El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que, de acuerdo a la verificación de cámaras de seguridad y testimonios de algunos habitantes, durante el ataque armado por disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, dos presuntos integrantes de ese grupo ilegal murieron en los enfrentamientos con los uniformados.Según registros del Ejército y de la Policía, los cuerpos de los dos disidentes abatidos los subieron en camionetas por los mismos insurgentes cuando huyeron hacia la zona montañosa de la cordillera Central, luego de perpetrar la acción terrorista.“También tenemos un reporte que, a través de un registro de cámaras de videovigilancia, que producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados en tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia la zona del centro poblado de Pacarní”, expuso el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.Entre tanto, expertos antiexplosivos de la Policía, en coordinación con el Ejército, lograron desactivar de manera controlada un cilindro aparentemente cargado con explosivos que fue dejado abandonado por los insurgentes al interior de una entidad bancaria del municipio.Asimismo, las autoridades y la administración municipal adelantan un censo de los daños materiales causados durante la incursión armada, donde varios vehículos, incluyendo una motocicleta, fueron incinerados por los disidentes de las Farc.
El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 5 de diciembre de 2025:Por primera vez, el Mundial de la Fifa tendrá 48 selecciones. Esto amplía la participación global de los equipos.En el sorteo del Mundial 2026, se formaron 12 grupos de 4 equipos cada uno, que irán desde la A hasta la L.En la fase de grupos, Colombia se enfrentará ante Uzbequistán, Portugal y el ganador del repechaje, que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.El cantante Michel Torres habló sobre la canción 'El Tic Tac de mi selección'.Escuche el programa completo aquí:
En Cundinamarca avanza una apuesta educativa sin precedentes: el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cundinamarca, un programa concebido para que los profesionales del ámbito educativo y social se conviertan en investigadores capaces de incidir en sus territorios. Este doctorado, primero en la historia de la Universidad de Cundinamarca y único ofrecido por una institución pública de educación superior en la región, se destaca por integrar tres dimensiones clave: territorio, saber pedagógico y creación de conocimiento. Desde esta perspectiva, la universidad busca aportar al desarrollo humano y a la consolidación de una educación de calidad que responda a los desafíos contemporáneos del país.Una característica central del programa es su estrecha relación con los contextos donde se desarrolla la vida educativa. Las líneas de investigación abordan asuntos como la formación docente, la educación ambiental, los aprendizajes para la paz, la resiliencia comunitaria, la evaluación educativa y las prácticas pedagógicas emergentes. Cada tesis nace de una pregunta surgida en escuelas rurales, instituciones urbanas, organizaciones sociales o entidades estatales que buscan redefinir cómo acompañan, enseñan y gestionan el conocimiento.La modalidad del doctorado también responde a las necesidades de quienes trabajan y estudian al mismo tiempo. El programa se desarrolla de manera presencial en Fusagasugá, con sesiones intensivas los viernes por la tarde y los sábados durante toda la jornada. Este esquema, unido a una duración estimada de entre tres y cinco años y un total de 80 créditos, permite avanzar en los seminarios, la investigación y la escritura de la tesis sin descuidar responsabilidades laborales y familiares.Su enfoque académico se sustenta en la educación transmoderna, corriente que promueve la reflexión crítica y el diálogo entre saberes. Gracias a esta orientación, los doctorandos participan en seminarios teóricos, talleres especializados, electivas de profundización, estancias académicas y redes académicas nacionales e internacionales. La meta es que cada estudiante consolide una voz investigativa propia y pueda posicionarse en debates contemporáneos sobre educación.El impacto de este proceso formativo se refleja en el perfil del egresado: un investigador autónomo, con capacidad para diseñar propuestas educativas, diagnosticar problemas y liderar iniciativas transformadoras en diferentes ámbitos sociales. Esta cualificación abre caminos profesionales en cargos directivos, consultorías, gestión de proyectos, trabajo comunitario y creación de programas pedagógicos innovadores.Uno de los aspectos más valorados del doctorado es su énfasis en la aplicabilidad del conocimiento. Las investigaciones no se quedan en el papel: se convierten en libros, artículos, modelos de intervención, recomendaciones de política pública, estrategias curriculares y propuestas comunitarias que fortalecen la vida educativa de los territorios. Las imágenes que acompañan estas iniciativas suelen mostrar esa doble dimensión del programa: discusiones académicas rigurosas y trabajo directo con comunidades rurales, grupos juveniles o colectivos étnicos.En materia económica, el costo por semestre es de $12.812.000 durante los primeros cuatro semestres y de $8.541.000 a partir del tercer año. La UDEC ofrece, además, un descuento del 20 % para egresados y otro del 10 % por certificado electoral, ambos acumulables.Quienes estén interesados pueden comunicarse con el Instituto de Posgrados de la Universidad de Cundinamarca o escribir al WhatsApp 317 401 5845 para conocer requisitos, fechas de admisión y opciones de financiación.
Frente al aumento de asesinatos, desplazamientos y amenazas contra líderes sociales, indígenas y afrodescendientes, las comunidades del Cauca, junto con la Arquidiócesis de Popayán y diversas organizaciones sociales, convocaron una jornada simbólica denominada “Día Blanco por la Paz del Cauca”, que busca hacer visible la difícil situación humanitaria que enfrenta la región.El evento central, llamado “SOS humano y luminoso”, se desarrollará de manera simultánea en cerca de 20 municipios del departamento. A las 10:00 de la mañana, habitantes de zonas urbanas y rurales formarán con sus cuerpos la frase “SOS Cauca”, como un llamado colectivo de auxilio y esperanza. Al caer la noche, se encenderán luces y velas blancas en hogares, calles y espacios públicos, simbolizando la unión y el deseo de detener la guerra que afecta al suroccidente colombiano.La iniciativa, de carácter ciudadano y pacífico, reúne a cabildos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes, parroquias, organizaciones sociales, juntas de acción comunal y colectivos culturales, que buscan enviar un mensaje de unidad más allá de diferencias políticas o ideológicas. “El Cauca se cansó de la muerte. Este SOS es por la vida, por la paz y por la dignidad de todos”, señalaron los convocantes.La movilización pretende llamar la atención del Estado y de los actores armados para que cesen los ataques contra la población civil y se garantice la presencia integral del Estado en los territorios. Según la Arquidiócesis de Popayán, la jornada será “un gesto luminoso de fe, esperanza y resistencia frente a la oscuridad que deja la violencia”.En los últimos meses, el departamento del Cauca ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, asesinatos de líderes y confinamientos de comunidades enteras, lo que ha llevado a las organizaciones locales y a la Iglesia a lanzar este llamado urgente a la conciencia del país.El “SOS humano y luminoso” busca no solo rendir homenaje a las víctimas, sino reafirmar que la paz territorial es posible si el país escucha el clamor de las comunidades que, desde sus territorios, siguen apostándole a la vida.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
La exposición “Reconocer la máscara”, curada por Angelina Guerrero, propone un análisis profundo y sensorial sobre la identidad en tiempos marcados por la tecnología y la vigilancia. Desde una perspectiva que combina lo poético, lo político y lo ritual, la muestra parte de la idea de que “reconocer es como un espejo que se lee en dos direcciones”, estableciendo así la noción de doble mirada que atraviesa todo el proyecto. En este juego de opuestos, lo que se revela y se oculta, lo que se protege y se expone la máscara emerge como dispositivo central para entender la pluralidad contemporánea.El proyecto sostiene que la máscara es un territorio donde coexisten “dos fuerzas opuestas: la del disfraz y la del descubrimiento”. Esta tensión invita a cuestionar la relación entre apariencia e identidad, especialmente en una era saturada de imágenes, algoritmos y sistemas de reconocimiento facial. En este contexto, la exposición se pregunta: “¿Qué ocurre cuando decidimos no ser reconocibles?” La respuesta se despliega a través de obras que sugieren que cubrirse puede ser una forma de resistencia ante la hiperexposición digital, una manera de evadir la clasificación y reivindicar la multiplicidad del ser.Las piezas exhibidas también recuperan la dimensión ancestral y simbólica de la máscara. Según el texto curatorial, “las máscaras poseen la capacidad de elevar el objeto a la dignidad de la cosa, devolviéndole su sentido original de contener vida, memoria y espíritu”. Esta idea se refleja en el uso de materiales como madera, cerámica, vidrio, tierra, cera o fique, que evocan prácticas rituales y vínculos con la naturaleza. Al mismo tiempo, la muestra subraya la pregunta contemporánea “Are we robots?”, incorporando un diálogo entre lo humano y lo artificial que atraviesa la propuesta.El conjunto de artistas participantes, Camilo Pachón, Daniel Jiménez, Danielle Kovalski Monsonego, María Roldán Ruíz, Mateo López, Miguel Cárdenas, Nor@ Renaud, Rosana Escobar, Salvador Jiménez-Flóres y Santiago Lemus, presenta obras que funcionan como “fragmentos de posibles rostros”. Cada pieza actúa como una superficie de identidad superpuesta, una epidermis simbólica que remite tanto a los orígenes míticos de la máscara como a su vigencia en la cultura visual actual. La muestra destaca que estas formas pueden remitir a “cuernos, plumas, antenas, pelos, colmillos”, señales de una genealogía que enlaza lo animal, lo humano y lo espiritual.La exposición también incorpora experiencias performativas. Se anuncian encuentros de danza y ritual que buscan recordar que “la máscara no es un objeto inmóvil sino un gesto que respira”. En estos espacios, la metamorfosis se convierte en acción, reforzando la noción de que “reconocer la máscara es aceptar que detrás del rostro hay muchos otros”.Dónde ver la exposición“Reconocer la máscara” se encuentra abierta al público en Espacio KB, ubicado en la Calle 74 # 22-20, en Bogotá. La muestra estará disponible entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025, permitiendo a los visitantes acercarse a esta reflexión sobre lo visible, lo oculto y las nuevas identidades que emergen en un mundo híbrido entre lo ritual y lo tecnológico.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, radicó una queja formal ante la Procuraduría contra el general Juan Miguel Huertas, del Ejército, y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes, según las revelaciones de Noticias Caracol, estarían involucrados, presuntamente, en casos de filtración de información a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.“Lo que está en juego es la seguridad nacional. No puede haber ambigüedad ni silencio institucional frente a funcionarios que aparecen mencionados en archivos de una estructura terrorista. Colombia merece transparencia y verdad”, dijo la senadora Cabal.La precandidata presidencial solicitó medidas de suspensión provisional contra los dos funcionarios mientras avanza la investigación, además de la recolección de pruebas en el caso.“Colombia no puede permitir que quienes tienen responsabilidades de mando y de protección del Estado queden bajo la sombra de vínculos con estructuras criminales. La Procuraduría debe actuar con celeridad y firmeza”, agregó Cabal.
Un documento oficial del Gobierno de Estados Unidos, revelado por el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, confirma que la oferta presentada a Colombia en 2022 para la compra de aviones de combate F-16 incluía aeronaves totalmente nuevas, modelo F-16C y F-16D Block 70, con todo su equipamiento y soporte logístico. El archivo, identificado como Price and Availability (P&A) Data CO-D-024, fue emitido con base en una carta de intención enviada por la Fuerza Aérea Colombiana el 29 de noviembre de 2022.Según el documento, la propuesta contemplaba la entrega de 16 aeronaves nuevas: 12 F-16C y 4 F-16D, junto a sistemas de apoyo, repuestos, entrenamiento, servicios logísticos integrados, simuladores y construcción de infraestructura necesaria para operar los equipos. La validez de esta oferta se extendía hasta el 31 de julio de 2024.El valor total estimado ascendía a 3.137 millones de dólares, equivalentes hoy a 11,8 billones de pesos, cifra inferior a los aproximadamente 16 billones de pesos que finalmente costó la compra de los aviones Gripen de fabricación sueca. De haberse aceptado, los F-16 habrían comenzado a llegar al país a partir de 2027.Una oferta perdida y un antecedente claveEl contexto de esta negociación se remonta al año 2022. Blu Radio conoció que, antes de la propuesta estadounidense de aviones nuevos, Colombia había recibido una oferta considerada “una ganga” por parte del Gobierno de Dinamarca: una flota de aviones F-16 usados, en muy buen estado, con precios entre 2,5 y 6,5 millones de dólares por unidad. Esta operación estaba vinculada a la transición danesa hacia los F-35.Aunque la negociación avanzaba y había un CONPES aprobado durante el gobierno del presidente Iván Duque, la administración del presidente Gustavo Petro no dio vía libre para concretarla. Argentina, en cambio, sí aprovechó la oportunidad y posteriormente adquirió esos mismos aviones F-16 daneses en un acuerdo firmado durante el gobierno de Javier Milei.Las dos ofertas de Estados Unidos para ColombiaTras descartarse la compra de aviones usados, Estados Unidos presentó dos ofertas formales para aviones nuevos F-16 Block 70:Una por 24 aeronavesOtra por 16 aeronaves, que corresponde a la incluida en el documento revelado.Ambas estaban acompañadas de equipamiento completo y soporte integral. El Gobierno de Estados Unidos aclaró, además, que no entrega su tecnología a fabricantes como Saab, lo que constituía una diferencia frente a la propuesta sueca de los Gripen, que utilizan motores General Electric. Washington también señaló que no firma offsets, un tipo de compensación económica y social que sí formó parte del acuerdo firmado entre Colombia y Saab para los Gripen.Decisión finalLa oferta estadounidense expiró el 31 de julio de 2024. Finalmente, en noviembre de 2025, Colombia optó por adquirir los aviones Gripen, por un valor estimado de 3.652 millones de dólares, equivalentes hoy a 13,9 billones de pesos.
Un violento ataque sicarial sacudió este miércoles a la ciudad de Ibagué, luego de que hombres armados en motocicleta abrieran fuego contra un bus que hacía parte de un cortejo fúnebre que avanzaba por la calle 37, a pocos metros de la avenida del Ferrocarril. El ataque desató el caos en una de las zonas más transitadas de la capital tolimense.El atentado dejó, en principio, siete personas heridas, todas trasladadas de inmediato a centros asistenciales. Sin embargo, una de ellas, identificada como Jeison Sánchez, de 26 años, murió en la sala de reanimación del Hospital Federico Lleras Acosta por la gravedad de las lesiones. Otras dos víctimas permanecen en estado crítico.El primer parte médico lo entregó a Blu Radio el gerente encargado del Hospital Federico Lleras Acosta, Diego Fernando Padilla: “Se presentó el ingreso de siete pacientes por heridas con arma de fuego. De estos pacientes, tres son mujeres, cuatro son hombres. De las tres mujeres, una paciente en condición crítica, actualmente en procedimiento quirúrgico, una paciente con pronóstico reservado, bajo manejo especializado y un paciente que permanece aún en observación. De los hombres, un paciente, pese a los esfuerzos médicos en la sala de reanimación, falleció. En la actualidad, un paciente en estado crítico con requerimiento quirúrgico y dos pacientes que permanecen en observación”.¿Qué pasó con el cortejo fúnebre?La caravana se dirigía al sepelio de James Avellaneda Rodríguez, asesinado el domingo anterior en el barrio Jardín Santander. Avellaneda, al igual que su expareja Claudia Ramos, quien fue ultimada a tiros en septiembre en el barrio Nueva Castilla, registraba antecedentes por concierto para delinquir y microtráfico.El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Edixon Mora, confirmó que el ataque fue directo contra el vehículo que hacía parte del cortejo.“Una motocicleta intercepta un automóvil que se desplazaba en una caravana fúnebre y dispara en varias ocasiones, dejando personas lesionadas y una fallecida”, señaló el coronel.Las autoridades revelaron que la víctima mortal, Jeison Sánchez, tenía 10 anotaciones judiciales, entre ellas homicidio, porte ilegal de armas y lesiones personales. Su última captura se había registrado el 13 de junio de 2024, por homicidio ocurrido dos días antes; sin embargo, recuperó la libertad por vencimiento de términos.Tras el ataque, unidades policiales iniciaron una persecución que se extendió hasta el sector del barrio El Bosque, donde se cree que huyeron los responsables. Continúan los operativos para localizarlos, mientras se espera un pronunciamiento oficial con avances de la investigación.Este nuevo hecho de sangre genera preocupación en la ciudad, al evidenciar una escalada de retaliaciones criminales que ya deja múltiples víctimas en la capital del Tolima.
Por medio de un trino en su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que sostuvo una conversación con el contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en la que reiteró su disposición para participar en la mesa de trabajo propuesta por el ente de control. El encuentro estará destinado a entregar información detallada sobre la firma del contrato con la empresa sueca SAAB, que contempla la adquisición de 17 aeronaves de superioridad aérea Gripen E y F.Esto ocurre luego de que la Contraloría iniciara un proceso de vigilancia y control fiscal sobre la adquisición de las aeronaves, señalando que el Ministerio de Defensa no había entregado la información completa del contrato con SAAB. La cartera argumentó que parte de la documentación tiene carácter reservado por razones de seguridad nacional, motivo por el cual el ente de control propuso la mesa de trabajo.El ministro Pedro Sánchez señaló que pondrá a disposición toda la documentación técnica del proceso, desarrollada conforme a los protocolos establecidos. Este paquete informativo abarcará aspectos clave del proyecto, como los programas de entrenamiento, los equipos asociados, el soporte logístico, el armamento y los insumos necesarios para garantizar la operación integral del sistema aéreo Gripen.“La transparencia es un pilar fundamental para proteger la soberanía y garantizar el adecuado uso de los recursos públicos. Los colombianos pueden tener la absoluta tranquilidad de que este proceso se desarrolló con responsabilidad, rigor técnico y pensando en los intereses estratégicos de la nación”, mencionó.El funcionario recordó que el pasado 18 de noviembre el ministerio ya había solicitado a los organismos de control revisar el contrato suscrito el 14 de noviembre de 2025. Dichas comunicaciones fueron enviadas tanto a la Contraloría General de la República, dirigida a la contralora delegada para el Sector Defensa y Seguridad, Doris Noemí Pizarro Melgarejo, como a la Procuraduría General de la Nación, dirigida al procurador general, Gregorio Eljach.En esas solicitudes, el ministerio pidió que se adelantaran auditorías sobre el contrato para verificar su legalidad, transparencia y correcta ejecución dentro de las competencias de cada organismo.Finalmente, el ministro Sánchez anunció que el Gobierno presentará en diciembre, ante las Comisiones Segundas del Senado y de la Cámara, la capacidad operativa contratada para garantizar el cumplimiento de la misión constitucional, reafirmando que el proceso avanza con plena transparencia y coordinación institucional.
En las noches de cualquier ciudad del país la escena se repite: alguien pide un viaje por la aplicación, mira la pantalla, espera… y de repente el conductor cancela. O peor, ni siquiera acepta. El pasajero, resignado, vuelve a intentarlo, mientras piensa si el destino fue el problema o si simplemente tuvo mala suerte. Esa incertidumbre, que se ha vuelto parte del ritual de moverse por plataformas, dice más de lo que parece.Desde que surgieron las aplicaciones de transporte , usuarios y conductores adoptaron pequeños gestos: compartir la ubicación, avisar la placa, monitorear el trayecto en tiempo real, entre otros. La seguridad pasó de ser un asunto individual y empezó a construirse con tecnología, intuición y costumbres que cada persona fue conociendo para reducir riesgos.En ese contexto, un estudio reveló por qué los conductores limitan sus viajes en apps. inDrive encuestó a más de 1.500 personas en cinco ciudades de Colombia para entender cómo se sienten hoy quienes usan y quienes prestan servicios de movilidad en plataformas digitales. El resultado revela que la confianza sigue creciendo, pero también persisten brechas que no se pueden resolver solo con herramientas de la aplicación.¿Por qué los conductores limitan sus viajes? Estudio por fin lo aclaraAunque las herramientas tecnológicas reciben una valoración muy positiva, el 55% de los usuarios las califica como “muy buenas”, pero esto no es suficiente para borrar la sensación de vulnerabilidad que acompaña ciertos trayectos.De acuerdo con la investigación, tanto pasajeros como conductores coinciden en que la geolocalización en tiempo real es la función que más protección ofrece, así lo indicaron el 35% de los usuarios y el 41% de los conductores. Además, el 53% de los pasajeros dice sentirse más tranquilo cuando comparte su recorrido.Sin embargo, detrás de la manera en que se mueven los conductores hay una razón de mayor peso. El estudio confirma que el 74% limita sus rutas debido a la inseguridad, mientras el 29% de los pasajeros también evita zonas u horarios que consideran riesgosos, entre ellos están:Las madrugadas.Los sectores identificados como peligrosos.Las rutas con antecedentes de incidentes se han convertido en fronteras invisibles.Robos, tensiones y desconfianza también influyenEl hurto es la preocupación más frecuente. El 26% de los usuarios lo ve como su principal temor, y entre los conductores que han vivido incidentes, es también la situación más común. Incluso quienes nunca han sido víctimas sienten el riesgo, un indicio de que la percepción supera a la experiencia.A esto se suman tensiones dentro del servicio:Conductores reportan agresiones verbales y pasajeros bajo efectos del alcohol.Usuarios mencionan conducción peligrosa (15%) y placas inconsistentes (14%) con la app.Frente a esto, la investigación menciona que “ninguno de estos problemas se resuelve solo con botones de emergencia; requieren control, formación y reglas que se cumplan de manera estricta”.Otras de las cifras, revelan que ambas partes, piden controles más fuertes: 38% de los pasajeros quiere verificaciones más estrictas de antecedentes para los conductores y el 25% de los conductores exige filtros rigurosos para los usuarios.Asimismo, alrededor del 30% de los encuestados cree que una mayor presencia de la Policía Nacional mejoraría notablemente la seguridad del sistema. “Las plataformas, aunque ofrecen monitoreo y trazabilidad, necesitan del respaldo institucional para cerrar brechas que siguen abiertas”.El estudio concluye que el monitoreo en tiempo real ha ayudado a dar confianza a quienes usan las aplicaciones de transporte, pero también confirma que la seguridad en la movilidad es una tarea compartida entre aplicaciones, autoridades y ciudadanos.
Las revelaciones del medio sueco Expressen sobre la supuesta “vida de millonaria” que estaría llevando la primera dama Verónica Alcocer en Suecia siguen generando reacciones. Ahora, un video captado por periodistas en Estocolmo volvió a poner el tema en el centro del debate, luego de que Alcocer evitara dar declaraciones argumentando que no habla inglés, pese a que, según fuentes de Casa de Nariño, viajó hace más de seis meses a ese país precisamente para estudiar ese idioma.En las imágenes, Alcocer aparece acompañada por Manuel Grau, un millonario catalán cercano a la familia presidencial, y junto con ellos una persona cuyo rostro fue ocultado por los reporteros. El presidente Gustavo Petro aclaró más tarde que se trataba de Antonella Petro, su hija menor de edad, y denunció una persecución mediática que, según él, ya alcanza incluso a menores en el extranjero.A través de su cuenta de X, Petro explicó que su hija había viajado “hace dos días” para visitar a su madre en Suecia y que, desde su salida de Colombia, su itinerario habría sido seguido. Según el mandatario, en el aeropuerto y luego en la ciudad “comenzaron a seguirla hasta donde vive su madre”, y el video divulgado no fue grabado frente a una tienda de lujo, sino a las afueras del lugar donde se hospeda la menor tras llegar de Bogotá.“Así va la persecución a mi familia, hasta a menores de edad en un país democrático”, concluyó Petro.