La periodista Gigliola Valero reveló en Mañanas Blu 10:30 cómo estuvo a punto de ser víctima de una estafa bancaria que suplantaba al banco Davivienda a través de una llamada telefónica, en una modalidad de fraude financiero que, según su testimonio, está cuidadosamente estructurada para engañar incluso a personas informadas sobre estas prácticas delictivas.“Me entró una llamada a mi celular de un número que se me pareció conocido”, relató Valero. Aunque asegura que no suele contestar números desconocidos, decidió atender. De inmediato, los interlocutores la llamaron por su nombre y le mencionaron que tenía una tarjeta de crédito de Davivienda, incluso con los dos últimos dígitos correctos. “Todo lo que me decían era cierto”, afirmó.La llamada provenía, aparentemente, del “teléfono rojo” del banco y el perfil de WhatsApp mostraba el nombre de la entidad con “chulo de verificación”. “Yo miraba el WhatsApp y decía: sí es Davivienda, tiene el chulo de verificación”, explicó.El montaje del fraude y la presión psicológicaDurante casi tres horas, los supuestos funcionarios le indicaron que se estaban realizando compras en Falabella con su tarjeta y que su caso estaba “en alerta máxima”. “Me dijeron que había que proteger mi saldo”, contó. La estrategia consistía en hacerle abrir una cuenta de ahorros desde la aplicación del banco y trasladar allí el dinero.“Me hicieron abrir una cuenta de ahorros a cero costo ahí mismo en la aplicación”, señaló. Posteriormente, le pidieron enviar pantallazos al chat verificado, lo que implicó compartir información sensible: “Al mandar los pantallazos les estaba dando la información de cuáles eran mis saldos”.Según su relato, los delincuentes replicaban mensajes de texto similares a los del banco y utilizaban “los mismos tipos de letras”, reforzando la credibilidad del engaño. El momento de alerta llegó cuando le pidieron transferir el dinero a una supuesta cuenta de “tesorería” como “bolsillo de seguridad”. “Yo veía en la pantalla que decía cuenta de ahorros de Jorge Lozano. Yo decía: no señor, aquí no hay ningún bolsillo”, enfatizó.Llamado a reforzar la protección al ciudadanoTras colgar, Valero se comunicó con el canal oficial del banco. “Ahí mismo colgué, llamé al teléfono rojo, al verdadero”, explicó. Aunque reconoce que “los bancos no son policías”, considera que “sí deberían ponerse un poquito más a la altura” frente a modalidades que, según dijo, están “muy bien diseñadas”.“Casi caigo”, concluyó la periodista, quien decidió hacer pública su experiencia para alertar sobre esta modalidad de estafa telefónica y suplantación bancaria, un fenómeno que continúa afectando a usuarios del sistema financiero en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se adelantan investigaciones para determinar quiénes son los responsables de la muerte de Kevin Acosta, paciente con hemofilia que falleció mientras esperaba un medicamento clave para su tratamiento. El jefe de la cartera política defendió al presidente Gustavo Petro tras sus declaraciones en las que señaló a la familia del menor por una presunta falta de cuidados.“No me parece indolente, porque el presidente estaba buscando las causas y a los responsables. Alguien puede dar una interpretación de mala fe en contra de su apreciación. Sé de buena fuente que se están haciendo investigaciones para dar con los verdaderos responsables de lo que sucedió”, afirmó.Benedetti también se refirió a las elecciones y al anuncio de su suegra de votar en la consulta del 8 de marzo por Roy Barreras. Señaló que esa es una decisión personal de Adelina Covo y reiteró que él no participará en la consulta.La izquierda atraviesa una división tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir de la consulta al candidato Iván Cepeda. Roy Barreras mantuvo su participación, lo que generó molestia en el Pacto Histórico, que pidió a sus militantes abstenerse de votar el 8 de marzo y advirtió posibles sanciones.
En el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de la acción unificada, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) en coordinación con la Policía Nacional, en desarrollo de operaciones militares ofensivas, logró la ubicación y destrucción, en la vereda Bella Vista, de Sabana de Torres, departamento de Santander, un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, Subestructura Édgar Madrid Benjumea.El complejo cocalero se encontraba compuesto por cuatro estructuras con capacidad de producción mensual de dos toneladas de estupefaciente. Gracias a las labores de inteligencia militar, se tienen indicios de que los integrantes de este grupo han buscado trascender fronteras, en su intención de comercializar la droga en países de Centroamérica y en los Estados Unidos, tomando como corredores de movilidad las áreas costeras y marítimas del mar Caribe.Con la ubicación de este laboratorio, donde fueron hallados 1026 kilogramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 151.000 millones de pesos, y la destrucción de la infraestructura, valorada 700 millones de pesos, se continúa atacando las economías ilícitas del Clan del Golfo.De esta manera, el Ejército Nacional cumple con su misión constitucional en la búsqueda permanente de garantizar el orden interno y soberanía de nuestro país, propendiendo por el bienestar de las comunidades.
En una operación conjunta de Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía fue capturado Carlos Armando Castaño Ortiz, conocido con los alias de ‘Camilo’ o ‘El Tuerto’, señalado cabecilla de zona de la subestructura Gener Morales, perteneciente a la estructura Oliverio Isaza Gómez del Clan del Golfo. La operación se realizó en el centro poblado del corregimiento San Miguel, zona rural de Sonsón, Antioquia.De acuerdo con información de inteligencia, este peligroso cabecilla llevaba cerca de dos décadas delinquiendo y era considerado pieza clave en el sostenimiento financiero del grupo armado. Las autoridades lo señalan de coordinar cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos y redes ilegales, además de participar en narcotráfico, extracción ilícita de combustibles y control de rentas criminales en municipios de Antioquia, Caldas y Tolima. También está vinculado con homicidios selectivos y el manejo de corredores estratégicos en el Magdalena Medio.El prontuario del capturado incluye pasos por antiguas estructuras criminales y grupos armados, desde su vinculación a las AUC en 2002 hasta su paso por bandas como la Oficina de Envigado y organizaciones regionales, antes de consolidarse dentro del Clan del Golfo. Según el reporte oficial, era hombre de confianza de mandos superiores y tenía injerencia directa en la expansión territorial del grupo.Durante el operativo le fueron incautados un radio de comunicaciones, un teléfono celular y una camioneta gris con placas de Bogotá. Para las autoridades, su captura representa un golpe a la estructura criminal, al debilitar su línea de mando y frenar la expansión de la red de extorsiones en el corredor del río Magdalena, una zona clave para el tráfico de armas, drogas y dinero ilegal.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, mientras se adelantan las audiencias judiciales y se espera ampliación oficial sobre los delitos que le serán imputados. Con este resultado, las autoridades buscan afectar la capacidad financiera y operativa de la organización en el Magdalena Medio, donde el Clan del Golfo mantiene una fuerte disputa por el control territorial.
En una operación realizada en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, también se detuvo a otras diez personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, como extorsiones, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada de minería ilegal en la zona.En sus redes sociales, el Ejército informó de que al ingresar en una vivienda de madera que funcionaría como base clandestina, el personal militar fue recibido con disparos.En respuesta, aplicó el uso progresivo de la fuerza y tomó control del sector. Durante el enfrentamiento se aprehendió al colombiano Kevin Daniel R. C., alias 'Camilo', junto con diez ecuatorianos, de los cuales uno resultó herido y fue evacuado con vida al Hospital Civil de Esmeraldas tras recibir primeros auxilios.En el lugar se decomisó un arsenal que evidencia capacidad operativa organizada, como un fusil AR15 calibre 5,56 milímetros (mm), una pistola traumática, tres escopetas artesanales, dos cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 51 cartuchos 5,56 mm, 27 cartuchos 9 mm y 2 cartuchos 12GA, detalló.Tras la captura de alias 'Camilo', en el sector Zapallo, municipio Eloy Alfaro, también en Esmeraldas, se realizó otra intervención en la que se aprehendió a presuntos integrantes del FOS, identificados como Esteban Daniel S. L., Juan Daniel V. A. (alias Juancho), Luis Fernando C. C. (Diego), Jefferson Iván G. P. (Leo), Jefferson Jairo C. M. (Ecuador), Adrián Patrik M. C. (Boca), Jefferson David G. C. (Paco), Erick Fernando A. C., (Culón) y Widinson Adolfo J. A. (alias Guachito).En poder de este segundo grupo de detenidos encontraron encaletados 2 fusiles AR15 calibre 5,56 mm, un fusil M16, 11 fusiles tipo FAL, una carabina Mossberg, una pistola Taurus, una pistola Smith & Wesson, cinco cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 56 cargadores 7,62 mm, 227 cartuchos 5,56 mm, 24 cartuchos 9 mm, 450 cartuchos 7,62 mm eslabonados, 2.073 cartuchos 7,62 mm, una granada de mano y doce chalecos de combate tipo guerrilla.Efectivos del Ejército Ecuatoriano mantienen operaciones en la zona ante la presunción de que aún existirían remanentes ocultos en sectores aledaños, en medio de la lucha por frenar la minería ilegal y el intento por el control territorial de grupos armados.Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción.El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador a las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.
Un nuevo caso de infidelidad expuesto públicamente ha generado miles de reacciones en redes sociales, luego de que una mujer decidiera grabar el momento exacto en que sorprendió a su esposo en compañía de otra mujer dentro de un restaurante. El video, que rápidamente se volvió viral, muestra el instante en que la afectada ingresa al lugar con su celular en mano y encara a la pareja frente a otros clientes.Las imágenes dejan ver a un hombre y una mujer sentados en una mesa, aparentemente compartiendo de manera normal, hasta que son interrumpidos por la esposa, quien comienza a reclamarle directamente a su pareja. Según se escucha en la grabación, la mujer asegura que ya tenía pruebas previas de la traición, pues incluso habría tomado fotografías cuando ambos se estaban besando.“¡Wow! ¿No que no?”, se oye decir a la mujer en tono de reclamo, mientras mantiene la cámara enfocada en su esposo. En medio de la confrontación, también lanza advertencias a la otra mujer, insinuando que ella también estaría engañando a su propio marido, quien —según afirma— desconocería la situación.Uno de los aspectos que más llamó la atención de los internautas fue la actitud de los involucrados. El hombre permanece en silencio durante la mayor parte del video, con un gesto serio y sin responder a los señalamientos. Por su parte, la presunta amante no muestra señales evidentes de incomodidad e incluso parece tomarse la situación con tranquilidad, lo que ha generado opiniones divididas entre los usuarios.Este es el video:El clip termina cuando el hombre se levanta de la mesa sin dar explicaciones, mientras la mujer continúa grabando. Aunque no se conoce el desenlace posterior ni la identidad de los protagonistas.Muchos usuarios expresaron su apoyo a la mujer, argumentando que tenía derecho a confrontar la situación, mientras que otros cuestionaron la decisión de grabar y difundir el momento, señalando que este tipo de conflictos personales deberían manejarse en privado.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 18 de febrero de 2026:Sergio Torres, primo de Kevin Acosta y paciente con hemofilia, habló de por qué al pequeño de 7 años no lo pudieron operar.Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, se refirió del caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia.José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, habló sobre su posesión como Rector de la Universidad Nacional hasta el 2027.El magistrado Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, dio detalles de la suspensión del aumento del salario mínimo.Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, habló del cierre indefinido del Parque Tayrona por riesgo de seguridad.Jaime Quito, congresista de Perú, se refirió de la destitución del presidente interino José Jerí.Escuche el programa completo aquí:
La Secretaría de Movilidad de Cali encendió las alertas ante el aumento de hechos de vandalismo contra la red de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que no solo representa millonarias pérdidas económicas por reparaciones, sino que también pone en grave riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.De acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, estos hechos se registran prácticamente día de por medio. Aunque la dependencia mantiene controles y operativos para prevenir este tipo de daños a la infraestructura vial, la problemática persiste, generando preocupación entre las autoridades."Esta situación la estamos viviendo día de por medio y son en diferentes zonas de la ciudad, no podemos concentrados en un solo punto, esto es en toda la ciudad, están atentando contra estos elementos de seguridad vía como son los semáforos ", expresó Santacoloma. Según cifras de a secretaría de movilidad solo en en el año 2025 se registraron más de 200 semáforos vandalizados. La problemática continúa en el presente año. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger estos dispositivos, pero también a denunciar cualquier acto de vandalismos.
Hace un par de días en Medellín fueron capturadas nueve personas que hacía parte de lo que se ha denominado como una 'oficina premium' que ejecutaba asesinatos, en especial contra ciudadanos extranjeros en la capital de Antioquia y los municipios vecinos del Valle de Aburrá. Ahora tras varios días se entregaron nuevos detalles del inmenso alcance que tenían estos delincuentes.Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, este grupo delincuencial cobraba sumas exorbitantes de dinero para asesinar a colombianos y extranjeros. Incluso, aseguró que estas personas trabajaban directamente y delinquían bajo el mando de la antes conocida como La Oficina de Envigado."Nueve criminales dedicados a una oficina de sicariato para extranjeros especialmente, en los que llegaban a cobrar inclusive hasta 500.000 dólares por asesinato. Esto no era un grupo por ahí aislado, esto es un grupo que trabajaba directamente y hacía asesinatos premium para La Oficina", indicó Gutiérrez.El mandatario local aseguró que las investigaciones han arrojado que la 'oficina premium' tenía nexos internacionales al encontrarse, por ejemplo, que las líneas de los teléfonos celulares incautados eran internacionales, incluso, con documentos que los relacionan con los Estados Unidos.Gutierrez insistió que las pesquisas han permitido establecer que los delincuentes capturados también habrían cometido delitos en el exterior con flujos migratorios a países como República Dominicana, México o Chile."Aquí es importante ver cómo algunos de los homicidios que han tenido lugar en Medellín pueden haber sido estas personas los determinadores de ellos, homicidios, por ejemplo, de personas de ciudadanos y un ciudadano mexicano y un ciudadano de Albania y un ciudadano de Canadá y un ciudadano colomboestadounidense", explicó el mandatario.Hay que mencionar que algo que llamó la atención es que los sicarios utilizaban la brujería, ya que se encontró un espacio con un altar y, según información preliminar, los cabecillas buscaban una especie de blindaje contra la acción de la justicia mediante este tipo de rituales.
El presidente Gustavo Petro anunció una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares en un movimiento que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando militar.En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que desempeñaba el general López.En el Ejército Nacional, el presidente anunció el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, con este cambio salen el general Luis Emilio Cardozo y el general Erick Rodríguez.Para la Armada Nacional se mantiene como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sale de la cúpula el general Luis Carlos Córdoba.En su mensaje, Petro dedicó un apartado especial para agradecer la labor de los comandantes salientes. “Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, del general Luis Carlos Córdoba Avendaño y del general Luis Emilio Cardozo Santamaría”, expresó, al resaltar que estuvieron al frente de “grandes operaciones de las Fuerzas Militares” durante su periodo de mando.Entre los logros destacados, el mandatario subrayó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según explicó, allí “se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar”, un resultado que, dijo, permitió avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades de la presión del narcotráfico.El balance presentado por el presidente también incluyó cifras históricas en la lucha contra las drogas. De acuerdo con lo expuesto, bajo el liderazgo de la cúpula saliente, en 2025 se alcanzó un récord en incautación de cocaína. “Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”, afirmó Petro.En materia operativa, el jefe de Estado indicó que la ofensiva de las Fuerzas Militares se incrementó en un 27 % frente al año anterior y que se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles del narcotráfico. Asimismo, destacó que en el último año se incautó la mayor cantidad de armamento de la última década, fortaleciendo la capacidad de control territorial.El mandatario también resaltó el crecimiento del pie de fuerza, con un incremento del 6 % en los efectivos de la fuerza pública, en contraste con reducciones registradas en gobiernos anteriores. A esto se sumó la creación de nuevas capacidades operacionales, entre ellas ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un batallón antidrones, un batallón de ingenieros de ferrocarriles, un comando unificado de los Gaula y dos nuevas unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión.
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia podrían pagar mucho menos por la reconexión de telefonía, internet y televisión por suscripción, gracias al avance en la reglamentación de la Ley 2485 de 2025, una iniciativa impulsada por el senador Julio Alberto Elías.La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una ley regulatoria que establece topes máximos de 275 pesos para la reconexión de servicios móviles y de 1.981 pesos para servicios fijos, valores calculados con base en costos eficientes y muy por debajo de los cobros promedio actuales, que pueden llegar a 10.000 y 40.000 pesos.De acuerdo con el análisis técnico, económico y jurídico de la CRC, más del 90 % de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota, sin necesidad de desplazamientos físicos. El estudio concluyó que muchos de los cobros aplicados hasta ahora no estaban plenamente justificados en costos reales.La propuesta define con claridad qué actividades pueden incluirse en la tarifa de reconexión y excluye aquellas que no son indispensables para restablecer el servicio, evitando así que los usuarios asuman costos ajenos al proceso.El senador Julio Elías Vidal, autor y ponente de la Ley 2485, celebró el anuncio y aseguró que esta regulación protege a los usuarios frente a cobros desproporcionados.“La reconexión justa es ahora un derecho protegido por ley. Estos valores se aplicarán a partir del 16 de julio de 2026. La socialización del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026 para recibir observaciones de la ciudadanía y los operadores. Esta regulación garantiza que no se cobren tarifas desproporcionadas por un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en minutos”, afirmó a través de su cuenta de X.El senador destacó que los nuevos valores reflejan la realidad de un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en cuestión de minutos, por lo que los cobros son realmente excesivos.La consulta pública del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026, y los topes tarifarios entrarían en vigencia a partir del 16 de julio de 2026.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, recibió el respaldo del Pacto Histórico, que la calificó como una respuesta necesaria ante una crisis que ya no podía atenderse por los mecanismos ordinarios del Estado. Además, la coalición aseguró que la emergencia cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.De acuerdo con el pronunciamiento del partido, la medida responde a una crisis fiscal estructural que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso. “Pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, señaló la coalición en su comunicado.El Pacto Histórico advirtió que la falta de tomar acciones habría puesto en riesgo inmediato la prestación de servicios públicos básicos y esenciales, así como la garantía de derechos fundamentales. Según el comunicado, sectores como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a víctimas y la seguridad ciudadana habrían enfrentado consecuencias irreparables y riesgos reales.Además, añadió que la medida es temporal y proporcional, no suspende derechos fundamentales y está sujeta al control de la Corte Constitucional, a la que pidió avalar la declaratoria, evaluando su procedencia y necesidad, teniendo en cuenta la rigidez normativa y la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para enfrentar la crisis.Por el momento, la Corte Constitucional evaluará la declaratoria de emergencia económica y social hasta el 13 de enero, fecha en la que finaliza la vacancia judicial.
El caso de Zulma Guzmán Castro sigue dando de qué hablar y mantiene en alerta a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las implicaciones judiciales que podría enfrentar la empresaria de 54 años. Para muchos, la preocupación gira alrededor de lo que ocurrirá con el futuro legal de quien es señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, un ataque que además dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados.La investigación, que hoy tiene en vilo a dos familias, activó una compleja ruta internacional para lograr su extradición desde el Reino Unido. De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, en caso de ser hallada culpable, Guzmán Castro podría enfrentar una de las condenas más altas contempladas en la legislación colombiana, lo que marcaría un precedente por la naturaleza del crimen y el uso de una sustancia altamente tóxica.¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Zulma Guzmán?Según documentos oficiales citados por la Fiscalía General de la Nación, la pena que podría enfrentar la empresaria, en caso de ser declarada culpable, oscilaría entre los 40 y 50 años de prisión. Las acusaciones son contundentes: homicidio agravado por la muerte de una menor de 14 años, tentativa de homicidio contra otras dos personas y el uso de talio, un elemento considerado altamente peligroso.En la práctica, una condena de ese calibre equivaldría a una cadena perpetua, teniendo en cuenta la edad de la procesada. La Fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y que se habría ejecutado mediante el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales fueron entregadas al apartamento de la familia Bedout, ubicado al norte de Bogotá, el pasado 4 de abril de 2025.Este elemento ha sido clave dentro del proceso, pues refuerza la tesis de una acción planeada y no de un hecho accidental, como inicialmente se intentó plantear en algunas versiones.Extradición desde Reino Unido y avances del proceso judicialLa captura de Guzmán Castro se produjo luego de una orden emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería. El pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas y, actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un hospital del sur de Londres, con vigilancia especial.Las autoridades confirmaron que fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A esto se suma que Interpol emitió alertas sobre sus movimientos previos en distintas ciudades del Reino Unido, lo que incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.El expediente sigue sumando capítulos. La investigación también revisa la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrida en 2021 y atribuida inicialmente a un cáncer. Las autoridades no descartan que ese fallecimiento esté relacionado con un posible envenenamiento con talio.El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, confirmó que existen comunicaciones avanzadas con Londres para concretar la extradición antes de finalizar el año. Mientras tanto, el caso continúa creciendo en complejidad y mantiene a la ciudadanía atenta a lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más largos y severos del país.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó su participación en las marchas de este jueves, convocadas en respaldo al Gobierno nacional por todo el revuelo del salario mínimo.El presidente de Fecode, Domingo Ayala, explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la decisión fue adoptada tras una reunión de la federación y sus sindicatos filiales.Según indicó, el objetivo central es defender el concepto de “salario mínimo vital”, una figura que, afirmó, está respaldada por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el marco constitucional colombiano.La movilización en Bogotá está prevista para la tarde, aunque en otras regiones del país algunos sindicatos afiliados realizarán marchas en horas de la mañana. En la capital, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), filial de Fecode, saldrá hacia la Plaza de Bolívar desde las 2:00 de la tarde.¿Por qué saldrá a marchar Fecode?Aunque la mayoría de sus afiliados no devenga el salario mínimo, la organización sindical asegura que su presencia en las calles responde a un principio de solidaridad con los trabajadores que sí dependen de ese ingreso básico.Ayala reconoció que los docentes del sector oficial han logrado mejoras salariales a través de negociaciones colectivas y que ninguno de ellos percibe actualmente el salario mínimo. Sin embargo, insistió en que la federación agrupa no solo maestros, sino también trabajadores administrativos y otros empleados del sector educativo, algunos de los cuales —según afirmó— podrían estar en diferentes condiciones salariales.“Nosotros somos una organización sindical de trabajadores de la educación y actuamos con solidaridad frente al conjunto de los trabajadores del país”, sostuvo el dirigente.El debate surge en medio de la discusión sobre el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno, que fue fijado en 23,7%. Para Fecode, aunque el ajuste representa un avance, no resuelve completamente el rezago acumulado durante décadas. El dirigente sindical aseguró que el propósito debe ser avanzar gradualmente hacia un salario que garantice condiciones de vida dignas, en coherencia con los compromisos internacionales suscritos por Colombia ante la OIT. Actualmente, Fecode agrupa a 34 sindicatos en todo el país y representa aproximadamente a 350.000 afiliados, según cifras entregadas por su presidente.Durante la entrevista también se abordó la participación política de Ayala, quien confirmó su aspiración al Senado por el Frente Amplio Unitario. No obstante, sostuvo que su presencia en la movilización será en calidad de dirigente sindical y no como candidato.
El Gobierno nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) firmaron dos acuerdos en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, con el objetivo de avanzar en el desescalamiento de las violencias y fortalecer la protección de la población civil en los municipios de Dibulla (La Guajira), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena).Uno de los compromisos suscritos es el cese de homicidios y la abstención de actos crueles, inhumanos o degradantes contra la población civil. El grupo armado también reiteró que no adelantará acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional, ni realizará ataques contra instalaciones oficiales.En el acuerdo, las ACSN se comprometieron a no reclutar, usar ni vincular menores de 18 años en ninguna de sus actividades. Señalaron que, en caso de identificarse la presencia de menores en sus estructuras, deberán facilitar su desvinculación inmediata y ponerlos a disposición de las autoridades civiles competentes para el restablecimiento de sus derechos.Asimismo, el grupo se comprometió a respetar los derechos de la población civil y de las personas con especial protección, a no instrumentalizar el proceso con fines políticos o militares y a no interferir en el desarrollo de los procesos electorales.También acordó abstenerse de realizar cualquier tipo de extorsión en los municipios de Dibulla, Ciénaga y Santa Marta, y no obstaculizar las acciones de transformación territorial lideradas por el Gobierno nacional, las entidades territoriales y las autoridades civiles en estas zonas.Por su parte, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz aseguró que seguirá los “recursos necesarios para asegurar las condiciones logísticas y operativas requeridas”.
La abogada Marcela García Cifuentes ha radicado una acción de tutela y anunció la preparación de denuncias de carácter penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Esta medida judicial surge como respuesta a las recientes declaraciones del mandatario relacionadas con el fallecimiento de Kevin Acosta, un niño que padecía hemofilia, y los señalamientos públicos dirigidos contra su madre.Indignación y empatía desde la experiencia del paciente La motivación de García Cifuentes para interponer esta acción legal se fundamenta en una profunda indignación ante el trato que el Gobierno nacional ha dado a la familia afectada. La abogada, quien se identificó como sobreviviente de cáncer, manifestó que comprende el dolor de enfrentar una enfermedad y poner la esperanza en tratamientos médicos. Según explicó, su pilar actual es defender a las mujeres cabeza de hogar, por lo que considera inaceptable que una madre que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo deba, además, defenderse de los ataques de la más alta instancia del gobierno.Vulneración de la intimidad y datos sensibles Uno de los puntos más críticos de la tutela es la denuncia sobre la divulgación no autorizada de la historia clínica y datos médicos de la madre de Kevin. García Cifuentes calificó como "terrible" que se expusiera la información privada de la paciente de la manera en que se hizo. Por ello, la tutela exige tres puntos claros: el cese inmediato de los señalamientos públicos, el retiro de todos los datos médicos divulgados sin consentimiento y una rectificación por parte del presidente Petro. La abogada enfatizó que esta rectificación debe darse en "condiciones de equidad", es decir, con el mismo nivel de difusión que tuvieron las declaraciones originales del mandatario.Defensa del buen nombre y la presunción de inocencia El recurso judicial busca proteger derechos fundamentales que, según la jurista, han sido vulnerados de manera flagrante: la privacidad, la intimidad, el buen nombre y la presunción de inocencia. García Cifuentes señaló que el presidente ha culpado públicamente a la madre del menor, haciendo mención a detalles como traslados en bicicleta y una supuesta negativa a autorizar cirugías, lo cual ha causado un dolor adicional a la familia en un momento de extrema vulnerabilidad. Aunque la abogada aclaró que no ha hablado directamente con la madre de Kevin, decidió actuar de oficio tras ver el sufrimiento de la mujer en entrevistas recientes donde se defendía de los ataques presidenciales.Escuche aquí la entrevista:
La contienda interna del progresismo colombiano sumó un nuevo capítulo tras el anuncio oficial de la Unión Sindical Obrera (USO), el poderoso sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, de respaldar la campaña presidencial de Roy Barreras. La decisión se produce en medio de la fractura política entre el sector del Pacto Histórico, que impulsa a Iván Cepeda, y la apuesta de Barreras por medirse en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.En entrevista con Blu Radio, Martín Ravelo, presidente de la USO, explicó que la determinación fue adoptada en el marco de un plenario sindical con representación de más de 28 subdirectivas. “Más allá de una jugada, es una decisión democrática que acaba de tomar la Unión Sindical Obrera”, sostuvo.El respaldo de la USO cobra especial relevancia en el escenario político, dado que hace cuatro años el sindicato apoyó la candidatura presidencial de Gustavo Petro, incluso con una financiación de 500 millones de pesos que posteriormente generó sanciones del Consejo Nacional Electoral por inconsistencias en el reporte.Seguridad energética y defensa de Ecopetrol, ejes del respaldoLa USO argumentó que su decisión se fundamenta en la necesidad de fortalecer la seguridad energética de Colombia y proteger la industria petrolera como patrimonio público. Ravelo fue enfático al señalar que las propuestas de Iván Cepeda no se alinean con esa visión.“Básicamente porque el candidato Iván Cepeda lo que ha planteado de cara al país y de forma pública es radicalizar la agenda ambientalista, que desconoce cuál es la realidad energética que tenemos hoy en el país”, afirmó el dirigente sindical.Según Ravelo, Colombia continuará dependiendo durante años de los combustibles fósiles, por lo que considera contraproducente acelerar la transición energética. “Ese desestímulo que se le ha venido propinando a la industria de los hidrocarburos nos tiene sumidos en situaciones concretas como la importación de más del 20 % del gas que consumimos los colombianos”, advirtió.En ese contexto, la USO respalda la propuesta de Roy Barreras de impulsar la exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo el desarrollo técnico y científico de pilotos de fracking en el Magdalena Medio. “El compromiso es incentivar la industria, el negocio original de Ecopetrol, que es el crudo y el gas”, subrayó Ravelo.Tensión en el Pacto Histórico por la consulta presidencialEl anuncio del sindicato ocurre mientras el Pacto Histórico atraviesa una disputa interna tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir a Iván Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida. En respuesta, la Dirección Nacional del Pacto emitió una circular ordenando a su militancia no participar en la consulta del 8 de marzo y concentrar esfuerzos en las listas al Congreso.Gabriel Becerra, vocero del Pacto Histórico, defendió la decisión como una postura coherente frente a lo que calificó como una política de exclusión. “No vamos a participar en la consulta y por lo tanto no vamos a pedir el tarjetón. Es una orientación legítima”, afirmó.Sin embargo, Roy Barreras insiste en la necesidad de ampliar la base electoral del progresismo. Recordó que para la victoria de Petro en 2022 fueron necesarios 11 millones de votos, cifra superior a los 2,7 millones obtenidos en la consulta interna de octubre. “Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos, estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha”, expresó Barreras, defendiendo su tesis de unidad tras medición democrática.Debate sobre transición energética y frackingUno de los puntos neurálgicos del debate es el futuro de la política mineroenergética. Mientras Iván Cepeda ha defendido una agenda ambientalista más estricta, Barreras propone una transición energética “justa y paulatina”, sin abandonar la producción nacional de hidrocarburos.Ravelo marcó distancia frente a lo que considera una transición acelerada: “Estamos alineados con la necesidad de transitar hacia energías renovables, pero debe ser de manera justa y no acelerada, que es lo que hemos venido observando”.La discusión también revive el debate sobre el fracking en Colombia, una técnica cuestionada por sectores ambientalistas, pero defendida por parte de la industria como alternativa para reducir la dependencia de importaciones de gas y crudo.Un movimiento con impacto políticoEl respaldo de la USO a Roy Barreras tiene un peso simbólico y estratégico. Se trata de uno de los sindicatos más influyentes del país, históricamente vinculado a las luchas por la defensa de Ecopetrol y los derechos laborales en el sector petrolero.Ante cuestionamientos sobre posibles influencias políticas, Ravelo negó presiones externas y rechazó versiones sobre la intervención del ministro Edwin Palma, exdirigente sindical. “Esta decisión es una decisión democrática que toman las huestes de este sindicato, que siempre se ha mantenido independiente de las fuerzas políticas”, afirmó.
Catorce organizaciones campesinas colombianas participan esta semana en la Amsterdam Cocoa Week y en el Festival Chocoa 2026, uno de los escenarios más importantes del mundo para la industria del cacao y el chocolate. Detrás de esta delegación hay más de 25.000 familias productoras que buscan abrirse espacio en mercados internacionales con cacao fino y de aroma cultivado en distintas regiones del país.Las asociaciones provienen de departamentos como Arauca, Meta, Huila, Boyacá, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Varias de estas zonas han estado marcadas por el conflicto armado y por economías ilícitas, pero hoy consolidan el cacao como una alternativa productiva sostenible. En este contexto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha acompañado el proceso de fortalecimiento y proyección internacional de estas organizaciones.Los productores que viajaron a Países Bajos fueron reconocidos previamente en los concursos Cacao de Oro y Grano de Oro, distinciones que destacan la calidad, el aroma y la excelencia del grano colombiano. En Ámsterdam compiten y exhiben su producto ante compradores especializados, chocolateros y expertos del sector, con la expectativa de establecer contactos directos y mejorar sus condiciones de comercialización.Cabe mencionar que cerca del 95 % de esta producción se destina a exportación y más de 65.000 familias dependen de esta cadena productiva en más de 500 municipios. Para las organizaciones participantes, la vitrina internacional no solo representa una oportunidad comercial, sino también la posibilidad de consolidar al cacao como cultivo de paz y motor de desarrollo rural en territorios históricamente golpeados por la violencia.
El exembajador y precandidato Roy Barreras está consolidando respaldos de cara a la votación de las consultas. Este miércoles, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos del sector petrolero que en la campaña pasada respaldó al hoy presidente Gustavo Petro, anunció oficialmente su apoyo a la candidatura de Barreras para el próximo 8 de marzo.La USO fue un actor político relevante en la elección que llevó a Petro a la Casa de Nariño, incluso realizó aportes económicos a esa campaña, los cuales hicieron parte de investigaciones en curso por violación de topes electorales.En un comunicado, la organización sindical explicó que su respaldo obedece a coincidencias programáticas, especialmente en materia energética.“La USO de manera institucional y mayoritaria considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo”, señala el documento.El sindicato también dejó claro que busca un cambio frente al enfoque energético actual del Gobierno. Aunque reiteró la importancia de avanzar en energías renovables, insistió en que el país no puede “abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas”. En esa línea, mencionaron que Roy Barreras “se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas (…) a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética”.
Desde el Gobierno nacional informaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba, en respuesta a una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que anunciaba que está proporcionando alimentos, kits de sanitización de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.De acuerdo al texto el apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas, al tiempo que promueve la autosuficiencia y garantiza el mayor impacto posible.Sin embargo, la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres aclararon por medio de comunicados que aclaran que el Llamamiento Internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia.“Mientras la capacidad del Sistema no sea superada, la respuesta se atiende con medios propios. Cuando la magnitud de la emergencia exige apoyo externo, la UNGRD solicita formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los canales diplomáticos”, dicen los documentos.Además, dejan en claro que el presidente de la República es quien autoriza finalmente si la ayuda internacional se acepta o no.“Si la situación desborda completamente las capacidades del Gobierno, que NO es el caso, se activa el Llamamiento Internacional, contemplado en el artículo 43 de la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas. Este mecanismo es firmado por el presidente de la República y define con precisión el tipo de asistencia requerida, desde la declaratoria nacional de emergencia hasta la rendición de cuentas al cierre del proceso”, añaden.Desde el Gobierno agregan que la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia sino busca garantizar la recuperación integral posdesastre.En este sentido, la cooperación responde a la demanda identificada técnicamente, no a la oferta externa, ni a los llamados de entes territoriales.
Los 32 alcaldes de las ciudades capitales del país anunciaron su respaldo unánime a la propuesta de “Paz Electoral” impulsada por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo se desarrollen sin hechos de violencia y con garantías para los ciudadanos.La decisión se dio tras una reunión en la que participaron mandatarios locales y autoridades nacionales para analizar los principales riesgos que enfrentan los territorios en época electoral. La seguridad, el manejo de las protestas y la presencia de grupos armados ilegales fueron algunos de los temas centrales del encuentro. Los alcaldes coincidieron en que se necesita mayor coordinación con el Gobierno nacional para evitar alteraciones del orden público durante las jornadas de votación.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el procurador Gregorio Eljach se reunirá con la cúpula militar y con la Policía Nacional de Colombia para organizar un plan de seguridad que cubra todo el país en las fechas de votación. Señaló que es deber de los alcaldes garantizar que las personas puedan salir a votar tranquilas, pero también expresó preocupación porque en algunos casos las manifestaciones se salen de control y generan hechos violentos.El procurador Gregorio Eljach resaltó la importancia de mantener el diálogo entre el nivel nacional y las ciudades. Aseguró que trabajar de la mano con los alcaldes es clave para proteger la democracia y dar confianza a los ciudadanos.En medio del debate, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, sostuvo que la “Paz Electoral” solo será posible si se logra debilitar la acción de los grupos armados ilegales en varias zonas del país. También advirtió que muchos mandatarios locales enfrentan solos la inseguridad y pidió mayor respaldo del Gobierno nacional.En el caso de Cali, el alcalde Alejandro Eder manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia y ataques terroristas. Indicó que en los últimos seis meses han cambiado tres veces al comandante de la ciudad, lo que afecta la continuidad en las estrategias de seguridad. Por esta razón, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo.Además, en los próximos días se realizará un Consejo Bidepartamental para revisar medidas en municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que las capitales, especialmente la capital del país, enfrentan una alta presión por la concentración de movilizaciones. Señaló que el desafío está en garantizar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad ni el normal desarrollo del proceso electoral.Al finalizar la reunión, los alcaldes y la Procuraduría acordaron mantener una comunicación constante y trabajar de manera coordinada para anticiparse a posibles riesgos. La meta común es que los colombianos puedan participar en las elecciones con tranquilidad y confianza en que habrá garantías en todo el territorio nacional.
Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.