El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que, de acuerdo a la verificación de cámaras de seguridad y testimonios de algunos habitantes, durante el ataque armado por disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, dos presuntos integrantes de ese grupo ilegal murieron en los enfrentamientos con los uniformados.Según registros del Ejército y de la Policía, los cuerpos de los dos disidentes abatidos los subieron en camionetas por los mismos insurgentes cuando huyeron hacia la zona montañosa de la cordillera Central, luego de perpetrar la acción terrorista.“También tenemos un reporte que, a través de un registro de cámaras de videovigilancia, que producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados en tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia la zona del centro poblado de Pacarní”, expuso el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.Entre tanto, expertos antiexplosivos de la Policía, en coordinación con el Ejército, lograron desactivar de manera controlada un cilindro aparentemente cargado con explosivos que fue dejado abandonado por los insurgentes al interior de una entidad bancaria del municipio.Asimismo, las autoridades y la administración municipal adelantan un censo de los daños materiales causados durante la incursión armada, donde varios vehículos, incluyendo una motocicleta, fueron incinerados por los disidentes de las Farc.
El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
La exposición “Reconocer la máscara”, curada por Angelina Guerrero, propone un análisis profundo y sensorial sobre la identidad en tiempos marcados por la tecnología y la vigilancia. Desde una perspectiva que combina lo poético, lo político y lo ritual, la muestra parte de la idea de que “reconocer es como un espejo que se lee en dos direcciones”, estableciendo así la noción de doble mirada que atraviesa todo el proyecto. En este juego de opuestos, lo que se revela y se oculta, lo que se protege y se expone la máscara emerge como dispositivo central para entender la pluralidad contemporánea.El proyecto sostiene que la máscara es un territorio donde coexisten “dos fuerzas opuestas: la del disfraz y la del descubrimiento”. Esta tensión invita a cuestionar la relación entre apariencia e identidad, especialmente en una era saturada de imágenes, algoritmos y sistemas de reconocimiento facial. En este contexto, la exposición se pregunta: “¿Qué ocurre cuando decidimos no ser reconocibles?” La respuesta se despliega a través de obras que sugieren que cubrirse puede ser una forma de resistencia ante la hiperexposición digital, una manera de evadir la clasificación y reivindicar la multiplicidad del ser.Las piezas exhibidas también recuperan la dimensión ancestral y simbólica de la máscara. Según el texto curatorial, “las máscaras poseen la capacidad de elevar el objeto a la dignidad de la cosa, devolviéndole su sentido original de contener vida, memoria y espíritu”. Esta idea se refleja en el uso de materiales como madera, cerámica, vidrio, tierra, cera o fique, que evocan prácticas rituales y vínculos con la naturaleza. Al mismo tiempo, la muestra subraya la pregunta contemporánea “Are we robots?”, incorporando un diálogo entre lo humano y lo artificial que atraviesa la propuesta.El conjunto de artistas participantes, Camilo Pachón, Daniel Jiménez, Danielle Kovalski Monsonego, María Roldán Ruíz, Mateo López, Miguel Cárdenas, Nor@ Renaud, Rosana Escobar, Salvador Jiménez-Flóres y Santiago Lemus, presenta obras que funcionan como “fragmentos de posibles rostros”. Cada pieza actúa como una superficie de identidad superpuesta, una epidermis simbólica que remite tanto a los orígenes míticos de la máscara como a su vigencia en la cultura visual actual. La muestra destaca que estas formas pueden remitir a “cuernos, plumas, antenas, pelos, colmillos”, señales de una genealogía que enlaza lo animal, lo humano y lo espiritual.La exposición también incorpora experiencias performativas. Se anuncian encuentros de danza y ritual que buscan recordar que “la máscara no es un objeto inmóvil sino un gesto que respira”. En estos espacios, la metamorfosis se convierte en acción, reforzando la noción de que “reconocer la máscara es aceptar que detrás del rostro hay muchos otros”.Dónde ver la exposición“Reconocer la máscara” se encuentra abierta al público en Espacio KB, ubicado en la Calle 74 # 22-20, en Bogotá. La muestra estará disponible entre el 1 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025, permitiendo a los visitantes acercarse a esta reflexión sobre lo visible, lo oculto y las nuevas identidades que emergen en un mundo híbrido entre lo ritual y lo tecnológico.
Tres integrantes del Resguardo Indígena de Totoró, pueblo Totoroez, fueron secuestrados en las últimas horas por grupos armados que delinquen en el departamento del Cauca. Se trata de Milton Jiménez, Cristina Quiguanás y su hijo Jordy Jiménez, quienes fueron interceptados por hombres encapuchados cuando se movilizaban por la vía hacia la zona de Alta Mira.Según información preliminar, los delincuentes los habrían trasladado hacia áreas limítrofes con Guambía, Mosoco o Jambaló, sectores ubicados en el nororiente del departamento del Cauca. Este caso fue denunciado por el líder indígena y representante a la Cámara por el Cauca, Ermes Pete, perteneciente al Resguardo Indígena de Totoró, pueblo Totoroez, en el municipio de Silvia, quien rechazó lo ocurrido.En la zona donde fueron secuestrados los tres indígenas se enfrentan abiertamente las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que las autoridades investigan si alguno de estos dos grupos estaría detrás de la retención de las tres personas.Ante este hecho, comunidades indígenas, habitantes de Silvia y colectivos sociales solicitan a las autoridades competentes activar los mecanismos de búsqueda y protección, mientras continúan en diálogo con líderes y autoridades del territorio para ejercer presión civil que permita su pronta liberación.Cabe recordar, a propóstio de los más recientes sucesos violentos en el departamento, que comunidades del Cauca se unirán el próximo domingo, 7 de diciembre, en un gran llamado nacional por la paz y la vida, frente al aumento de asesinatos, desplazamientos y amenazas contra líderes sociales, indígenas y afrodescendientes, uno de ellos, perpetrado recién el pasado jueves, cuando tres civiles y un uniformado de la Policía Nacional fueron las víctimas de un atentado con explosivos lanzado desde un dron en Morales, norte del departamento.
Ante el crecimiento del turismo en Colombia, este tipo de actividades se han vuelto en un área primordial en las autoridades locales que buscan manera de potenciar la oferta y llamar la atención de miles turistas a sus principales destinos, como ha sido el caso del Valle del Cauca en los últimos años.Ahora, la Gobernación del Valle, en cabeza de Dilian Francisco Toro, anunció una inversión de más de 26.000 millones de pesos para cinco municipios, puntualmente para cinco proyectos que impulsarán el turismo del departamento.“Desde la Gobernación estamos impulsando una transformación histórica en la infraestructura turística de nuestro departamento. Tendremos cinco proyectos en los que invertiremos más de $26.000 millones, una apuesta estratégica para dignificar nuestros destinos, fortalecer su competitividad y abrir nuevas oportunidades para las comunidades”, explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres.Por eso, los municipios de Alcalá, Roldanillo, Túlua y Ulloa recibirán un fuerte apoyo de inversión multimillonaria para incentivar hasta un 15 % el crecimiento de turistas en estas zonas.Alcalá, Roldanillo, Tulúa y Ulloa cecibirán inversión en turismoAlcalá: se construirá el Bioparque Puerta de Alcalá, un espacio que integrará conservación, educación ambiental y turismo de naturaleza. El diseño contempla estructuras inspiradas en los samanes, senderos que respetan el ecosistema y zonas destinadas al avistamiento de aves.Roldanillo: el Mirador del Cerro de las Tres Cruces será renovado con senderos ecológicos, nuevos puntos de observación, servicios sanitarios, mobiliario accesible e iluminación eficiente. Tuluá: la recuperación del Lago Chilicote como ecoparque, pensado para actividades recreativas y de educación ambiental. La segunda es el Mirador–Santuario de la Cruz del Picacho, que incluirá una cruz de 60 metros, plazoletas, senderos accesibles e iluminación artística. Ulloa: en muralismo, recuperación de fachadas y embellecimiento de vías de acceso. El objetivo es reforzar la identidad cafetera y potenciar el atractivo cultural del municipio, especialmente dentro de las rutas turísticas regionales.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
Este viernes en la Registraduría Especial de Barranquilla, el partido Cambio Radical realizó la inscripción de candidatos al senado de la república. El acto estuvo precedido por el líder de esta casa política Fuad Char, quién llegó acompañado de su hijo Arturo.El exsenador respondió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamarlo a juicio por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción agravada de su fragante. Afirmó que se siente tranquilo pues “jamás ha comprado votos” y que lleva ocho años en el proceso, con la tranquilidad de que podrá demostrar su inocencia.“Yo jamás he comprado un voto, gracias a Dios nunca he necesitado de ese tipo de de comportamiento, la verdad casi siempre hago mi campaña, siempre la hice aquí en el departamento del Atlántico porque nunca necesité ir fuera de El Atlántico, que es donde la gente me quiere y la gente me conoce”, enfatizó.Aunque a lo largo del proceso judicial que se le sigue en su contra se le ha señalado de haber realizado un acuerdo con la excongresista Aida Merlano para comprar votos en el Atlántico en la carrera para llegar al congreso de la República, Arturo Char negó que tuviera algún vínculo con la hoy condenada por el escándalo conocido como Casa Blanca: “Es una señora con la que nunca tuve relación de ningún tipo. La conocía porque era congresista, pero nunca tuve relación con ella”, puntualizó.Si bien se hablaba de una alta posibilidad de que Arturo Char decidiera lanzarse de nuevo al Senado, este viernes la expectativa culminó luego de que confirmara que no inscribió su candidatura.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.
Las alertas encendidas por las autoridades continúan generando ajustes en la operación aérea entre Colombia y Venezuela, luego de las advertencias emitidas recientemente por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que llevó a varias aerolíneas a revisar y revaluar sus itinerarios.En medio de este escenario, Avianca confirmó una nueva reprogramación de vuelos que estaban previstos para este jueves, 27 de noviembre, y anunció que los vuelos serán postergados para el viernes 5 de diciembre, mientras se mantiene el monitoreo de la situación.La compañía informó que no se descarta que estas modificaciones puedan seguir presentándose en los próximos días, debido a que la medida se encuentra en constante evaluación y depende de las conclusiones de los estudios de seguridad que fueron acordados entre las aerolíneas y la Aeronáutica Civil. Ante este panorama, Avianca comunicó varias alternativas para los usuarios que tenían vuelos programados en la ruta hacia Venezuela.Los pasajeros podrán optar por reprogramar el viaje en la misma ruta sin costo adicional, siempre que exista disponibilidad, y con la posibilidad de viajar hasta un año después, desde la fecha original del vuelo. También se habilitó la opción de cambiar el trayecto con origen o destino a Cúcuta sin cobros extra y sujeto a la capacidad en los vuelos disponibles. Quienes prefieran no tomar ninguna de estas alternativas tendrán la posibilidad de solicitar el reembolso correspondiente a los trayectos no utilizados.La aerolínea recordó que todos estos cambios pueden gestionarse a través del contact center, los puntos de venta oficiales o las agencias de viaje en caso de que el tiquete haya sido adquirido por esta vía. Avianca reiteró que la atención a los pasajeros continuará siendo prioritaria durante el periodo que duren las revisiones de seguridad.
Las empresas comercializadoras de energía venían alertando por la deuda acumulada del Gobierno por subsidios a los estratos 1, 2 y 3, estimada en 2,8 billones de pesos. En medio de esta presión financiera, el Ministerio de Minas y Energía anunció medidas para devolver liquidez al sector y estabilizar el flujo de recursos.Durante la XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica de Asocodis, el ministro Edwin Palma informó que ya está operando el mecanismo de cesión de derechos de subsidios, que permite a las empresas adelantar los recursos que el Estado les debe. Según el funcionario, este esquema ya ha generado desembolsos cercanos a 300.000 millones de pesos, y las negociaciones podrían superar el tope de 600.000 millones autorizado para este proceso.Palma también anticipó que a comienzos de 2026 el Gobierno realizará un desembolso masivo de subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que ayudará a aliviar las presiones en caja y garantizar la prestación del servicio en todo el país.“Lo que no puede pasar es que siga aumentando el presupuesto del General de la Nación para destinarlos a subsidios de energía y por eso también recibimos esa propuesta precisamente de Asocodis, una iniciativa de regular vía decreto para reducir el uso de recursos públicos destinados a subsidios y que podamos tener una revisión por consumos”, indicó el ministro.El ministro hizo un llamado a revisar la forma en que se asignan los subsidios para evitar que el presupuesto nacional siga creciendo por encima de lo previsto. Además, reiteró que su “decisión política” es garantizar la seguridad energética del país, asegurando que no falte ni gas ni energía, pese a las limitaciones actuales.El ministro confirmó que la idea es que la reducción del gasto se haga con base en el consumo y sin afectar a los hogares más vulnerables.“No podemos permitir que el presupuesto siga asumiendo un gasto creciente. No se trata de quitar los subsidios a quienes los necesitan, sino de evitar que los reciban personas con capacidad de pago”, señaló Palma.El jefe de la cartera también anunció que la próxima semana se presentará un plan de choque para asegurar el suministro de gas a precios razonables.En cuanto a la transición energética, confirmó avances:2,4 gigavatios listos para conexión en la Costa Caribe.5,8 gigavatios que serán reasignados a proyectos en operación real.El ministro advirtió que las obras de expansión no se detendrán y que, si los operadores de red no las ejecutan, el Gobierno las subastará, con prioridad en la Costa Caribe.Decisiones sobre Air-e y regulaciónSobre la situación de Air-e, el jefe de cartera reiteró que tomará “decisiones políticas” para garantizar la continuidad del servicio en la región. Aseguró también que el problema con la compañía no solo es jurisdicción de la Costa Caribe sino de todo el país.“Todas las puertas están abiertas. No vamos a hacer nada que agrave la situación de las compañías de distribución ni que ponga en riesgo el sistema eléctrico”, concluyó.Por todo esto, Palma anunció que el Gobierno seguirá activo en la discusión regulatoria dentro de la CREG, revisando la metodología de comercialización y evaluando alternativas como la titularización de la opción tarifaria para subsanar las deudas con la empresa.
Con esta decisión, los PDET, creados para impulsar la transformación social y económica de las zonas más afectadas por el conflicto armado, tendrán continuidad hasta el año 2037. La iniciativa fue presentada por las curules de paz y recibió el respaldo mayoritario en el Senado.El director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, explicó que la prórroga busca garantizar la consolidación de los avances logrados y atender los retos pendientes. “Aunque se han logrado progresos como la reducción de la pobreza multidimensional en más de ocho puntos y el fortalecimiento institucional de alcaldías y gobernaciones PDET, aún falta camino para lograr una transformación estructural de los territorios”, señaló.Delgado resaltó que los municipios PDET abarcan más de un tercio del territorio nacional, concentran una alta presencia de población étnica y comunidades rurales, y poseen ecosistemas de gran valor ambiental. Según dijo, los próximos años serán clave para consolidar economías legales, mejorar la infraestructura local y fortalecer la gestión territorial.Por su parte, Diógenes Quintero, representante de la curul de paz del Catatumbo, indicó que la extensión permitirá que el Estado mantenga su presencia en los territorios y continúe los procesos de desarrollo iniciados. “Son diez años más de oportunidad para transformar las condiciones de vida de campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas”, afirmó.Con la aprobación de esta ley, los PDET contarán con una nueva fase de ejecución orientada a cerrar brechas sociales y económicas, fortalecer las instituciones locales y avanzar en la construcción de paz desde las regiones.
El Banco Agrario, sexto banco con más utilidades del país y la entidad pública con mayor volumen de activos, ha estado recientemente en el foco mediático por presuntas presiones internas relacionadas con la aprobación de créditos a empresas vinculadas con la familia Alcocer. La entidad es presidida por Hernando Chica Zuccardi, cercano al presidente Gustavo Petro y con una antigua amistad con Verónica Alcocer, quien promovió su llegada al banco en 2022. La primera dama y Chica, ambos nacidos en Sincelejo, comparten lazos familiares y políticos en Sucre.El origen de la controversia radica en la solicitud de créditos y un contrato de arrendamiento a favor de empresas de María Teresa Alcocer y su hermano Juan Carlos Alcocer. Aunque uno de los préstamos fue desembolsado, otros permanecen detenidos por el alto riesgo reputacional documentado por funcionarios del banco. En ese contexto, surgieron cuestionamientos sobre posibles vínculos del oficial de cumplimiento del SARLAFT con la familia Alcocer, tema que motivó su intervención pública.“No tengo relación con esa familia”: Gutiérrez respondeEn entrevista con Mañanas Blu, Alfredo Gutiérrez Cayón, oficial de cumplimiento del SARLAFT del Banco Agrario, negó cualquier parentesco o vínculo con la familia Alcocer o con empresarios del altiplano cundiboyacense. “Creo que los han atacado en su buena fe… mi familia es originaria del Guamo, Tolima, no tengo nada que ver con esa familia Gutiérrez”, afirmó. Añadió que está dispuesto a enviar sus registros civiles para despejar cualquier duda.Gutiérrez explicó que ingresó al banco tras un concurso de méritos en 2021. Aseguró que existe un homónimo —Alfredo Gutiérrez Méndez— que podría haber generado la confusión. “Todos los Gutiérrez no somos de la misma familia, es casi imposible”, dijo.Respecto al trámite de alertas sobre María Teresa Alcocer como PEP, el oficial enfatizó que se aplicó el protocolo usual: “A los PEP se les da un tratamiento estándar… es un proceso de conocimiento ampliado y autorización de alta gerencia”. También aseguró que, según las verificaciones del banco, la empresaria “no tiene imputación de ningún cargo ni investigaciones en firme”.Reserva legal y distancia con los clientesGutiérrez reiteró que los oficiales de cumplimiento nunca interactúan directamente con los clientes. “Nunca hablo con clientes… todo se hace a través del área comercial”, señaló, recordando que los detalles de las alertas están protegidos por reserva legal.El funcionario pidió finalmente que se rectifique la información sobre su origen familiar: “Mi papá está sorprendido… tengo unos primos que no conocía”, comentó.Con la aclaración, el Banco Agrario intenta disipar dudas en medio de una investigación que ha expuesto tensiones internas y alertas por riesgo reputacional.Escuche la entrevista completa acá:
Un nuevo choque institucional quedó expuesto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación por las versiones encontradas sobre el operativo, la captura y posterior liberación de integrantes de la disidencia de las Farc pertenecientes a la estructura de alias 'Calarcá', detenidos en Antioquia en julio de 2024.El ministro Pedro Sánchez aseguró que, durante el retén de 2024, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional realizaron la aprehensión por flagrancia y trasladaron a los detenidos al batallón del Ejército en Bello, Antioquia, donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Según dijo, la Fuerza Pública está obligada a capturar a cualquier persona sorprendida en flagrancia, incluso si cuenta con orden de captura suspendida. “Si la Fuerza Pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo. Esa es la orden constitucional, no es simplemente una decisión del ministro de Defensa. Nosotros debemos actuar contra la ilegalidad y hacerlo con total contundencia y acorde a la Constitución y la ley”, aseguró el ministro.El jefe de la cartera de Defensa aseguró que “las decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me competen”.El ministro también se refirió a las investigaciones sobre la presunta infiltración del general Huertas en estructuras de las disidencias. Aseguró que espera resultados rápidos para tomar “decisiones contundentes”, aunque advirtió que deben ser responsables y soportadas en pruebas. “No tendremos ninguna duda en aplicar la Constitución y la ley para combatir la ilegalidad. No la toleramos”, afirmó.La fiscal general, sin embargo, sostuvo una postura contraria y aclaró que la captura en estos escenarios solo procede cuando se configura flagrancia respecto de delitos de lesa humanidad, violaciones al Derecho Internacional Humanitario o graves infracciones a los derechos humanos. De lo contrario, la suspensión de órdenes de captura amparada en el proceso de paz continúa plenamente vigente.“Efectivamente, cuando este señor con su comitiva caen en el retén, ellos no están cometiendo ningún delito de lesa humanidad que permita reactivar vía flagrancia esa suspensión”, explicó. Según la fiscal, esta fue la razón por la cual alias 'Calarcá' no fue aprehendido y ha seguido participando en las conversaciones con el Gobierno. Recordó además que su directiva es posterior a los hechos del retén y que la interpretación aplicada responde a los criterios fijados por la Corte Constitucional.
El Congreso de la República reconoció este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por sus 80 años de trabajo, en medio de un panorama que evidencia que 14,4 millones de colombianos, es decir, el 27,6 % de la población, viven en inseguridad alimentaria moderada o grave.La corporación otorgó a la FAO la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Comendador, distinción recibida por el subdirector general y representante regional, René Orellana Halkyer, y por el representante del organismo en Colombia, Agustín Zimmermann. El reconocimiento destaca el acompañamiento técnico que la organización ha brindado al Congreso durante más de una década a través del Frente Parlamentario contra el Hambre y programas como América Latina y el Caribe Sin Hambre.Durante la ceremonia se recordó que, aunque América Latina y el Caribe es la única región donde el hambre disminuye por segundo año consecutivo, todavía 41 millones de personas la padecen. En Colombia, por ejemplo, cada año se pierden o desperdician cerca de 9,76 millones de toneladas de alimentos, una cifra que sigue en ascenso pese a los esfuerzos legislativos para reducirla.Entre los avances recientes se mencionaron la incorporación del derecho humano a la alimentación en la Constitución, el fortalecimiento de las compras públicas a productores campesinos y leyes dirigidas a reducir la pérdida de alimentos y promover la igualdad de las mujeres rurales.La representante Ana Paola García Soto, coordinadora subregional del Frente Parlamentario de Sudamérica, afirmó que el homenaje a la FAO no es un acto protocolario, sino una decisión política para poner la alimentación de las personas en el centro de la agenda pública.“La FAO ha sido un aliado estratégico durante los años en nuestro país, en articulación con el Frente Parlamentario contra el Hambre de Colombia, se han construido leyes que mitigan el hambre y buscan el restablecimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (0:32) número 2, Hambre Cero”, indicó la representante García.También advirtió que la brecha sigue siendo inaceptable, pues en Colombia se desperdician casi 10 millones de toneladas de comida al año, provocando que miles de niños se acuesten con hambre.