero también empezar a construir unas condiciones para que ese territorio se pueda recuperar”, afirmó Baquero Maldonado.El operativo continúa activo en al menos 15 municipios, donde la Defensa Civil mantiene 330 voluntarios apoyados con camiones y botes para operaciones fluviales, mientras las autoridades avanzan en la estabilización de las zonas afectadas y en el acompañamiento a las comunidades que enfrentan los efectos de la temporada de lluvias.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad del presidente Gustavo Petro es un asunto de Estado y una responsabilidad de todas las instituciones, tras advertencias sobre posibles amenazas en su contra.A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que “nada puede ni debe ocurrirle al presidente de la República de Colombia”. Señaló que el mandatario, elegido democráticamente, cuenta con la protección integral del Estado y que cualquier riesgo en su contra compromete directamente la estabilidad institucional y la democracia del país.En ese sentido, Sánchez informó que ordenó a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía activar y fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia. La instrucción incluye articulación con Interpol y con organismos internacionales con los que Colombia mantiene convenios de cooperación, con el fin de anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pudiera materializarse contra el jefe de Estado.El ministro explicó que la información que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta, escenario en el que se adoptarán las decisiones correspondientes en materia de inteligencia, contrainteligencia y eventuales operaciones.De manera paralela, anunció que los datos disponibles serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones judiciales necesarias y se identifique a los responsables de las amenazas, con miras a su judicialización.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, bajo absoluta reserva, cualquier información que pueda resultar útil para la seguridad presidencial, en medio de este proceso de verificación y fortalecimiento de las medidas de protección.