El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se adelantan investigaciones para determinar quiénes son los responsables de la muerte de Kevin Acosta, paciente con hemofilia que falleció mientras esperaba un medicamento clave para su tratamiento. El jefe de la cartera política defendió al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones en las que señaló a la familia del menor por una presunta falta de cuidados.“No me parece indolente, porque el presidente estaba buscando las causas y a los responsables. Alguien puede dar una interpretación de mala fe en contra de su apreciación. Sé de buena fuente que se están haciendo investigaciones para dar con los verdaderos responsables de lo que sucedió”, afirmó.Benedetti también se refirió a las elecciones y al anuncio de su suegra de votar en la consulta del 8 de marzo por Roy Barreras. Señaló que esa es una decisión personal de Adelina Covo y reiteró que él no participará en la consulta.La izquierda atraviesa una división tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir de la consulta al candidato Iván Cepeda. Roy Barreras mantuvo su participación, lo que generó molestia en el Pacto Histórico, que pidió a sus militantes abstenerse de votar el 8 de marzo y advirtió posibles sanciones.
En el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de la acción unificada, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) en coordinación con la Policía Nacional, en desarrollo de operaciones militares ofensivas, logró la ubicación y destrucción, en la vereda Bella Vista, de Sabana de Torres, departamento de Santander, un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, Subestructura Édgar Madrid Benjumea.El complejo cocalero se encontraba compuesto por cuatro estructuras con capacidad de producción mensual de dos toneladas de estupefaciente. Gracias a las labores de inteligencia militar, se tienen indicios de que los integrantes de este grupo han buscado trascender fronteras, en su intención de comercializar la droga en países de Centroamérica y en los Estados Unidos, tomando como corredores de movilidad las áreas costeras y marítimas del mar Caribe.Con la ubicación de este laboratorio, donde fueron hallados 1026 kilogramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 151.000 millones de pesos, y la destrucción de la infraestructura, valorada 700 millones de pesos, se continúa atacando las economías ilícitas del Clan del Golfo.De esta manera, el Ejército Nacional cumple con su misión constitucional en la búsqueda permanente de garantizar el orden interno y soberanía de nuestro país, propendiendo por el bienestar de las comunidades.
En una operación conjunta de Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía fue capturado Carlos Armando Castaño Ortiz, conocido con los alias de ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, señalado cabecilla de zona de la subestructura Gener Morales, perteneciente a la estructura Oliverio Isaza Gómez del Clan del Golfo. La operación se realizó en el centro poblado del corregimiento San Miguel, zona rural de Sonsón, Antioquia.De acuerdo con información de inteligencia, este peligroso cabecilla llevaba cerca de dos décadas delinquiendo y era considerado pieza clave en el sostenimiento financiero del grupo armado. Las autoridades lo señalan de coordinar cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos y redes ilegales, además de participar en narcotráfico, extracción ilícita de combustibles y control de rentas criminales en municipios de Antioquia, Caldas y Tolima. También está vinculado con homicidios selectivos y el manejo de corredores estratégicos en el Magdalena Medio.El prontuario del capturado incluye pasos por antiguas estructuras criminales y grupos armados, desde su vinculación a las AUC en 2002 hasta su paso por bandas como la Oficina de Envigado y organizaciones regionales, antes de consolidarse dentro del Clan del Golfo. Según el reporte oficial, era hombre de confianza de mandos superiores y tenía injerencia directa en la expansión territorial del grupo.Durante el operativo le fueron incautados un radio de comunicaciones, un teléfono celular y una camioneta gris con placas de Bogotá. Para las autoridades, su captura representa un golpe a la estructura criminal, al debilitar su línea de mando y frenar la expansión de la red de extorsiones en el corredor del río Magdalena, una zona clave para el tráfico de armas, drogas y dinero ilegal.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, mientras se adelantan las audiencias judiciales y se espera ampliación oficial sobre los delitos que le serán imputados. Con este resultado, las autoridades buscan afectar la capacidad financiera y operativa de la organización en el Magdalena Medio, donde el Clan del Golfo mantiene una fuerte disputa por el control territorial.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó su participación en las marchas de este jueves, convocadas en respaldo al Gobierno nacional por todo el revuelo del salario mínimo.El presidente de Fecode, Domingo Ayala, explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la decisión fue adoptada tras una reunión de la federación y sus sindicatos filiales.Según indicó, el objetivo central es defender el concepto de “salario mínimo vital”, una figura que, afirmó, está respaldada por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el marco constitucional colombiano.La movilización en Bogotá está prevista para la tarde, aunque en otras regiones del país algunos sindicatos afiliados realizarán marchas en horas de la mañana. En la capital, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), filial de Fecode, saldrá hacia la Plaza de Bolívar desde las 2:00 de la tarde.¿Por qué saldrá a marchar Fecode?Aunque la mayoría de sus afiliados no devenga el salario mínimo, la organización sindical asegura que su presencia en las calles responde a un principio de solidaridad con los trabajadores que sí dependen de ese ingreso básico.Ayala reconoció que los docentes del sector oficial han logrado mejoras salariales a través de negociaciones colectivas y que ninguno de ellos percibe actualmente el salario mínimo. Sin embargo, insistió en que la federación agrupa no solo maestros, sino también trabajadores administrativos y otros empleados del sector educativo, algunos de los cuales —según afirmó— podrían estar en diferentes condiciones salariales.“Nosotros somos una organización sindical de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”, sostuvo el dirigente.El debate surge en medio de la discusión sobre el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno, que fue fijado en 23,7%. Para Fecode, aunque el ajuste representa un avance, no resuelve completamente el rezago acumulado durante décadas. El dirigente sindical aseguró que el propósito debe ser avanzar gradualmente hacia un salario que garantice condiciones de vida dignas, en coherencia con los compromisos internacionales suscritos por Colombia ante la OIT. Actualmente, Fecode agrupa a 34 sindicatos en todo el país y representa aproximadamente a 350.000 afiliados, según cifras entregadas por su presidente.Durante la entrevista también se abordó la participación política de Ayala, quien confirmó su aspiración al Senado por el Frente Amplio Unitario. No obstante, sostuvo que su presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria y ordenó el retiro de varios lotes de mantequilla de maní tras detectar la posible presencia de fragmentos de plástico azul en algunos productos. La decisión se tomó como medida preventiva luego de que se identificara material extraño durante controles de calidad en el proceso de producción, lo que podría representar un riesgo para los consumidores.Los productos afectados fueron comercializados en distintos puntos de venta, incluyendo supermercados, bodegas y restaurantes en estados como Nueva York y Nueva Jersey, además de otras regiones del país. En total, los artículos fueron distribuidos en cerca de 40 estados, lo que amplió el alcance de la alerta y obligó a una rápida reacción de fabricantes, distribuidores y autoridades sanitarias.¿Cuáles son las mantequillas de maní contaminadas?Las presentaciones involucradas corresponden principalmente a porciones individuales, utilizadas frecuentemente en establecimientos de alimentos y servicios. Entre los productos incluidos en el retiro se encuentran:Mantequilla de maní cremosa en presentación de 0.75 onzas distribuida por US FoodsMantequilla de maní de 0.5 onzas y mantequilla fresca de 0.75 onzas distribuida por Dyma Brands, Inc.Mantequilla de maní cremosa con receta especial de 0.75 onzas distribuida por Sysco CorporationPresentaciones combinadas de mantequilla de maní con mermelada en empaques individualesEstos productos eran ampliamente utilizados en el sector gastronómico y también vendidos directamente al público.Hallazgo de fragmentos de plástico activó el retiroLa empresa Ventura Foods LLC fue la encargada de iniciar el retiro voluntario luego de identificar fragmentos de plástico azul en uno de los filtros utilizados durante el proceso de fabricación. Este hallazgo encendió las alarmas internas y activó los protocolos de seguridad alimentaria establecidos.De acuerdo con declaraciones entregadas a la revista 'People', un portavoz de la compañía explicó que la decisión se tomó de forma preventiva para proteger a los consumidores y evitar posibles incidentes.La empresa también indicó que, desde el momento en que se detectó el problema, se notificó a clientes, distribuidores y minoristas para que suspendieran la venta y revisaran sus inventarios. Asimismo, se solicitó retirar inmediatamente cualquier producto potencialmente afectado.Recomendaciones de la FDA a consumidores y distribuidoresLa FDA recomendó a los consumidores no ingerir los productos incluidos en el retiro y verificar si poseen alguno de los lotes afectados. En caso de tenerlos, la autoridad sanitaria aconseja devolverlos al punto de compra o desecharlos de forma segura.Entre las principales recomendaciones se encuentran:No consumir los productos identificados en la alertaRevisar etiquetas y presentaciones individualesSuspender el uso inmediato si se sospecha que pertenece a los lotes retiradosContactar al establecimiento donde fue adquiridoHasta el momento, no se han confirmado casos de personas lesionadas relacionados con este incidente. Sin embargo, la presencia de fragmentos de plástico puede representar un riesgo físico, incluyendo posibles lesiones en la boca o el sistema digestivo.El retiro de estos productos forma parte de los mecanismos de vigilancia implementados para proteger la salud pública. Las autoridades sanitarias mantienen estrictos controles y coordinan con fabricantes para detectar y retirar rápidamente cualquier producto que pueda representar un riesgo.
En Bogotá ya comenzó a operar un programa que busca aliviar el bolsillo de quienes más lo necesitan. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán puso en marcha una estrategia para que población vulnerable pueda viajar sin costo en TransMilenio, cuyo pasaje en 2026 quedó en 3.550 pesos.La medida, liderada por la Secretaría de Integración Social junto con la Secretaría de Movilidad, reemplaza los antiguos descuentos parciales en la tarifa. Ahora el beneficio es directo: pasajes gratuitos cargados mensualmente en la tarjeta personalizada TuLlave, según el perfil socioeconómico de cada persona.¿Quiénes pueden acceder a los pasajes gratis de TransMilenio?El Distrito definió los grupos priorizados bajo criterios de focalización vigentes. No se trata de una inscripción abierta para todos, sino de una asignación dirigida a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.Entre los beneficiarios están:Personas en situación de pobreza extrema y moderada.Personas mayores de 62 años.Personas con discapacidad.Desde febrero, el programa amplió su cobertura e incluyó también a:Personas mayores vinculadas a la Comunidad del Cuidado.Exhabitantes de calle que estén en procesos de resocialización a través del servicio de Hospedaje Social.Personas que viven en pagadiarios, una población con alta vulnerabilidad económica y residencial.Según explicó la entidad distrital, la asignación mensual depende de la caracterización social de cada caso. La recomendación es consultar en el portal oficial de la Secretaría de Integración Social si se cumplen los requisitos.Así puede activar los pasajes gratis en la tarjeta TuLlave personalizadaPara acceder al beneficio no basta con estar focalizado: es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Allí se cargan los pasajes gratuitos cada mes y deben activarse de manera manual.El proceso se puede hacer en estaciones o en puntos automáticos del sistema, siguiendo estos pasos:Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.Seleccionar “Transacciones virtuales”.Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.Confirmar los pasajes asignados.Finalizar el proceso.El Distrito insiste en que los pasajes deben activarse mensualmente para no perder el beneficio. Con esta estrategia, la ciudad apuesta por garantizar movilidad a quienes necesitan desplazarse para acceder a servicios de salud, formación o empleo, sin que el costo del transporte se convierta en una barrera adicional.
Juan Carlos Naranjo Becerra, un taxista de Bogotá, es señalado de utilizar un datáfono como herramienta para cometer robos bajo la modalidad conocida como “cambiazo” de tarjetas bancarias. De acuerdo con la investigación, este conductor ofrecía a los pasajeros la opción de pagar la carrera con tarjeta y allí empezaba el robo.Durante la transacción, manipulaba el datáfono para generar demoras o fallas aparentes en el pago, algo que los pasajeros veían con normalidad. Justo en medio de esa confusión y aprovechando momentos de distracción, intercambiaba la tarjeta original por un plástico inservible o una réplica, que luego entregaba al usuario sin que este lo notara.Las evidencias y denuncias recopiladas indican que, una vez obtenía la tarjeta original de la víctima y la clave del titular, el conductor acudía de inmediato a cajeros electrónicos para realizar retiros de dinero. Bajo este método, se habría apropiado de más de 379 millones de pesos, afectando al menos a 35 personas que coincidieron en el mismo patrón de fraude tras usar taxis en la ciudad.El taxista fue capturado durante un allanamiento en la localidad de Suba y en el procedimiento fueron incautados dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. Además, al momento de su captura, las autoridades le encontraron en sus prendas dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas.Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Naranjo Becerra no aceptó los cargos; sin embargo, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.
El nombre del exportero del Cali, Víctor Hugo Centurión, vuelve a sonar con fuerza en Colombia, pero esta vez por un motivo muy lejos de las canchas. El exguardameta paraguayo, quien vistió la camiseta del Deportivo Cali en 2011, tiene orden de captura en su país por una presunta participación en una red internacional dedicada al tráfico de cocaína.Las autoridades paraguayas lo señalan como parte de una estructura criminal que, de acuerdo con las investigaciones, habría usado su carrera en el fútbol como fachada para mover dinero ilícito y facilitar operaciones logísticas del narcotráfico. Ante ello, el hombre de 38 años permanece prófugo.Operación Nexus 2: red usaba el fútbol como fachadaEl caso se destapó tras el Operativo Nexus 2, una ofensiva organizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional de Paraguay para desarticular una organización que traería cocaína desde Bolivia y la enviaría a distintos destinos internacionales.Según lo revelado por el comisario Ruis Díaz, jefe de Inteligencia de Antinarcóticos, dentro del esquema aparecen mencionados Centurión y el empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres, ambos con orden de captura. Además, la investigación también señala al uruguayo Sebastián Marset, identificado por liderar estructuras de tráfico y lavado de dinero en Sudamérica.Las autoridades paraguayas reportan que se han realizado nueve allanamientos simultáneos en ciudades como Asunción y Mariano Roque Alonso, donde tres personas fueron detenidas y se efectuaron millonarias incautaciones, entre vehículos de alta gama, dinero y documentos.Del arco en Cali a la lista negra: así es Víctor Hugo CenturiónCenturión tuvo un paso breve por el Deportivo Cali en el primer semestre de 2011. Disputó 20 compromisos y recibió tres tarjetas amarillas antes de regresar al fútbol paraguayo, donde desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes como Club Olimpia y Cerro Porteño.Ahora su nombre figura en un expediente judicial que ha sacudido al fútbol paraguayo. La Fiscalía, encabezada por Ingrid Cubilla, afirma que algunos implicados habrían desempeñado funciones logísticas criminales, como la gestión de pistas clandestinas y la recepción de cargamentos.Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen activa la orden de captura y han solicitado cooperación internacional para dar con su paradero. El caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre deporte y crimen organizado.
Para nadie es un secreto que en las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, etc., es frecuente que, en medio de los trancones en hora pico, algunos conductores avanzan hasta quedar sobre la cebra peatonal o bloqueando el cruce y ocurre generalmente cuando intentan no perder espacio en la fila o buscan pasar antes del cambio de semáforo.Pues bien, invadir pasos peatonales y detener el vehículo más allá de la línea blanca en medio de los trancones será sancionado con una multa de $1.266.101 en 2026, según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito en Colombia. La conducta incluye atravesarse en cruces e intersecciones y quedar detenido sobre zonas donde no está permitido permanecer.¿Qué conducta será multada con más de $1,2 millones en 2026?La infracción se configura cuando el conductor:Se detiene sobre la cebra peatonal.Sobrepasa la línea blanca horizontal que antecede el paso peatonal.Invade intersecciones y queda bloqueando el cruce.Conduce sobre aceras, plazas, separadores, bermas, zonas verdes o vías destinadas a peatones o vehículos no motorizados.La norma establece que los vehículos deben detenerse antes de la línea blanca transversal pintada sobre el pavimento, especialmente cuando el semáforo está en rojo o cuando hay peatones cruzando.En el caso de motocicletas, además de la multa económica, se podrá ordenar la inmovilización del vehículo hasta que se pague el valor de la sanción o la autoridad competente decida sobre su imposición, conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.¿Qué significa la línea blanca antes del paso peatonal?La línea blanca horizontal ubicada antes de la cebra indica el límite máximo hasta donde puede avanzar un vehículo al detenerse. Su función es delimitar el espacio destinado exclusivamente al cruce de peatones.No debe ser sobrepasada por ninguna parte del vehículo ni por las ruedas ni por la carrocería. La demarcación busca mantener despejado el corredor peatonal entre andenes y evitar que los vehículos interfieran con el tránsito de personas.Esta regla aplica tanto en intersecciones semaforizadas como en cruces regulados por señales verticales o en pasos peatonales.¿Cuál es el valor de la multa por invadir la cebra peatonal?Para 2026, la sanción económica por esta conducta será de $1.266.101. La infracción es la D05 y se aplica cuando el conductor invade el espacio peatonal o circula por zonas no autorizadas como aceras, separadores o vías exclusivas.Las autoridades han señalado que este tipo de demarcaciones forman parte de las normas definidas por el Ministerio de Transporte y están diseñadas para regular el comportamiento vehicular en cruces urbanos.
En un mensaje respondiendo a los comentarios del ex negociador de paz Humberto de la Calle en X, el mandatario aseguró que en principio se está comenzando con la recolección de firmas que durará tres meses y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”, escribió el presidente.Y agregó en otro aparte: “Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.El presidente Petro también explicó que los objetivos que busca con la constituyente, entre ellos lograr sacar adelante las reformas que se han hundido en el Congreso como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, además del impacto de la crisis climática en Colombia.“¿Que hará la constituyente? Los temas ya están en el proyecto de ley presentado:Propongo que se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Un juez envió a prisión a un hombre señalado de hacerse pasar por tramitador bancario para engañar a ciudadanos en el departamento del Tolima, principalmente en la ciudad de Ibagué, donde habría cometido múltiples estafas entre los años 2022 y 2023.De acuerdo con la investigación, el procesado fue identificado como Héctor Javier Martínez, quien se presentaba ante sus víctimas como un supuesto tramitador que tenía contactos directos en entidades financieras y acceso a créditos por altas sumas de dinero.Su modus operandi consistía en convencer a las personas de que debían mejorar su puntaje crediticio mediante la compra de celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito, con la promesa de que así podrían obtener el préstamo que necesitaban.Uno de los casos conocidos involucra a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para adquirir un vehículo usado y poder generar ingresos tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para comprar un vehículo nuevo, asegurándole que tenía contactos en el banco y que podía gestionar un crédito mayor. A través de la aplicación bancaria logró la aprobación de un préstamo por 40 millones de pesos, dinero que posteriormente fue recibido por el presunto estafador.Sin embargo, el monto nunca fue entregado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía señaló que el dinero fue apropiado de manera ilegal, al igual que los recursos obtenidos en otros casos similares de estafa. En total, el monto de las acciones de este sujeto superaría los 240 millones de pesos.Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más víctimas en Bogotá o en otras ciudades del país.Al presunto delincuente se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales en su contra.
El sector minero colombiano cierra 2025 como uno de los más afectados de la economía nacional, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la caída de la inversión extranjera y una discusión pública adversa. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante una entrevista en El Radar de Blu Radio en la que analizó el balance del año y las perspectivas para 2026.Según Nariño, el año que termina “va a pasar a la historia como uno de los más retadores, si no el más difícil, para la minería y el sector extractivo”. El dirigente gremial aseguró que la conversación pública liderada desde el Gobierno se tradujo en decisiones concretas que impactaron negativamente al sector. “Esa conversación se convirtió en decretos, resoluciones, nuevos impuestos, y eso tiene efectos reales sobre la inversión y el empleo”, señaló.De acuerdo con el presidente de la ACM, la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana durante 2025, con una contracción cercana al 10% en lo corrido del año. “Detrás de esas cifras frías hay empleos, oportunidades perdidas, menos inversión y menos impuestos, justo cuando el país más los necesita”, enfatizó.2026, un año clave para el crecimiento económicoDe cara a 2026, Nariño considera que el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales para enfrentar los principales retos del país, entre ellos el equilibrio fiscal, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud. En ese contexto, afirmó que la minería puede jugar un papel clave. “Llegó el momento de apalancar el crecimiento económico y la generación de empleo con los recursos minerales que tiene Colombia, produciendo de manera responsable”, sostuvo.Minería ilegal y seguridad, una preocupación crecienteUno de los puntos más críticos abordados fue el avance de la minería ilegal, especialmente del oro. Nariño advirtió que este fenómeno está financiando a grupos armados y agravando la crisis de seguridad. “La extracción ilícita de minerales hoy está volviendo viable la guerra, porque la está financiando”, afirmó.Además, alertó sobre su impacto ambiental. “La minería ilegal es hoy el principal crimen ambiental en Colombia y está degradando ríos, parques naturales y territorios completos”, agregó.Recuperar la confianza del sector mineroSobre la recuperación del sector, Nariño reconoció que tomará tiempo, pero aseguró que existe disposición para invertir. “Se necesitan mensajes claros de que Colombia es un país abierto a la exploración y a la inversión minera”, indicó. Según el dirigente, proyectos en fases avanzadas podrían aportar hasta 13 billones de pesos en nuevas inversiones en los próximos tres años.Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, “el sector minero colombiano sigue dispuesto a trabajar por la recuperación económica y social que el país necesita”.Escuche la entrevista completa acá:
El presidente Gustavo Petro anunció una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares en un movimiento que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando militar.En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que desempeñaba el general López.En el Ejército Nacional, el presidente anunció el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, con este cambio salen el general Luis Emilio Cardozo y el general Erick Rodríguez.Para la Armada Nacional se mantiene como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sale de la cúpula el general Luis Carlos Córdoba.En su mensaje, Petro dedicó un apartado especial para agradecer la labor de los comandantes salientes. “Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, del general Luis Carlos Córdoba Avendaño y del general Luis Emilio Cardozo Santamaría”, expresó, al resaltar que estuvieron al frente de “grandes operaciones de las Fuerzas Militares” durante su periodo de mando.Entre los logros destacados, el mandatario subrayó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según explicó, allí “se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar”, un resultado que, dijo, permitió avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades de la presión del narcotráfico.El balance presentado por el presidente también incluyó cifras históricas en la lucha contra las drogas. De acuerdo con lo expuesto, bajo el liderazgo de la cúpula saliente, en 2025 se alcanzó un récord en incautación de cocaína. “Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”, afirmó Petro.En materia operativa, el jefe de Estado indicó que la ofensiva de las Fuerzas Militares se incrementó en un 27 % frente al año anterior y que se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles del narcotráfico. Asimismo, destacó que en el último año se incautó la mayor cantidad de armamento de la última década, fortaleciendo la capacidad de control territorial.El mandatario también resaltó el crecimiento del pie de fuerza, con un incremento del 6 % en los efectivos de la fuerza pública, en contraste con reducciones registradas en gobiernos anteriores. A esto se sumó la creación de nuevas capacidades operacionales, entre ellas ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un batallón antidrones, un batallón de ingenieros de ferrocarriles, un comando unificado de los Gaula y dos nuevas unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión.
El Gobierno nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) firmaron dos acuerdos en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, con el objetivo de avanzar en el desescalamiento de las violencias y fortalecer la protección de la población civil en los municipios de Dibulla (La Guajira), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena).Uno de los compromisos suscritos es el cese de homicidios y la abstención de actos crueles, inhumanos o degradantes contra la población civil. El grupo armado también reiteró que no adelantará acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional, ni realizará ataques contra instalaciones oficiales.En el acuerdo, las ACSN se comprometieron a no reclutar, usar ni vincular menores de 18 años en ninguna de sus actividades. Señalaron que, en caso de identificarse la presencia de menores en sus estructuras, deberán facilitar su desvinculación inmediata y ponerlos a disposición de las autoridades civiles competentes para el restablecimiento de sus derechos.Asimismo, el grupo se comprometió a respetar los derechos de la población civil y de las personas con especial protección, a no instrumentalizar el proceso con fines políticos o militares y a no interferir en el desarrollo de los procesos electorales.También acordó abstenerse de realizar cualquier tipo de extorsión en los municipios de Dibulla, Ciénaga y Santa Marta, y no obstaculizar las acciones de transformación territorial lideradas por el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las autoridades civiles en estas zonas.Por su parte, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aseguró que seguirá los “recursos necesarios para asegurar las condiciones logísticas y operativas requeridas”.
La abogada Marcela García Cifuentes ha radicado una acción de tutela y anunció la preparación de denuncias de carácter penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Esta medida judicial surge como respuesta a las recientes declaraciones del mandatario relacionadas con el fallecimiento de Kevin Acosta, un niño que padecía hemofilia, y los señalamientos públicos dirigidos contra su madre.Indignación y empatía desde la experiencia del paciente La motivación de García Cifuentes para interponer esta acción legal se fundamenta en una profunda indignación ante el trato que el Gobierno nacional ha dado a la familia afectada. La abogada, quien se identificó como sobreviviente de cáncer, manifestó que comprende el dolor de enfrentar una enfermedad y poner la esperanza en tratamientos médicos. Según explicó, su pilar actual es defender a las mujeres cabeza de hogar, por lo que considera inaceptable que una madre que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo deba, además, defenderse de los ataques de la más alta instancia del gobierno.Vulneración de la intimidad y datos sensibles Uno de los puntos más críticos de la tutela es la denuncia sobre la divulgación no autorizada de la historia clínica y datos médicos de la madre de Kevin. García Cifuentes calificó como "terrible" que se expusiera la información privada de la paciente de la manera en que se hizo. Por ello, la tutela exige tres puntos claros: el cese inmediato de los señalamientos públicos, el retiro de todos los datos médicos divulgados sin consentimiento y una rectificación por parte del presidente Petro. La abogada enfatizó que esta rectificación debe darse en "condiciones de equidad", es decir, con el mismo nivel de difusión que tuvieron las declaraciones originales del mandatario.Defensa del buen nombre y la presunción de inocencia El recurso judicial busca proteger derechos fundamentales que, según la jurista, han sido vulnerados de manera flagrante: la privacidad, la intimidad, el buen nombre y la presunción de inocencia. García Cifuentes señaló que el presidente ha culpado públicamente a la madre del menor, haciendo mención a detalles como traslados en bicicleta y una supuesta negativa a autorizar cirugías, lo cual ha causado un dolor adicional a la familia en un momento de extrema vulnerabilidad. Aunque la abogada aclaró que no ha hablado directamente con la madre de Kevin, decidió actuar de oficio tras ver el sufrimiento de la mujer en entrevistas recientes donde se defendía de los ataques presidenciales.Escuche aquí la entrevista:
La contienda interna del progresismo colombiano sumó un nuevo capítulo tras el anuncio oficial de la Unión Sindical Obrera (USO), el poderoso sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, de respaldar la campaña presidencial de Roy Barreras. La decisión se produce en medio de la fractura política entre el sector del Pacto Histórico, que impulsa a Iván Cepeda, y la apuesta de Barreras por medirse en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.En entrevista con Blu Radio, Martín Ravelo, presidente de la USO, explicó que la determinación fue adoptada en el marco de un plenario sindical con representación de más de 28 subdirectivas. “Más allá de una jugada, es una decisión democrática que acaba de tomar la Unión Sindical Obrera”, sostuvo.El respaldo de la USO cobra especial relevancia en el escenario político, dado que hace cuatro años el sindicato apoyó la candidatura presidencial de Gustavo Petro, incluso con una financiación de 500 millones de pesos que posteriormente generó sanciones del Consejo Nacional Electoral por inconsistencias en el reporte.Seguridad energética y defensa de Ecopetrol, ejes del respaldoLa USO argumentó que su decisión se fundamenta en la necesidad de fortalecer la seguridad energética de Colombia y proteger la industria petrolera como patrimonio público. Ravelo fue enfático al señalar que las propuestas de Iván Cepeda no se alinean con esa visión.“Básicamente porque el candidato Iván Cepeda lo que ha planteado de cara al país y de forma pública es radicalizar la agenda ambientalista, que desconoce cuál es la realidad energética que tenemos hoy en el país”, afirmó el dirigente sindical.Según Ravelo, Colombia continuará dependiendo durante años de los combustibles fósiles, por lo que considera contraproducente acelerar la transición energética. “Ese desestímulo que se le ha venido propinando a la industria de los hidrocarburos nos tiene sumidos en situaciones concretas como la importación de más del 20 % del gas que consumimos los colombianos”, advirtió.En ese contexto, la USO respalda la propuesta de Roy Barreras de impulsar la exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo el desarrollo técnico y científico de pilotos de fracking en el Magdalena Medio. “El compromiso es incentivar la industria, el negocio original de Ecopetrol, que es el crudo y el gas”, subrayó Ravelo.Tensión en el Pacto Histórico por la consulta presidencialEl anuncio del sindicato ocurre mientras el Pacto Histórico atraviesa una disputa interna tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir a Iván Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida. En respuesta, la Dirección Nacional del Pacto emitió una circular ordenando a su militancia no participar en la consulta del 8 de marzo y concentrar esfuerzos en las listas al Congreso.Gabriel Becerra, vocero del Pacto Histórico, defendió la decisión como una postura coherente frente a lo que calificó como una política de exclusión. “No vamos a participar en la consulta y por lo tanto no vamos a pedir el tarjetón. Es una orientación legítima”, afirmó.Sin embargo, Roy Barreras insiste en la necesidad de ampliar la base electoral del progresismo. Recordó que para la victoria de Petro en 2022 fueron necesarios 11 millones de votos, cifra superior a los 2,7 millones obtenidos en la consulta interna de octubre. “Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos, estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha”, expresó Barreras, defendiendo su tesis de unidad tras medición democrática.Debate sobre transición energética y frackingUno de los puntos neurálgicos del debate es el futuro de la política mineroenergética. Mientras Iván Cepeda ha defendido una agenda ambientalista más estricta, Barreras propone una transición energética “justa y paulatina”, sin abandonar la producción nacional de hidrocarburos.Ravelo marcó distancia frente a lo que considera una transición acelerada: “Estamos alineados con la necesidad de transitar hacia energías renovables, pero debe ser de manera justa y no acelerada, que es lo que hemos venido observando”.La discusión también revive el debate sobre el fracking en Colombia, una técnica cuestionada por sectores ambientalistas, pero defendida por parte de la industria como alternativa para reducir la dependencia de importaciones de gas y crudo.Un movimiento con impacto políticoEl respaldo de la USO a Roy Barreras tiene un peso simbólico y estratégico. Se trata de uno de los sindicatos más influyentes del país, históricamente vinculado a las luchas por la defensa de Ecopetrol y los derechos laborales en el sector petrolero.Ante cuestionamientos sobre posibles influencias políticas, Ravelo negó presiones externas y rechazó versiones sobre la intervención del ministro Edwin Palma, exdirigente sindical. “Esta decisión es una decisión democrática que toman las huestes de este sindicato, que siempre se ha mantenido independiente de las fuerzas políticas”, afirmó.
Catorce organizaciones campesinas colombianas participan esta semana en la Amsterdam Cocoa Week y en el Festival Chocoa 2026, uno de los escenarios más importantes del mundo para la industria del cacao y el chocolate. Detrás de esta delegación hay más de 25.000 familias productoras que buscan abrirse espacio en mercados internacionales con cacao fino y de aroma cultivado en distintas regiones del país.Las asociaciones provienen de departamentos como Arauca, Meta, Huila, Boyacá, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Varias de estas zonas han estado marcadas por el conflicto armado y por economías ilícitas, pero hoy consolidan el cacao como una alternativa productiva sostenible. En este contexto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha acompañado el proceso de fortalecimiento y proyección internacional de estas organizaciones.Los productores que viajaron a Países Bajos fueron reconocidos previamente en los concursos Cacao de Oro y Grano de Oro, distinciones que destacan la calidad, el aroma y la excelencia del grano colombiano. En Ámsterdam compiten y exhiben su producto ante compradores especializados, chocolateros y expertos del sector, con la expectativa de establecer contactos directos y mejorar sus condiciones de comercialización.Cabe mencionar que cerca del 95 % de esta producción se destina a exportación y más de 65.000 familias dependen de esta cadena productiva en más de 500 municipios. Para las organizaciones participantes, la vitrina internacional no solo representa una oportunidad comercial, sino también la posibilidad de consolidar al cacao como cultivo de paz y motor de desarrollo rural en territorios históricamente golpeados por la violencia.
El exembajador y precandidato Roy Barreras está consolidando respaldos de cara a la votación de las consultas. Este miércoles, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos del sector petrolero que en la campaña pasada respaldó al hoy presidente Gustavo Petro, anunció oficialmente su apoyo a la candidatura de Barreras para el próximo 8 de marzo.La USO fue un actor político relevante en la elección que llevó a Petro a la Casa de Nariño, incluso realizó aportes económicos a esa campaña, los cuales hicieron parte de investigaciones en curso por violación de topes electorales.En un comunicado, la organización sindical explicó que su respaldo obedece a coincidencias programáticas, especialmente en materia energética.“La USO de manera institucional y mayoritaria considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo”, señala el documento.El sindicato también dejó claro que busca un cambio frente al enfoque energético actual del Gobierno. Aunque reiteró la importancia de avanzar en energías renovables, insistió en que el país no puede “abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas”. En esa línea, mencionaron que Roy Barreras “se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas (…) a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética”.
Desde el Gobierno nacional informaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba, en respuesta a una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que anunciaba que está proporcionando alimentos, kits de sanitización de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.De acuerdo al texto el apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas, al tiempo que promueve la autosuficiencia y garantiza el mayor impacto posible.Sin embargo, la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres aclararon por medio de comunicados que aclaran que el Llamamiento Internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia.“Mientras la capacidad del Sistema no sea superada, la respuesta se atiende con medios propios. Cuando la magnitud de la emergencia exige apoyo externo, la UNGRD solicita formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los canales diplomáticos”, dicen los documentos.Además, dejan en claro que el presidente de la República es quien autoriza finalmente si la ayuda internacional se acepta o no.“Si la situación desborda completamente las capacidades del Gobierno, que NO es el caso, se activa el Llamamiento Internacional, contemplado en el artículo 43 de la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas. Este mecanismo es firmado por el presidente de la República y define con precisión el tipo de asistencia requerida, desde la declaratoria nacional de emergencia hasta la rendición de cuentas al cierre del proceso”, añaden.Desde el Gobierno agregan que la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia sino busca garantizar la recuperación integral posdesastre.En este sentido, la cooperación responde a la demanda identificada técnicamente, no a la oferta externa, ni a los llamados de entes territoriales.
Los 32 alcaldes de las ciudades capitales del país anunciaron su respaldo unánime a la propuesta de “Paz Electoral” impulsada por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo se desarrollen sin hechos de violencia y con garantías para los ciudadanos.La decisión se dio tras una reunión en la que participaron mandatarios locales y autoridades nacionales para analizar los principales riesgos que enfrentan los territorios en época electoral. La seguridad, el manejo de las protestas y la presencia de grupos armados ilegales fueron algunos de los temas centrales del encuentro. Los alcaldes coincidieron en que se necesita mayor coordinación con el Gobierno nacional para evitar alteraciones del orden público durante las jornadas de votación.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el procurador Gregorio Eljach se reunirá con la cúpula militar y con la Policía Nacional de Colombia para organizar un plan de seguridad que cubra todo el país en las fechas de votación. Señaló que es deber de los alcaldes garantizar que las personas puedan salir a votar tranquilas, pero también expresó preocupación porque en algunos casos las manifestaciones se salen de control y generan hechos violentos.El procurador Gregorio Eljach resaltó la importancia de mantener el diálogo entre el nivel nacional y las ciudades. Aseguró que trabajar de la mano con los alcaldes es clave para proteger la democracia y dar confianza a los ciudadanos.En medio del debate, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, sostuvo que la “Paz Electoral” solo será posible si se logra debilitar la acción de los grupos armados ilegales en varias zonas del país. También advirtió que muchos mandatarios locales enfrentan solos la inseguridad y pidió mayor respaldo del Gobierno nacional.En el caso de Cali, el alcalde Alejandro Eder manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia y ataques terroristas. Indicó que en los últimos seis meses han cambiado tres veces al comandante de la ciudad, lo que afecta la continuidad en las estrategias de seguridad. Por esta razón, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo.Además, en los próximos días se realizará un Consejo Bidepartamental para revisar medidas en municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que las capitales, especialmente la capital del país, enfrentan una alta presión por la concentración de movilizaciones. Señaló que el desafío está en garantizar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad ni el normal desarrollo del proceso electoral.Al finalizar la reunión, los alcaldes y la Procuraduría acordaron mantener una comunicación constante y trabajar de manera coordinada para anticiparse a posibles riesgos. La meta común es que los colombianos puedan participar en las elecciones con tranquilidad y confianza en que habrá garantías en todo el territorio nacional.
Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.