Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
La noche del jueves, 4 de diciembre de 2025 estuvo marcada por la expectativa de miles de jugadores que siguieron de cerca el sorteo número 2823 de la Lotería de Bogotá. Esta edición, una de las más esperadas de la semana, dejó un nuevo millonario y repartió numerosos premios secos en diferentes categorías, generando una ola de emoción entre quienes confiaron en su número de la suerte.Premio Mayor de la Lotería de BogotáNúmero ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves, 4 de diciembre de 2025, es el 1537 de la serie 197. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $10.000 millones.Premios Secos: todos los números ganadoresAdemás del premio principal, la Lotería de Bogotá distribuyó una amplia variedad de premios secos que llegaron a diferentes rincones del país. A continuación, se presenta la lista completa para facilitar la verificación de los billetes.Premio Mayor – $10.000 millones1537 – Serie: 197Premio Trébol Mágico – $1.000 millones (1 seco)5547 – Serie: 296Premios Duendes de los Deseos – $500 millones (2 secos)5922 – Serie: 1348770 – Serie: 010Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones (3 secos)1663 – Serie: 2151718 – Serie: 3966765 – Serie: 357Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones (6 secos)0769 – Serie: 1062769 – Serie: 1172948 – Serie: 2184801 – Serie: 3037072 – Serie: 2908890 – Serie: 375Premios Herraduras Suertudas – $20 millones (10 secos)1620 – Serie: 4124059 – Serie: 2314457 – Serie: 2654994 – Serie: 2255630 – Serie: 3426346 – Serie: 1027684 – Serie: 2727919 – Serie: 1928273 – Serie: 2889294 – Serie: 424Premios Estrellas Fugaces – $10 millones (30 secos)0190 – Serie: 4391695 – Serie: 1073567 – Serie: 2594651 – Serie: 4295705 – Serie: 3017839 – Serie: 4190267 – Serie: 4342674 – Serie: 3883637 – Serie: 1554784 – Serie: 1876118 – Serie: 4558325 – Serie: 2190369 – Serie: 4552705 – Serie: 0313938 – Serie: 4164841 – Serie: 2437195 – Serie: 4488650 – Serie: 0400505 – Serie: 1713295 – Serie: 4634129 – Serie: 4665364 – Serie: 1247446 – Serie: 2629241 – Serie: 3570829 – Serie: 1653533 – Serie: 1744304 – Serie: 2325665 – Serie: 0577702 – Serie: 4449923 – Serie: 370¿Cómo reclamar los premios?Premios menores (hasta seis salarios mínimos)Pueden cobrarse directamente con el lotero o en cualquier punto de venta autorizado.Premios mayoresDeben gestionarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá o en oficinas autorizadas:Dirección: Carrera 32A #26-14, Bogotá.Documentos requeridos:Billete original firmadoFotocopia de la cédulaCertificación bancariaFormulario de identificación de ganadoresCarta de autorización (si aplica)Precio del billeteBillete completo (3 fracciones): $18.000Fracción individual: $6.000Sorteo unifraccional: una sola fracción por el valor indicado en cada ediciónRecomendaciones para los jugadoresLa Lotería de Bogotá recuerda siempre verificar:Que el billete esté en buen estado y coincida con el sorteo jugadoLa casilla de seguridad con la palabra “AUTÉNTICO”Los plazos de cobro: un año después del sorteo, con seis meses adicionales para trámites legales
La Lotería del Quindío volvió a ser protagonista durante la noche del jueves, 4 de diciembre de 2025, con la realización de su sorteo número 2992. Este juego tradicional, que cada semana convoca a miles de apostadores en todo el país, no solo entrega millonarios premios, sino que también contribuye de forma significativa al financiamiento del sistema de salud del departamento.Premio Mayor: un nuevo ganador de $2.000 millonesEl número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves, 4 de diciembre de 2025 es el 3328 de la serie 172. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!Premios Secos: lista completa de números ganadoresAdemás del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia variedad de premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los resultados oficiales:Premio Mayor – $2.000 millones3328 – Serie: 172Premio Seco – $300 millones2967 – Serie: 139Premios Secos – $200 millones8103 – Serie: 0827304 – Serie: 133Premios Secos – $100 millones1622 – Serie: 0859922 – Serie: 1777737 – Serie: 133Premios Secos – $50 millones3166 – Serie: 1864540 – Serie: 0664068 – Serie: 0021846 – Serie: 1055581 – Serie: 1177338 – Serie: 0497632 – Serie: 0362801 – Serie: 055Premios Secos – $20 millones3834 – Serie: 1034880 – Serie: 0257248 – Serie: 1807880 – Serie: 0768186 – Serie: 0497661 – Serie: 0776970 – Serie: 0661715 – Serie: 1160658 – Serie: 1990937 – Serie: 055Premios Secos – $10 millones8399 – Serie: 1887176 – Serie: 0698319 – Serie: 0691055 – Serie: 0423271 – Serie: 1762970 – Serie: 1317194 – Serie: 0403458 – Serie: 1487778 – Serie: 3293911 – Serie: 0914825 – Serie: 1961386 – Serie: 1247344 – Serie: 0638129 – Serie: 0715279 – Serie: 1110554 – Serie: 1256770 – Serie: 1372276 – Serie: 1792312 – Serie: 1418135 – Serie: 057La Lotería del Quindío recordó que los resultados completos también pueden consultarse a través de su página oficial.¿Cómo reclamar los premios?Los apostadores ganadores deben presentar los siguientes documentos según el valor del premio:Para premios menores a $5.000.000Fotocopia de la cédulaBillete originalPara premios mayores a $5.000.000Requisitos anterioresRUT actualizadoCertificación de cuenta bancaria activa a nombre del ganadorLa entidad recordó que los premios pueden reclamarse hasta un año después del sorteo, conforme a la Ley 1393 de 2010.¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?El sorteo oficial se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través de Telecafé.¿Dónde comprar los billetes?Los billetes oficiales se encuentran disponibles en:Puntos de venta autorizadosAgencias físicas y virtualesClub de AbonadosOficinas de la Lotería del QuindíoMás información sobre premios, reglamentos y procedimientos oficiales está disponible en loteriaquindio.com.co.
El sorteo número 444 de MiLoto, celebrado en la noche del jueves 4 de diciembre de 2025, ha dejado una expectativa aún mayor entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia. A pesar de contar con una participación masiva, ningún apostador logró acertar las cinco balotas ganadoras, lo que automáticamente ha incrementado el gran premio mayor. El acumulado de MiLoto pasa de los $250 millones ofrecidos en el sorteo anterior a una impresionante cifra de $300 millones de pesos.El resultado oficial, según los datos proporcionados por la entidad organizadora, indicó que las balotas ganadoras para este sorteo fueron: 03, 05, 23, 25 y 34.Distribución de premios y ganadores de MiLotoA pesar de que el premio gordo continúa en juego, el Sorteo #444 sí repartió una cantidad significativa de dinero en las categorías de premios secundarios. El Total de Ganadores en estas categorías alcanzó la cifra de 11.124 personas, y el Total de Premiación distribuido superó los $101.824.700 de pesos.La distribución de los premios por categoría de aciertos se detalla a continuación:5 Aciertos: Se registró un Premio total de $0 y 0 ganadores. Este resultado es el que motiva el alza del acumulado.4 Aciertos: Esta categoría registró un Premio total de $21.966.550, el cual fue distribuido entre 17 ganadores. Esto representa un premio de $1.292.150 por ganador.3 Aciertos: Se reportó un Premio total de $38.722.150, repartido entre 823 ganadores. Cada uno de estos afortunados se lleva un premio individual de $47.050.2 Aciertos: La categoría con la mayor cantidad de ganadores acumuló un Premio total de $41.136.000. Este monto se distribuyó entre 10.284 ganadores, con un premio fijo de $4.000 para cada uno, lo que equivale al valor del tiquete de juego.El hecho de que más de 11 mil jugadores hayan recuperado su inversión o ganado un premio de mayor cuantía en una sola noche subraya la dinámica constante de MiLoto en la entrega de premios en sus distintas modalidades.Nuevo acumulado de MiLotoEl sistema de lotería MiLoto, que opera bajo la regulación de Coljuegos y forma parte del portafolio de juegos operados por el Operador Nacional de Juegos, está diseñado para que el premio mayor se incremente progresivamente si no es ganado. El premio mayor pasa de $250 millones a $300 millones de pesos para el próximo sorteo.Aunque el monto del acumulado de MiLoto es menor en comparación con otras loterías internacionales o con el sistema Baloto, su precio accesible y sus sorteos frecuentes lo han consolidado como una opción popular entre los colombianos.
El sorteo 137 de ColorLoto, realizado en la noche del miércoles 4 de diciembre de 2025, concluyó sin un ganador del premio mayor que lograra acertar la combinación completa de seis números y seis colores. Este resultado, habitual cuando se persigue un gran acumulado, ha provocado que la cifra del premio mayor se incremente, alcanzando un nuevo acumulado de $1.330 millones de pesos para el próximo evento de la lotería.La combinación ganadora sorteada fue 2 (amarillo) - 3 (amarillo) - 1 (rojo) - 3 (rojo) - 1 (verde) - 5 (verde). Según la imagen oficial de resultados, el acumulado anterior era de $1.320 millones, lo que significa un aumento de $10 millones de pesos que se añade al premio mayor en disputa.Detalles y Premiación del Sorteo 137Aunque el premio mayor quedó vacante, el sorteo 137 sí distribuyó premios entre las categorías menores, demostrando que la suerte estuvo de lado de 269 jugadores que lograron diversos niveles de aciertos.El informe oficial del sorteo revela que se entregó un Premio Total de $5.199.350, divididos entre los 269 ganadores de las distintas categorías secundarias. Los aciertos en los niveles de 5 y 6 aciertos (números y colores) quedaron en $0 pesos, indicando que nadie en este sorteo logró estas combinaciones específicas.Aciertos 4 (Números): Catorce (14) jugadores acertaron cuatro números, con una premiación total de $1.036.700, lo que se traduce en $74.050 para cada ganador en esta categoría.Aciertos 3 (Números): Un total de 225 personas lograron tres aciertos numéricos. El premio total distribuido fue de $2.036.250, por lo que cada uno de ellos recibirá $9.050.Aciertos 6 (Números): Doce (12) participantes acertaron la combinación de 6 números (sin coincidir con el color asociado). Estos ganadores compartieron un premio total de $972.600, obteniendo cada uno $81.050.Aciertos 6 (Colores): Dieciocho (18) personas acertaron la combinación de 6 colores (sin coincidir con el número asociado). El premio total en esta categoría ascendió a $1.153.800, resultando en un premio individual de $64.100.Estos resultados confirman que el juego sigue siendo una fuente de premios menores, incluso cuando el pozo principal continúa en ascenso.ColorLoto: así se juegaColorLoto, operado por el Operador Nacional de Juegos, es un juego de suerte y azar que se ha consolidado como uno de los principales atractivos de las loterías en el país. Su modelo de juego requiere que el apostador acierte tanto la secuencia numérica como el color asociado a cada número, lo que lo diferencia de otros sorteos y hace que la probabilidad de obtener el premio mayor sea significativamente baja, impulsando así el constante crecimiento de los acumulados.Los sorteos de Baloto ColorLoto se llevan a cabo dos veces por semana. El alza a $1.330 millones de pesos lo sitúa como una cifra atractiva que previsiblemente aumentará la venta de tiquetes de cara al próximo sorteo, revalidando el atractivo de las loterías en el panorama financiero y de entretenimiento nacional.Los jugadores interesados en participar por el nuevo acumulado de $1.330 millones deben estar atentos al próximo sorteo, donde se espera que la suerte finalmente encuentre un ganador del codiciado premio mayor.
Venezuela atraviesa uno de sus momentos de mayor aislamiento internacional tras la suspensión de operaciones de prácticamente todas las aerolíneas que aún conectaban al país con el exterior. La decisión se enmarca en el incremento de la actividad militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, mientras nuevos reportes de prensa británica revelan detalles de una conversación directa entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el expresidente estadounidense Donald Trump.La revelación de The TelegraphDe acuerdo con el periódico británico The Telegraph Maduro sostuvo una conversación de aproximadamente 15 minutos con Trump en la que planteó dos solicitudes centrales para facilitar una eventual salida del poder:Conservar USD 200 millones, parte de su patrimonio personal que se encontraría congelado en cuentas estadounidenses.Obtener una amnistía general para al menos 100 altos funcionarios del gobierno venezolano.El diario señala que la exigencia de la amnistía —y no la cuestión del dinero— fue el punto que llevó al fracaso de la negociación. Según la publicación, el Gobierno estadounidense rechazó la propuesta porque, a su juicio, una amnistía permitiría que continuara operando el denominado Cartel de los Soles, una estructura criminal que Washington atribuye a altos mandos civiles y militares de Venezuela.El reportaje también asegura que Trump sugirió a Maduro trasladarse a países como China o Rusia, mientras el mandatario venezolano habría expresado su preferencia por establecerse en Cuba. Incluso se habría considerado Qatar como opción intermedia, sin que se alcanzara un acuerdo.Otros elementos mencionados por The Telegraph indican que Maduro exige amnistía para sus colaboradores por razones de seguridad interna: sin esas garantías, sostiene el diario, el mandatario teme represalias dentro de Venezuela. La publicación repite además una información previamente divulgada por The New York Times, según la cual Maduro solo confía en su escolta cubana y cambia de residencia diariamente por temor a un ataque.Nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico agrava la tensiónMientras se conocen estos detalles, el Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves de un nuevo ataque en el Pacífico contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico, que dejó cuatro personas muertas. Con este operativo, ya son más de 20 embarcaciones destruidas desde agosto, cuando Washington desplegó en el Caribe una flotilla de buques y aviones de combate como parte de su estrategia antidrogas. El saldo total de estas acciones asciende a 87 fallecidos.Caracas sostiene que tales maniobras tienen como propósito real derrocar al presidente Maduro, una acusación reiterada en comunicados del gobierno venezolano.Aislamiento aéreo: aerolíneas suspenden operacionesEl aumento del despliegue militar llevó a la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) a emitir una alerta el 21 de noviembre en la que pidió a las aeronaves extremar precauciones debido al “empeoramiento de la situación de seguridad”.En respuesta, aerolíneas como Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines suspendieron temporalmente vuelos hacia y desde Venezuela. El gobierno venezolano posteriormente revocó sus concesiones, acusándolas de alinearse con “acciones de terrorismo de Estado”.Este jueves, Copa Airlines y Wingo —dos de las últimas compañías que mantenían operaciones regulares con Caracas— extendieron la suspensión de vuelos hasta el 12 de diciembre tras reportar “intermitencias” e “interferencias” en señales de navegación. La estatal colombiana Satena y Boliviana de Aviación también cancelaron sus rutas, citando riesgos operacionales.El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó que el país “ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo” y rechazó cualquier señalamiento que sugiera pérdida de control.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, una menor de 14 años de edad, fue atacada con arma de fuego al parecer por un adolescente al interior de un conjunto residencial del barrio Cuarto Centenario en el sur de Neiva.Según información oficial, la menor alcanzó a ser llevada con vida a un centro hospitalario de la ciudad donde horas después falleció como consecuencia del disparo que, al parecer, recibió en la cabeza, mientras que el agresor otro menor de edad fue aprehendido por la policía.“La comunidad informa a las unidades policiales requiriendo la presencia de los uniformados en el sector del barrio Neiva Cuarto Centenario, donde una menor de edad había sido evacuada desde el interior de un apartamento con una lesión de arma de fuego, lastimosamente en horas de la madrugada a raíz de dicha lesión la menor pierde la vida” informó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la policía Metropolitana de Neiva.Asimismo, las autoridades también investigan un hecho de violencia que se presentó en el barrio Villa Café oriente de Neiva, donde fue asesinado un hombre identificado como Luis Alberto Cabrera de 54 años de edad.De acuerdo con versiones oficiales, la víctima iba saliendo de su casa, donde hombres a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon
En su más reciente informe, el Ministerio de Transporte entregó un balance actualizado tras una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado con Avianca, JetSmart y LATAM. El reporte confirma avances significativos en la implementación del software solicitado por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea para recuperar la operación aérea de las aerolíneas afectadas en Colombia.De las 124 aeronaves inicialmente impactadas, 108 ya completaron el proceso, alcanzando una normalización del 87,1 % de la flota A320.LATAM: 5 de 5 aeronaves actualizadas (100 %).JetSMART: 1 de 1 actualizada (100 %).Resto de aerolíneas (principalmente Avianca): 102 aeronaves (86,4 %).El Ministerio también detalló el impacto operacional: 162 vuelos han resultado afectados, entre retrasos y cancelaciones, y 22.630 pasajeros han sufrido alteraciones en sus itinerarios.Pese al escenario, los principales aeropuertos del país, incluido El Dorado, se mantuvieron sin congestiones severas gracias a la coordinación con el PMU y los planes de contingencia activados.En paralelo, la compañía Thales, responsable de los sistemas de vigilancia aérea, culminó los controles de calidad y liberó el software definitivo, un paso clave para cerrar la contingencia.El Ministerio reiteró a Airbus la necesidad de entregar sin dilación el software restante, indispensable para completar la normalización. La entidad afirmó que ninguna aeronave retomará operación sin cumplir el 100 % de los estándares técnicos exigidos.
La revelación presentada por Noticias Caracol dejó al país frente a un caso que marca un antes y un después en materia de seguridad nacional. El hallazgo en los computadores del jefe de las disidencias Calarcá confirma una infiltración sin precedentes en entidades como el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Procuraduría ya separó provisionalmente de sus cargos a un general y a un alto funcionario de la DNI, lo que da una primera dimensión de la gravedad.El escándalo abrió una semana cargada de reflexiones, como lo advirtió Juan Roberto Vargas en Sala de Prensa, sobre coherencia política, eficacia de la justicia y, especialmente, sobre el papel del periodismo en un país donde, según dijo un columnista esta semana, “los reporteros parecieran haberse convertido en la nueva fiscalía”. Desde ese punto de partida se desarrolló la conversación con los invitados del domingo: el analista de seguridad Daniel Mejía Londoño y el exmagistrado Jaime Arrubla Paucar.Daniel Mejía alertó crisis en la Seguridad nacional El experto en seguridad Daniel Mejía Londoño inició con un panorama amplio: la criminalidad crece en casi todos los frentes y los grupos armados expanden su presencia territorial y su capacidad operativa. En ese contexto, la filtración de información sensible —frecuencias de radio, localización de operaciones y movimientos de tropas— no sorprende, pero sí explica parte del deterioro acelerado de la seguridad.Mejía calificó como “inexplicable” la actuación de la Fiscalía frente a la evidencia hallada. Mientras la entonces fiscal general exigió en cuestión de horas la liberación de Calarcá, tardó 16 meses en iniciar el análisis de los computadores y las USB incautadas. Para el analista, esta diferencia temporal revela un problema estructural: “Lo más grave es que las autoridades lo sabían y no hicieron nada”, afirmó.El experto también alertó sobre la desmoralización dentro de la fuerza pública, especialmente de quienes combaten en terreno, al ver que oficiales especializados fueron retirados sin claridad y reemplazados por personas sin trayectoria. Esto, sumado al uso del estatus de “gestores de paz” como salvoconducto, aumenta las dudas sobre la coherencia del gobierno en su política de seguridad.Filtración de inteligencia: impacto jurídico y riesgo institucionalEl exmagistrado Jaime Arrubla Paucar centró su análisis en el plano jurídico. Señaló que la filtración compromete no solo responsabilidades individuales, sino la estabilidad de organismos que deberían garantizar independencia y rigor. A su juicio, la reacción tardía de la Fiscalía abre dudas sobre la cadena de custodia, posibles omisiones y la obligación del Estado de proteger la información estratégica.Arrubla advirtió que la Dirección Nacional de Inteligencia y la UIAF —ambas dependientes del Ejecutivo— requieren una revisión profunda para impedir que se conviertan en “entidades opacas” sin control ciudadano. Recordó que el país ya vivió una crisis similar con el DAS y que “no puede repetir un ciclo donde la inteligencia estatal termina capturada o manipulada”.Según el exmagistrado, este caso no solo expone fallas operativas: obliga a revisar la arquitectura institucional del Estado frente a la delincuencia organizada. La transparencia, afirmó, será indispensable para recuperar la confianza ciudadana y evitar que la infiltración siga avanzando.
Por medio de un comunicado de prensa, la Cancillería de Colombia se pronunció ante las recientes declaraciones de Estados Unidos de cerrar por completo el espacio aéreo de Venezuela, atribuyendo la decisión a las actividades militares que se realizan en el Pacífico.La entidad advierte que el reciente NOTAM emitido por Washington se hizo sin coordinar con la autoridad venezolana competente. Según los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Convenio de Chicago, cualquier decisión que afecte un espacio aéreo debe gestionarse con el Estado responsable. Saltarse este procedimiento, señala la Cancillería, genera incertidumbre operativa y pone en riesgo la seguridad de la aviación civil internacional.El comunicado también recalca que América Latina y el Caribe son una región de paz. Por ello, las medidas unilaterales de carácter militar o con impacto sobre la navegación aérea elevan tensiones, afectan la estabilidad y contradicen el espíritu de cooperación y respeto entre los Estados.El país aseguró que seguirá monitoreando la situación y liderará en los espacios multilaterales el llamado a respetar las normas internacionales, la soberanía y la solución pacífica de controversias, pilares esenciales para proteger la seguridad aérea en toda la región.Ante este hecho, también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien, por medio de su cuenta de X, cuestionó la legalidad del cierre del espacio aéreo venezolano y pidió que la Organización de Aviación Civil Internacional analice de inmediato la situación.El mandatario también llamó a preservar el orden internacional y recordó que las decisiones sobre la democracia en Venezuela corresponden a sus propias instituciones y a su población.
Once personas que habían sido secuestradas por el ELN desde inicios de este año, en medio de la guerra que enfrentan con las disidencias de las Farc desde el 16 de enero, fueron liberadas tras 10 meses y 15 días de cautiverio.En total son, nueve hombres, uno de ellos firmante de paz y dos mujeres quienes fueron entregados a una comisión humanitaria conformada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.Las víctimas, en su mayoría habitantes de zonas rurales pertenecientes a los municipios de Tibú y El Tarra, corazón del Catatumbo, regresaron con sus familias. Sin embargo en medio de la entrega no se dieron a conocer mayores detalles sobre las razones del secuestro.En el territorio permanecen más personas en poder de los grupos armados y se espera que en los próximos días se puedan presentar otras liberaciones.
La exministra de Justicia y exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, analizó la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un escándalo revelado por Noticias Caracol y que ha generado alarma nacional. En diálogo con El Radar, la experta advirtió sobre la complejidad y los riesgos que representa este hecho para la seguridad del Estado.Una infiltración “de la mayor seriedad”Buitrago calificó la situación como extremadamente delicada, al señalar que la presencia de miembros de grupos armados en instituciones públicas expone información estratégica y pone en riesgo la vida de uniformados y civiles. “Esto revela una complejidad muy fuerte. Cualquier clase de infiltración en el Estado… genera incluso que esas personas sirvan de informantes y generen violencia contra los mismos miembros del Ejército”, afirmó.La exfiscal recordó casos anteriores en los que funcionarios infiltrados alertaron sobre allanamientos, provocando la muerte de servidores públicos. “Esto es de la mayor seriedad… significa que pueden acceder a información que de otra manera sería desconocida y contar las operaciones militares en curso”, añadió.Retrasos en la investigación: 16 meses sin avancesUno de los puntos críticos señalados por Buitrago es el tiempo que la información permaneció sin ser investigada, pese a su relevancia. Noticias Caracol reveló que los datos estuvieron más de un año y cuatro meses en los archivos de la Fiscalía y la DIJÍN.“En estos casos debe haber actos urgentes… 16 meses significan que había que haber realizado acciones claras para asegurarse de que la información era seria y fiable”, explicó. Además, destacó el papel de los medios: “La prensa hace un trabajo importante en poner alerta sobre estos temas que pasan desapercibidos”.Lo que debe pasar ahoraLa exfiscal insistió en que el país necesita respuestas rápidas. Para ella, la prioridad es identificar a los responsables y sacarlos de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. “Lo primero que hay que hacer es mover a esas personas del lugar, tenerlas bajo investigación y saber qué información han podido comunicar”, indicó.Buitrago advirtió que los riesgos incluyen comprometer operaciones militares actuales y futuras. También pidió esclarecer cómo lograron infiltrarse y qué participación habrían tenido en hechos que dejaron muertos o heridos entre miembros de la fuerza pública.La experta concluyó resaltando nuevamente la importancia de la vigilancia periodística: “Los medios son fundamentales… permiten poner alertas para que la Fiscalía retome apoyos y ayudas que se dan inicialmente”.El país espera ahora avances concretos en un caso que compromete la seguridad nacional y la confianza en las instituciones.Escuche la entrevista completa acá:
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio un parte de las operaciones militares realizadas en el departamento del Meta, específicamente en la vereda Guaymaral en las que fueron capturadas dos personas, una de ellas resultó herida. Además, un civil murió producto de los combates, situación que se encuentra en investigación.“En ninguna parte de la Constitución Política de Colombia menciona que pueden existir carteles del narcotráfico o grupos criminales. Por ello, en operaciones militares nuestro Ejército, sostuvo combate contra integrantes del grupo armado criminal al servicio de alias ‘Calarca’, que delinquen en esta zona del país”, indicó el jefe de cartera a través de X.Mientras avanzaba la maniobra de retiro de las tropas del Ejército, un civil fue herido en un punto cercano donde varias personas se habían agrupado para intentar interrumpir la operación militar. La persona fue trasladada, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El Ejército confirmó que se abrió una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.En el lugar también fue incautado material de guerra e intendencia que pertenecería a esa organización, lo que según el ministro, afecta directamente su capacidad logística.