El candidato predidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la decisión de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia.De la Espriella felicitó a Valencia, sin embargo, también dijo que había buscado un acuerdo con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró.“Intenté la unión con el Centro Democrático antes de la primera vuelta y no se logró; la democracia es así: libre e independiente, y cada quien puede hacer lo que considere apropiado, siempre que no afecte derechos de terceros”, aseguró el abogado De la Espriella.En el mismo sentido, De la Espriella no cerró la puerta a apoyar al candidato que gane la Gran Consulta por Colombia de ser necesario.“Reitero mi palabra: si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder. La Patria está por encima de cualquier interés personal. De igual manera, si el Pueblo decide acompañarme y ungirme para esa batalla, aquí, en Defensores de la Patria, las puertas estarán abiertas para todos los participantes de esa consulta y para el Doctor Fajardo, para que, juntos, derrotemos al eje del mal”, agregó De la Espriella.Es importante recordar que los candidatos de la Gran Consulta por Colombia aceptaron la participación de Paloma Valencia desde este domingo en la mañana, sin embargo, ella hizo consultas con su partido y en horas de la tarde de este lunes, 22 de diciembre, anunció oficialmente la decisión de unirse a esa coalición.
La Cancillería reubicó a Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra por la parranda vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en Managua, en la que participó el exdirector de la DNI, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.El ministerio informó que el funcionario ya fue notificado formalmente de la apertura del proceso adelantado por la Oficina de Control Disciplinario Interno y que la medida busca evitar posibles interferencias u obstrucciones en la investigación.Muñoz, quien ocupa el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa, es investigado por su presunta participación en la gestión de recursos y en la organización de la parranda vallenata realizada en el Teatro Rubén Darío. Aunque la Cancillería asegura que negó recursos para el evento, la actividad se realizó, lo que derivó en cuestionamientos sobre el uso de su posición diplomática.Según este comunicado, cualquier decisión sobre una eventual suspensión o desvinculación debe surtir el debido proceso y no depende de una decisión discrecional de la canciller. Además, informó que la Procuraduría General de la Nación podrá asumir el caso bajo la figura de control preferente y que las pruebas ya fueron remitidas también a la Fiscalía General de la Nación.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) oficializó el licenciamiento del primer contingente de mujeres soldados en la historia de la institución. Tras 12 meses de servicio militar voluntario, 28 jóvenes finalizaron su etapa de formación en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), un hecho que redefine la participación femenina en las filas de esta fuerza.Este grupo, perteneciente al quinto contingente de 2024, ingresó a la unidad el pasado 3 de febrero de 2024. Durante su permanencia, las soldados no solo recibieron instrucción militar básica, sino que fueron integradas en áreas operativas estratégicas de seguridad y logística en la base aérea de Bogotá.Funciones y seguridad en CATAMLas uniformadas desempeñaron roles críticos en el control de acceso y la seguridad de la unidad. Sus funciones incluyeron el registro y autorización de ingreso de personal y vehículos, así como el apoyo logístico en vuelos destinados a altos mandos y personalidades del Gobierno Nacional que transitan habitualmente por esta terminal aérea.Además de las labores administrativas, las soldados se desempeñaron como Policía Militar, garantizando el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos en los sistemas de defensa de la base.Este licenciamiento representa un precedente institucional para la Fuerza Aeroespacial, al consolidar la apertura del servicio militar para mujeres bajo los mismos estándares de disciplina y exigencia aplicados tradicionalmente. La FAC destacó que el aporte de estas 28 mujeres y sus familias queda registrado como un avance en el desarrollo y la modernización de la defensa nacional.
Con una inversión cercana a los $72 mil millones, el Gobierno nacional puso en operación la pista completamente modernizada del Aeropuerto Santiago Vila, una obra estratégica que fortalece la conectividad aérea del Tolima y dinamiza el desarrollo económico y turístico del centro del país.La infraestructura, entregada oficialmente el 14 de noviembre de 2025, cuenta ahora con una pista de 1.600 metros, que cumple los más altos estándares de seguridad operacional y permite la operación de aeronaves con mayor capacidad, pasando de aviones para 48 pasajeros a equipos de hasta 78 sillas.Según el Ministerio de Transporte, entre 2023 y 2026 se destinaron $71.914 millones para la modernización integral del aeropuerto, a través de un contrato por $53 mil millones, que incluyó el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, sistemas de drenaje e infraestructura complementaria, así como la instalación de ayudas visuales e iluminación aeroportuaria.Las obras iniciaron el 28 de septiembre de 2024 y, para garantizar la seguridad operacional, el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones en febrero de 2025. En julio del mismo año reabrió con una pista parcial de 1.200 metros, hasta completar el alcance total del proyecto en noviembre, sin prórrogas ni adiciones presupuestales.Además del impacto en infraestructura, el proyecto generó 144 empleos, de los cuales 93 fueron ocupados por mano de obra local, incluyendo madres cabeza de familia, adultos mayores, población en condición de pobreza extrema y personas desplazadas, reflejando un componente social significativo.Actualmente, el Aeropuerto Santiago Vila mantiene operación comercial activa en la ruta Bogotá–Flandes–Bogotá, operada por Satena, con frecuencias semanales que fortalecen el turismo, el comercio y la integración regional.“La modernización del Aeropuerto Santiago Vila demuestra que el compromiso del Gobierno nacional con la conectividad regional se traduce en obras terminadas, seguras y al servicio de la gente. Esta infraestructura impulsa el desarrollo económico, genera empleo y acerca a las regiones”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.De acuerdo con el plan maestro aeroportuario, el terminal aéreo presenta un alto potencial de crecimiento en la movilización de pasajeros, operaciones aéreas y carga, especialmente para el transporte de productos agrícolas y de comercio regional.Momento de tensión durante el acto oficialNo obstante, el evento de entrega estuvo marcado por un momento de tensión institucional. Durante su intervención, la ministra de Transporte afirmó que llegaba a “inaugurar” la nueva pista, mientras que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, y la alcaldesa de Flandes, Ana Judith Gamboa, pese a ser las autoridades anfitrionas del territorio, no fueron incluidas en el protocolo del acto, situación que generó comentarios entre los asistentes.“Este es un evento al que yo venía a hacer la inauguración de la ruta de Flandes. Sí, eso no le ponga misterio: estamos haciendo la inauguración de la ruta y de la pista para el servicio. Lo importante es lo que usted le entrega a los habitantes de cualquier municipio del país”, manifestó la ministra a Blu Radio.Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas aseguró: “Yo me siento súper bien trabajando por mi departamento. Seguiré trabajando por mi departamento de la mano de esta mujer alcaldesa, que lo está haciendo supremamente bien. Judith está trabajando por todas sus comunidades; yo también. Yo no me siento mal. Los que se pueden sentir mal son los que hacen sentir mal. Yo jamás hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí”.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
Previo a la noche de Navidad aumentan los controles contra la pólvora en Antioquia. La Policía ha incautado más de 600 kilos durante diciembre, donde también el reporte de quemados asciende a 90.A pocos días de las fechas más importantes de las celebraciones decembrinas, crece la preocupación en las autoridades antioqueñas por la comercialización y uso de pólvora en las diferentes subregiones, especialmente en Medellín.Según el registro más reciente de la Gobernación de Antioquia, ya son 90 las personas lesionadas con elementos explosivos y pirotécnicos, por lo que los controles de las autoridades se han intensificado en las últimas semanas también teniendo en cuenta que el registro de quemados supera en 17 registros los del mismo periodo del año anterior.El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia, destacó la incautación de 1.615 kilos de este material en lo corrido de 2025, de los cuales 615 se han producido solo en durante los primeros 20 días de diciembre.“Continuamos en esa tarea de llevar a cabo estos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad antioqueña, en especial a los niños niñas y adolescentes”, dijo.En cuanto a los municipios con mayor número de personas quemadas con pólvora, los registros los sigue encabezando la ciudad de Medellín con 49, luego Bello e Itagüí con cinco y El Bagre tiene tres casos.De los 90 lesionados ocho casos han derivado en la amputación de alguna de las extremidades de las víctimas. De igual manera, del total 25 son menores de edad.
Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ha enviado una carta a la Corte Constitucional solicitando la suspensión de cualquier norma emitida al amparo de una posible declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional. Según el líder gremial, esta medida representa una "jugada" política orquestada desde hace semanas para eludir el control del Congreso tras el fracaso de la ley de financiamiento.Una estrategia para eludir al CongresoEn diálogo con Mañanas Blu, McMaster aseguró que el Ejecutivo condujo deliberadamente los trámites legislativos hacia el final de la legislatura para que coincidieran con la vacancia judicial. El objetivo, según la ANDI, sería implementar una reforma tributaria vía decreto, lo cual calificó como una acción "tramposa con la Constitución". Esta postura se ve reforzada por las recientes confesiones del Ministro del Interior, quien admitió que no gestionó el proyecto por orden directa del Presidente de la República.Para el gremio de empresarios, el país no atraviesa condiciones que justifiquen una emergencia económica, y el actuar del Ejecutivo se percibe como un intento sistemático de saltarse las otras ramas del poder público, incurriendo en actitudes de arbitrariedad que amenazan la estabilidad democrática.El daño irreparable a la institucionalidadMás allá de las implicaciones económicas o el aumento de impuestos, McMaster enfatizó que el perjuicio más grave es sobre la institucionalidad. El líder de la ANDI advirtió que ignorar el respeto por la separación de poderes y la Constitución generará una sociedad "no viable", lo que a largo plazo destruirá la capacidad de generar confianza, atraer inversión extranjera y mantener la credibilidad crediticia del país.Voces de rechazo desde la academia y la técnicaA esta preocupación se sumó el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien calificó la intención del gobierno como un "error histórico". Ocampo señaló que una emergencia económica requiere de un "hecho sobreviniente", situación que no se cumple en este caso, ya que el hundimiento de una ley en el Congreso es una decisión legítima del Legislativo y no una catástrofe imprevista.Ocampo también criticó la falta de anuncios sobre el recorte del gasto público y expresó su preocupación por propuestas impositivas desproporcionadas, como elevar el impuesto al patrimonio al 5% e incluir a personas jurídicas, lo cual se aleja de la tradición tributaria del país. Asimismo, el exministro alertó sobre una reciente operación de endeudamiento por 6.000 millones de dólares con un solo inversionista, calificándola como un hecho "sin precedentes" que genera dudas sobre el marco legal y las tasas de interés pactadas.Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
Los magistrados de la Corte Constitucional están a la espera de que el gobierno publique oficialmente el decreto con el que declara la emergencia económica, para convocar a una sala plena extraordinaria, en plena semana de navidad, para comenzar a discutir la polémica decisión.La convocatoria a una sala extraordinaria de la Corte en esta época sería algo inédito, porque desde el viernes pasado toda la rama judicial entró en periodo de vacaciones colectivas, la conocida vacancia judicial, hasta el 10 de enero de 2026, y se haría ante la urgencia de discutir y definir con prontitud el futuro de esta medida.Según pudo conocer Blu Radio, al menos seis magistrados están listos para reunirse virtualmente de forma extraordinaria para comenzar la discusión, sobre la que tienen dos posibilidades: una, la menos probable, que utilizando una nueva jurisprudencia, la Corte decida de manera inmediata la suspensión provisional de la emergencia económica, teniendo en cuenta los graves efectos que puede causar.La opción más probable es que la Corte, en la sala extraordinaria, defina quién va a ser el magistrado ponente, es decir quién será el encargado de estudiar si la emergencia económica es constitucional o inconstitucional. Esa definición antes de la vacancia judicial es clave, porque podría adelantar los plazos para decidir el futuro de la emergencia al volver del receso judicial.Quién quede a cargo del estudio de la emergencia económica, tendrá que decretar pruebas y en un plazo corto debe llevar a la Sala Plena la discusión frente a las solicitudes de varios gremios como la Andi, Fenalco y Amcham para que sea suspendida provisionalmente la medida, hasta tanto se defina de fondo si es o no inconstitucional, para evitar un perjuicio mediante el cobro de nuevos impuestos.La discusión de fondo gira en torno a si hay o no hechos sobrevinientes que justifiquen la declaratoria por parte del gobierno de un estado de excepción como la emergencia económica, que faculta al presidente para expedir durante un periodo determinado, decretos con fuerza de ley, incluso para crear o modificar impuestos.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aclaró el alcance del instrumento ambiental que regula el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), adelantado por la Policía Nacional, y reiteró que las actividades de aspersión terrestre cuentan con autorización vigente y están sujetas a seguimiento ambiental.Según informó la entidad, el programa tuvo inicialmente un Plan de Manejo Ambiental otorgado en 2001, el cual fue suspendido en 2015. Posteriormente, en diciembre de 2016, la Anla autorizó la erradicación mediante aspersión terrestre con glifosato utilizando técnicas como bombas de espalda, equipos estacionarios y la modalidad EATBAND, que corresponde al uso de drones.Esta autorización estableció que, para implementar la aspersión con drones, la Policía Nacional debe contar con un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.La Anla precisó que, en el marco de estas actividades, no es necesario expedir un nuevo instrumento ambiental dado que la autorización para las técnicas de aspersión terrestre se encuentra vigente. Una vez la Policía Nacional presente el aval del estudio de calibración y deriva, la autoridad ambiental verificará su cumplimiento antes del inicio de la modalidad EATBAND.En relación con las medidas de protección ambiental, la entidad recordó que en septiembre de 2025 actualizó, mediante seguimiento, el acto administrativo que respalda el programa. Esta actualización fortaleció las obligaciones ambientales, incluyendo la incorporación de áreas de exclusión como las zonas de producción de alimentos del sector agrícola, el ajuste de los límites permisibles de residuos de glifosato y su metabolito en el agua, la actualización del plan de contingencias y la inclusión de fichas de gestión social en el Plan de Manejo Ambiental.
Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la terminación de su participación en el proceso de negociación con el grupo armado ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), tras la exclusión de su representante, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, de la mesa de diálogo liderada por el Gobierno.Según el comunicado, la decisión se produjo después de una serie de desacuerdos con el jefe negociador de la mesa, Armando Novoa, quien apartó al delegado luego de que este expresara su rechazo a los atentados contra miembros del Ejército Nacional en Putumayo y solicitara que cualquier desmovilización del CNEB estuviera condicionada a la extradición del cabecilla Andrés Rojas, alias 'Araña', uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, estructura integrada a esa organización.Los militares retirados, que agrupan a 80 organizaciones en la denominada Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, sostuvieron que su participación en el proceso se dio en un marco de respeto, con asesoría técnica y jurídica, pero siempre bajo los principios de defensa de la institucionalidad y la legalidad. Sin embargo, denunciaron que su representante fue desconocido “inexplicablemente” por el equipo negociador del Gobierno, lo que los llevó a retirar su apoyo a los actuales acercamientos con ese grupo armado.En el comunicado, los militares retirados también expresaron seis preocupaciones frente al rumbo de los diálogos de la paz total, entre ellas: la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la falta de un marco jurídico claro, el riesgo de interferencia electoral en 2026, la ausencia de garantías reales de desarme y no repetición, el peligro de nuevas disidencias por el control de economías ilícitas y la impunidad frente a crímenes cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.La CNEB, considerada una escisión de la antigua Segunda Marquetalia, está compuesta por diferentes frentes y estructuras, entre ellas los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Sus principales cabecillas son Walter Mendoza (José Vicente Lesmes), jefe máximo y representante político del grupo; Andrés Rojas (alias 'Araña'), comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y Andrés Allende Perilla ('Allende'), líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se han identificado otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados a economías ilícitas y control territorial.Finalmente, los militares retirados reiteraron su compromiso con los procesos de reconciliación y diálogo “desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho”, pero advirtieron que no respaldarán negociaciones que se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos cometidos por estructuras armadas ilegales.
Las autoridades colombianas suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del autobús involucrado el 14 de diciembre en un accidente que dejó 16 menores de edad y al conductor del vehículo muertos al caer a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste).El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes que el autobús accidentado "no cumplió ni siquiera con el 20 %" de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.Por esa razón, la Superintendencia no solo suspendió por seis meses a la compañía Precoltur, sino también al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper, que fue la institución que emitió la revisión técnico-mecánica del autobús accidentado."La Superintendencia abrió una investigación para una próxima sanción tanto al CDA como a la empresa. Pero, de manera preventiva, se acaba de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones", expresó Piñeres en una rueda de prensa.Ante esta decisión, Precoltur señaló que "no ha sido notificada oficialmente de esta decisión" y recordó que desde el 15 de diciembre ha recibido en sus instalaciones a "las autoridades competentes" y ha entregado "toda la información solicitada"."Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados", agregó la empresa en un comunicado.El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, lugar donde los estudiantes se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.La Superintendencia, agregó Piñeres, ya empezó "a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus" y encontró "cosas bastante (...) terroríficas".
Un nuevo episodio de violencia en el Catatumbo obligó a 11 familias —unas 30 personas en total— a abandonar la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Las familias, que permanecían confinadas desde la semana pasada debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, tuvieron que desplazarse hacia Cúcuta para salvaguardar sus vidas.El confinamiento se produjo durante el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre, una situación que dejó a las comunidades rurales sin posibilidad de movilidad ni acceso a alimentos, salud o educación. La tensión en la zona sigue siendo alta, mientras persiste la disputa entre los grupos armados por el control del territorio y las rutas ilegales.La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, acompaña a las familias desplazadas y realiza seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral. En este momento, los afectados se preparan para recibir las primeras ayudas humanitarias que garanticen su alojamiento y alimentación temporal.La Defensoría reiteró su llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la población civil y cesen las acciones que siguen poniendo en riesgo la vida y la integridad de comunidades enteras en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
En la tarde de este lunes, 22 de diciembre, se confirmó que la senadora Paloma Valencia participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.Valencia había sido aceptada en esa coalición el pasado domingo en horas de la mañana, sin embargo, ella aseguró que antes de tomar una decisión debía hacer consultas con la militancia de su partido.En las últimas horas la senadora Valencia escuchó a diferentes militantes del Centro Democrático y habló con el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo, tras estas conversaciones Valencia se decidió por ir a la consulta.¿Quiénes son los otros candidatos?En la Gran Consulta por Colombia hay otros seis candidatos, además de Valencia. Esta coalición la conforman también Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas.Los integrantes de esta coalición también se reunieron en las últimas horas con Juan Carlos Pinzón, quien también podría entrar a la consulta.
Elizabeth Mojica Nieves, reconocida etnoeducadora del pueblo Wiwa y defensora de víctimas, fue asesinada en la vereda La Laguna, donde residía. Hombres armados ingresaron a su vivienda, la obligaron a salir y le dispararon. Su muerte refleja la crítica situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en el país.Mojica Nieves se destacaba por su labor como buscadora de personas dadas por desaparecidas en la vereda Riohacha y por su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y rurales del departamento de La Guajira.La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos en la zona mediante las Alertas Tempranas 013/25, 010/25 y 019/23, que señalan la presencia de grupos armados ilegales y la imposición de normas de control social que vulneran los derechos de la población.En la región operan estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y bandas de carácter local, bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional.Con este crimen, el país acumula 181 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2025, una cifra que confirma el deterioro de las condiciones de seguridad y la persistencia de la violencia contra quienes trabajan por la verdad, la memoria y la defensa del territorio.
Después de 72 horas de tensión, versiones cruzadas y una crisis interna que se agravó por un polémico nombramiento, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, finalmente no saldría del cargo. El caso daría un giro inesperado en medio de una disputa que venía escalando entre Rodríguez y el presidente Gustavo Petro.De acuerdo con lo revelado en Mañanas Blu, todos los episodios de los últimos días —la tensión con el presidente, la discusión por el nombramiento de José Alexis Maecha, las denuncias de espionaje y el ingreso irregular a la casa de sus padres— son ciertos y no hay espacio para la especulación. La relación entre Rodríguez y Petro estaba ya deteriorada y alcanzó su punto crítico luego de que ella ordenara retirar la hoja de vida de Maecha, exsubdirector del DAPRE y cercano al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de un proceso en una entidad de Hacienda. Este movimiento habría molestado profundamente al presidente.Inicialmente, la salida de Rodríguez parecía inminente. Ella misma reconoció que el presidente le había solicitado la renuncia. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en las últimas horas. El giro comenzó luego de que Rodríguez publicara un video de más de seis minutos denunciando que cinco encapuchados ingresaron a la vivienda de sus padres en el centro de Bogotá, robando únicamente documentos personales y dejando intactos los objetos de valor. También mencionó amenazas contra su hijo.Hoy, oficialmente, el presidente no ha formalizado ninguna renuncia por escrito y continúa asignándole tareas de gobierno. Funcionarios del alto nivel siguen despachando con ella con normalidad. Según fuentes consultadas por Blu Radio, la decisión más reciente del presidente sería no removerla, al menos por ahora.En paralelo, persiste la duda central: ¿se nombrará o no a José Alexis Maecha? Según los periodistas de Mañanas Blu, ese pulso sigue abierto. Es posible que Maecha termine en otro cargo dentro del Gobierno, especialmente para evitar una concentración de poder en una misma corriente política.El capítulo adicional lo aportó el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien confirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que no se descarta la hipótesis de “fuego amigo” en los casos de seguimientos y presunto espionaje denunciados tanto por Rodríguez como por el ministro del Interior, Armando Benedetti. La sofisticación de los hechos —incluido el supuesto uso de Pegasus— obliga, según dijo, a contemplar incluso la participación de actores internos del Estado.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que el Gobierno no descarta la hipótesis de un posible “fuego amigo” en los casos de seguimientos y presuntos actos de espionaje denunciados por la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Idárraga señaló que, aunque las investigaciones están en curso, la sofisticación de los hechos obliga a contemplar todos los escenarios, incluido el de participación de actores internos del Estado.“No se puede descartar ninguna hipótesis. Puede ser delincuencia común, pueden ser mafias o pueden ser personas al interior del Estado”, expresó el ministro en diálogo con Néstor Morales, tras afirmar que la Fiscalía deberá esclarecer los responsables de los seguimientos y de la supuesta instalación del software espía Pegasus en el teléfono de Benedetti.Idárraga recordó que “en un gobierno democrático la inteligencia no puede estar prestándose para la política”, y añadió que la administración Petro ha insistido en la necesidad de depurar los sistemas de inteligencia para garantizar su legitimidad y su orientación hacia la protección del Estado y el interés público.Los casos: seguimientos, robo dirigido y presunto espionajeLas denuncias surgieron tras dos episodios ocurridos en menos de una semana. En primer lugar, Rodríguez denunció un ingreso irregular a la casa de sus padres por parte de cinco personas que actuaron con precisión, rostros cubiertos y guantes. No hubo hurto de objetos de valor; únicamente desaparecieron documentos personales de la exdirectora. Para Idárraga, este detalle resulta determinante: “Es muy sofisticado para creer que fue un robo común”, afirmó.En segundo lugar, Benedetti aseguró haber sido blanco de espionaje mediante Pegasus, un potente software utilizado históricamente en investigaciones sensibles. Aunque en gobiernos anteriores se aseguró que el programa había sido desactivado o retirado del país, Idárraga fue claro: “Es la hora que no sabemos quién tiene Pegasus, si está vivo, si no está vivo”.El ministro también señaló que la próxima semana se dará a conocer un tercer caso que podría estar relacionado con estos hechos y que “se suma a estas dos situaciones”, lo que aumenta la preocupación del Gobierno frente a un posible patrón de ataques dirigidos contra altos funcionarios.¿Uso político de la inteligencia?Uno de los puntos más sensibles, según Idárraga, es la posibilidad de que organismos de inteligencia estén actuando con fines políticos. Ante la pregunta de a cuál entidad se refería—Policía, DNI o inteligencia militar—el ministro fue enfático: “A todas. No podemos descartar ninguna”.El ministro también recordó que estas prácticas han sido rechazadas históricamente y que el propio presidente Petro ha insistido en que la inteligencia debe orientarse exclusivamente a la protección del Estado y la investigación de delitos que afecten la soberanía nacional o los recursos públicos.Proyecto para penalizar el tráfico de fentanilo en ColombiaDurante la misma entrevista, Idárraga abordó otro asunto clave para el Gobierno: el proyecto de ley que busca penalizar la producción y el transporte de fentanilo, un opioide que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos.Aunque Colombia no enfrenta aún un problema de consumo o producción, el ministro explicó que el país debe actuar antes de que organizaciones criminales trasladen laboratorios desde México o Estados Unidos: “No podemos esperar a que suceda la situación para tomar acciones”.El proyecto se complementa con controles administrativos implementados en el Consejo Nacional de Estupefacientes sobre cuatro precursores químicos: ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, éter etílico y tolueno. “Tenemos que evitar que esto termine en un mercado ilegal”, indicó.Idárraga aclaró que no se criminaliza el uso médico del fentanilo, pues sigue siendo un analgésico esencial en tratamientos de dolor severo, cirugías y cáncer. Lo que se busca es cerrar la puerta a su desvío hacia el narcotráfico.
La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo un llamado a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes para que no dejen para última hora la inscripción de sus candidatos al Congreso de la República para el periodo 2026-2030.El proceso de inscripción, que está abierto desde el pasado 8 de noviembre, puede adelantarse tanto de manera virtual como presencial. La entidad recordó que las agrupaciones políticas tienen habilitada la plataforma dispuesta en la página web oficial www.registraduria.gov.co, donde pueden cargar documentos y formalizar postulaciones sin necesidad de desplazamientos. Para quienes opten por el trámite presencial, están disponibles las delegaciones departamentales de la Registraduría, el pabellón 7 de Corferias en Bogotá y, en el caso de la circunscripción internacional, las embajadas y consulados de Colombia.Las delegaciones departamentales, encargadas de recibir inscripciones al Senado de la República ,en sus circunscripciones nacional e indígena y a la Cámara de Representantes en las circunscripciones territorial, indígena, afrodescendiente y de paz, prestarán servicio entre el jueves 4 y el domingo 7 de diciembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y el lunes festivo, en horario extendido hasta las 6:00 p.m.En Bogotá, la Registraduría Distrital y la Delegación de Cundinamarca concentrarán la atención del proceso en el Pabellón 7 de Corferias, donde se reciben las inscripciones para la Cámara por Bogotá y para el Senado y Cámara en las distintas circunscripciones mencionadas. Allí también se aplicarán los mismos horarios especiales establecidos.La autoridad electoral reiteró la importancia de evitar congestiones durante la jornada final. Además, insistió en que la inscripción oportuna garantiza una revisión adecuada de documentos y reduce el riesgo de errores que puedan impedir la participación de los candidatos en los comicios legislativos de 2026.
Los cementerios locales de Hobo y Algeciras, en el Huila, se encuentran al borde del colapso por falta de espacio en tierra y bóvedas para sepultar cuerpos, situación que ha obligado a las administraciones municipales a declarar la emergencia sanitaria.El secretario de Gobierno de Algeciras, Ferney Segura González, dijo que, ante la falta de espacio en el camposanto local, se iniciaron, a través de un decreto administrativo, exhumaciones de restos que llevan más de diez años sepultados en tierra, cumpliendo con los protocolos legales y de identificación.“El cementerio de Algeciras es una infraestructura que se encuentra saturada. Es un camposanto que tiene alrededor de 120 años de existencia, según registros de los libros que tenemos en la Alcaldía. Nosotros construimos nuevas bóvedas, pero ya están ocupadas; entonces, tuvimos que declarar la emergencia sanitaria, que nos permite iniciar por vía administrativa la exhumación de restos que tengan más de 10 o 12 años, para así liberar espacios en tierra y poder darle a la gente la posibilidad de inhumar a sus seres queridos”, expresó el funcionario de la Alcaldía de Algeciras.Entre tanto, el cementerio del municipio de Hobo también enfrenta la misma situación. Según la comunidad, para poder cumplir con el sepelio de una persona o de un ser querido, se ven obligados a liberar espacio en tierra exhumando restos con años de antigüedad.En efecto, el líder social y comunitario Freddy Andrade Betancourt, del municipio de Hobo, Huila, manifestó en diálogo con Blu Radio que este camposanto ha colapsado y actualmente no cuentan con espacio en tierra ni con bóvedas para darle cristiana sepultura a una persona que haya fallecido recientemente.“La situación en nuestro cementerio de Hobo es tan grave que no tenemos ni pasacalles para movilizarnos por dentro del camposanto. Las personas, cuando llevan a un ser querido para darle su último adiós, deben caminar por encima de las tumbas y de las cruces. Aprovecho para hacer un llamado urgente a las autoridades del municipio, del departamento y a la Iglesia católica para que busquen una solución al cementerio local”, concluyó el dirigente comunitario.
Un total de 86 comunidades wayúu en La Guajira ya cuentan con acceso seguro y continuo a agua potable, gracias a un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, una iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 30.000 habitantes y que, en su totalidad, impactará a más de 46.000 personas.El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, mediante la rehabilitación de pozos, molinos y sistemas de tratamiento, así como la implementación de soluciones sostenibles como plantas de tratamiento y sistemas de energía solar en zonas rurales dispersas.El convenio contempla 91 intervenciones en comunidades priorizadas, de las cuales 86 ya fueron entregadas. Adicionalmente, se firmó un nuevo contrato que iniciará su ejecución en 2026, orientado a la prestación de servicios especializados de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de 45 nuevas intervenciones, en el marco del Plan Wüin Ülees.La viceministra de Agua, Ruth Quevedo Fique, destacó que el acceso al agua potable ha sido un eje central del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Este convenio con Findeter es un avance en la consolidación de proyectos sostenibles que se materializan en acceso real al agua como derecho humano y fortalecen la apropiación comunitaria de la infraestructura”, afirmó.Con el trabajo articulado entre ambas entidades, se proyecta alcanzar 136 rehabilitaciones en comunidades indígenas, consolidando una transformación estructural que apunta a la justicia social y la equidad territorial en el norte del país.Por su parte, el presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz, señaló que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno nacional con la garantía de derechos fundamentales. “Donde antes había abandono y sed, hoy hay agua potable, infraestructura y dignidad”, aseguró.Las obras se desarrollan en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, territorios con una profunda deuda histórica en acceso al agua. Un componente clave del proyecto ha sido la vinculación de cinco asociaciones indígenas como ejecutoras de obra, una articulación que ha permitido integrar el conocimiento ancestral con la asistencia técnica especializada, garantizando pertinencia cultural, sostenibilidad y arraigo comunitario.Al cierre del proyecto, La Guajira marcará un hito en materia de justicia hídrica y desarrollo sostenible, al ampliar de manera significativa el acceso al agua potable para miles de familias wayúu.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá diseñar un plan claro para la aplicación del decreto que regula el oficio del reciclaje en la capital, en medio de las protestas adelantadas por recicladores y carreteros, que han generado bloqueos y afectaciones a la movilidad.La Procuraduría formuló recomendaciones al alcalde Carlos Fernando Galán y dispuso la conformación de una Agencia Especial, mediante la asignación de un procurador judicial, con el fin de intervenir como garante constitucional y propiciar espacios de diálogo entre las partes involucradas.La actuación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se da en el contexto de la implementación del decreto distrital, cuyo objetivo es mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y regular el uso del espacio público.No obstante, la puesta en marcha de la norma ha derivado en congestión vehicular, restricciones en el transporte público, retrasos en la operación de TransMilenio, desvíos viales y dificultades para la circulación de peatones.Dentro de las recomendaciones formuladas a la administración distrital, la Procuraduría planteó la instalación de mesas de diálogo permanentes con representantes de recicladores y carreteros; la implementación de corredores de movilidad y ventanas de paso que eviten bloqueos totales de las principales vías; la adopción de un plan de aplicación gradual y pedagógica del decreto, con enfoque diferencial y social; y el fortalecimiento de los protocolos de atención a la protesta social, garantizando el respeto por los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.
En Colombia, vivir en unión libre con la pareja no significa quedar por fuera de las obligaciones legales que surgen durante y después de la convivencia. Así lo dejó claro la Corte Constitucional al pronunciarse sobre un tema que, con frecuencia, genera dudas cuando una relación termina y una de las partes queda en una situación económica compleja.En los últimos años se ha abierto el debate sobre si es posible solicitar una cuota alimentaria entre excompañeros permanentes. La respuesta de la Corte fue clara y marca un precedente importante para quienes compartieron años de vida en pareja sin haber contraído matrimonio. El alto tribunal reiteró que la unión marital de hecho también genera derechos y deberes, incluso después de la separación.Corte Constitucional aclara cuándo aplica la cuota alimentaria en unión libreDe acuerdo con la Sentencia T-372 de 2025, la Corte analizó el caso de una mujer que convivió con su pareja por más de dos décadas y con quien tuvo dos hijos. Tras la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable, mientras su expareja conservó estabilidad financiera. Frente a ese escenario, la Corte concluyó que, una vez demostrada la existencia de una unión marital de hecho, el excompañero que se encuentre en condiciones de debilidad puede solicitar una cuota alimentaria.El fallo recordó que la unión libre está protegida por la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 de 2005, normas que reconocen derechos y deberes similares a los del matrimonio. La clave, según la Corte, está en probar que existió una convivencia estable y permanente por un período mínimo de dos años, lo que permite hablar de la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.Este pronunciamiento refuerza la idea de que el vínculo jurídico no depende únicamente de un acta o un contrato formal, sino de la realidad de la vida en común y del apoyo mutuo que caracterizó la relación.No se necesita escritura pública para reclamar derechos en unión maritalUno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la ausencia de una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia previa no puede convertirse en un obstáculo automático para negar una cuota alimentaria. La Corte fue enfática en señalar que los jueces no deben limitarse a revisar formalidades, sino analizar el caso de fondo y verificar si la unión existió en la práctica.Para demostrar la unión marital de hecho, se pueden presentar diferentes tipos de pruebas que acrediten la convivencia y el proyecto de vida en común, entre ellas:Testimonios de familiares, amigos o vecinos.Afiliaciones conjuntas al sistema de seguridad social.Registros civiles de los hijos en común.Documentos que evidencien convivencia, apoyo económico o administración conjunta del hogar.Publicaciones en redes sociales que reflejen una vida en pareja estable.Estos elementos permiten reconstruir la relación más allá de la ausencia de documentos formales y ayudan al juez a establecer si existió una verdadera unión libre.Ahora bien, la Corte también puso el foco en lo que ocurre después de la separación. No basta con probar que hubo convivencia; es necesario demostrar que una de las partes quedó en una situación de vulnerabilidad económica frente a la otra. Si se acredita que el excompañero tiene capacidad económica y que la ruptura afectó el mínimo vital de quien solicita la cuota, el juez puede ordenar el pago de alimentos a favor de la expareja.Eso sí, el fallo recordó que las acciones relacionadas con la sociedad patrimonial tienen plazos definidos. La Ley 54 de 1990 establece que la disolución y liquidación de dicha sociedad prescriben, por regla general, al año contado desde la separación definitiva. Un detalle clave que no se debe pasar por alto al momento de iniciar cualquier reclamación.
Son siete las personas que están siendo atendidas en puestos de salud y centros hospitalarios de Villavicencio tras presentar graves afectaciones médicas.La entrega de un plato de comida a población en condición de calle por parte de un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, terminó convirtiéndose en un grave problema de salud para estas personas.Dos horas después de consumir la lechona entregada por este desconocido, se presentaron desmayos y malestares estomacales en quienes ingirieron el alimento, por lo que fueron trasladados a puestos de salud y centros hospitalarios de la ciudad.Tres personas presentan pronóstico reservado y cuatro más se encuentran intubadas por problemas cardiorrespiratorios. Las autoridades sanitarias realizan un barrido en centros clínicos para identificar si se registran más personas intoxicadas tras consumir este alimento.La secretaria de Salud de Villavicencio, Yaned Sierra, se pronunció al respecto: “Medicina Legal y la Policía están al frente de la investigación, porque aparentemente se trata de un caso que presenta indicios de haber sido premeditado”.Las autoridades no descartan un posible caso de envenenamiento contra habitantes de calle de esta zona, ya que la grave reacción en la salud de estas personas se debería, presuntamente, a intenciones premeditadas.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que se declararía la emergencia económica y aseguró que los decretos se basarán en los mismos criterios que las comisiones negaron al hundir la reforma tributaria.El mandatario aseguró que su gobierno se endeudó para pagar la deuda de anteriores administraciones y también culpó al Banco de la República por sus decisiones sobre la tasa de interés. En la misma publicación, advirtió sobre una crisis económica si el poder judicial tumba el decreto que preparan y que, a la fecha, no ha sido publicado.“Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, sino simple economía de primer semestre”.El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que esta declaratoria vía decreto ya fue firmada la semana pasada; sin embargo, el documento aún no ha sido publicado y, por ende, no ha entrado a regir. El presidente Gustavo Petro insiste en que afectará a los megarricos; sin embargo, lo que se conoce hasta ahora es que subiría el gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4x1000, al 5x1000 para 2026, y habría nuevos impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, así como a los cigarrillos y al tabaco.