El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
Conectar a Barranquilla con Nueva York, Madrid, Barcelona y otras importantes ciudades del mundo a través de vuelos directos hace parte de los proyectos en los que está trabajando la Alcaldía Distrital, que, incluso, ya empezó a tocar las puertas de las aerolíneas para materializar esta apuesta."Estamos pensando en un vuelo Barranquilla a Madrid, ya estamos haciendo gestiones desde la Alcaldía de Barranquilla y lo que estamos buscando es que nuestra industria de entretenimiento cada día siga creciendo", informó Ana María Aljure, gerente de ciudad, desde el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz."Con cada ruta nueva se generan más empleos para nuestra gente, se llenan los restaurantes, se llenan los hoteles y esto se convierte en un círculo virtuoso en el que todo ganamos", sostuvo.Por lo pronto, desde este fin de semana Barranquilla estrena vuelos directos a Montería, Valledupar, Aguachica y Bucaramanga, como parte del nuevo hub Caribe que ha creado la aerolínea estatal Satena para conectar a toda la región.El primer vuelo desde Montería a Barranquilla aterrizó la mañana de este viernes en el Cortissoz con 55 pasajeros a bordo, lo que confirma la buena acogida que ha tenido la apuesta, indicó el general Óscar Zuluaga, presidente de Satena."Esa conectividad es parte de la apuesta macro hacia la extensión del servicio esencial que está haciendo la aerolínea. Hoy hacemos presencia en 30 de los 32 departamentos, es un hito y hoy, conectando la región Caribe, estamos cumpliendo esa apuesta de poder desarrollarla de tal manera que se mejoren las condiciones de movilidad", expresó el oficial.El general Zuluaga agregó que el próximo plan de expansión de Satena estaba previsto desarrollarse en oriente, pero hubo algunos inconvenientes en infraestructura y otros temas, que trasladaron este proyecto al Caribe, donde ahora esperan atender las poblaciones donde no hay conectividad aérea.A su vez, Carlos Rodríguez, director regional de Aerocivil, destacó que esta es una nueva etapa de conectividad aérea que representa la oportunidad de impulsar el turismo, fortalecer el comercio y promover el intercambio cultural en la región Caribe.
La FIFA otorgó este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el recién creado Premio de la Paz, una distinción presentada en noviembre por el máximo organismo del fútbol para reconocer a figuras que aporten a la unión global.El galardón fue entregado durante el sorteo del Mundial de 2026, que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, en un evento realizado en el Centro Cultural Kennedy, en Washington.“Es uno de los grandes honores de mi vida”, afirmó el mandatario al recibir el reconocimiento de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.Al anunciar la creación del premio, la FIFA señaló que su objetivo es destacar a personas que, “con su compromiso inquebrantable y acciones especiales, hayan contribuido a unir a las personas en todo el mundo en un espíritu de paz”.Trump, de 79 años, ha abogado abiertamente por recibir el Nobel de Paz, que finalmente fue otorgado en octubre a la opositora venezolana María Corina Machado.El presidente estadounidense mantiene una relación cercana con Infantino, quien lo ha respaldado en su propósito de impulsar la popularidad del soccer en Estados Unidos. En esa línea, además del Mundial de 2026, el país albergó el pasado verano boreal la primera edición del Mundial de Clubes ampliado. También se proyecta que Estados Unidos pueda organizar, junto con México y Costa Rica, la Copa Mundial Femenina de 2031.Infantino ha expresado además su apoyo a las iniciativas de paz promovidas por Trump en Oriente Medio.Sin embargo, la FIFA enfrenta críticas por su postura frente a la federación israelí de fútbol en medio de la ofensiva de Israel en Gaza. Diversos sectores cuestionan que el organismo no haya tomado medidas similares a las aplicadas contra Rusia, cuya selección fue excluida de las competencias internacionales tras la invasión a Ucrania, una sanción que continúa vigente.
No es alentador el panorama de lesionados con pirotecnia en Antioquia, pues en tan solo los primeros días del mes de diciembre ya acumula 33 casos, misma cantidad que el año anterior, pero centra la mitad de las víctimas a nivel nacional, con una marcada diferencia con quienes le siguen en la lista, como Valle del Cauca, que registra 6 casos, Caldas y Cauca con de a tres y Córdoba, Norte de Santander, Quindío y Risaralda y Sucre, con solo de a dos casos por departamento.De momento, según el reporte de la Gobernación, hay dos lesionados con pólvora nuevos reportados. Se trata de una menor de 9 años con quemadura de primer grado en su cara con papeletas, mientras observaba, en el municipio de Segovia, mientras que en Remedios una mujer de 21 años años quedó con quemadura de segundo grado y laceración de miembros inferiores, con voladores.El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, manifestó que las autoridades promueven la campaña Cero Pólvora durante estas festividades."La Policía Nacional presenta el Escuadrón Antipólvora, donde el mensaje es cero quemados y la protección todos a favor de la niñez, orientada a evitar los incidentes por la manipulación y uso de pólvora, evitando quemaduras, almacenaje y demás que pueden presentar daños irreparables para la salud de las personas", expuso.De los 33 lesionados por pólvora en lo que va de la temporada 2025–2026, Medellín concentra la mayoría de los casos, con 21 reportes, seguida de municipios como Nechí, Bello y El Bagre. Del total de afectados, seis son menores de edad, 27 adultos y se han documentado dos amputaciones.Las autoridades departamentales resaltan que no se han presentado intoxicaciones por fósforo blanco ni por licor adulterado, manteniendo una variación del 0 %. Además, las partes del cuerpo más afectadas siguen siendo la cara, las manos y los pies, lo que refuerza la petición de las autoridades de evitar el uso de pólvora y a promover prácticas seguras durante las celebraciones decembrinas.
La red social X, propiedad del empresario Elon Musk, recibió una multa histórica por parte de la Comisión Europea, que anunció una sanción de $120 millones de euros por incumplir varias disposiciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Se trata de la primera vez que Bruselas aplica un castigo de esta magnitud bajo la normativa diseñada para regular el comportamiento de las plataformas digitales en territorio europeo, según informó Reuters este viernes.La decisión llega tras dos años de investigación, periodo durante el cual los reguladores comunitarios evaluaron el funcionamiento interno de la plataforma y el modo en que gestiona la información que ofrece a los usuarios. El informe final concluyó que X habría implementado prácticas consideradas engañosas en la presentación de su conocida verificación azul, un distintivo que, según la investigación, podría inducir a confusión sobre la identidad y confiabilidad de las cuentas.Además, la Comisión señaló la falta de claridad en el repositorio de anuncios que la plataforma está obligada a mantener bajo la DSA. Este archivo, que debería permitir conocer quién pauta publicidad, con qué objetivos y bajo qué segmentación, no cumplía con los estándares de transparencia requeridos. La investigación también determinó que la empresa se negó a facilitar el acceso a datos públicos a la comunidad investigadora, pese a que esta obligación está contemplada dentro del marco regulatorio para mejorar la vigilancia democrática y académica sobre el comportamiento de las grandes redes sociales.En medio del anuncio, la comisaria europea de Tecnología, Henna Virkkunen, defendió la sanción afirmando que se trataba de una medida “proporcionada” frente a las infracciones detectadas. Virkkunen insistió en que la Ley de Servicios Digitales no busca limitar la expresión ni censurar contenidos, sino garantizar que las plataformas operen con responsabilidad y transparencia en un ecosistema digital cada vez más influyente.Las críticas, sin embargo, no se hicieron esperar. Desde sectores políticos en Estados Unidos se ha acusado a la Unión Europea de emplear estas regulaciones para afectar a compañías tecnológicas norteamericanas. Bruselas rechaza estos señalamientos y sostiene que la DSA se aplica por igual a todas las plataformas que operan en el mercado europeo, sin importar su país de origen.Con esta sanción, la UE deja claro que está dispuesta a hacer cumplir sus normas y a ejercer un control más estricto sobre las prácticas de las grandes empresas tecnológicas, en un intento por garantizar un entorno digital más seguro y transparente para los millones de usuarios europeos.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Los grupos armados que operan en el departamento del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas, alertó este viernes, 5 de diciembre Human Rights Watch (HRW)."Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población", aseguró la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en un comunicado de su despacho.La funcionaria explicó que, "mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen".Desde 2023, el Gobierno colombiano ha estado en negociaciones de paz con varios grupos armados que controlan partes de Putumayo, en la frontera con Ecuador.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona."Los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a niños, confinado a la población y castigado a quienes violan sus normas con multas y trabajos forzados", añadió HRW.En septiembre de 2025, HRW visitó varias poblaciones del Putumayo, y entrevistó a 45 personas, entre ellas víctimas, líderes y defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y autoridades gubernamentales.El común denominador es que la mayoría de esas personas "teme represalias por parte de los grupos armados y habló bajo condición de anonimato".Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que forma parte de un grupo conocido como Estado Mayor Central (EMC) y opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
Han pasado más de cuatro décadas desde que los primeros soldados colombianos llegaron al desierto del Sinaí para integrarse a la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores. Desde entonces, el país ha mantenido una presencia constante en esta misión única, creada para vigilar el cumplimiento del acuerdo que puso fin a los enfrentamientos entre Egipto e Israel. Hoy, ese compromiso se renueva con la salida del centésimo vigésimo sexto relevo.En esta ocasión, 136 militares, 10 oficiales, 20 suboficiales y 106 soldados, emprendieron su despliegue tras más de seis meses de preparación especializada. No es un reto menor: los separan más de 11.500 kilómetros de su hogar y los espera un año de operaciones en uno de los terrenos más complejos del planeta, donde las temperaturas extremas y el aislamiento son parte del día a día.La ceremonia de despedida se realizó en el Campo de Paradas de la Escuela de Artillería General Carlos Julio Gil Colorado. Desde allí, el Batallón Colombia N.° 3 fue despedido por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, segundo comandante del Ejército, en un acto sobrio que destacó la tradición y el profesionalismo de las tropas que representan al país en misiones internacionales.Una vez instalados en la península del Sinaí, los militares colombianos asumirán la seguridad perimétrica del Campo Norte, en la Zona C, un sector de aproximadamente 4.400 kilómetros cuadrados. También protegerán las instalaciones del cuartel general de la misión y realizarán labores de verificación para garantizar que se cumplan las disposiciones del tratado de paz que Egipto e Israel pactaron hace más de cuarenta años.Además de custodiar un territorio históricamente disputado, las tropas deberán reportar cualquier movimiento que pueda afectar la estabilidad en la zona. Este trabajo, discreto pero clave para la seguridad regional, ha convertido a Colombia en un actor confiable para la Fuerza Multinacional, que destaca la capacidad operacional y la disciplina del personal enviado por el país.El nuevo relevo viaja con la responsabilidad de mantener una reputación construida a lo largo de décadas y con la misión de seguir demostrando que la preparación recibida en la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral se traduce en resultados que otros ejércitos reconocen y valoran en el terreno.
El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció este viernes que detectó un incidente en un programa de control de vuelo de su familia A320, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de su familia más vendida.En un comunicado, el constructor asegura que el problema puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", pero diversas fuentes del sector lo cifran en unos 6.000.Una portavoz de la aerolínea indicó que el 85% de los aviones afectados solo precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo, lo que no afectará en exceso a sus programas de vuelo.Para el 15% restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos, aunque no pudo precisar la incidencia que tendrá en su servicio."Estamos trabajando con nuestros clientes y proveedores para limitar las consecuencias de este incidente", aseguró la portavoz.El problema fue puesto de manifiesto por el análisis de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota y que "ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo", indicó Airbus, sin dar más precisiones.Fuentes próximas a la investigación indicaron que el incidente se produjo en un vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue entre Cancún (México) y Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos), obligando a aterrizar de emergencia en Tampa, en Florida (EE.UU.), tras perder el control de los comandos de vuelo y sufrir una brusca caída de altitud.Varios pasajeros resultaron heridos de poca consideración y tuvieron que ser atendidos por personal sanitario, mientras que el aparato fue apartado temporalmente de la flota.Los análisis posteriores pusieron de manifiesto este problema que ahora obliga a intervenir a los servicios de Airbus.El fabricante europeo aseguró que ha enviado una alerta a todas las compañías afectadas por este problema para implementar la protección de los sistemas afectados y garantizar la seguridad de la flota.Reconoció que la puesta en marcha de esas recomendaciones "provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes", por lo que pidió disculpas a los afectados.La portavoz de Airbus insistió en que nunca antes habían sufrido un incidente de este tipo.
A través de un comunicado, Avianca anunció fuerte golpe para viajeros en estas fechas de celebración y es que no habrá venta de fechas de viaje hasta el 8 de diciembre debido a una actualización de software que necesita urgentemente toda una flota de aviones."Airbus notificó que una parte significativa de la flota de aviones de la familia A320 a nivel global requiere una actualización urgente de software. Por esta razón, los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca", informaron.Si bien aseguraron que empezaron a buscar soluciones de manera inmediata, se volvió imposible asegurar por completo la operación al 100 % de la flota de aviones, por lo tanto, se vieron obligados a cambios urgentes en las operaciones durante los próximos 10 días."Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre -inclusive- para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles. La línea aérea notificará directamente a los pasajeros afectados y les informará sobre las opciones existentes para que puedan ajustar sus planes de viaje", explicaron.De acuerdo con la aerolínea, si bien entienden el impacto de esta situación, la decisión se toma en pro a la seguridad de los pasajeros y equipo, como poder llevar a cabo las modificaciones necesarias a la flota tal como solicitió el fabricante de las aeronaves lo antes posibles. Cualquier novedad en el tema la informaran por sus canales oficiales.
El abogado Eduardo Matson, sobreviviente de la toma y retoma del Palacio de Justicia, calificó como “simbólica” la resolución de acusación proferida por la Fiscalía contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional, procesados por presuntos actos de tortura cometidos contra civiles detenidos irregularmente durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien consideró que existían elementos contra los entonces miembros de unidades de inteligencia militar que participaron en las operaciones posteriores a la incursión del M-19.Matson, una de las víctimas del caso, señaló en diálogo con Blu Radio que la decisión llega demasiado tarde y que, aunque representa un avance formal, carece de verdadero peso para efectos de justicia. Recordó que pasaron treinta años antes de que se produjera un llamado a indagatoria y que solo ahora, cuarenta años después de los hechos, se expide una acusación. Para él, esto demuestra la falta de diligencia del Estado: “Esto es simbólico, porque ahora viene el recurso de apelación, reposición, que es lo que seguramente viene. Y si para una acusación se demoraron diez años, para la apelación, mínimo, vendrán cinco o diez años más. Los implicados seguirán muriendo y envejeciendo, y para llegar después al juicio y a la sentencia, yo creo que pasarán, unos veinticinco años, y ya todo esto quedará en nada” agregó.El sobreviviente también cuestionó lo que considera una ausencia sostenida de voluntad institucional. “Ha habido un silencio cómplice de las autoridades para impulsar todo lo referente al Palacio de Justicia”, dijo. Aunque reconoce que la acusación es importante para mantener vivo el expediente, insiste en que no tiene efectos prácticos. Incluso planteó, desde una perspectiva crítica, la posibilidad de un eventual indulto, tal como se otorgó al M-19, aun cuando advierte que sería ilegal por tratarse de delitos de lesa humanidad.La postura del indulto lo considera al explicar que uno de los principios del derecho es la celeridad y la eficacia “es importante que se haya emitido la resolución de acusación, es importante que el proceso siga adelante, pero en última no tiene una trascendencia judicial, jurídica, que diga uno, bueno, van a meterlos presos”.Los militares retirados llamados a juicio como presuntos coautores impropios del delito de tortura agravada son: el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero; los coroneles (r) Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez; y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
El documento de precio y disponibilidad conocido por Blu Radio, identificado como CO-D-025, responde a una Carta de Solicitud de la Fuerza Aérea Colombiana con fecha de noviembre de 2022. La propuesta abarca la posible adquisición de veinte (20) aeronaves F-16C de un solo asiento y cuatro (4) F-16D de doble asiento, todos de la nueva producción Block 70.Los términos de venta estipulan un compromiso dependiente y pago en antes de la entrega. Es crucial señalar que el documento tenía como fin la planificación y revisión y no representaba una oferta formal.El corazón de la propuesta, la Línea de Ítem 001, cubre el costo "Flyaway" de las 24 aeronaves, incluyendo sus motores y aviónica, por un total de $2.595 millones de dólares. Cada aeronave estaría equipada con el motor F110-GE-129D y el radar AN/APG-83 Advanced Electronically Scanned Array (AESA) SABR. También se incluiría el sistema de Guerra Electrónica (EW) Viper Shield AN/ALQ-254 y la integración de la capacidad para el sistema de advertencia de misiles Passive Airborne Warning System 2 (PAWS-2).Sin embargo, el hardware PAWS-2 debía ser adquirido directamente por Colombia como Equipo Suministrado por el Comprador (BFE) bajo una Venta Comercial Directa (DCS).Soporte integral y capacidades de armamentoEl paquete presentado por Estados Unidos incluía un soporte logístico integral de tres años, conforme a la política de Enfoque de Paquete Total (TPA). La Línea de Ítem 003, con un costo de $235.522 dólares, incluía soporte técnico, membresías en programas de gestión internacional de motores (IEMP, CIP) y, crucialmente, dispositivos de entrenamiento:Un Full Mission Trainer (FMT).Un Weapons Tactics Trainer (WTT).Un Mission Observation Center (MOC).El paquete también incluía repuestos, como tres (3) motores de repuesto y tres (3) LRUs de repuesto para componentes críticos, incluyendo el radar AESA, la computadora de misión y el sistema EW.En cuanto al armamento, el avión incluía también la capacidad para una amplia gama de armas, aunque no se incluye el hardware táctico de armas en la línea de la aeronave.Entre las capacidades que estaban sobre la mesa se encontraba el misil AIM-120C-5/C-7/C-8 AMRAAM, las bombas guiadas GBU-31/38 JDAM, y las bombas GBU-54/56 LJDAM. A solicitud de Colombia, la aeronave integraría la capacidad para el misil Python V, lo que implicó la exclusión del misil AIM-9X Block II del Programa de Vuelo Operacional (OFP). El hardware del Python V también debería ser adquirido por el comprador como BFE.Proyección de entregasEl cronograma de entregas proyectado en el documento estaba sujeto a cambios si otro comprador presentaba interés primero por los aviones. Sin embargo, se esperaba que las 24 aeronaves fueran entregadas por EE.UU. entre 2028 y 2030; pero, para avanzar con la potencial compra, el Gobierno de Colombia debía formalmente solicitar una Carta de Oferta y Aceptación.2028: 3 aeronaves (Cuarto Trimestre).2029: 17 aeronaves (5, 4, 4, 4 por trimestre).2030: 4 aeronaves (Primer Trimestre).
La embajada de China en Colombia se pronunció tras las revelaciones de Noticias Caracol en las que aparece un ciudadano chino en fotos con jefes de las disidencias de las Farc.Detrás de esta relación, según los hallazgos, existirían negocios vinculados a la compra de armas, el tráfico ilegal de oro y la inversión en empresas fachada controladas por estas estructuras.La embajada China reveló que el ciudadano de ese país se contactó con el equipo consular chino en Colombia, alegando su inocencia.“Dicho ciudadano chino viajó a Colombia y a algunos otros países latinoamericanos en 2024, en representación de una empresa minera china legítima en búsqueda de oportunidad de invertir en negocios de minas de oro y de aceite de palma. Debido a las Barreras lingüistas pidió ayuda a ‘algunos amigos colombianos’, quienes lo llevaron a visitar una ‘zona minera’, le presentaron a unos ‘líderes locales’ y le hicieron tomar fotos con ellos. Discutió negocios de minas de oro con ellos y pensaba que tal vez llevanan armas para protegerse”, señaló la embajada.El gobierno chino también aclaró que no interviene en asuntos internos en otros países y que defienden la paz, la seguridad y la estabilidad en las diferentes regiones. Sobre el ciudadano en mención aseguran que volvió a China y que su empresa decidió no invertir en Colombia, por lo que no ha vuelto al país.“El ciudadano chino declaró que, sin saberlo, fue víctima de un increíble engaño al ingresar a las instalaciones de un grupo de guerrilla ilegal y que los informes falsos y ataques mediáticos le han causado grave daño a su reputación”, agregó la embajada.Para la embajada China esta situación daña la reputación de un “honesto ciudadano chino” y la imagen de Colombia como destino de inversiones.“La Embajada de China en Colombia recuerda una vez más a los ciudadanos chinos y las empresas chinas en Colombia a reforzar las medidas de seguridad, concienciarse de que son los primeros responsables de su seguridad en Colombia, tener la máxima cautela para no caer en engaños de todo tipo, abstenerse a ir a lugares peligrosos e invertir en negocios irregulares, a fin de garantizar la seguridad personal y patrimonial”, dice el comunicado.Es importante recordar que en las fotos el ciudadano chino posa junto a alias ‘Richard Catatumbo’, un jefes de peso dentro del grupo, quien ejerce influencia en la frontera entre el Catatumbo y Venezuela.Además, en los chats recuperados ‘Calarcá’ y ‘Richard’ cabecillas mencionan reiteradamente al visitante extranjero y comparten una tarjeta de presentación donde se identifica como Jixing Zhang. En ella figuran tres cargos: subgerente de Henan Dongshan, gerente del departamento de comercio e inversiones internacionales del Grupo Dongshan y gerente de Lianyungang Wance Comercio Internacional, una firma ubicada en la provincia china de Henan.Las conversaciones entre alias ‘Calarcá’ y ‘Richard Catatumbo’ dejan ver pistas contundentes. En los mensajes hablan de armas como morteros y explosivos, e incluso uno de ellos comparte una fotografía del arsenal. También, discuten sobre un taller de armas y un laboratorio de cocaína que habrían sido destruidos en el estado Zulia, en Venezuela, durante una operación militar.Pese al golpe, ‘Richard Catatumbo’ le aseguró a ‘Calarcá’ que ya contaban con un taller de reemplazo. Para su montaje, envió la imagen de un torno industrial de última tecnología fabricado en China. Durante ese periodo, el empresario extranjero permaneció en las zonas bajo control de las disidencias, ofreciendo millonarias inversiones en proyectos agrícolas. También habría visitado el sur de Bolívar, Antioquia y Caquetá.