En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido en redes sociales para defender el decreto con el que, en 2018, delimitó la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta y reconoció como sagrados cientos de sitios para los pueblos indígenas de ese territorio. Su pronunciamiento se da luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de esa norma, decisión que ha generado preocupación entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos.En su mensaje, Santos recuerda que el Decreto 1500 fue el resultado de años de diálogos con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su propósito fue dar protección jurídica a un sistema de espacios sagrados que ya existía en la tradición indígena. Según el exmandatario, la decisión del alto tribunal representa un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos territorios espirituales, por lo que llamó a encontrar salidas que mantengan vigentes las garantías para los pueblos de la Sierra.La llamada Línea Negra es la delimitación espiritual y territorial que los pueblos indígenas de la Sierra han trazado sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar y que, según sus autoridades, sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente esos espacios protegidos y les dio un marco de especial protección en la normativa colombiana.Sin embargo, el Consejo de Estado anuló recientemente esa norma al considerar que, en su expedición, no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores del territorio, lo que abrió un nuevo capítulo de debate jurídico y político alrededor de la Sierra Nevada.Frente a ese escenario, Santos insistió en que el Estado tiene la obligación de honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los espacios sagrados que hacen parte de su cosmovisión. Su pronunciamiento se suma a los llamados de autoridades tradicionales de la Sierra, que han advertido que la nulidad del decreto pone en riesgo su cultura y su relación histórica con el territorio.Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro ya dio instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para buscar, a través de instrumentos legales y, eventualmente, la compra de predios, fórmulas que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra pese al fallo del Consejo de Estado, en medio de una discusión que apenas comienza y que tendrá efectos directos sobre la protección de uno de los territorios ancestrales más emblemáticos del país.
La detención se logró en medio de la operación 'Pandora', en la que participaron la Policía Nacional y la Fiscalía, con apoyo de la Guardia Civil de España y Europol. Según las autoridades, 'Medio Labio' no era un jefe armado, sino el hombre que manejaba las finanzas de la organización.Lo consideran una ficha clave porque coordinaba el envío de dinero entre organizaciones criminales en Colombia y mafias en Europa como la mafia italiana ’Ndrangheta’, incluida una estructura conocida como 'La Calabresa', la Mocro Maffia de Países Bajos y también carteles mexicanos.“Hemos sacado de circulación a quien manejaba la caja mayor del Clan del Golfo y que tenía enlaces transnacionales con las estructuras criminales de mayor envergadura pero que mayor daño le causan al mundo, aseguró el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director Investigación Criminal e Interpol.Las investigaciones indican que habría participado en el envío de grandes cargamentos de droga hacia Europa y que, solo en seis meses, habría movido cerca de 147.000 millones de pesos usando el sistema informal conocido como ‘hawala’, un método que permite transferir dinero sin pasar por el sistema bancario tradicional.La Fiscalía también señaló que su patrimonio creció de forma injustificada en más de 1.163 millones de pesos.La fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo Rojas, señaló que estos delincuentes materializaron parte del dinero que movilizaba 'medio labio' a través de otras personas y de algunas empresas adquirían bienes en donde invertían ese dinero. “Otra parte se logra identificar en estos 137.000 millones de los mensajes encriptados, donde aparecen otras terceras personas que son como los beneficiarios de este dinero.” aseguró la fiscal Trujillo.Alias 'Medio Labio' es primo hermano de alias 'Don Mario', uno de los fundadores del Clan del Golfo. Según las autoridades, comenzó su trayectoria criminal manejando dinero para antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con el tiempo se convirtió en el estratega financiero del Clan del Golfo.Tras su captura, fue presentado ante un juez, quien legalizó el procedimiento y la Fiscalía le imputó cargos por: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, concierto para delinquir.Según el comunicado oficial y las autoridades, el procesado no aceptó los cargos y era investigado en España e Italia por presuntos nexos con redes del narcotráfico europeo.Con esta operación, Colombia refuerza la cooperación internacional para atacar no solo a los cabecillas armados, sino también a quienes manejan el dinero detrás de las estructuras criminales.
La marca automotriz surcoreana KGM, antes conocida como SsangYong, anunció una alianza estratégica con Inter Bogotá, el nuevo club profesional de la capital. El equipo forma parte del grupo propietario que también controla al Wrexham A.F.C., institución vinculada a Ryan Reynolds.El acuerdo oficializa a KGM como patrocinador del club bogotano en una etapa de transformación tanto para la marca como para la institución deportiva.Según lo informado por ambas organizaciones, el objetivo es conectar procesos de renovación y crecimiento, con un enfoque centrado en Bogotá como escenario estratégico.Inter Bogotá nació como un proyecto que busca posicionarse como un club conectado con la ciudad, su cultura y nuevas generaciones. Por su parte, KGM atraviesa una nueva etapa global que redefine su posicionamiento y proyección en el mercado colombiano.Paulo Moreira, country manager de KGM en Colombia, señaló que este tipo de alianzas permite fortalecer el posicionamiento de la marca y acercarse a nuevas audiencias mediante experiencias compartidas con el club.¿En qué contexto se da el anuncio?El acuerdo se produce en un momento de recuperación del fútbol profesional colombiano. Según cifras de la Superintendencia de Sociedades, los clubes registraron ingresos operacionales cercanos a los 729.000 millones de pesos en 2024, reflejando mayor estabilidad financiera en la industria.Nicolás Maya, presidente de Inter Bogotá, indicó que la alianza responde a la visión de construir un proyecto en evolución permanente, vinculado con marcas que también representan transformación y proyección de futuro.¿Qué planes tiene KGM en Colombia para 2026?En paralelo al acuerdo deportivo, KGM proyecta para 2026 un crecimiento superior al 300 % frente al año anterior. La estrategia contempla consolidar su presencia en Bogotá y ampliar su portafolio con nuevos modelos.Dentro de esa expansión se prevé la llegada de opciones híbridas y eléctricas, como parte de la oferta que la marca planea fortalecer en el mercado colombiano.Como parte de la alianza, Inter Bogotá y KGM desarrollarán experiencias orientadas a conectar el fútbol con la ciudad, bajo un concepto que busca integrar deporte, territorio y dinámicas urbanas.
En algunas oportunidades ha ocurrido que las personas abren la llave y sale el agua amarilla, esto puede ocurrir por varias cosas como: el desprendimiento de sedimentos de hierro y magnesio acumulados en las tuberías que distribuyen el agua por cambios en la velocidad o presión del flujo, trabajos de mantenimiento o bajos niveles del agua.Lo anterior, lo válida el la Empresa de Acueducto y Alcantarillado al indicar que “el cambio de velocidad del agua en las tuberías generan el desprendimiento de partículas propias del tratamiento, lo que hace que el agua llegue con color, pero sin afectar la potabilidad de la misma”.Frente a esto, la compañía advirtió que dentro de poco llevará a cabo trabajos para la instalación de compuertas en el sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento Tibitoc, por lo cual, podría ocurrir un cambio de color del agua en sectores del norte de Bogotá y dos municipios de Cundinamarca.¿Qué sectores resultarían afectados por el agua amarilla?Según el Acueducto, el "agua amarilla" podría presentarse en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía.Las labores de mantenimiento se desarrollarán durante un mes, entre este viernes 20 de febrero y el 20 de marzo.Para mitigar este fenómeno, la empresa manifestó que dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías. “Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad”.Recomendaciones para los usuariosDe igual forma, la compañía indicó una serie de recomendaciones a los usuarios, para que las ejecuten en sus casas de ser necesario:Si se presenta coloración del agua en la vivienda se debe informar a la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.Si el agua sale con coloración, hay que abrir la llave y dejarla salir hasta que se torne incolora.Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, se debe verificar la transparencia del agua para evitar manchas.Hacer el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.No alarmarse si hay operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes, se debe permitir la ejecución de la tarea.
Durante años, el antiguo Bronx de Bogotá fue sinónimo de horror. Sus calles, marcadas por la droga, la violencia y la muerte, escondían historias que parecían sacadas de una película de terror. Sin embargo, hoy, sobrevivientes que lograron escapar de ese infierno han comenzado a hablar. Entre sus relatos, uno destaca por su crudeza y misterio: la historia de Pepe, el supuesto cocodrilo que, según testigos, fue utilizado como instrumento de terror y muerte.Pedro Ruiz, de 38 años, vivió seis años consumido por el bazuco, el alcohol y el abandono en esas tres calles que funcionaban bajo reglas propias. Hoy, en proceso de rehabilitación, recuerda con claridad la rutina del horror. “Era normal ver niños de 9 o 10 años consumiendo pegante o bazuco. Nadie decía nada. Era parte del paisaje”, relató para 'Los Informantes'.Pero el consumo era apenas la superficie de una estructura criminal mucho más profunda. Los llamados 'sayayines', encargados de mantener el control interno, imponían castigos brutales a quienes consideraban “sapos”, ladrones o infiltrados. Uno de los testimonios más estremecedores describe la ejecución de un hombre acusado de ser informante.Sin embargo, ninguna historia genera tanto impacto como la de Pepe.La aterradora historia de Pepe, el cocodrilo del Bronx“Yo lo conocí pequeño. Era una lagartijita”, contó Pedro. Según su testimonio, el animal fue llevado al Bronx cuando aún era joven. Con el tiempo, creció hasta alcanzar más de dos metros. Entonces, sus dueños construyeron un estanque más grande, con espacio para que tomara el sol.“Sí existió. Yo doy fe de eso. Y sí le echaban gente”, afirmó con contundencia.El cocodrilo, aseguró, se convirtió en una herramienta de intimidación y castigo. Aunque algunos cuerpos eran sacados en bolsas o enterrados, otros, según estos relatos, terminaban en el estanque.A esta historia se suman los perros pitbull entrenados para atacar. Testigos aseguran que las víctimas eran encerradas en habitaciones con puertas de hierro, donde los animales las destrozaban vivas. “Ese era el castigo para el que robaba o no obedecía”, explica otro sobreviviente.Los hallazgos recientes de restos humanos han comenzado a dar sustento a lo que durante años fueron considerados simples rumores. Fragmentos óseos encontrados en bloques de cemento son analizados por Medicina Legal, mientras la Fiscalía busca determinar cuántas personas murieron realmente allí.Hoy, muchos de los sobrevivientes viven en centros de atención del Distrito. Reciben comida, atención psicológica y, por primera vez en años, una oportunidad de reconstruir sus vidas.Mientras avanzan las investigaciones, la figura de Pepe permanece envuelta entre el testimonio y la incredulidad. Para quienes sobrevivieron, no hay duda. El cocodrilo fue real. Y representa, quizá mejor que nada, el nivel de barbarie que reinó durante años en el corazón de Bogotá.
Organismos de seguridad le confirmaron a Blu Radio que en la vereda Las Conchas, del municipio de Anorí, murió Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, más conocido con los alias de ‘Manuelito’ o ‘Guaricho’, uno de los principales cabecillas, al lado de alias ‘Chejo’, del frente 36 de las disidencias de las alias ‘Calarcá’ y cuyo escondite está en límites entre este municipio y Amalfi en el Nordeste de Antioquia.Sobre la muerte de ‘Guaricho’, Blu Radio pudo conocer que se manejan dos hipótesis. Una indica que habría muerto en medio de combates con miembros del Clan del Golfo, con quienes mantienen una disputan por el control del territorio y rentas criminales en la zona.La segunda, y que cobra mayor fuerza por parte de inteligencia, estaría relacionada con la explosión de artefactos explosivos que manipulaba y que son utilizados por el mismo grupo armado para atentar contra la fuerza pública y la población civil.Le puede interesar: Disidencias de alias ‘Calarcá’ declaró objetivo militar al alcalde de Briceño, AntioquiaEsta situación se evidenció en agosto del año pasado en la vereda Los Toros de Amalfi, cuando fue atacado un helicóptero de la Policía Nacional produciendo la muerte de 13 uniformados que adelantaban labores de erradicación de cultivos ilícitos y por el que el gobierno de los Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 5 millones de dólares para dar con sus responsables entre los que estaba 'Guaricho'.En el organigrama identificado por la inteligencia militar, ‘Guaricho’ figuraba como tercer cabecilla en la estructura y subordinado a ‘Chejo’ , principal cabecilla en la región. Por eso, entidades nacionales ofrecían una recompensa de hasta 500 millones de pesos, $200.000.000 por parte de la Gobernación de Antioquia y $300.000.000 del Ministerio de Defensa.‘Guaricho’ también ha sido vinculado con otras actividades como el control territorial mediante violencia contra pobladores de zonas rurales, acciones de hostigamiento y enfrentamientos con la fuerza pública.
Tras los recientes ataques terroristas atribuidos a las disidencias de alias 'Mordisco' en Buenos Aires, Cauca, y a la guerrilla del ELN en Aguachica, Cesar, el Gobierno nacional, junto con las fuerzas públicas, realizó un Consejo de Seguridad extraordinario en donde evaluó lo ocurrido, reconoció los errores y anunció medidas inmediatas.El presidente Gustavo Petro admitió que hubo fallas en las operaciones y en los esquemas de seguridad. Entre los errores señalados se encuentran, primero, la falta de guardia en la estación ubicada en la Ruta del Sol II, frente a la base de entrenamiento en Aguachica, y segundo, la ausencia de los anillos de seguridad, primer, segundo y tercero, para la defensa de la estación de Policía en el municipio de Buenos Aires.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se duplicará el pie de fuerza y que se adoptaron correctivos inmediatos orientados a la prevención y a la protección tanto de la comunidad como de los policías.“Se evaluó la realidad de los hechos y como conclusión se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas, etcétera, donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base de ahí. Eso es importante reconocerlo y que aquí el gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno” afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.Para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, el Gobierno anunció un refuerzo significativo de capacidades. Se designó a un brigadier general para liderar las operaciones, se incrementará la presencia policial con 325 nuevos uniformados, de los cuales 50 serán asignados a Popayán, y se desplegarán capacidades antidron que se espera entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre. Además, un nuevo pelotón del Ejército será encargado de proteger la Vía Panamericana.En materia de recompensas, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció montos millonarios para dar con los responsables de los ataques terroristas de los últimos días. Por alias 'Mordisco' se ofrecen hasta $5.000 millones; por alias 'Marlon', que delinque en el Cauca, hasta 4.500 millones; por 'Jairo Ramírez', hasta $1.640 millones; por el explosivista conocido como 'Max Max', hasta $500 millones; y por alias 'Jimmy Saavedra' y 'Cabezas', hasta $300 millones por cada uno.“Que pierdan toda protección cuando se involucran en las hostilidades. Sepan que también se están fortaleciendo a través de ello los grupos criminales para asesinar el futuro de su nacional. El ELN amenazó al pueblo colombiano desde el día domingo en la mañana hasta el miércoles en la mañana con un paro armado que llamó, que no es más que un costeñimiento criminal con una amenaza terrorista” señaló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.Según el Ministerio de Defensa, cada uno de estos cabecillas estaría vinculado a acciones criminales que dejaron entre cinco y diez personas muertas.Sobre el ataque ocurrido en Aguachica, el ministro señaló que el 80% de las intenciones terroristas fueron anticipadas por las autoridades, aunque confirmó que varios policías perdieron la vida. Finalmente, se informó que los ministerios de Defensa y Hacienda ya cuentan con un plan para la reconstrucción de la infraestructura afectada.Frente a todo este panorama, el ministro de Defensa anunció que se avanzará en un Conpes de $49 billones de para que se fortalezca la defensa de la Nación. El Gobierno reiteró que estas medidas buscan reforzar la seguridad en las regiones más golpeadas por la violencia, restablecer el orden público y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.
Sobre la Ruta 24 en jurisdicción del municipio de Paicol en el occidente del Huila, en un puesto de control la policía inspeccionó a un vehículo de carga tipo camión en el que hallaron más de siete mil kilos de marihuana que habían aforado en tulas provenientes del Cauca.De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el gigantesco cargamento del alucinógeno avaluado en alrededor de los siete mil millones de pesos, haría parte de los grupos armados residuales que delinquen en esa región del país que además son los encargados de controlar las finanzas del narcotráfico.“Unidades adscritas a la estación de Policía del municipio de Paicol en el Huila lograron la captura de un hombre y la incautación de siete toneladas y media de marihuana. Según las investigaciones preliminares la droga tenía como destino la ciudad de Bogotá esto para fortalecer las finanzas criminales del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc” indicó el Coronel Luis Fernando Serna Zapata, director encargado de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional.Durante el procedimiento judicial el conductor del automotor un hombre de 30 años de edad, fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía Local de La Plata para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.El más reciente reporte oficial, señala que en lo corrido del este año 2025 las autoridades han incautado al menos 35 toneladas entre marihuana y base de coca, en los diferentes corredores viales del departamento, siendo el municipio de La Plata donde se han asestado duros golpes contra el narcotráfico.
El bus en el que se desplazaba la mujer habría salido de la ciudad de Bogotá y se dirigía a la capital del departamento del Meta.Un lamentable hecho enluta una familia en pleno diciembre, luego de que un bus de la empresa Morichal chocara fuertemente contra una de las barandas del puente vehicular sobre la quebrada Coloradita en el kilómetro 73+500.El grave accidente de tránsito dejó como saldo una mujer sin vida que se desplazaba como pasajera y quien presuntamente por el impacto contra las barandas del puente habría fallecido.Cuatro pasajeros resultaron heridos, los cuales fueron evacuados por puertas y ventanas tras el fuerte impacto que generó la colisión del vehículo de transporte de pasajeros, los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente por el personal médico.La policía de tránsito y transportes inicia las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente que deja como saldo una mujer fallecida y cuatro personas heridas.Las autoridades hacen un llamado contundente a los conductores para que respeten las normas de tránsito y respeten los límites de velocidad.
El representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales frente al deterioro de la seguridad en el país.A través de un video, el congresista argumentó que, durante 2025, Colombia ha registrado un agravamiento sostenido del orden público, con más de 140 miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos de servicio, más de 400 ataques armados y un aumento significativo de delitos como el secuestro, la extorsión y el terrorismo.“Cuando no hay respuestas eficaces frente a la amenaza armada, las omisiones deben investigarse. La realidad es alarmante. El paro armado del ELN, en solo 48 horas, dejó 51 acciones violentas en 13 departamentos. No son percepciones, son hechos: carreteras bloqueadas, comunidades confinadas y ciudadanos abandonados. Esta queja no es política, es defensa institucional y respeto por la Constitución”, indicó el representante.La queja también señala la ocurrencia de paros armados decretados por grupos ilegales en diciembre, que generaron restricciones a la movilidad, cierres de actividades económicas y afectaciones directas a derechos fundamentales de la población civil.Según Cortés, estas situaciones evidencian la falta de una estrategia integral y efectiva liderada desde el Ministerio de Defensa para contener la expansión de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad ciudadana.Por estos hechos, el representante solicitó a la Procuraduría admitir la queja, iniciar una investigación disciplinaria y determinar si el ministro incurrió en omisión, negligencia o incumplimiento grave de sus deberes, conforme al marco constitucional y legal vigente.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó un proyecto de resolución que habilita una nueva oportunidad para que los generadores de energía se acojan al denominado precio de escasez inferior del cargo por confiabilidad. La iniciativa busca ajustar las reglas del mercado mayorista y garantizar la atención de la demanda eléctrica en condiciones críticas, como sequías o fenómenos de El Niño, incentivando la contratación de energía a largo plazo y asegurando la disponibilidad de oferta eficiente.El proyecto plantea mecanismos de transición para plantas existentes y futuras, tanto de corto como de largo plazo, con el objetivo de armonizar el cargo por confiabilidad con los nuevos precios de escasez y asegurar que el sistema cuente con capacidad suficiente para atender la demanda futura.En este contexto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que no se acogió a esta fórmula porque, según la compañía, iría en contra del planeamiento energético que permite gestionar los embalses y garantizar la continuidad del servicio durante fenómenos climáticos adversos. La compañía señaló que estas medidas pueden generar penalizaciones que incrementen el riesgo sobre los ingresos esperados.“La fórmula propuesta plantea un precio de referencia que genera penalizaciones económicas y desincentiva la inversión en nuevos proyectos de generación, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento en condiciones críticas”, indicó la empresa en un comunicado.A este debate se suman análisis de expertos del sector energético. Julio César Vera, gerente general de Valjer Energy, explicó que el precio de la energía para los usuarios no depende únicamente del mercado de bolsa, sino de varios componentes como generación, transmisión, distribución y comercialización.“El precio final de la energía es la suma de todos los componentes de la cadena. El componente de generación es el que más ruido genera, pero no es el único que determina la tarifa. Si se limitan los beneficios del mercado, se pueden frenar proyectos nuevos y poner en riesgo el cubrimiento de la demanda a mediano y largo plazo”, explicó Vera.Vera advirtió que este tipo de medidas regulatorias podrían afectar la expansión del sistema eléctrico, especialmente de cara a las subastas del cargo por confiabilidad que buscan garantizar el suministro para los años 2029 y 2030.Finalmente, el experto subrayó que las decisiones regulatorias deben equilibrar el beneficio inmediato para los usuarios, pues las medidas deben garantizar un mercado eficiente, competitivo y sostenible.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que Colombia no enfrenta riesgo de desabastecimiento de arroz, pese a las afectaciones por las fuertes lluvias en departamentos como Córdoba y Sucre. Desde el sector arrocero, sin embargo, advierten que las inundaciones en La Mojana profundizaron una crisis que venía de años atrás.Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, señaló que la región perdió capacidad productiva tras el rompimiento del boquete de Caregato, una obra inconclusa que ha dejado recurrentes inundaciones.“La Mojana tiene una producción importante de arroz que ha venido a menos desde el rompimiento del boquete de Caregato, que este gobierno ha negado sistemáticamente desde hace rato. Se están destinando una cantidad de recursos a otras cosas que nada tienen que ver con el cierre, y eso no ha permitido retornar a unos niveles de siembra muy importantes que permitían abastecer buena parte del mercado de la Costa Norte”, afirmó Gutiérrez.El dirigente explicó que, aunque Córdoba no es un gran productor de arroz, La Mojana sí tenía un papel clave en el abastecimiento regional y su caída en producción ha sido compensada con importaciones legales e ilegales. Gutiérrez advirtió que no existe un censo oficial sobre las hectáreas afectadas por las inundaciones, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.“No hay cifras claras del Ministerio ni de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se habla de 204 mil hectáreas afectadas, pero no se sabe cuántas son de arroz, maíz o fríjol”, señaló.Gutiérrez cuestionó también la efectividad de las ayudas gubernamentales y aseguró que los apoyos no compensan las pérdidas del sector.“Los apoyos son completamente insuficientes. A los pequeños productores les dan 10 mil pesos cuando están perdiendo 14 o 16 mil, y a los grandes productores apenas 3.500 pesos por tonelada, cuando producen más del 50 % del arroz del país”, indicó.Desde Fedearroz, su gerente Rafael Hernández afirmó que las estimaciones de daños por inundaciones deben revisarse, pues no toda área inundada implica pérdida total del cultivo. El dirigente también detalló que en Córdoba la producción de arroz es limitada y se concentra principalmente en los distritos de riego de La Doctrina y Mocarí, donde las áreas sembradas no son muy grandes.“Nosotros empezamos el año con 1,2 millones de toneladas de inventario. Decir que va a haber desabastecimiento, cuando el problema es el exceso de inventarios, no tiene sentido. Posiblemente se han dañado unas 400 o 500 hectáreas”, explicó.En ese sentido, estimó que los daños reales podrían estar alrededor de 400 o 500 hectáreas, aunque reconoció que la emergencia climática es grave y requiere atención estructural, especialmente en zonas vulnerables como La Mojana.En cuanto al paro arrocero y los compromisos con los productores, Hernández aseguró que Fedearroz no participó en las movilizaciones, pero reconoció que existen inconformidades por el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que el gremio ha participado en negociaciones con la industria y el Gobierno para fijar precios, a través de resoluciones oficiales y con autorización de las autoridades de competencia. El directivo aseguró que la crisis del sector no es solo local, sino parte de un problema global por la caída de los precios internacionales y los altos inventarios, factores que siguen presionando el mercado y afectan la rentabilidad de los productores.Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura aclaró que las lluvias se suman a transformaciones del territorio asociadas a grandes obras de infraestructura que han alterado los ecosistemas de la región, incrementando la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. La cartera también destacó que el área sembrada de arroz se redujo 17,4 % en el segundo semestre de 2025, sin comprometer el suministro, y anunció un plan de recuperación productiva para las zonas afectadas.“El fenómeno que actualmente se presenta es una afectación puntual y localizada sobre los cultivos en el departamento de Córdoba, derivada de una emergencia climática cada vez más recurrente y severa. Estos factores, acumulados en el tiempo, evidencian los impactos concretos de la crisis climática sobre la vida de las comunidades y la producción de alimentos”, señaló el Ministerio en un comunicado.En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la estabilidad del sector arrocero mediante políticas de gestión del riesgo climático, fortalecimiento de la producción nacional y protección del ingreso de los productores.Mientras tanto, gremios y productores insisten en que la emergencia por lluvias dejó en evidencia problemas estructurales pendientes, como la falta de infraestructura hidráulica, el control al contrabando, la política de importaciones y la necesidad de mayores apoyos para garantizar la sostenibilidad del sector.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
Las intensas lluvias que han golpeado a Córdoba en las últimas semanas no solo dejaron calles inundadas y cultivos dañados, sino también numerosos hogares con pérdidas materiales. En respuesta a esta situación, la Unidad para las Víctimas inició nuevas jornadas de entrega de ayuda humanitaria en Montería.Las entregas se realizaron en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) y también en zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias afectaron especialmente a comunidades campesinas y étnicas que hoy enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.“Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, aseguró el director territorial de Córdoba, Oscar William Balbuena.Durante la jornada, la directora general encargada de la entidad, Alix Aguilar, aseguró que la respuesta institucional continuará mientras persista la emergencia. “Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, frente a la emergencia climática, actuamos con solidaridad y compromiso. Seguiremos trabajando desde los albergues para brindar atención y acompañamiento a las víctimas”, afirmó.Desde la Dirección Territorial Córdoba también destacaron que la ayuda fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y otras entidades. El director territorial, Oscar William Balbuena, señaló que se trata de una respuesta inmediata ante el impacto de las lluvias en el departamento.“Bajo el liderazgo de la directora general encargada Alix Aguilar, entregamos más de 400 kits de ayuda humanitaria en el departamento de Córdoba. Los kits incluían ropa interior, ropa exterior y zapatos, brindando apoyo a familias afectadas por las fuertes lluvias y a las comunidades campesinas y comunidades étnicas propias de la región”, indicó.Entre tanto, la Unidad para las Víctimas anunció que continuará desplegando acciones en el territorio para atender a quienes resultaron damnificados por la temporada invernal.
La Regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intervino en el Meta la que sería la fosa a campo abierto más grande identificada hasta ahora por la entidad en ese departamento.En el lugar fueron localizados y recuperados, al menos, once cuerpos que, según las primeras hipótesis, habrían sido inhumados entre 2004 y 2005, en pleno contexto del conflicto armado.El hallazgo se produjo tras varias visitas previas a una zona rural ubicada a aproximadamente cinco horas de Villavicencio, donde el equipo técnico identificó hundimientos y alteraciones en el terreno que sugerían posibles inhumaciones. Las labores de búsqueda se extendieron durante diez días en enero.Para la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, la dimensión del hallazgo marca un hito en la búsqueda en el departamento. “Aquí, lo importante de este hallazgo, es que estamos hablando de 11 cuerpos encontrados en una fosa a campo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es la fosa más grande encontrada en el departamento del Meta, en lo que lleva trabajando la unidad de búsqueda en este territorio”, afirmó.La funcionaria subrayó que el proceso no habría sido posible sin el acompañamiento de las comunidades de la zona, en un contexto de compleja situación de orden público. “Este trabajo no sería posible sin el acompañamiento de las comunidades que ayudan a la unidad de búsqueda a entrar y nos blindan, de alguna manera, como en un espacio humanitario para hacer estas recuperaciones”, explicó.La coordinadora de la Regional Oriente, Adriana Mercedes Pestana, señaló que antes de iniciar la intervención, se “requirió de una evaluación milimétrica de los riesgos asociados a la seguridad del equipo de trabajo y también de la comunidad dado que la zona presenta una compleja situación de orden público”.Por su parte, el antropólogo Juan Camilo Patiño precisó que, hasta el momento, se ha establecido la recuperación de once individuos. Sin embargo aseguró que también se hallaron estructuras óseas aisladas que serán analizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar si el número de personas recuperadas se mantiene o podría aumentar tras los estudios técnicos.
Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que en Colombia podría estarse configurando un riesgo para las garantías democráticas, gremios del sector empresarial defendieron el papel de la Registraduría y las organizaciones electorales recordando al presidente que el sistema que critica es el que le ha permitido ser alcalde, congresista y jefe de Estado.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) aseguró que no es conveniente que existan dudas sobre la legitimidad de la gestión electoral pues esto puede afectar la democracia.“El Registrador Hernán Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”, indicó.En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, respaldó el trabajo de la organización electoral y afirmó que la obligación del Ejecutivo, en especial de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral y no atacar ni ponerle obstáculos a su funcionamiento.“No son aceptables, los intentos de descalificar a la registraduría y al proceso electoral mismo. Mucho menos viniendo de la cabeza del Estado, quién ha sido beneficiario directo del sistema democrático colombiano, habiendo sido elegido en múltiples ocasiones, congresistas, al alcalde y hasta el presidente de la República. ¿Cuál será la intención detrás del juicioso, intento por desprestigiar la democracia colombiana?”, aseguró a través de su cuenta de X.Los gremios empresariales coincidieron en la necesidad de preservar la confianza en las instituciones electorales y evitar mensajes que puedan debilitar la credibilidad del sistema democrático. Señalaron que el respeto por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y las reglas de juego es fundamental para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y un clima electoral propicio.
El jefe de la Misión de Observacion Electoral de la Union Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió a la controversia entre el presidente y el registrador nacional. Aseguró que la misión no entrará en la discusión política, pero sí analizará a fondo el procedimiento.“Este debate político que se produce en estos momentos en Colombia ante el Presidente y el Registrador nos puede parecer más o menos interesante, pero nosotros lo que vamos a ver es si ese formulario responde a lo que debe responder, si ese formulario es manipulable, si el procedimiento es transparente, si se produce alteración de resultados, el debate político va por encima de nosotros, solo puedo decirle que deseo que por el bien de la institucionalidad quienes ejercen las altas representaciones sean capaces de hablar entre ellos”.Simulacros: balance positivo, pero con advertenciasGonzález Pons valoró positivamente los primeros simulacros electorales realizados hasta ahora en el país. Sin embargo, subrayó que la transparencia y la imparcialidad de la administración electoral serán determinantes en el análisis final.“Tenemos que evaluar, eso sí, la transparencia e imparcialidad de la administración electoral. Y en este momento, la valoración de los primeros simulacros es positiva”.El jefe de la misión insistió en que el sistema debe garantizar coherencia entre lo consignado en las mesas y lo publicado oficialmente, así como la trazabilidad de cualquier modificación.“Para la misión es esencial que el sistema garantice la plena transparencia, que lo consignado en las mesas coincida con lo publicado, que las actas sean accesibles y que cualquier modificación del acta quede registrada para poder ser localizada. La transparencia es la garantía de que cualquier irregularidad pueda detectarse y pueda corregirse”.“No venimos a ver quién gana, sino cómo gana”El jefe de la misión reiteró los principios bajo los cuales actuará la observación europea.“Los principios por los que nos regiremos son el respeto, la humildad, la no injerencia, la independencia y la imparcialidad. Esto es lo que podemos esperar de esta misión de la Unión Europea. Nosotros examinamos el proceso, solo el proceso, pero todo el proceso. No vamos opinar sobre aquello que no sea el proceso electoral, pero no vamos a dejar de opinar sobre nada que se refiera al proceso electoral”.La misión enfatizó que su informe final no evaluará resultados políticos, sino garantías democráticas.Atención especial a elecciones parlamentarias y curules de pazLa misión anunció que prestará especial atención a las elecciones parlamentarias, que calificó como las más complejas del proceso.“Son menos llamativas para la prensa internacional que las presidenciales, pero para la vida política del país son casi tan importantes como las presidenciales. Por eso vamos estar particularmente atentos a las elecciones parlamentarias y que sepan que también vamos a hacer un seguimiento particular de las curules de paz”.Violencia, campaña y desinformaciónGonzález Pons reconoció que el proceso electoral se desarrollará en algunas zonas bajo contextos de violencia y amenazas, pero destacó la fortaleza de la democracia colombiana para organizar elecciones pese a esas dificultades.Además, señaló que los observadores estarán atentos a posibles restricciones al derecho de hacer campaña y al acceso de la ciudadanía a la información. En el entorno digital, la misión también vigilará posibles campañas de desinformación e injerencias externas.“Estamos pendientes de lo que sucede en las redes sociales con un equipo muy profesionalizado, con técnicas muy contrastadas, e intentaremos también ser capaces de determinar si es que en la conversación pública que se produce en las redes sociales hay una alteración del proceso electoral, poderlo constatar”.Compra de votosFinalmente, el jefe de la misión recordó que la compra de votos ha sido un fenómeno recurrente en la discusión electoral colombiana.“Va a ser importante para nosotros decirle a los ciudadanos, y a quien tenga la tentación de comprar votos, que se trata de un delito muy grave, un atentado contra la libertad política y la democracia que debe ser perseguida”.En conclusión, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, aseguró que su informe final se basará únicamente en lo observado en terreno y en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, imparcialidad y legalidad.
La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, anunció un requerimiento de cumplimiento inmediato a la Central Hidroeléctrica Urrá para que reduzca la cota del embalse de los actuales 130,5 metros a 128,5 metros, como parte de las medidas adoptadas frente a la contingencia derivada de las recientes condiciones climáticas.Según explicó la funcionaria, las acciones operativas activadas por la represa implican técnicamente la necesidad de disminuir el nivel del embalse. Por ello, el Gobierno ordenó que la reducción se realice de manera inmediata y, una vez cumplida, la empresa deberá recalcular de forma autónoma el volumen real almacenado.Ese recálculo deberá estar acompañado de los estudios técnicos correspondientes y ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Dentro de ese proceso, la hidroeléctrica tendrá que incluir el denominado “vacío de amortiguación”, es decir, el volumen que debe mantenerse disponible para cumplir con su función de regulación hídrica.La ministra recordó que, al tratarse de una represa multipropósito, Urrá no solo tiene responsabilidades en generación eléctrica y comercialización de energía, sino también en el manejo hidráulico regional. En ese sentido, deberá determinar con precisión cuánto espacio debe dejar libre en el embalse para responder a crecientes y eventos extremos.Adicionalmente, en el plazo de un mes, la empresa tendrá que recalcular su curva guía y ajustar nuevamente cotas y volúmenes, incorporando análisis de lluvias con periodos de retorno de hasta 500 años y escenarios asociados a variabilidad y cambio climático.De acuerdo con el Ministerio, esta medida responde al reconocimiento de una nueva realidad climática caracterizada por eventos más extremos. Por ello, los instrumentos ambientales y los estudios hidráulicos deberán ajustarse a condiciones más exigentes que las consideradas en análisis realizados en décadas anteriores.