El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que, de acuerdo a la verificación de cámaras de seguridad y testimonios de algunos habitantes, durante el ataque armado por disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, dos presuntos integrantes de ese grupo ilegal murieron en los enfrentamientos con los uniformados.Según registros del Ejército y de la Policía, los cuerpos de los dos disidentes abatidos los subieron en camionetas por los mismos insurgentes cuando huyeron hacia la zona montañosa de la cordillera Central, luego de perpetrar la acción terrorista.“También tenemos un reporte que, a través de un registro de cámaras de videovigilancia, que producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados en tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia la zona del centro poblado de Pacarní”, expuso el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.Entre tanto, expertos antiexplosivos de la Policía, en coordinación con el Ejército, lograron desactivar de manera controlada un cilindro aparentemente cargado con explosivos que fue dejado abandonado por los insurgentes al interior de una entidad bancaria del municipio.Asimismo, las autoridades y la administración municipal adelantan un censo de los daños materiales causados durante la incursión armada, donde varios vehículos, incluyendo una motocicleta, fueron incinerados por los disidentes de las Farc.
El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Unidades del Cuerpo de Bomberos de Sabanalarga arribaron al corregimiento de Leña, jurisdicción del municipio de Candelaria, Atlántico, para avanzar en la búsqueda de Isaias de Jesús Castro Aguilar, el menor de 9 años que estaba desaparecido desde la tarde del miércoles, y que supuestamente se había subido a una moto con un desconocido.Finalmente el cuerpo del niño fue encontrado hacia el mediodía de este viernes enredado dentro de una taruya que creció en un jagüey en el mismo corregimiento.“Mediante labor de búsqueda con la ayuda de una máquina retroexcavadora y bomberos, se logró limpiar parte del Jaguey ubicado en la finca Buenaventura de leña y es cuando sale abre la maleza y el cuerpo del niño sale flotando”, indicaron autoridades.La Policía y la Fiscalía descartaron la versión de un rapto y confirmaron que el niño se había ido con otros amigos a bañarse en el cuerpo de agua, donde se ahogó.Sus acompañantes por miedo habían armado una historia de un secuestro para evitar el castigo de sus padres e hicieron movilizar a todas las autoridades en la búsqueda del niño.El cuerpo del menor fue trasladado a Medicina Legal donde forenses le practicaran la respectiva necropsia.
El general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, afirma que los vuelos a Venezuela por parte de la aerolínea estatal seguirán suspendidos hasta que, por lo menos, haya garantías de que no hay riesgo en la operación.Indicó que a los pasajeros se les ha dado la opción de “devolverles el dinero inmediatamente”, por lo que son los usuarios quienes ahora están revisando sus opciones para saber qué hacer con sus planes de viaje.“Ante la situación y la evidencia formal que se ha presentado de novedades e interferencias tanto en comunicaciones como en navegación, es un punto de no retorno en el aspecto de la seguridad”, indicó Zuluaga. El general agregó que "una vez se superen estas condiciones y tengamos información de los entes internacionales que nos garanticen la continuidad de la operación, pues lo seguiremos haciendo desde que garanticemos que no vamos a tener ningún riesgo".El oficial agregó que, pese a estas cancelaciones, Satena espera cerrar este año con buenas cifras, pues al finalizar el 2025 contará con 200 rutas habilitadas, un crecimiento exponencial que ha permitido hacer presencia en 30 departamentos del país y llegar a zonas donde carecían de conectividad aérea.
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, analizó el sorteo del Mundial 2026 y dejó claro cuál será el objetivo inmediato en la fase de grupos: asegurar la clasificación lo antes posible. “La idea es llegar al tercer partido ya clasificados para poder hacer recambio”, afirmó, recordando que una estrategia similar funcionó en Brasil 2014 y permitió regular cargas con miras a las fases finales.El entrenador reconoció que el emparejamiento tiene un alto componente de fortuna. “No dependen de uno, eso es un poco de azar los sorteos”, dijo al valorar que Colombia enfrentará a Portugal, selección que calificó como “uno de los mejores equipos del mundo”. Sobre Uzbekistán y el tercer rival, admitió que aún son interrogantes, pero insistió en que la prioridad será la preparación interna: “Lo importante es que lleguemos bien nosotros”.Lorenzo destacó que la ‘Tricolor’ contará con una competencia interna fuerte gracias al buen nivel de varios jugadores. Sin embargo, confesó su mayor preocupación: “Es difícil llegar en buen nivel al final de los campeonatos europeos sobre todo. Eso es lo que más me preocupa”, aseguró al referirse al desgaste que enfrentarán los futbolistas antes de la cita mundialista.El técnico también envió un mensaje al grupo que podría asumir minutos en medio de la rotación. “Quiero que el eventual recambio esté atento, mirando el partido y alentando a los compañeros”, dijo, subrayando que el compromiso colectivo será esencial para sostener el rendimiento en un torneo largo y exigente.Sobre las condiciones de juego en Norteamérica, Lorenzo recordó la experiencia reciente en la Copa América. “El calor ya lo afrontamos en Arizona… esa logística un poco la sufrimos”, mencionó, al explicar que la clave será hidratar bien, dosificar entrenamientos y gestionar viajes largos con vuelos chárter. Aseguró que el equipo ya está acostumbrado a competir en esa zona del continente.El duelo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, también fue comentado por el seleccionador. “Son las fiestas del fútbol, eso es lo que hace lindo este deporte”, expresó, celebrando que el Mundial reúna historias, reencuentros y el cariño entre excompañeros y extrrivales que enriquecen el espectáculo global.Al cierre, Lorenzo destacó la evolución del proceso que lidera desde su llegada. Para él, el reconocimiento al trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores confirma que “se ha armado un grupo maravilloso”. Añadió que el principal objetivo ya se cumplió: “Hemos cumplido con devolver a Colombia al Mundial, disfrutemoslo”.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de diciembre de 2025:Daniel Gallo, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano (Sintratac), se pronunció sobre la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela.Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano, habló de la primera gran cita en la antesala del Mundial 2026: el sorteo oficial de la competencia este 5 de diciembre.Además, en Mañanas Blu 10:30 se analizó la situación que atraviesa Venezuela por la suspensión de vuelos desde y hacia ese país, luego de que se confirmara que la medida continuará vigente.Escuche el programa completo aquí:
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 5 de diciembre de 2025:Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló del proyecto de decreto del Gobierno que dejará a millones de afiliados sin seguro para invalidez o muerte.Leonor Espinosa, chef colombiana, dio detalles de su incursión en la política, siendo cabeza de lista a la Cámara por el Partido Liberal en Bogotá.Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, se pronunció sobre la entrega de más de 4.8 millones de firmas a la Registraduría.Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, profundizó acerca de la audiencia pública en donde exintegrantes del Ejército Nacional reconocieron más de 500 falsos positivos en Antioquia.Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, explicó cuáles serán los cambios en el pico y placa para fin de año.Escuche el programa completo aquí:
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
Uno de los puntos claves de la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral al sancionar a los directivos y partidos de la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes, omisión de reporte de gastos y financiación con fuentes prohibidas, es el impacto que genera en otras investigaciones que se adelantan en otros estamentos por estas irregularidades ya comprobadas por la autoridad administrativa.Además de las sanciones y multas económicas que se tomaron en contra del exgerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aidée Mogollón y la auditora María Lucy Soto, así como a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica; en la resolución adoptada, el CNE ordenó también compulsar copias a la Fiscalía para investigar directamente a Roa en calidad de responsable de la campaña, “frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen”.Lo cierto es que la investigación en contra del exgerente de la campaña ya lleva varios meses siendo adelantada en su etapa preliminar desde mediados de 2023 por el fiscal anticorrupción Elkin Ardila Espinosa, en contra de las personas no aforadas en el caso de presunta financiación ilegal e irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, entre ellos Roa.Ardila Espinosa ha adelantado varias diligencias, entre ellas búsquedas selectivas en bases de datos, diligencias en la sede del Pacto Histórico, declaraciones de varias personas relacionadas con la campaña, entre otros.Sin embargo, según fuentes consultadas por BLU Radio, a pesar de los avances realizados por el fiscal Ardila Espinosa, la investigación se ha ralentizado; entre otros factores, por una reestructuración en la entidad adelantada por la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, así como otros cambios internos por la coyuntura electoral del año 2026. Estos cambios han retrasado el trabajo y obligan a los fiscales a estar por lo menos un año más conociendo los temas asignados en dicha reestructuración.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó los alcances del proceso de adquisición de los aviones Gripen de Saab y detalló las comunicaciones recientes con los organismos de control. Según dijo, desde el 18 de noviembre el Ministerio había solicitado formalmente a la Procuraduría y la Contraloría revisar el procedimiento dentro de sus competencias. “Ayer tuve la oportunidad de hablar con el señor contralor general de la República; también había hablado hace ya ocho días con el procurador general”, señaló.El ministro contó que, casi de manera simultánea, llegó un requerimiento de la Contraloría solicitando la misma información. “Nosotros respondimos e informamos que había toda la disposición, en esta era de la desinformación es necesario repetirlo cuantas veces sea necesario para aclarar que estábamos disponibles”, afirmó. Indicó que el Ministerio propuso una mesa de trabajo para compartir documentos clasificados como secretos y ultrasecretos, siempre bajo los procedimientos establecidos. “No hacerlo es simplemente violar los procedimientos”, advirtió.Sánchez confirmó que el contralor convocó al Ministerio a una reunión el próximo 4 de diciembre para presentar de manera detallada la información, con actas de confidencialidad firmadas por todas las partes. Adicionalmente, informó que ya sostuvo conversaciones con los presidentes de las comisiones segundas del Senado y de la Cámara, a quienes se les explicará en sesión privada las decisiones tomadas. “Qué fue lo que adquirió Colombia y cuál fue la decisión que tomó el país”, resumió.El jefe de la cartera se refirió también a los análisis públicos hechos con datos, según él, incompletos. “Aquí no se adquirieron unas aeronaves o 17 aeronaves; aquí se adquirió una capacidad de superioridad aérea”, dijo, precisando que esa capacidad integra funciones de ataque aire-tierra, reconocimiento y otros sistemas complementarios.Finalmente, Sánchez indicó que los estudios comparativos hechos por el equipo multidisciplinar llevaron a la elección del avión de superioridad aérea Saab, que, según dijo, resultó “mucho más costo-eficiente” que otras alternativas evaluadas.
La suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, ordenada por la Procuraduría tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre los archivos de alias ‘Calarcá’, fue confirmada y analizada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El funcionario aseguró que la cartera acatará plenamente la medida y ajustará las actuaciones institucionales según lo que determine el órgano de control.Sánchez explicó que la comunicación llegó de manera reciente y que el Ministerio procederá conforme a las instrucciones impartidas. “Lo que vamos a proceder es acorde a como diga ese fallo, esa determinación de la Procuraduría”, afirmó el ministro, al señalar que la decisión hace parte de los mecanismos de control sobre el funcionamiento de las entidades del Estado.El ministro destacó que la medida envía un mensaje sobre la labor de vigilancia que realizan los entes de control. “Es un mensaje claro, que todas las instituciones estamos velando por la integridad, la legitimidad, la transparencia”, señaló Sánchez, al recalcar que la prioridad de su cartera es mantener la confianza en las Fuerzas Militares y en los organismos de inteligencia.Sobre la decisión de la Procuraduría, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, dijo que los fallos judiciales los acatan estrictamente y una vez sean notificados por el ente de control y se conozca realmente cuál es el alcance del fallo, se procederá en consecuencia.“Lo que de parte de la organización se ha hecho es, una vez se tuvo conocimiento de estos hechos, se abrió una investigación disciplinaria que es la potestad que tiene el comandante del Ejército para poder hacer las averiguaciones y verificaciones. También le solicitamos a nuestra Fiscalía la información que ellos tienen para nosotros poder actuar en este proceso”, dijo el comandante del Ejército.Procuraduría suspende a involucrados en caso 'Calarcá'La Procuraduría abrió esta semana una investigación previa contra ambos, después de que Noticias Caracol revelara presuntas infiltraciones de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) en el Ejército y la DNI, acusaciones que Huertas y Mejía niegan.La investigación periodística obtuvo comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros, en las que se menciona a Huertas y Mejía, supuestamente con el fin de crear una empresa de seguridad de fachada que permitiera a los disidentes moverse en vehículos blindados y portar armamento legal cuando fracasaran los diálogos de paz."El procurador delegado para estos asuntos tomó una decisión que estábamos esperando, faltaban unas pruebas y ya llegaron, se suspende provisionalmente del cargo al señor general Huertas y al funcionario Mejía con efecto inmediato", declaró por su parte a Noticias Caracol el Procurador, Gregorio Eljach.El funcionario aclaró que esta decisión "no quiere decir que se esté declarando su responsabilidad, pero es un paso adelante". Según explicó, la suspensión busca evitar que los involucrados interfieran en la investigación, repitan la conducta señalada o utilicen su cargo para beneficiarse.En un inicio, el presidente, Gustavo Petro, restó importancia al escándalo surgido por la investigación periodística, que también reveló un presunto apoyo de las disidencias a su campaña de 2022, y atribuyó los "errores" de Noticias Caracol a fuentes de la CIA.Más tarde, sin embargo, el mandatario ordenó un análisis de informática forense sobre los chats de alias Calarcá, que supuestamente evidencian la infiltración de las disidencias de las FARC en el Ejército y la DNI."De acuerdo a eso (los resultados del examen forense) tomaré decisiones, no antes, porque es la verdad la que guía mis decisiones", aseguró Petro.
El dramático testimonio de ‘Renata’, una mujer que quedó con una discapacidad del 61 % tras sobrevivir a una violenta agresión en Bogotá, volvió a encender las alarmas sobre la protección a las mujeres en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu 10 AM, de Blu Radio, relató cómo el simple hecho de rechazar a un hombre desencadenó un ataque que transformó su vida para siempre.La mujer contó que vivía con sus dos hijos cuando un vecino comenzó a insistirle para salir con él. Ella siempre se negó. Nunca imaginó que ese límite la pondría en riesgo. “Vivía con mis dos hijos en un barrio de Bogotá. Un hombre enamorado de mí siempre me invitaba a salir; yo le decía que no. Nunca pensé que decir no fuera un problema como el que ese hombre me ocasionó”, afirmó.Según su relato, aquel día accedió a acompañarlo solo con la condición de que dejara de acosarla. Lo que parecía una salida breve terminó convertido en un acto de violencia. “Me invitó a hacer una vuelta. Le dije que sí si no me volvía a molestar. Como estábamos solos, sacó un arma blanca y me empezó a agredir… Estoy agradecida con Dios que me devolvió la vida”, contó.‘Renata’ perdió el conocimiento durante el ataque. Al despertar, como pudo, buscó ayuda: “Me arrastré hasta una casa que había visto y pedí auxilio. La Policía llegó y me dieron primeros auxilios”, recordó.“Después de que me atendieron en el hospital, estuve entubada cuatro meses y logré despertar. Como al año empecé a caminar otra vez”, relató.Lo que más la indigna, asegura, es la respuesta del sistema judicial frente al agresor. “Lo cogieron, lo llevaron a la cárcel poco tiempo y yo aún convivo con él. Su tiempo en la cárcel fue muy poco. Sentí más protección al agresor que a mí”, denunció.A esto se suma la falta de apoyo institucional tras quedar con una discapacidad permanente: “Me indemnizaron donde trabajaba, pero del Estado no he recibido ninguna ayuda. He necesitado el certificado de discapacidad y nadie me resuelve”, lamentó.
El anuncio fue realizado durante la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, presidida por el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti.“Con esta medida contundente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro deja claro que Colombia no permitirá la fabricación de fentanilo ni que el país sea utilizado como corredor para exportarlo. Somos aliados de Estados Unidos y de la comunidad internacional en esta lucha”, afirmó Benedetti.La decisión implica que las seis sustancias empleadas para producir fentanilo, aunque tienen usos lícitos en sectores hospitalarios e industriales, serán sometidas a vigilancia reforzada para evitar su desvío hacia actividades criminales.Además, los ministros anunciaron que el próximo martes a las 10:00 a.m. será radicado en el Congreso un proyecto de ley que penaliza el ingreso, porte, distribución, almacenamiento y exportación de fentanilo, con el fin de cerrar cualquier vacío normativo que facilite su proliferación.“Enviamos un mensaje claro: no vamos a permitir que en Colombia se instalen cocinas de producción de fentanilo ni que se utilice el país como plataforma para el crimen internacional”, señaló Idárraga.Con estas decisiones, el Gobierno nacional refuerza su compromiso con la seguridad, la salud pública y la protección de la vida, frente a una sustancia que ha causado una grave crisis humanitaria en países como Estados Unidos, Canadá y China.
La Procuraduría General de la Nación acaba de tomar una decisión trascendental en cuanto al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, tras las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos entre estos dos funcionarios y las disidencias de alias ‘Calarcá’, el Ministerio Público suspendió provisionalmente y de manera indefinida a Huertas y a Mejía entre tanto avanza la investigación por estos hechos.Esa era una decisión que contemplaba la Procuraduría tras la gravedad de los hechos que son materia de investigación, sobre este punto el procurador General, Gregorio Eljach, confirmó que esta posible suspensión es evaluada “severamente”.Esto en el marco de esas revelaciones sobre unas supuestas infiltraciones de disidencias con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, un alto funcionario del DNI.Además, un disidente habla de reuniones en Bogotá entre jefes del grupo armado y mandos del Ejército para establecer un supuesto "pacto de no agresión”.Según Noticias Caracol, estas menciones incluyen una supuesta colaboración en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Además, de acuerdo con esa información, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, tendría conocimiento de estas pruebas desde hace más de un año, sin que exista un proceso de investigación abierto.