Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, se refirió este lunes al caso de Juliana Guerrero y a las investigaciones que rodean a la Fundación Universitaria San José, institución señalada por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos. En entrevista en Mñanas Blu 10:30, el funcionario fue enfático en que la designación de Guerrero como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar no corresponde al Ministerio de Educación, sino directamente a la Presidencia de la República.“El delegado o delegada del presidente ante los consejos superiores universitarios es una función que no puedo usurpar. Esa nominación la define el presidente o quien él delegue”, aseguró Rojas, al ser consultado por la permanencia de Guerrero en ese cargo pese a que la Fiscalía anunció una imputación de cargos por presunta falsedad en documento público relacionada con su título académico.El ministro explicó que, aunque el Ministerio de Educación sí tiene competencias en materia de inspección y vigilancia sobre instituciones de educación superior, no tiene injerencia en las decisiones de la Presidencia sobre sus representantes en los consejos universitarios. “Juliana Guerrero no ha tenido ningún contrato con el Ministerio de Educación mientras he sido ministro, ni es mi delegada ante ningún consejo superior universitario”, puntualizó.Investigación contra la Fundación Universitaria San JoséEn la entrevista, Rojas también confirmó que desde 2023 el Ministerio adelanta un proceso formal contra la Fundación Universitaria San José, luego de recibir denuncias de estudiantes y usuarios por presuntas irregularidades académicas. Según explicó, la institución enfrenta actualmente dos vías de actuación: una preventiva y otra sancionatoria, amparadas en la Ley 1740.“La medida preventiva incluye vigilancia especial, una inspectora in situ y la formulación de un plan de mejoramiento acompañado por el Ministerio. Paralelamente, avanza el proceso sancionatorio, en el que la rectora y el exsecretario general tienen derecho a presentar descargos, como lo establece la ley”, detalló.Rojas rechazó críticas de sectores políticos que piden una intervención inmediata o la remoción automática de directivos. Aclaró que en Colombia no existe la figura de intervención universitaria como tal, sino medidas graduales de inspección y vigilancia. “No puedo saltarme el debido proceso ni usurpar funciones que corresponden a otras entidades como la Fiscalía”, sostuvo.El nombre de Juliana Guerrero volvió al centro del debate público tras conocerse que habría recibido un título sin cumplir requisitos académicos, lo que derivó en la imputación anunciada por la Fiscalía. Sin embargo, una hora después de hacerse pública esa decisión, el Gobierno confirmó que no sería retirada de su rol como delegada ante la Universidad Popular del Cesar, lo que generó críticas desde distintos sectores.Frente a esto, el ministro de Educación insistió en que cualquier decisión sobre su permanencia corresponde exclusivamente a la Presidencia. “Mis delegados son funcionarios del Ministerio porque así lo exige la norma. En este caso, la responsabilidad es de Palacio”, reiteró.Mientras avanzan las investigaciones contra la Fundación Universitaria San José y el proceso judicial contra Guerrero, el Ministerio de Educación aseguró que mantendrá una postura de “defensa irrestricta de los derechos de los estudiantes” y que no tolerará irregularidades en el sistema de educación superior.
Con amores y rodeador de amor se despidió Pontificio de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, un gato que durante años se ganó el cariño de los estudiantes y profesores, quienes siempre aprovechaban el tiempo a su lado para expresarle amor y darle alguna caricia.Es por eso por lo que, a través de un comunicado, la universidad informó que Pontificio (Ponti para los amigos) se graduó con “honores en amor incondicional” de la “facultad de las ciencias de la siesta y el ronroneo”, un título que toda la comunidad de la universidad celebró y vieron “más que merecido” este reconocimiento, además de que recibió su propio carné estudiante e identificación.“Con mucha emoción le hicimos su propio carné😌. Es nuestra forma de decirle que, aunque ahora descanse feliz en un hogar, su lugar en el #EcoCampusUPB está asegurado para siempre. Gracias, Ponti, por elegirnos como tu primera familia y por graduarte con los honores más altos en amor puro. Esta siempre será tu casa”, fueron las palabras de la universidad.Además, este reconocimiento se dio gracias a que, finalmente, Pontificio fue adoptado por una familia y se encuentra en una casa rodeado de amor, según dio a conocer la universidad en un comunicado, pues por su edad era mejor que estuviera en un entorno más seguro pese al amor que le tenían en la universidad.“Durante años, el #EcoCampusUPB no fue solo su territorio, fue su hogar feliz; el lugar donde cada estudiante tenía una caricia para él y donde cada rincón guardaba una de sus siestas bajo el sol. Verlo tan en paz y profundamente amado es el regalo más grande que podíamos recibir en este inicio de año”, expresaron.Pero con el reconocimiento de grado con honores, según la institución, lo ligará por siempre como un miembro más de la comunidad educativa al cual ni profesores ni estudiantes podrán olvidar, aunque pasen los años.
De cara a las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil continúa adelantando acciones para garantizar un proceso electoral seguro, organizado y transparente en todo el país.En Bogotá, la entidad se reunió con representantes de los partidos y movimientos políticos, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, para socializar los principales aspectos del proceso en el marco de la paz electoral. Durante este encuentro se presentaron el plan de seguridad para los puestos y mesas de votación, las estrategias de capacitación de los jurados, los resultados del simulacro de preconteo, que se realizó el pasado 7 de febrero, y la pedagogía para el correcto diligenciamiento de las actas electorales.También desde el órgano se informó que este miércoles 11 de febrero iniciará la distribución del material electoral en el exterior y que el próximo 21 de febrero se realizará un nuevo simulacro de preconteo. La Registraduría invitó a todas las organizaciones políticas a participar en las auditorías y simulacros como parte del fortalecimiento de la transparencia del proceso democrático.De manera paralela, la Registraduría ha intensificado las capacitaciones ante el panorama de violencia que se vive en Colombia. En donde, anteriormente, el registrador nacional alertó que en 312 municipios del país hay presencia de grupos armados ilegales y que en el 40 % de estos territorios existen intereses políticos, lo que representa un riesgo para el desarrollo normal de las elecciones.Frente al actual panorama, se han reforzado las acciones conjuntas con la Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad electoral.En Putumayo, se realizaron capacitaciones a la Policía Nacional en las que se socializaron los roles y responsabilidades de acompañamiento, los protocolos de seguridad y el apoyo logístico en las distintas etapas del proceso electoral, fortaleciendo la coordinación interinstitucional en el territorio y la confianza en el proceso.A la par, en el departamento del Quindío se capacitó a los soldados del Batallón de Servicios sobre sus funciones en los 36 puestos de votación, de cara a la jornada electoral del próximo 8 de marzo, resaltando la importancia de la preparación y el compromiso institucional.Por parte de San Andrés se llevó a cabo un Comité de Seguridad Electoral con la participación de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Infantería de Marina y otros actores clave, en el que se revisaron las condiciones de seguridad de los puestos de votación y de los centros de escrutinio departamental y municipal.Por el momento, las autoridades buscan garantizar un ambiente y condiciones óptimas y seguras para el desarrollo de las elecciones.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmó esta tarde que la senadora Aída Quilcué ya fue encontrada en un sector de páramo entre los municipios de Inzá y Totoró. La senadora estaba junto a los dos hombres de su esquema de seguridad y será trasladada por la Guardia Indígena a un centro asistencial para su valoración médica."En el momento la están sacando un equipo de guardia y autoridades indígenas y a esperar la evaluación de lo que ha sucedido. Ella fue encontrada en una zona que es zona de Páramo, donde no hay comunicación por señal de celular ni de radios de comunicación de guardia", dijo Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del CRIC.Tras ser ubicada, la Guardia Indígena inició su traslado hacia un centro asistencial para que reciba valoración médica."Es una zona bastante complicada en el que ya se han dado varios hechos anteriores, en el que se ha afectado a ciudadanos y a comuneros indígenas del sector. Ahora solo esperamos que la senadora y su equipo sea sacada completamente de la zona", explicó Capaz.Las autoridades y organizaciones indígenas continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido, mientras se mantiene el acompañamiento a la senadora y a su equipo de seguridad.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 10 de febrero de 2026:Juan David León, abogado de Ricardo Roa, habló de las imputaciones de la Fiscalía al presidente de Ecopetrol.Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, se refirió sobre la situación en la ciudad por las fuertes lluvias.Álvaro Molina, representante de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, comentó sobre la alerta por decreto del Gobierno para trasladar a 6 millones de pacientes.Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, habló de las lluvias y frente frío en Colombia.Yeison Mesa, presidente del sindicato de Migración Colombia - Osemco, dio detalles sobre el plan tortuga en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.Escuche el programa completo aquí:
Pacientes Colombia expresó su preocupación sobre un posible traslado masivo de afiliados entre EPS en distintas regiones del país. Según la organización, un borrador de decreto del Gobierno Nacional podría provocar el movimiento de cerca de 6,6 millones de usuarios como consecuencia de la liquidación de varias EPS.De acuerdo con Pacientes Colombia, el traslado automático de usuarios cuando se liquida una EPS no es una práctica nueva y ya ha sido aplicada en gobiernos anteriores, como los de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Sin embargo, la principal preocupación radica en que, a diferencia de esos periodos, anteriormente no se permitía trasladar afiliados a EPS que se encontraran intervenidas, debido a sus graves problemas administrativos y financieros. Por lo que, comparando el escenario actual, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría considerando trasladar millones de usuarios a entidades que ya presentan serias dificultades para garantizar la atención en salud.Pacientes Colombia advirtió que los usuarios que serían trasladados provienen de EPS liquidadas, es decir, entidades que ya agotaron todas las posibilidades de recuperación.“Ahora el gobierno pretende cuadrar la tasa de la nueva EPS trasladándole cerca de 4 millones de usuarios. Si a la nueva EPS le quedó grande manejar 11 millones 500.000 afiliados que tiene de promedio hoy en día, si le trasladan 4 millones más, serían cerca de 16 millones. El caos sería espantoso”, según señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.Este panorama implica que muchos afiliados lleguen sin tratamientos activos, sin historias clínicas completas y con una alta carga de enfermedad. Al ser trasladados a EPS que atraviesan problemas similares, los pacientes podrían enfrentar meses de espera antes de retomar sus tratamientos, afectando especialmente a personas con enfermedades crónicas o de alto costo.Según Pacientes Colombia, aunque algunos de estos usuarios no hacen uso frecuente del sistema de salud, la mayoría presenta patologías de alto costo y alto impacto social, lo que aumenta la gravedad de la situación. La organización hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las decisiones se tomen de manera responsable y no se condene a los pacientes de una EPS liquidada a ser trasladados a otra que se encuentra en condiciones iguales o peores.Finalmente, Pacientes Colombia aclaró que, hasta que el Gobierno no haga público el borrador del decreto, no es posible confirmar qué EPS serían liquidadas. Además, pidió a los usuarios mantenerse atentos, ya que una vez se anuncien los traslados, los afiliados podrán ejercer su derecho a la libre elección y solicitar el cambio a otra EPS.
Para aquellos que viven en conjuntos residenciales o hacen parte de una copropiedad, en Colombia se suelen llevar a cabo, al menos una vez al año, las reuniones de la asamblea de copropietarios. Dichos encuentros ocurren durante el primer semestre del año entre enero y marzo.El objetivo en cada una de ellas es tomar decisiones estratégicas, administrativas y financieras para garantizar el correcto funcionamiento de las áreas comunes. Además, allí también se define la cuota de administración y cómo va a aumentar.Sin embargo, muchos propietarios creen que faltar a la asamblea general de su conjunto residencial no tiene mayores consecuencias. Pero la ley colombiana sí permite imponer sanciones económicas por inasistencia, si se cumplen algunos requisitos.No asistir a la asamblea del conjunto puede costarle graves sancionesEl Ministerio de Vivienda, en un concepto jurídico emitido en 2024 sobre multas por inasistencia a asamblea, recordó que la Ley 675 de 2001 regula las sanciones dentro del régimen de propiedad horizontal y establece cuándo y cómo pueden aplicarse.Frente a esto, la administración sí puede imponer multas por inasistencias, pero no de forma automática. La Ley 675 de 2001 señala que el “incumplimiento de obligaciones no pecuniarias”, como podría ser la inasistencia a la asamblea si así está previsto, "puede dar lugar a sanciones". No obstante, para que la multa sea válida deben cumplirse algunas condiciones:La inasistencia debe estar expresamente consagrada como conducta sancionable en el reglamento de propiedad horizontal.El reglamento debe establecer cuál es la sanción aplicable.Debe garantizarse el debido proceso al propietario.Lo anterior, quiere decir que no basta con faltar para que la multa sea automática.¿De cuánto puede ser la multa?Según el artículo 59 de la Ley 675 de 2001, “las multas sucesivas no pueden superar, cada una, el equivalente a dos veces el valor de las expensas comunes mensuales del infractor y, en total, no pueden exceder diez veces esas expensas”Además de multas, la norma también contempla otras sanciones como la publicación del nombre del infractor en lugares visibles del conjunto. La restricción al uso de bienes comunes no esenciales (como salones comunales o zonas recreativas).Es importante aclarar que la sanción no es automática, pues debe respetarse el debido proceso. El Ministerio recordó que la asamblea general o el consejo de administración, cuando tienen esa facultad, son los órganos competentes para imponer sanciones. Sin embargo, antes de hacerlo deben:Notificar al propietario.Permitirle presentar descargos.Valorar si existió una justa causa para no asistir.Aplicar criterios de proporcionalidad y graduación de la sanción.En otras palabras, la multa no es objetiva ni automática, pues debe analizarse cada caso.¿Se puede impugnar la multa?Según la sentencia del MinVivienda, el propietario sancionado puede impugnar la decisión dentro del mes siguiente a la comunicación de la sanción. Incluso puede acudir a mecanismos alternativos de solución de conflictos o a la autoridad judicial competente si considera que fueron vulnerados sus derechos.
En medio del consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro afirmó que ordenó retirar a un general de la Policía por un supuesto complot en su contra.El mandatario señaló que el oficial tenía una “misión extra”, pues, según dijo, alguien le habría dado la orden de poner sustancias psicoactivas en su vehículo y que su propósito era sabotear la reunión con el entonces presidente Donald Trump el pasado 3 de febrero. Con el Decreto 0147 se oficializó esta decisión.En el documento se lee: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional ‘por llamamiento a calificar servicios’ al brigadier general Urrego Pedraza Edwin, a partir de la comunicación del presente decreto”.El decreto está firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, debido a que el jefe de esa cartera, el general (r) Pedro Sánchez, se encuentra fuera del país.Cabe mencionar que, en conversación con Blu Radio, el general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial y agregó que, de ser necesario, se sometería al polígrafo.
El coordinador para la atención en manejo de desastres de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila, Orlando Garzón, confirmó que a la fecha 10 municipios han decretado la calamidad pública a raíz de las emergencias ocasionadas por las lluvias que siguen dejando estragos en gran parte del país.Señaló el funcionario del gobierno departamental, que siete municipios mantienen vigentes las declaratorias de calamidad pública desde la última temporada de lluvias del año 2025 por deslizamientos de tierra, inundaciones y afectaciones en vías rurales. Los tres últimos municipios que han decretado calamidades por lluvias este año son: Gigante, La Plata y La Argentina.“Estos siete municipios que mantienen vigentes sus calamidades han actualizado los decretos con las recientes emergencias que se han registrado en lo que llevamos del 2026. Los municipios que vienen desde el año anterior con declaratorias de calamidad pública son: Timaná, Suaza, Saladoblanco, Oporapa, Palestina, Santa María y San Agustín”, anotó Orlando Garzón, profesional en Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo.De acuerdo con el reciente boletín del IDEAM, reporta las alertas por amenaza de deslizamientos de tierra: seis municipios están en alerta roja y 19 en alerta naranja y cinco en alerta amarilla. Entre los municipios en alerta roja figuran Altamira, Elías, Gigante, Paicol, Teruel, Yaguará y en alerta naranja, aparecen Hobo, Acevedo, Agrado, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Nátaga, Oporapa, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tesalia, Íquira.Asimismo, los ríos Páez, Suaza y el Magdalena, mantienen monitoreo permanente por los organismos de socorro, teniendo en cuenta que estos son los principales afluentes que abastecen a las centrales hidroeléctricas del Quimbo y Betania.Entre tanto, la secretaría de Vías e Infraestructura con el banco de maquinaria amarilla adelanta la remoción de tierra y lodo para recuperar la movilidad de las comunidades campesinas en nueve municipios del Huila.
¿Se ha preguntado qué pasaría si recibe una notificación de la Registraduría? ¿Sabe cuándo serán los próximos comicios en Colombia y para qué se votará? El domingo 8 de marzo de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., el país acudirá a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República. Y miles de ciudadanos no solo votarán, sino que también cumplirán un papel clave en la jornada democrática, pues muchos serán jurados de votación.Ser jurado no es solo una responsabilidad cívica, también implica beneficios laborales y académicos que muchos desconocen. La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró cuáles son esas ventajas de quienes asumen este rol en los próximos comicios.¿Quiénes pueden ser jurados de votación?Los jurados de votación son ciudadanos colombianos mayores de 18 años de edad y menores de 60, con mínimo décimo grado de escolaridad.Para las elecciones de Consejos de Juventud, también pueden ser designados jóvenes mayores de 14 años de edad, quienes son seleccionados en representación de la sociedad mediante un sorteo aleatorio realizado por la Registraduría Nacional.Dicho proceso comienza cuando los registradores solicitan listados a entidades públicas y privadas, instituciones educativas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales y partidos o movimientos políticos con personería jurídica.Con esa base de datos, se hace un sorteo electrónico a través de un software especializado, que designa a los ciudadanos que cumplirán esta función durante la jornada electoral.Los beneficios de ser jurado de votación en ColombiaUno de los principales incentivos para quienes sean seleccionados como jurados de votación está contemplado en el artículo 105 del Código Electoral y se trata de un día de descanso compensatorio remunerado:Los ciudadanos que presten el servicio como jurados tienen derecho a un día completo de descanso remunerado, que podrán hacer efectivo con su empleador dentro de los 45 días hábiles siguientes a la elección. Este beneficio no implica descuentos salariales ni la obligación de reponer el tiempo.Además de eso, tienen media jornada adicional por votar. Si el jurado, además de cumplir su función, también ejerce su derecho al voto, podrá acceder a una media jornada adicional de descanso. Este incentivo está respaldado por la Ley 403 de 1997.Por otro lado, existe un beneficio para los jóvenes menores de edad que actúen como jurados en elecciones de Consejos de Juventud, el reconocimiento será académico, pues tendrán derecho a 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio.¿Pueden negar estos beneficios?Como ya se mencionó, el día compensatorio por ser jurado debe otorgarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.En cuanto a la media jornada por votar, esta debe disfrutarse dentro del mes siguiente, de común acuerdo entre el trabajador y el empleador.Asimismo, el empleador no debe negarse a estos descansos, el Ministerio del Trabajo indicó que los empleadores están obligados a conceder estos descansos compensatorios sin descuentos de salario ni exigencia de recuperar el tiempo.Negar este derecho podría constituir una infracción laboral sancionable por las autoridades competentes.
Posterior al cierre del periodo de inscripción de cédulas, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente informe sobre el comportamiento de estas inscripciones en el marco de este proceso.Hasta el pasado 8 de enero, se registraron un total de 2.077.278 personas inscritas por cambio de residencia, de las cuales 1.795.794 corresponden a inscripciones en el territorio nacional y 281.484 en el exterior. Aunque la cifra total representa una disminución del 21,61 % en comparación con el mismo periodo de los comicios de 2022, el informe advierte sobre comportamientos estadísticos preocupantes en regiones específicas que podrían sugerir fenómenos de trashumancia electoral.La MOE encontró 103 municipios donde la inscripción de cédulas es inusualmente alta. En 12 de ellos el aumento es extremo, muy por encima de lo que normalmente ocurre en el país. Entre los casos más críticos se encuentran Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), con una tasa de 341,93 inscripciones por cada mil habitantes; Puerto Gaitán (Meta), con 326,52 inscripciones; y Cúcuta (Norte de Santander), con 226,90 inscripciones. En el caso de Cúcuta, la organización pide especial atención a las autoridades debido a la compleja situación de orden público y los flujos migratorios en la frontera, factores que podrían estar siendo instrumentalizados con fines electorales.Un punto de especial atención en este séptimo informe son las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (CITREP), donde se identificaron 46 municipios con algún nivel de riesgo. De manera particular, 26 puestos de votación rurales en estas zonas presentan tasas de inscripción significativamente altas, lo que genera una alerta sobre el posible traslado irregular de votantes desde las cabeceras municipales hacia el campo, poniendo en riesgo la integridad del censo en estos territorios clave para el Acuerdo de Paz.Finalmente, la MOE manifestó su preocupación por un retroceso en los estándares de transparencia, señalando que para este proceso electoral no ha tenido acceso directo y en tiempo real a las plataformas de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Esta limitación reduce la capacidad de emitir alertas tempranas efectivas. Ante este panorama, la organización recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un seguimiento preventivo inmediato en los puestos advertidos y solicitó a la Registraduría fortalecer los mecanismos de consulta pública para garantizar la transparencia en el voto de los colombianos en el exterior.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
Luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo de tarjetón único que contendrá las hasta ahora dos consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos presidenciales el próximo domingo 8 de marzo (Pacto Amplio y Gran Consulta por Colombia), el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, manifestó su preocupación frente a los errores en los que podría incurrir el votante.“Es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso: van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino solo una porque marcar las dos va a anular ese voto”, aseguró el magistrado Quiroz.El magistrado Quiroz dejó claro que el mayor riesgo es que se dé una situación en que haya un alto porcentaje de votos nulos por confusión, falta de pedagogía o incluso por desconocimiento y buscar afectar alguna de las consultas; es por eso que pidió claridades sobre este tema y espera tratarlo con la Sala Plena del CNE en los próximos días, ya que esto se trata de una preocupación personal.Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.“No ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato a las consultas”: QuirozEl magistrado Quiroz también se pronunció acerca de las dudas que ha suscitado la posibilidad o no de que el senador Iván Cepeda y el exalcalde Daniel Quintero participen en la consulta del Pacto Amplio, luego de participar en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre; así como qué pasaría con los candidatos que habiendo manifestado su intención de ir a una consulta, no participen el 8 de marzo.La cabeza de la autoridad electoral dejó claro que estas discusiones se realizarán una vez se dé la inscripción de los precandidatos y si se presenta la respectiva denuncia ante el CNE, ya que no se actúa por oficio.“No podemos adelantarnos sobre las acciones que van a llegar porque a hoy no ha llegado ninguna solicitud de sanción, investigación o revocatoria de algún candidato de participación o no en las próximas consultas; hasta que eso no llegue a la corporación no podremos tomar decisiones y no podemos pronunciarnos sobre algo que futuramente llegará al Consejo Nacional. Nosotros hacemos parte de un cuerpo colegiado, el Consejo Nacional Electoral no actúa de oficio, una vez llega la solicitud a la corporación se hace el reparto de algunos de los despachos de los magistrados y ellos llevarán un proyecto de resolución a la sala y será la sala plena la que deberá tomar la decisión en ese momento (...) De las consultas, no ha llegado absolutamente nada. En este momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene para discusión de sala ninguna solicitud de revocatoria ni descripción de candidatos. Hoy no tenemos esa radicación en Sala”, aseguró Quiroz.Desde el CNE además aseguraron que tanto para las elecciones del Congreso y Consultas del 8 de marzo, como las dos vueltas presidenciales del 31 de mayo y 21 de junio, se tendrá la más grande misión de observación internacional y en la que participarán 150 observadores de la Unión Europea, 150 personas de los Estados Unidos, así como delegados de la OEA, el Centro Carter y más de 60 países.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
En un paraje rural de la vereda Las Morras, del municipio de Algeciras, Huila, hombres armados dispararon contra la humanidad de un firmante de paz identificado como Didier Andrés Cardozo y su esposa Edna Katherin Real, oriunda de Santana Ramos, Caquetá, quien falleció en el lugar de los hechos.Según información oficial, el hombre gravemente herido fue auxiliado por habitantes de la zona y llevado al hospital local de Algeciras, donde fue atendido y remitido a un centro asistencial de Neiva, debido a la gravedad de las heridas, quien permanece con pronóstico reservado.El teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de Policía Huila, dijo que en el ataque armado, Didier Cardozo, recibió un impacto de bala en la región toráxica y de acuerdo con información preliminar el firmante de paz y su pareja se desplazaban hacia la vereda Alto Esatías a un evento a 25 minutos del casco urbano aproximadamente.“El hecho se presentó en la vía que comunica hacia la vereda Las Morras a 25 muinutos del casco urbano de Algeciras, debido a los impactos con arma de fuego murió la señora Edna Katherin Real mientras que el señor Didier Andrés Cardozo, recibió atención médica y posteriormente remitido a Neiva por recibir una herida en el tórax”, indicó el comandante encargado de Policía, Huila.De acuerdo con datos suministrados por voceros de esta población en el Huila, Didier Cardozo, hace parte de una asociación de excombatientes que actualmente desarrollan proyectos productivos como parte de los acuerdos de paz.Por su parte, el CTI de la Fiscalía, en articulación con la Sijín de la Policía, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este nuevo hecho de violencia que preocupa a las autoridades y a la población civil.
En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Abelardo De La Espriella respondió con contundencia a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido una supuesta cercanía entre el jurista y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. De La Espriella calificó estas afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" política diseñada para desviar la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno.Negación total de vínculos con la fiscal y su familiaDe La Espriella fue enfático al declarar que no conoce a la fiscal general ni a su esposo, Germán Marroquín. "No tengo idea de quién es su esposo en mi vida lo he visto si me lo ponen enfrente no sé quién es", afirmó, desmintiendo cualquier relación personal o profesional con el círculo familiar de la funcionaria. Según el abogado, estas acusaciones carecen de fundamento y son un "invento" para vincularlo con decisiones judiciales o procesos internos de la Fiscalía, de los cuales asegura estar completamente ajeno, especialmente tras haberse retirado del litigio hace cuatro años.¿Una estrategia para proteger a Iván Cepeda?Para De La Espriella, el fondo de los ataques del presidente radica en la arena electoral. Asegura que tanto él como el senador Iván Cepeda lideran las encuestas de opinión, y que Petro busca proteger a Cepeda de un enfrentamiento directo. "Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle", señaló, aludiendo a que el senador tiene la obligación de explicar al país el modelo político que defiende. El abogado reiteró su invitación a Cepeda para un debate público sobre el futuro de Colombia, describiendo la contienda como una batalla entre el "absolutismo" y la "democracia".
Una carta del Grupo Trinity fue enviada internamente a más de 14.500 trabajadores en Colombia y España. El mensaje abrió una discusión sobre el papel de las empresas en el debate democrático previo a las elecciones de 2026. El contenido, conocido este martes 10 de febrero en Mañanas Blu, llamó a los empleados a participar activamente en las urnas y a evaluar propuestas que defiendan la empresa privada y el Estado de derecho.Aunque el documento no menciona nombres propios ni orienta el voto de manera explícita, su contenido generó interpretaciones y preguntas sobre hasta dónde puede llegar la voz de una compañía en decisiones que, por definición, son individuales. El presidente del Grupo Trinity en Colombia, Iván Trujillo, defendió el alcance del mensaje y negó cualquier intención de presión política.Carta del Grupo Trinity y llamado al voto conscienteTrinity, controlador de compañías como Acerías Paz del Río y operador del Centro de Convenciones de Cartagena, explicó que la carta hace parte de una visión de “ciudadanía corporativa”. Según Trujillo, el objetivo fue promover la reflexión y la participación democrática.“Como empresarios tenemos una gran responsabilidad que va más allá de la gestión interna de nuestras compañías”, afirmó. Y agregó: “Esto es un llamado cívico a participar en democracia, al voto libre, informado y consciente”.El directivo precisó que el grupo cuenta con cerca de 14.500 colaboradores, de los cuales unos 10.000 están en Colombia y más de 4.000 en España, y que todos recibieron el mensaje en los mismos términos.Libre mercado y Estado de derecho en el centro del mensajeUno de los fragmentos más comentados de la carta invita a evaluar programas políticos “que defiendan la actividad empresarial y el Estado de derecho”. Para Trujillo, esa frase resume una postura de principios y no una consigna electoral.“Para decirlo sin ambigüedades, considero necesario defender públicamente el libre mercado, la libertad de empresa y la institucionalidad democrática”, señaló en la entrevista. Insistió en que se trata de postulados constitucionales y “pilares esenciales para el progreso del país”.Ante la pregunta de si el mensaje buscaba advertir sobre una visión política específica, respondió: “Aquí de ninguna manera se trata de influir. Eso sería decirle a alguien por quién votar, y eso no está en la carta”.¿Empresas deben participar en los temas poliíticos? esto dijce TrujilloTrujillo reconoció que el sector empresarial debe participar en las conversaciones nacionales, pero aclaró que no condiciona relaciones laborales ni abre espacios para hacer campaña. “Cada colaborador decide libremente cómo y por quién votar. Toda postura política es legítima en democracia”, afirmó.Para el directivo, el debate no debería centrarse en nombres o partidos, sino en principios. “La política no es solo de los políticos. Nos compete a todos como ciudadanos”, concluyó.
La Registraduría anunció que apoyará a los damnificados por la ola invernal en Montería, Córdoba, con el trámite gratuito de los documentos de identidad.“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador, Hernán Penagos.Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de Montería y la Registraduría espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas, entre niños, jóvenes y adultos. Se harán trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.“Se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio”, agregó el registrador.Las jornadas se harán este miércoles y jueves en el Colegio Nacional; el viernes y sábado en el Coliseo Happy Lora, y el lunes 16 de febrero en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil.
La Procuraduría General de la Nación pidió a las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios, Empresas Sociales del Estado, la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades territoriales la adopción inmediata de planes de acción para mitigar los impactos en la salud pública por la emergencia ambiental que vive el departamento de Córdoba.La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS priorizar la atención de los grupos más vulnerables, como niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. También pidió reforzar la atención de urgencias, activar rutas de atención, asegurar el suministro de medicamentos e insumos y garantizar la continuidad de los tratamientos.Además, el órgano de control requirió a las secretarías de salud departamental y municipal coordinar acciones con las autoridades locales y el sector salud, implementar vigilancia epidemiológica, realizar brigadas de vacunación y articular la red pública y privada para la prestación de servicios médicos en las zonas afectadas.Finalmente, la Procuraduría exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer control y vigilancia sobre las EPS y demás actores del sistema, adelantar acciones preventivas y hacer seguimiento a posibles fallas para garantizar el derecho a la salud de la población en Córdoba.
En medio de la gira diplomática que adelanta por Europa, la Cancillería colombiana concretó en Bucarest un acuerdo con Rumania enfocado en la prevención del reclutamiento infantil a través del deporte y la cultura. El compromiso quedó consignado en una Declaración de Intención firmada por las ministras de Relaciones Exteriores de ambos países, en lo que marca, además, la primera visita de una canciller colombiana a ese país en 34 años.La alianza busca fortalecer programas que promuevan la inclusión y generen alternativas para niños, niñas y adolescentes en territorios afectados por el conflicto armado. Desde 2011 se vienen desarrollando intercambios deportivos y culturales entre Colombia y Rumania, iniciativas que, según lo acordado, seguirán ampliándose como herramienta de prevención y construcción de convivencia.Durante el encuentro también se abrió la puerta a nuevas líneas de cooperación, especialmente en gestión del riesgo y atención de desastres, en momentos en que Colombia enfrenta una fuerte emergencia invernal que afecta a regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar y otras, por el paso de un frente frío que no se tenía previsto y que generó inundaciones y desbordamientos de ríos, afectando a más de 70.000 familias.
A más de 11.000 pies de altura, las tripulaciones de la Aviación del Ejército afinan maniobras, corrigen errores y enfrentan uno de los mayores retos para cualquier piloto militar: volar y aterrizar en montaña. El escenario es el municipio de Samacá, Boyacá, donde se desarrolla el curso de Operaciones en Montaña y Aterrizajes a Gran Altura (Omaga).El entrenamiento, fundamentado en el manual HAAT (High Altitude Army Aviation Training), busca fortalecer el entendimiento de los pilotos frente a los riesgos propios de la topografía andina: corrientes de aire cambiantes, baja densidad del aire, variaciones bruscas del clima y obstáculos naturales que pueden convertirse en amenazas invisibles para una tripulación inexperta.La capacitación es liderada por el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación (BETRA) y está dirigida a oficiales pilotos que asumirán el rol de comandantes de helicóptero, específicamente en aeronaves MI-17 y Black Hawk. El objetivo es que puedan enfrentar despliegues en zonas de alta complejidad geográfica, donde la pericia técnica marca la diferencia entre el éxito de la misión y el riesgo operacional.El curso se divide en dos fases. La primera, teórica, tiene una duración de ocho días e incluye instrucción detallada sobre el comportamiento de las aeronaves en montaña, así como los efectos de la meteorología y la topografía en el rendimiento del vuelo. La segunda fase, práctica, se extiende por diez días, periodo en el que los pilotos aplican en terreno real los conocimientos adquiridos en aula.Este entrenamiento fortalece la capacidad diferencial de la División de Aviación Asalto Aéreo, permitiéndole contar con tripulaciones altamente entrenadas para operar en cualquier punto del territorio nacional. Además, se proyecta como un componente clave dentro del despliegue operacional previsto para el Plan Democracia 2026, en el que la movilidad aérea será determinante para garantizar seguridad y presencia institucional.