La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
La Casa de Nariño reveló detalles sobre la llamada entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente Gustavo Petro. Los temas clave fueron: frontera, energía, agua, seguridad y producción. La comunicación duró 15 minutos y se acordó trabajar conjuntamente para una reunión entre ambos. La fecha y el lugar están siendo definidos a nivel de Cancillerías.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, desde la captura de Nicolás Maduro, planteó que Colombia fuera mediador de un diálogo tripartito para buscar una solución a la situación del vecino país. Incluso, parte de la conversación que tuvo con Donald Trump incluyó que el país tuviera un papel clave en la reactivación de Venezuela, a través de cooperación en materia de energía y una alianza entre Ecopetrol y Monómeros.Según el presidente Gustavo Petro, su homólogo estadounidense estuvo de acuerdo en que las sanciones al régimen no han sido efectivas y que deben levantarse para lograr una recuperación de la economía. En ese contexto se dará la reunión entre el presidente colombiano y la encargada de Venezuela.El viernes 13 de febrero la canciller Rosa Villavicencio se refirió a dicho encuentro asegurando que "es posible" que Rodríguez viaje a Colombia en estos días. Agregó que esperaba tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita, que tras la llamada, quedó acordada.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que está proporcionando alimentos, kits de sanitación de agua y diferentes suministros para refugios temporales en Córdoba, tras las inundaciones registradas en las últimas semanas.Desde el Departamento aseguran que este apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas de las más de 250.000 familias y alrededor de 72.000 viviendas afectadas.Sin embargo, señalaron que esta asistencia humanitaria está dirigida a más de 1.400 hogares en Córdoba.Asimismo, la agencia destacó que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria a Colombia, pues el país recibe más del 30 % de toda la ayuda estadounidense destinada a Sudamérica con este propósito.Finalmente, aseguraron que parte de esta asistencia estratégica se hace con el objetivo de fomentar la estabilidad y fortalecer la relación entre Estados Unidos y Colombia.Lluvias no dan tregua en Córdoba y persiste la alerta por crecientes súbitasPese a ser esta una temporada de menos precipitaciones, la presencia de fuertes sistemas meteorológicos, como la vaguada monzónica y el sistema de baja presión del Darién, mantiene activa las alertas por tiempo lluvioso en la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba.José David Garavito, meteorólogo del Ideam, afirma que durante esta semana se esperan continúen las lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores del departamento, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos como Canalete y Sinú."Esta tendencia para los próximos días se mantiene, condiciones de cielo mayormente nublado, con probables lluvias de variedad intensidad, es decir, lluvias entre moderadas y fuertes, y probables tormentas eléctricas sectorizadas, tanto para el departamento de Córdoba, especialmente al suroccidente y oriente, como la ciudad de Montería", indicó.Es importante destacar que en el resto de la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tampoco se descartan algunas lluvias durante esta semana.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá "próximamente", días después de que la Cancillería colombiana anunciara un "posible" viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado enero, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión."Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", escribió en Telegram.El objetivo, prosiguió, es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países"."Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos", agregó la líder chavista.El pasado viernes, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo a EFE que "es posible" que Rodríguez viaje a su país esta semana y que esperaban tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó entonces la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid.Villavicencio sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano quien invitó a Rodríguez a ir su país.Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".
La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica emitió una carta abierta dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Congreso de la República de Colombia, la Defensoría del Pueblo y a la opinión pública, en la que expone una situación relacionada con el acceso a tratamientos para niños y adolescentes con hemofilia y otras coagulopatías.Según la organización, en el país hay más de 6.000 personas diagnosticadas con estos trastornos, entre ellas más de 3.200 pacientes con hemofilia, y se han presentado casos de interrupciones en la entrega de factores de coagulación, medicamentos necesarios para prevenir hemorragias y otras complicaciones.En el documento, la asociación señala que la falta de suministro oportuno de estos tratamientos se ha asociado con hospitalizaciones, daños articulares y episodios de sangrado en menores de edad.Por ello, solicita a las autoridades garantizar la entrega continua de los medicamentos, reforzar las labores de inspección y control a las EPS, priorizar a esta población dentro de las estrategias de aseguramiento y establecer mesas técnicas de trabajo con participación de sociedades científicas y asociaciones de pacientes para identificar causas y proponer soluciones.
El candidato independiente en las presidenciales Daniel Palacios, que se encuentra en EE.UU. promoviendo su propuesta de mano dura contra el crimen y el narcotráfico en su país, realizó una petición a la Fiscalía estadounidense para que investiguen las menciones del también candidado Iván Cepeda en los computadores del abatido 'Raúl Reyes'.Palacios asegura que está en Washington para presentar una solicitud formal a la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, para que revise las menciones del hoy candidato del oficialismo a la presidencia, Iván Cepeda (al que él califica "como heredero de las FARC"), en los computadores del guerrillero Édgar Devia, alias Raúl Reyes, fallecido en una operación militar en 2008.El político considera que esos computadores "en Colombia fueron decretados inadmisibles por la Corte Suprema de Justicia, pero aquí en EE.UU. hacen parte y son pieza fundamental de la acusación federal (por narcoterrorismo y conspiración) contra (el expresidente venezolano) Nicolás Maduro" y por ello podrían ameritar una investigación formal contra Cepeda.Promesa de mano duraEn entrevista con EFE aseguró que, si resulta elegido, Bogotá y Washington pueden desarrollar los lazos más sólidos de su historia común gracias a sus intereses compartidos.El candidato responsabiliza enteramente al presidente Gustavo Petro del distanciamiento bilateral que se ha dado desde el retorno al poder en EE.UU. de Donald Trump en enero de 2025 y considera que más allá "insultar" o "criticar" políticas del republicano, el mandatario suramericano no ha cumplido a la hora de combatir la criminalidad a nivel interno y transfronterizo.La relación con Washington según Palacios, que entre 2020 y 2022 fue ministro del Interior bajo la presidencia de Iván Duque, "podría tener el mejor momento de la historia de Colombia porque se alinearían los intereses de EE.UU. con los intereses de Colombia en una presidencia de Daniel Palacio".El primer objetivo compartido es, según él, "derrotar a la criminalidad, derrotar al narcotráfico, perseguir el terrorismo y hacer una migración ordenada y regulada".Además de tener en Bogotá a "un aliado comercial estratégico fundamental", Palacios señala otro interés común, que es el de lograr que la inversión que se va a hacer en Venezuela a partir de la venta de crudo gestionada por EE.UU. se "reinvierta" en las regiones fronterizas que Colombia comparte con el país caribeño.Palacios cree que esta inyección a ambos lados de la divisoria podría superar los 6 billones de dólares y que debe centrarse en "tener fronteras seguras, para poder derrotar a los grupos de narcotráfico y terrorismo que operan en esas zonas", pero también "en infraestructura, en zonas de comercio, en temas de hidrocarburos tan importantes para las dos naciones".El que fuera exsecretario personal del expresidente Álvaro Uribe cree que también debe invertirse parte de ese dinero en "una operación de retorno de migrantes venezolanos (que están actualmente en suelo colombiano) a Venezuela que se haga de manera ordenada, segura y humana, porque en esa reconstrucción de Venezuela, muchos venezolanos van a querer regresar".Candidatura de PalaciosPalacios concurrirá como independiente tras recolectar 1,3 millones de firmas ya avaladas y abandonar en enero la Gran Consulta por Colombia, el bloque de centro‑derecha que escogerá el 8 de marzo candidato único para primera vuelta, que se celebra en mayo.El exiministro, de 43 años, insiste en que "a algunos de esos candidatos les pareció que yo era muy de derecha y que entonces no debía participar en esa consulta"."Yo he dicho que si mi firmeza en contra de la criminalidad, si mi firmeza en contra del Gobierno de Gustavo Petro, me descalifican de estar en esa consulta, pues que nos descalifiquen", explica, insistiendo en que su propuesta de mano dura en materia de seguridad o su negativa a sentarse a dialogar con grupos armados son innegociables.Palacios insiste en que no va a ser un obstáculo si más adelante "hay una candidatura que se consolide y tenga mayor chance de derrotar al candidato de Petro y lo que representa el continuismo de Gustavo Petro".
A meses de que se ponga en funcionamiento el esperado Túnel del Toyo, nuevamente hay confrontaciones entre las autoridades antioqueñas y el Gobierno nacional.Esta vez, porque la Nación está retrasando la instalación de los equipos electromecánicos a pesar de que, aparentemente, los requisitos ya se cumplieron hace varios meses.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el compromiso de la instalación estaba desde la presidencia de Iván Duque y el Gobierno nacional estaba en la obligación de comprar e instalar los equipos electromecánicos una vez se culminaran las obras del primer tramo, mismas que finalizaron el año pasado y ahora todo se enredó."Aquí pareciera existir un ánimo, una vez más, de fastidiar del Gobierno nacional. Esos equipos están embodegados desde hace mucho más de un año, tal vez año y medio, un poco más, pero no hay razón alguna para que ellos se rehúsen a poner los equipos electromecánicos en el setenta y cinco por ciento del trayecto", indicó Rendón.Ahora, y ante esta decisión que podría retrasar la apertura del Túnel del Toyo, el mandatario departamental aseguró que enviarán un oficio ante la Contraloría General de la República porque había un compromiso desde mediados de 2025 y al no entregar los equipamientos podría estar recurriendo en un detrimento al patrimonio. Ante esta situación desde la Gobernación se ha buscado una solución para no seguir postergando la inauguración.Rendón explicó que se necesitan 170.000 millones de pesos, de los cuales solo hay aproximadamente 50.000 millones de pesos y el Gobierno nacional ya le habría indicado a la empresa encargada de la instalación que sí dará los recursos pero entre 2027 y 2028, por lo que el mandatario propuso una alternativa."Los 120.000 restantes, la Nación se los puso en el 2027, les puso como 90.000 millones y el resto se los ponen en el 2028. Ayer en Consejo de Gobierno decidimos, hablemos con el contratista, advirtamos del detrimento patrimonial, que la idea le ponga esos 120.000 que necesita ya, pueda instalar los equipos electromecánicos y la gobernación asume el costo financiero", explicó el gobernador de Antioquia.A la espera que se haga la reunión entre Gobernación y contratista y así se pueda definir el camino a seguir, otro que mostró su voz de rechazo fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien insistió que la situación nuevamente pone en jaque las intenciones de las administraciones regionales por culminar esta infraestructura de 37.7 kilómetros.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ordenó el retiro inmediato en todo el país del producto infantil Delicada Espuma Limpiadora 210 mL, destinado a bebés y niños, correspondiente al lote 2506022, tras evidenciar una alteración microbiológica. La decisión fue informada este 17 de febrero de 2026 en Bogotá, en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control y del programa institucional “Demuestra la Calidad”.Según la entidad, los análisis realizados por su laboratorio detectaron un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales por encima del límite máximo permitido para productos cosméticos, de acuerdo con lo establecido en la Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia mediante la Resolución 2120 de 2019. Por esta razón, el lote fue clasificado como Producto Alterado (Alterado 2) y se ordenó su retiro del mercado.El registro sanitario del producto pertenece a la empresa ECOTU S.A.S. y su fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS S.A.. De acuerdo con el comunicado, no se reportan fecha de producción ni fecha de vencimiento asociadas al lote involucrado en la alerta.Como parte de las medidas preventivas, el Invima recomendó a la ciudadanía suspender de inmediato el uso del producto y reportar a la entidad o a las autoridades territoriales de salud los lugares donde se esté distribuyendo o comercializando. También pidió informar cualquier evento no esperado relacionado con su aplicación a través de sus canales oficiales.A las secretarías de salud les solicitó reforzar las labores de inspección en establecimientos donde pueda encontrarse el producto y adoptar las medidas sanitarias correspondientes, así como notificar a la autoridad en caso de hallarlo. A los establecimientos comerciales les advirtió que deben abstenerse de distribuir o vender el lote señalado, ya que podrían ser objeto de sanciones.La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima indicó que estas acciones hacen parte de las estrategias para proteger la salud pública y asegurar que los productos cosméticos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos.
Una grave situación de emergencia se registró este martes al interior del túnel Buenavista I, en la vía a Villavicencio, una de las infraestructuras clave en el ingreso a la capital del Meta. El incidente, que fue captado en un video, generó alarma entre los conductores y las autoridades viales que operan en la zona. En el siniestro vial resultaron dos personas heridas. La gravedad del impacto no solo afectó a los ocupantes de la moto, sino que produjo un incendio que terminó por dejar una motocicleta completamente incinerada dentro de la estructura.Le puede interesar: Impresionante video de conductor que circuló en contravía dentro del túnel de GualandayEste suceso provocó una respuesta inmediata de los organismos de socorro, debido a la emergencia generada al interior del túnel, donde la acumulación de humo y el fuego representaban un riesgo para los usuarios de la vía. El accidente quedó captado en un video que muestra el momento exacto en el que se produjo el siniestro vial. Por ahora, las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del accidente que interrumpió la normalidad en el acceso a Villavicencio. Vea el video aquí:
El Ministerio de Salud confirmó que no realizará reajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondientes al año 2024 ni a vigencias anteriores, pese a la orden emitida por la Corte Constitucional. La decisión, según explicó el viceministro de protección social, Luis Alberto Martínez, se fundamenta en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los actores del sistema durante las mesas técnicas convocadas para este fin.De acuerdo con el viceministro, el Ministerio dio cumplimiento textual a la orden judicial, que establecía la necesidad de concertar una cifra de UPC. Sin embargo, afirmó que dicho consenso no se logró y que, por el contrario, en el análisis de la información presentada se identificaron presuntos hallazgos de cobros que, en principio, serían irregulares.Señaló además que, tras revisar indicadores como la siniestralidad médica, relación entre costos médicos e ingresos, se concluyó que entre 2019 y 2023, así como en avances de 2024, existió un margen superavitario, por lo que no habría lugar a reconocer rezagos financieros.El viceministro agregó que las inconsistencias detectadas en la información podrían inducir a error tanto al Ejecutivo como al orden judicial, razón por la cual el Ministerio mantuvo su postura de no ajustar la UPC de los años analizados.Tras el anuncio, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, reaccionó señalando que la decisión del Ministerio desconoce lo indicado por la Corte Constitucional. Afirmó que el ejercicio no fue de consenso y que no se tuvieron en cuenta los datos aportados por todos los participantes.Según Acemi, persiste un rezago en la UPC de años anteriores que impactó los cálculos de 2024 y 2025, y genera preocupación frente a la definición de la UPC para 2026, especialmente por el efecto del incremento del salario mínimo.La dirigente gremial sostuvo que el rezago financiero del sistema podría estar cercano a los 25 billones de pesos, considerando la facturación de los prestadores y la disminución de los patrimonios de las EPS. Indicó que la asociación notificará a la Corte Constitucional y espera que se convoque a la audiencia pública anunciada recientemente, mientras el Gobierno avanza en la expedición del decreto para la UPC de 2026.Por su parte, desde el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, la doctora Salazar señaló que la reunión confirmó que no habrá aumento de la UPC de años anteriores y calificó el encuentro como una instancia sin cambios frente a la situación previa. Indicó que, aunque el Ministerio cumplió el procedimiento ordenado por la Corte, los resultados ya estaban definidos y se mantuvo la postura de que la UPC de 2024 fue suficiente según los cálculos oficiales.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
Como el presidente Gustavo Petro lo había anunciado en plaza pública, se conoció el Decreto 1400 de 2025, que ordena la desclasificación y el levantamiento gradual de la reserva de los archivos, documentos y datos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación.Este documento establece que la apertura de los archivos no será inmediata ni total, sino progresiva y condicionada a procesos técnicos de intervención archivística, digitalización y anonimización, para proteger datos personales y evitar riesgos para la seguridad nacional. El decreto asigna roles claros: El AGN será responsable de la custodia, administración, preservación y generación de la versión digital de consulta pública. La Dirección Nacional de Inteligencia, liderada por Jorge Lemus (DNI), adelantará los procesos de anonimización y entregará los archivos tratados al AGN, y la Procuraduría vigilará el proceso como órgano de control preventivo.Por último, en el documento firmado por los ministros de Cultura y Hacienda y el presidente Petro, se ordena la elaboración de un plan de trabajo conjunto entre la DNI y el AGN, que deberá incluir cronograma, protocolos, presupuesto y etapas del proceso, y que además garantizará la participación de la sociedad civil. Finalmente, se establece que la financiación del proceso se hará con recursos del Presupuesto General de la Nación.
En Isla Grande, en la zona insular de Cartagena, donde hoy funciona una de las granjas agrovoltaicas más grandes del país, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) escogió a la comunidad para presentar su balance de gestión 2025.De acuerdo con la entidad del Gobierno Nacional, con corte al 10 de diciembre de 2025, más de 17.500 usuarios de zonas apartadas del país han logrado acceder a servicios de energía mediante la implementación de proyectos que incluyen soluciones solares, sistemas híbridos y el mejoramiento de redes eléctricas.Las zonas más impactadas han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.Danny Ramírez, director del IPSE, señaló que estos resultados hacen parte del compromiso del Gobierno Nacional de garantizar que el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio, y que se convierta en una herramienta de transformación social, oportunidad y desarrollo.“La Navidad es tiempo de familia y de esperanza. Para miles de colombianos, este año también llega con algo que nunca habían tenido: la energía”, afirmó.Ramírez también destacó la implementación de la granja agrovoltaica de Isla Grande, la cual, según señaló, es un referente nacional de la política de transición energética y permitió que cientos de familias accedieran por primera vez al servicio de energía eléctrica.
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.Valencia asegura que hay un deterioro del sistema de salud que ha generado graves consecuencias como la muerte de Kevin Acosta, el menor de 7 años de edad que murió esperando un medicamento para la hemofilia.“Las EPS intervenidas por el gobierno desmejoraron sus indicadores financieros y prestacionales. Deben más plata, tienen más quejas y mayor siniestralidad. Además, en este Gobierno se dispararon las tutelas por salud. El Ministerio de Salud deliberadamente incumplió la orden de la Corte Constitucional de aumentar la UPC, al punto que le abrieron desacato. Esto afectó la sostenibilidad financiera del sistema. Acemi calcula el rezago en 33 billones de pesos”, dijo Valencia sobre las razones para presentar la queja disciplinaria.Además la candidata aseguró que todas las personas con hemofilia pueden hacer ejercicio, teniendo en cuenta que desde el Gobierno aseguraron que la familia de Kevin debía tomar medidas preventivas pues el menor había tenido un accidente en bicicleta.“Todas las publicaciones científicas afirman que los pacientes con hemofilia pueden hacer ejercicio. Es más, se recomienda que lo hagan para fortalecer músculos y huesos. Lo dicho por el ministro Jaramillo es irrespetuoso y pretende exculpar su responsabilidad por la pésima gestión de las EPS intervenidas y el desacato a la orden de la Corte, en que el niño usó una bicicleta”, agregó Valencia.
La empresa Mario Hernández anunció el lanzamiento de una campaña nacional para apoyar a las comunidades afectadas por la temporada invernal en el departamento de Córdoba. La iniciativa se desarrolla en respaldo a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, entidad encargada de coordinar la entrega de las ayudas humanitarias.Bajo el mensaje “Estamos juntos por Córdoba”, la campaña invita a los ciudadanos a participar mediante la adquisición de un kit solidario con un valor de $100.000. La compra se realiza a través de un código QR habilitado por la organización, mecanismo que permitirá canalizar los recursos directamente hacia la Cruz Roja para la distribución de mercados en las zonas afectadas.Según lo informado, la meta establecida es la entrega de 2.000 kits de ayuda humanitaria. Como parte del inicio de la campaña, los primeros 100 kits salieron desde la organización y ya se encuentran en proceso de traslado para su entrega en Córdoba, bajo la coordinación de la seccional Cundinamarca y Bogotá de la Cruz Roja.La iniciativa contempla el suministro de alimentos y artículos de apoyo básico para las familias damnificadas. De acuerdo con el comunicado, el propósito es promover una acción colectiva que permita atender necesidades inmediatas derivadas de la emergencia climática en la región.La organización hizo un llamado a los colombianos para sumarse a la campaña, indicando que cada aporte contribuirá al cumplimiento de la meta fijada. Asimismo, reiteró que el proceso de donación se realiza mediante el código QR oficial, con el fin de garantizar que los recursos lleguen directamente a la Cruz Roja Colombiana para su distribución en las comunidades afectadas.La campaña permanecerá activa mientras se alcanza el objetivo propuesto de 2.000 kits destinados a las familias impactadas por la temporada invernal en Córdoba.
En la tarde de este miércoles, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el Mapa de Riesgo Electoral 2026 para la ciudad de Bogotá. Según el informe, 315 de los 901 puestos de votación habilitados en la capital, equivalentes al 34 %, presentan algún nivel de riesgo para los próximos comicios al Congreso de la República y las Consultas Interpartidistas del próximo 8 de marzo. De estos, 36 puestos se encuentran en riesgo extremo, 130 en riesgo alto y 149 en riesgo medio.Las alertas frente al panorama electoral se ven frente a los llamados "comportamientos atípicos", que incluyen una baja participación histórica, altos índices de votos nulos y tarjetones no marcados. Estas irregularidades no se distribuyen de forma equitativa por la ciudad, sino que se concentran principalmente en el sur, suroccidente y sectores del centro de Bogotá.Uno de los casos más críticos es en la localidad de Sumapaz, ya que el 100 % de sus puestos de votación se encuentran bajo algún tipo de riesgo. Otras zonas con alertas significativas son Ciudad Bolívar, donde 15 de sus puestos están en riesgo extremo, y Santa Fe, donde tres de cada cuatro puntos de votación presentan atipicidades. Localidades como Usme, San Cristóbal, Bosa y Chapinero también superan el 50 % de sus puestos con alertas.A los riesgos técnicos y de participación se suma un factor determinante: el riesgo de violencia en Bogotá. El informe destaca hechos de enorme gravedad, como el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, lo que evidencia la fragilidad de las garantías para el ejercicio político en la capital.“La elección en Bogotá es especialmente compleja por la densidad inédita de candidaturas que confluyen en la ciudad. En la actual contienda hay 247 aspirantes a la Cámara de Representantes, a lo que se suma la campaña al Senado: con base en el comportamiento de 2022, al menos 112 candidatos al Senado harán campaña en Bogotá, una cifra conservadora si se tiene en cuenta que 177 aspirantes al Senado obtuvieron más de 1.000 votos en la capital en la última elección. Esta superposición de campañas nacionales y locales convierte a Bogotá en el escenario electoral más disputado del país”, se puede leer en el informe.Esta vulnerabilidad se acentúa por la complejidad de la contienda: Bogotá es el escenario más disputado del país, con una superposición de campañas nacionales y locales. Para 2026, el 96 % aspirantes a la Cámara de Bogota (238 candidatos) nunca han ocupado dicho cargo. Esta falta de experiencia política y la fragilidad de esquemas de seguridad hace que los nuevos candidatos sean especialmente vulnerables ante el contexto de violencia.“En este escenario, las recomendaciones son claras y urgentes: la Registraduría Distrital debe reforzar la capacitación de jurados, la pedagogía electoral y los controles diferenciados en puestos con antecedentes de votos nulos y baja participación; la Alcaldía de Bogotá debe asumir la participación electoral como una política pública territorializada, especialmente en las localidades donde históricamente se vota menos; y la fuerza pública debe diseñar un esquema de seguridad electoral focalizado, que proteja no solo la jornada de votación, sino también a los candidatos —en especial a los nuevos— y la logística previa y posterior al día electoral, en los territorios identificados como de mayor riesgo”, agrega.El informe concluye advirtiendo que, pese a que Bogotá posee una institucionalidad sólida, el derecho al voto no se ejerce con las mismas garantías en todos los territorios, lo que plantea el desafío de no normalizar una "democracia desigual" en el principal centro electoral del país.
Viajar al exterior exige algo más que tiquetes y reservas, pues el pasaporte es la llave que abre fronteras y certifica la identidad de millones de personas en el mundo. Para ello, la actualización de este documento se ha convertido en una prioridad para quienes viajan constantemente.El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el diseño del nuevo pasaporte colombiano y aseguró que estará entre los cuatro más seguros a nivel mundial. Durante un consejo de ministros, el mandatario mostró la primera imagen de la libreta y explicó que la renovación se debe a una reestructuración profunda del modelo de contratación, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la soberanía tecnológica.“Pedí que la imprenta nacional estuviera al servicio. Ya tenemos el pasaporte”, indicó Petro indicando que el eje central de esta nueva versión será la protección avanzada de los datos personales.Además, según el Gobierno, el nivel de seguridad del nuevo documento permitirá que Colombia escale posiciones en estándares internacionales de identificación migratoria.Este nuevo modelo de pasaporte entrará en vigor en abril; no obstante, muchos ciudadanos se preguntan qué pasará con los pasaportes actuales que aún siguen vigentes.¿Seguirá siendo válido el pasaporte actual? Esto dice la CancilleríaLa Cancillería de Colombia aclaró que, a partir del 1 de abril de 2026, entrará en vigor el nuevo modelo de pasaporte, pero los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.Es decir, quienes ya tengan pasaporte ordinario o ejecutivo podrán continuar usándolo sin inconvenientes después de la fecha de implementación del nuevo diseño.La entidad recordó que en Colombia estos pasaportes tienen una vigencia de 10 años contados desde su expedición. Sin embargo, recomienda verificar con anticipación la fecha de expiración antes de planear un viaje internacional y renovarlo al menos seis meses antes de su vencimiento.Así lucirá el nuevo pasaporte colombianoEl presidente presentó la primera imagen del documento, aunque no entregó mayores detalles sobre sus características. Este fue el video del momento.
El próximo 22 de febrero el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, será el escenario de una jornada solidaria para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias e inundaciones en los departamentos de Córdoba y la región de Urabá, que han dejado miles de familias con pérdidas en vivienda, cultivos y acceso a servicios básicos.Bajo el nombre de Cultura Solidaria, el evento se realizará el próximo domingo a las 3:00 de la tarde en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes. La iniciativa reunirá a artistas como Cabas, César Mora, Ilona, Lucio Feuillet, Nicolai Fella, Gabriela Ponce y María Fuell, además del Coro Nacional de Colombia, entre otros invitados.De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, que convocó este evento, las emergencias por lluvias han generado afectaciones significativas en varias comunidades que requieren apoyo en agua potable, salud, albergue temporal y recuperación de medios de vida.El concierto contará con asistencia presencial en Bogotá, pero también permitirá donaciones desde cualquier lugar del país o del mundo. Las entradas y aportes se gestionarán a través de la plataforma Tuboleta, mientras que la transmisión se hará a través del Sistema de Medios Públicos.La totalidad de los recursos recaudados será transferido a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente las acciones humanitarias en territorio. Posteriormente, la organización entregará un reporte sobre la destinación de los fondos y las comunidades beneficiadas.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
La preocupación se tomó este miércoles las puertas del Ministerio de Minas y Energía, donde desde muy temprano llegaron trabajadores del sector cañero y palmero del Cauca y el Valle del Cauca. La razón: una crisis que, según los sindicatos, ya golpea la rentabilidad del sector y amenaza directamente el empleo.El tema fue explicado en Mañanas Blu, donde Johnson Torres, directivo nacional de Asintragro y miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, lanzó una advertencia directa: “Si no hay una solución, empiezan a acabarse los contratos”.Crisis del etanol: importaciones y cambios en la fórmulaTorres explicó que el problema se originó en septiembre de 2025, cuando el Gobierno modificó la fórmula para calcular el precio del etanol y el biodiésel. Esa decisión, aseguró, redujo la rentabilidad del productor nacional y no tuvo en cuenta el impacto de las importaciones.“El 55 % del etanol que entra al país viene de Estados Unidos y es altamente subsidiado”, dijo. Según el dirigente sindical, los grandes comercializadores han preferido comprar ese etanol importado, dejando represada la producción nacional.Hoy, el sector enfrenta un panorama crítico: “Hay represados 51 millones de litros de etanol, un stock del 300 %. Estamos a puertas de que los ingenios paren”, afirmó Torres al aire.Empleo en riesgo y contratos en pausaEl impacto no es solo industrial. La acumulación de etanol ha frenado la compra de caña y palma, afectando a productores, transportadores y trabajadores de toda la cadena. “Cuando no se puede vender ni producir más, cesan los contratos de trabajo o empiezan las licencias no remuneradas”, advirtió el vocero sindical.Aunque parte de la caña podría destinarse a la producción de azúcar, Torres explicó que ese camino también tiene límites. Colombia ya produce más azúcar de la que consume, lo que obliga a exportar excedentes y genera presiones adicionales sobre precios y pequeños productores, como los paneleros.La propuesta al Gobierno y la reunión claveLos trabajadores no piden cerrar las importaciones, sino una salida técnica. “Si el Gobierno incrementa la mezcla de etanol del 10 % al 12 % o al 15 %, nosotros podemos vender nuestra producción y el país seguiría importando lo que haga falta”, explicó Torres.La decisión está en manos del Ministerio de Minas y Energía, con quien los manifestantes sostuvieron una reunión este miércoles. Mientras tanto, el mensaje del sector es claro: sin una solución de corto plazo, el empleo rural y agroindustrial empezará a resentirse con fuerza.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que la ola invernal podría afectar a cerca de 5,5 millones de votantes de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Barrios explicó que, según el más reciente informe presentado ante la Comisión de Seguimiento Electoral, al menos siete subregiones del país se encuentran en alerta roja por parte del IDEAM.“Estamos hablando de casi el 14 % del censo electoral del país y cerca de 3.000 mesas de votación, que equivalen al 15 % del total nacional”, señaló.Tres grandes retos logísticosLa directora de la MOE identificó tres desafíos principales:Reubicación de puestos de votaciónMuchos colegios y coliseos —lugares habituales para votar— están funcionando como albergues para familias afectadas por inundaciones. “Si el colegio está inundado o sirve de refugio, hay que buscar un lugar alternativo, especialmente en zonas rurales”, explicó.Estado de las víasLa situación es crítica en regiones como La Mojana, donde varias vías terciarias y principales están anegadas. Esto complica tanto la instalación de mesas como el transporte y posterior retiro del material electoral.Riesgo de politización de ayudasBarrios advirtió sobre la necesidad de evitar que la entrega de asistencia humanitaria sea utilizada para favorecer candidaturas. “Hay que impedir que se utilicen bienes de ayuda humanitaria con fines electorales”, subrayó.¿Qué pasa con quienes perdieron la cédula?Frente a ciudadanos que perdieron sus documentos en las inundaciones, Barrios destacó que la Registraduría Nacional del Estado Civil está adelantando jornadas rápidas para expedir duplicados de cédula.“Lo último que uno saca cuando se le está inundando la casa es la cédula”, afirmó, al resaltar la importancia de garantizar el derecho al voto de quienes resultaron damnificados.La MOE pidió que cualquier información sobre cambios en puestos de votación sea consultada únicamente en canales oficiales de la Registraduría para evitar desinformación.Transporte, aplazamientos y riesgos legalesSobre la posibilidad de habilitar transporte público para facilitar el acceso a las urnas, Barrios señaló que la medida tiene ventajas y riesgos. Si bien podría ayudar a los votantes, también podría interpretarse como una acción que favorezca determinadas campañas.“Una lectura positiva es que el municipio está ayudando; la negativa es que el transporte favorece a cierta candidatura”, explicó.En cuanto a un eventual aplazamiento de elecciones en municipios afectados, fue enfática: “No se contempla como opción. Para elecciones al Senado no es viable suspender votaciones en algunos municipios”.Tampoco se prevé autorizar el voto con documentos distintos a la cédula, ya que cambios de ese tipo podrían derivar en demandas posteriores contra los resultados.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Departamento Administrativo de la Presidencia confirmó mediante un comunicado que suscribió un contrato de prestación de servicios con Ingrid Carolina Plata Navas para apoyar la organización, coordinación y logística de las actividades protocolarias del presidente Petro.En el documento, la entidad señaló que este tipo de funciones han existido en gobiernos anteriores y que actualmente esas tareas se concentran en una sola persona, lo que, según la Casa de Nariño, representa una reducción del 51 % frente a administraciones pasadas.El pronunciamiento se da en medio de cuestionamientos y la polémica que generaron los contratos del Dapre firmados con Plata Navas, amiga de la primera dama Verónica Alcocer y esposa de Danilo Romero, contratista de PDVSA y compadre del presidente Gustavo Petro. La contratista ha suscrito tres convenios con el Departamento Administrativo de la Presidencia que suman $719.321.778 pesos.El primero fue firmado el 26 de agosto de 2022 y se extendió hasta el 15 de diciembre de ese año, por más de 70 millones, con honorarios mensuales de $19.669.086, para prestar apoyo en actividades protocolarias en escenarios como el Palacio de Nariño, la Hacienda Hato Grande en Sopó y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena. El segundo, el de mayor cuantía, se firmó el 16 de diciembre de 2022 por $482.480.725. El tercero fue adjudicado el 18 de diciembre del año pasado por $166.032.343, con vigencia hasta el 31 de julio.
Vivi Barguil, directora de la Fundación A la Rueda Rueda y una de las organizaciones que se ha "puesto las botas" para ayudar a los daminificados por lluvias en Córdoba, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre esta emergencia y la gravedad de la situación.“Cuando ya tú te pones las botas y empiezas a caminar los municipios, los corregimientos, te das cuenta de la magnitud de los damnificados y de la magnitud de las inundaciones. La gente está todavía con el agua, ya no al cuello, ya la tienen a la rodilla, pero siguen teniendo el problema de la inundación”, indicó Barguil, quien hizo un llamado a la constancia en la ayuda."No nos suelten sus manos, porque después vamos a necesitar más cuando pase todo esto, porque ya es cuando viene el mosquito, las enfermedades, los parásitos. Lo que yo no quiero es que nos echen al olvido. Por eso pedí ayuda a todos”, aseveró Barguil. Sobre su compromiso con la región, Barguil dijo que seguirán firmes ayudando al departamento, no solo a ciudadanos en Montería, sino incluso a los sitios donde ha sido difícil el acceso. "Seguiremos aquí con la camiseta y ahora con las botas puestas para poder seguir llegando a los más necesitados”, enfatizó.La Fundación A la Rueda Rueda se encuentra desplegando brigadas en corregimientos como Murindó, Palo de Agua y Pelayo, este último en compañía de la Cruz Roja para brindar actividades lúdicas a los niños afectados. Las ayudas recolectadas se están entregando directamente en albergues y puntos críticos censados por la organizaciónPara quienes deseen colaborar desde otras ciudades, se ha dispuesto un centro de acopio en Bogotá de la Fundación A la Rueda Rueda ubicado en la carrera 11a # 96-51, donde se reciben donaciones que son transportadas en camiones hacia la región Caribe. Escuche la entrevista: