Ante el anuncio de la Universidad Nacional de estar adecuando un osario en la capilla Cristo Maestro del campus en Bogotá para alojar los restos óseos que serían de Camilo Torres, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó nuevos detalles investigaciones insistiendo en que, por ahora, no están los resultados definitivos.“En este momento continuamos a la espera de los resultados de los últimos análisis para que el equipo forense de la Unidad de Búsqueda pueda emitir el informe integral de identificación y el reporte de lo acaecido”, reiteraron.En esa línea, la Unidad recordó que la investigación en esa entidad inició en 2019 tras la recibir una solicitud formal por parte del sacerdote jesuita Javier Giraldo, cofundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y uno de los investigadores claves del legado de Camilo Torres.Desde ese momento, tras la recolección de varias pruebas y testimonios, dieron con la localización de un punto en Bucaramanga donde estarían los restos.“El 19 de junio de 2024 se llevó a cabo la recuperación de un cuerpo que, según indicios asociados y morfológicos como edad, sexo biológico, talla, contextura y signos de trauma violento, podría corresponder al sacerdote desaparecido”, agregó la Unidad.Cabe recordar que el padre murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse sumado al ELN. Esto ocurrió en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander.Desde ese momento, la información que se tenía es que los militares se habían quedado con su cuerpo; sin embargo, a finales del pasado mes de enero luego de un comunicado del ELN, la Unidad de Búsqueda así como Medicina Legal, informaron el hallazgo.Este miércoles, la entidad reveló además que el equipo conformado por investigadores humanitarios, médicos forenses, antropólogos, odontólogos y genetistas, han adelantado múltiples estudios y recuperado pruebas.“Es así como la inspección inicial practicada al cuerpo de Camilo Torres Restrepo, tras su fallecimiento en el año 1966, describe lesiones que coinciden con traumatismos óseos identificados en las estructuras recuperadas por el equipo forense de la Unidad de Búsqueda”, detalló la entidad en un comunicado.Así mismo, la Unidad aseguró que ha cotejado muestras óseas con material genético del cuerpo que sería de Torres con el de otros de sus familiares, también exhumados por la entidad en diciembre del 2024.Para esto han contando con el apoyo de varios laboratorios genéticos, uno de ellos ubicado en Estados Unidos, así como de Medicina Legal.Con estos avances y mientras se esperan los resultados definitivos, la Unidad insistió en que la disposición final de los restos, si se confirma plenamente su identidad, será definida por la persona que solicitó adelantar su búsqueda.“Contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en el proceso de entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres Restrepo a su buscador, quien según los protocolos de la entidad es la única persona que puede tomar la decisión de la disposición final del cuerpo”, puntualizaron.
En medio de la crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro, Juan Manuel Galán sorprendió al mencionar el nombre del único funcionario que, a su juicio, se salva de la actual administración. “Me parece que es honesto, que es íntegro”, dijo en entrevista con Recap Blu, antes de revelar el nombre: Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). “Es un tipo decente, honesto, que le puso la cara a un tema muy complicado y ha sostenido la caña a pesar de la guerra que le han hecho”, agregó.Vale recordar que Carrillo asumió la dirección de la UNGRD luego del escándalo de corrupción que se destapó en el país por cuenta de la carrotanques en La Guajira, que llevaron a juicio a su exdirector Olmedo López y el exsubdirecdor Sneyder Pinilla.Calificación al Gobierno PetroAunque Carrillo se salva en esta administración, Galán dio una muy baja calificación al Gobierno Petro. Cuando se le pidió ponerle una nota de 1 a 10, fue contundente: “Insuficiente en todo”. Incluso evitó asignar un número específico y reiteró que, en su concepto, la administración actual está “rajada”. En ese sentido, cuestionó la alta rotación de ministros, los cambios en manuales de funciones para nombramientos y las dificultades en la política exterior, mencionando como ejemplo la situación de la Cancillería.Más allá de la crítica, Galán planteó lo que sería su apuesta si llega a la Presidencia: reducir el poder del Gobierno central y transferir mayor autonomía a las regiones. Propuso avanzar en un modelo de regionalización que permita a las regiones ejecutar macroproyectos ambientales, de infraestructura y seguridad. Defendió que las regiones puedan consolidarse como verdaderas entidades territoriales con capacidad de gestión.¿Qué cambiaría del país?El dirigente también señaló uno de los problemas estructurales del país: el sistema de financiamiento de la política. A su juicio, mientras no se reforme la manera en que se financian partidos y campañas, cada Gobierno seguirá llegando con sus propios contratistas, desmontando lo anterior y dejando obras inconclusas o “elefantes blancos”, como lo ha advertido la Contraloría.Sobre gobernabilidad, Galán aseguró que buscaría acuerdos amplios en el Congreso, incluso con sectores ideológicamente distintos. Destacó que durante su paso por el Legislativo logró sacar adelante 17 leyes mediante consensos, entre ellas la ley de enfermedades huérfanas, la regulación del cannabis medicinal y la norma que facilita el acceso gratuito al software lector de pantalla JAWS para personas con discapacidad visual. “Colombia necesita un verdadero acuerdo nacional”, concluyó el precandidato de la Gran Consulta por Colombia.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
La Justicia no ha estado ajena a la crisis que se está viviendo en Montería, Córdoba, por cuenta de las lluvias. Y es que lo que se ha registrado es que muchos trabajadores en sus casas tienen el agua hasta el cuello, esperando aún que baje un poco el nivel y cuidando lo poco que les quedó, mientras que otros tratan de evacuar las aguas y otros de sacar sus cosas en lancha.Algunos de ellos no han podido ni regresar al trabajo y también han sido impactadas algunas sedes judiciales.Por eso, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre extraordinario de algunos despachos judiciales en el departamento de Córdoba. Se trata del juzgado primero promiscuo municipal de Canalete, el primero promiscuo municipal de Los Córdobas y el primero promiscuo municipal de Puerto Escondido entre el 11 al 18 de febrero del 2026, mientras se realizan las actividades necesarias para continuar con el funcionamiento de la justicia.Según el informe técnico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, estas sedes requieren trabajos de adecuación para garantizar condiciones seguras de funcionamiento, luego de inundaciones y riesgos estructurales derivados de la emergencia climática.Pero también se ha ordenado una suspensión de términos por este mismo tiempo; se suspenden los procesos, salvo los que tienen relación con las tutelas y habeas corpus. Asimismo, se ha dado a conocer que se mantiene y se reporta la cifra de 127 funcionarios de la justicia que han resultado damnificados.Reporte de afectados en CórdobaEl alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indicó que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.Según el Gobierno, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.Este miércoles el papa León XIV pidió ayuda para Colombia ante las inundaciones, que afectan también la región de Urabá y el departamento de Sucre, principalmente, y exhortó a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas".
El alcalde de Morales, Cauca, Óscar Guachetá, y un integrante de su esquema de seguridad fueron liberados tras haber sido secuestrados por hombres armados en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, cuando regresaban de Bogotá hacia su municipioLa operación de rescate fue adelantada por tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional. Las víctimas fueron ubicadas en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, luego de los hechos ocurridos en la vereda La María, en Piendamó.De acuerdo con el Ejército, la rápida activación de los operativos permitió garantizar la liberación del mandatario y su acompañante. Las autoridades informaron que continúan las operaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables.El secuestro se produjo pocas horas después de un hecho similar que involucró a la senadora Aída Quilcué, quien denunció haber sido interceptada junto a dos escoltas por un grupo armado en zona rural del Cauca.“Nos interceptó un grupo armado en un sitio bastante solo”, relató la congresista, quien aseguró que la presión ejercida por la Guardia Indígena, la fuerza pública y la comunidad permitió su liberación. La camioneta en la que se movilizaba fue hallada posteriormente en jurisdicción de Totoró.Ante la seguidilla de hechos violentos en menos de ocho horas, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en la vía Panamericana y proteger a los líderes y autoridades del departamento.
Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas."Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana llevó a cabo en la noche de este martes 10 de febrero de 2026 el sorteo número 3139, uno de los más esperados por los apostadores en el país. En esta edición, el tradicional juego de azar puso en disputa un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que aumentaron las posibilidades de ganar.Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja – Sorteo 3140El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, correspondiente al sorteo de este martes 10 de febrero de 2026, fue el: 8580 - 314.De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar y cobrar un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.El sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través del Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse en el sitio web oficial de la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales o comunicándose a la línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.Ganadores de los premios secos de la Lotería de la Cruz RojaAdemás del premio mayor, este sorteo incluyó varios premios secos, que amplían las opciones de ganar. A continuación, se detallan los resultados oficiales para que los jugadores verifiquen cuidadosamente su billete:Seco de $200 millones8484 – Serie 096Seco de $100 millones0482 – Serie 027Secos de $50 millones0610 – Serie 3118835 – Serie 195Secos de $30 millones8249 – Serie 1767388 – Serie 0206534 – Serie 1371922 – Serie 0441648 – Serie 2846432 – Serie 273Secos de $20 millones0951 – Serie 0247198 – Serie 1276830 – Serie 1647506 – Serie 2074954 – Serie 1828149 – Serie 2933318 – Serie 2272921 – Serie 1592930 – Serie 1808694 – Serie 2115896 – Serie 1518759 – Serie 1027480 – Serie 0822857 – Serie 3170479 – Serie 159Secos de $10 millones3740 – Serie 0117162 – Serie 0518941 – Serie 1222868 – Serie 1211264 – Serie 2676863 – Serie 0508238 – Serie 0807419 – Serie 0240646 – Serie 2810208 – Serie 1137211 – Serie 1663618 – Serie 2145580 – Serie 2509876 – Serie 0288734 – Serie 2997567 – Serie 1762811 – Serie 1339368 – Serie 1865513 – Serie 2216253 – Serie 167También se recomienda comparar el número y la serie del billete con la imagen oficial del sorteo, publicada por la Lotería de la Cruz Roja, para confirmar si se obtuvo alguno de los premios.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja?Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o fracción original, en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con los vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.Para reclamar el premio mayor y los premios secos, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía. El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados a los premiosLos ganadores de premios iguales o superiores a $7.000 millones deben tener en cuenta los descuentos de ley antes de recibir el dinero. Al premio se le aplica:17 % por concepto de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base establecida de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Luego de estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador en su cuenta bancaria sería de $4.648 millones.
El presidente Gustavo Petro encabezó en Montería un extenso consejo de ministros —cercano a cinco horas— marcado por la emergencia invernal, anuncios fiscales, denuncias de presuntos sabotajes, críticas a instituciones del Estado y pronunciamientos sobre política energética, electoral y administrativa. Aunque el eje formal del encuentro fueron las inundaciones que afectan a Córdoba y a otras regiones del país, el mandatario abordó múltiples frentes, generando reacciones políticas y respuestas institucionales.Emergencia por lluvias y ultimátum a la Corte ConstitucionalEl Gobierno calcula que se requieren 8 billones de pesos para atender la emergencia causada por el invierno. Petro condicionó la ruta financiera a la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica expedido en diciembre.“Vamos a dar hasta mañana y tenemos un problema de tiempos, pero también de decisiones de la Corte Constitucional. Entonces yo quiero ver qué momento, que no se demore, porque si no, de todas maneras no podemos esperar mucho", dijo el presidente.Nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresasEl ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que, de decretarse una nueva emergencia, el Ejecutivo propondrá un impuesto al patrimonio dirigido a grandes empresas para financiar la reconstrucción.“Proponer en esta nueva decisión de emergencia económica una medida central, básicamente concentrarnos en la búsqueda de recursos a través de una medida tributaria que sería un impuesto al patrimonio a personas jurídicas. Y con el mismo criterio progresivo que hemos tenido en todas las propuestas de medidas tributarias que hemos mencionado, se tendría este tipo de impuesto al patrimonio similar a otras experiencias que se manejaron en otras coyunturas de impuestos a la riqueza, se le conoce", dijo.Balance de daños: “No hay plata para reconstruir”La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo presentó un panorama crítico de afectaciones humanas, territoriales y económicas: “Va a ser realmente una pérdida extraordinariamente grande. Vea, nosotros hemos hecho unos cálculos con las imágenes satelitales que nos arrojan unas 48.000 hectáreas en este momento bajo el agua. Eso, haciendo un poco más matemáticas de servilleta, nos puede estar dando que tendríamos unas 250.000 o 300.000 hectáreas afectadas. Recuperar eso cuesta una fortuna. Restituirles las viviendas a las miles de familias que lo perdieron cuesta demasiado dinero”, dijo Carlos Carillo, director de la entidad.Polémica por protocolo del consejo de ministrosEl mandatario defendió el procedimiento del encuentro tras críticas por alcaldes que esperaron atención sentados en el piso.“Críticas que alcaldes se tiraron por ahí en un correo a decir que no lo recibimos. No, no, esto es un consejo de ministros, tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta ni haciendo manifestaciones. Lo que estamos es resolviendo desde el gobierno nacional, que es la instancia que dirige el presidente. El Consejo de Ministros tiene un protocolo", dijo Petro.Propuesta energética a EE. UU. y críticas empresarialesPetro reveló que propuso a Donald Trump integrar infraestructura para transportar gas venezolano, con el objetivo de abaratar precios. En ese contexto lanzó críticas a grandes empresarios.“Le dije a Trump: ayúdeme a importar, le pongo el tubo para que exporte usted al mundo, porque los gringos no necesitan gas, y ese gas que queman al otro lado de la frontera en Venezuela se use, porque mitiga un poco el impacto del CO2, y parte de ese gas llega aquí y desplomamos todos estos precios, ministro.”Denuncia de presunto sabotaje y plan contra su seguridadEl presidente aseguró que existió un intento de sabotear su reunión con Trump mediante la siembra de sustancias ilícitas en su vehículo, y reiteró que hay planes para atentar contra su vida.“Hay un general que ordena retirar la policía, tiene una misión extraña. Alguien le dio la orden, no, no, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Ese tiene que ver con usted, de allá no, su casa era para eso. Y tenían como misión destruir la reunión… eso me coloca en una situación de alarma", denunció.Isla Gorgona como centro internacional de investigaciónPetro planteó transformar la isla en un eje científico y sanitario: “Gorgona tiene que ser el centro de nuestro programa de salud pública con prevención, y eso implica antiofídico y eso implica refrigeración, lo cual implica energía”.Nuevo pasaporte colombianoEl mandatario presentó el diseño preliminar del nuevo documento, destacando su seguridad y el fin de la tercerización.“Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia y ordenado cambiarlas. Y nada, la trampa se hace no solo comprando votos, gobernador, sino en los algoritmos".Defensa de Ricardo Roa y críticas al sistema electoralPetro defendió al presidente de Ecopetrol frente a las imputaciones anunciadas y cuestionó decisiones del Consejo Nacional Electoral y de la Fiscalía. “Ahora Roa, por sobre topes de campaña, que yo que me he leído ese proceso de pie a paso, pues no tienen que creerme, pero sé que no hubo ningún sobre costo. Ustedes no pueden decir que porque duplicaron la factura…Y el señor Prada es el que armó esto… sobre topes que cuando yo veo resulta que no son…”
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
Acceder a la educación superior en Colombia sigue siendo un desafío para miles de jóvenes. Los altos costos de matrícula, transporte y sostenimiento hacen que muchos abandonen el sueño de formarse profesionalmente. En medio de ese panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha convertido en una de las principales puertas de acceso a educación técnica y tecnológica gratuita, especialmente para población vulnerable.Ahora, ese acceso se amplía en Cundinamarca, pues la entidad inauguró oficialmente una nueva sede en Soacha, instalación que beneficiará a personas de cuatro municipios más.Dónde está ubicada la nueva sede del SENA en SoachaLa nueva sede está ubicada en la comuna 3 de Ciudad Verde, en Soacha, sobre un predio institucional de 4.339 m2, con una infraestructura moderna que alcanza los 7.774 m2 construidos.Según el SENA, la obra contó con una inversión superior a $57.900 millones, financiados con recursos propios de la entidad educativa y “destinados a estudios, diseños, construcción, dotación, mobiliario, conectividad y equipos tecnológicos de última generación”.Beneficiará a cuatro municipios más de CundinamarcaEsta sede no solo impactará a Soacha, también beneficiará a habitantes de los municipios de:GranadaTenaSan Antonio del TequendamaSibatéCon la nueva sede, el SENA espera impactar a cerca de 122.000 beneficiarios al año, “ampliando las oportunidades de formación para jóvenes, mujeres y población y especialmente a personas vulnerables”.En video: así se ve la nueva sede del SENA en SoachaLa infraestructura cuenta con 36 ambientes de aprendizaje, 19 especializados y 17 convencionales. Tiene una capacidad para atender a más de 3.200 aprendices diarios en modalidad presencial.Entre los espacios especializados se destacan laboratorios TIC, áreas para industrias creativas, logística y mercadeo, gestión documental, cosmetología y peluquería. Además, dispone de gimnasio, zonas de bienestar y un centro de recursos educativos.Durante su inauguración, el director general del SENA destacó que se trata de “una inversión estratégica para fortalecer el acceso a formación gratuita de calidad en esta zona del país”.Video de la nueva sede del SENA en Soacha
En la antesala de San Valentín, las flores colombianas volvieron a abrirse paso en Washington. La Embajada de Colombia en Estados Unidos, junto con Asocolflores, inició la entrega de arreglos florales a las 535 oficinas del Congreso.El embajador Daniel García-Peña lideró esta jornada en el Capitolio, donde cada senador y representante recibirá un ramo de flores cultivadas en Colombia.Vale recordar que Colombia es el principal proveedor de flores frescas cortadas para el mercado estadounidense. Solo en enero y febrero de 2025 se exportaron cerca de 720 millones de tallos, equivalentes a 52.000 toneladas, para atender la alta demanda de San Valentín en Estados Unidos. La fecha representa uno de los picos más fuertes del año para el sector, que concentra buena parte de sus ventas en este mercado.La industria floricultora genera empleo para cientos de miles de familias en Colombia y también impacta la economía estadounidense en áreas como transporte, distribución y comercio minorista. Por eso, desde Asocolflores destacan que cada temporada no solo se trata de una celebración, sino de una cadena productiva que conecta a ambos países.
El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, ya es oficialmente el jefe de esta cartera. Ante los medios de comunicación se refirió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a la fiscal general Luz Adriana Camargo, y aseguró que buscará armonizar la relación.“Tengo que reunirme con altas cortes, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y lo que los una sea el diálogo institucional. Esas discusiones yo no las voy a traer a la agenda del ministerio, aspiro a que se resuelva en instancias institucionales, pero es muy importante que el Gobierno tenga buena relación con todos los actores incluida la Fiscalía”, dijo.El ministro agregó que se reunirá con el procurador Gregorio Eljach y propondrá un debate para reformar las funciones de la Procuraduría y limitar su alcance para destituir funcionarios elegidos popularmente.“Hay que conversar con la rama judicial y esa es un poco la línea de trabajo. Yo pienso que la Procuraduría sea una institución que instruya todos los casos de corrupción y eleve la acusación disciplinaria dependiendo de la competencia, ante jueces penales del circuito o por ejemplo en el caso de gobernadores, ante salas penales tribunales”, explicó.
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por las afectaciones a la población civil derivadas de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias 'Calarcá', y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, dirigido por alias 'Iván Mordisco'.“Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”, afirmaron en un comunicado.La región ya había sido focalizada en la Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y posteriormente en la Alerta Temprana 001 de 2025, donde se advirtió sobre el riesgo para los derechos a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal. No obstante, la Defensoría señaló que los escenarios previstos se han concretado, agravando la crisis humanitaria en el territorio.“El 28 de enero de 2026 el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el inicio de un “paro armado” en el municipio de Cartagena del Chairá, sumándose al anunciado por este mismo grupo en diciembre de 2025. Cabe señalar que el sector del Bajo Caguán permanece expuesto a restricciones similares desde octubre de 2025, por órdenes emitidas por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, lo que ha generado continuas limitaciones a la movilidad y ha dificultado el acceso de las comunidades a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la educación”, asegura la Defensoría.Ante este panorama, la Defensoría exigió a los grupos armados excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades y abstenerse de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades. También instó a que no se obstaculicen las acciones humanitarias destinadas a atender y proteger a la población afectada.Finalmente, la entidad reiteró el llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales para que implementen medidas urgentes que permitan proteger de manera integral a la población en riesgo.
La denuncia fue presentada por los familiares de Pedro Julio Movilla Galarcio, con el respaldo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes señalaron que la excavación se realizó de manera ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos.“El pasado 3 de febrero de 2025, en las instalaciones de la antigua Brigada XX, se realizó una excavación ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos. Esta acción se ejecutó sin autorización judicial, violando las medidas cautelares vigentes impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.Como afirman en su comunicado, tras conocerse la intervención, la JEP adelantó gestiones para recuperar los elementos hallados durante la excavación y someterlos a análisis técnicos. Como resultado de esos estudios, Medicina Legal confirmó recientemente que uno de los objetos presenta rastros de sangre humana.“Este hecho refuerza la hipótesis de que la intervención ilegal buscaba sustraer evidencia y restos humanos del lugar”.Ante estos hechos, familiares y organizaciones plantearon la necesidad de esclarecer si en ese lugar pudo haber estado inhumado Pedro Julio Movilla y si la intervención afectó elementos probatorios.Además, pidieron al Estado garantizar la custodia del predio, impedir nuevas intervenciones de personal en general, reconocer el sitio “como un lugar de importancia histórica y forense para la reparación de las víctimas” y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.En el comunicado, las organizaciones recordaron que “el 22 de junio de 2022 el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada del líder social Pedro Julio Movilla Galarcio”.Señalaron que en esa sentencia el tribunal ordenó, entre otras medidas, continuar con las acciones de búsqueda. Frente a lo ocurrido afirmaron que “en este sentido, las falencias en la protección y garantía de lugares de interés forense configura un nuevo incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia”.Recordemos además que en entrevista con Blu Radio, Jose Dorado, ex agente de inteligencia, también dijo que en ese lugar había sido desaparecida la ex guerrillera del M19, Irma Franco.
Venezuela empezó a hacer retroceder a los guerrilleros colombianos hacia el otro lado de la frontera, dijo este miércoles a la AFP el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, lo que marcaría un punto de inflexión tras años en que el territorio venezolano representaba un refugio para estos grupos."Están avanzando en operaciones en zona fronteriza y algunos integrantes de los cárteles del ELN, de las disidencias, ya no se sienten seguros en esa zona", indicó Sánchez durante una entrevista en París, preguntado sobre si hubo cambios en Venezuela luego del derrocamiento de Nicolás Maduro.Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.Estos grupos solían utilizar Venezuela como retaguardia, pero la situación parece haber cambiado ahora tras la captura de Maduro por Estados Unidos a inicios de enero y la llegada al poder de Delcy Rodríguez.Estas operaciones en la Venezuela dirigida por Rodríguez obligan a estos grupos a moverse "hacia el lado colombiano, o en zona un poco más pegada a la frontera", explicó el funcionario colombiano.Esto "nos ha permitido actuar, como lo hicimos ahorita en frontera con Venezuela, en el Catatumbo", agregó Sánchez, respecto a la operación en la que militares colombianos abatieron la semana pasada al menos a 15 rebeldes de la guerrilla ELN.Esta operación se produjo horas después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par estadounidense, Donald Trump, pactaran en la Casa Blanca una mayor cooperación contra los grupos ilegales y el narcotráfico.Esta cooperación se plasmará "principalmente en inteligencia", explicó Sánchez, quien descartó el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia.El objetivo es "cómo articulamos mejor la inteligencia entre Estados Unidos y Colombia para emplear la fuerza colombiana bajo las normas colombianas y el derecho internacional humanitario contra estos grupos criminales que delinquen en Colombia", agregó.Para Sánchez, la inteligencia es clave "para que no haya zonas grises" en el área limítrofe con Venezuela y, en este sentido, indicó que Colombia ya está "articulándose" a nivel diplomático con Caracas, sin dar más detalles."Esperamos que podamos transcender en términos de seguridad", deseó el funcionario, quien consideró el cambio de poder en el país vecino como "una oportunidad única" que "aprovechar" para rehabilitar los canales de comunicación en este ámbito.
Un grupo de oficiales en retiro de la Policía manifestó públicamente su respaldo al general Edwin Masleider Urrego Pedraza, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara su retiro del servicio este 11 de febrero. Urrego fue señalado por el mandatario como involucrado en un supuesto complot para sabotear su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.A través de un comunicado firmado por compañeros del curso 069 de oficiales, los policías en uso de buen retiro calificaron como “injusta” la salida del general Urrego y destacaron su trayectoria de más de 30 años en la institución.“Manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento innegable al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, a quien conocemos como un oficial íntegro, profesional y ejemplar”, señala el documento. En el texto también aseguran que su hoja de vida ha sido “intachable”, caracterizada por la rectitud, el compromiso institucional y el respeto por los principios que rigen la profesión militar.Los oficiales retirados subrayaron que Urrego “ha honrado el uniforme en cada una de sus responsabilidades” y afirmaron que su nombre seguirá siendo sinónimo de honor y profesionalismo, pese a las circunstancias de su salida.Esta muestra de apoyo llega después de que durante un consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmara que ordenó retirar a un general de la Policía al que señaló de tener una “misión extra” en su contra.Según el mandatario, el oficial habría recibido la orden de introducir sustancias psicoactivas en su vehículo con el fin de sabotear la reunión que sostuvo el 3 de febrero con Donald Trump en la Casa Blanca.Aunque inicialmente no reveló el nombre de Urrego, la decisión se oficializó este miércoles mediante el Decreto 0147, firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, se encontraba fuera del país.Horas antes de que se hiciera efectiva su destitución, el general Urrego habló en los micrófonos de Blu Radio y rechazó de manera categórica las acusaciones. Calificó los señalamientos como una “locura” y aseguró que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que comprometa su ética ni la honra de la institución.
La historia de Colombia se repite para los gobernadores del país ante la eventual declaratoria de una nueva emergencia económica en las próximas horas por parte del Gobierno nacional, desde la Federación Nacional de Departamentos expresaron su preocupación por la posibilidad de que en esta se establezcan nuevos impuestos que podrían impactar los recursos de los departamentos.Es importante destacar que la intranquilidad por parte de la federación se da tras inconformidades expresadas por los gobernadores de diferentes departamentos semanas atrás por el estado de emergencia que había propuesto el presidente Petro.En este decreto, propuesto en diciembre de 2025, productos como los licores y los cigarrillos tendrían un nuevo gravamen, el cual, según los mandatarios regionales, podría afectar los ingresos estratégicos para financiar educación, salud y deportes de cada uno de sus territorios, ya que tienen como rentas esenciales dichos productos."Esperamos que no se vuelva a intentar violar la Constitución en utilizar los recursos territoriales cuando hay una salvedad expresa constitucionalmente, que advierte que solo se puede usar en caso de guerra exterior, de la cual mediante decretos el gobierno nacional podría utilizar las rentas territoriales... Nosotros sí seguiríamos en la defensa de que los recursos territoriales no pueden ser tocados por un decreto salvo el caso de guerra exterior”, aseguró Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.Desde Fedepartamentos, le proponen al Gobierno nacional buscar otras alternativas con dinero no ejecutado y administrado por parte de este, para que atiendan esta emergencia. Sin embargo, por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta por parte de los gobernadores y aseguró que este dinero requiere un mayor esfuerzo por parte de quienes tienen más capacidad económica en el país.
La emergencia provocada por las fuertes lluvias en Montería y varios municipios de Córdoba mantiene en terreno a la fuerza pública, la Defensa Civil y distintas entidades del Estado, que adelantan un despliegue operacional y humanitario para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones.De acuerdo con el balance oficial de las autoridades, a la fecha han sido rescatadas 7.400 personas en medio de las crecientes y desbordamientos. El Ejército Nacional ha evacuado a 4.100 ciudadanos, la Policía Nacional a 2.500 y la Defensa Civil a 800 más, en operaciones desarrolladas en zonas urbanas y rurales anegadas.“El sector Defensa ha desplegado todas sus capacidades con la fuerza pública, la Policía y también con la Defensa Civil. Hemos puesto todas las capacidades de hombres, mujeres y también de transporte”, explicó el ministro de Defensa encargado, Javier Baquero.En paralelo, se ha desarrollado una operación humanitaria que suma 7.900 ayudas entregadas a la población damnificada. El Ejército ha distribuido 4.600, la Defensa Civil 1.800 y la Policía Nacional 1.500, en medio de jornadas de asistencia coordinadas con autoridades locales y departamentales.La Policía, además, ha garantizado la alimentación de 3.000 personas y mantiene acompañamiento permanente en 84 albergues temporales, donde se concentran familias que debieron abandonar sus viviendas. La Defensa Civil, por su parte, ha realizado el censo de cerca de 4.000 afectados, información clave para focalizar la entrega de ayudas y priorizar sectores críticos.En materia de abastecimiento y mitigación del riesgo, el Ejército ha distribuido 30.000 litros de agua potable y removido 310 metros cúbicos de material, labores orientadas a despejar áreas colapsadas y reducir nuevas emergencias. La Policía dispuso un carro tanque en siete municipios para reforzar el suministro en sectores con dificultades de acceso a agua.La Armada Nacional también participa en el operativo con 140 agentes desplegados en la zona. Con cuatro botes tipo zodiak, un bote de apoyo fluvial, un componente de la Compañía de Gestión del Riesgo y una patrulla logística de combate, refuerza tareas de evacuación, transporte, protección de diques y movilidad en áreas completamente anegadas.En el componente logístico y de apoyo, se informó que, en articulación con la Dian y otras entidades del Estado, se han gestionado donaciones por un valor aproximado de 3.500 millones de pesos para los departamentos impactados por la emergencia.“Esto en su conjunto permitirá que podamos atender hoy la emergencia, pero también empezar a construir unas condiciones para que ese territorio se pueda recuperar”, afirmó Baquero Maldonado.El operativo continúa activo en al menos 15 municipios, donde la Defensa Civil mantiene 330 voluntarios apoyados con camiones y botes para operaciones fluviales, mientras las autoridades avanzan en la estabilización de las zonas afectadas y en el acompañamiento a las comunidades que enfrentan los efectos de la temporada de lluvias.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad del presidente Gustavo Petro es un asunto de Estado y una responsabilidad de todas las instituciones, tras advertencias sobre posibles amenazas en su contra.A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que “nada puede ni debe ocurrirle al presidente de la República de Colombia”. Señaló que el mandatario, elegido democráticamente, cuenta con la protección integral del Estado y que cualquier riesgo en su contra compromete directamente la estabilidad institucional y la democracia del país.En ese sentido, Sánchez informó que ordenó a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía activar y fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia. La instrucción incluye articulación con Interpol y con organismos internacionales con los que Colombia mantiene convenios de cooperación, con el fin de anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pudiera materializarse contra el jefe de Estado.El ministro explicó que la información que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta, escenario en el que se adoptarán las decisiones correspondientes en materia de inteligencia, contrainteligencia y eventuales operaciones.De manera paralela, anunció que los datos disponibles serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones judiciales necesarias y se identifique a los responsables de las amenazas, con miras a su judicialización.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, bajo absoluta reserva, cualquier información que pueda resultar útil para la seguridad presidencial, en medio de este proceso de verificación y fortalecimiento de las medidas de protección.