El candidato predidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la decisión de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia.De la Espriella felicitó a Valencia, sin embargo, también dijo que había buscado un acuerdo con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró.“Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, aseguró el abogado De la Espriella.En el mismo sentido, De la Espriella no cerró la puerta a apoyar al candidato que gane la Gran Consulta por Colombia de ser necesario.“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal. De igual manera, si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el Doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal”, agregó De la Espriella.Es importante recordar que los candidatos de la Gran Consulta por Colombia aceptaron la participación de Paloma Valencia desde este domingo en la mañana, sin embargo, ella hizo consultas con su partido y en horas de la tarde de este lunes, 22 de diciembre, anunció oficialmente la decisión de unirse a esa coalición.
La Cancillería reubicó a Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra por la parranda vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua, en la que participó el exdirector de la DNI, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.El ministerio informó que el funcionario ya fue notificado formalmente de la apertura del proceso adelantado por la Oficina de Control Disciplinario Interno y que la medida busca evitar posibles interferencias u obstrucciones en la investigación.Muñoz, quien ocupa el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa, es investigado por su presunta participación en la gestión de recursos y en la organización de la parranda vallenata realizada en el Teatro Rubén Darío. Aunque la Cancillería asegura que negó recursos para el evento, la actividad se realizó, lo que derivó en cuestionamientos sobre el uso de su posición diplomática.Según este comunicado, cualquier decisión sobre una eventual suspensión o desvinculación debe surtir el debido proceso y no depende de una decisión discrecional de la canciller. Además, informó que la Procuraduría General de la Nación podrá asumir el caso bajo la figura de control preferente y que las pruebas ya fueron remitidas también a la Fiscalía General de la Nación.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) oficializó el licenciamiento del primer contingente de mujeres soldados en la historia de la institución. Tras 12 meses de servicio militar voluntario, 28 jóvenes finalizaron su etapa de formación en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), un hecho que redefine la participación femenina en las filas de esta fuerza.Este grupo, perteneciente al quinto contingente de 2024, ingresó a la unidad el pasado 3 de febrero de 2024. Durante su permanencia, las soldados no solo recibieron instrucción militar básica, sino que fueron integradas en áreas operativas estratégicas de seguridad y logística en la base aérea de Bogotá.Funciones y seguridad en CATAMLas uniformadas desempeñaron roles críticos en el control de acceso y la seguridad de la unidad. Sus funciones incluyeron el registro y autorización de ingreso de personal y vehículos, así como el apoyo logístico en vuelos destinados a altos mandos y personalidades del Gobierno Nacional que transitan habitualmente por esta terminal aérea.Además de las labores administrativas, las soldados se desempeñaron como Policía Militar, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos en los sistemas de defensa de la base.Este licenciamiento representa un precedente institucional para la Fuerza Aeroespacial, al consolidar la apertura del servicio militar para mujeres bajo los mismos estándares de disciplina y exigencia aplicados tradicionalmente. La FAC destacó que el aporte de estas 28 mujeres y sus familias queda registrado como un avance en el desarrollo y la modernización de la defensa nacional.
Con una inversión cercana a los $72 mil millones, el Gobierno nacional puso en operación la pista completamente modernizada del Aeropuerto Santiago Vila, una obra estratégica que fortalece la conectividad aérea del Tolima y dinamiza el desarrollo económico y turístico del centro del país.La infraestructura, entregada oficialmente el 14 de noviembre de 2025, cuenta ahora con una pista de 1.600 metros, que cumple los más altos estándares de seguridad operacional y permite la operación de aeronaves con mayor capacidad, pasando de aviones para 48 pasajeros a equipos de hasta 78 sillas.Según el Ministerio de Transporte, entre 2023 y 2026 se destinaron $71.914 millones para la modernización integral del aeropuerto, a través de un contrato por $53 mil millones, que incluyó el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje e infraestructura complementaria, así como la instalación de ayudas visuales e iluminación aeroportuaria.Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024 y, para garantizar la seguridad operacional, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones en febrero de 2025. En julio del mismo año reabrió con una pista parcial de 1.200 metros, hasta completar el alcance total del proyecto en noviembre, sin prórrogas ni adiciones presupuestales.Además del impacto en infraestructura, el proyecto generó 144 empleos, de los cuales 93 fueron ocupados por mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, población en condición de pobreza extrema y personas desplazadas, reflejando un componente social significativo.Actualmente, el Aeropuerto Santiago Vila mantiene operación comercial activa en la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, operada por Satena, con frecuencias semanales que fortalecen el turismo, el comercio y la integración regional.“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.De acuerdo con el plan maestro aeroportuario, el terminal aéreo presenta un alto potencial de crecimiento en la movilización de pasajeros, operaciones aéreas y carga, especialmente para el transporte de productos agrícolas y de comercio regional.Momento de tensión durante el acto oficialNo obstante, el evento de entrega estuvo marcado por un momento de tensión institucional. Durante su intervención, la ministra de Transporte afirmó que llegaba a “inaugurar” la nueva pista, mientras que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, y la alcaldesa de Flandes, Ana Judith Gamboa, pese a ser las autoridades anfitrionas del territorio, no fueron incluidas en el protocolo del acto, situación que generó comentarios entre los asistentes.“Este es un evento al que yo venía a hacer la inauguración de la ruta de Flandes. Sí, eso no le ponga misterio: estamos haciendo la inauguración de la ruta y de la pista para el servicio. Lo importante es lo que usted le entrega a los habitantes de cualquier municipio del país”, manifestó la ministra a Blu Radio.Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas aseguró: “Yo me siento súper bien trabajando por mi departamento. Seguiré trabajando por mi departamento de la mano de esta mujer alcaldesa, que lo está haciendo supremamente bien. Judith está trabajando por todas sus comunidades; yo también. Yo no me siento mal. Los que se pueden sentir mal son los que hacen sentir mal. Yo jamás hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí”.
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos, agregó.El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele.Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso"."Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Bukele.La "guerra" de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.
Con el arribo de 80 nuevos policías, Bucaramanga refuerza su esquema de seguridad durante las festividades de diciembre y en medio de la alerta nacional por los recientes ataques terroristas registrados en el oriente del país. La Alcaldía de Bucaramanga destacó que este refuerzo permitirá blindar la ciudad y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los uniformados, hombres y mujeres provenientes de distintas escuelas del país, llegan capacitados y entrenados para cumplir diversas funciones operativas. “Estos policías entrarán a reforzar la vigilancia de los cuadrantes, que es nuestro eje fundamental en el área metropolitana. En buena hora llegan a una ciudad que necesita fortalecer la seguridad, como lo vienen solicitando los ciudadanos”, señaló el oficial.El despliegue no se limita a los nuevos patrulleros. Las labores de control y vigilancia estarán respaldadas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cuyas unidades cuentan con entrenamiento avanzado en tácticas de reacción y control. Bajo el liderazgo del brigadier general Quintero y el alcalde Cristian Portilla, el operativo se desplegó de inmediato en el sector bancario y las zonas comerciales del centro de la ciudad.Durante los recorridos, las autoridades visitaron puntos estratégicos como La Isla, donde interactuaron con comerciantes y transeúntes para entregar recomendaciones de seguridad y cerrar los canales a delitos como el hurto y la extorsión, especialmente en esta época de alta actividad comercial.El comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró dos servicios clave para la ciudadanía durante la temporada decembrina. El primero es el acompañamiento bancario, un servicio gratuito que puede solicitarse a través de la línea 123 para el retiro de grandes sumas de dinero. El segundo es la lucha contra la extorsión, a través de la campaña del GAULA, invitando a comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier intimidación mediante la línea 165.“Estamos en las calles, de cara a la gente. Con estos nuevos uniformados y el apoyo del GOES, buscamos que cada bumangués se sienta seguro al realizar sus compras y trámites bancarios”, puntualizó el general Quintero.
Con el inicio de la temporada de Navidad y Año Nuevo, la Policía Nacional reforzó su presencia en Antioquia con la llegada de siete oficiales y 299 patrulleros que se suman al dispositivo de seguridad en el departamento. El objetivo es acompañar a la ciudadanía en una de las épocas de mayor movilidad y concentración de personas, especialmente en zonas turísticas y corredores viales estratégicos.El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, explicó que el refuerzo hace parte del Plan Navidad y se integra a un pie de fuerza que supera los 3.500 uniformados en todo el territorio. Los operativos se enfocan principalmente en municipios del Oriente y el Suroeste antioqueño, donde se incrementan las actividades comerciales y recreativas durante estas fechas."Llevamos a cabo todo el tiempo de manera permanente, contundente, lo que tiene que ver con las capturas por diferentes delitos, la incautación de armas de fuego, lo que tiene que ver con la incautación de pólvora. Continuamos en esa tarea de llevar a cabo esos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad", destacó.Las autoridades mantienen acciones permanentes contra distintos delitos, con capturas, incautación de armas de fuego y controles estrictos al uso y comercialización de pólvora.Según el Sistema de Información Turística de Antioquia, se estima que, por el departamento, se movilicen por vía aérea un millón 300.000 pasajeros, entre vuelos nacionales e internacionales. Por el Aeropuerto Internacional José María Córdova ingresarán cerca de 115.000 viajeros internacionales durante este mes. Desde las terminales de transporte de Medellín se prevé la movilización de un 1.100.000 pasajeros. Igualmente, el sector hotelero proyecta una tasa de ocupación del 70 %. Sobre este punto se refirió el gobernador Andrés Julián Rendón."Para que muchos de los antioqueños y también visitantes que van a ir a las 21 festividades que se van a celebrar en distintos rincones de Antioquia lo puedan hacer de manera segura, para que los retornos puedan transcurrir, no solamente en los viajes de ida, sino los regresos de manera tranquila, sin traumatismos", señaló el gobernador.El dispositivo incluye personal de tránsito y transporte desplegado en las principales vías del departamento, así como 22 zonas de intervención para atención inmediata de emergencias viales. A esto se suman capacidades especializadas como Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia, Gaula, Sijín y vigilancia por cuadrantes.La Policía reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana: evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las normas de tránsito, proteger a los menores y promover la tolerancia como parte de una celebración segura y en paz en todo Antioquia.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
El caso de Zulma Guzmán sigue dando de qué hablar y genera preocupación sobre lo que depara el futuro judicial de la mujer señalada como presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, hechos que además dejaron a otros dos jóvenes gravemente afectados, todos en el norte del país.Aunque en un inicio la mujer había afirmado que no estaba huyendo de las autoridades y que se encontraba en un viaje de negocios en Argentina, recientemente fue detenida en el Reino Unido. La captura se produjo luego de que se activara una alerta roja de Interpol y de que Guzmán fuera identificada, presuntamente, con intenciones de quitarse la vida en el río Támesis, en Londres.Según lo revelado oficialmente, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas tras un rastreo internacional que permitió establecer que salió de Colombia y se movilizó por varios países. La Fiscalía había señalado que la mujer viajó a Argentina, Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido, país al que llegó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica se mantenía en la búsqueda de su paradero.Relacionan a Zulma Guzmán con otros presuntos casos de envenenamientoEl proceso judicial dio un nuevo giro tras relacionar a Zulma Guzmán con la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. Oficialmente, Graham murió por cáncer, pero en su organismo se habrían encontrado rastros de talio.De acuerdo con lo que se ha conocido, Graham habría sido envenenada en dos oportunidades con esta sustancia, pese a que el dictamen médico señaló cáncer como causa de muerte. Ante este escenario, los investigadores buscan establecer cómo llegó el químico al entorno familiar en plena pandemia, cuando la familia se encontraba aislada en fincas ubicadas en Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, zonas a las que no llegan servicios de domicilio.En una entrevista con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta regular. Además, señaló a la familia De Bedout al afirmar que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.Esta información encendió las alertas de la Fiscalía, pues se trata de un dato que sugiere que Guzmán conocía los efectos de este tipo de sustancias, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre posibles envenenamientos reiterados.Zulma Guzmán y su situación de salud mental en Reino UnidoMientras la investigación avanza, y tras su detención en el Reino Unido, Zulma Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental. La mujer aseguró padecer problemas psicológicos, condición que, le impediría enfrentar de manera inmediata los cargos en su contra por el presunto doble homicidio.Este régimen también permite que el proceso de extradición sea suspendido de forma temporal, mientras las autoridades evalúan el estado de salud mental actual de Guzmán y determinan si está en condiciones de responder ante la justicia colombiana.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aclaró el alcance del instrumento ambiental que regula el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), adelantado por la Policía Nacional, y reiteró que las actividades de aspersión terrestre cuentan con autorización vigente y están sujetas a seguimiento ambiental.Según informó la entidad, el programa tuvo inicialmente un Plan de Manejo Ambiental otorgado en 2001, el cual fue suspendido en 2015. Posteriormente, en diciembre de 2016, la Anla autorizó la erradicación mediante aspersión terrestre con glifosato utilizando técnicas como bombas de espalda, equipos estacionarios y la modalidad EATBAND, que corresponde al uso de drones.Esta autorización estableció que, para implementar la aspersión con drones, la Policía Nacional debe contar con un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.La Anla precisó que, en el marco de estas actividades, no es necesario expedir un nuevo instrumento ambiental dado que la autorización para las técnicas de aspersión terrestre se encuentra vigente. Una vez la Policía Nacional presente el aval del estudio de calibración y deriva, la autoridad ambiental verificará su cumplimiento antes del inicio de la modalidad EATBAND.En relación con las medidas de protección ambiental, la entidad recordó que en septiembre de 2025 actualizó, mediante seguimiento, el acto administrativo que respalda el programa. Esta actualización fortaleció las obligaciones ambientales, incluyendo la incorporación de áreas de exclusión como las zonas de producción de alimentos del sector agrícola, el ajuste de los límites permisibles de residuos de glifosato y su metabolito en el agua, la actualización del plan de contingencias y la inclusión de fichas de gestión social en el Plan de Manejo Ambiental.
Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la terminación de su participación en el proceso de negociación con el grupo armado ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), tras la exclusión de su representante, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, de la mesa de diálogo liderada por el Gobierno.Según el comunicado, la decisión se produjo después de una serie de desacuerdos con el jefe negociador de la mesa, Armando Novoa, quien apartó al delegado luego de que este expresara su rechazo a los atentados contra miembros del Ejército Nacional en Putumayo y solicitara que cualquier desmovilización del CNEB estuviera condicionada a la extradición del cabecilla Andrés Rojas, alias 'Araña', uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, estructura integrada a esa organización.Los militares retirados, que agrupan a 80 organizaciones en la denominada Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, sostuvieron que su participación en el proceso se dio en un marco de respeto, con asesoría técnica y jurídica, pero siempre bajo los principios de defensa de la institucionalidad y la legalidad. Sin embargo, denunciaron que su representante fue desconocido “inexplicablemente” por el equipo negociador del Gobierno, lo que los llevó a retirar su apoyo a los actuales acercamientos con ese grupo armado.En el comunicado, los militares retirados también expresaron seis preocupaciones frente al rumbo de los diálogos de la paz total, entre ellas: la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la falta de un marco jurídico claro, el riesgo de interferencia electoral en 2026, la ausencia de garantías reales de desarme y no repetición, el peligro de nuevas disidencias por el control de economías ilícitas y la impunidad frente a crímenes cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.La CNEB, considerada una escisión de la antigua Segunda Marquetalia, está compuesta por diferentes frentes y estructuras, entre ellas los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Sus principales cabecillas son Walter Mendoza (José Vicente Lesmes), jefe máximo y representante político del grupo; Andrés Rojas (alias 'Araña'), comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y Andrés Allende Perilla ('Allende'), líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se han identificado otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados a economías ilícitas y control territorial.Finalmente, los militares retirados reiteraron su compromiso con los procesos de reconciliación y diálogo “desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho”, pero advirtieron que no respaldarán negociaciones que se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos cometidos por estructuras armadas ilegales.
Las autoridades colombianas suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del autobús involucrado el 14 de diciembre en un accidente que dejó 16 menores de edad y al conductor del vehículo muertos al caer a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste).El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes que el autobús accidentado "no cumplió ni siquiera con el 20 %" de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.Por esa razón, la Superintendencia no solo suspendió por seis meses a la compañía Precoltur, sino también al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper, que fue la institución que emitió la revisión técnico-mecánica del autobús accidentado."La Superintendencia abrió una investigación para una próxima sanción tanto al CDA como a la empresa. Pero, de manera preventiva, se acaba de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones", expresó Piñeres en una rueda de prensa.Ante esta decisión, Precoltur señaló que "no ha sido notificada oficialmente de esta decisión" y recordó que desde el 15 de diciembre ha recibido en sus instalaciones a "las autoridades competentes" y ha entregado "toda la información solicitada"."Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados", agregó la empresa en un comunicado.El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, lugar donde los estudiantes se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.La Superintendencia, agregó Piñeres, ya empezó "a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus" y encontró "cosas bastante (...) terroríficas".
Un nuevo episodio de violencia en el Catatumbo obligó a 11 familias —unas 30 personas en total— a abandonar la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Las familias, que permanecían confinadas desde la semana pasada debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, tuvieron que desplazarse hacia Cúcuta para salvaguardar sus vidas.El confinamiento se produjo durante el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre, una situación que dejó a las comunidades rurales sin posibilidad de movilidad ni acceso a alimentos, salud o educación. La tensión en la zona sigue siendo alta, mientras persiste la disputa entre los grupos armados por el control del territorio y las rutas ilegales.La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, acompaña a las familias desplazadas y realiza seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral. En este momento, los afectados se preparan para recibir las primeras ayudas humanitarias que garanticen su alojamiento y alimentación temporal.La Defensoría reiteró su llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la población civil y cesen las acciones que siguen poniendo en riesgo la vida y la integridad de comunidades enteras en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
En la tarde de este lunes, 22 de diciembre, se confirmó que la senadora Paloma Valencia participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.Valencia había sido aceptada en esa coalición el pasado domingo en horas de la mañana, sin embargo, ella aseguró que antes de tomar una decisión debía hacer consultas con la militancia de su partido.En las últimas horas la senadora Valencia escuchó a diferentes militantes del Centro Democrático y habló con el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, tras estas conversaciones Valencia se decidió por ir a la consulta.¿Quiénes son los otros candidatos?En la Gran Consulta por Colombia hay otros seis candidatos, además de Valencia. Esta coalición la conforman también Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas.Los integrantes de esta coalición también se reunieron en las últimas horas con Juan Carlos Pinzón, quien también podría entrar a la consulta.
Según un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las cifras contradicen el discurso oficial: de enero a octubre de 2025, los homicidios intencionales pasaron de 10.952 en 2024 a 11.327 en 2025, lo que representa un incremento del 3,4 %. Además, la tasa nacional subió de 20,8 a 21,3 homicidios por cada 100.000 habitantes.Este repunte revierte la leve reducción registrada el año anterior y, de mantenerse la tendencia, el cierre de 2025 podría superar los niveles de violencia de 2023.La FIP advierte que el aumento de homicidios no es un hecho aislado: también se observa un incremento en los secuestros (117,8 % más que en 2024), las masacres, los ataques a la fuerza pública y los desplazamientos forzados, lo que evidencia un deterioro general de la seguridad en el país.El informe señala que interpretar las cifras de manera selectiva, por ejemplo, centrarse en un indicador puntual para afirmar una reducción, puede generar conclusiones equivocadas y dificultar la formulación de políticas efectivas de seguridad.En conclusión, según la FIP, los datos de 2025 reflejan que la violencia letal en Colombia persiste o incluso se incrementa, pese al discurso gubernamental que insiste en una disminución. El análisis llama a reconocer la magnitud del problema y a fortalecer las estrategias integrales de seguridad y prevención.
Consternados se encuentran los habitantes de la zona rural del municipio de Algeciras, Huila, por el asesinato de dos personas, al parecer cometido por hombres armados, en hechos ocurridos en el centro poblado de El Paraíso.Las víctimas de este ataque con arma de fuego fueron identificadas como Jhonatan Polanía Marín y Óscar Fabián Suaza, residentes en la vereda El Arenal, quienes se dedicaban a diferentes actividades del campo.De acuerdo con las autoridades, una de las víctimas falleció en el lugar de los hechos, mientras que la otra persona alcanzó a ser trasladada con signos vitales al hospital local de Algeciras, donde perdió la vida por la gravedad de las heridas.“Recibimos la información de un doble asesinato en la vereda El Arenal, del centro poblado de El Paraíso, a 50 minutos del casco urbano de Algeciras. Las víctimas son Jonathan Polanía y Óscar Fabián Suaza. La Policía Judicial se trasladó hasta el lugar para cumplir con los actos urgentes”, dijo el mayor Héctor Silva Trujillo, comandante del Distrito Dos de Policía en el Huila.Entre tanto, investigadores de la Sijín, con el acompañamiento del Ejército Nacional, se encuentran en la zona adelantando las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este doble homicidio.
Después de 15 días de cautiverio, Miguel Ayala —hijo del cantante popular Giovanny Ayala— y su compañero laboral Nicolás Pantoja regresaron a casa sanos y salvos tras un operativo del Gaula de la Policía, que, según relataron, llegó en el momento menos esperado. La historia del secuestro y rescate fue narrada por ambos protagonistas en diálogo con Mañanas BLU, donde compartieron detalles de los momentos de mayor terror y también de profunda fe.“Fue una tormenta, un trago amargo”: la voz de Giovanny AyalaConmovido, Giovanny Ayala describió la experiencia como una de las pruebas más duras de su vida. Dios, la fe y el acompañamiento de Colombia, dijo, fueron el sostén de la familia durante la angustia.“Gloria a Dios (…) hoy es una bendición tenerlos aquí. Fueron días llenos de angustia, pero también de oraciones de todo un país”, expresó. El artista también reveló que durante el proceso surgieron personas externas que intentaron sacar provecho de la tragedia: “Hubo muchas llamadas ficticias, tal vez de la cárcel, gente que no tenía oficio, gente que quiso sacarle provecho a la situación”.Exigencias millonarias y seguimiento previoEn la entrevista, Giovanny Ayala confirmó que los secuestradores hicieron inicialmente una exigencia de 4.500 millones de pesos, monto que luego elevó a 7.500 millones.A pesar de los rumores, la familia asegura que hasta ahora no hay claridad sobre si el secuestro fue perpetrado por disidencias o por delincuencia común, pues los captores se identificaban con diferentes nombres.Miguel, por su parte, reveló que los secuestradores los habían estado siguiendo por semanas: “Nos tenían hace más o menos un mes y nos estaban investigando a todos. Iban por nosotros”.La experiencia del cautiverio“Fue horrible; no se lo deseo a nadie”Con voz serena, pero firme, Miguel Ayala relató que los días en el campamento fueron interminables. Permanecieron encadenados, sin acceso a la luz y con escasa información sobre lo que ocurría afuera.“No se veía absolutamente nada. Todo era oscuro (…) No se lo deseo a nadie”.Los primeros días fueron los más aterradores. El recorrido inicial para llegar al cambuche duró horas y lo describió como un trayecto lleno de incertidumbre:“Pensamos que en algún momento nos iban a hacer algo por la distancia y lo lejos que caminamos”.El relevo constante de los captores también generaba tensión. Cuatro personas rotaban entre día y noche, sin entablar conversaciones profundas ni revelar información sobre las exigencias económicas.El momento de la liberación“Escuchamos pasos y disparos”La liberación ocurrió de manera repentina. Miguel recordó que él y Nicolás conversaban cuando un par de ruidos alertaron su atención.“Escuchamos dos ruidos y yo vi un pie. Luego sonaron como tres o cuatro disparos. Nos agachamos por si había una mala situación”.Sin comprender aún lo que sucedía, gritaron que eran rehenes hasta escuchar la frase que les devolvió la vida: “Cuando nos dijeron ‘Policía Nacional, Gaula’, nos pusimos súper contentos. No lo podíamos creer”.Uno de los secuestradores, que dormía en una hamaca, fue capturado en ese instante. Los jóvenes no lograron ver si hubo respuesta armada por parte de los captores.Tras la liberación, la primera llamada entre Miguel y su padre estuvo cargada de lágrimas. El joven pidió perdón a su padre por las ocasiones en que había ignorado sus consejos.“Uno como hijo comete muchos errores. A veces uno ignora lo que dicen los papás, pero ellos siempre tienen la razón”. El reencuentro, describe la familia, fue un momento que marcó el inicio de una etapa distinta, más unida y agradecida.Fe, música y un mensaje para el paísGiovanny Ayala no descarta llevar este episodio a su música, pero insiste en que lo primero es agradecer.“Primero que todo, a Dios. Que vengan letras en pro de la libertad, por los que están secuestrados en Colombia y en el mundo”. La familia, ahora concentrada en recuperarse emocionalmente, envió un mensaje de solidaridad a quienes siguen en cautiverio y a sus familias, especialmente en una época del año en la que la unión es fundamental.
Elizabeth Mojica Nieves, reconocida etnoeducadora del pueblo Wiwa y defensora de víctimas, fue asesinada en la vereda La Laguna, donde residía. Hombres armados ingresaron a su vivienda, la obligaron a salir y le dispararon. Su muerte refleja la crítica situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en el país.Mojica Nieves se destacaba por su labor como buscadora de personas dadas por desaparecidas en la vereda Riohacha y por su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y rurales del departamento de La Guajira.La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos en la zona mediante las Alertas Tempranas 013/25, 010/25 y 019/23, que señalan la presencia de grupos armados ilegales y la imposición de normas de control social que vulneran los derechos de la población.En la región operan estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y bandas de carácter local, bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional.Con este crimen, el país acumula 181 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2025, una cifra que confirma el deterioro de las condiciones de seguridad y la persistencia de la violencia contra quienes trabajan por la verdad, la memoria y la defensa del territorio.
Los cementerios locales de Hobo y Algeciras, en el Huila, se encuentran al borde del colapso por falta de espacio en tierra y bóvedas para sepultar cuerpos, situación que ha obligado a las administraciones municipales a declarar la emergencia sanitaria.El secretario de Gobierno de Algeciras, Ferney Segura González, dijo que, ante la falta de espacio en el camposanto local, se iniciaron, a través de un decreto administrativo, exhumaciones de restos que llevan más de diez años sepultados en tierra, cumpliendo con los protocolos legales y de identificación.“El cementerio de Algeciras es una infraestructura que se encuentra saturada. Es un camposanto que tiene alrededor de 120 años de existencia, según registros de los libros que tenemos en la Alcaldía. Nosotros construimos nuevas bóvedas, pero ya están ocupadas; entonces, tuvimos que declarar la emergencia sanitaria, que nos permite iniciar por vía administrativa la exhumación de restos que tengan más de 10 o 12 años, para así liberar espacios en tierra y poder darle a la gente la posibilidad de inhumar a sus seres queridos”, expresó el funcionario de la Alcaldía de Algeciras.Entre tanto, el cementerio del municipio de Hobo también enfrenta la misma situación. Según la comunidad, para poder cumplir con el sepelio de una persona o de un ser querido, se ven obligados a liberar espacio en tierra exhumando restos con años de antigüedad.En efecto, el líder social y comunitario Freddy Andrade Betancourt, del municipio de Hobo, Huila, manifestó en diálogo con Blu Radio que este camposanto ha colapsado y actualmente no cuentan con espacio en tierra ni con bóvedas para darle cristiana sepultura a una persona que haya fallecido recientemente.“La situación en nuestro cementerio de Hobo es tan grave que no tenemos ni pasacalles para movilizarnos por dentro del camposanto. Las personas, cuando llevan a un ser querido para darle su último adiós, deben caminar por encima de las tumbas y de las cruces. Aprovecho para hacer un llamado urgente a las autoridades del municipio, del departamento y a la Iglesia católica para que busquen una solución al cementerio local”, concluyó el dirigente comunitario.
Un total de 86 comunidades wayúu en La Guajira ya cuentan con acceso seguro y continuo a agua potable, gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, una iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 30.000 habitantes y que, en su totalidad, impactará a más de 46.000 personas.El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mediante la rehabilitación de pozos, molinos y sistemas de tratamiento, así como la implementación de soluciones sostenibles como plantas de tratamiento y sistemas de energía solar en zonas rurales dispersas.El convenio contempla 91 intervenciones en comunidades priorizadas, de las cuales 86 ya fueron entregadas. Adicionalmente, se firmó un nuevo contrato que iniciará su ejecución en 2026, orientado a la prestación de servicios especializados de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de 45 nuevas intervenciones, en el marco del Plan Wüin Ülees.La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, destacó que el acceso al agua potable ha sido un eje central del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este convenio con Findeter es un avance en la consolidación de proyectos sostenibles que se materializan en acceso real al agua como derecho humano y fortalecen la apropiación comunitaria de la infraestructura”, afirmó.Con el trabajo articulado entre ambas entidades, se proyecta alcanzar 136 rehabilitaciones en comunidades indígenas, consolidando una transformación estructural que apunta a la justicia social y la equidad territorial en el norte del país.Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional con la garantía de derechos fundamentales. “Donde antes había abandono y sed, hoy hay agua potable, infraestructura y dignidad”, aseguró.Las obras se desarrollan en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, territorios con una profunda deuda histórica en acceso al agua. Un componente clave del proyecto ha sido la vinculación de cinco asociaciones indígenas como ejecutoras de obra, una articulación que ha permitido integrar el conocimiento ancestral con la asistencia técnica especializada, garantizando pertinencia cultural, sostenibilidad y arraigo comunitario.Al cierre del proyecto, La Guajira marcará un hito en materia de justicia hídrica y desarrollo sostenible, al ampliar de manera significativa el acceso al agua potable para miles de familias wayúu.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá diseñar un plan claro para la aplicación del decreto que regula el oficio del reciclaje en la capital, en medio de las protestas adelantadas por recicladores y carreteros, que han generado bloqueos y afectaciones a la movilidad.La Procuraduría formuló recomendaciones al alcalde Carlos Fernando Galán y dispuso la conformación de una Agencia Especial, mediante la asignación de un procurador judicial, con el fin de intervenir como garante constitucional y propiciar espacios de diálogo entre las partes involucradas.La actuación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se da en el contexto de la implementación del decreto distrital, cuyo objetivo es mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y regular el uso del espacio público.No obstante, la puesta en marcha de la norma ha derivado en congestión vehicular, restricciones en el transporte público, retrasos en la operación de TransMilenio, desvíos viales y dificultades para la circulación de peatones.Dentro de las recomendaciones formuladas a la administración distrital, la Procuraduría planteó la instalación de mesas de diálogo permanentes con representantes de recicladores y carreteros; la implementación de corredores de movilidad y ventanas de paso que eviten bloqueos totales de las principales vías; la adopción de un plan de aplicación gradual y pedagógica del decreto, con enfoque diferencial y social; y el fortalecimiento de los protocolos de atención a la protesta social, garantizando el respeto por los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.
En Colombia, vivir en unión libre con la pareja no significa quedar por fuera de las obligaciones legales que surgen durante y después de la convivencia. Así lo dejó claro la Corte Constitucional al pronunciarse sobre un tema que, con frecuencia, genera dudas cuando una relación termina y una de las partes queda en una situación económica compleja.En los últimos años se ha abierto el debate sobre si es posible solicitar una cuota alimentaria entre excompañeros permanentes. La respuesta de la Corte fue clara y marca un precedente importante para quienes compartieron años de vida en pareja sin haber contraído matrimonio. El alto tribunal reiteró que la unión marital de hecho también genera derechos y deberes, incluso después de la separación.Corte Constitucional aclara cuándo aplica la cuota alimentaria en unión libreDe acuerdo con la Sentencia T-372 de 2025, la Corte analizó el caso de una mujer que convivió con su pareja por más de dos décadas y con quien tuvo dos hijos. Tras la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable, mientras su expareja conservó estabilidad financiera. Frente a ese escenario, la Corte concluyó que, una vez demostrada la existencia de una unión marital de hecho, el excompañero que se encuentre en condiciones de debilidad puede solicitar una cuota alimentaria.El fallo recordó que la unión libre está protegida por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005, normas que reconocen derechos y deberes similares a los del matrimonio. La clave, según la Corte, está en probar que existió una convivencia estable y permanente por un período mínimo de dos años, lo que permite hablar de la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.Este pronunciamiento refuerza la idea de que el vínculo jurídico no depende únicamente de un acta o un contrato formal, sino de la realidad de la vida en común y del apoyo mutuo que caracterizó la relación.No se necesita escritura pública para reclamar derechos en unión maritalUno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la ausencia de una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia previa no puede convertirse en un obstáculo automático para negar una cuota alimentaria. La Corte fue enfática en señalar que los jueces no deben limitarse a revisar formalidades, sino analizar el caso de fondo y verificar si la unión existió en la práctica.Para demostrar la unión marital de hecho, se pueden presentar diferentes tipos de pruebas que acrediten la convivencia y el proyecto de vida en común, entre ellas:Testimonios de familiares, amigos o vecinos.Afiliaciones conjuntas al sistema de seguridad social.Registros civiles de los hijos en común.Documentos que evidencien convivencia, apoyo económico o administración conjunta del hogar.Publicaciones en redes sociales que reflejen una vida en pareja estable.Estos elementos permiten reconstruir la relación más allá de la ausencia de documentos formales y ayudan al juez a establecer si existió una verdadera unión libre.Ahora bien, la Corte también puso el foco en lo que ocurre después de la separación. No basta con probar que hubo convivencia; es necesario demostrar que una de las partes quedó en una situación de vulnerabilidad económica frente a la otra. Si se acredita que el excompañero tiene capacidad económica y que la ruptura afectó el mínimo vital de quien solicita la cuota, el juez puede ordenar el pago de alimentos a favor de la expareja.Eso sí, el fallo recordó que las acciones relacionadas con la sociedad patrimonial tienen plazos definidos. La Ley 54 de 1990 establece que la disolución y liquidación de dicha sociedad prescriben, por regla general, al año contado desde la separación definitiva. Un detalle clave que no se debe pasar por alto al momento de iniciar cualquier reclamación.
Son siete las personas que están siendo atendidas en puestos de salud y centros hospitalarios de Villavicencio tras presentar graves afectaciones médicas.La entrega de un plato de comida a población en condición de calle por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, terminó convirtiéndose en un grave problema de salud para estas personas.Dos horas después de consumir la lechona entregada por este desconocido, se presentaron desmayos y malestares estomacales en quienes ingirieron el alimento, por lo que fueron trasladados a puestos de salud y centros hospitalarios de la ciudad.Tres personas presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios. Las autoridades sanitarias realizan un barrido en centros clínicos para identificar si se registran más personas intoxicadas tras consumir este alimento.La secretaria de Salud de Villavicencio, Yaned Sierra, se pronunció al respecto: “Medicina Legal y la Policía están al frente de la investigación, porque aparentemente se trata de un caso que presenta indicios de haber sido premeditado”.Las autoridades no descartan un posible caso de envenenamiento contra habitantes de calle de esta zona, ya que la grave reacción en la salud de estas personas se debería, presuntamente, a intenciones premeditadas.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se declararía la emergencia económica y aseguró que los decretos se basarán en los mismos criterios que las comisiones negaron al hundir la reforma tributaria.El mandatario aseguró que su gobierno se endeudó para pagar la deuda de anteriores administraciones y también culpó al Banco de la República por sus decisiones sobre la tasa de interés. En la misma publicación, advirtió sobre una crisis económica si el poder judicial tumba el decreto que preparan y que, a la fecha, no ha sido publicado.“Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”.El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que esta declaratoria vía decreto ya fue firmada la semana pasada; sin embargo, el documento aún no ha sido publicado y, por ende, no ha entrado a regir. El presidente Gustavo Petro insiste en que afectará a los megarricos; sin embargo, lo que se conoce hasta ahora es que subiría el gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4x1000, al 5x1000 para 2026, y habría nuevos impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, así como a los cigarrillos y al tabaco.