La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a uno de los debates que se han presentado en los últimos meses en el país, apropósito de la época electoral: ¿modificaría la Constitución para ser reelegida en caso de ser presidenta de Colombia?En entrevista con Recap Blu aclaró que no impulsaría su propia reelección y que Colombia “ya cerró esa puerta con llave”. Sin embargo, manifestó que la figura de reelección no debe ser satanizada y que, en ciertos contextos, puede aportar estabilidad institucional."Creo que hay una satanización de la reelección más allá de lo debido. Yo no creo que la reelección en sí misma sea mala. Yo creo que usted encuentra muchos países donde la estabilidad de los gobiernos es muy útil. Por ejemplo, alcaldes que duran 14 años gobernando ciudades, ya saben, lo están haciendo bien, ¿qué necesidad tiene usted de ir a experimentar con otro? Usted experimenta cuando la cosa está mal. Pero yo creo que ya en Colombia Cerraron esa puerta y la cerraron con llave", afirmó la senadora.En ese sentido, Valencia sostuvo que la discusión sobre una eventual reelección presidencial debe darse en escenarios de calma y no en medio de la polarización que vive el país. A su juicio, abrir ese debate hoy “haría que a la gente se le pare el pelo de punta”. "Yo no voy a reelegirme, yo quiero hacer un buen Gobierno y dejar un buen sucesor. Yo tengo un gran equipo detrás, gran partido detrás, y creo que uno puede encontrar gente que lo suceda bien", agregó.¿Y una Constituyente?La senadora, quien lleva más de una década en el Congreso, también se refirió a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Para Valencia, no existe ningún problema estructural del país que se resuelva con una nueva carta política. "A mí lo que me parece es que en un momento de polarización, de tantos problemas, de tantas crisis, abrir una discusión en torno a una nueva Constitución es una locura, porque es que las constituciones se hacen para sellar acuerdos. No para abrir heridas”, señaló.Sobre una eventual reelección en otros niveles, planteó que podría evaluarse la continuidad de alcaldes en grandes ciudades cuando los resultados sean positivos, aunque reiteró que el debate presidencial no es prioritario. “Colombia no necesita hoy reelecciones presidenciales”, subrayó.Finalmente, Valencia manifestó que el foco debe estar en recuperar la confianza, estimular la inversión y reducir la carga tributaria a las empresas para proteger el empleo de los colombianos.
De cara a las elecciones 2026, la precandidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Recap de Blu Radio aseguró que, de ser elegida presidenta, quiere sentar a todos los sectores para construir país sin importar los ideales, incluso, meses atrás en redes sociales aseguró que “estaba casada con un mamerto”.“Las personas consideran que las diferencias ideológicas lo hacen a uno incompatible personalmente y es una cosa ridícula. Vengo de una familia donde mi tía/abuela era no solo gobernadora, sino ministra del general Rojas Pinilla y mi abuelo era conservador y hacía oposición, el hermano de ellos era comunista. La otra era hermana era liberal y un domingo podrían conversar. Mi marido sigue siendo mamertico, ya no porque vota por mí”, dijo la precandidata entre risas.Paloma Valencia se confiesa: ¿su esposo votó por Petro?Entre risas, la precandidata dijo que no, su esposo no votó por Petro, pero tampoco lo hizo por Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022, sino que en aquella ocasión le depositó su confianza en la primera vuelta a Sergio Fajarda y mencionó que, si actualmente no fuese candidata, seguramente lo volvería a hacer.“Si usted lo dejara, él habría votado mucho más… Votó en blanco, no quiso hacerlo por Rodolfo ni por Fico. Votó por Fajardo en ese momento (…) Es como de centro izquierda, algo por el estilo, pero creo que estar casada con alguien que piensa distinto a uno, pues le da a uno ocasión de pensar más ampliamente y de no estigmatizar. La política interesante es la que conversa”, dijo.¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?Tomás Rodríguez, esposo de la precandidata, ha construido su camino lejos de la política y se ha dedicado a la docencia, investigación y familia, conociéndola en la Universidad de los Andes.Hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente; su madre, Carme Barraquer, médica e investigadora, de una dinastía médica de origen catalán.Él se graduó de Economía en la universidad y hoy es docente de esta, forjando cada día un camino en la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.
Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso de Kevin Acosta, el menor de 7 años que murió esperando un medicamento para la hemofilia.Petro señaló que el menor tuvo un accidente en bicicleta y que en un traslado que hizo la familia del menor pudo haber una “incompetencia” de la Nueva EPS.“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin la autopsia; que efectivamente hubo un accidente en bicicleta y que hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito, Huila, el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero que se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, dijo Petro.El presidente también aseguró que después del accidente en bicicleta el menor fue trasladado a Pitalito y su madre habría rechazado una intervención quirúrgica.“Lo atienden en el hospital local de Palestina, Huila, lo remiten al hospital de Pitalito de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, agregó Petro.El presidente también dijo que había sectores que estaban acusando al Gobierno de asesinato en este caso y dijo que eso no era cierto. Además, dijo que el Gobierno no mintió al señalar que el menor había tenido un accidente.Kevin Acosta murió el viernes pasado en Bogotá, después de que su madre denunciara que el niño pasó semanas sin recibir el Emicizumab, necesario para tratar la hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre.Según la mujer, la entidad promotora de salud Nueva EPS, encargada de su atención, dejó de suministrarlo y el menor no recibió la atención oportuna tras el accidente, lo que atribuyó a fallas en el sistema de salud. El caso ha generado una fuerte polémica nacional y las autoridades continúan investigando para establecer responsabilidades.
En medio de una operación militar que se adelantó a lo largo de la cuenca del río Caquetá, el Ejército fue blanco de otra asonada cuando se disponía a destruir siete dragas que las disidencias de las Farc usan para extraer oro ilegalmente.Según el reporte, ya habían capturado a cuatro presuntos integrantes del grupo ilegal cuando cerca de cien personas llegaron en canoas y lanchas, algunos de ellas encapuchadas, y comenzaron a rodearlos.Las tropas realizaron incluso varios disparos en un intento por disipar a la población civil sin tener éxito, pues la gente terminó impidiendo la operación militar quedándose con toda la maquinaria y expulsando a los uniformados.“Esta maquinaria producía cerca de tres kilos de oro mensuales, generando millones de recursos para actividades ilegales. Rechazamos la instrumentalización de la población civil y recordamos que estas conductas pueden acarrear consecuencias penales”, aseguró el general Sergio Guzmán, comandante de la brigada 22 del Ejército.De manera paralela, en el departamento de Arauca, las autoridades evalúan los daños en la base militar San Jorge en Saravena, que fue nuevamente blanco de ataques esta vez por dos explosiones dentro del cantón, que al momento no deja reportes de heridos.
La segunda ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos comenzó este martes en Ginebra, en momentos en que ambas partes han mostrado cierta disposición para buscar una solución a las inquietudes que causa el programa nuclear, aunque con el rechazo de Teherán a tratar otros temas.Fuentes iraníes confirmaron el inicio de las negociaciones, que se realizan con la mediación del Sultanato de Omán.En paralelo, este encuentro se produce bajo una presión inusual de Estados Unidos, que también tiene abierta la carta de una operación militar de gran envergadura contra Irán si concluye que sus autoridades mantienen posturas rígidas que impiden avanzar hacia un arreglo.“Ambas delegaciones, la iraní y la estadounidense, están presentes en el lugar de las negociaciones, y el intercambio de mensajes ha comenzado con la mediación de Omán”, confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia de noticias IRNA.Destacó que Irán ha llegado a Ginebra con un amplio equipo: expertos en el ámbito técnico-nuclear y en materia económica, con el propósito de abordar también el levantamiento de las sanciones estadounidenses.“Esto demuestra la seriedad de Irán para lograr un diálogo orientado a resultados”, comentó.La delegación estadounidense mantuvo previamente una reunión con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, con quien la delegación iraní dialogó en la víspera.Irán considera que el hecho de que ambas partes hayan mantenido un intercambio directo con la OIEA indica que “está ronda es distinta a la anterior”, que se realizó el 6 de febrero en Omán.Al frente de la delegación iraní se encuentra el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, quien por la tarde participará en una sesión de la Conferencia de Desarme, reunida en la sede europea de la ONU en Ginebra.En ese foro, el único que reúne a todos los países en torno a cuestiones de control de armamento, incluido el nuclear, el ministro iraní expondrá la posición de su país.Por su parte, la delegación estadounidense está una vez más liderada por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.Ambos han llegado a Ginebra para una doble negociación, ya que luego de Irán, hoy mismo, negociarán con delegaciones enviadas por Ucrania y Rusia las vías para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre estos dos países, un diálogo que las tres partes proseguirán mañana.
La Unión Europea abrió este martes una investigación contra el sitio web de Shein, sospechoso de varias infracciones, después de que se descubriera en octubre que su catálogo de ventas incluía armas y muñecas sexuales con aspecto infantil.Según la Comisión Europea, la investigación se abrió, además de por la venta de productos ilegales, por los aspectos adictivos de esa plataforma fundada en China y con sede en Singapur, y por la opacidad del algoritmo que utiliza para recomendar artículos a los usuarios.Si la investigación confirmara esas infracciones, Shein habría violado la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea, lo que podría costarle sanciones que podrían alcanzar hasta el 6 % de su facturación anual.¿De qué acusan a Shein?La DSA obliga a las plataformas en línea a emprender medidas para proteger a sus usuarios de contenidos y productos ilegales y/o peligrosos. Además, las plataformas de mayor tamaño - y Shein se cuenta entre ellas - están sometidas a unas reglas más estrictas y a controles más rigurosos."En la UE, los productos ilegales están prohibidos a la venta, ya sea en una tienda o en línea", subrayó la vicepresidenta de la comisión encargada de asuntos digitales, Henna Virkkunen.La DSA "protege a los consumidores, vela por su bienestar y les proporciona información sobre los algoritmos con los que interactúan", sostuvo Virkkunen.Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones esa legislación europea, a la que acusa de socavar la libertad de expresión y de apuntar especialmente contra las empresas extranjeras."Compartimos el objetivo de la Comisión de conseguir un entorno en línea seguro y fiable y seguiremos contribuyendo de forma constructiva a este procedimiento", declaró a la AFP un portavoz del grupo Shein."Tras los problemas identificados el año pasado, además de una mejora de nuestras herramientas de detección [de productos ilegales], hemos acelerado la puesta en marcha de medidas de protección adicionales sobre los productos prohibidos para menores de edad", agregó el vocero.
La Fiscalía sueca investiga a un sexagenario sospechoso de haber vendido durante años a más de un centenar de hombres servicios sexuales de su esposa, informó este martes la televisión pública SVT.El individuo, que lleva detenido desde octubre tras una denuncia de su mujer, con la que está en trámites de divorcio, está siendo investigado por proxenetismo grave."Considero que hablamos de proxenetismo a gran escala y que implicó una explotación desconsiderada de la demandante", declaró a la emisora pública Radio de Suecia la fiscal Ida Annerstedt.Siga a Blu Radio en Google DiscoverEl individuo, residente en la localidad de Ångermanland (norte de Suecia), obtuvo una compensación económica a cambio de los servicios. Según SVT, se trata tanto de encuentros físicos como a través de internet, que se produjeron durante unos tres años y medio, y en los que puede haber hasta 120 hombres implicados.La Fiscalía planea elevar una acusación formal el próximo 13 de marzo y que el juicio se celebre semanas después. Al individuo ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado.El sexagenario se declara inocente del caso, que está bajo secreto de sumario, según SVT. El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros "Ángeles del Infierno", ha sido condenado con anterioridad por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos.El caso ha provocado comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo fue condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020.
Comprar vivienda o pagar estudios superiores siguen siendo de los mayores retos que enfrentan los colombianos; ante ese panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las principales alternativas para quienes sueñan con tener casa propia o avanzar en su formación.La entidad pública no solo administra la prestación social, también ofrece créditos hipotecarios, leasing habitacional y préstamos educativos. La vía más conocida es trasladar las cesantías al Fondo, que funcionan como respaldo al momento de solicitar el crédito.Cuánto le prestan con sus cesantías en 2026Para 2026, el Fondo Nacional del Ahorro dio a conocer que financiará hasta el 100 % del valor del inmueble a quienes cumplan los requisitos establecidos; es decir, los solicitantes podrían acceder a vivienda sin cuota inicial.Sin embargo, el monto definitivo dependerá de:La capacidad de pago del solicitante.El puntaje mínimo de calificación exigido.Que no existan embargos sobre los recursos.Tener las cesantías consignadas en el Fondo.Adicionalmente, las cesantías administradas por el FNA generan rendimientos atados a la UVR, lo que busca proteger su valor frente a la inflación; además, la entidad no cobra cuotas de administración ni comisiones por retiros.En educación, los afiliados pueden usar sus cesantías para financiar estudios propios, de su pareja o incluso de sus hijos.Con ahorro también le prestaría el FNAQuienes no reciben cesantías también pueden vincularse mediante el Ahorro Voluntario Contractual. Esta modalidad permite acceder al crédito siempre y cuando el afiliado realice aportes mensuales constantes. El método está disponible tanto para residentes en Colombia como para quienes viven en el exterior.Surge entonces una pregunta: ¿los afiliados por cesantías reciben préstamos más altos que quienes ahorran voluntariamente? Lo cierto es que no; en ambos casos la financiación puede ser hasta del 90 % del valor del inmueble, según la capacidad de endeudamiento.Por lo tanto, el FNA dispone de un simulador. Por ejemplo, si un apartamento tiene un costo de 180 millones y se financian 144 millones:En cuota fija en pesos a 20 años (9,5 % EA), la cuota aproximada sería de $1.443.160 mensuales con seguros.En UVR a 30 años, la cuota inicial rondaría los $810.331, aunque con un mayor número de pagos totales.Veamos un caso: Andrés tiene 29 años y desea comprar un apartamento cuyo valor es de 180 millones de pesos. Al utilizar el simulador eligió la opción por valor de la vivienda. Estos fueron los datos: Cuota constante en pesosCuota total con seguros: $1.443.160Valor de seguros: $137.364Valor de la vivienda: $180.000.000Monto a financiar: $144.000.000Plazo: 20 añosTasa de interés efectiva anual: 9,5 %Tasa de interés mensual: 0,759 %Número de cuotas: 240Cuota constante en UVRCuota total con seguros: $810.331Valor de seguros: $88.404Valor de la vivienda: $180.000.000Monto a financiar: $144.000.000Plazo: 30 añosTasa de interés efectiva anual: UVR + 4,5 %Tasa de interés mensual: UVR + 0,367 %Número de cuotas: 360Vale recordar que desde marzo de 2026 estará disponible la opción de financiar el 100 % de la vivienda, lo que ampliará las posibilidades para quienes buscan dar el paso hacia casa propia.
Una buena noticia: por primera vez en la historia de la Sociedad Hidroituango S.A, superó los $442 mil millones en ingresos operacionales y entregará dividendos. La sociedad reportó que la utilidad disponible superó los $241 mil millones.Por primera vez desde su creación en 1997, la sociedad Hidroituango S.A. reportó ingresos operacionales, al alcanzar en 2025 una cifra superior a los $442 mil millones, según el informe financiero presentado por la compañía. El resultado marca un punto de inflexión para la empresa propietaria de la Central Hidroeléctrica Ituango, luego de años de retrasos y dificultades.De acuerdo con lo reportado, tras descontar impuestos, reservas, pasivos y gastos de funcionamiento, la utilidad disponible superó los $241 mil millones, lo que representa el primer balance positivo de este tipo en los 27 años de existencia de la sociedad.Pese a una serie de situaciones que afectaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico, entre ellas la contingencia técnica registrada en 2018 y los procesos jurídicos que se extendieron durante varios años, ahora es bueno el balance financiero que recordemos ingresará a la Gobernación de Antioquia y el IDEA, que tienen una participación del 53 %; Empresas Públicas de Medellín con el 46 % y 80 socios privados, con el 0.8 %. Estas controversias fueron resueltas mediante un acuerdo conciliatorio aprobado en diciembre de 2025 entre la empresa y EPM, responsable de la construcción y operación de la central.Actualmente, cuatro de las ocho turbinas del proyecto están en funcionamiento y generan cerca del 11 % de la energía de Colombia, mientras las demás continúan en construcción.Por lo pronto, los resultados financieros del ejercicio 2025 serán presentados a los accionistas en la Asamblea General prevista para marzo de 2026, donde se definirán decisiones sobre el destino de las utilidades y la proyección futura de la empresa. Según lo informado por la compañía, estos recursos están destinados a contribuir al financiamiento del desarrollo regional.
La Cámara Colombiana de Infraestructura encendió las alertas por la terminación anticipada del contrato del proyecto IP Autopistas del Caribe, clave para conectar y permitir el transporte de carga entre Cartagena y Barranquilla. El gremio advirtió que, desde el 2 de enero de 2026, el corredor pasará a un proceso de reversión que podría traer consecuencias negativas para el empleo, la actividad económica del Caribe y el desempeño logístico de uno de los ejes viales más relevantes de la región.Según la CCI, la salida del concesionario implica que la administración del corredor quedará en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías), trasladando al Estado la responsabilidad total de una infraestructura diseñada originalmente bajo un esquema de participación privada. Esta transición, señaló el gremio, se dará sin que se hayan materializado las obras estructurales contempladas en el proyecto.El gremio también subrayó que la liquidación del contrato genera dudas sobre la continuidad y el futuro del corredor, además de enviar un mensaje que podría debilitar la confianza de los inversionistas en próximos proyectos de infraestructura. En ese contexto, respaldaron el modelo de concesiones como un mecanismo que ha permitido atraer capital, mejorar la calidad de las vías y contribuir al desarrollo regional. El presidente Gustavo Petro, sin embargo, ha asegurado que, si toca hacer recortes en el presupuesto, las concesiones serán el primer blanco.Por último, la Cámara hizo un llamado al Ministerio de Transporte para que asuma el proceso y solicitó información clara sobre el esquema de administración que regirá el corredor ahora.
La indisponibilidad de la plataforma Siglo XXI de la Dian mantiene frenadas las operaciones de comercio exterior en distintos puntos del país desde el pasado 27 de diciembre, luego de un mantenimiento programado ese día a las 12:00 del mediodía. De acuerdo con el gremio aduanero, esta situación ya genera represamientos críticos, especialmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado.La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) elevó un llamado urgente al director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano, al advertir que “la plataforma no ha recuperado su funcionalidad en su totalidad” y que desde el 29 de diciembre “ha dejado de funcionar completamente”, según reportes de sus afiliados.De acuerdo con el gremio, la caída del sistema ha frenado las operaciones de comercio exterior y tiene al aeropuerto El Dorado “al borde del colapso ante la imposibilidad de continuar con las actividades”, afectando tanto a usuarios como a funcionarios de la Dian, quienes “no tienen posibilidad de acceder a la plataforma”.Frente a este tipo de contingencias, la propia Dian estableció lineamientos en el Memorando 269 del 30 de diciembre de 2025, en el que reconoce la posibilidad de fallas en los sistemas informáticos y ordena la activación de planes alternos. En el documento, la entidad señala que, ante indisponibilidades tecnológicas, se deben “aplicar los procedimientos de contingencia definidos para garantizar la continuidad del servicio” y permitir el desarrollo de las operaciones mientras se restablecen las plataformas.El memorando también indica que estas contingencias deben ser consideradas por las áreas misionales-operativas y que “no podrán generarse afectaciones injustificadas a los usuarios por causas atribuibles a fallas en los sistemas de información”, dejando abierta la posibilidad de flexibilizar actuaciones administrativas mientras persista la emergencia tecnológica.En ese mismo sentido, FITAC solicitó a la Dian que se active de manera inmediata el apoyo del área de Tecnología para habilitar la plataforma Siglo XXI y que esta situación sea reconocida como un evento de fuerza mayor, especialmente frente a eventuales procesos sancionatorios que puedan derivarse de retrasos o incumplimientos causados por la caída del sistema.El gremio advirtió que, de no resolverse la contingencia en el corto plazo, las afectaciones al comercio exterior podrían escalar, en un periodo de alta congestión logística por el cierre de año.
Este miércoles 31 de diciembre de 2025 salió a la luz el nuevo decreto del Gobierno de Gustavo Petro con el que se anunciaron los impuestos que empezarán a regir desde el 1 de enero de 2026. Con la firma del decreto 1474 de 2025, entra en vigencia una reforma tributaria con la que el Gobierno nacional espera recaudar cerca de 11 billones de pesos, una cifra que ya empieza a generar impacto en el bolsillo de los colombianos.Entre las medidas que más ruido han hecho están los cambios en las compras por internet. A partir de ahora, se aplicará IVA a las plataformas de comercio electrónico con sede en Estados Unidos, como Amazon. Hasta ahora, las compras inferiores a 200 dólares, es decir, unos 751.000 pesos, estaban exentas de este impuesto. Con el nuevo decreto, ese umbral baja a 50 dólares, alrededor de 187.000 pesos. A esto se suman los nuevos impuestos a licores y cigarrillos, que representan otro golpe directo al consumo.Cuánto costará salir de rumba con los nuevos impuestos en 2026La reforma establece un aumento del IVA a los licores del 5 % al 19 %. Esta medida aplica para vinos, rones, aguardientes, aperitivos y bebidas similares. La cerveza, por ahora, queda por fuera de este ajuste y mantendrá su IVA actual, al ser considerada por el Gobierno como un producto de alto consumo social.Además del IVA, también se incrementa el impuesto al consumo de licores. A partir de 2026 se cobrará un 30 % sobre el valor de la botella, sumado a una tarifa adicional que varía según el grado de alcohol.Con este panorama, un aguardiente de 750 ml que actualmente cuesta $50.000 tendría un aumento de $6.600 solo por el IVA. Si se suma el impuesto por grado de alcohol, teniendo en cuenta que un aguardiente estándar tiene 20°, el costo adicional sería de $9.918. En total, esa botella podría costar alrededor de $63.018 en 2026.En el caso del ron, una botella de 750 ml que hoy vale $55.800 tendría un incremento de $7.400 por IVA y $11.970 por el impuesto asociado a sus 35° de alcohol. Así, su precio final rondaría los $70.470. Un whisky que actualmente cuesta $63.920 podría llegar a los $80.313 con los nuevos gravámenes.Otros impuestos que empezarán a regir en 2026Las cervezas, según el decreto, no tendrían variaciones y sus precios se mantendrían cercanos a los actuales. Sin embargo, otro golpe fuerte será para fumadores y usuarios de vapeadores. Las cajetillas de cigarrillos pasarán de pagar un impuesto de $2.100 a $11.200, mientras que los vapeadores y productos similares tendrán un gravamen del 30 %, más un impuesto de $2.000 por mililitro.También habrá cambios en bienes de alto valor. Motos de alto cilindraje, yates, barcos, helicópteros y vehículos con precios superiores a 30.000 dólares pasarán de pagar un IVA del 16 % al 19 %.Finalmente, el impuesto al patrimonio se cobrará desde los 2.094 millones de pesos libres de deudas, con tarifas que pueden llegar hasta el 5 % para los patrimonios más altos. Un escenario que anticipa un 2026 con mayores presiones para distintos sectores de la economía.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se pronunció sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y señaló que el incremento definido no refleja la demanda de los servicios de salud ni el comportamiento de los costos asociados a su prestación, lo que, según indicó, puede incidir en el funcionamiento del sistema.La entidad explicó que los costos de la atención están relacionados con el volumen de servicios requeridos por la población y con diversos factores que influyen en su prestación.De acuerdo con la Andi, al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que significa que por cada 100 pesos que reciben las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se destinan cerca de 106 pesos únicamente a la atención en salud. Esta situación habría generado un déficit operativo estimado en 10,2 billones de pesos durante 2025.Con base en estas proyecciones, la asociación señaló que para 2026 se requeriría un incremento mínimo del 15,6 % en la UPC, con el fin de avanzar en la estabilización del sistema. En particular, indicó que un aumento cercano al 9 % en el régimen contributivo no permitiría cubrir la totalidad de los costos de las atenciones de las personas afiliadas a este régimen.Según la Andi, en el régimen contributivo el faltante de recursos sería cercano a los 3,7 billones de pesos, lo que impactaría la financiación de clínicas y hospitales, así como la disponibilidad de recursos para el personal de salud y la atención de los usuarios del sistema.
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un incremento del 23,78% en el salario mínimo para el año 2026 ha generado preocupación en el sector agrícola. Katherine Mejía, presidenta de CorpoHass (gremio que agrupa a los productores de aguacate Hass), advirtió que esta medida impacta la viabilidad financiera de una industria que genera cerca de 81.000 empleos formales en el campo colombiano."Es realmente preocupante este aumento de salario mínimo para el año 2026 en un sector que actualmente genera cerca de 81,000 empleos formales. Hoy en día, para nuestro sector, este costo laboral pasa de representar el 38% a más del 55% de los costos estructurales de las compañías", indicó Mejía.Según la dirigente gremial, el impacto económico es severo y esta situación se agrava por un contexto internacional desfavorable, donde los precios del aguacate han disminuido, mientras el sector enfrenta los efectos negativos de la reevaluación de la moneda. Mejía destacó que la medida los tomó "por sorpresa", ya que esperaban mayor claridad por parte del Gobierno nacional sobre el impacto que tales decisiones tienen en la estabilidad de las empresas. "Sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay seguridad en el campo colombiano", enfatizó la presidenta de CorpoHass.Presión adicional por la reforma laboralAl incremento salarial se suma la preocupación por la reforma laboral, la cual, según el gremio, no reconoce las dinámicas particulares de la producción agrícola. Mejía señaló que la disminución de la jornada laboral y el aumento en el costo de las horas extras representan un desafío crítico para un sector que opera los siete días de la semana para garantizar la seguridad alimentaria tanto en Colombia como en el exterior."Este año la reforma laboral, tampoco tiene en cuenta las condiciones especiales de producción del campo colombiano. Disminuye la jornada, aumenta los costos de las horas extras en un sector que no para, que trabaja 7 días a la semana", indicó Mejía. Le puede interesar: Sector constructor advierte riesgos por aumento del salario mínimo del 23,7 %Ante la inminente subida de costos, las empresas del sector han comenzado a revisar sus presupuestos para el próximo año. La estrategia del gremio se centrará en dos pilares fundamentales:• Mejora de la productividad: Buscar formas de producir más con los mismos recursos."Ahora vamos a tener que repensar cómo producimos más, cómo somos más eficientes, cómo protegemos a las empresas y con esto protegemos el empleo", indicó. El sector aguacatero, que ha sido un motor de desarrollo rural, se encuentra ahora en una carrera contra el tiempo para ajustar su modelo de negocio antes de que entre en vigor el nuevo ajuste salarial en 2026.Escuche la entrevista aquí:
La crisis comercial entre Colombia y Ecuador entró en una fase decisiva. El Gobierno nacional activó su defensa jurídica tras la imposición de un arancel del 30% por parte de Quito a productos colombianos, una medida que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa denominó “tasa de seguridad”.Colombia respondió llevando el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, al considerar que el gravamen desconoce el Acuerdo de Cartagena, que establece arancel cero entre los países miembros del bloque: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.La confirmación del arancel se hizo desde el Foro Económico Mundial en Davos, donde Noboa argumentó que Colombia no estaba cooperando suficientemente en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.La medida comenzó a regir el primero de febrero del 2025 y ha impactado sectores estratégicos como el agroindustrial, agropecuario, automotriz y la industria liviana y básica. Gremios exportadores advirtieron que el efecto no solo recae sobre los empresarios, sino también sobre los consumidores, que podrían enfrentar incrementos en los precios.Le puede interesar: AmCham pide mantener gestión para retirar aranceles impuestos por EE. UU. a ColombiaCabe recordar, que, tras lo ocurrido, hubo una reacción inmediata colombiana. El Gobierno impuso un arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos, calificando la decisión como proporcional, transitoria y revisable. Además, suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, elevando aún más la tensión bilateral.Pero ahí no finalizó la imposición de medidas. El gobierno de Noboa incrementó en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, una decisión interpretada como nueva represalia.Ahora, la definición está en manos de la Comunidad Andina, cuya decisión será clave para determinar si se vulneraron los acuerdos regionales de lo que comenzó como un desacuerdo político y se convirtió en un enfrentamiento jurídico y económico. Esta medida podría marcar el rumbo de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador en los próximos meses.
Los candidatos a la Cámara de Representantes Sol Suárez, Juan David Aristizábal y al senado Augusto Moreno coinciden en que Colombia necesita una agenda legislativa que ponga la tecnología, la innovación y el emprendimiento en el centro de la discusión económica y social, así lo expresaron en su paso por Blu 4.0.Tecnología e innovaciónJuan David Aristizábal organiza su propuesta en tres ejes atravesados por tecnología: empleo, educación y un Estado más eficiente. Insiste en usar IA y transformación digital para modernizar la administración pública, simplificar trámites y hacer un uso más inteligente de los recursos, de modo que el Estado deje de ser una barrera para la ciudadanía y los emprendedores.Sol Suárez plantea que el país está rezagado en conocimiento y regulación sobre temas como inteligencia artificial, plataformas digitales, criptoactivos y blockchain. Su llamado es a “actualizar” el Congreso para que las decisiones normativas no se tomen desde el desconocimiento, evitando leyes que frenen la innovación y la competitividad empresarial.Conectividad, cripto y crédito popularAugusto Moreno sostiene que la tecnología es un medio para cerrar brechas y no un lujo de las grandes ciudades. Subraya la urgencia de llevar conectividad real a las zonas rurales y apartadas, donde miles de hogares siguen sin acceso estable a internet y quedan fuera de la economía digital.En materia económica, Moreno propone impulsar la tokenización y el uso regulado de criptoactivos, acompañados de incentivos como tres años de cero renta para negocios de base tecnológica. También promueve una “ley crediticia popular” que use datos como el pago de servicios y el historial en billeteras digitales para ofrecer crédito formal a pequeños negocios y sacar a la gente del gota a gota.Economía digital y criptoSuárez advierte que Colombia es “cero competitiva fiscalmente” y que muchos emprendedores están asfixiados por la carga tributaria, al punto de que una empresa puede llegar a destinar cerca del 60% de sus ingresos a impuestos. Propone liberar caja para que ese dinero se pueda reinvertir en tecnología, talento digital y expansión de los negocios.Además, plantea la necesidad de una regulación seria del ecosistema cripto y fintech, que proteja a los usuarios frente a estafas y pirámides sin ahogar la innovación. Esto implicaría reglas claras para las plataformas, mayor supervisión a la publicidad de inversiones y un enfoque técnico en el diseño de la normativa.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Camuflado en un costal era transportado un cilindro cargado con explosivos por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas por el kilómetro 6 de la vía que comunica al municipio de La Plata con el departamento del Cauca.La operación militar, adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, en conjunto con el Grupo de Caballería Liviano N.° 11, permitió evitar que se repitieran las dolorosas imágenes vividas en esta población el 17 de abril de 2025, cuando una motocicleta cargada con explosivos detonó, dejando dos personas muertas y 30 más heridas.La neutralización de la acción terrorista se dio gracias a la información oportuna de la Red de Participación Ciudadana. De manera inmediata, las unidades desplegaron un reconocimiento de ruta en el sector.Fue así como, al notar la presencia de los soldados, los individuos emprendieron la huida y abandonaron en el lugar un cilindro bomba.“En el kilómetro 6 vía Inzá, la Red de Participación Ciudadana nos informa de uno hombres circulando por la vía con unos bultos, que posiblemente contenían un material extraño. Al nosotros localizarlos, estos sujetos abandonan el sitio y abandonan sobre el lugar un costal", confirmó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante Novena Brigada.Siguiendo los protocolos de seguridad, se realizó el acordonamiento del área y se activó el equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) Delta, de la Novena Brigada. El trabajo técnico, con el apoyo del canino SOK, permitió confirmar la presencia de material explosivo y garantizar una intervención segura.Posteriormente, el artefacto fue destruido de manera controlada, sin afectar a la población civil ni la infraestructura vial.“Se realizo un procedimiento con nuestro grupo EXDE y se logra determinar que hay un artefacto explosivo tipo cilindro. El EXDE Delta logran neutralizar el artefacto explosivo, lo destruye y de esta manera protegemos a la población civil de una posible acción terrorista de estos actores criminales”. Puntualizo el comandante de la Novena Brigada del Ejército.Como medida preventiva, el tránsito vehicular estuvo suspendido mientras se desarrollaban las labores y fue restablecido una vez culminó la operación.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Colombia, integrada por las altas cortes y la Fiscalía, llamó a respetar las decisiones judiciales y señaló que cualquier inconformidad debe tramitarse por vías institucionales previstas en la Constitución y la ley, en medio de cuestionamientos desde el Gobierno al reciente fallo sobre el salario mínimo.En un comunicado publicado este martes, esta Comisión recordó que las decisiones judiciales "son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho".El pronunciamiento se produce después de que el lunes, el ministro colombiano de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmara que el Gobierno mantendrá el incremento del 23,7 % del salario mínimo en el decreto transitorio que debe presentar tras la decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, de suspender el acto administrativo que aumentó esa retribución.El texto de esta comisión, formada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la Fiscalía, no menciona ningún caso específico.Sin embargo, el llamado se da a conocer pocos días después de la suspensión provisional del decreto que aumentó un 23,7 % el salario mínimo para 2026, con lo cual lo fijó en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, y de la orden de expedir una norma transitoria mientras se adopta una decisión de fondo sobre el incremento decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.La Comisión Interinstitucional apuntó que las discrepancias que pueda haber originado el fallo deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, "dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución".En este sentido, la institución reiteró su compromiso "con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas".Petro dijo el domingo durante una alocución que presentará análisis técnicos adicionales para cumplir con los requisitos del Consejo de Estado y reiteró que el salario mínimo es una remuneración "móvil", por lo que podría variar según las condiciones económicas.Además, convocó a los colombianos a reunirse este jueves en las plazas públicas del país para defender el aumento salarial, al considerar que se trata de una "conquista histórica" de los trabajadores.
La ofensiva contra la banda ‘Satanás’ en lo corrido de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha dejado por ahora 43 integrantes de esta organización criminal tras las rejas, debilitando su presencia en varias localidades de la capital del país.Las autoridades han atacado desde los jefes de mando hasta los sicarios, pasando por quienes movían las finanzas y la logística. La organización, señalada de extorsiones, homicidios, tráfico de drogas y uso de explosivos, perdió figuras clave desde 2024, cuando fue capturado alias ‘Maracucho’ o ‘Pedrito’, considerado el segundo al mando. A esa caída se sumaron ‘Gocho’, jefe de sicarios, y ‘Vitico’ o ‘Moco’, uno de los ejecutores más temidos.En 2025 los operativos apuntaron al dinero. Cayeron alias ‘Hendry’, dedicado a la extorsión, su pareja, quien manejaba las finanzas, y ‘La Pure’, vinculada a secuestros extorsivos. Cada detención fue un golpe directo a las rentas ilegales que sostenían a la banda.Este año también se registró la captura de siete miembros más, entre ellos alias ‘Bill’, señalado de coordinar amenazas, ataques armados y cobros extorsivos contra comerciantes, especialmente en Bosa y Kennedy. A esta célula se le atribuyen hechos violentos con muertos y heridos, además de un fuerte impacto en el comercio local.En los allanamientos se incautaron armas, granadas, explosivos, drogas, celulares, panfletos y motocicletas usadas en atentados. Según cálculos oficiales, estos golpes habrían afectado ingresos criminales cercanos a 200 millones de pesos mensuales.Desde la Secretaría de Seguridad insisten en que la presión seguirá. “Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara”, afirmó el secretario César Restrepo.
El reconocido y polémico estratega político JJ Rendón ha vuelto a poner el dedo en la llaga sobre la realidad electoral en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu, el consultor venezolano analizó el panorama hacia las elecciones presidenciales de 2026, enviando un mensaje de cautela a quienes hoy celebran los resultados de los sondeos de opinión, asegurando que el liderazgo actual en las encuestas no garantiza el triunfo final.El espejismo de los punteros y el precedente históricoRendón fue enfático al señalar que Colombia posee una dinámica electoral particular donde los candidatos que dominan la escena en las etapas tempranas suelen desinflarse antes de la votación definitiva. Recordó casos emblemáticos como el de Antanas Mockus en febrero de 2010, quien "estaba arrasando" y ya se repartían ministerios antes de que la tendencia se revirtiera completamente.Según el estratega, esta situación se repitió en los procesos de 2014 y en la elección más reciente de Gustavo Petro. Rendón advierte que aparecer ganando entre octubre y marzo no es garantía de nada, citando también el histórico enfrentamiento entre Serpa y Uribe como prueba de que las encuestas de opinión pública no siempre reflejan la voluntad del "votante duro".La brecha entre la opinión pública y el voto realUno de los puntos más técnicos de su advertencia radica en la metodología de las mediciones actuales. Para Rendón, la mayoría de las encuestas públicas miden la opinión de la ciudadanía en general y no necesariamente la intención de quienes efectivamente acudirán a las urnas."Podrías tener un candidato que está muy arriba cuando en realidad, cuando le preguntas a los votantes duros, tiene 10 puntos menos", explicó el estratega. Este fenómeno se ve agravado por una tasa de abstención que oscila entre el 25% y el 30%, lo que significa que la opinión de personas que no van a votar termina distorsionando la percepción de apoyo real de los candidatos. Además, destacó que el voto de opinión en Colombia es significativamente más alto que el voto partidizado, lo que genera un gran volumen de indecisos que pueden cambiar el rumbo de la elección en cuestión de días.El factor de la "maquinaria" estatalMás allá de la opinión ciudadana, Rendón advirtió sobre la existencia de estructuras de poder que juegan un papel crucial en el resultado final. Mencionó que, a diferencia de lo que muchos prefieren ignorar, la "maquinaria" política existe y el gobierno de Gustavo Petro cuenta con una muy robusta que incluye alcaldías, gobernaciones y representación en el Congreso. Según el consultor, estos apoyos territoriales son factores que "a la hora del té" funcionan y ayudan a inclinar la balanza, un elemento que las encuestas actuales no logran capturar en su totalidad.
En medio de una operación militar en zona rural de San Andrés de Cuerquia, un nombre volvió a encender las alertas de inteligencia. Se trata de alias ‘Lobo’, cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc y considerado hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’. Este criminal logró escapar pese a que el operativo estaba dirigido específicamente contra él.Según información de inteligencia, ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión, consolidándose como pieza clave en el andamiaje armado del grupo.Las autoridades sostienen que se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales. En su huida dejó atrás fusiles, explosivos y abundante material de guerra, lo que evidencia la presión del operativo. Reportes preliminares indican que habría resultado herido durante los enfrentamientos.El prontuario atribuido a alias ‘Lobo’ se remonta a años de violencia en el Norte antioqueño. Inteligencia lo vincula con la instalación de artefactos explosivos en veredas de Anorí, ataques contra tropas en campos minados y la incineración de maquinaria pesada en zonas rurales.También es señalado por hechos como la desaparición y asesinato de un líder social en Campamento, homicidios selectivos en áreas como Amalfi y el control armado mediante retenes ilegales entre municipios como Briceño, Guadalupe y Campamento. En años recientes, su accionar se habría centrado en extorsiones, inteligencia delictiva y amenazas a funcionarios públicos.Su trayectoria criminal muestra una evolución dentro de la estructura: en 2020 figuraba como combatiente del ELN, luego pasó a explosivista del frente 36 y terminó como cabecilla de comisión del grupo armado residual, liderando operaciones armadas y logísticas en corredores estratégicos.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Lobo’ era el encargado de reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su dominio en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando territorios que habían quedado debilitados tras operaciones militares en 2025.Su zona base estaría ubicada en un sector conocido como El Hoyo, en zona rural de Anorí, desde donde coordinaba movimientos armados y redes de apoyo. Sobre él pesa una orden de captura vigente por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de material de guerra.Aunque el golpe militar dejó capturas y la incautación de armamento, la fuga de alias ‘Lobo’ mantiene activa la operación en el Norte de Antioquia. Las tropas continúan desplegadas en corredores rurales, intentando cerrar el cerco sobre el hombre que hoy es considerado uno de los cabecillas más peligrosos de la Estructura 36 y pieza clave en el engranaje criminal de alias ‘Primo Gay’.
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: