Con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 cada vez más cerca, uno de los pasos clave para los ciudadanos es verificar con tiempo dónde les corresponde votar. Aunque pueda parecer un trámite menor, consultar el puesto de votación evita contratiempos el día de las elecciones y facilita una participación tranquila y organizada.La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de administrar el censo electoral, ya tiene habilitados los canales oficiales para que los colombianos, dentro y fuera del país, puedan confirmar esta información con anticipación.¿Por qué es importante consultar el puesto de votación?Saber con exactitud el lugar asignado para votar permite planear mejor la jornada electoral y evitar desplazamientos innecesarios. No son pocos los casos de personas que llegan a un sitio equivocado por no haber verificado previamente su información.Al hacer la consulta, el ciudadano puede confirmar datos clave como:La localidad o municipio donde está inscrita su cédula.El nombre del puesto de votación.La dirección exacta del lugar.La mesa asignada para sufragar.Además, esta revisión previa ayuda a detectar errores o cambios en el registro y corregirlos antes del día de la votación. Para 2026, el calendario electoral contempla elecciones al Congreso el 8 de marzo, primera vuelta presidencial el 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.¿Cómo hacer la consulta del puesto?La forma más rápida y sencilla es a través de la plataforma digital de la Registraduría. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Basta con ingresar al portal oficial del censo electoral y digitar el número de cédula, sin puntos ni comas.El sistema mostrará de inmediato el lugar de votación actual, con todos los datos necesarios. Este servicio está disponible tanto para quienes viven en Colombia como para los ciudadanos que se encuentran en el exterior.Quienes prefieran atención presencial pueden acudir a las sedes de la Registraduría en todo el país, donde también se ofrece orientación sobre el estado del registro electoral.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí. La Registraduría permite actualizar el puesto de votación dentro de los plazos definidos en el calendario electoral. Este trámite está pensado para personas que cambiaron de ciudad o desean votar en un lugar diferente.El cambio se puede hacer en jornadas presenciales o a través de las plataformas habilitadas. Para los colombianos en el exterior, los consulados y embajadas funcionan como puntos autorizados para estos trámites.La recomendación de las autoridades es consultar con tiempo, guardar la información y llegar el día de la votación con la cédula original o digital. Prepararse con anticipación hace la diferencia y permite ejercer el derecho al voto sin afanes ni confusiones.
La exministra de Justicia Ángela María Buitrago analizó lo que será la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. En ese sentido, se refirió en Recap Blu a la expresión que tuvo el año pasado el magnante hacia el jefe de Estado colombiano, cuando lo llamó líder del narcotráfico."Hay momentos en que no se controlan los sistemas de comunicaciones y se dicen muchas cosas, pero creo que el mejor ejemplo de esto es que el presidente Trump decidió hablar con el presidente colombiano y no creo que el presidente Trump, sabiendo que sea parte de un grupo de esta naturaleza (narcotráfico), hubiera aceptado hablar con el presidente Petro", dijo la exintegrante del gabinete del Gobierno.¿Se acabará descertificación de Colombia?En septiembre del 2025, la administración de Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y, con la reunión entre los mandatarios, se podría llegar a un acuerdo para reversar esa medida. Por eso, Buitrago explicó que las diferencias entre las cifras que maneja el Gobierno colombiano y las que presentan Estados Unidos, la ONU y otros organismos internacionales obedecen a problemas metodológicos y a una lectura incompleta del fenómeno. Reconoció que el cultivo de coca ha crecido y que existe un aumento de grupos criminales con control territorial, pero insistió en que también deben contabilizarse los esfuerzos en incautaciones, destrucción de laboratorios y acciones que impiden que la droga llegue a los mercados internacionales.Buitrago también señaló que la descertificación no responde a una sola causa, sino a un conjunto de factores históricos, políticos y operativos. Entre ellos destacó la expansión de los cultivos ilícitos —que, según cifras conocidas, se acercarían a las 300.000 hectáreas— y la falta de una erradicación efectiva en territorios dominados por estructuras criminales. En ese sentido, defendió que esos grupos deberían asumir directamente el desmonte de cultivos y laboratorios si realmente tienen voluntad de paz, y no trasladar el riesgo a la fuerza pública.Frente a la posibilidad de que Estados Unidos revierta su decisión tras la reunión bilateral, la exministra fue prudente. Consideró que el solo hecho de abrir el diálogo ya implica un reconocimiento a los esfuerzos de Colombia, especialmente en incautaciones y golpes al crimen organizado, pero advirtió que no bastará con conversaciones. “Habrá exigencias de resultados concretos, sobre todo en erradicación y lucha contra el multicrimen”, concluyó, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional es clave frente a mafias que operan en varios continentes.
La recopilación de videos a través de cámaras de seguridad, entre otras evidencias, fue suficiente para que investigadores de la Sijín identificaran y lograran la ubicación del hombre que, con arma de fuego, atacó a un patrullero de la Policía cuando se dirigía a atender un hecho de homicidio registrado el fin de semana anterior en un establecimiento público del corregimiento de Bruselas, en jurisdicción del municipio de Pitalito.Se trata de alias ‘Sombra’, quien, según versiones oficiales, desde una motocicleta, como parrillero, habría disparado un arma de fuego contra el uniformado, que permanece bajo observación médica y fuera de peligro en el hospital de Pitalito, en el sur del Huila.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de Policía en el Huila, indicó que los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la patrulla se desplazaba a atender el homicidio de una persona que se presentó en el corregimiento de Bruselas, hecho que también es materia de investigación.Posteriormente al ataque contra el patrullero, de inmediato se desplegó un plan candado en todo el centro poblado y, según la Policía, los operativos constantes sirvieron como presión para que alias ‘Sombra’ se entregara de manera voluntaria en las últimas horas.“Ante la presión operativa y el cierre total del territorio, alias ‘Sombra’ no tuvo otra alternativa que presentarse ante las autoridades judiciales. La Policía agradece a la ciudadanía la información suministrada, la cual fue clave para la ubicación de este sujeto y su posterior judicialización”, aseguró el coronel Carlos Eduardo Téllez.Alias ‘Sombra’, quien resultó herido en un intercambio de disparos con la patrulla policial, recibe atención médica y, tan pronto sea dado de alta, será llevado a un centro de reclusión por orden de un juez de control de garantías.
El Gobierno nacional retiró del Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte por plataformas digitales, como Uber, Didi y Cabify, entre otras, y que planteaba un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba “servicio ilegal de transporte”.La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que el Ministerio de Transporte optó por retirar la iniciativa para hacer ajustes a varios de sus artículos, tras las críticas y confusiones generadas en distintos sectores.Según Serna, el retiro del proyecto responde a “las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos” del proyecto de ley 347 de 2026, recientemente radicado en el Congreso.Por esta razón, el Gobierno decidió modificar el articulado para que tenga mayor claridad y refleje los acuerdos discutidos en mesas de negociación con los gremios del sector transporte, especialmente los de carga.El proyecto había sido radicado el 20 de enero de 2026 por el Ministerio de Transporte y constaba de 118 artículos. Aunque el texto abordaba varios aspectos del sector transporte, una parte sustancial se enfocaba en reforzar las sanciones contra los servicios prestados con vehículos particulares sin autorización oficial.Uno de los puntos más polémicos era la definición de “servicio ilegal de transporte”, entendido como aquel que satisface la necesidad de traslado de personas o carga en vehículos particulares sin cumplir los requisitos legales ni contar con autorización de la autoridad competente. Bajo este concepto, el proyecto pretendía declarar ilegal el transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas.Además, la iniciativa proponía una ampliación significativa del alcance de las sanciones. El artículo 8 establecía castigos no solo para los conductores que prestaran el servicio, sino también para personas naturales o jurídicas que facilitaran o permitieran el incumplimiento de las normas. En la práctica, esto abría la puerta a sanciones para usuarios, plataformas tecnológicas e incluso conjuntos residenciales vinculados al uso de estas aplicaciones.Con el retiro del proyecto, el Gobierno busca replantear el texto y evitar interpretaciones ambiguas, mientras continúa el diálogo con los gremios. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del transporte por plataformas en el país sigue abierta y podría regresar al Congreso con un nuevo articulado en los próximos meses.
El presidente Gustavo Petro viajó este domingo a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.Antes de iniciar su viaje a la capital estadounidense, para el que recibió un visado espacial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la llamada 'lista Clinton', Petro anunció que se entrevistó con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara."Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara", escribió Petro en su cuenta de X.En la publicación el presidente colombiano se sumó, sin mencionarlo, a la convocatoria que había hecho la tarde de este domingo el senador Iván Cepeda, candidato presidencial izquierdista del oficialista Pacto Histórico, que pidió a sus seguidores manifestarse el martes en Bogotá mientras Petro se reúne con Trump.Reunión después de varios rocesLa reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.Otros temas en la agendaSegún la Presidencia de Colombia, Petro también desarrollará en Washington una agenda que incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.El mandatario ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y sostendrá reuniones con empresarios del sector del cacao centradas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto.La agenda también contempla encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral, así como una reunión con la diáspora colombiana en la biblioteca Martin Luther King, en la capital estadounidense.
El sur de Santander vuelve a estar en alerta por la violencia que golpea a las comunidades rurales. El ganadero Rubiel Cáceres Marín, de 53 años y ampliamente reconocido en el municipio de Coromoro, fue hallado sin vida en la vereda El Guadual, luego de haber sido reportado como secuestrado desde el pasado viernes.De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue encontrado este domingo en un sector rural ubicado sobre la vía que comunica las veredas Pueblo Viejo y El Guadual, a cerca de dos horas del casco urbano. Campesinos de la zona alertaron sobre el hallazgo, lo que motivó el desplazamiento de unidades de la Policía Nacional para adelantar los actos urgentes.Según el relato de sus familiares, Cáceres Marín fue interceptado por hombres armados el viernes hacia las 2:00 de la tarde, cuando se movilizaba en motocicleta entre las veredas La Zúñiga y La Mina, mientras trasladaba ganado hacia otra zona del municipio. En ese momento, lo acompañaba un familiar con discapacidad auditiva, quien fue dejado en libertad y logró dar aviso a las autoridades.Durante la reacción policial ese mismo día, uniformados se encontraron con tres hombres que se movilizaban en motocicletas, uno de ellos conduciendo el vehículo del ganadero. En medio del procedimiento se registró un intercambio de disparos y los sospechosos huyeron hacia una zona boscosa, abandonando las motocicletas. Desde entonces, unidades del Gaula, la Policía y el Ejército Nacional adelantaban operativos de búsqueda en el sector.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, lamentó el crimen y expresó su solidaridad con los allegados de la víctima. “Lamentamos este homicidio del señor Rubiel Cáceres, reconocido ganadero de Coromoro. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos, que hoy enfrentan un profundo dolor ante este hecho que enluta al departamento”, señaló el funcionario.Hernández agregó que se mantiene activa la investigación para esclarecer los hechos y reiteró el llamado a la comunidad para aportar información. “Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier dato que permita avanzar en las investigaciones, garantizando absoluta reserva”, indicó.De manera preliminar, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con extorsiones que, según denuncias de habitantes, comerciantes y productores rurales, se han venido incrementando en esta zona del departamento. La familia del ganadero aseguró que la víctima habría sido presionada económicamente por grupos armados ilegales y pidió a las autoridades esclarecer el caso, advirtiendo que situaciones similares se estarían presentando en la región.En los últimos meses, la presencia de estructuras del ELN ha sido señalada de forma reiterada en el sur de Santander, generando preocupación por el aumento de homicidios, amenazas y extorsiones que afectan la seguridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas.
Esta es la ponencia presentada por los magistrados del CNE Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, que pide permitir la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo. En el documento, los magistrados sostienen que la consulta del 26 de octubre de 2025 fue de carácter partidista del Polo Democrático Alternativo y que su participación como precandidato del Pacto Histórico no constituye doble militancia ni genera doble gasto público.La ponencia fue radicada en la noche del domingo 1 de febrero y solicita permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo. La ponencia fue presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, y será discutida este lunes a las 8:00 de la mañana, donde se evaluará una decisión sobre la controversia que rodea la precandidatura de Cepeda.La noticia se conoce luego de una carta enviada por el Pacto Histórico este lunes 26 de enero a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a su presidente, el magistrado Cristian Quiroz, al sostener que no existe ningún impedimento legal para que Cepeda compita en la consulta. La coalición argumentó que su participación hace parte de una estrategia transparente orientada a consolidar una candidatura única a la Presidencia de la República.“De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar una premisa clara e inequívoca: la voluntad y el propósito expresados consistieron en la realización de una consulta partidista, a realizarse el 26 de octubre de 2025, con el objetivo de que su resultado habilitara la participación de la precandidatura seleccionada en la consulta de marzo de este año o, en su defecto, como candidato en la elección presidencial de 2026”, se lee en el documento.
En zona montañosa del municipio de Tuluá, en el corregimiento de Santa Lucía, Valle del Cauca, cuatro mujeres que se movilizaban en una motocicleta fueron arrastradas por la creciente de una quebrada. El hecho ocurrió cuando intentaban cruzar el afluente, momento en el que perdieron el control del vehículo y cayeron al agua.Como consecuencia de la emergencia, una madre y sus dos hijas, de 3 y 6 años de edad, fueron halladas sin vida por la comunidad y kilómetros más abajo fue encontrada la cuarta mujer, quien presentaba varias lesiones, la cual posteriormente fue trasladada de urgencias a un centro asistencial.“Son unos lamentables hechos producto de un accidente ocurrido a bordo de una motocicleta. Desafortunadamente, el resultado es fatal. Inicialmente fue hallado el cuerpo de la madre de las dos niñas y posteriormente, hacia las 6:00 de la tarde, fueron encontrados los cuerpos de las menores, los cuales fueron trasladados al centro poblado de Santa Lucía, específicamente al templo parroquial. En este accidente también resultó lesionada la otra acompañante que se movilizaba en la motocicleta”, dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.La madre de las menores fue identificada como Adriana Ante, mientras que la mujer lesionada responde al nombre de Olga Lucía Sánchez, quien se recupera de las heridas en un centro hospitalario de Tuluá. Las autoridades del municipio adelantan las labores de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.“Activamos de inmediato los protocolos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender la emergencia. El alcalde ordenó que la administración municipal asuma la totalidad de los gastos fúnebres de las víctimas, cuyos cuerpos están siendo trasladados desde Santa Lucía hasta la cabecera municipal. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial adelantarán los actos urgentes para la inspección técnica de los cuerpos”, agregó Hincapié.Cabe señalar que, debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, el río Tuluá también se desbordó, generando múltiples emergencias en la cabecera municipal, con vías inundadas, barrios y viviendas afectadas.
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer dos homicidios de mujeres registrados en el municipio de San José de Pare, Boyacá, en límites con Santander, hechos que han generado conmoción entre la comunidad debido a que ocurrieron con menos de 48 horas de diferencia y presentan similitudes en los signos de violencia.El primer caso se registró el 29 de enero en la vereda Balsa, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con evidentes signos de violencia. Al día siguiente, el 30 de enero, las autoridades encontraron a otra mujer asesinada en un cafetal de la vereda Resguardo, con características similares en las lesiones, situación que es materia de análisis por parte de los organismos judiciales para establecer si ambos crímenes están relacionados.Las víctimas fueron identificadas como María Elvia González y María Rosalía Díaz Tamayo.Frente a estos hechos, la secretaria de Integración Social de Boyacá, Luisa Rodríguez, expresó un mensaje de solidaridad y rechazo contundente a la violencia contra las mujeres.“Desde la Secretaría de Integración Social le enviamos un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y a la comunidad de San José de Pare, del departamento de Boyacá, por los hechos ocurridos que enlutan nuestros corazones. Rechazamos cualquier tipo de acto violento que agreda la integridad de nuestras mujeres. Instamos a las autoridades locales y departamentales a que se articulen para generar celeridad y esclarecimiento de los hechos”, señaló la funcionaria.Las autoridades continúan con las labores investigativas y de recolección de pruebas para dar con los responsables de estos homicidios y determinar si existe conexión entre ambos casos.
El presidente Gustavo Petro llevará al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una ancheta con café de especialidad y chocolates de exportación. Estos productos son cultivados por 20.300 familias que participan en el programa de sustitución de cultivos en Argelia, Cauca, una zona con alta presencia de plantas de coca.El Gobierno nacional indicó que el objetivo de este regalo es mostrar a la Casa Blanca los resultados de la transición de cultivos ilícitos a economías legales. Los chocolates tienen la marca 'Peace Chocolates' y el café es denominado 'Café de la Sustitución'. También llevarán un poncho fabricado por campesinos del departamento de Nariño y canastos hechos por indígenas del Chocó con fibra de palma de Werregue.Otros regalos para el gabinete de TrumpAdemás del regalo para el presidente Trump, la delegación colombiana incluyó objetos para otros funcionarios del gobierno estadounidense: la primera dama Melania Trump, la portavoz Caroline Leavitt, Marco Rubio y JD Vance. Con esta entrega, el presidente Petro busca presentar los avances en sustitución de cultivos e interdicción, en un momento donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha cuestionado los resultados de la estrategia de seguridad y la expansión de grupos ilegales en el país.La reunión de Petro y Trump se da un año después de varios desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un "trato indigno" para sus connacionales.Ese episodio, que estuvo a punto de desembocar en la primera guerra arancelaria de Estados Unidos con Colombia por las amenazas de Trump, se resolvió el mismo día pero dejó una herida en una sólida relación bilateral que se fue agrandando en los meses siguientes.Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.
La Concesión Línea Férrea Central anunció el avance en la ejecución del Proyecto de Asociación Público-Privada (APP) La Dorada–Chiriguaná. El proyecto será el primer corredor estratégico para la reactivación del transporte férreo en el país, que conecta el interior de Colombia con la costa Caribe, el Magdalena Medio y departamentos como Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.Así comenzó la rehabilitación de los 522 kilómetros de vía férrea entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar), una obra que tienes una inversión total de 3,4 billones de pesos. La iniciativa busca mejorar la conexión entre el centro productivo de Colombia y la región Caribe, facilitando el transporte de carga y avanzando hacia un sistema logístico más eficiente y sostenible.“El 2026 es un año determinante para el proyecto, porque comenzamos a traducir el trabajo técnico y de preparación adelantado, en resultados visibles en los territorios. Este avance permitirá generar impactos concretos en conectividad y desarrollo regional, manteniendo una ejecución responsable y articulada con las comunidades y las autoridades”, señaló Germán de la Torre, gerente general de la Concesión Línea Férrea Central.Desde agosto de 2025, cuando se inició el proyecto, se han desarrollado actividades de preparación, como los estudios y diseños de la vía, la rehabilitación de cuatro puentes ferroviarios prioritarios y la planificación de un puente vehicular y peatonal en Río Sogamoso. Además, se diseñaron dos instituciones educativas en Cimitarra (Santander) y se han realizado gestiones ambientales, sociales y prediales en los 25 municipios del área de influencia, para garantizar que las obras se desarrollen.Mientras se prepara la infraestructura, la concesión ha asegurado la continuidad de la operación ferroviaria. Entre agosto y diciembre de 2025, se movilizaron aproximadamente 549.000 toneladas de carga, lo que permite mantener activo el transporte de mercancías y apoyar la logística del país sin interrupciones, incluso mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.En 2026, el proyecto entra en su fase más visible con la ejecución de obras prioritarias que impactan directamente a las comunidades. Entre ellas están la construcción de las instituciones educativas, la rehabilitación de los puentes de Puerto Berrío, Carare, Cuatrobocas y Río Sogamoso.
El Ministerio de Salud y Protección Social publicó para comentarios un borrador de resolución que actualiza el marco normativo para la autorización, funcionamiento y vigilancia de los laboratorios que utilizan animales de laboratorio en Colombia. La medida desarrolla el artículo 25 de la Ley 84 de 1989 y establece nuevas exigencias administrativas, técnicas y de control para las instituciones públicas y privadas que adelantan actividades de experimentación, investigación, docencia o diagnóstico.Uno de los principales cambios es la obligatoriedad de contar con una autorización formal expedida por el Ministerio de Salud, previa evaluación técnico-científica del Instituto Nacional de Salud (INS). La autorización tendrá una vigencia de dos años y será requisito indispensable para continuar operando. Sin este trámite, los laboratorios no podrán desarrollar actividades que involucren animales de laboratorio.La resolución endurece los requisitos técnicos que deben cumplir las instituciones. Los laboratorios deberán acreditar infraestructura adecuada, bioterios habilitados, personal capacitado y atención médico-veterinaria permanente, además de planes de manejo para los animales en caso de cierre temporal o definitivo de las instalaciones.Otro de los ejes de la norma es el fortalecimiento de los comités de ética para el uso de animales de laboratorio. Las instituciones estarán obligadas a conformar o actualizar estos comités, que deberán evaluar y hacer seguimiento a los protocolos de investigación, garantizando que el uso de animales esté debidamente justificado y documentado.La resolución establece que el uso de animales solo será admisible cuando sea indispensable desde el punto de vista científico, cuando no existan métodos alternativos validados y cuando se apliquen los principios de reemplazo, reducción y refinamiento, conocidos como las “3R”. Esto obliga a los laboratorios a sustentar de manera expresa por qué recurren a modelos animales y qué medidas adoptan para minimizar su uso.En materia de control, se refuerza el papel del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que ejercerá acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en los establecimientos autorizados. En caso de incumplimientos, especialmente aquellos relacionados con el bienestar animal, podrán adoptarse medidas sanitarias y cancelarse las autorizaciones otorgadas.La norma también ratifica la prohibición de la experimentación cosmética con animales, salvo las excepciones previstas en la Ley 2047 de 2020, y excluye este tipo de actividades del ámbito de autorización ordinaria, con el fin de evitar interpretaciones amplias.Finalmente, se establece un periodo de transición que incluye jornadas de socialización y plazos para que las instituciones ajusten sus procesos internos, adecuen los comités de ética y radiquen la solicitud de autorización. Una vez vencidos estos plazos, el uso de animales de laboratorio sin autorización podrá dar lugar a sanciones administrativas.
El anuncio se hace luego de que se conociera que la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) señalara que se realizarían acciones que podrían afectar las operaciones en el aeropuerto El Dorado y demás aeropuertos de Colombia tras incumplimientos en acuerdos con el Gobierno.En diciembre del 2024 también se registró un escenario similar, que afectó por completo las operaciones en el aeropuerto El Dorado. Un caso que generó más de 65 retrasos y cancelaciones, afectando a 2.239 pasajeros, a causa de acciones de restricción para que los usuarios pudieran volar. Esto evidencia que cualquier interrupción en los servicios migratorios tiene consecuencias reales y significativas, según como lo menciona la aerolínea.Avianca señaló que se tendrían grandes impactos en el funcionamiento del sector aéreo, en el servicio al pasajero y la competitividad, ya que la eficiencia en los controles migratorios es esencial para garantizar la operatividad de los aeropuertos y la puntualidad de los vuelos, mientras que un control y servicio ágil representa el primer y último contacto del viajero con Colombia, asegurando una experiencia positiva para turistas y ciudadanos. Y por último, la fluidez en los aeropuertos internacionales es clave para mantener la posición de Colombia como principal destino turístico de Sudamérica y para así, atraer inversión extranjera.La aerolínea hizo un llamado urgente a las autoridades y sindicatos para garantizar que el servicio migratorio se mantenga de manera ininterrumpida, subrayando que la aviación solo funciona de forma eficiente cuando todos los actores de la cadena operan coordinadamente. Avianca aseguró que está monitoreando de cerca la situación y trabajando con el sector para minimizar los impactos potenciales. Cualquier alteración en los procesos de migración no solo afecta a los pasajeros y aerolíneas, sino que también pone en riesgo la competitividad internacional de Colombia y la confianza de los turistas en el país.Asimismo, Wingo emitió una alerta frente al riesgo que se vive en las operaciones en los próximos días.
Las fuertes lluvias que se han registrado en el Huila han ocasionado emergencias en ocho municipios principalmente deslizamientos de tierra, vías rurales colapsadas, viviendas afectadas y crecientes súbitas del ríos y quebradas que han destruido cultivos de plátano y café.Asimismo, en el río Suaza dos operarios de maquinaria amarrilla que adelantaban trabajos de canalización quedaron atrapados en medio de una creciente súbita del afluente, quienes finalmente fueron rescatados sanos y salvos por unidades de la Defensa Civil.Jhon Jairo Yepes, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo del Huila, informó que los municipios de Timaná, Teruel, Tello, Algeciras, La Argentina, Pitalito, Campoalegre y Suaza, han reportado emergencias por cuenta de las intensas lluvias que se han presentando en las últimas horas en todo el departamento.“Las lluvias se nos han intensificado en estos últimos cinco días y de las precipitaciones que se han registrado desde la noche anterior han ocasionado emergencias en ocho municipios del Huila. Tenemos reportes de viviendas afectadas y vías rurales colapsadas en Tello, Algeciras, La Argentina, Timaná. Una de las emergencias a la que le hemos dado prioridad ha sido los derrumbes en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45”, indicó el funcionario.Le puede interesar: Lluvias en el Urabá dejan un adulto mayor muerto y tres desaparecidos: van 7.500 familias afectadasEl reciente informe entregado por la Oficina de Atención de Desastres en el Huila da cuenta de que hay afectaciones en infraestructura en tres instituciones educativas en los municipios de Neiva, Íquira y La Plata; entre tanto, en Teruel y Campoalegre, dos familias campesinas fueron evacuadas por averías en sus viviendas.Cabe mencionar, que, según el reporte de los organismos de socorro del departamento, en lo corrido del año 2026 hay un registro de 21 municipios que han presentado emergencias por deslizamientos de tierras, afectaciones en acueductos veredales, puentes vehiculares y viviendas averiadas; también crecientes súbitas, que han destruido cultivos de plátano.Balance general – Primera temporada de menos lluvias 2026(01 de enero de 2026 a la fecha)● Total de emergencias registradas: 77● Municipios afectados: 21● Tipo de eventos:○ Deslizamientos: 48○ Crecientes súbitas: 12○ Inundaciones: 6○ Caída de árboles: 5○ Hundimientos: 1
La Fiscalía General de la Nación logró la condena de José Antonio Hernández Pérez, conocido como alias ‘Zamir’, cabecilla de la subestructura Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo, a 24 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad en una serie de asesinatos ocurridos en el departamento de Casanare entre 2020 y 2021.Alias ‘Zamir’ fue señalado como el autor intelectual de al menos 21 homicidios cometidos en municipios como Yopal, Maní, Villanueva, Tauramena, Pore y Orocué. Según la Fiscalía, estos crímenes tenían como objetivo demostrar el control territorial de la organización criminal en la región y generar miedo entre la población.Entre los hechos más conocidos está el asesinato de Julio Velásquez Martínez, líder social y presidente de la junta de acción comunal de la vereda Paso Cusiana, en Tauramena. El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2020, cuando Velásquez se encontraba en un taller de ornamentación y varios hombres llegaron en motocicleta y le dispararon, acabando con su vida. Según la investigación, el asesinato se habría producido porque la víctima se negó a trabajar con el grupo criminal.Otro hecho violento ocurrió el 9 de mayo de 2021 en Orocué, donde hombres bajo las órdenes de alias ‘Zamir’ dispararon repetidamente a un hombre y posteriormente arrojaron su cuerpo a un río. Varios casos similares se registraron en otros municipios del departamento, lo que dejó como consecuencia una ola de violencia causada por esta subestructura del Clan del Golfo en Casanare durante esos años.A José Antonio Hernández Pérez se le imputaron los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte de armas, todos agravados. La condena se logró luego de que alias ‘Zamir’ aceptara su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía.
Desde este fin de semana, Villavicencio y el departamento del Meta se convierten en el epicentro de una de las ferias agroindustriales más relevantes de Colombia con la realización de Expomalocas 2026, un evento que reúne los sectores bovino, equino, agroindustrial y turístico, y que proyecta la capacidad productiva de la región a nivel nacional.La feria, que se desarrolla en un escenario de 35 hectáreas con nueve pabellones, espera la llegada de más de 250.000 visitantes, lo que representa una importante dinamización económica para el departamento. De acuerdo con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, el impacto económico estimado oscila entre 90.000 y 110.000 millones de pesos, derivados de actividades como la gastronomía, la hotelería, el turismo, la logística, el comercio y los conciertos programados durante los cinco días del evento.“Esta es la feria agroindustrial, bovina, equina y turística más importante del país. Aquí le estamos mostrando a Colombia cómo el Meta, como hermano mayor de la Amazonía y la Orinoquía, viene creciendo en productividad y generación de riqueza”, señaló la mandataria, al destacar el tránsito del departamento de una economía basada en los hidrocarburos hacia la agroindustria y la producción de alimentos.Expomalocas también se presenta como una vitrina para el desarrollo sostenible, con espacios académicos, muestras de ganadería sostenible, extensión agropecuaria y políticas departamentales orientadas a una producción amigable con el medio ambiente. A esto se suma una agenda cultural y musical que, según la Gobernación, fortalece el consumo y la actividad turística en la región.En el marco del evento, la gobernadora confirmó, además, la articulación entre 32 regiones del país, destacando la visita del gobernador de Antioquia y la firma de acuerdos de entendimiento en materia de seguridad, infraestructura y fortalecimiento de la fuerza pública. Según Cortés, esta cooperación interregional busca generar condiciones que incentiven la inversión y reduzcan las brechas de desigualdad.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de artefactos explosivos entre Ecuador y Colombia.La investigación se inició tras detectar el ingreso ilegal de clorato de potasio, un químico de alto riesgo empleado en la elaboración de explosivos, que era transportado desde territorio ecuatoriano hacia diferentes regiones del país. Como resultado de las indagaciones, la Fiscalía General de la Nación identificó a Sonia Patricia Prado, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak como presuntos responsables de esta actividad ilícita.Según el ente acusador, durante los años 2024 y 2025, Prado y Marcial habrían facilitado el ingreso del clorato de potasio, el cual era camuflado en cargamentos de abono para cultivos agrícolas y en encomiendas, con el propósito de evadir los controles de las autoridades. En tanto, Usamak Vásquez, quien laboraba en una empresa de envíos y correspondencia, sería el encargado de la logística del transporte, coordinando al menos 20 despachos del material ilegal.Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados cargos por fabricación, tráfico y porte de explosivos y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas. Aunque los señalados no aceptaron los cargos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.Con estas capturas, ya son 29 los integrantes judicializados de esta red criminal, y las autoridades han logrado la incautación de más de siete toneladas de material explosivo, en lo que se considera uno de los golpes más contundentes contra el tráfico ilegal de insumos para explosivos en la región.
La mayor María Fernanda Martínez Parra se convirtió en la primera militar de arma en liderar el Comando de Operaciones Logísticas N.° 1, una unidad clave para el apoyo a las tropas en todo el país. La oficial cuenta con 17 años de servicio y ha desarrollado su carrera en departamentos como Valle del Cauca, Guaviare, La Guajira y Cundinamarca, donde ha asumido responsabilidades tanto operativas como administrativas.El Comando de Operaciones Logísticas N.° 1 cumple una función estratégica para el Ejército Nacional, al ser la unidad encargada de garantizar el apoyo logístico a las tropas desplegadas en las distintas áreas de operación. Entre sus principales tareas están el abastecimiento, el almacenamiento y la distribución de insumos, así como otros procesos esenciales para el desarrollo continuo de las operaciones en el territorio nacional.Durante el acto de reconocimiento de mando, la oficial estuvo acompañada por sus familiares y personas cercanas. Desde la institución destacaron que este nombramiento no solo representa un logro en su carrera profesional, sino también un avance en la participación de las mujeres en cargos de liderazgo dentro del Ejército.El Ejército señaló, además, que este tipo de designaciones ratifican que el liderazgo se construye a partir del mérito, la preparación y la excelencia profesional, sin distinción de género, y hacen parte de los esfuerzos por consolidar una institución más inclusiva, moderna y fortalecida.
Desde Washington, tras una reunión preparatoria para el encuentro bilateral Petro–Trump, el embajador Daniel García-Peña reconoció que la reunión es impredecible, pero aseguró que las garantías brindadas al mandatario colombiano para llegar a Estados Unidos son una buena señal.“Estamos empeñados en seguir acompañando para que esta visita resulte. Aquí no está en juego una reunión entre un presidente, sino un momento fundamental para el país, una reunión de estas no se sabe qué puede pasar, pero las garantías que el gobierno Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras”, dijo.Por su parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, confirmó la extradición de Pipe Tulua para mañana. “El presidente de la República dio una orden clara: el criminal Pipe Tulua debe llegar lo más rápido posible, extraditado de Colombia a EE. UU.”La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno buscará “relanzar” la relación con EE. UU. tras este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. “Hemos realizado un proceso a nivel diplomático para desescalar y llegar a este punto tan positivo, de máxima importancia para nuestro país”, afirmó.La agenda del presidente Gustavo Petro comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero. La visita incluirá reuniones con congresistas, estudiantes, empresarios y connacionales.
José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido en el mundo criminal como alias ‘Gonzalito’, fue durante años uno de los hombres clave del Clan del Golfo, organización en la que llegó a ocupar el cargo de segundo cabecilla del Estado Mayor Conjunto. Su muerte, confirmada en las últimas horas, cierra el ciclo de una trayectoria delictiva de más de dos décadas, marcada por la violencia armada, el uso de minas antipersonal, secuestros y el control de economías ilegales en el norte del país.Nacido el 30 de diciembre de 1974, Sánchez inició su carrera criminal en 1998, cuando ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cinco años después ya hacía parte de estructuras armadas móviles de ese grupo, experiencia que lo llevó a consolidarse como mando operativo y, tras la desmovilización paramilitar, mantenerse en el crimen organizado bajo nuevas siglas.Su ascenso dentro de las estructuras herederas fue constante. En 2018 asumió como cabecilla de la estructura Rubén Darío Ávila; en 2021 pasó a liderar el bloque completo y, para 2023, fue designado segundo cabecilla del Clan del Golfo, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor poder de decisión dentro de la organización.Alias ‘Gonzalito’ tenía una amplia injerencia territorial en zonas rurales de Córdoba y Antioquia, con presencia en municipios como Montería, Ayapel, Tierralta y Caucasia, desde donde coordinaba comisiones armadas y rutas estratégicas. Según los reportes oficiales, su estructura controlaba corredores usados para el cobro de extorsiones al sector minero y para la producción y comercialización de pasta base de coca, además de confrontar a otros grupos armados ilegales en áreas limítrofes.En su prontuario figuran ataques reiterados contra la fuerza pública. Entre 2018 y 2022 se le atribuyen emboscadas con explosivos, activación de campos minados y combates que dejaron militares y policías heridos y muertos en zonas como Canalete, Tierralta y Puerto Libertador. En febrero de 2023, las autoridades lo señalaron de ordenar el secuestro de tres fiscales y una funcionaria judicial en la vía Cáceres–Medellín, uno de los hechos más graves atribuidos a su estructura.El perfil de inteligencia también lo responsabiliza de haber ordenado el llamado “plan pistola” en abril de 2025, en represalia por la neutralización de otro cabecilla del Estado Mayor, una ofensiva que derivó en 48 acciones armadas contra integrantes de la fuerza pública en distintas regiones del país.Para las autoridades, la muerte de alias ‘Gonzalito’ representa un golpe estructural al Clan del Golfo: su salida afecta el direccionamiento de las comisiones armadas, debilita el control territorial y reduce la capacidad de constreñimiento sobre la población civil en zonas estratégicas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde era considerado una de las piezas más influyentes de la organización criminal.
Los dos conjueces principales que definirán el caso de Iván Cepeda ante el Consejo Nacional electoral (CNE) son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal). El conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres). Los conjueces fueron elegidos por sorteo con la presencia de la delegada de la Procuraduría General de la Nación.Vale recordar que el CNE es la entidad encargada de determinar si Iván Cepeda, Roy Barrera y Camilo Romero cumplen o no los requisitos para participar de la consulta con la que la izquierda espera elegir el 8 de marzo un candidato único para la primera vuelta presidencial .Los tres candidatos inscribieron con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero la semana pasada su coalición denominada 'Frente por la Vida' ante la Registraduría, conformada por el Pacto Histórico, Partido La Fuerza, Partido del Trabajo de Colombia, Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.Sin embargo, en su resolución, la entidad electoral rechazó la postulación de Quintero porque ya "participó en una consulta en la que fue derrotado", haciendo referencia al hecho de que el exalcalde, aunque declinó su participación días antes de la elección, apareció en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico que ya ganó Cepeda el 29 de octubre pasado.En octubre pasado, el senador izquierdista se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico con 1.186.095 votos, equivalentes al 64,71 % del total, a la exminsitra de Salud Carolina Corcho.La consulta de la izquierda del 8 de marzo, denominada 'Frente por la Vida', coincidirá con otra similar convocada por sectores de la derecha y con las elecciones legislativas donde se elegirá al nuevo Congreso que iniciará a sesionar a partir del 20 de julio.
En la mañana de este lunes, varios movimientos al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) modificaron lo que parecía un panorama desfavorable para el futuro del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la llamada Consulta del Frente por la Vida.Aunque inicialmente se tenía previsto que la ponencia presentada por los magistrados del Pacto Histórico (Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez), que avala la participación del senador en la consulta, sería derrotada con seis votos contra tres, al final no se alcanzó la mayoría reglamentaria para adoptar la decisión, y esta debió ser aplazada.Al final, frente a la ponencia, cinco magistrados salvaron el voto (Cristian Quiroz, Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez y Alfonso Campo), tres magistrados avalaron la ponencia (Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry), y un magistrado (Altus Baquero) aclaró el voto, es decir, vota a favor de la ponencia pero con reparos.Ante este hecho, se designaron dos conjueces principales y un suplente para que estudien la ponencia y emitan su voto hasta alcanzar los seis necesarios y así poder adoptar cualquier decisión.Se espera que esta votación se realice a más tardar el próximo miércoles, ya que la fecha límite para dejar en firme la inscripción de las consultas, hacer el sorteo de las posiciones en el tarjetón y autorizar su impresión es el viernes 6 de febrero.
Un combate entre tropas de las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, se registró en la mañana de este martes en zona rural del municipio de La Montañita, Caquetá. La operación estuvo dirigida contra la comisión principal de finanzas de la Estructura Rodrigo Cadete, cuyo objetivo principal es el cabecilla encargado de las finanzas de esa organización ilegal.De acuerdo con el reporte inicial, el enfrentamiento comenzó hacia las 7:30 de la mañana en la vereda El Temblón, donde unidades del grupo adelantaron un ataque planeado contra los integrantes de esta estructura armada. Durante la maniobra, las autoridades reportaron la captura de dos personas, entre ellas una mujer identificada como la compañera sentimental del cabecilla principal de finanzas, y otro criminal que sería integrante de la red armada de la organización.En el lugar fueron incautados al menos cuatro fusiles, además de panfletos extorsivos, teléfonos celulares y material de intendencia. El conteo exacto de municiones, explosivos y demás elementos quedó pendiente a la llegada de la Policía Judicial, que adelanta las labores técnicas en la zona.Durante el desarrollo de la operación se contó con apoyo aéreo, mediante el ingreso de un helicóptero UH-1N para fuego de apoyo y el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI), junto al Batallón de Fuerzas Urbanas número 6, transportados en helicóptero Black Hawk.Las autoridades informaron que la operación continúa en desarrollo, con maniobras de registro y búsqueda del cabecilla principal de finanzas de esta estructura armada ilegal, señalado de manejar recursos provenientes de economías ilícitas y extorsiones en el departamento del Caquetá. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados finales del operativo.
El Gobierno colombiano no ha bajado la guardia en la lucha contra las drogas en la frontera con Ecuador, afirma la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, para justificar la imposición de aranceles del 30 % a los productos importados de este país."Nosotros discrepamos de esa afirmación porque si hay un país que está luchando de forma efectiva y muy decidida contra el narcotráfico es Colombia", manifestó Miranda en una entrevista telefónica con la agencia EFE antes de viajar a Washington, donde el martes acompañará al presidente colombiano, Gustavo Petro, en su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.Los aranceles de Ecuador, a los que Colombia respondió invocando el principio de reciprocidad, entraron en vigencia este domingo 1 de febrero, luego de que los dos Gobiernos no se pusieran de acuerdo para evitar la guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicaría el arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, versión que contesta el Gobierno de Petro.En ese sentido, Miranda subrayó que para este año el Gobierno tiene como meta la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, la mitad de ellas en el departamento de Nariño, que junto con el de Putumayo es limítrofe con Ecuador, ambos con grandes extensiones de siembras de coca.A eso se suma el decomiso de 2.800 toneladas de cocaína durante el Gobierno de Petro que comenzó el 7 de agosto de 2022 y que, según el mandatario, puede subir a 3.500 toneladas cuando finalice su mandato, en agosto próximo."Tenemos 30.000 hectáreas en proceso de sustitución, más de 2.800 toneladas de cocaína incautadas y nuestros esfuerzos en sustitución se enfocan sobre todo en Putumayo y Nariño, que son la frontera con Ecuador", añadió Miranda.El pasado 23 de enero, Petro y Miranda encabezaron en el caserío de Llorente, que hace parte del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), un acto en el que campesinos y comunidades indígenas erradicaron de forma colectiva cultivos ilícitos para dar paso a economías legales y sostenibles.Miranda reconoció que en todos los procesos de sustitución de cultivos ilícitos hay quienes vuelven a sembrar coca, pero calculó que ese porcentaje "tiene que ser menos del 5 %"."Siempre hay esos casos en todas las políticas del gobierno, siempre hay gente que no está dispuesta a cumplir, pero ese porcentaje es muy bajo cuando es sustitución porque de por sí la gente es la que pide entrar al programa, entonces son muy pocos los casos en los que la gente entra e incumple", concluyó.