El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático y aspirante al Senado en la lista cerrada de esa colectividad, expuso sus principales propuestas legislativas de cara a las elecciones del 8 de marzo. En entrevista con Recap Blu habló sobre seguridad energética, salud, reforma política y la postura frente a una eventual Asamblea Nacional Constituyente.Seguridad energética como política de EstadoEspinal aseguró que su principal bandera ha sido la defensa de la seguridad energética. “Ya llevo 8 años defendiendo la seguridad energética. Solo con seguridad energética Colombia no se apaga”, afirmó. Advirtió que la demanda energética crece por encima del 4% y que actualmente solo un proyecto entraría al sistema, al referirse a Hidroituango.Entre sus propuestas planteó tres ejes: “Primero, que la seguridad energética sea declarada como una política de Estado, elevado a derecho de tercera generación. Segundo, disminuir los tiempos de licenciamiento ambiental y los permisos ambientales (…) especialmente mineroenergético. Y tercero, Silvia, se hace urgente la reglamentación de la consulta previa en nuestro país”.“No rotundo” a la constituyenteFrente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre presentar un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente al nuevo Congreso, Espinal fue enfático: “Nosotros desde el Centro Democrático le decimos no a una asamblea constituyente”. Agregó que el mandatario “falta a la verdad” y sostuvo que su posición es un “no rotundo a la constituyente de Gustavo Petro”.Salud y crisis del sistemaSobre la situación del sistema de salud en Colombia, el congresista afirmó: “Yo creo que eso no se trata de reformar la salud. Acá, gracias a Dios, tenemos el marco normativo de la Ley 100”. Señaló que el sistema “resistió, por ejemplo, la pandemia” y que el problema actual es “más económico”. En ese sentido, indicó que el próximo Congreso deberá “sentarse con todas las EPS a nivel nacional para replantear y fondear la UPC”.Reforma fiscal y tamaño del EstadoEn materia fiscal, propuso “hacer una reforma fiscal estructural” y sostuvo que “nosotros necesitamos que el Estado sea más pequeño”. También se mostró dispuesto a apoyar reformas estructurales: “Sí necesitamos reformas estructurales, la reforma política y la justicia”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
El próximo 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar por las listas al Senado y Cámara que conformarán el próximo Gobierno en el Congreso de la República. Por parte del Partido de la U encabeza el senador Juan Felipe Lemos, que aspira volver a tener su curul para “avanzar en temas que beneficien a los colombianos”.“Soy un congresista dedicado única y exclusivamente a este ejercicio político. Formado en los temas públicos, particularmente en Hacienda Pública, en las económicas. Y el Congreso requiere voces autorizadas, respetadas, que den el debate con argumentos, con seriedad, con rigor técnico. Eso es lo que he hecho durante estos últimos 16 años de mi vida, y quiero hacer este último periodo porque veo que el país no va bien, porque habrá que llegar a hacer una reforma a la salud, porque habrá que llegar a reformar la seguridad, porque habrá que llegar a devolverle el orden económico al país, y para eso se necesita gente experimentada con la capacidad de incidir a través del debate, la discusión, el respeto que ya nos hemos ganado en la toma de decisiones que beneficien a los colombianos”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.¿Cuáles son las propuestas de Juan Felipe Lemos en el Congreso?Primero fue enfático al mencionar que seria uno de los principales opositores de quienes intenten impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, como lo ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y que en el Congreso trabajará para tramitar reformas estructurales.Uno de los puntos centrales de su agenda legislativa es la reforma tributaria. Lemos afirmó que el país necesita una nueva reforma, pero con un enfoque distinto al implementado recientemente. Criticó el aumento de la carga tributaria al sector productivo, que pasó del 32 % al 35 %, ubicándose, según indicó, por encima del promedio de los países de la OCDE.“El país tiene una deuda con el sector rural. Yo quiero impulsar la creación del sector agropecuario. Hay 5 millones de trabajadores en el país que son los trabajadores de la tierra, los que producen el café, la caña, el arroz, el algodón, en fin, todos los productos que hoy estamos exportando. La gran mayoría de esos trabajadores están en la informalidad. La tasa de informalidad en el sector rural de Colombia es del 83 % comparada con la tasa de informalidad en el sector urbano. ¿Qué queremos nosotros? Crear una figura de contratación especial de los trabajadores del campo que atienda las realidades de ese sector”, puntualizó.Por eso, puso sobra la mesa la creación de la “primera banca agropecuaria en la historia”, para fortalecer la economía rural. Destacó que Colombia cuenta con más de 20 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos.“Estos años de incertidumbre han mostrado que la producción agropecuaria ha crecido de manera significativa. Tenemos un gran potencial, siempre y cuando el Estado y el Congreso direccionen su mirada hacia el campo”, afirmó.
Durante el segundo día de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, que se realiza en Cartagena, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó su informe sobre el estado de la tenencia de la tierra en el mundo durante los últimos 20 años.El informe, advierte el organismo internacional, pone de relieve el lento avance que ha tenido la ampliación de la tenencia segura de la tierra.De acuerdo con la FAO, solo el 35 % de la tierra en el mundo está formalmente documentada y el 23 % de los adultos se sienten inseguros frente a esa propiedad.Esta última cifra representa que más de 1.100 millones de personas en el mundo creen probable perder el derecho a una parte o a la totalidad de sus tierras y viviendas en los próximos cinco años.“El informe subraya que fortalecer la seguridad de la tenencia requiere acciones integrales que combinen seguridad jurídica, protección física y sostenibilidad de los medios de vida, permitiendo a las personas permanecer en sus territorios”, explicó Máximo Torero, economista jefe de la FAO.La concentración de la tierra y la falta de acceso a ella, especialmente para mujeres y jóvenes, también ocupó un capítulo importante del informe, que presenta un balance global integral sobre cómo se posee, usa y gobierna la tierra en el mundo.“A nivel mundial, las mujeres tienen menos probabilidad de poseer tierra. En muy pocos países se están implementando títulos conjuntos. En 2024, el 48 % de los hombres y el 40 % de las mujeres declararon ser propietarios de vivienda, una brecha ampliada respecto a 2020. En Colombia, solo el 36,3 % de los titulares únicos son mujeres y muchas no toman decisiones sobre sus predios. Cerrar la brecha no es solo titular tierras, sino garantizar control y toma de decisiones efectivas”, detalló Torero.Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien asistió a la presentación del informe, señaló que este es una ruta para la redistribución y el reconocimiento de la tierra en Colombia, que —aseguró— son dos metas fundamentales del Acuerdo de Paz.“En Colombia, el acaparamiento, el despojo y la concentración, que están prohibidos en el régimen agrario, muchas veces se han hecho violando y omitiendo su cumplimiento. Por supuesto, este informe nos pone en el lugar de reforzar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de seguir insistiendo en que la tenencia de la tierra, como lo dijimos en 2016 y como lo ratifica este informe, es fundamental para construir la paz y reconstruir el tejido social en Colombia”, agregó.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta el traslado de los recursos de afiliados que decidieron cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.La propuesta normativa obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a girar a Colpensiones la totalidad del dinero acumulado en la cuenta individual del afiliado. Esto incluye no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia.El documento fue divulgado por el MinTrabajo en medio de la implementación parcial de la Reforma Pensional, actualmente suspendida en su aplicación general por la Corte Constitucional.¿Qué establece el borrador de decreto del MinTrabajo?El proyecto de decreto señala que, una vez el afiliado ejerce la opción de traslado del RAIS al Régimen de Prima Media, las AFP deberán transferir a Colpensiones el 100 % del saldo existente en la cuenta individual.Esto comprende:El capital acumulado por aportes.Los rendimientos financieros generados.Los valores adicionales que correspondan hasta la fecha de giro efectivo.La medida aplicaría a quienes se acogieron a la denominada “ventana de traslado” creada en el marco de la reforma pensional.Suspensión parcial de la reforma pensionalLa Reforma Pensional se encuentra suspendida mientras la Corte Constitucional analiza posibles vicios de trámite en su aprobación. No obstante, el alto tribunal permitió la implementación de dos artículos, entre ellos el artículo 76, relacionado con los traslados entre regímenes.El artículo 76 habilita a las personas que estén a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión para trasladarse entre el régimen privado (RAIS) y el público (Régimen de Prima Media), según les resulte más conveniente. Antes de la reforma, este grupo tenía restricciones para cambiarse.De acuerdo con el propio borrador del decreto, 119.632 afiliados se han trasladado desde los fondos privados hacia Colpensiones en el marco de esta disposición.Punto de controversia: administración de los recursosEl parágrafo del artículo 76 establece que el ahorro de cada afiliado trasladado continuaría siendo administrado por los fondos privados hasta que la persona alcanzara la pensión.Sin embargo, el borrador del MinTrabajo modifica esa dinámica al ordenar que las AFP consignen de manera inmediata la totalidad de los recursos en Colpensiones.Esta diferencia ha generado interrogantes sobre la coherencia entre el decreto reglamentario y lo dispuesto en la ley aprobada por el Congreso.¿Cuántos recursos estarían en juego?Según cifras del Ministerio de Trabajo, en 2023 los traslados representaron 12,9 billones de pesos sobre una nómina total de 47,2 billones. En 2024, los traslados ascendieron a 15,3 billones de pesos frente a 55,5 billones en nómina.Aunque el borrador no precisa el monto total que debería girarse a Colpensiones, estimaciones preliminares indican que la cifra podría superar los 15 o incluso 20 billones de pesos, dependiendo del número final de afiliados trasladados y del saldo acumulado en cada cuenta individual.Reacciones y debate públicoEl periodista económico de Blu Radio, Víctor Grosso, señaló en su cuenta de X que el borrador es “muy importante” porque obligaría a los fondos privados a consignar en Colpensiones todo el ahorro acumulado (stock) de quienes utilizaron la opción de traslado habilitada por la reforma.El debate se centra en si un decreto reglamentario puede establecer una obligación distinta a la prevista en la ley, así como en el destino y administración de los recursos trasladados. El Ministerio de Trabajo mantiene abierto el periodo de comentarios al borrador antes de su eventual expedición definitiva.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó la noche del martes 24 de febrero de 2026 su sorteo número 3141, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en todo el país.En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que ampliaron las oportunidades de ganar.Premio mayor – 24 de febrero de 2026El número ganador del premio mayor fue: 2581 de la serie 152. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo realizado el martes 17 de febrero de 2026 y es el único válido para efectos de verificación y pago de premios.De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario, contados a partir de la fecha del sorteo, una vez presentado el billete original.Premios secos – Sorteo 3141Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:Seco de $200 millones1226 – Serie 114Seco de $100 millones4572 – Serie 233Secos de $50 millones6256 – Serie 1838976 – Serie 109Secos de $30 millones5559 – Serie 2032382 – Serie 1935632 – Serie 3160629 – Serie 3178228 – Serie 2138450 – Serie 235Secos de $20 millones7888 – Serie 1324308 – Serie 2279640 – Serie 1345278 – Serie 2627672 – Serie 1570962 – Serie 0077802 – Serie 0806390 – Serie 1994315 – Serie 2590608 – Serie 2504910 – Serie 0274075 – Serie 0835175 – Serie 2994859 – Serie 2091923 – Serie 146Secos de $10 millones1739 – Serie 1177914 – Serie 1029153 – Serie 1230648 – Serie 1995413 – Serie 3005517 – Serie 2405477 – Serie 1201855 – Serie 2191554 – Serie 2553609 – Serie 1764792 – Serie 0608151 – Serie 1913351 – Serie 2805273 – Serie 2825481 – Serie 1162365 – Serie 1952883 – Serie 2742137 – Serie 2798186 – Serie 1598635 – Serie 271Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la imagen oficial publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.¿Cuándo y dónde se juega la Lotería de la Cruz Roja?El sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:El sitio web oficialRedes sociales verificadasLínea telefónica: (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.¿Cómo reclamar un premio?Para reclamar un premio es obligatorio:Presentar el billete o fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Presentar la cédula de ciudadanía (para premio mayor y premios secos).Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.Descuentos de ley aplicados al premio mayorEn caso de resultar ganador del premio mayor de $10.000 millones, se aplican los siguientes descuentos:17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones.20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.Después de aplicar estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.Recomendación finalLa recomendación para todos los jugadores es verificar la información únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente el número y la serie del billete y respetar los plazos establecidos por la ley para realizar el trámite de cobro.
El Gobierno expidió cinco decretos (0173, 0174, 0175, 0176 y 0177 de 2026) como parte del paquete de medidas para enfrentar la emergencia causada por inundaciones y fenómenos climáticos extremos en ocho departamentos del país.El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0173 de 2026, que establece un impuesto temporal al patrimonio para financiar la emergencia provocada por la ola invernal.El tributo aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonio igual o superior a 200.000 UVT ($10.474.800.000) al primero de marzo de 2026.La tarifa general será del 0,5%, pero sube al 1,6% para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo como petróleo y carbón.Se pagará en dos cuotas, en abril y mayo de 2026, y los recursos se destinarán exclusivamente a atender la crisis.El Gobierno expidió el Decreto 0174 de 2026 para agilizar la compra y saneamiento de tierras tras las inundaciones en el norte del país. La norma declara de utilidad pública los predios necesarios para reubicar campesinos y recuperar la producción. Cuando el Estado adquiera un terreno, quedará libre de deudas o embargos para uso inmediato.La Agencia Nacional de Tierras podrá hacer compra, registro y adjudicación en un solo trámite, incluso usando bienes incautados a grupos criminales mediante extinción de dominio, como fincas o empresas. También se permite contratación directa y registro en un día.El Decreto 0175 habilita la contratación directa sin licitación pública y sin las restricciones de la Ley de Garantías, en periodo electoral. Además, permite adicionar contratos sin el límite tradicional del 50%, siempre que estén directamente relacionados con la atención de la crisis.El Decreto 0176 asegura la continuidad del Programa de Alimentación Escolar para más de un millón de estudiantes, permitiendo entregar raciones en casa si se suspenden las clases.El Decreto 0177 establece un aporte adicional del 2% a generadoras eléctricas para financiar la recuperación ambiental y ordena ajustes obligatorios en la operación de represas.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó su discurso sobre el estado de la Unión de este martes para, por un lado, volver a alabar los logros de su Administración en el terreno económico, y por otro, para generar aún más incertidumbre en torno a su política comercial al sugerir que los nuevos aranceles que ha impuesto no requerirán aprobación del Congreso.Trump, en la alocución más larga (107 minutos) jamás pronunciada ante una sesión conjunta del Congreso, aprovechó para tildar de "desafortunada" la decisión del Tribual Supremo de tumbar parte de sus mal llamados "aranceles recíprocos" el pasado viernes.Ese mismo día, tras el varapalo judicial, Trump firmó una orden ejecutiva que entró este martes en vigor para activar unos nuevos gravámenes globales del 10 %.El republicano aseguró que estos nuevos impuestos aduaneros "son un poco más complejos, pero probablemente mejores, lo que conducirá a una solución aún más sólida que antes".Desafío al Congreso"No será necesaria la intervención del Congreso", afirmó Trump, pese a que la norma en la que se ha apoyado para decretar esos nuevos gravámenes, la sección 122 de la ley de comercio de 1974, implica que los aranceles solo pueden imponerse durante 150 días si el Congreso, donde los republicanos tienen una mayoría muy escueta, da su aprobación.Las palabras de Trump dan a entender que no buscará el apoyo del legislativo para la activación de esta nueva fase de su política comercial.El mandatario fue un paso más allá al defender la imposición de gravámenes sobre las importaciones al aventurar que sustituirán a la recaudación de impuestos sobre las personas físicas."Según pasa el tiempo creo que los aranceles, pagados por países extranjeros, reemplazarán, como en el pasado, el sistema moderno de impuestos sobre la renta, eliminando un gran lastre para la gente que amo", aseguró Trump, sugiriendo que los aranceles podrían eliminar gran parte de los gravámenes fiscales sobre las familias estadounidenses.Trump realizó esta afirmación pese a que, en su sentencia del pasado viernes, el Tribunal Supremo consideró que los aranceles son una forma de tributación y reafirmó que el poder tributario pertenece al Congreso, y no al presidente.Reproches a su antecesor"Cuando hablé en esta cámara hace 12 meses, había heredado una nación en crisis, con una economía estancada, inflación a niveles récord y una frontera abierta de par en par", indicó el mandatario al inicio de su alocución, insistiendo de nuevo en cargar contra su predecesor en el cargo, el demócrata Joe Biden.En materia económica, aseguró que su administración "ha reducido la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de cinco años", una afirmación que, como muchas de las que suele realizar el republicano, resultó inexacta, ya que en su primer año de regreso al poder la subida de precios efectivamente se ha moderado, pero está todavía en torno a medio punto por encima de los niveles de 2019-2020.A su vez, Trump anunció que obligará a las empresas que están invirtiendo en infraestructura de inteligencia artificial a niveles récord a instalar sus propias centrales eléctricas para así evitar los problemas de aumento de precios que se han producido en determinadas regiones en un momento en que muchos estadounidenses siguen quejándose por el elevado coste de la vida.El magnate neoyorquino destacó que ha logrado bajar los precios de los medicamentos en EE.UU. gracias a la presión que ha ejercido sobre las farmacéuticas a la hora de exigir el llamado principio de la "nación más favorecida" y también pidió al Congreso que haga permanente la prohibición de que fondos financieros puedan adquirir viviendas unipersonales en el país.El discurso del presidente, cuya popularidad -en torno al 40 % según los sondeos- se ha resentido tras su retorno al poder en enero de 2025, se ha seguido con especial interés este año debido a que en noviembre el país celebra legislativas de medio mandato en las que los republicanos se juegan seguir manteniendo sus escuetas minorías en el Senado y la Cámara de Representantes.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
El registrador delegado de asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, explicó en Mañanas Blu las fechas clave del proceso electoral rumbo a las Presidenciales de 2026. Destacó que la inscripción de candidaturas marcó un hecho histórico: “Por primera vez, más del 90 % de los candidatos no tuvieron que ir a las registradurías”. Según dijo, la virtualidad evitó que las sedes estuvieran llenas en el último día.Suárez detalló cómo avanzará el cronograma de consultas internas e interpartidistas previstas para marzo. El CNE deberá informar qué partidos manifestaron su intención de participar, un paso obligatorio para continuar en el proceso. “Estos grupos tienen hasta el 6 de febrero para inscribir los candidatos y decirnos cómo quieren realizar las consultas”, afirmó.El funcionario resaltó que el 22 de diciembre será una fecha determinante para los partidos. Ese día se conocerá qué colectividades se retiran oficialmente de las consultas. La siguiente fecha clave será el 6 de febrero, cuando ya esté consolidada la inscripción de aspirantes y la modalidad de consulta elegida por cada grupo político.Para quienes buscan llegar a la Presidencia por la vía de las firmas también hay plazos estrictos. Suárez explicó que los aspirantes “tienen plazo hasta el 17 de diciembre para presentar firmas”, mientras la Registraduría tendrá hasta el 21 de enero para verificarlas. Agregó que ya había cinco candidatos radicados y otros tres con cita programada.Sobre la situación de Cambio Radical y su eventual participación en consultas, la entidad pidió prudencia. Suárez recordó que los partidos “pueden participar en diferentes consultas, apoyando candidatos presentados por partidos o ciudadanos”. No obstante, precisó que solo hasta el 6 de febrero se sabrá “en qué condición va cada partido”.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa, en averiguación de responsables, contra la Federación Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Fendipetróleo), por un presunto detrimento patrimonial derivado de la contratación realizada durante los años 2021 y 2022.El proceso disciplinario recae sobre 10 contratos que habrían sido celebrados con recursos públicos del Fondo de Protección Solidaria (Soldicom) y que ahora son objeto de cuestionamiento por parte del Ministerio Público.Según la información en poder de la Procuraduría, estos contratos tenían como propósito, entre otros, un proyecto de reformulación de la actividad de distribución minorista de combustibles líquidos en el país; la adquisición de una plataforma de software; el suministro de elementos y dotación para estaciones de servicio; así como programas de capacitación virtual para el personal de las estaciones que aportan al Fondo.La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal será la encargada de adelantar la recolección de pruebas, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían presentado los hechos investigados, y determinar si en la ejecución de estos contratos se generó un daño al patrimonio público.
A pocos días de que venza el plazo para recibir comentarios ciudadanos, crece la preocupación en el sector de servicios temporales por el proyecto de decreto que el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Trabajo, busca expedir para modificar esta modalidad de contratación. La alerta no es menor.Los representantes del gremio y trabajadores advierten que la iniciativa podría poner en riesgo hasta 500.000 empleos formales, muchos de ellos ocupados por personas que dependen de esta opción para sostener a sus familias.Desde hace varios años, el empleo temporal ha sido una puerta de entrada al mercado laboral para jóvenes sin experiencia, madres cabeza de familia, migrantes y trabajadores con baja calificación. Incluso, abogados laboralistas han señalado que este mecanismo permite que miles de colombianos accedan a trabajos con seguridad social y prestaciones.Por su parte, sectores económicos como comercio, logística, floricultura, agroindustria y construcción dependen de estos refuerzos para responder a los picos de demanda, especialmente en temporadas como diciembre o San Valentín.Límite del 10% en empleo temporal: el punto más sensible del decretoEl punto más debatido del proyecto es la propuesta de restringir al 10% el número de trabajadores en misión que una empresa puede contratar. Para el gremio, esta cifra no tiene una justificación técnica y desconoce la dinámica real de actividades que requieren flexibilidad para operar.Empresarios del sector de confección, por ejemplo, insisten en que cumplir ese tope los obligaría a contratar de manera permanente personal que solo necesitan por temporadas, lo que elevaría los costos y podría llevar a recortes e incluso al cierre de operaciones.Temor por aumento de informalidad y pérdida de empleos en ColombiaEn la plataforma SUCOP, donde se reciben los comentarios ciudadanos, ya se superó el millar de aportes, un volumen poco común en otros proyectos del Ministerio este año. Entre ellos aparecen voces de trabajadores en misión que temen quedarse sin empleo si el Gobierno mantiene el límite propuesto.Además, organizaciones del sector advierten que el decreto podría aumentar la inseguridad jurídica, especialmente porque otorga a los inspectores de trabajo la facultad de ordenar contrataciones directas o imponer sanciones inmediatas, una función que tradicionalmente ha recaído en los jueces.Con la decisión final en puerta, empresas y trabajadores piden que el Gobierno escuche las preocupaciones y reconozca que la temporalidad, lejos de ser precarización, sigue siendo una opción real de ingreso para miles de familias en Colombia.
Con la llegada de diciembre, muchos habitantes de conjuntos residenciales aprovechan el ambiente festivo para hacerle algunas remodelaciones a su apartamento. Para varios, es una manera de recibir el nuevo año con buena energía. Sin embargo, uno de los cambios más comunes puede convertirse en una infracción costosa.Muchos ciudadanos buscan ajustar o reemplazar la puerta principal del apartamento sin autorización, ya sea por seguridad o por estética, pero esta acción puede generar multas. Aunque para algunos la puerta parece un elemento exclusivo del inmueble, la Ley de Propiedad Horizontal establece que ciertos componentes visibles desde el exterior hacen parte de las zonas comunes, incluso si están dentro del límite privado.Ante este panorama, en la mayoría de edificios o conjuntos residenciales la puerta principal está protegida por una regla clara: no se puede modificar sin permiso de la administración.Cambiar la puerta en propiedad horizontal: por qué está prohibidoEn Colombia, la mayoría de inmuebles en arriendo o en propiedad dentro de conjuntos residenciales están regulados por la Ley de Propiedad Horizontal, que organiza la convivencia y el uso adecuado de los espacios compartidos. La normativa busca que ninguna modificación afecte la uniformidad de fachadas, pasillos o zonas de circulación.La Notaría 19 de Bogotá señala que, dentro de las prohibiciones generales, está “efectuar cambios estructurales sin autorización previa, como cambiar puertas, ventanas o colores de pintura que hacen parte de la fachada de los apartamentos o casas”.Esto significa que, incluso si usted vive en arriendo y quiere reforzar la seguridad o reemplazar una puerta deteriorada, debe consultar primero con la administración antes de tomar cualquier decisión.Multas por cambiar la puerta sin permiso: lo que debe saber antes de remodelarRealizar el cambio sin autorización puede salir costoso. La administración de la copropiedad está facultada para imponer sanciones económicas, llamados de atención y, en casos reiterados, reportes formales ante el consejo de administración.Para evitar problemas en plena temporada navideña, los expertos recomiendan:Consultar por escrito cualquier modificación visible desde el exterior.Revisar el reglamento interno del conjunto, donde se especifican modelos, colores y materiales permitidos.Solicitar aprobación previa para instalaciones adicionales, como cerraduras electrónicas o refuerzos.En este cierre de año, cuando aumentan las compras y los arreglos del hogar para recibir el año nuevo, vale la pena recordar que un cambio aparentemente menor puede terminar en un trámite costoso.
Asocapitales pidió al Gobierno nacional adoptar medidas fiscales y presupuestales excepcionales que permitan a las ciudades capitales enfrentar con mayor eficacia los efectos del frente frío que impacta distintas regiones del paísA través de un comunicado, aseguran que la magnitud de este fenómeno y sus impactos han superado las capacidades de respuesta de los entes territoriales, tanto en dineros como operativos, lo que hace indispensable la expedición de herramientas extraordinarias que faciliten una reacción oportuna.Piden, por ejemplo, que el Gobierno Nacional habilite nuevas fuentes de recursos y flexibilice los mecanismos de ejecución del gasto, con el fin de asegurar que los apoyos lleguen con rapidez a las ciudades más afectadas.“La emergencia no solo es humanitaria, sino también fiscal y económica. Las crecientes y afectaciones en infraestructura crítica, redes de energía, sistemas de saneamiento, vías y actividades productivas exigen respuestas inmediatas que eviten un deterioro mayor en las finanzas territoriales y en la estabilidad social”, dice el comunicado.En esa línea, dicen los alcaldes, se está afectando la prestación de servicios esenciales y la seguridad de la población, generando presiones adicionales sobre las finanzas de las ciudades y solo la agilidad en la asignación y desembolso de fondos, así como la simplificación de trámites administrativos, ayudarían a mitigar el impacto.Finalmente, Asocapitales manifestó su disposición para trabajar de manera articulada todas las entidades del orden nacional, mediante la instalación de una mesa técnica conjunta para evaluar la viabilidad jurídica y fiscal de las propuestas y avanzar en la expedición de decretos legislativos que fortalezcan la capacidad de recuperación territorial.Según el reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las lluvias y el paso del frente frío han causado emergencias en 171 municipios afectando a 331.754 personas de 117.512 familias.
Ad portas de las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo y a tres meses de la primera vuelta presidencial, se conocieron los resultados de la más reciente encuesta Invamer que mide el panorama electoral antes de los comicios.Realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país con un total de 3.800 encuestas, dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.Así se encuentra la aprobación del presidente PetroDe acuerdo con la encuesta, la aprobación por su gestión se encuentra en 49.1 % y su desaprobación en 46.1 %. Cabe recordar que, en noviembre, en la última realizada antes de esta, un 37,7 % de los colombianos aprobaba la gestión del mandatario, mientras que el 56,7 % la desaprobaba.En materia de país, el mayor problema para los colombianos ha sido el orden público con un 30.9 %, destacando también la economía (18.0 %), necesidades básicas (14.6 %), corrupción (13.3 %) y mala función del Gobierno y/o sistema político (8.3 %).¿Cuál es el escenario de cara a las votaciones?“Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, planteó la encuesta y la respuesta de los resultados dio que Iván Cepeda lidera con un 37.1 % la intención de voto en Colombia.Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.La primera jornada electoral del 2026 se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, en donde los colombianos no solo votarán la consulta de precandidatos, sino que elegirán los nuevos senadores y representantes el Congreso de la República.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completA
Para la mayoría de trabajadores en Colombia, el domingo es un día sagrado para descansar; sin embargo, existen quienes deben salir a trabajar. Comercio, vigilancia, salud, transporte, restaurantes e industria no se detienen, y detrás de esa dinámica hay reglas que no todos conocen o que pasan por alto.Según dicta la ley laboral, ese día no pasa inadvertido y establece beneficios cuando el trabajo dominical se convierte en una situación habitual para el trabajador.La duda suele centrarse en si solo se tiene derecho al recargo dominical o también a un día libre, y la respuesta depende de cuántos domingos se trabajen al mes y de lo que señala el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en sus artículos 180 y 181.Esto dice la ley sobre trabajar los domingosEl artículo 180 señala que cuando el trabajo dominical es excepcional, es decir, uno o dos días al mes, el empleado tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado o a un pago adicional con el recargo correspondiente. Es decir, el trabajador puede escoger una de esas dos opciones.Sin embargo, el panorama cambia cuando la jornada dominical se convierte en habitual, es decir, cuando se trabajan tres o cuatro domingos al mes. Es allí donde entra en juego el artículo 181, el cual establece un beneficio doble.Pago con recargo.Descanso compensatorio remunerado.En este escenario no tiene que elegir, pues de manera obligatoria le deben reconocer ambos derechos.Si trabaja domingo, recibirá más dinero en la quincenaCon la reciente reforma laboral, el recargo por trabajo dominical o festivo quedó establecido en el 80 % sobre el valor de la hora ordinaria. Es decir, si la hora normalmente vale $10.000, el domingo se pagaría a $18.000.Por lo tanto, si trabaja las ocho horas, la diferencia en el ingreso mensual del trabajador tendrá un peso considerable, especialmente en sectores donde el fin de semana registra mayor movimiento. Por ejemplo:Si se trabajan cuatro domingos en el mes, se recibe el 80 % adicional por cada hora.Además, se deben otorgar cuatro días de descanso compensatorio remunerado.Si solo se laboran dos domingos:Se puede elegir entre el pago con recargo o el día libre.Trabajo dominical habitual: así funciona el compensatorioPara muchos colombianos diferenciar entre trabajo dominical habitual y excepcional es crucial para identificar qué deben percibir. Muchas empresas manejan turnos rotativos y es ahí donde pueden surgir confusiones. No reclamar el descanso compensatorio o aceptar un pago inferior al legal representa una afectación directa a los ingresos mes a mes.De hecho, el Ministerio de Trabajo ha reiterado que estos recargos y descansos son obligatorios; su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas.Si bien para muchos hogares trabajar el domingo implica un sacrificio, la ley contempla una compensación para los trabajadores, la cual no debería verse afectada por el desconocimiento ni dejarse pasar.
La intención de voto en segunda vuelta presidencial cambia según el enfrentamiento planteado, de acuerdo con la encuesta Colombia Opina #20 realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol .El estudio evaluó cuatro posibles duelos entre candidatos, con base en quienes definitivamente o probablemente votarían y excluyendo a los indecisos.Cepeda vs. De la EspriellaEn este escenario, Iván Cepeda obtiene 59,4 % frente a 37,4 % de Abelardo de la Espriella. El voto en blanco alcanza 3,2 %.Cepeda vs. FajardoSi la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el resultado sería 53,9 % frente a 42,8 %, respectivamente. El voto en blanco se ubica en 3,2 %.Fajardo vs. De la EspriellaEste es el escenario más ajustado. Abelardo de la Espriella registra 47,1 %, mientras que Sergio Fajardo marca 46,4 %. El voto en blanco llega a 6,5 %.Cepeda vs. ValenciaEn un eventual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, la diferencia es más amplia: 65,2 % frente a 30,7 %. El voto en blanco alcanza 4,1 %.¿A favor o en contra del Gobierno?Al cierre del bloque de intención de voto, la encuesta preguntó si los ciudadanos preferirían votar por un candidato a favor o en oposición al gobierno de Gustavo Petro. El 52,6 % respondió que optaría por uno a favor, mientras que el 43,5 % lo haría por un aspirante de oposición. Un 3,9 % no sabe o no responde.La medición se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 encuestas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
La tarde del 25 de febrero ocurrió un lamentable suceso en la provincia de Ricaurte: durante la instalación del puente metálico El Triunfo, entre Moniquirá y San José de Pare, la estructura colapsó y dejó varias personas lesionadas. La emergencia activó de inmediato a los organismos de socorro.De acuerdo con los primeros reportes, seis personas resultaron heridas tras el desplome, aunque por fortuna no se reportaron casos de gravedad. La mayoría de los afectados eran obreros que trabajaban en la instalación de la placa de concreto, fase que se adelantaba cuando ocurrió el colapso.Gobernación de Boyacá envió equipo tras colapsoEn un comunicado oficial, la Gobernación informó que “un equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura ya se desplaza hacia el lugar para evaluar la situación”. Adicionalmente, señalaron que “la estructura metálica del puente ya se encontraba instalada y actualmente se adelantaba el proceso de fundición del concreto para la placa”.Ante el suceso, el Cuerpo de Bomberos de Boyacá reveló que enviaron dos máquinas de ataque rápido, cinco unidades desde Moniquirá, cinco unidades desde Barbosa y una ambulancia para apoyar la atención en la zona.Los seis lesionados fueron trasladados por la comunidad a centros asistenciales cercanos. El alcalde de Moniquirá señaló que “afortunadamente, seis personas resultaron lesionadas, pero no de gravedad”, y explicó que presentaron golpes.Autoridades investigan desplome del puenteLa obra, de 34 metros de longitud, contaba con una inversión de 2.800 millones de pesos, de los cuales 500 millones fueron aportados por la Alcaldía y el resto por la Gobernación. El proyecto hace parte de la estrategia departamental “Así va la obra”, enfocada en el seguimiento de proyectos viales.Por su parte, la Alcaldía indicó que los hechos son materia de investigación y que “se adelantan las visitas técnicas correspondientes para esclarecer lo sucedido”. A su vez, la Gobernación anunció que se realizará “un estudio riguroso de las causas para comunicar a la ciudadanía”.De esta manera, entre las hipótesis que se estudian están posibles fallas en la construcción, condiciones climáticas al momento de la instalación, así como aspectos técnicos relacionados con la fase de concreto.Cabe recordar que el puente buscaba restablecer la conectividad afectada desde hace más de tres años, cuando una creciente del río provocó el colapso de la estructura anterior. Ahora la prioridad es atender a los heridos y esclarecer qué ocurrió con la obra que dejó seis lesionados.
La intención de voto para la primera vuelta presidencial de 2026 muestra a Iván Cepeda en el primer lugar en los distintos escenarios evaluados, seguido por Abelardo De La Espriella por la encuesta Colombia Opina #20, realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol.¿Qué tan probable es que los colombianos voten?Ante la pregunta: “Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿cuál es la probabilidad de que usted vote en esas elecciones?”, el 52,9 % respondió que definitivamente sí votaría y el 19,2 % que probablemente sí lo haría.En contraste, el 11,2 % no sabe si votará, el 5,5 % probablemente no lo haría y el 10,5 % afirmó que definitivamente no votaría.Escenario con ganadores de consultasCuando se plantea el escenario: “Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, Iván Cepeda obtiene el 37,1 %.Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.Escenario con tarjeta cerrada de candidatosFrente a la pregunta: “Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?”, Cepeda alcanza el 43,0 %.En segundo lugar, está Abelardo De La Espriella con 23,4 %. Luego aparecen Claudia López con 12,5 %, Sergio Fajardo con 10,3 % y Paloma Valencia con 7,8 %. Daniel Quintero registra 1,4 % y el voto en blanco 1,6 %.La encuesta se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 entrevistas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
La intención de voto en las consultas interpartidistas de marzo de 2026 muestra una alta dispersión y un amplio margen de indecisos, según la encuesta Colombia Opina #20 de Invamer, para Blu Radio y Noticias Caracol, realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país .De acuerdo con el estudio, el 46,4 % de los encuestados afirma que “definitivamente sí votaría” en las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo, y un 20,1 % señala que “probablemente sí votaría”. Es decir, cerca de dos tercios manifiestan disposición a acudir a las urnas. Sin embargo, un 15,0 % aún no sabe si votará y un 17,9 % se inclina por no participar .¿Quién lidera la intención de voto en las consultas?Entre quienes aseguran que votarán y pedirán el tarjetón de las consultas, el 62,6 % respondió que sí participará en estos mecanismos partidistas, frente a un 37,4 % que no lo hará .En el escenario “todos contra todos”, el 43,9 % no sabe o no responde por cuál precandidato votaría.Al observar la sumatoria por bloques, la llamada “Gran consulta por Colombia” concentra el 34,3 % de la intención de voto; la “Consulta de las soluciones”, el 13,0 %; y la “Consulta frente por la vida”, el 8,9 %. El resto corresponde a indecisos .Resultados por cada consulta sin indecisosAl excluir el voto no definido, dentro de la Gran consulta por Colombia lidera Paloma Valencia con 41,6 %, seguida por Juan Manuel Galán (12,2 %) y Juan Daniel Oviedo (10,4 %).En la Consulta de las soluciones, Claudia López encabeza con 92,9 % frente a Leonardo Humberto Huerta (7,1 %).En la Consulta frente por la vida, Daniel Quintero obtiene 68,1 %, seguido por Roy Barreras con 23,0 % .Esta edición de Colombia Opina fue realizada en todas las regiones de Colombia, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026. En total se hicieron 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa
Una de las obligaciones legales en Colombia que muchos ciudadanos pasan por alto es la definición de la situación militar. Aunque el servicio militar ha sido históricamente obligatorio para los hombres mayores de edad, miles de colombianos llegan a la adultez sin cumplir con este requisito.Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 1861 de 2017, el panorama cambió. Antes, el cumplimiento era prácticamente obligatorio en todos los casos; hoy existen nuevas disposiciones que han modificado de manera significativa su aplicación.A pesar de ello, persiste el mito social de que al cumplir 24 años el servicio militar deja de ser una obligación. Frente a esta creencia, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado para aclarar la situación y precisar cuáles son las responsabilidades reales de los ciudadanos en materia de definición de la situación militar.¿Es obligatorio el servicio militar después de los 24 años?No. De hecho, el Ministerio de Justicia aclaró que los ciudadanos en este rango mayor de edad tampoco tendrán que pagar algún tipo de sanción, sin embargo, sí exigen cumplir con la libreta militar para acceder a algunos cargos y normativas.Estos son los requisitos para aclarar la situación militarCopia de la cédula de ciudadanía.Copia de la cédula de ciudadanía de los padres.Certificación de la universidad donde conste que ha cursado más de 5 semestres.Certificación de ingresos mensuales (desprendibles de pago de los últimos 3 meses, las últimas 3 planillas de pago de seguridad social si es independiente o si no tiene ingresos una declaración que lo manifieste).El valor de la cuota única de compensación militar no podrá superar los siguientes rangos, de acuerdo con los ingresos mensuales del ciudadano:Para personas sin ingresos económicos mensuales: hasta el 5 % de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).Para personas con ingresos mensuales iguales o inferiores a 2 SMLMV: hasta el 15 % de un (1) SMLMV.Para personas con ingresos mensuales entre 2 y 4 SMLMV: hasta el 25 % de un (1) SMLMV.Para personas con ingresos mensuales superiores a 4 SMLMV: hasta el 50 % de un (1) SMLMV.
La insinuación de la precandidata Paloma Valencia sobre una fórmula vicepresidencial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez generó reacciones políticas en todas las orillas.“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. Ustedes qué piensan”, dijo Valencia.En la consulta del Frente por la Vida, el precandidato Roy Barreras aseguró que Valencia le copió su idea. Previamente, Barreras había propuesto que el presidente Gustavo Petro fuera su fórmula vicepresidencial; sin embargo, esta iniciativa no tuvo acogida por parte del mandatario y abrió un debate sobre la legalidad y viabilidad jurídica de que mandatarios o exmandatarios puedan asumir este rol.“Lo que quiero es preguntarle a millones de colombianos que quieren al presidente, si quisieran que él pudiera ser vicepresidente en una fórmula que garantice que el cambio siga comprometido con la inclusión social. No está impedido ni inhabilitado, puede hacerlo”, dijo en su momento.Tras conocerse el anuncio de la precandidata del Centro Democrático, el precandidato volvió a referirse al tema y esta vez extendió una pregunta a los colombianos.“Ya que Paloma se copió de mi idea y ya que los expresidentes no se quieren jubilar, yo pregunto: ¿tú con qué vicepresidente te quedas, el que quiere el cambio, las reformas sociales y justicia social o con el que quiere que nos regresemos al pasado de la represión, la inequidad social y la exclusión?”, concluyó.Por ahora, no se han concretado las fórmulas vicepresidenciales de la mayoría de los candidatos, que están a la espera de los resultados de las consultas el próximo 8 de marzo.
El Consejo Nacional Electoral prorrogó el término de postulación de testigos electorales en el exterior, auditores de sistemas y observadores electorales para las elecciones del Congreso, que se realizarán el próximo 8 de marzo.“Con el fin de garantizar la vigilancia electoral en las 1.945 mesas de votación que se instalarán en 67 países, y acorde con las estadísticas de postulación con corte al 20 de febrero de 2026, en el cual se tiene una cobertura de 84,95 %, aunado al hecho de que los partidos han solicitado la modificación de este plazo, por cuanto la definición de la División Político Electoral (DIVIPOLE) se consolidó en la semana del 17 de febrero de 2026 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que se hace necesario prorrogar el término de postulación de testigos electorales en el exterior para las elecciones de Congreso”, señala en su resolución el CNE.Es importante recordar que las organizaciones de observación electoral también pidieron ampliar el plazo de postulación de observadores electorales. Por eso, el CNE amplió los términos hasta el 27 de febrero a las 11:59 p. m.“Se hace necesario prorrogar el término de postulación de auditores de sistemas para las elecciones de Congreso de la República de 2026, por cuanto esta corporación debe garantizar la vigilancia y auditoría técnica de los centros de cómputo y de procesamiento de datos implementados por la organización electoral para este evento democrático”, agregó el CNE.