Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
Uno de los temas que sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos y precandidatos a la Presidencia de la República son los bombardeos contra grupos ilegales, pues en anteriores Gobiernos no solo ha cobrado la vida de delincuentes sino también de menores de edad que han sido reclutados. Por eso, el exminsitro de Defensa Juan Carlos Pinzón explicó en entrevista con Recap Blu su posición en caso de ocupar la Casa de Nariño.El precandidato por la Gran Consulta por Colombia no descarta el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales. Su postura es tajante: la fuerza legítima del Estado seguirá siendo una herramienta disponible, pero bajo criterios técnicos y jurídicos estrictos."Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes: 128 jefes del terrorismo, la criminalidad, fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro. Del jefe de las Farc para abajo", afirmó en Recap Blu, al responder si daría luz verde a este tipo de operaciones incluso en escenarios complejos. ¿Bombardeos así hayan menores de edad?Frente a la pregunta directa sobre si autorizaría bombardeos aun cuando pudiera haber presencia de menores, evitó una respuesta categórica de sí o no, pero reafirmó que las decisiones deben estar en manos de expertos. “Hay que dejarlo a los militares y a los abogados en derecho internacional humanitario. Nada puede hacerse sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y sin criterios asociados a la Constitución y los derechos humanos”, explicó.En materia de seguridad, el precandidato marcó distancia tanto de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro como de una “guerra total”. “Ni paz total ni guerra total. Vamos a destruir las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo vamos a llevar desarrollo”, señaló, al mismo tiempo que explicó que su estrategia, denominada “Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia Sin Miedo”, incluye acciones militares, fortalecimiento de la justicia, inversión social y control territorial con tecnología, como un “muro virtual” en la frontera con Venezuela mediante drones, radares y centros de comando.El futuro de las propuestas de Juan Carlos Pinzón se definirá este domingo, 8 de marzo, cuando los colombianos voten en las consultas y decidan cuál será el candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia.
Este lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera y del Gobierno Nacional para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.Según la funcionaria, la iniciativa responde a las múltiples quejas de diferentes sectores, en especial a los usuarios, por el alto valor en los tiquetes en ciertas regiones.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, estalló la ministra.Y es que esta iniciativa ha recibido críticas desde algunos sectores y choques entre aerolíneas, pues algunas sí consideran que el sistema actual favorece a quienes ya tienen gran parte de los slots disponibles, lo que limita la competencia y puede elevar los precios de los tiquetes.“Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden, el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural. Siempre va a haber pocas, y dentro de esas pocas, hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado”, agregó Rojas.Por ahora, no hay un borrador de decreto listo, pero sí una etapa de análisis profundo para modificar las reglas actuales y abrir más oportunidades a distintas aerolíneas, evitando que pocas compañías dominen los horarios más demandados.Una de las quejas, por ejemplo, ha llegado por parte de la aerolínea JetSMART, que opera en Colombia desde hace dos años con un modelo de tarifas bajas y ultra bajo costo, está entrando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, lo que implica mayor reconocimiento internacional y cumplimiento de estándares globales de seguridad y operación. En este contexto, la compañía busca competir de manera más directa con las grandes aerolíneas que dominan el mercado colombiano, especialmente en horarios de alta demanda en vuelos domésticos.El CEO y fundador de JetSMART, Estuardo Ortiz, dijo en BLU Radio, que aunque la empresa ha crecido todavía enfrenta limitaciones por la asignación de slots en aeropuertos como El Dorado en Bogotá. Según Ortiz, los grandes competidores controlan una gran mayoría de estos horarios clave, lo que dificulta el crecimiento de aerolíneas más pequeñas y limita la oferta de opciones y precios para los viajeros.Por eso, JetSMART pide que las autoridades revisen cómo se distribuyen esos slots para que haya más competencia real y, potencialmente, los pasajes aéreos puedan bajar de precio. La idea es que con más competencia en horarios atractivos para los pasajeros, no solo se beneficien las aerolíneas nuevas, sino también los viajeros con más opciones y tarifas más accesibles.La IATA, por su parte, insistió en la necesidad de implementar un sistema de monitoreo alineado con los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que son estándares internacionales para aeropuertos congestionados. Según la asociación, el uso inadecuado o la falta de aplicación de estas normas limita la eficiencia operativa y frena la apertura de espacios más competitivos en los horarios más demandados.
La Registraduría respondió a la reciente publicación en redes del presidente Gustavo Petro en la que cuestionó una de las estrategias pedagógicas de la entidad en las votaciones que ya iniciaron en el extranajero para Congreso y consultas interpartidistas.En su trino, el mandatario aseguró que se trataba de una “propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos” y acompañó el texto con una fotografía de uno de los puestos de votación.Allí se ve el respectivo cubículo de cartón con el letrero, en colores rojo y amarillo, donde le indica al votante que, en el caso de las consultas, solo debe votar por un candidato pues las tres condiciendas están en el mismo tarjetón.“El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, agregó Petro, quien en varias ocasiones ha pedido no votar en la consulta luego de que no se avalara la participación de Iván Cepeda, hoy en primera vuelta.Ante esto, la Registraduría explicó que la imagen en los cúbicos es un instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo y recordó que hace cuatro años, se anularon más de 260.000 votos por errores similares.La entidad aclaró además que dicho instructivo está solo en cubículo, es decir cuando la persona ya decidió votar o no la consulta, y no en la mesa donde reciben las cédulas y entregan los cartones. Cabe recordar que cada persona deberá pedir el tarjetón de la consulta, si así lo desea, pues este no será entregado por el jurado.
En medio de la grave temporada invernal que afecta a Córdoba, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional para que la atención a los damnificados se realice con criterios técnicos y responsabilidad fiscal. El ente de control expresó su preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas ubicados en zonas inundadas, sin que previamente se verifique si cuentan con estudios hidráulicos y con la debida autorización ambiental para su instalación y funcionamiento.Recientemente, en una comunicación pública, el presidente Gustavo Petro informó que se identificaron 14 diques que estarían afectando el flujo natural del agua en el marco de la emergencia. El mandatario señaló que "esos diques debieron destruirse ya, porque entonces sería menor el impacto de mañana; estamos jugando un poco a reproducir el gran error de Urrá".Frente a este escenario, la Contraloría alertó que, de materializarse una intervención sin soporte técnico suficiente, "se podrían generar males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público".El organismo de control informó que continúa realizando seguimiento a la apropiación y ejecución de los recursos públicos asignados por el Gobierno nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los departamentos y municipios afectados por las intensas lluvias de las últimas semanas. Este control incluye tanto la destinación como el uso de los recursos declarados en el marco de la Emergencia Económica mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026.Tras una visita técnica a los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, la Contraloría advirtió que en varias zonas las aguas permanecen estancadas y que probablemente se requerirá bombeo mecánico para conducirlas hacia ríos y caños cercanos, con el fin de evitar mayores afectaciones físicas y riesgos a la salud de los damnificados, ante el inicio de procesos de descomposición.La magnitud de la emergencia dimensiona la urgencia de decisiones técnicamente sustentadas. A la fecha, se reportan 81.114 familias afectadas, equivalentes a 225.675 personas, en 25 municipios de Córdoba.
La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión temporal de los servicios de registro civil e identificación en todo el país, con el fin de garantizar la adecuada organización y desarrollo de las próximas elecciones de Congreso de la República y la consulta de las agrupaciones políticas previstas para el 8 de marzo.¿Desde cuándo se suspenderán los servicios?De acuerdo con el boletín oficial emitido este 2 de marzo desde Bogotá, la medida regirá a nivel nacional entre el 4 y el 11 de marzo de 2026 en todas las sedes de la entidad.Durante este periodo no se prestarán servicios relacionados con:Expedición de registros civiles.Trámites de cédula de ciudadanía.Procesos de identificación en general.La decisión busca concentrar los esfuerzos institucionales en la logística y organización electoral, en vísperas de una de las jornadas democráticas más importantes del calendario político colombiano.Entrega de cédulas estará habilitada hasta el 6 de marzoLa Registraduría informó que la entrega de documentos de identidad sí estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Actualmente, 350.636 cédulas de ciudadanía están pendientes por ser reclamadas en todo el país. La entidad hizo un llamado urgente a los ciudadanos para que se acerquen a las sedes correspondientes y retiren su documento antes del cierre temporal de servicios.Cabe recordar que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia.¿Cuándo se reanudan los servicios?Los servicios de registro civil e identificación se restablecerán con total normalidad el jueves 12 de marzo, en el horario habitual de atención al público, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La suspensión es una medida administrativa habitual en contextos electorales, orientada a asegurar que todos los recursos humanos y técnicos de la entidad estén disponibles para la correcta ejecución de los comicios.
Más de 8.000 habitantes de la zona rural del municipio de La Paz cuentan desde ahora con un paso seguro sobre el río Quiratá, tras la instalación de un puente metálico modular en el sector Bocas del Opón, un punto crítico que durante más de 30 años representó riesgo permanente en temporadas de lluvias.La estructura, puesta en servicio por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conecta a La Paz con los municipios de Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón, facilitando la movilidad en esta zona estratégica que comunica con la Troncal del Carare.“Pudimos culminar el puente modular metálico en Bocas del Opón que va a beneficiar a más de 8.000 personas. Tiene una inversión del Gobierno Nacional de más de 4.700 millones de pesos”, señaló Julián Barajas, asesor de la dirección de la UNGRD.Durante años, las crecientes súbitas del río Quiratá provocaron aislamientos prolongados, emergencias y dificultades para el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. En temporada invernal, el paso se convertía en un riesgo constante para las comunidades.“Esto era algo que estábamos esperando desde hace 30 añosy hoy es una realidad. Acá hicimos un trabajo donde las comunidades aportamos más de 3.500 jornales en obras de mano que equivale a más de $500 millones de pesos junto con la Gobernación de Santander y gracias a Dios pudimos obtener esta obra”, manifestó Ariosto Duarte, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Opón.El puente corresponde a un sistema modular tipo Bailey, tiene 64 metros de longitud y 4,20 metros de ancho, con tránsito en una sola calzada. Su configuración de panel simple reforzado le permite soportar hasta 52 toneladas, lo que garantiza el paso de vehículos pesados, maquinaria, transporte agrícola y unidades de emergencia.La instalación estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N. 90 del Ejército Nacional. A esta inversión se suman aproximadamente $2.400 millones en obras civiles de cimentación y cerca de 500 millones en maquinaria amarilla para la adecuación de accesos y conformación de terraplenes. En total, el proyecto representa una inversión cercana a los $8.000 millones.
No pasaron ni 48 horas desde que el estadounidense Michael Jamie Inofuentes fue condenado a 18 años años de cárcel por delitos sexuales en contra de menores de edad en Medellín, cuando se reportó una nueva captura por este tipo de conductas esta vez de un ciudadano israelí.La información que se ha conocido hasta el momento es que, desde el barrio La Visitación, llegó una alerta de posible explotación sexual de menores de edad, esto luego de que el administrador de una vivienda de renta corta informara a la autoridades del ingreso, al parecer, de dos adolescentes con un hombre.Tras el llamado al 123, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegó hasta este exclusivo sector de la capital de Antioquia y halló al extranjero en compañía de una de las adolescentes como aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa."Se logró la captura de un ciudadano israelí que había contactado a dos menores de edad a través de redes sociales con el propósito de obtener servicios sexuales. Esa intervención oportuna permitió proteger a un adolescente de 17 años de edad", señaló el funcionario.Por ahora, se ha determinado que el hombre de nacionalidad israelí habría contactado a las menores de edad a través de redes sociales con el propósito de pagar por tener relaciones sexuales, sin que hasta ahora se conozcan mayores detalles de la segunda joven involucrada en esta situación.Hay que mencionar que el extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y se espera que la investigación avance de manera rápida y este hombre se convierta en el sexto extranjero en ser condenado por abusar de menores de edad en Medellín.Los casos anteriores son los de Michael Inofuentes, condenado a 18 años de prisión; Mohamed Anashwed, enviado a 21 años de cárcel; Manuel Poceiro y Stefan Correa, condenados a cadena perpetua; y se espera que se defina en los próximos días el futuro de Ramón Arellano.
La reforma del programa de asilo del Reino Unido entró en vigor el lunes, anunció el Ministerio del Interior, con nuevas normas que reducen drásticamente las protecciones para los refugiados y sus hijos.En virtud de las reformas, la condición de refugiado pasará a ser temporal y estará sujeta a revisión cada 30 meses. Quienes procedan de países de origen considerados seguros se verán obligados a regresar.También tendrán que esperar 20 años, en lugar de los cinco actuales, antes de poder solicitar la residencia permanente.La ministra del Interior, Shabana Mahmood, argumentó que el sistema anterior era demasiado generoso en comparación con otros países europeos y que había actuado como un "factor de atracción" que incentivaba las solicitudes de asilo."Debemos garantizar que nuestro sistema de asilo no esté creando factores de atracción que lleven a las personas a emprender peligrosos viajes a través del mundo, alimentando y financiando a los traficantes de personas".Las nuevas directrices entran en efecto para los nuevos solicitantes, indicó el gobierno laborista, que busca endurecer su política migratoria.La protección podrá renovarse para los refugiados que sigan considerándose en situación de riesgo en su país de origen, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.Con el sistema actual, en el que a los refugiados se les concede protección durante cinco años, las personas tienen derecho a traer a su familia y luego pueden solicitar un permiso de residencia permanente "prácticamente automático", mientras reciben apoyo, subrayó el gobierno, algo que calificó como "una de las ofertas más generosas a los refugiados de cualquier país de Europa occidental".Los menores no acompañados seguirán pudiendo recibir el estatuto de refugiado por un periodo de cinco años.Un total de 110.051 personas solicitaron asilo en el Reino Unido en el año que terminó en septiembre de 2025, un 13 % más que el año anterior y un 7 % más que el máximo anterior de 103.081 en 2002, según un informe del Ministerio del Interior publicado en noviembre.De esa cifra, las cinco nacionalidades con mayor número de solicitantes de asilo son Pakistán, Eritrea, Irán, Afganistán y Bangladés.En conjunto, esos países representan casi dos de cada cinco solicitantes, es decir, el 39 %, en el año que terminó en septiembre de 2025.
El presidente Gustavo Petro insistió en que Ecopetrol debe vender rápidamente el negocio de fracking en Estados Unidos, porque, si ese país incluye a la petrolera estatal en la Lista Clinton, Oxy podría quedarse con la totalidad del Permian.La alerta la hizo ante los dirigentes sindicales de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, el mandatario defendió su propuesta de vender el Permian, ese negocio de fracking, pues, además de las razones ambientales, tiene razones prácticas.Sugiere el presidente que Ecopetrol está en riesgo de perder esas inversiones en medio de lo que ha significado su inclusión en la lista Clinton, o lista Ofac.“La señora ya debe estar mirando el tema Trump; entonces, si a Ecopetrol lo sancionaran, si pasaran a hacer lo de Venezuela ellos se pueden quedar con Permian sin que nos devuelvan un peso. Creo que la señora de Oxy que le frenamos ese mecanismo por la vía comercial, debe estar presionando para quedarse con el resto de Permian ganando”, dijo.La señora de Oxy a la que se refiere es Vicky Hollub, la CEO de Occidental Petroleum, socio de Ecopetrol en el negocio del Permian; ella criticó duramente al presidente Gustavo Petro cuando la compañía se bajó del proyecto Oslo, en el que Ecopetrol y Oxy iban a comprar los activos de una compañía de fracking en Estados Unidos que se llama CrownRock.El presidente Gustavo Petro vetó la transacción y eso terminó con la salida de cuatro miembros de la junta directiva, entre ellos Mónica de Greiff.“Ahí hay un peligro que ustedes deben examinar y evaluar. En mi criterio hay que salir de Estados Unidos ya, porque lo acelera el problema Ofac. Antes también, porque nosotros ya no recuperamos la inversión, ya no vamos a tener dinero de Permian para recuperar lo que se invirtió: los 1.500 millones de dólares ya no lo vamos a tener”, reiteró Petro.El pasado 20 de noviembre, BLU Radio reveló que un sector de la USO se reunió con el presidente Gustavo Petro para impulsar esa propuesta de que Ecopetrol venda su participación en el campo de fracking Permian, en Estados Unidos.Ese grupo entregó a Petro un informe crítico sobre el negocio, el mismo que él ha usado públicamente para argumentar que el Permian sería poco rentable. La reunión también mostró la cercanía entre esa facción sindical y movimientos antifracking que respaldaron a Petro en campaña.
El Banco Agrario es el sexto con más utilidades del país y el público con más activos. Ha sido presidido por Hernando Chica Zuccardi desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro, quien ya había trabajado durante su Alcaldía de Bogotá como vicepresidente de ETB.Pero el vínculo más antiguo y estrecho de Chica con el círculo de poder del presidente ha sido por el lado Alcocer. Tiene una vieja amistad con Verónica Alcocer. A ambos, nacidos en Sincelejo, los unen puentes entre parientes que han hecho política en el departamento de Sucre. En ese contexto, la primera dama fue la gran promotora de su desembarco en el Banco Agrario en 2022.El contenido de esta investigación demandaba iniciar necesariamente con este vínculo, pues es la semilla que explicaría los hechos y la documentación que Mañanas Blu 10:30 encontró del Banco Agrario y la familia Alcocer.Verónica tiene dos hermanos: María Teresa Alcocer y Juan Carlos Alcocer. Ellos son los principales dueños de unas empresas que solicitaron varios créditos al banco y fueron beneficiados con un contrato de arrendamiento de una sucursal bancaria. Al menos, uno de los créditos sabemos que fue desembolsado y los otros están estancados porque funcionarios del banco se han negado a aprobarlos, a pesar de las presiones que habría habido para hacerlo.Los créditos que no han sido aprobados son porque hay personas que tienen claro que son negocios que suponen un alto riesgo reputacional para el banco. Así lo reflejan documentos que lo concluyen y consigan antecedentes cuestionables en el marco de aprobar créditos que hallaron de María Teresa Alcocer y su esposo Carlos Gutiérrez.Un negocio inmobiliario de 8.000 millonesConocimos un mail del 23 de noviembre del 2022 que Andrés Niño Castrillón, quien en esa fecha era el jefe de alianzas estratégicas de la vicepresidencia de banca agropecuaria, le manda a Jairo Humberto Avellaneda, jefe de estructuración de negocios de la misma vicepresidencia, y a otros funcionarios. El mail describe con detalle un negocio que se estructuraría con empresas de la familia Alcocer financiado con dos créditos.Niño manda el mail un día después de una reunión que habría tenido con "Luis Eduardo", como él mismo lo cuenta. El "Luis Eduardo" del correo sería Luis Eduardo Olmos, gerente de ventas de banca agropecuaria, quien era su jefe directo.El negocio se diseñó con dos créditos: uno de 4,236 millones para PRAGA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. y otro de 3,767 millones para FEMA REFORESTACIONES S.A.S. En esa fecha, según documentos de Cámara y Comercio, los hermanos Alcocer (María Teresa y Juan Carlos) tenían el 89,8 % de las acciones de PRAGA y María Teresa el 25% de las de FEMA y otro 25% su esposo Carlos Gutiérrez.El esquema consiste en crear una fiducia con activos de dichas empresas que servirían como garante de los créditos. A su vez, FEMA y PRAGA tienen contratos de comodato con CENTUM BUSINESS BUILDING, otra empresa de la familia Alcocer. En el edificio donde queda CENTUM, estas empresas (FEMA y PRAGA) son dueñas de unos pisos que se alquilan. Los contratos de esos alquileres los administra INALCA COLOMBIA S.A.S.En todo este enroque entre empresas, el Banco Agrario se aseguraría el pago del capital y los intereses porque el flujo de dichos arriendos entraría directamente al banco. En el mail se puede apreciar y entender de manera concreta el esquema que Andrés Niño describe con el cuadro y los pasos de la operación.En principio, aprobar estos créditos en sí mismo no representa ningún delito. Hasta ahora, el mayor reparo sería reflexionar si es ético aprobar un apalancamiento inmobiliario para familiares del presidente a través de la banca pública, y si esta no debería ser siempre fiel a su misionalidad de ser un banco de fomento agropecuario y no para negocios inmobiliarios en el norte de Bogotá.Hasta el día de hoy, confirmamos que estos dos créditos no han sido desembolsados, mientras hay otro que sí fue aprobado y desembolsado para una de estas empresas. Varios funcionarios se han negado a darles la aprobación final por el alto riesgo reputacional que implicaría para el banco.Crédito de 5.000 millones para FEMATenemos otro mail con un patrón similar al anterior. Solo que se trata de una operación menos compleja. Es un correo del 14 de marzo del 2023 que llega al área de Estructuración de Créditos, y hace parte de los pasos para "darle viabilidad técnica y financiera" a la solicitud de un crédito de 5.000 millones para AFORESTAR SAS, FEMA REFORESTACIONES SAS y Nelson Eduardo Silva. El plazo de pago sería de 72 meses y tendría la participación de Finagro en la financiación.FEMA, como ya lo explicamos, es de la familia Alcocer, y es dueña del 90 % de AFORESTAR SAS. Es decir, este crédito también tendría como principales beneficiarios a empresas de María Teresa y Juan Carlos Alcocer.De este crédito no tenemos la certeza de si a la fecha ha sido aprobado o no. Lo que es claro es que se solicitó y que surtió pasos entre varios funcionarios para ser estructurado y analizado.Crédito aprobado de 898 millones para los AlcocerEn el sistema interno del Banco Agrario llamado Cobis, que es donde se registra la relación, las obligaciones y el estado actual de los clientes con la entidad, es posible evidenciar qué tipo de servicios o créditos existen.La empresa ALIADOS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS SAS ZOMAC registra un endeudamiento (crédito) con el banco por 898 millones. Es decir, hablamos de un crédito que fue desembolsado. Y como consta en el acta de Asamblea de Accionistas del 2023 de la empresa, sabemos que el 100 % de las acciones de ALIADOS son de FEMA REFORESTACIONES SAS. Nuevamente, es una empresa de los Alcocer.A esta altura, es evidente que existe un enroque contractual y accionario entre las mismas empresas y personas que posibilita el fraccionamiento de créditos y servicios financieros con el banco. Sea deliberado o no, es más probable obtener créditos si lo solicitan varias empresas y por menos montos que una por uno demasiado grande.El área comercial levantó alertasTenemos documentos elaborados por una dirección comercial y otros funcionarios del banco que advierten al área de Sarlaft sobre antecedentes de la familia Alcocer y el riesgo reputacional para el banco que puede suponer aprobar el crédito de 8 mil millones para FEMA y PRAGA.En uno de ellos, el funcionario del banco describe la composición accionaria de las empresas y anota el monto de su capital social. A continuación, explica que ¨procedió a realizar una búsqueda de información de las personas, empresas, accionistas, grupo de relacionados, etc., encontrando una serie de noticias que inquietan tanto desde el punto de vista comercial como desde la ampliación de riesgo reputacional para el banco¨.El documento contiene links de noticias y escándalos en los que estuvieron involucrados María Teresa Alcocer y Carlos Gutiérrez:Hay una columna de Daniel Coronell en SEMANA sobre un proyecto La Conejera.Hay información y links relacionados de empresas que salieron de la lista de los Panamá Papers y habrían tenido a María Teresa Alcocer cómo "gestionadora de red de empresas".Hay una investigación de Armando Info en el que relaciona a Carlos Gutiérrez con Alex Saab.El funcionario remata su informe dejando clara su postura: "Basado en la información relacionada le solicito a la gerencia de Sarlaft la Matriz de Riesgo Reputacional (...) de parte de esta Dirección Comercial se deja constancia del riesgo reputacional en que puede incurrir el banco, razón más que suficiente para abstenerse de emitir un concepto comercial favorable para la presentación del negocio¨. El documento es contundente: no se debería aprobar el crédito.Acá se debe hacer dos precisiones importantes. Una, los hechos que el documento relaciona no comprometen ni vinculan a estas personas con delito alguno. Es solo un instrumento interno que tienen los bancos para conocer a fondo al cliente. Dos, este ejercicio de alerta no significa que el crédito no debe ser aprobado. Es un mecanismo de alerta y un concepto que le llega a las áreas de control y análisis de los créditos para ser aprobados.Publicamos también otros informes internos de funcionarios distintos que van en la misma dirección al detallado anteriormente. Hay otro informe que define el riesgo reputacional del negocio como "alto" para el banco.Todo esto adquiere un matiz y un cuidado especial porque estamos hablando de PEPs. Los Peps son Personas Expuestas Políticamente (PEPs), individuos con posiciones influyentes y de riesgo de corrupción. Individuos que ocupan o han ocupado altos cargos públicos (políticos, militares, funcionarios de bancos centrales, familiares cercanos) y, por lo tanto, son más susceptibles a estar involucrados en corrupción.¿Por qué son importantes? El sistema financiero y otras entidades deben someterlas a un tratamiento especial para prevenir delitos de corrupción y lavado de dinero. En conclusión, los hermanos de Verónica Alcocer claramente entran en esa categoría y deben ser sometidos a controles mucho más estrictos que a los demás.Arriendo de una sucursal del banco para los AlcocerEl interés de la familia Alcocer con el Banco Agrario durante este gobierno no se limitó a tener productos financieros y solicitar créditos. Lograron un contrato de 3,669 millones de arrendamiento por diez años. El banco trasladó, con la firma de Álvaro Fernando Arias, la sucursal que había en la calle 100 con carrera 17 en Bogotá y la pasó en marzo del 2025 a la calle 100 con carrera 49.Esta sede se encuentra en el primer piso de un edificio grande y moderno abajo de la autopista en el costado sur de la calle 100. Es el mismo edificio donde están las oficinas de CENTUM BUILDING BUSINESS. Allí mismo, FEMA y PRAGA tienen varios pisos que alquilan.Uno de esos locales se los arrienda CENTUM al Banco Agrario por un canon de 30 millones al mes, a través de INALCA que administra los contratos. Como ya lo contamos, en todas estas empresas aparecen María Teresa y Juan Carlos Alcocer como mayores accionistas.Es decir, en el mismo edificio (CENTUM) con el que se diseñó el negocio inmobiliario de 8.000 millones a través de dos créditos y varias empresas de los Alcocer se relocalizó una sucursal del Banco Agrario y se firmó un contrato por diez años de 3,669 millones.
La Comisión Primera del Senado aprobó este martes el tercer debate del proyecto de acto legislativo que busca restituir la mesada 14 para los docentes pensionados del país, una medida que podría beneficiar a miles de educadores que han reclamado por años un trato equitativo frente a otros sectores que conservaron este derecho.La ponencia estuvo a cargo del senador liberal Alejandro Carlos Chacón, quien resaltó que la reforma constituye “un acto de justicia social” con los maestros que dedicaron su vida al servicio público, en especial aquellos que trabajaron en zonas rurales y de difícil acceso. “Los docentes han sido pilares de la formación del país. Reconocerles la mesada 14 es devolverles dignidad y garantizarles condiciones económicas justas después de décadas de servicio”, afirmó Chacón durante la sesión.El proyecto contempla que la mesada 14 aplique tanto para los docentes ya pensionados como para quienes obtengan la pensión en el futuro, incluidos sus beneficiarios. La propuesta se apoya en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), un sistema independiente de administración de prestaciones, similar al que rige para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.Entre los puntos centrales, el acto legislativo plantea incorporar un parágrafo al artículo 48 de la Constitución Política para establecer explícitamente la excepción que habilita a los educadores oficiales a recibir la mesada 14. Además, determina su entrada en vigencia inmediata una vez concluido el trámite constitucional.La mesada 14 fue eliminada hace más de una década en el marco de medidas para contener el gasto público, mientras que sectores como las Fuerzas Militares y la Policía mantuvieron este derecho, lo que dio pie a un reclamo persistente entre los docentes pensionados.La aprobación en tercer debate representa un avance significativo en lo que se considera una reparación histórica al magisterio colombiano, que ha insistido en un retiro digno y condiciones económicas acordes con su papel esencial en la sociedad.El proyecto pasa ahora a la Plenaria del Senado para culminar la primera de las dos vueltas legislativas requeridas para una reforma constitucional.
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) expresó su “profunda preocupación” ante las denuncias de posibles vínculos entre integrantes del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las disidencias de las Farc, que comanda alias ‘Calarcá’, y altos funcionarios estatales, así como por presuntas filtraciones de información judicial, militar y de inteligencia.Los indicios, surgidos a partir de dispositivos electrónicos incautados en 2024 a alias ‘Calarcá’, donde hay fotos, documentos y material multimedia en general, de acuerdo con el ICP, apuntan a un “acelerado proceso de captura y cooptación institucional” por parte de estructuras criminales, fenómeno que, advirtió, constituye uno de los mayores riesgos para la democracia en Colombia y otros países de la región.La presunta presencia de colaboradores dentro de entidades judiciales y de seguridad, sumada al posible acceso a información clasificada, reflejaría un deterioro de las capacidades estatales para enfrentar a estos grupos.El Instituto cuestionó, además, que la información divulgada repose en la Fiscalía desde hace más de un año sin avances visibles, y afirmó que las medidas adoptadas bajo la política de paz total habrían permitido no solo el fortalecimiento operativo y económico de las disidencias, sino también su infiltración en instituciones, incluidas las fuerzas militares y organismos de inteligencia.Según la organización, este escenario compromete la seguridad nacional, afecta la independencia institucional y aumenta los riesgos para quienes ejercen la oposición política, quienes enfrentarían posibles escenarios de intimidación, seguimientos irregulares y manipulación judicial.El ICP también hizo un llamado de atención sobre el impacto que esta presunta infiltración podría tener en las elecciones del próximo año. La captura territorial, el acceso a información privilegiada y la cooptación de agencias estatales, advirtió, podrían incidir en la participación ciudadana, la competencia democrática y la seguridad de candidatos y equipos de campaña.Ante la alerta, el ICP exige “garantizar la integridad electoral y la libertad política de todos los sectores, especialmente de la oposición”, lo cual “debe ser una prioridad del Estado y de la comunidad internacional”.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó ante la Contraloría General de la República y la Cámara de Comercio de Villavicencio el plan de acción con el que se ejecutarán las obras definitivas en los principales puntos críticos de la vía al Llano, especialmente el kilómetro 18, afectado por un deslizamiento en octubre. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Roberto Uparela, entregó un balance detallado sobre las labores en curso y las inversiones previstas.En materia de corto plazo, informó que las labores de atención inmediata cuentan con 2.356 millones de pesos aprobados, además de 4.000 millones provenientes del convenio vigente con el Invías.“Seguimos trabajando en las horas de mitigación del talud del kilómetro 18 porque, de alguna manera, esto que hicimos es una vía completamente temporal. Mantenemos, incluso, la vía original, que está debajo de una parte del derrumbe porque parte también para mantener aún la estabilidad fue conservar la pata de lo que se había derrumbado y sobre ella extendimos una capa de asfalto”, señaló Robeto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI frente a las medidas a corto plazo.En el mediano plazo, continuarán las obras de mitigación que se extnderán para mantener la movilidad en este importante corredor vial, mientras que el largo plazo se concentrará en diseños y estudios que permitirán ejecutar las obras definitivas. Los estudios para la estabilización del kilómetro 18 serán realizados directamente por Coviandina, en el marco del proyecto concesionado Bogotá–Villavicencio y Chirajara Fundadores.Para el plan de largo plazo, según Uparela, contempla una inversión de 100.000 millones de pesos destinados a dos intervenciones prioritarias: la estabilización definitiva del talud del kilómetro 18 y la terminación del puente Naranjal en el sentido Bogotá–Villavicencio, que es la propuesta que hace la ANI.Los estudios y diseños para una labor definitiva podrían tardar de 7 a 8 meses de ejecución, y luego de este tiempo comenzarían las obras en el kilómetro 18. “Claramente buscaremos hacerlas en la mayor agilidad del caso y, por supuesto, controlando en la generalidad todos los otros puntos críticos que tiene igualmente ese corredor. Sobre lo que también estamos trabajando en la obtención de recursos frescos que permitan también su intervención”, añadió el vicepresidente frente a los lapsos de tiempo que se requieren y el plan de acción que van a realizar.Para los puntos críticos se tienen 28.500 millones que se están ejecutando con la Unidad Nacional de Riesgos, 45.000 millones de pesos que se invierten a través de INVÍAS y los 100.000 millones de pesos brindados por el Ministerio de Hacienda para atender los puntos críticos.La ANI estima finalizar las obras de mitigación a finales de este año y parte del próximo, mientras que los trabajos definitivos tanto en el talud como en el puente Naranjal iniciarían en el transcurso de 2026.
Crece la preocupación entre las autoridades y la comunidad de Algeciras, Huila, ante el aumento de homicidios registrados en lo corrido del año. En apenas dos meses, el municipio ya suma 10 muertes violentas.Esta cifra resulta alarmante para un territorio que no supera los 25.000 habitantes y que históricamente ha sido afectado por la violencia y por la presencia de grupos armados al margen de la ley."Lamentablemente, en los dos primeros meses del año se registran 10 homicidios, una cifra bastante alta para el poco tiempo que llevamos. Recordemos que el año anterior se cerró con 30 homicidios, siendo la época más violenta registrada, según las estadísticas, en el municipio de Algeciras", señaló Alexander Martínez Ballesteros, alcalde de Algeciras.Aunque las autoridades judiciales y de investigación trabajan para esclarecer los móviles y responsables de estos homicidios, estas muertes podrían estar vinculadas a la disputa de grupos disidentes por el control territorial."Hasta ahora, las investigaciones no han arrojado un diagnóstico oficial sobre estas muertes violentas. Sin embargo, según información de la comunidad, estarían relacionadas con grupos disidentes que operan en el territorio, en disputa por un estratégico corredor vial que comunica con el departamento del Caquetá", señaló el alcalde.Ante este panorama, el mandatario local no solo expresó su preocupación, sino que indicó que se están coordinando acciones de manera articulada con el Gobierno departamental, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz y la ONU, con el objetivo de evitar que siga derramándose más sangre en el municipio.Pero, además, según la MOE, este municipio del nororiente del Huila presenta riesgo electoral por problemas de seguridad que podrían afectar las votaciones del próximo domingo, 8 de marzo.
Millones de colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República el próximo 8 de marzo, en la primera jornada electoral de este 2026. De acuerdo con la Registraduría del Estado Civil, las urnas se abrirán desde las 8:00 de la mañana y todos los registrados por el censo electoral deberán acudir a su puesto de votación para hacer efectivo su derecho al voto.¿Cómo saber el puesto de votación 2026?Hacer este trámite no es complicado y solo demora unos minutos, además que se podrá hacer a través del celular. Por eso, deberá seguir los siguientes pasos para conocer dónde deberá votar para el próximo 8 de marzo:Ingrese a www.registraduria.gov.coDe click en el botón de ‘Elecciones 2026’.Vaya a la sección de ‘Puesto de Votación’.Se abrirá una parte donde tendrá que poner su número de cédula.Ahí aparecerá su departamento, municipio, localidad y dirección exacta, además del puesto y mesa en que deberá hacerlo.Este proceso se puede hacer desde el celular y debe consultarlo antes de ir a ejercer su derecho al voto de este 8 de marzo.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí, pero no para la jornada electoral de este 8 de marzo, pues esto fue habilitado hasta hace algunas semanas. De cara a la primera vuelta presidencial, la Registraduría habilitará puestos en donde podrá hacer el cambio de su puesto para ese día y así tener su lugar mucho más cerca.¿Habrá ley seca por las elecciones del 8 marzo?Sí. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la medida comenzará a aplicar desde el sábado, 7 de marzo, e irá hasta la 6:00 de la mañana del lunes 9. Durante ese tiempo se prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.Link para consultar jurado de votaciónIngrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.
Colombia enfrenta una emergencia silenciosa que no permite excusas. En los últimos 12 años, 29 puentes han colapsado o sufrido daños graves en el país. Lo más preocupante es que 18 de esos casos ocurrieron entre 2023 y lo que va de este año 2026. Y solo en los dos primeros meses de este año ya se han caído cinco estructuras: dos en Córdoba, dos en Antioquia y una en Magdalena. Para los gremios transportadores, estas cifras no son coincidencia: reflejan una falla estructural en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura vial.“Se interrumpe absolutamente todo el tránsito de vehículos grandes, pequeños, buses, volquetas de todo tipo. Entonces, genera daño en la logística de entregar la mercancía en los sitios donde se necesita, perjuicios a la economía nacional, a la economía del que necesita la mercancía que nosotros transportamos y a nosotros los transportadores, porque no podemos terminar nuestro viaje. Es negligencia absoluta de la señora Ministra de Transporte”, señaló Alfonso Medrano Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.Al revisar las responsabilidades, el panorama es aún más delicado. De los 29 puentes afectados, 13 están a cargo del Instituto Nacional de Vías (INV), 9 corresponden a la Agencia Nacional de Infraestructura, seis son responsabilidad de administraciones departamentales y uno del Ejército Nacional. En 2026, cuatro de los cinco colapsos registrados recaen nuevamente sobre Invías, lo que intensifica los cuestionamientos sobre prevención, supervisión y mantenimiento.Las consecuencias no son solo cifras en un informe técnico. Cada puente que cae paraliza corredores estratégicos, encarece el transporte de carga, retrasa el traslado de pasajeros y afecta el abastecimiento de alimentos e insumos. Empresas transportadoras, conductores, auxiliares y cientos de familias ven comprometido su sustento diario. Además, el cierre de vías impacta el comercio regional y profundiza la crisis económica en las zonas afectadas.“El transporte no puede operar sobre una infraestructura incierta. La movilidad es un derecho, pero también es una variable crítica de estabilidad económica. Esto no es solo una emergencia vial, es una emergencia logística nacional en la que el gobierno tiene que intervenir lo más pronto posible”, denunció Elkin de Jesús Villegas Gil, Director Ejecutivo AGREM.Los gremios exigen al Gobierno nacional, a través de Invías y la ANI, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, tres acciones concretas: declarar la emergencia como prioridad institucional con intervención técnica inmediata y cronogramas claros; implementar medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas sin fomentar la informalidad; y definir presupuestos y tiempos reales para soluciones definitivas. Advierten que no puede repetirse el escenario de 2023 y 2024, cuando puentes militares instalados como solución temporal terminaron operando por años, como ocurre en la vía Cúcuta–Pamplona.El sector transportador insiste en que la prolongación de esta crisis no solo deteriora la economía regional, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público de transporte.
Colombia perdió a una de las mujeres más influyentes en el sector de las TIC: Ingrid Paola Hernández Sierra, de quien se confirmó su fallecimiento en la mañana de este lunes 2 de marzo.Ingrid Hernández se desempeñaba como asesora de Presidencia en el cargo de coordinadora de Transformación Digital desde 2022, donde impulsó la agenda de modernización tecnológica del Estado colombiano. Abogada con especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho Económico y un MBA, se posicionó como una de las voces técnicas más influyentes en materia de política digital y seguridad en el ciberespacio.Con más de 15 años de experiencia en el sector TIC, fue pieza clave en la formulación y redacción de la Ley 1341 de 2009, el marco que redefinió la regulación de las telecomunicaciones en Colombia. En su paso por el Ministerio de las TIC acompañó investigaciones a operadores, la puesta en marcha del Registro TIC y la implementación de sistemas de gestión del espectro radioeléctrico, aportando una visión integral que combinó regulación, supervisión y operación.¿Quién era Ingrid Hernández?Ingrid fue una asidua analista invitada del programa Blu 4.0. Su influencia trascendió en debates públicos sobre transformación digital que el espacio ha abordado ampliamente. Varias voces del sector TIC expresaron sus condolencias tras conocerse esta pérdida.“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Ingrid Hernández, coordinadora de Transformación Digital de @infopresidencia. Una líder visionaria que comprendió que la tecnología es, ante todo, una herramienta para servir y transformar vidas. Su compromiso por abrir camino a más mujeres en el sector TIC deja una huella imborrable”, escribió la ministra de las TIC, Carina Murcia, en su cuenta de X.“Un día triste en el ecosistema digital. Se nos fue @Ingrid_HdezS. La conocí aprox. en sept. de 2022, cuando iniciaba su trabajo en @infopresidencia. Respetando el rol de cada uno, nos volvimos amigos y colegas para impulsar agenda en Transformación Digital”, agregó Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI.“La Junta Directiva de ASOTIC y su presidenta @GaleMallol lamentan profundamente el fallecimiento de Ingrid Hernández y se unen en solidaridad con su familia y seres queridos”, expresaron desde la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.
Wilmar Mejía era hasta hace tres meses director de inteligencia de la DNI. Resultó salpicado en un escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que junto al general Juan Miguel Huertas fue señalado de presuntos vínculos con cabecillas de las disidencias de alias Calarca. Según dicha información, el funcionario al parecer filtraba datos reservados y acercaba a la organización criminal con miembros de la fuerza pública. Incluso fue identificado, presuntamente, en los archivos de Calarácon el alias de 'El Chulo'. El negó todas estas acusaciones en su contra y aseguró que había conocido a cabecillas de las disidencias en el marco de su trabajo por La Paz en distintas regiones del país.Tres meses han pasado desde que fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría. En su contra hay incluso una investigación interna en la entidad a la que pertenece. Pero hoy el organismo de control levantó dicha suspensión argumentando que no hay pruebas suficientes, que se trata de una medida cautelar y no una sanción, y que tanto él como Huertas han colaborado con las investigaciones. Con esto, la Dirección Nacional de Inteligencia debe reintegrar a Mejía en su cargo y Blu Radio conoció que así ocurrirá, con una resolución que será expedida en las próximas horas en la que vuelve a ser nombrado como director de inteligencia.El presidente Gustavo Petro ha defendido a estos servidores públicos a pesar de la gravedad de las denuncias. Incluso tanto Mejía como Huertas fueron vistos en casa de Nariño el pasado 23 de febrero y acudieron allí para una reunión con el mandatario. Este encuentro tenía como objetivo, según fuentes cercanas, que Petro conociera en qué iba el proceso legal de ambos; sin embargo, por temas de agenda, no se habría materializado.
En una operación conjunta en zona rural de Buenaventura, la Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Armada, capturó en flagrancia a cuatro integrantes del ELN y decomisó material de guerra que, según inteligencia, iba a ser entregado al grupo criminal Los Shottas.El procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda San Cipriano, donde fueron detenidos alias 'Pelusa', 'Flaco', 'El Viejo' y 'El Mono'. De acuerdo con las investigaciones, el armamento iba a fortalecer el componente sicarial y de extorsión de “Los Shottas”, estructura que disputa el control de economías ilegales en el puerto.Durante el operativo, las autoridades incautaron dos fusiles, un revólver, siete proveedores de fusil, una granada de fragmentación, 88 cartuchos de diferentes calibres y elementos de intendencia militar, como uniformes y chalecos.Según la investigación, el arsenal sería utilizado para reforzar acciones como homicidios selectivos, extorsiones y control violento del territorio, en medio de la disputa criminal que Los Shottas mantienen con Los Spartanos por rutas de narcotráfico y zonas estratégicas de acopio.Las autoridades destacaron que el golpe debilita la presunta alianza entre el ELN y estructuras delincuenciales urbanas en el Pacífico, evidenciando una articulación logística para sostener rentas ilícitas.Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones. Posteriormente, un fiscal les imputó cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones, y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
A menos de seis meses de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional ha proferido un fallo trascendental al declarar inexequibles los artículos 100 y 101 de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). Estos artículos eran la base legal de las llamadas Asociaciones Público Populares, un modelo de contratación directa con organizaciones comunitarias que el mandatario ha promovido como pilar de su "economía popular".La demanda que originó esta decisión fue liderada por la abogada y académica Carolina Deik, quien junto a un equipo de juristas argumentó que estos artículos violaban principios fundamentales de la contratación estatal en Colombia. El eje central del fallo radica en la reserva de ley, señalando que el Congreso no puede delegar al Ejecutivo la creación de modalidades de contratación de forma ambigua.Deik explicó en entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la Constitución de 1991 asigna exclusivamente al Congreso la facultad de expedir el estatuto general de contratación: “Había otros [argumentos], por ejemplo, el de legalidad, que en contratación estatal existe una reserva de ley para que fuera el propio Congreso el que expidiera ese estatuto general de la contratación”, explicó Deik.Uno de los puntos más críticos señalados es que el artículo 100 permitía convertir procesos que hoy son abiertos y competitivos en asignaciones a dedo. "La norma pasa de una modalidad de mínima cuantía que está regulada, que está abierta a competencia y la convierte en una modalidad de contratación directa con el agravante de que lo hace sin determinar claramente quiénes son los que pueden optar o acudir a este mecanismo”, advirtió Deik.Para los demandantes y ahora para la Corte, este modelo ponía en riesgo la selección objetiva de los contratistas. Según la abogada, el régimen de contratación debe “evitar la excesiva discrecionalidad en la asignación de los contratos"."Lo que se busca con el régimen existente es que haya selección objetiva. Eso es lo primordial”, aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Este lunes 2 de marzo de 2026, en Mañanas Blu de Blu Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, salió al paso de las críticas que ha generado el decreto 0174 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal en Córdoba.El decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura, ha sido señalado por sectores políticos como una “expropiación exprés”. Sin embargo, Harman insistió en que la medida no crea nuevas facultades, sino que agiliza herramientas ya existentes para atender a los damnificados por las lluvias.Decreto 0174 de 2026: compra rápida por emergencia, no expropiación masiva“Cuando se está hablando de la facultad de una enajenación rápida por riesgo, ya la establece la ley 1523”, explicó el funcionario. Según detalló, el decreto lo que hace es asignar esa competencia a la ANT para predios rurales en el contexto específico de la calamidad pública.Harman fue enfático en desmentir que se trate de una estrategia para avanzar en expropiaciones. “Llevo cuatro años diciendo que vamos a expropiar y hoy, a razón concreta de la implementación de la política de compra y entrega de tierras, hemos respetado las condiciones asociadas a la propiedad privada”, afirmó.En términos prácticos, la diferencia está en los tiempos. Mientras un proceso ordinario puede tardar entre cuatro y cinco meses, con la emergencia podría resolverse en alrededor de un mes. El objetivo, dijo, es reubicar a familias afectadas en tierras altas y productivas dentro de Córdoba, evitando zonas inundables.“No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, afirma Felipe HaurmenLa frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre qué pasaría si un propietario se niega a vender. “No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, respondió. Explicó que actualmente hay más de 60.000 hectáreas ofertadas por privados en Córdoba y cerca de 28.000 hectáreas preseleccionadas provenientes de la Sociedad de Activos Especiales.El director precisó que cuentan con un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesos para compra de tierras y que cualquier ampliación dependerá de la disponibilidad fiscal autorizada por Hacienda.Además, aclaró que las facultades policivas se aplicarán en casos de bienes baldíos de la Nación, como ciénagas y playones sin títulos legítimos. “Esos sí son bienes válidos de la Nación”, puntualizó.Con esto, el Gobierno busca responder a la emergencia en Córdoba sin abrir, según su versión, un frente de confrontación con propietarios privados. El debate, sin embargo, sigue abierto.Escuche la entrevista completa:
El 23 de febrero, a las 2:20 de la tarde, ingresó a la Casa de Nariño Wilmar Mejía, quien fue hasta hace pocos meses director de Inteligencia de la DNI. A su lado estaba, vestido de civil, el general Juan Miguel Huertas.Blu Radio conoció que la razón de esa visita era una reunión con el presidente Gustavo Petro y que fueron convocados porque el mandatario quería conocer el estado de los procesos legales de ambos. Sin embargo, esa reunión, según fuentes cercanas, no se habría materializado por temas de agenda del mandatario, que ese día tuvo una rueda de prensa sobre pasaportes y más tarde un consejo de ministros.Siete días después, la Procuraduría tomó la decisión de levantar la suspensión de Mejía y del general Huertas, lo que en la práctica significa que deberían ser reintegrados a sus cargos. Aunque cabe aclarar que esto no significa que se cierre la investigación disciplinaria ni que se haya tomado una decisión de fondo sobre su presunta responsabilidad y vínculos con cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’.Los argumentos de la Procuraduría son: que la suspensión es una medida cautelar y no una sanción; que los investigados han colaborado con el proceso de investigación; y que hay falta de pruebas en este momento. A eso se suma que los hechos investigados habrían ocurrido cuando ellos no eran servidores públicos: Huertas estaba retirado y Wilmar aún no estaba en su cargo como director de Inteligencia de la DNI.Cabe mencionar que ambos están señalados en el marco de un escándalo revelado por Noticias Caracol sobre una presunta infiltración de las disidencias de alias ‘Calarcá’ al Gobierno a través de estos dos funcionarios. A Mejía lo acusaban de acercar a organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública y a Huertas de buscar la creación de una empresa de seguridad para movilizar guerrilleros legalmente.