Ante la emergencia generada por la primera temporada de lluvias de 2026, el ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activar el Comité Nacional para el Manejo de Desastres con el fin de articular acciones para atender las afectaciones en el sector educativo y asegurar la prestación del servicio.De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el momento se registran 426 sedes educativas afectadas en cerca de 15 departamentos por daños en infraestructura y por la interrupción de vías de acceso, lo que ha limitado el desarrollo de las actividades académicas en varias zonas del país.El escenario podría agravarse en los próximos días, según el Boletín 104 del Ideam del 4 de febrero de 2026, que declaró alerta roja por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en las regiones Caribe, Pacífico, Magdalena y Cauca.El Ministerio de Educación orientó a las 97 Entidades Territoriales Certificadas a activar sus Comités Territoriales de Gestión del Riesgo Escolar y las Mesas Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, en el marco de la política de gestión del riesgo en el sector. Entre las medidas impartidas están la identificación de sedes vulnerables, la realización de adecuaciones en infraestructura cuando sea posible, la protección de materiales pedagógicos y la implementación de estrategias de educación en emergencias para dar continuidad a las clases.Debido a la magnitud de la situación, la cartera de Educación planteó la necesidad de desplegar acciones a nivel nacional a través del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias. La activación del comité busca coordinar apoyos interinstitucionales, atender los daños en la infraestructura educativa e iniciar procesos de recuperación para restablecer el servicio en las zonas afectadas.
Leonardo Huerta, precandidato presidencial y abogado con diez títulos académicos, oficializó su participación en la denominada "Consulta de las Soluciones", donde se enfrentará a la exalcaldesa Claudia López el próximo 8 de marzo. Tras recolectar firmas de manera independiente durante siete meses, Huerta se presenta como una alternativa de centro frente a las estructuras políticas tradicionales de Colombia.Quién es Leonardo Huerta y su trayectoria académicaEl aspirante se define como un ciudadano forjado en la educación pública y la academia. "Yo soy un ciudadano que estudió en el INEM de Pereira, que salió adelante estudiando", afirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M. Huerta destacó su preparación profesional como una de sus mayores fortalezas para dirigir el país, tras haber aplazado la revisión de su tesis doctoral para enfocarse en la campaña.Además de su faceta como profesor, el precandidato ocupó cargos técnicos como Defensor del Pueblo para el derecho a la salud y Secretario de Educación de Pereira, donde resaltó la entrega de tres instituciones educativas en un solo año.Cómo se financia la campaña de Leonardo HuertaAnte los cuestionamientos sobre el origen de sus recursos, Huerta aclaró que su campaña se sostiene con ahorros personales y la liquidación de su cargo en la Defensoría. "Con esos recursos que suman alrededor de 450 millones de pesos, yo salí a recorrer Colombia", explicó, desmarcándose de las financiaciones de grandes partidos o grupos económicos.Asimismo, aclaró que la reposición de votos no es un beneficio automático ni lucrativo, sino un reembolso de gastos debidamente facturados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).Propuestas de Leonardo Huerta para la PresidenciaUbicado en el centro político, Huerta propone un enfoque de "soluciones inoculpables", alejándose de la polarización entre izquierda y derecha. Su estrategia para ganar la consulta se basa en capitalizar el voto del electorado que busca figuras nuevas. "El outsider es el que nadie conoce. Estoy convencido de que la gente en esta elección va a votar por el outsider", sentenció con optimismo frente a su competencia con López.
El Ejército de Colombia recibió este viernes once vehículos blindados para reforzar las operaciones contra grupos armados ilegales, como resultado de los compromisos de cooperación en defensa alcanzados tras la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump el pasado martes en la Casa Blanca.El acto militar tuvo lugar en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el centro del país, y estuvo presidido por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez, y por el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien dejará el cargo la próxima semana tras anunciar su jubilación.La entrega se realizó con motivo del acuerdo de cooperación del Gobierno de Estados Unidos, bajo el Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), gracias al cual Colombia ha podido financiar en los últimos años helicópteros, vehículos blindados y otros sistemas destinados a la lucha contra grupos armados ilegales y el narcotráfico.Según informó el Ejército en X, los once vehículos ASV M1117 Guardián "se suman a las 145 unidades ya desplegadas en distintas regiones del país como parte del proceso de modernización de la fuerza".Este será uno de los últimos actos públicos de McNamara al frente de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, cargo que ocupa desde el 1 de febrero de 2025, cuando reemplazó como encargado de negocios a Francisco Palmieri ante la demora en la designación de un nuevo embajador.Con más de dos décadas en el servicio diplomático y cuatro asignaciones en Colombia, McNamara, veterano del Ejército estadounidense y graduado de la Academia Militar de West Point, ha desempeñado un papel relevante en la relación bilateral, especialmente durante la reciente crisis entre Washington y Bogotá.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) dio inicio formal a sus actividades en Colombia con miras a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República previstas para 2026, marcando el comienzo de un acompañamiento internacional que abarcará todas las etapas del proceso electoral. Este despliegue se realiza en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ha manifestado su disposición para facilitar el trabajo técnico e independiente de la misión.Como parte de esta fase inicial, el equipo directivo de la Registraduría sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la MOE UE, encuentro orientado a consolidar la articulación institucional y a definir mecanismos de coordinación que permitan un flujo constante y oportuno de información. El objetivo central es garantizar condiciones de apertura, transparencia y acceso a los datos necesarios para el ejercicio riguroso de la observación electoral en el país.Durante la reunión, se confirmó que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegará más de 120 observadores en todo el territorio nacional. Estos expertos internacionales realizarán seguimiento a las diferentes fases del proceso, desde la organización y preparación de los comicios hasta la jornada electoral y las etapas posteriores. La Registraduría Nacional brindará el acompañamiento institucional requerido, subrayando el respeto absoluto por la autonomía y neutralidad que caracteriza a este tipo de misiones.En el marco del encuentro, la autoridad electoral presentó de manera detallada el plan logístico y operativo previsto para las elecciones de 2026. Este contempla la instalación de 13.748 puestos de votación, de los cuales 13.494 estarán ubicados dentro del territorio colombiano y 254 funcionarán en el exterior, con el fin de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos residentes fuera del país. Asimismo, se expusieron las estrategias de coordinación interinstitucional diseñadas para asegurar condiciones adecuadas de seguridad durante todo el proceso electoral.Uno de los ejes centrales de la conversación fue el abordaje de asuntos considerados estratégicos para el fortalecimiento de la integridad electoral. Entre ellos se destacaron el uso de herramientas tecnológicas en la organización y supervisión de los comicios, las acciones orientadas al monitoreo y combate de la desinformación, así como las medidas destinadas a proteger el secreto del voto. También se discutió la realización de simulacros electorales, en los cuales la Misión de Observación participará como parte de su labor de evaluación y seguimiento.José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, resaltó la importancia de este primer acercamiento institucional. Según indicó, el encuentro evidencia la disposición de la Registraduría Nacional para permitir la presencia de observadores internacionales en todas las fases del proceso. Además, subrayó que mantener un contacto permanente resulta fundamental para asegurar que la información circule de manera adecuada y que la misión pueda dar testimonio informado, objetivo y riguroso sobre la forma en que se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia.Finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró su compromiso con la transparencia, la integridad y la credibilidad del proceso electoral, así como con el fortalecimiento de la confianza ciudadana. En este sentido, reafirmó su respaldo al trabajo de las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, reconociéndolas como actores clave para el fortalecimiento de la democracia colombiana y para la garantía de procesos electorales confiables y legítimos.
Este fin de semana, el 7 y 8 de febrero, en Casablanca, Marruecos, se disputará la próxima serie de la Copa Davis 2026. Colombia visitará a Marruecos en la ronda de play-offs del Grupo Mundial I. En el papel, el equipo colombiano parte como favorito frente al conjunto local. La serie se jugará sobre cancha de tierra batida y a nivel del mar.El capitán del equipo colombiano es Alejandro Falla, quien eligió a Nicolás Mejía como número uno del equipo y principal carta en los partidos individuales. En diálogo con Blu Radio, Mejía aseguró que “uno de los objetivos que tienen, con el equipo, es volver a llevar a Colombia a los qualifiers”. Señaló que “llevan varios años donde no han podido volver, pero que ojalá este año se les dé”. Calificó que “esto sería increíble” y afirmó que está jugando el mejor nivel de su carrera, con la intención de aprovechar el momento y cerrar la temporada dentro del top 100 del mundo.El equipo colombiano lo completan Nicolás Barrientos, Adriá Soriano, Miguel Tobón Jr. y Juan Sebastián Gómez.En esta fase de la competencia, los equipos compiten por avanzar a los qualifiers y mantener la posibilidad de luchar por el título. Veintiséis selecciones integran el Grupo Mundial I y otras 26 el Grupo Mundial II. Las series se definen según el ranking, se juegan en formato local o visitante y se disputan durante dos días. Cada enfrentamiento es al mejor de cinco partidos y gana la serie el primer equipo que alcance tres victorias.El primer día se juegan dos partidos individuales, con cruces entre los números uno y dos de cada equipo. El segundo día comienza con el partido de dobles y, si es necesario, se disputan hasta dos partidos individuales más. Tras esta fase, siguen los qualifiers, instancia a la que Colombia apunta en esta serie.
En Bogotá, hablar de impuestos vehiculares es hablar de millones de historias que se repiten cada año. Desde quienes usan su carro para trabajar hasta las familias que dependen de una moto para movilizarse, pues la capital concentra uno de los parques automotores más grandes del país, con más de 2,7 millones de vehículos registrados, según cifras oficiales.Por eso, cada año, los propietarios deben organizar su presupuesto y cumplir con esta obligación tributaria para evitar sanciones.En ese contexto, la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) informó que ya están definidas las fechas y modalidades de pago del impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia 2026 en Bogotá.Los propietarios deben estar atentos a los plazos y a hacer el pago oportunamente, ya que cumplir a tiempo evita intereses, multas y posibles procesos de cobro, además de aportar a la sostenibilidad financiera y al desarrollo social de la ciudad.¿Cómo consultar y pagar el impuesto de vehículos 2026?Las facturas del impuesto de vehículos estarán disponibles a partir del 1 de febrero de 2026 a través del botón Pagos Bogotá. Desde allí, los contribuyentes podrán consultar, descargar y pagar su obligación de manera sencilla.En caso de necesitar hacer el pago antes de esa fecha, por ejemplo, para adelantar un trámite, se puede ingresar a la oficina virtual de la SDH y efectuar la declaración y el pago correspondiente.Pago por cuotas y fechas clave para pagar el impuesto vehicularPara la vigencia 2026, los propietarios de vehículos también podrán acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite cancelar el impuesto en dos cuotas sin intereses. Para acceder a esta modalidad, es indispensable presentar la declaración inicial en la oficina virtual hasta el 12 de junio de 2026.Las fechas establecidas para el pago por cuotas son:Primera cuota: 3 de julio de 2026.Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.Asimismo, la entidad informó que existe un descuento por pronto pago para quienes efectúen el pago dentro del primer plazo, pues podrán acceder a un descuento del 10 % en el impuesto de vehículos. Las fechas clave son:Hasta el 15 de mayo de 2026: pago con 10 % de descuento.Hasta el 24 de julio de 2026: pago sin descuento (fecha límite).La Secretaría Distrital de Hacienda reiteró la importancia de consultar únicamente los canales oficiales y planear con anticipación el cumplimiento de esta obligación tributaria para evitar sanciones.
Tras meses de una creciente zozobra que circulaba en las carreteras de la provincia de García Rovira, el clamor de los transportadores finalmente ha escalado a las esferas del gobierno departamental. En medio de una cumbre de seguridad de alto nivel celebrada en la capital santandereana, el gremio de conductores expuso una realidad que ya no admite esperas: el asedio de estructuras criminales que amenazan con alterar la movilidad y la economía del oriente del departamento.Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander, lideró el encuentro donde la voz de los transportadores fue el eje central.Según el funcionario, la administración no solo ha escuchado las denuncias sobre inseguridad, sino que ha iniciado un proceso de formalización y acompañamiento técnico para fortalecer al sector frente a las presiones externas. Sin embargo, el trasfondo de esta crisis es mucho más complejo que la simple vigilancia vial; se trata de una estrategia de contención territorial.La alerta máxima se concentra en los límites con Norte de Santander, una frontera porosa donde la sombra de grupos armados organizados proyecta una amenaza constante. Hernández fue enfático al señalar que la prioridad absoluta del Gobierno Departamental, en una alianza robusta con el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía, es evitar que Santander se convierta en un nuevo corredor para la criminalidad. El despliegue operativo se ha intensificado en puntos críticos y estratégicos como el Bajo Rionegro, así como en los municipios de El Playón y Puerto Wilches, zonas que históricamente han sido vulnerables a las incursiones externas.Cabe resaltar que el pasado 19 de enero, dos autobuses de transporte intermunicipal fueron vandalizados por integrantes de un grupo armado ilegal. Los conductores de los buses, afiliados a la Flota Cáchira, informaron en su momento que hombres armados obligaron a descender a todos los pasajeros y, posteriormente, pintaron grafitis alusivos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Desde la Gobernación se explicó que el objetivo de estas acciones es frenar en seco cualquier intento de expansión del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN o cualquier grupo armado ilegal hacia Santander. “No estamos permitiendo que estas estructuras permeen nuestro territorio”, aseguró el secretario, subrayando que el despliegue de la fuerza pública no es una medida transitoria de choque, sino una política de permanencia institucional que busca devolverle la tranquilidad a las comunidades.
Está por confirmarse la incorporación de James Rodríguez al Minnesota United. Aunque aún falta la firma, hay indicios de que el acuerdo está próximo a concretarse e, incluso, ya hay una campaña de expectativa en el equipo para que la presentación oficial sea el 10 de febrero.Para el volante cucuteño, la MLS representa un nuevo paso en una carrera que lo ha llevado por clubes de primer nivel en distintas ligas del mundo, pues ya son 12 equipos en total en los que ha estado.Los equipos de JamesJames Rodríguez inició su carrera profesional en el Envigado Fútbol Club, donde debutó en 2006. Ese fue el único equipo colombiano en el que militó antes de dar el salto al fútbol internacional. E el 2008 inició su etapa con Banfield en Argentina, donde ganó la liga en el 2009.En 2010 llegó al FC Porto, club en el que comenzó a consolidarse en Europa y con el que conquistó su primer título continental. Su rendimiento lo llevó a dar un nuevo paso en 2013, cuando fue transferido al AS Mónaco, equipo en el que disputó 33 partidos de liga y anotó diez goles.El gran punto de inflexión de su carrera llegó en 2014, con su fichaje por el Real Madrid. Allí vivió varias etapas: en la temporada 2015-2016 jugó 31 partidos, acumuló 1.871 minutos y registró ocho goles y ocho asistencias; en la 2016-2017 volvió a disputar 31 encuentros, con 11 goles y 11 asistencias. En la campaña 2019-2020 tuvo menor protagonismo, participando en partidos de La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League, con un total de 732 minutos, un gol y dos asistencias.Entre 2017 y 2019, James actuó en la Bundesliga con el Bayern Múnich, club al que llegó cedido. En Alemania disputó 67 partidos oficiales, marcó 15 goles y entregó 19 asistencias, sumando títulos locales a su palmarés.Para la temporada 2020-2021 se trasladó a Inglaterra para jugar con el Everton, donde tuvo continuidad: 26 partidos, 2.045 minutos en cancha, seis goles y ocho asistencias.A finales de 2021, el colombiano cambió de continente y fichó por el Al-Rayyan de Catar, en una etapa corta que marcaría su salida temporal del fútbol europeo.En la temporada 2022-2023 regresó a Europa para jugar con el Olympiacos de Grecia, con el que disputó 20 partidos, sumó 1.455 minutos y aportó cinco goles y seis asistencias.En 2023 inició su etapa en el fútbol brasileño con el São Paulo, club con el que jugó 14 partidos ese año. En 2024 añadió ocho encuentros más, participó en la Conmebol Libertadores y cerró su ciclo con dos goles y cuatro asistencias en total.Posteriormente, en la temporada 2024-2025, pasó por el Rayo Vallecano, donde tuvo participación limitada entre La Liga y la Copa del Rey, con siete partidos y 212 minutos disputados.En 2025, James regresó al continente americano para vestir la camiseta del León de México. En el club de Guanajuato disputó 34 partidos, acumuló 2.558 minutos y registró cinco goles y nueve asistencias.Finalmente, y a la espera de confirmación oficial, James Rodríguez se convertiría en nuevo jugador del Minnesota United, con la posibilidad de debutar en la última semana de febrero, sumando así un nuevo capítulo y un nuevo equipo a su extensa carrera profesional.
Migración Colombia confirmó que recientemente dos ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. Según la información entregada por las autoridades, los hombres pretendían llegar a Medellín con fines de turismo sexual.Hay que mencionar que, durante los primeros días de 2026, a varios extranjeros se les ha prohibido el ingreso al departamento de Antioquia por diferentes alertas de abuso a menores de edad. Uno de los casos ocurrió hace unas semanas cuando una mujer estadounidense pretendía ingresar al país y tenía señalamientos por pedofilia.Además, hay que destacar el último caso, reportado hace apenas unas horas y en donde un extranjero dio indicios de turismo con fines de explotación sexual en Medellín. El caso se detectó en una entrevista migratoria, por lo que se inició el debido proceso de inspección.Al ser sometido a varias preguntas, las autoridades habrían detectado algunas inconsistencias que llevaron a que se le revisara el equipaje, encontrándose una cantidad desproporcionada de preservativos, pero al consultado el hombre insistió que iba a visitar unas amigas.Mencionaron desde Migración Colombia que durante 2026, en el departamento de Antioquia ya se han inadmitido a 49 personas, por diferentes causales, 6 de ellas, por riesgo de explotación sexual.
Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería: contratistas que estarían reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta.“Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de la Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se habla de otros contratos en otras áreas de la entidad: alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional y otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente, primero porque no sabemos los montos de contratación”, dijo.Asodiplo también advierte sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas, así como cambios súbitos de personal de apoyo y la eventual llegada de personas sin experiencia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización del proceso para que seis millones de colombianos en el exterior puedan votar.“La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente es un criterio político. El asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, ni los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios”, agregó.En 2026 no solo habrá elecciones, también se realizará el Mundial en tres países con alta presencia de colombianos, por lo que el trabajo de los consulados en esos puntos será clave.Consultamos a la Cancillería sobre estos movimientos y aseguran que se trata de reubicaciones permitidas por la ley y realizadas a discrecionalidad de la canciller. Sobre la contratación, señalan que el 70 % del ministerio funciona con contratos de prestación de servicios y que esto no implica ninguna irregularidad.
Blu Radio conoció en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del Gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en el encuentro que tendrán los dos presidentes el próximo 3 de febrero. El narcotráfico, la migración y el comercio serán los temas clave.La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Trump y Petro en la Casa Blanca.Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Y es que la presencia de la canciller Villavicencio es clave en un encuentro en el que Colombia busca superar la tensa relación bilateral con el Gobierno Trump que empezó el 26 de enero de 2025 con la decisión de Petro de regresar dos vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos. Crisis que se prolongó durante el año pasado con decisiones como descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico, incluir en la lista Clinton al presidente, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, y dejar sin visa no solo al mandatario sino a la canciller Villavicencio; al ministro de Minas, Edwin Palma y a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.Este escenario de restricciones migratorias se originó tras los incidentes de septiembre en Nueva York, donde el presidente Petro, mediante un megáfono en la vía pública, instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes superiores en el marco del conflicto en la Franja de Gaza.La reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump está prevista para las 11:00 de la mañana del 3 de febrero. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad GeorgetownEscuche el informe completo aquí:
En Santa Marta fue puesta en funcionamiento una cámara hiperbárica en las instalaciones de la nueva estación de buceo y salvamento de la Armada, un equipo médico clave que permitirá atender de forma inmediata emergencias derivadas de actividades subacuáticas en el norte del Caribe colombiano. La ubicación del sistema, a pocos metros del mar, representa una ventaja estratégica para responder con rapidez a incidentes que antes obligaban a traslados prolongados.La cámara hiperbárica es un equipo médico especializado en el que los pacientes respiran oxígeno casi al 100 % a una presión entre dos y tres veces superior a la atmosférica. Este tratamiento permite que el oxígeno se disuelva con mayor facilidad en la sangre, facilitando su llegada a tejidos afectados y convirtiéndose en una herramienta fundamental para tratar el mal de descompresión, una de las principales emergencias asociadas al buceo.Además de atender lesiones por inmersión, este tipo de tecnología es utilizada para acelerar la cicatrización de heridas, tratar infecciones graves, lesiones por quemaduras, problemas de circulación y apoyar procesos médicos complejos como injertos, necrosis o pie diabético. Su uso es estrictamente médico y se realiza bajo supervisión especializada, con protocolos que garantizan la seguridad del paciente.Hasta ahora, los casos de emergencia por buceo en el Caribe norte debían ser trasladados hasta Cartagena, donde se encuentra el principal centro de referencia del país. Sin embargo, los tiempos de desplazamiento representaban un riesgo adicional para los pacientes, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata.“El problema es que no sería de manera inmediata la atención si un paciente en la parte norte del Caribe llega a tener una emergencia y hay que transportarlo de manera segura y oportuna hasta Cartagena. La red hospitalaria aquí no tiene esa capacidad, y nosotros con esto vamos a suplir la necesidad”, explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional.El alto oficial agregó que la instalación de la cámara hiperbárica no solo fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también impacta de manera positiva el turismo especializado en la región. “Con esto también vamos a ser más atractivos para que los turistas vengan a hacer la actividad del buceo, porque saben que, si se llega a presentar una emergencia, tenemos cómo atenderlos”, señaló.La puesta en servicio de este equipo posiciona a Santa Marta como un punto clave para la seguridad marítima y subacuática en el Caribe colombiano, al tiempo que amplía la capacidad de atención médica especializada para buzos profesionales, pescadores, personal naval y turistas que practican actividades en el mar.
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, presentó su propuesta de plan de seguridad. En el evento también se refirió a la reunión que se hará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington y cuestionó al mandatario colombiano por los choques que tuvo con su homólogo estadounidense.“Salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. Y ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia y la tecnología para los colombianos va a que le den la visa y a que lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual, no lo quiero ver, pero así se ve”, señaló el candidato Pinzón.Sobre su plan de seguridad señaló que presentará un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas y que incrementará el pie de fuerza policial hasta el 80 % del estándar internacional.“El plan contempla la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. Habrá un Incremento de 100.000 efectivos en 3 años (70 % FF. MM., 30 % Policía). En los primeros 100 días se hará el llamado a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías)”, dijo Pinzón.También agregó que creará cuatro megacárceles de seguridad con 20.000 cupos cada una.“Una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsiónextorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas, sino a toda su estructura económica”, agregó Pinzón.
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí:
La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) reconoció que actualmente funciona con limitaciones financieras, esto luego de que el Gobierno Nacional solo haya entregado menos de la mitad de los recursos que se habían proyectado para cumplir las sentencias y decisiones judiciales ya adoptadas.De acuerdo con Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, el costo estimado para ejecutar plenamente las primeras sentencias y las decisiones judiciales ya proferidas asciende a 120.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha garantizado únicamente 50.000 millones.“El balance, digamos, estamos como a mitad de camino; se calcula que son 120.000 millones de pesos, ya el Gobierno nacional nos ha garantizado 50.000, o sea un poco menos de la mitad. Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente esta sentencia, sino todas las que siguen”.Ramelli explicó que los recursos ya entregados permiten avanzar en procesos de alistamiento y ejecución, pero recalcó que es fundamental recibir la financiación para cumplir plenamente con todas las obligaciones derivadas de las sentencias y de las decisiones judiciales que se encuentran en curso y las que están por venir.En ese sentido, el presidente de la Jurisdicción fue enfático en señalar que la responsabilidad principal del financiamiento recae en el Estado colombiano, y no en la cooperación internacional. Aclaró que estos recursos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no se trata de fondos propios de la JEP ni de recursos que puedan ser cubiertos en su totalidad por apoyos externos.Frente al respaldo internacional, Ramelli indicó que actualmente la Jurisdicción no recibe recursos de Estados Unidos, debido a recortes realizados en años anteriores. No obstante, aseguró que la JEP mantiene una disposición permanente al diálogo con la comunidad internacional y a retomar la cooperación, en caso de que ese apoyo sea restablecido.Pese a esa apertura, reiteró que la cooperación internacional solo puede ser complementaria, y que el cumplimiento total de las sentencias depende, de manera directa, del compromiso financiero del Gobierno nacional. Por ello, hizo un llamado a garantizar la entrega completa de los recursos necesarios.
Una comisión especial de la Gobernación del Huila, conformada por ingenieros civiles y un geólogo en coordinación con la Alcaldía de Aipe, realizaron una visita técnica al centro poblado de Santa Rita, donde existe un enorme deslizamiento de tierra que se ha venido presentando desde el año anterior.La secretaria de Infraestructura del municipio de Aipe, Daniela Ramírez, dijo a Blu Radio, que, desde mayo del 2025, se le notificó a la oficina de gestión de riesgo sobre esta emergencia, que actualmente genera alto riesgo para quienes habitan en el sector y que afecta la movilidad de las comunidades entre Aipe y el departamento del Tolima.“En mayo del 2025, la administración municipal recibe de las comunidades de la zona información sobre la situación que se viene presentando del desprendimiento de material de tierra sobre la vía principal en el centro poblado de Santa Rita. Este es un corredor vial estratégico porque une al Huila con el Tolima y los perjudicados son los habitantes porque por esa vía se transporta el café que se produce en el municipio de Aipe. Entonces por tratarse de una vía de segundo orden, procedimos desde mayo del año 2025 a notificarle a la secretaría de Vías del Huila y a la Oficina de Gestión de Riesgo sobre esta situación de emergencia en el centro poblado de Santa Rita”, expresó la funcionaria municipal.Conclusiones de la visita técnica por parte de la Gobernación del HuilaPor su parte, el director departamental de Gestión del Riesgo, Jhon Jairo Yepes, señaló que durante la visita a la zona de la emergencia realizaron la inspección del talud, el estado de la vía y las condiciones del terreno, en el que observaron posibles riesgos para la movilidad y la de sus habitantes.Señaló el funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgo, que la visita de inspección, se desarrolló una reunión de trabajo con la Alcaldía de Aipe y un encuentro directo con la comunidad de Santa Rita y veredas aledañas, en él que se escucharon las inquietudes de los habitantes y se avanzó en la coordinación de acciones conjuntas para la atención de esta emergencia.“Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, y de manera articulada con la Alcaldía de Aipe, estamos coordinando acciones técnicas y preventivas como la construcción de un muro de contención como obra de mitigación que nos permitan reducir el riesgo existente y, ante todo, salvaguardar la vida de las personas que transitan y habitan este sector”, afirmó el jefe de Gestión de Riesgo del Huila Jhon Jairo Yepes.Por último, el director de Gestión de Riesgo del Huila, indicó que se continuará con el seguimiento permanente a la situación, evaluando la necesidad de implementar medidas adicionales que permitan estabilizar el terreno y minimizar la probabilidad de nuevos eventos asociados a las lluvias.
A través del decreto 019 del 2026 expido por la Alcaldía de Neiva, las autoridades regularán y le harán control a todo tipo de material publicitario, incluso, hasta la pauta radial de los candidatos que por estos días adelantan sus campañas políticas para las elecciones de Congreso del próximo ocho de marzo.La directora de Justicia de Neiva, Diana Margarita Morales Cortés, explicó que, para la instalación de cualquier de estos elementos publicitarios, las organizaciones políticas y campañas deberán solicitar previamente un permiso ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.“Este acto administrativo busca establecer límites claros para cada uno de los candidatos, campañas y grupos políticos en relación con el material electoral que será expuesto en los espacios públicos. Con este decreto, la Administración Municipal busca generar equidad, confianza y transparencia en la contienda electoral, además de proteger el espacio público y reducir la contaminación visual en nuestra ciudad”, expresó la directora de Justicia, Diana Morales.¿Cómo regularán la propaganda política en Neiva?La directora de Justicia, Morales Cortés, señaló que, en cuanto a la publicidad en medios de comunicación, el decreto autoriza la emisión de hasta 70 cuñas radiales y 70 cuñas televisivas, cada una con una duración máxima de 30 segundos.Asimismo, se permite la publicación de cinco avisos diarios por campaña en prensa escrita, los cuales podrán ocupar una página por edición. También se autoriza la publicidad móvil, siempre en cuando hallan solicitado la autorización previa de la Secretaría de Movilidad de Neiva.Por otra parte, el decreto establece zonas y espacios donde está estrictamente prohibida la instalación de publicidad electoral. Entre estos se encuentran el tramo de la calle Cuarta, Avenida La Toma, la carrera Octava y la Avenida Circunvalar, con excepción de las sedes oficiales de los candidatos.De igual manera, se prohíbe la instalación de material publicitario político o electoral en separadores viales, zonas verdes, postes, puentes, parques, rondas hídricas, murales, instituciones educativas y puestos de votación.Por último, la funcionaria les advirtió a los movimientos políticos y candidatos que una vez termine la jornada electoral de Congreso, se establecerá un plazo máximo de 48 horas para el desmonte o retiro de toda la publicidad instalada, de lo contrario se tomarán sanciones para quienes incumplan la norma.
Juan Fernando Cristo ha confirmado su retiro definitivo de la consulta interpartidista del 8 de marzo, asegurando que el bloque político que se había intentado construir originalmente ha dejado de existir. Según el líder de En Marcha, la exclusión o las dificultades legales de ciertos sectores han alterado la naturaleza del acuerdo programático inicial."La coalición que se había conformado desapareció. Es totalmente absurdo e inconveniente ir a una consulta o conformar una coalición de centro izquierda sin la participación del candidato de la izquierda y la participación del Pacto Histórico", indicó Cristo.A su vez, dijo que el acuerdo programático que se había radicado en la legisladuría, ya no existe."Ya lo que tenemos hoy es una coalición y una consulta distinta. Quedó desaparecida la figura de la consulta en donde podíamos competir todos. Yo creo que eso desnaturaliza mucho esa posibilidad para el 8 de marzo", indicó.Sobre las diferencias con Iván Cepeda y el Pacto HistóricoEl precandidato señala que el propósito de la consulta era debatir visiones de país opuestas, algo que ahora deberá hacerse directamente en las elecciones de mayo."Coincidimos en la necesidad de profundizar las reformas sociales, pero tenemos profundas diferencias en materia de seguridad, en materia institucional frente al tema de la constituyente. Me parece que era el escenario y la oportunidad para plantear muchas diferencias que tenemos desde En Marcha con el candidato Iván Cepeda y con el Pacto Histórico", expresó Juan Fernando Cristo en Mañanas Blu.Sobre la decisión de ir a la primera vueltaAnte el nuevo panorama, Cristo ha decidido medir sus fuerzas directamente en la contienda presidencial de mayo y fortalecer su presencia en el Congreso."Consultamos con los candidatos al Congreso de En Marcha y creemos que el camino es ir a la primera vuelta. Esa decisión ya es definitiva", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El Gobierno recibió a 101 colombianos deportados desde Estados Unidos, quienes llegaron al país en un vuelo humanitario operado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), informó la Cancillería.Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en X, entre los retornados hay 28 mujeres, 72 hombres y un menor de edad, quienes "recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del Gobierno Nacional, garantizando un retorno seguro y digno".Según las imágenes difundidas por la Cancillería, la mayoría de los retornados descendieron del avión con chándales grises de los centros de detención en los que estaban recluidos en Estados Unidos y portando grandes sacos plásticos con sus pertenencias.A pie de pista los esperaban tres autobuses dispuestos para su traslado, en medio del operativo coordinado por la FAC y las autoridades migratorias.La canciller Rosa Villavicencio, anunció la semana pasada la firma de un acuerdo entre Bogotá y Washington con el que pactaron realizar cerca de veinte vuelos, a razón de uno semanal, para trasladar a ciudadanos que ya cuentan con resolución de expulsión."Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas (...) y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal", explicó entonces la ministra.El anuncio se produjo tras la reactivación de los vuelos de repatriación, un año después de una crisis diplomática que se desató cuando el presidente Gustavo Petro se negó a recibir un avión con deportados al considerar que no estaban siendo tratados con dignidad.En ese momento, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió con la imposición de aranceles del 25% a productos colombianos y la suspensión temporal de la expedición de visados en Bogotá, medidas que fueron revertidas tras gestiones diplomáticas.Villavicencio ha reiterado que Colombia no acepta que sus ciudadanos regresen esposados, al tratarse de personas con una situación migratoria irregular y no de delincuentes.Asimismo, recordó que, de acuerdo con la ley política integral migratoria, los deportados son considerados "retornados", lo que les permite acceder a programas de acompañamiento para su inclusión social, educativa y laboral.
La reciente aprobación de un proyecto de acuerdo en el Concejo de Bogotá, denominado "Ruta de la Vida", ha desatado una intensa controversia política y social en la capital. Mientras que su autora, la concejal Clara Sandoval, defiende la iniciativa como una medida de acompañamiento integral, organizaciones de derechos de las mujeres advierten que podría convertirse en una barrera para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.Acompañamiento y salud mental: la defensa de SandovalLa concejal Clara Sandoval ha manifestado su sorpresa ante las críticas, calificándolas de "desinformación". Según la cabildante, el proyecto busca establecer mecanismos de acompañamiento psicosocial y comunitario con énfasis en salud mental para mujeres gestantes y lactantes. Sandoval enfatiza que el acuerdo no impone la obligación de realizarse exámenes mentales o psicológicos para acceder al aborto, asegurando que el texto respeta la voluntad de la madre.La concejal justifica el énfasis en salud mental citando un aumento del 47% en conductas suicidas entre mujeres en la ciudad, argumentando que la atención actual para gestantes y lactantes es deficiente. Además, sostiene que el proyecto desarrolla lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-055 de 2022, la cual menciona el diseño de medidas de protección para la vida en gestación y la oferta de alternativas a la interrupción del embarazo.Voces de alerta: ¿Nuevas barreras al aborto?Desde la otra orilla, Laura Castro, representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el movimiento Causa Justa, sostiene que el proyecto constituye una barrera de acceso. Castro argumenta que el Concejo de Bogotá no tiene competencia para regular el aborto, una función que corresponde al Ministerio de Salud a través de rutas ya establecidas.La principal preocupación de estas organizaciones es que las "consultas psicológicas" mencionadas puedan ser utilizadas por funcionarios con posturas personales contrarias al aborto para "reorientar" la decisión de las mujeres o dilatarlas innecesariamente. Según Castro, la salud mental y la autodeterminación reproductiva están siendo estigmatizadas, sugiriendo que el deseo de abortar se enmarca erróneamente en problemas de depresión o ansiedad.El derecho a la información clara y completaUno de los puntos de mayor fricción es el requisito de brindar "información completa, clara y oportuna". Para Sandoval, esto fortalece la libertad de elección, comparándolo con cualquier otro procedimiento médico donde se explican consecuencias y alternativas. Sin embargo, para los sectores críticos, esto abre la puerta a la difusión de información sesgada o falsa sobre los supuestos riesgos de la práctica.El alcalde Carlos Fernando Galán ha anunciado que estudiará el acuerdo aprobado para determinar su viabilidad y coherencia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Escuche aquí la entrevista:
El pronunciamiento se da luego del ataque a la camioneta en la que se trasladaba el esquema de protección del senador Jairo Alberto Castellanos, en la vía que comunica a los municipios de Fortul y Tame.En el atentado perdieron la vida Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Esmelli Manrique, patrullero de la Policía Nacional.En su comunicado, ONU DDHH pidió a las autoridades a adelantar investigaciones que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado, asi como adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de quienes no participan en las hostilidades.“Instamos a las autoridades competentes a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque y a tomar medidas eficaces para proteger a quienes no participan de las hostilidades”, afirmaron en su comunicado.Asimismo, señalaron que este tipo de ataques constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, reiteró a los grupos armados abstenerse de atacar a personas que no participan directamente en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil.“Reiteramos a los grupos armados no estatales que atacar a quienes no participan en las hostilidades, como servidores públicos y personal de protección civil, constituye una infracción del Derecho Internacional Humanitario DIH. Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar la vida e integridad de la población civil, y los derechos humanos”.Finalmente, la ONU expresó sus condolencias y solidaridad con las familias, amigos y compañeros de Wilmer Antonio Leal y Esmelli Manrique.
La Procuraduría General de la Nación encendió nuevamente las alarmas por la contratación relacionada con la expedición de pasaportes en el país. El ente de control advirtió presuntas irregularidades en un nuevo contrato interadministrativo suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, cuyo valor asciende a más de 185.000 millones de pesos.Se trata de un contrato publicado en la plataforma SECOP el pasado 29 de enero, cuyo objetivo es la producción y expedición de pasaportes. Aunque el convenio fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, la Procuraduría cuestionó que no se haya establecido una fecha clara de inicio.La preocupación de la Procuraduría se centra en el elevado monto comprometido que supera los 185.000 millones de pesos y por el hecho de que este es ya el cuarto contrato que suscriben la Cancillería y la Imprenta en un objeto prácticamente idéntico.Según el Ministerio Público, las sumas comprometidas en estos cuatro negocios jurídicos superan el billón de pesos y alcanzan un total de $1,49 billones, cifra que ha generado serias inquietudes sobre la planeación y transparencia del proceso contractual.El pronunciamiento se da tres meses después de que la Procuraduría presentara una demanda ante la justicia para anular el convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, también relacionado con la fabricación de pasaportes y que fue cuestionado por presuntas irregularidades.Por esta razón la Procuraduría advirtió que abordará la suscripción del contrato desde las acciones preventivas que ya adelanta sobre el suministro de pasaportes, y que además revisará el tema dentro de las investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso.
El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el rumbo que ha tomado el sistema de salud en Colombia. En entrevista con Recap Blu, aseguró que el mandatario está debilitando el modelo actual porque, a su juicio, “le enferma que haya participación privada en las EPS”.Peñalosa cuestionó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una alternativa que el presidente ha mencionado en medio de la reforma al sistema. Según el exmandatario, el problema de fondo no es técnico sino ideológico. “A Petro no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público”, afirmó, señalando que esa visión estaría afectando la estabilidad del modelo.En su intervención, sostuvo que la participación privada puede aportar eficiencia y control de costos, siempre que exista una supervisión estricta del Estado para evitar corrupción y politiquería. También criticó la gestión del Gobierno en las EPS que han sido intervenidas, asegurando que la administración directa por parte del Estado ha generado más burocracia e ineficiencia.Peñalosa defendió un modelo mixto en el que el sector público y el privado trabajen de manera complementaria. Por ejemplo, mencionó experiencias de su administración en Bogotá, donde se desarrollaron hospitales bajo esquemas de asociación con privados para la construcción y el mantenimiento, mientras que la prestación del servicio médico continuó siendo pública. El exalcalde también comparó el debate colombiano con modelos internacionales. Citó casos como el de Suecia y Dinamarca, donde existen esquemas que permiten a las familias elegir entre educación pública o privada con financiación estatal. En su opinión, el mismo principio debería aplicarse al sector salud: priorizar resultados y calidad del servicio por encima de posturas ideológicas.Finalmente, Peñalosa insistió en que el objetivo central debe ser mejorar la atención y garantizar el acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. "Si eso se logra mejor con participación privada o pública, hay que hacer lo que funcione”, concluyó, en un debate que sigue marcando el pulso político alrededor de la reforma al sistema de salud.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.