A 12 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, las autoridades se siguen preparando para garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral en la que los colombianos elegirán senadores, representantes a la Cámara y a tres candidatos presidenciales.En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el hecho de que la empresa Thomas Greg and Sons y la empresa ASD formen parte de la Unión Temporal Disproel, que es la encargada del software de escrutinio municipal y departamental.Sobre este asunto, vale la pena recordar que la empresa ASD, que entre otras cosas, está vinculada a procesos electorales en Colombia desde hace más de 25 años, cedió el pasado 20 de febrero, su participación en la Unión Temporal que provee dicha herramienta tecnológica, tras una polémica en la que se ha visto involucrada en Honduras.Como nota al margen, ASD, la misma empresa que ha sido objeto de los más recientes ataques del presidente Gustavo Petro, ha suscrito contratos con entidades del gobierno nacional entre 2022 y 2025 por más de 154 mil millones de pesos.Sobre la polémica por el famoso software de escrutinio, a partir de hoy y durante 3 días, la Registraduría abre la puerta para que los partidos políticos, los veedores y los auditores tengan la posibilidad de revisar el código fuente y verifiquen su funcionamiento, con el fin de despejar dudas sobre cualquier posible actuación irregular que se llegara a detectar.Hay un asunto de fondo, clave del que poco habla el gobierno: del constreñimiento electoral por parte de grupos criminales y de la compra de votos. En las últimas horas, el vicefiscal Gilberto Guerrero y el Registrador Hernán Penagos definieron rutas para combatir esos dos flagelos, que sin duda van a incidir en las elecciones del próximo 8 de marzo.
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que crea un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia generada por la ola invernal y los eventos hidrometeorológicos extremos que golpearon a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.La medida se adoptó tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, ante el impacto de un frente frío entre enero y febrero que superó las previsiones oficiales. La emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, redes eléctricas, acueductos, viviendas y servicios públicos esenciales. El Gobierno estimó un impacto fiscal de 8,3 billones de pesos, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo dispone de apenas 668 mil millones, ya comprometidos.El nuevo impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026, equivalentes a $ 10.474.800.000 pesos. La tarifa general será del 0,50 %. Sin embargo, se fija una tarifa diferencial del 1,6 % para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, especialmente dedicadas al petróleo y al carbón.Quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026. Los recursos tendrán destinación específica y exclusiva para atender la emergencia y mitigar sus efectos económicos y sociales.
En una operación conjunta contra las economías ilícitas, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una unidad de producción ilegal de oro en zona rural del municipio de Chaparral, estructura que, según las autoridades, financiaba a un grupo armado organizado residual.El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército, junto con la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.De acuerdo con el coronel Hernán Darío Baquero, comandante del batallón, la intervención permitió golpear las finanzas del grupo armado organizado residual Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz que, presuntamente, utilizaba esta explotación aurífera como fuente de ingresos.“Llegamos hasta el punto donde se desarrollaba esta actividad ilícita y encontramos un motor industrial, una clasificadora metálica, una manguera de succión y 100 galones de ACPM. Estos elementos eran fundamentales para la extracción ilegal del mineral y tendrían un valor cercano a los 27 millones de pesos”, señaló el oficial.Según las estimaciones entregadas por el comandante, en esta unidad se extraían mensualmente cerca de 1.000 gramos de oro , lo que representaba ingresos aproximados de 593 millones de pesos en el mercado ilegal. Con esta operación, agregó, se evitó que más de 500 millones de pesos ingresaran a las arcas de esa estructura armada.El coronel Baquero enfatizó que este tipo de acciones no solo afectan las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también buscan frenar el grave impacto ambiental que deja la minería ilegal.“Estamos atacando de manera directa las economías ilícitas que tanto daño le hacen al país. La explotación ilegal de yacimientos no solo financia estructuras criminales, sino que destruye el ecosistema. La recuperación ambiental de estas zonas puede tardar más de 10 años”, afirmó.La maquinaria y los elementos hallados fueron destruidos en el lugar, previa coordinación con la Policía Nacional, en cumplimiento de los protocolos establecidos.Con este resultado operacional, la Sexta Brigada reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas contra la minería ilegal en el sur del Tolima, con el propósito de debilitar las estructuras armadas residuales y proteger los recursos naturales del departamento.
El reloj avanza hacia el 2 de marzo y en las zonas arroceras del Tolima el ambiente no es de cosecha sino de resistencia. A seis días de las elecciones legislativas, productores del cereal confirmaron que se sumarán al paro nacional convocado por el sector y que habrá bloqueos en puntos estratégicos del departamento, una decisión que podría impactar la movilidad entre el centro y el occidente del país y tensionar la jornada democrática prevista para el 8 de marzo.La consigna tiene nombre propio: "Día de la Dignidad Arrocera” En municipios como Armero Guayabal , Lérida, El Espinal, Saldaña, Purificación y Prado, además del peaje del Alto de Gualanday , se prevén concentraciones y cierres viales. La preocupación mayor gira en torno al corredor que conecta con el paso del Alto de La Línea, ruta clave para el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el occidente del país."Estamos perdiendo todos”La voz que sintetiza el malestar es la de Manuel Cardozo, representante arrocero del norte del Tolima, quien en entrevista con Meridiano de Blu Radio lanzó una advertencia sin matices:“La situación de los arroceros en Colombia es crítica. Nuevamente los más de 202 municipios arroceros estamos pasando por una crisis económica terrible. Aquí estamos perdiendo pequeños, medianos y grandes. Nadie se salva”.Según explicó, la decisión de ir a paro fue tomada el pasado 21 de febrero en una reunión nacional del Comité de Paro Arrocero, en cabeza de Dignidad Agropecuaria. El reclamo central: el precio pagado al productor no cubre los costos de producción de la actual cosecha.Cardozo cuestionó directamente las resoluciones 42 y 43 del Ministerio de Agricultura. Asegura que, aunque se pactó un precio de 183.000 pesos por carga para la zona centro incluido el Tolima, una resolución posterior permite a los molinos pagar hasta 10.000 pesos menos, es decir, 173.000 pesos, con la promesa de que el Gobierno asuma la diferencia.El problema, afirma, es que casi ningún productor cumple los requisitos para acceder a ese subsidio.“Para acceder a esa diferencia la situación es crítica. Tocan cumplir requisitos que casi el 99 por ciento de los arroceros no tenemos. Con esas opciones lo único que hacen es hundirnos más y no tenemos un horizonte claro”.Importaciones, contrabando y sobreofertaA la caída del precio se suma según los líderes del sector el impacto del arroz importado y el contrabando, factores que estarían generando sobreabastecimiento y presionando a la baja el mercado interno. En un departamento donde el arroz es columna vertebral de la economía rural, la consecuencia es directa: pérdidas acumuladas, créditos bancarios en mora, pagos de insumos, maquinaria y obligaciones laborales que no dan espera.“Hoy estamos vendiendo prácticamente para no perderlo todo”, advierten asociaciones arroceras.La crisis no se limita a los cultivadores. En el sur y centro del Tolima la incertidumbre alcanza a jornaleros, transportadores y comerciantes que dependen de la cadena productiva. El temor es que muchos reduzcan áreas sembradas o abandonen el cultivo, con efectos futuros sobre el abastecimiento de uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana.Elecciones en la cuerda flojaEl anuncio del paro adquiere un tinte político inevitable. El 8 de marzo el país elegirá nuevo Congreso, y los arroceros insisten en que no desean bloquear las vías ese día, pero advierten que, si no hay respuestas rápidas y eficaces, la movilización podría escalar.“Recordémosle al país que el próximo 8 de marzo son las elecciones parlamentarias y los arroceros no queremos que para ese día estemos bloqueando las vías. Necesitamos la mirada de todos los sectores porque si no el juego de las elecciones queda en riesgo con nuestro paro y manifestación”, sostuvo Cardozo.El mensaje es directo a candidatos, gremios y ciudadanía: la protesta no es solo por el precio del arroz, sino por la supervivencia de miles de familias campesinas.Mientras se definen los horarios y puntos exactos de cierre en el Tolima, el departamento se prepara para una semana decisiva. El arroz, más que un cultivo, es una forma de vida. Y este 2 de marzo, a la hora cero, sus productores prometen hacerse sentir en las carreteras del país.
Las lluvias en el Valle del Cauca persisten y siguen generando afectaciones, producto de emergencias como crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos, que han dejado aisladas a múltiples comunidades que residen en la zona rural del departamento.La situación más reciente se registró en el municipio de Guacarí, específicamente en el corregimiento de Puente Rojo, donde se registraron fuertes precipitaciones durante más de diez horas. El exceso de agua sobrepasó la capacidad de la quebrada Lulos, la cual se desbordó e inundó varias viviendas."Las lluvias nos han pegado muy fuerte este año, tenemos deslizamientos en la parte alta en el sector conocido como La Magdalena, también en Santa Rosa, en Alto de Tapias y estamos atendiendo las emergencias con maquinaria amarilla. Durante las últimas emergencias hemos tenido unas 30 familias afectadas en la zona rural", señaló Enuar Narváez, líder del Grupo de Gestión del Riesgo de Guacarí.La zona más afectada del departamento es el centro, pues desde el inicio de las fuertes lluvias se han reportado afectaciones en municipios como Tuluá, Buga, El Cerrito y más recientemente Ginebra y Guacarí."Estamos llegando a la comunidad con kits humanitarios de emergencia y, en municipios del centro del Valle especialmente afectados, estamos interviniendo con maquinaria amarilla para habilitar vías y atender contingencias", añadió el funcionario.
Niños en San Francisco, Antioquia, tienen que estudiar en deplorables condiciones y poniendo en riesgo su vida por graves daños estructurales en una institución educativa. Padres de familias cerraron el colegio y espera pronta respuesta de las autoridades.Decenas de niños, niñas y adolescentes hoy sufren por no tener un lugar seguro en donde estudiar luego de que quedara en evidencia el pésimo estado estructural que tiene la Institución Educativa San Francisco que tiene techos a punta de caerse y muros agrietados que ponen en riesgo la vida de los menores de edad.Debido a esta situación, los padres de familias de este colegio ubicado en el municipio de San Francisco cerraron la institución y realizaron un plantón para exigir por una intervención urgente por parte de las autoridades correspondientes y así se pueda evitar una tragedia.Danyella Correa, representante del Consejo de Padres de la Institución Educativa San Francisco, pidió que la Secretaría de Educación de Antioquia ayude de manera prioritaria y se pueda mejorar las condiciones para estudiantes de primaria y bachillerato.“Pedimos ayuda a que la Secretaría de Educación nos pare bolas porque la vida de nuestros niños está en riesgo. Es notoria que la infraestructura se nos está cayendo encima y no hemos podido encontrar una solución. Estamos esperando que nos respondan y que nos ayuden, por favor, con esto”, aseguró.Se espera que prontamente la Gobernación de Antioquia llegue hasta esta zona del Oriente del departamento para poder explicarle a la población estudiantil y sus padres qué se encontró en una visita técnica que se le hizo al colegio, además de indicar qué estrategias de mitigación se implementarán en el corto plazo.Hay que mencionar que, a la espera de una solución pronta, se conoció que el traslado de la institución educativa fue presentado ante el Ministerio de Educación, sin embargo, el proyecto no fue viabilizado por el Gobierno nacional por lo que se espera que autoridades locales puedan encontrar una solución y evitar que los daños estructurales generan un hecho que lamentar.
Continúa la crisis humanitaria en Yondó, Antioquia: más de 50 desplazados y cinco muertos provocaron una reunión urgente de autoridades a nivel departamental. En la zona se intensificarán los operativos militares para evitar nuevos enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo.La Gobernación de Antioquia realizó en las últimas un Consejo de Seguridad con el propósito de tomar acciones urgente debido a la grave problemática que se tiene en límites entre Remedios y Yondó en donde fuertes enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo dejan un saldo, hasta el momento, de tres personas muertas y cerca de 50 desplazados de la vereda Tamar Bajo.Debido al crítico panorama es que el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo se reunieron con el fin de tomar acciones y evitar nuevas confrontaciones, como indicó el director operativo de Seguridad de Antioquia, José Lesmes.“Esto con el ánimo de trabajar de manera conjunta y coordinada las diferentes acciones a seguir para garantizar que la población pueda retornar a sus viviendas posterior a los enfrentamientos que han protagonizado integrantes del clan del Golfo y del ELN”, dijo el funcionario.Entre algunas de las conclusiones a las que llegaron las autoridades departamentales es que se implementarán acciones con unidades militares contra los grupos armados en la zona y se brindará atención prioritaria a las familias afectadas, con el objetivo de que puedan regresar de manera segura a sus hogares.A la espera que las condiciones se den en el territorio, hay que recordar que de esta zona de conflicto activo ya fueron sacados cinco cuerpos, tres de ellos de ilegales que vestían de camuflados y dos personas que habrían muerto en circunstancias por establecer, como aseguró Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.Por lo pronto, los cuerpos fueron llevados a Barrancabermeja, para que en la sede de Medicina Legal se analicen las circunstancias en las que fueron asesinadas estas personas, tres de ellas de nacionalidad venezolana y con edades que oscilan entre los 25 y los 63 años de edad.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que estuvieron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.De acuerdo con el ente de control, en desarrollo de la auditoría se establecieron 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria. Las observaciones están relacionadas con deficiencias en la gestión de bienes, fallas en los procedimientos de desalojo y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas responsables.La Contraloría evidenció omisiones en la aplicación de normas y procedimientos internos, así como incumplimientos en los lineamientos para la ejecución de desalojos, la elaboración de estimados de renta y los procesos de comercialización y rendición de cuentas. También se identificaron falencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento y en la supervisión de las funciones de los depositarios.El análisis reveló contratos vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones de los arrendatarios. Estas situaciones, según el informe, habrían generado afectaciones económicas y riesgos en la conservación del patrimonio administrado.En cuanto a los vehículos bajo custodia, el órgano de control detectó debilidades en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización, lo que habría ocasionado pérdida de valor. Además, se estableció que varios automotores permanecieron almacenados en patios por más de seis años, generando costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025.
En medio de una operación conjunta en zona rural de Belén de Umbría, tropas del Ejército, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, capturaron a alias ‘Chucky’, integrante del Clan del Golfo y considerado una ficha clave en la estructura criminal en Risaralda.De acuerdo con las autoridades, el hombre tenía un amplio prontuario y cumplía un doble rol dentro del grupo armado. Por un lado, ejercía presión sobre comunidades rurales para citarlas a reuniones y generar intimidación; por otro, adelantaba labores de reclutamiento mediante plataformas digitales, donde contactaba adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país.Durante el procedimiento, los uniformados hallaron archivos digitales que presuntamente eran enviados a las víctimas potenciales como material de captación. Tras ganar su confianza, les solicitaban datos personales con el fin de llevar un registro de quienes serían incorporados de forma forzada a la organización.Alias ‘Chucky’ tenía orden de captura vigente por uso de menores en la comisión de delitos y enfrentaba investigaciones por homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas, actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.
La Contraloría General de la República reveló un nuevo caso de presunto detrimento patrimonial en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En una auditoría realizada a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el organismo de control detectó un hallazgo fiscal por $1.618 millones, correspondiente a pagos indebidos realizados al contrato de interventoría suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y la firma DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.Según el informe, los pagos autorizados a la interventoría no guardaron relación con los avances reales de los contratos supervisados, tal como exigía la cláusula del contrato celebrado. Los porcentajes de avance registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) de los proyectos bajo seguimiento presentaban cifras significativamente inferiores al 100 % requerido para justificar el desembolso total.El análisis evidenció que los avances técnicos de los contratos registraron el 59 %, 93 % y 44 %, respectivamente. Pese a estos niveles, la interventoría recibió el pago completo, lo que derivó en un sobrepago de $1.618 millones.La Contraloría señaló fallas graves en el seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad responsable de supervisar la ejecución del programa y de garantizar la correcta destinación de los recursos públicos. Para el organismo de control, el aval de pagos desproporcionados frente al avance real de los proyectos refleja deficiencias en los mecanismos de control interno y en la vigilancia sobre el contrato de interventoría.El detrimento afecta directamente recursos asignados a iniciativas de sustitución voluntaria, proyectos productivos sostenibles y programas de seguridad alimentaria para las familias vinculadas al PNIS. La Contraloría advirtió que este tipo de irregularidades compromete la eficacia del programa y pone en riesgo la inversión destinada a comunidades que dependen de estos proyectos para transitar hacia economías lícitas.
La Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud del candidato a la presidencia, Sergio Fajardo, de bloquear temporalmente en redes sociales un video publicado por el excontralor Carlos Felipe Córdoba, que también está en la carrera por la presidencia.El argumento de Fajardo es que el video es parte de una campaña sostenida de desinformación y usa su voz y su imagen sin autorización. Sin embargo, para la Superindustria las cuentas personales en redes sociales no se consideran bases de datos reguladas por la ley de habeas data y exigir que cualquier usuario de redes cumpla con todas las obligaciones, como políticas de privacidad, sistemas de autorización o medidas de seguridad, sería “una situación absurda” y contraria al propósito de la norma.El video tiene más de medio millón de visualizaciones en TikTok y es parte de una serie “documental” en la que se resaltan hechos de la gestión de Córdoba cuando fue contralor de la República. Concretamente, en este capítulo se toman imágenes de Sergio Fajardo y de su petición de recusar al contralor, y se incluye un fragmento actuado en el que una persona parecida físicamente a Fajardo le reclama a Córdoba por abrir una investigación en plena campaña presidencial. El fragmento actuado se acompaña con imágenes de archivo de Fajardo cuando fue gobernador de Antioquia. Córdoba, que en un momento anterior del video denuncia que le ofrecieron yates y otros sobornos, le responde a su misterioso interlocutor: “Muchas gracias, pero no me interesa”.La entidad argumentó que el contenido del video podría estar protegido por el derecho a la libre expresión y la libre información, y que los límites al debate político tienen que resolverse mediante otros mecanismos judiciales y no con una petición de protección por uso de datos personales.
El temblor registrado este miércoles volvió a dirigir la atención hacia los principales eventos sísmicos documentados en el país. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el movimiento ocurrió a las 03:27 de la mañana, tuvo magnitud 5.8 y se originó a 11 kilómetros del municipio de Los Santos, en Santander. La entidad indicó que el sismo alcanzó una profundidad de 150 kilómetros y fue percibido en distintas regiones del territorio nacional. La información del SGC sobre este episodio volvió a ubicar a Los Santos en el centro de la conversación pública. Esta zona, ubicada en el oriente del país, es uno de los puntos con mayor número de eventos sísmicos en Colombia. El terremoto más fuerte en ColombiaContrario a lo que muchos pueden llegar a pensar, el terremoto del Eje Cafetero en 1999 no fue el más fuerte registrado en Colombia. La base de datos del SGC señala que el evento más fuerte ocurrió el 31 de enero de 1906, en el Pacífico colombiano, con magnitud 8.4 y profundidad de 20 kilómetros. La entidad documenta que ese movimiento generó un tsunami con olas entre dos y cinco metros que afectaron sectores costeros como Bajo Baudó y Pizarro, así como la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. De acuerdo con los reportes históricos consolidados por el SGC, el temblor fue sentido desde Bogotá hasta territorio ecuatoriano.¿Cuál fue el terremoto más mortífero?Aunque no es el más fuerte sentido, el terremoto de Armenia en 1999 sí fue el más mortífero registrado. El SGC reportó que ocurrió el 25 de enero de ese año, poco después de la 1 de la tarde, y alcanzó magnitud 6.1. El epicentro se ubicó en inmediaciones del municipio de Córdoba, en el Quindío, en el borde occidental de la Cordillera Central. La zona cafetera registró daños severos.Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este evento dejó 1.185 personas fallecidas, 8.536 heridas y más de 35.000 viviendas destruidas. La Red Sismológica Nacional registró más de 138 réplicas durante el mes siguiente. La más fuerte, cuatro horas después del sismo principal, tuvo magnitud 5.5. Los reportes oficiales identificaron afectaciones en Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro, Salento, Filandia, Pereira y otros municipios de la región.Los datos del SGC permiten establecer una diferencia clara entre magnitud y consecuencias. Aunque el terremoto de Armenia figura entre los más destructivos por su impacto humano y material, no es el más fuerte según los registros del SGC. Ese lugar corresponde al evento de 1906 en el Pacífico, que continúa siendo el de mayor magnitud documentado en el país.¿Por qué tiembla tanto en la Mesa de Los Santos?De acuerdo con la entidad, allí se registran miles de movimientos al año, la mayoría imperceptibles. El lugar es conocido como el “Nido Sísmico de Bucaramanga” y cuenta con un amplio despliegue de estaciones de monitoreo instaladas por el SGC para seguimiento permanente.La recurrencia de temblores reabrió preguntas sobre cuáles han sido los eventos más significativos registrados en Colombia y cómo se comparan con los episodios más recordados por la ciudadanía. La base de datos de Sismicidad Histórica del SGC reúne la información disponible sobre estos movimientos y permite establecer cuáles han sido los de mayor magnitud, los que han generado más daños y los que han sido más sentidos en diferentes regiones.
Los colombianos le pusieron buen humor al fuerte temblor de magnitud 5.8 que sacudió al país este miércoles a las 3;27 de la mañana, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Una vez pasado el susto, en redes como X, se llenaron de memes sobre este evento, que tuvo como epicentro el municipio de la Mesa de los Santos, en el departamento de Santander.Memes del temblor de hoy en ColombiaUn sismo de magnitud 5,8 sacude el centro de Colombia en medio de la madrugadaUn sismo de magnitud 5,8 sacudió la madrugada de este miércoles Bogotá y otros lugares del centro de Colombia sin que hasta el momento las autoridades hayan informado de victimas o daños.Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local (08:27 GMT) y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.El sismo despertó a los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a la calle en medio de la noche por precaución.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su cuenta de X que tras el sismo de 5,8 "se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones", sin que por ahora haya algún reporte de daños.
Un fuerte temblor de magnitud 5.8 se registró en la madrugada de este miércoles en Colombia y sacudió con fuerza a Bogotá y a varias ciudades del centro y norte del país. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales.Según información del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 03:27 a. m., con una profundidad de 150 kilómetros y epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas de mayor actividad sísmica en el país.Temblor hoy en Colombia: ¿por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia (SGC), explicó que la región de la Mesa de Los Santos es considerada uno de los nidos sísmicos más activos del planeta, lo que explica la frecuencia con la que se registran temblores en esta zona.“El SGC informa que hoy 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 de la mañana, se registró un evento sísmico de magnitud 5.8 y profundidad de 150 kilómetros, con epicentro en Los Santos, Santander. Hemos recibido más de 4.000 reportes de sentido en más de 482 municipios, especialmente en Cundinamarca, Santander, Antioquia y Bogotá”, señaló Tovar. El experto explicó que los sismos profundos, como el ocurrido esta madrugada, no suelen generar daños en superficie, pero sí se sienten en amplias zonas del país debido a la forma en que se propaga la energía sísmica.“Estos sismos, por su profundidad, proyectan energía en todas las direcciones y no alcanzan a disiparse antes de llegar a la superficie, por eso se sienten en tantos departamentos”, agregó.Tovar reiteró la importancia de que la ciudadanía consulte siempre información de fuentes oficiales, como las redes del SGC y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).¿Cómo se sintió el temblor en Bogotá y otras ciudades?El movimiento telúrico despertó a los habitantes de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y otras ciudades del país. En varias zonas, especialmente en edificios altos, ciudadanos reportaron haber salido a la calle por precaución.La UNGRD, a través de su cuenta oficial en X, informó que se adelanta un “barrido” con autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones. Hasta el momento no hay reportes de daños estructurales ni emergencias graves.Colombia y su actividad sísmica constanteColombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. En particular, la región de Los Santos es reconocida por su constante liberación de energía, lo que genera eventos diarios, la mayoría imperceptibles para la población. El SGC reiteró que conocer estos procesos permite fortalecer la preparación ciudadana ante futuros movimientos.
El fútbol está en shock tras un lamentable suceso en Villavicencio, que tiene en vilo a la Liga BetPlay, luego de un accidente que puso fin a la vida de un vigilante comunitario y, además, dejó detenido a un jugador de Llaneros FC.El caso tuvo lugar el pasado sábado 21 de febrero, un día después de que el equipo llanero empatara 2-2 con Independiente Medellín. El mediocampista había sido titular en ese compromiso. Sin embargo, horas más tarde, mientras conducía su vehículo por el barrio Pinilla, embistió a un adulto mayor que se movilizaba en bicicleta camino a su trabajo.Prueba de alcoholemia y custodia tras accidente en VillavicencioMarlon Sierra, de 31 años, estaría involucrado en el accidente. Según confirmó la Policía Metropolitana de Villavicencio, la prueba de alcoholemia practicada tras el siniestro arrojó grado uno.Ese resultado derivó en la captura inmediata de Sierra, mientras continúan las investigaciones judiciales. Según los reportes oficiales y versiones recogidas, el ciclista fue trasladado por habitantes del sector a un centro asistencial, pero falleció minutos después por la gravedad de las heridas.La víctima fue identificada como Ángel María León Ladino, reconocido en la zona por más de 20 años de trabajo como vigilante comunitario.Entre los puntos que hoy analiza la Fiscalía y las autoridades se encuentran:El resultado positivo en la prueba de alcoholemia.Las circunstancias exactas del impacto.Las versiones que señalan una posible omisión de auxilio.Algunos testigos aseguraron que el conductor se detuvo metros adelante y no habría asistido directamente a la víctima tras el choque, aspecto que también forma parte del proceso.Llaneros FC espera decisión judicial sobre SierraHasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre medidas disciplinarias. El presidente de Llaneros señaló que serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.En el entorno del Fútbol Profesional Colombiano, la noticia ha abierto el debate, debido a que se trata de un jugador activo y por el impacto social del caso en la capital del Meta.Mientras avanza la investigación, se mantiene el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la comunidad pide celeridad y claridad en el proceso.
El Espinal, segunda ciudad en importancia del Tolima, ya no es recordada únicamente por su tradición arrocera, su riqueza musical o sus expresiones folclóricas. En los últimos años, su nombre comenzó a asociarse con un fenómeno que alteró la tranquilidad de sus habitantes, la presencia de estructuras conocidas popularmente como “Los Brujos”, señaladas por autoridades y comunidad de estar vinculadas a economías ilícitas y hechos de violencia.Lo que antes era considerado un remanso de paz empezó a figurar en reportes de seguridad por homicidios selectivos y episodios de sicariato. Según las autoridades, detrás de estos hechos habría redes criminales que utilizan fachadas aparentemente legales para encubrir actividades ilícitas.Uno de los temas más sensibles expuestos por el gobierno departamental es la presunta relación de este grupo con delitos como lavado de activos y otras economías ilegales. De acuerdo con lo manifestado por la administración seccional, la intervención institucional es prioritaria para evitar que estas estructuras continúen afectando la seguridad y la convivencia.Aun así, las cifras recientes muestran un cambio significativo. En lo corrido de 2026 se ha registrado un solo caso de sicariato en el municipio, una reducción que contrasta con periodos anteriores.La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas , atribuye esta disminución a las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos judiciales.“Tenemos un problema delicado en El Espinal, donde veníamos registrando sicariatos relacionados con estas estructuras. Este año solo se ha presentado un caso, y eso obedece a las medidas de prevención y control que hemos implementado junto con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial”, afirmó la mandataria.Matiz también subrayó que los resultados responden a una estrategia integral que incluye trabajo conjunto con la Fiscalía, presencia institucional y acciones preventivas en el territorio.Una problemática que encendió las alertasLa mandataria departamental ha sido enfática en que las investigaciones deben avanzar hasta esclarecer el alcance de estas redes.“A los llamados ‘Brujos’, que todos conocen y a muchos les da temor mencionar, también los estamos investigando. He solicitado a la Fiscalía General de la Nación que designe un fiscal especializado para El Espinal que adelante estas indagaciones”, aseguró.Las advertencias institucionales sobre la influencia de estas estructuras no son nuevas. El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, junto con la gobernadora, fueron de los primeros funcionarios en referirse públicamente al fenómeno y a su posible impacto en el aumento de la criminalidad.¿Cómo operaría la estructura?Según lo expuesto por las autoridades y las indagaciones preliminares, estas redes montarían centros de atención telefónica desde donde ofrecen servicios esotéricos a clientes dentro y fuera del país. Aunque este tipo de prácticas no está prohibido por la legislación colombiana, las investigaciones apuntan a que el delito comenzaría cuando se utiliza la información personal obtenida para extorsionar a los usuarios.Las pesquisas también buscan establecer si algunos grupos habrían extendido sus actividades hacia otras economías ilegales, incluyendo microtráfico de drogas y la creación de redes para estafas relacionadas con trámites migratorios.Otra modalidad bajo la lupa es la oferta fraudulenta de supuestos trámites de regularización o expedición exprés de visas mediante redes sociales. Las autoridades investigan recaudos millonarios por servicios que no se concretan.Expansión y efectos regionalesInformes preliminares señalan que estas estructuras no solo operarían en El Espinal , sino que habrían extendido su presencia hacia municipios como Ibagué, Guamo , Saldaña y Melgar, donde también se han reportado alteraciones del orden público.Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno departamental insiste en que la prioridad es proteger a la ciudadanía y evitar que estas economías ilegales sigan afectando la seguridad, la confianza institucional y la estabilidad social del centro del Tolima.La reducción de los homicidios en el municipio se presenta como un primer indicador de que la intervención estatal comienza a dar resultados, aunque las autoridades reconocen que el desafío apenas empieza.
Ante los recientes anuncios del sector arrocero sobre un nuevo paro programado para el próximo 2 de marzo, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) manifestó su preocupación por las posibles afectaciones que podría generar una nueva jornada de bloqueos en el país.El gremio recordó que, en 2025, entre marzo y julio, se registraron cierres en 186 vías a lo largo de distintos corredores nacionales, una situación que impactó de manera severa al sector transportador y a múltiples actividades productivas. Según Colfecar, esos bloqueos no solo afectaron la movilidad de mercancías, sino que también generaron pérdidas económicas, retrasos en la cadena logística y dificultades en el abastecimiento.Frente al nuevo escenario, el gremio hizo un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura para que activen de inmediato los mecanismos institucionales necesarios y promuevan mesas de diálogo y concertación con los arroceros. El objetivo es evitar que las manifestaciones se traduzcan en cierres de vías que terminen afectando la movilidad de los colombianos, la seguridad alimentaria y el desempeño de la economía nacional.Si bien Colfecar aseguró que respeta las razones que motivan las protestas del sector agrícola, advirtió que otros sectores productivos no pueden convertirse en un “mecanismo de presión” dentro de estas discusiones. En esa línea, solicitó a Dignidad Agropecuaria de Colombia, convocante de las marchas, reevaluar la convocatoria a bloqueos teniendo en cuenta el impacto que podrían generar en la productividad del país y en millones de ciudadanos cuyo sustento depende del transporte por carretera.Colfecar señala que no es fácil el panorama que se vive ahora tras constantes ataques y hechos de inseguridad en las vías del país. Hoy, 24 de febrero, un conductor de vehículo de carga perdió la vida mientras cumplía con su labor en la vía Panamericana, a la altura de Piedra Sentada, en el departamento del Cauca.El hecho ocurrió en medio de un asalto a un carro de valores, cuando se desató un cruce de disparos y el trabajador quedó en medio del fuego. El conductor, que se encontraba prestando un servicio relacionado con el transporte de carga, murió en el lugar de los hechos, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que marca las historia y las carreteras del país.Desde Colfecar rechazaron de manera contundente este ataque y señalaron que el caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han golpeado al sector transportador. El gremio expresó su solidaridad con la familia, compañeros y la empresa del conductor fallecido, y reiteró el llamado al Gobierno para que se adopten medidas urgentes que garanticen condiciones reales de seguridad en las vías nacionales.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Fundación Paknam Kima Pai, organización del pueblo Awá, aseguró que los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche. De acuerdo con el relato entregado por la exgobernadora del resguardo y actual consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico, hombres armados llegaron al territorio, ubicado sobre la vía principal, en una camioneta y tres motocicletas; descendieron y comenzaron a rodear la vivienda de la lideresa."Ella logró ver desde arriba, pues, que eran estas motos y esta camioneta, y que comenzaron varias personas, hombres, como a rondar su casa, no en grupo, sino a esparcirse para llegar hacia la casa de ella. Al ver ella que las personas eran armadas, entonces ella siente el miedo y lo que hace es huir, salir corriendo con lo que tiene ahí, y sale hacia adentro, a la montaña, que es nuestro resguardo", señaló Paknam Kima Pai, consejera de Justicia Propia y Pluralismo Jurídico del resguardo indígena.Según la denuncia, la gobernadora corrió hacia una zona interna del territorio y se refugió en otra vivienda elevada, desde donde observó que los hombres habían ingresado a su casa y encendido las luces.Veinte minutos después llegó el esquema de protección colectiva asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ese momento, los hombres armados «se esparcen por la montaña», indicó la fundación. Esa misma noche, la autoridad fue evacuada hacia Villagarzón y no pudo regresar.Al día siguiente, cuando intentó volver acompañada por el esquema de protección, el equipo evidenció, según la denuncia, que aún había presencia de hombres armados rodeando el resguardo, por lo que le impidieron ingresar incluso para recoger sus pertenencias. Desde entonces, permanece fuera del territorio.La Fundación Paknam Kɨma Pai denunció, además, que "destruyeron todo su hogar; la casa, todo le partieron, todo pusieron patas arriba, patas abajo, y ya el resto de las cosas están". Al día siguiente, "volvieron nuevamente y se llevaron una motosierra que era comunitaria".Señalamientos sobre grupo armado y amenazas previasAunque señalan que no hubo identificación de los responsables, la comunidad sostiene que en la zona operan grupos armados ilegales, entre ellos Comandos de la Frontera, por lo que presuntamente podrían estar detrás de la incursión.La gobernadora ya contaba con medidas de protección colectiva de nivel extraordinario debido a amenazas previas. Según la fundación, desde el año pasado se solicitó a la UNP un esquema de protección individual para ella, petición que, aseguran, no ha sido respondida.Disputa territorial y riesgo de desplazamientoLa denuncia también vincula el hecho a un conflicto territorial. Según Paknam Kɨma Pai, el resguardo enfrenta problemas de formalización jurídica y disputas con colonos."El Estado no nos ha legalizado nuestros territorios como pueblo Awá; esa ha sido una de las situaciones. Con la Agencia Nacional de Tierras se han presentado las solicitudes de compra de tierras, y lo que ha hecho ha sido obstaculizar, haciendo unos avalúos irrisorios que no corresponden al valor comercial del predio, y no hemos podido tener también esa garantía de territorio, precisamente por esta situación territorial".Actualmente, el resguardo se encuentra, según advierten, en riesgo de desplazamiento forzado. «Necesitamos que la comunidad pueda vivir tranquila, sin estar inmersa en un conflicto armado que no nos pertenece y que está acabando con nuestra existencia. Necesitamos garantías de supervivencia», concluyó la denuncia.
La Aeronáutica Civil entregó detalles sobre el incidente ocurrido el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión Airbus A320 que cubría la ruta hacia San Andrés tuvo que abortar su despegue tras la cercanía de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en zona de pista. El hecho, que no dejó personas lesionadas, reabrió el debate sobre la seguridad operacional y la capacidad del principal aeropuerto del país, dejando incertidumbre y peticiones por parte del sector de los aviadores y controladores aéreos.Aunque desde el sector aéreo insisten en que tanto el piloto como el controlador actuaron de buena fe y priorizando la seguridad, el episodio generó preocupación entre sindicatos y gremios. Daniel Fernando Gallo, presidente de Sintratac, aseguró que el hecho “deja más preocupaciones que respuestas” y recordó que desde 2017, en un comité de seguridad, se había advertido sobre los riesgos de mantener una base militar dentro de instalaciones civiles, recomendación que, según señaló, también habría sido planteada por organismos internacionales.Además, denunció un déficit en la planta de controladores. Actualmente hay 799 funcionarios, cuando, de acuerdo con estimaciones del sector, El Dorado requeriría entre 1.000 y 1.200 controladores para atender la demanda operativa. La falta de reemplazos ha derivado en turnos extendidos y mayor carga laboral.Desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, su director de seguridad, Luis Fernando Orjuela, pidió la implementación urgente de un radar de superficie que permita visualizar en tiempo real los movimientos en pista y puntos de espera. Por su parte, Franklin Urbina, presidente de Adecta, aseguró que la congestión en horas pico, entre las 12 y 2 de la tarde y entre 6 y 8 de la noche, está llevando la operación al límite, en un aeropuerto cuya capacidad ronda los 34 arribos y 40 salidas por hora, pero que enfrenta sobredemanda.Los gremios solicitaron una reunión directa con el presidente Gustavo Petro y pidieron medidas concretas: ampliar la planta de controladores, fortalecer las radioayudas, financiar el radar de superficie y mejorar el monitoreo de los slots para evitar “cuellos de botella”.El incidente, más allá de la maniobra exitosa que evitó consecuencias mayores, volvió a encender las alertas sobre si la infraestructura, el personal y la coordinación operativa en El Dorado están a la altura del crecimiento del tráfico aéreo que registra el país.Los pronunciamientos se dan luego de que la Aeronáutica Civil se pronunciara frente al tema y confirmara que la situación se habría originado por una falla en la transferencia de información entre controladores aéreos. A las 5:36 de la tarde, el Airbus, con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, ya estaba en carrera de despegue en la pista, cuando el helicóptero de la FAC, que había despegado a las 5:17 p. m., cruzó la zona tras recibir autorizaciones sucesivas entre la torre norte y la torre sur. En ese momento se produjo la proximidad que obligó al piloto a realizar una maniobra de emergencia.El fuerte frenado elevó la temperatura de los frenos hasta los 900 grados centígrados, lo que provocó el desinflado de las llantas. La aeronave tuvo que ser retirada de operación y la aerolínea canceló el vuelo.
Después de 22 años al frente del principal gremio de la infraestructura en Colombia, Juan Martín Caicedo finaliza su labor y gestión y entrega la dirección a María Consuelo Araújo.El actual presidente de la CCI fue el encargado de poner en marcha la actual estructura del gremio, resultado de la integración de los antiguos colectivos que representaban a constructores, consultores y concesionarios. Además, el sector fortaleció su articulación institucional y amplió su incidencia en la agenda pública.A lo largo de su trayectoria, el dirigente también ocupó cargos de alto perfil en la vida pública y empresarial del país, entre ellos la presidencia de Fenalco, la Alcaldía de Bogotá, un ministerio y dos periodos en el Senado de la República. Su paso por la Cámara de la Infraestructura consolidó al gremio como un interlocutor clave ante el Estado y otros sectores productivos.En el proceso de transición, tanto Caicedo como Araújo coincidieron en subrayar la importancia del papel que deberá desempeñar el gremio en el actual contexto político. Especialmente, resaltaron la necesidad de participar activamente en las discusiones que rodean el escenario electoral, la conformación del nuevo Congreso y la definición del próximo Gobierno.Y así, el gremio inicia una nueva etapa en un momento clave para el país.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que intensificó la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país, en medio de la temporada de lluvias atípicas que se registra en distintas regiones. La decisión se adopta como medida preventiva para reforzar el control sobre la operación del sistema eléctrico y evitar posibles afectaciones en la prestación del servicio.En ese sentido, el objetivo central es supervisar la gestión financiera, técnica y administrativa de las compañías, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la regulación vigente, la continuidad del servicio de energía y la protección efectiva de los usuarios.Por esta razón, la entidad citó en Bogotá a los representantes legales de AES Colombia & CIA. S.C.A. E.S.P., Celsia Colombia S.A. E.S.P., Empresa Urrá S.A. E.S.P., Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Enel Colombia S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Alto Porce S.A.S. E.S.P. e Isagen S.A. E.S.P., quienes deberán presentar información detallada sobre su operación.De acuerdo con la Superintendencia, se verificará la información reportada entre el 1 de enero de 2025 y la fecha actual. La revisión incluye los parámetros de operación de los embalses, tales como volúmenes útiles, niveles operativos y disponibilidad declarada. Asimismo, se auditará la veracidad de los datos relacionados con caudales, descargas y vertimientos, con el propósito de confirmar que la información suministrada corresponda a las condiciones reales del sistema.Adicionalmente, el organismo de control exigirá el detalle de los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como los soportes técnicos y documentales que respalden cualquier indisponibilidad que haya impactado la oferta energética.Finalmente, la Superservicios supervisará los modelos técnicos utilizados para la toma de decisiones y la formación de precios de oferta, con el fin de asegurar que respondan adecuadamente a las actuales condiciones hidrológicas y no generen distorsiones en el mercado.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la “insuficiente comunicación” del riesgo frente a nuevos fenómenos climáticos que podrían afectar a distintas regiones del país en las próximas semanas.La entidad recordó que departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido afectados en el pasado por el polvo del Sahara, un fenómeno que deteriora la calidad del aire y afecta especialmente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.“Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía”, señala la Defensoría en un comunicado.Por lo anterior, hicieron un llamado a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que activen planes de prevención. “Fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención”.“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyó la Defensoría.
Un violento asalto a un vehículo de valores se registró en la mañana de este martes en zona rural de El Patía, en el sur del departamento del Cauca. El ataque ocurrió hacia las 11:50 a.m., en la entrada vial al sector Los Hubos, del corregimiento Piedra Sentada, donde hombres armados interceptaron el automotor y activaron un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo.De acuerdo con información preliminar, unidades de la Policía que se desplazaban desde el Bordo Patía llegaron al lugar tras recibir el reporte del asalto. Sin embargo, al arribar a la zona, habrían sido recibidas con disparos por parte de los atacantes, lo que generó un intercambio armado en medio de la emergencia.En medio de la situación fue asesinado un conductor de carga pesada que transitaba por el sector, convirtiéndose en la víctima mortal del hecho. Las circunstancias exactas de su muerte aún son materia de verificación por parte de las autoridades.Tras cometer el hurto, los responsables escaparon por vías terciarias hacia el sector conocido como Los Hubos, aprovechando la compleja geografía de la zona. Organismos de seguridad adelantan operativos para dar con su paradero.Según fuentes, en esta región tiene injerencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Iván Mordisco.