El reconocido y polémico estratega político JJ Rendón ha vuelto a poner el dedo en la llaga sobre la realidad electoral en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu, el consultor venezolano analizó el panorama hacia las elecciones presidenciales de 2026, enviando un mensaje de cautela a quienes hoy celebran los resultados de los sondeos de opinión, asegurando que el liderazgo actual en las encuestas no garantiza el triunfo final.El espejismo de los punteros y el precedente históricoRendón fue enfático al señalar que Colombia posee una dinámica electoral particular donde los candidatos que dominan la escena en las etapas tempranas suelen desinflarse antes de la votación definitiva. Recordó casos emblemáticos como el de Antanas Mockus en febrero de 2010, quien "estaba arrasando" y ya se repartían ministerios antes de que la tendencia se revirtiera completamente.Según el estratega, esta situación se repitió en los procesos de 2014 y en la elección más reciente de Gustavo Petro. Rendón advierte que aparecer ganando entre octubre y marzo no es garantía de nada, citando también el histórico enfrentamiento entre Serpa y Uribe como prueba de que las encuestas de opinión pública no siempre reflejan la voluntad del "votante duro".La brecha entre la opinión pública y el voto realUno de los puntos más técnicos de su advertencia radica en la metodología de las mediciones actuales. Para Rendón, la mayoría de las encuestas públicas miden la opinión de la ciudadanía en general y no necesariamente la intención de quienes efectivamente acudirán a las urnas."Podrías tener un candidato que está muy arriba cuando en realidad, cuando le preguntas a los votantes duros, tiene 10 puntos menos", explicó el estratega. Este fenómeno se ve agravado por una tasa de abstención que oscila entre el 25% y el 30%, lo que significa que la opinión de personas que no van a votar termina distorsionando la percepción de apoyo real de los candidatos. Además, destacó que el voto de opinión en Colombia es significativamente más alto que el voto partidizado, lo que genera un gran volumen de indecisos que pueden cambiar el rumbo de la elección en cuestión de días.El factor de la "maquinaria" estatalMás allá de la opinión ciudadana, Rendón advirtió sobre la existencia de estructuras de poder que juegan un papel crucial en el resultado final. Mencionó que, a diferencia de lo que muchos prefieren ignorar, la "maquinaria" política existe y el gobierno de Gustavo Petro cuenta con una muy robusta que incluye alcaldías, gobernaciones y representación en el Congreso. Según el consultor, estos apoyos territoriales son factores que "a la hora del té" funcionan y ayudan a inclinar la balanza, un elemento que las encuestas actuales no logran capturar en su totalidad.
En medio de una operación militar en zona rural de San Andrés de Cuerquia, un nombre volvió a encender las alertas de inteligencia. Se trata de alias ‘Lobo’, cabecilla de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc y considerado hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’. Este criminal logró escapar pese a que el operativo estaba dirigido específicamente contra él.Según información de inteligencia, ‘Lobo’, identificado como Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, de 30 años, acumula más de cinco años al servicio criminal. Su historial muestra un ascenso acelerado dentro de las filas de las disidencias cuando pasó de guerrillero raso a explosivista y luego a cabecilla de comisión, consolidándose como pieza clave en el andamiaje armado del grupo.Las autoridades sostienen que se fugó en medio del cerco militar junto a otros seis integrantes. El cabecilla se encontraba en una vivienda usada como punto de operaciones, pero aprovechó la cercanía de otras casas para escabullirse entre construcciones rurales. En su huida dejó atrás fusiles, explosivos y abundante material de guerra, lo que evidencia la presión del operativo. Reportes preliminares indican que habría resultado herido durante los enfrentamientos.El prontuario atribuido a alias ‘Lobo’ se remonta a años de violencia en el Norte antioqueño. Inteligencia lo vincula con la instalación de artefactos explosivos en veredas de Anorí, ataques contra tropas en campos minados y la incineración de maquinaria pesada en zonas rurales.También es señalado por hechos como la desaparición y asesinato de un líder social en Campamento, homicidios selectivos en áreas como Amalfi y el control armado mediante retenes ilegales entre municipios como Briceño, Guadalupe y Campamento. En años recientes, su accionar se habría centrado en extorsiones, inteligencia delictiva y amenazas a funcionarios públicos.Su trayectoria criminal muestra una evolución dentro de la estructura: en 2020 figuraba como combatiente del ELN, luego pasó a explosivista del frente 36 y terminó como cabecilla de comisión del grupo armado residual, liderando operaciones armadas y logísticas en corredores estratégicos.De acuerdo con las autoridades, alias ‘Lobo’ era el encargado de reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su dominio en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando territorios que habían quedado debilitados tras operaciones militares en 2025.Su zona base estaría ubicada en un sector conocido como El Hoyo, en zona rural de Anorí, desde donde coordinaba movimientos armados y redes de apoyo. Sobre él pesa una orden de captura vigente por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de material de guerra.Aunque el golpe militar dejó capturas y la incautación de armamento, la fuga de alias ‘Lobo’ mantiene activa la operación en el Norte de Antioquia. Las tropas continúan desplegadas en corredores rurales, intentando cerrar el cerco sobre el hombre que hoy es considerado uno de los cabecillas más peligrosos de la Estructura 36 y pieza clave en el engranaje criminal de alias ‘Primo Gay’.
La subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, respondió en Mañanas Blu 10:30 a las versiones que señalan que se habrían destinado 23.000 millones de pesos al maquillador y al fotógrafo de la primera dama, Verónica Alcocer.Fonseca aseguró que esa cifra es “totalmente mentirosa y perversa desde su titular” y que hace parte de una “campaña de desprestigio y desinformación” que, según dijo, fue replicada sin contexto. “23.000 millones para un fotógrafo y maquillador no tiene ninguna proporción”, afirmó.¿Qué se contrató realmente, según RTVC?La polémica surgió luego de que se conociera que, a través de RTVC, se contrató a la cooperativa SAVI, la cual a su vez subcontrató al fotógrafo Mauricio Vélez y a Fady Flórez, asesor de imagen.Fonseca negó que se trate de un “séquito” de la primera dama y rechazó que sus funciones se limiten a maquillaje y fotografía. “No quisiera que habláramos de maquillador y fotógrafo. Una cosa es un asesor de imagen y otra cosa es un maquillador”, explicó.Según la funcionaria, ambos contratistas prestan servicios a la Presidencia de la República dentro de una estrategia integral de comunicaciones, que no se reduce únicamente al presidente sino a toda la institución.“Ellos no tienen ningún servicio de exclusividad con la primera dama. Ellos le prestan un servicio a la Presidencia de la República”, sostuvo.Viajes y acompañamientosDurante la entrevista se le cuestionó que, según las denuncias, Vélez y Flórez habrían acompañado a Alcocer en al menos 13 viajes, varios internacionales, y que en los entregables reportados se menciona ese acompañamiento.Fonseca respondió que los informes corresponden a todas las actividades desarrolladas dentro de la Presidencia y que no se puede reducir su labor a los desplazamientos con la primera dama.“Yo puedo dar fe de múltiples eventos en los que Mauricio Vélez ha estado al frente de producciones audiovisuales del presidente, como en Naciones Unidas o en la visita de Estado a China”, dijo.Frente a los cuestionamientos sobre si es adecuado que estos contratistas acompañen a Alcocer, Fonseca insistió en que la primera dama cumple funciones de asistencia social y representación pública. “Es una figura pública que tiene una representación que tampoco le podemos negar”, afirmó.¿De cuánto es el contrato?En cuanto a los montos mencionados en la denuncia —que hablaban primero de 23.000 millones y luego de 9.000 millones—, la subgerente fue enfática: “Eso es totalmente falso”.Explicó que los contratistas reciben honorarios y viáticos conforme a los decretos vigentes del Departamento Administrativo de la Función Pública cuando deben desplazarse fuera de la ciudad.También confirmó que Fadi Flores tiene un contrato por 10 millones de pesos mensuales y defendió su trayectoria profesional. “Está asumiendo una responsabilidad gigante, la imagen de la Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Un operativo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía dejó la captura con fines de extradición de alias 'Gustavo', un hombre requerido por Brasil por narcotráfico y lavado de activos. Todo se realizó en medio de estrategias contra el crimen transnacional que venían siguiéndole la pista desde hace meses.Según las investigaciones, el capturado lideraba una organización criminal con conexiones en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, además de conexiones en Europa. Su rol, según las autoridades, era coordinar el envío de grandes cargamentos de droga desde Colombia hacia distintos países de Suramérica, con destino final en mercados europeos como España y Holanda.Las investigaciones indican, además, que la estructura criminal buscaba consolidar corredores internacionales para el tráfico de estupefacientes, aprovechando rutas regionales para mover cargamentos que luego eran enviados al otro lado del Atlántico. Por eso, la captura es vista como un golpe a redes que operan más allá de las fronteras colombianas.El director de Antinarcóticos de la Policía, el general William Castaño, aseguró que con este resultado se debilitan corredores del narcotráfico y se impactan las finanzas ilícitas de estas organizaciones. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de extradición solicitado por Brasil.Con esta detención, las autoridades buscan frenar el avance de redes que convierten a Colombia en punto clave de salida de droga hacia el exterior, en un negocio que mezcla rutas regionales, lavado de activos y alianzas criminales internacionales.
Una discusión por celos y consumo de licor terminó en tragedia en el centro de Bogotá. María Rubiano, hoy condenada a 34 años de prisión, relatóen entrevista con el podcast Condcuta Delictiva que el hecho ocurrió ocho días después de que su entonces pareja, con quien llevaba apenas dos meses de relación, agrediera a su hijo de 12 años en medio de una pelea. “Ese tipo no tenía por qué haberme tocado a mi hijo”, aseguró la mujer, al recordar el episodio que marcó el inicio del desenlace fatal.Según su testimonio, la primera confrontación se produjo cuando ella intentó terminar la relación. El hombre, en estado de embriaguez, llegó hasta la vivienda y la atacó físicamente. “Él me cogió el pelo”, afirmó. En medio del altercado, el menor intervino para defenderla, pero también resultó herido con un arma cortopunzante. “Cuando yo vi a mi hijo herido, ahí fue cuando yo me llené de mucha rabia”, dijo. Aunque en ese momento no acudió a las autoridades, sostuvo que tomó la decisión de “arreglar ese problema” por su cuenta.Ocho días después, el encuentro definitivo se dio en la Plaza España, en pleno centro de la ciudad. María contó que ese día había salido a trabajar y que ambos habían consumido alcohol. Al verlo, el hombre se acercó nuevamente para exigirle que retomaran la relación. “No me agreda porque yo no respondo y no le quiero hacer daño”, afirmó que le advirtió. Sin embargo, la discusión escaló frente a comerciantes y transeúntes. “Yo estaba en mis tragos y él también. Me trataba mal y yo callada. Un momento a otro ya no me aguanté más”, relató.En medio del forcejeo, la mujer sacó un arma blanca que, según dijo, solía cargar por seguridad. “Le mandé el chuzón así, pero se me pasó como una sombra negra por los ojos”, expresó. Instantes después, el hombre se llevó la mano al pecho y le dijo: “María…”, antes de desplomarse. “Yo del susto cerré la navaja y salí a correr”, contó. Fue capturada minutos más tarde por la Policía, luego de que varios testigos señalaran su huida. “Yo misma me entregué”, aseguró.Tras la detención, fue trasladada a un centro judicial y posteriormente a la cárcel El Buen Pastor. “Cuando lo vi con una sábana blanca, ahí supe lo que había pasado”, dijo entre lágrimas. Aunque inicialmente obtuvo detención domiciliaria, años después fue recapturada y hoy paga la condena impuesta por el homicidio. “Yo estoy pagando por lo que hice. Por mi hijo doy la vida, pero fue un error”, concluyó.
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo declaró la alerta amarilla en Manizales ante la intensificación de la temporada invernal y el aumento sostenido de las lluvias durante febrero.La decisión fue adoptada bajo el liderazgo del alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, tras evaluar los reportes de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, que evidencian niveles críticos de saturación de suelos. Según el informe técnico, se han registrado precipitaciones que superan los promedios históricos, con eventos extremos de hasta 50 milímetros en menos de una hora.Actualmente, la mayoría de estaciones superan el umbral preventivo de 200 milímetros acumulados en un periodo inferior a 25 días. En el caso de la estación de La Palma, el acumulado ya alcanza los 300 milímetros.“Estamos en alerta amarilla. Muchas de las estaciones hidrometeorológicas de la ciudad ya superaron los 200 mm de lluvias en menos de 25 días. La estación de La Palma ya tiene 300 mm de lluvia. Esto no es para que nos pongamos en pánico, pero sí para que estemos en alerta; vamos a estar cuidando y protegiendo la ciudad de manera permanente”, señaló el mandatario.Sectores bajo monitoreoEl reporte indica que estaciones como Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería superaron la barrera de los 200 milímetros, lo que eleva el nivel de vigilancia en estas zonas.Equipos de geólogos e ingenieros, junto con el programa Guardianas de la Ladera, intensificaron las inspecciones en áreas con tratamiento geotécnico para identificar grietas, filtraciones o señales de inestabilidad que puedan derivar en deslizamientos.Llamado a la ciudadaníaLa Administración Municipal reiteró la importancia del manejo adecuado de residuos y pidió evitar arrojar basuras en laderas o cerca de los imbornales, ya que esto reduce la capacidad hidráulica del sistema y aumenta el riesgo de inundaciones que comprometan la estabilidad de viviendas.La comunidad puede reportar cualquier anomalía, como grietas en vías o laderas, a las líneas de emergencia: 119 (Bomberos Oficiales) y 116 (Aguas de Manizales).
El técnico de Millonarios FC, Fabián Bustos, se pronunció sobre la lesión de Radamel Falcao y envió un mensaje de cautela a la afición. En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, el entrenador argentino explicó el estado físico del delantero tras su salida por molestias. La preocupación existe, pero el cuerpo técnico espera un diagnóstico favorable.“Los dos han tenido algunas pruebas médicas, seguirán otras para tener más claridad, pero por suerte parecen no ser lesiones tan grandes”, afirmó Bustos. Sobre Falcao, detalló que “sintió como una pequeña distensión” al cierre del primer tiempo. En el caso de Rodrigo Contreras, indicó que el jugador “se siente mucho mejor”, aunque están a la espera de la resonancia.El DT fue prudente al referirse a los tiempos de recuperación del histórico goleador de la Selección Colombia. “Lo de Falcao por supuesto que preocupa, aunque no todas las lesiones son iguales”, señaló. Y agregó con moderado optimismo: “No creo que lleve más de 15 y 20 días. Ojalá sea solo una sensación y lo podamos tener lo más rápido posible”.Bustos analiza el desgaste y el calendarioBustos relacionó las molestias físicas con la seguidilla de compromisos recientes. “Es un poco también la cantidad de minutos y, a lo mejor, los partidos seguidos (3 en 7 días). Con viajes en medio, canchas pesadas…”, explicó el entrenador. Para el técnico de Millonarios, la carga competitiva pudo influir más que el estado del terreno de juego.Sobre El Campín, comentó que “creo que hoy está mejorando, se está notando el esfuerzo de la gente y con el pasar de los días seguramente seguirá mejorando”. En ese sentido, descartó que la cancha haya sido el factor determinante. “No creo que sea tanto por la cancha, sí más por la cantidad de partidos”, puntualizó.Refuerzos y objetivos en MillonariosEn materia de refuerzos, Bustos reveló que la dirigencia analiza una alternativa ofensiva o un mediocampista. “El cupo está buscando la dirigencia y el área deportiva una alternativa ofensiva o algún jugador en la mitad de la cancha que nos pueda dar algo de lo que no tenemos tanta variedad”, explicó. También dejó claro que buscan “alguien que venga a marcar diferencia”.El entrenador argentino, quien afirmó que “siempre dije que me gusta dirigir en Colombia, muy contento de estar acá”, se mostró ambicioso con el proyecto. Reconoció que “el año pasado no fue bueno para un equipo grande y con obligaciones”, pero destacó que “el plantel se ha mejorado mucho”.
En Colombia, la Constitución Política de 1991 les ha garantizado a los ciudadanos la libertad de culto. Según el artículo 19 de la carta magna, “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional habría fijado un límite a este derecho.La Corte se pronunció sobre la libertad religiosa en el país y dejó claro un detalle que muchos han pasado por alto: considera que ninguna creencia puede ponerse por encima de otra.El alto tribunal estudió una tutela que una mujer interpuso contra un condominio que, de acuerdo con su reclamo, adecuó una capilla común para el culto católico, pese a que todos los residentes aportan para su mantenimiento.De acuerdo con la sentencia T-437 de 2025, la decisión abrió un debate sobre el alcance que deben tener los cultos en espacios compartidos, especialmente frente a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política.Corte puso freno a capillas católicas en conjuntos residencialesEl caso sobre la capilla al interior de un conjunto residencial, que aparentemente estaba destinada solo al uso de prácticas católicas, abrió una disputa amplia, pues la mujer solicitó que el espacio regresara a su uso original o que también fuera empleado para todas las creencias.De ese modo, la Corte señaló que los espacios semiprivados también deben respetar los derechos fundamentales. “Esa medida era innecesaria, pues podían adoptarse alternativas menos restrictivas, como convertir la capilla en un espacio multirreligioso con elementos portátiles o adecuar otra zona común al culto de distintas creencias. También era desproporcionada, pues sacrificaba de manera irrazonable la libertad de cultos de la accionante y de los demás residentes no católicos”, indicó el alto tribunal.El principal inconveniente, según la Corte, es que la creación de este tipo de espacios puede limitar a quienes no comparten la creencia. “Puede ser la limitación de la libertad de cultos de quienes no comparten la misión de la organización o la destinación del bien”.¿Qué pasará con la capilla al interior del conjunto residencial?Ante la tutela, la administración del conjunto tomó la decisión de cubrir las imágenes y los símbolos católicos; sin embargo, la Corte Constitucional lo consideró insuficiente y explicó que esa solución no garantizaba una alternativa digna para quienes no profesan esa fe.Por ello, ordenó convocar a los copropietarios para definir medidas que puedan significar igualdad y libertad religiosa al interior de la propiedad horizontal y proponer alternativas como:Convertir la capilla en un espacio multirreligioso.Usar elementos portátiles según cada culto.Adecuar otra zona común para distintas creencias
En plena campaña para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, una candidatura ha irrumpido en el debate público colombiano por su origen digital. Se trata de “Gaitana IA”, presentada como la primera aspiración política creada con inteligencia artificial en el país.Detrás del proyecto está Carlos Redondo Rincón, ingeniero mecatrónico de 40 años e integrante del pueblo Zenú del resguardo Reparo-Torrente, en zona rural de Coveñas. En entrevista con BLU Radio, Redondo explicó que la idea nació del modelo de toma de decisiones de su comunidad, basado en la deliberación colectiva. “Las decisiones dentro del resguardo se toman de manera colectiva… el cacique no es esta persona que impone”, afirmó. Según relató, desde hace años buscaba trasladar esa lógica al entorno digital. “Este modelo desde hace rato yo dije, tiene que haber alguna manera de digitalizar este proceso porque me parece demasiado bonito… Aquí todo es colectivo… Esto hay que pasarlo a digital”, sostuvo.La propuesta tomó forma con el desarrollo de una plataforma que, según el candidato, emplea herramientas de trazabilidad como blockchain para organizar debates y construir consensos. “Eso es Gaitana IA: democracia digital participativa al nivel de países nórdicos, pero hecho por nosotros, sin tecno-feudalismo”, aseguró.Aunque en redes sociales Gaitana aparece como un avatar femenino de piel azul y voz con acento extranjero, legalmente quien está inscrito como candidato es Redondo, junto con la antropóloga y socióloga embera katío Alba Rincón, bajo el aval del movimiento ACMIZSAM aprobado por el Consejo Nacional Electoral. El logo del movimiento aparece en el tarjetón con las siglas IA en color azul. La intención inicial de inscribir un movimiento 100 % IA fue rechazada en dos oportunidades. “El CNE lo llama movimiento novedoso… es el primero en Colombia con este término”, explicó.Sobre el funcionamiento de la herramienta, Redondo detalló que cualquier propuesta ciudadana se somete a debate en la plataforma. “Gaitana IA toma esta propuesta, la comparte con toda la comunidad… la IA arma un embudo de datos y arma un consenso. Si el consenso lo admitió, ya pasa a ser un proyecto de ley”, indicó.Uno de los puntos que ha generado controversia es la posible confusión en el electorado. Consultado sobre el riesgo de incurrir en engaño al sufragante, el candidato reconoció que la campaña tuvo una fase inicial de expectativa. “La primera fue la fase del misterio… ha servido para que los videos se viralicen”, afirmó. Según dijo, luego vendrá una etapa de revelación y otra de pedagogía para explicar el modelo. “Ha sido parte de la estrategia de campaña… Tenemos videos de más de un millón de vistas”, añadió.La principal bandera programática es la “soberanía digital comunitaria”, que, en palabras de Redondo, busca que “las mismas comunidades puedan tener sus desarrollos propios sobre semillas, sobre bancas y sobre tecnología propia”. Sobre la apariencia extranjera del avatar, señaló que responde a limitaciones tecnológicas locales. “En Colombia no tenemos tecnología para hacer avatares propios… entonces nos toca utilizar los avatares gringos”, explicó.Si el movimiento logra una curul, quienes se posesionarían en el Congreso serían los candidatos humanos. No obstante, Redondo insiste en que la inteligencia artificial tendría un rol central en la interacción con la ciudadanía. “Tenemos la capacidad tecnológica para que Gaitana interactúe en tiempo real con todos los colombianos, y que podamos poner el Congreso en manos de la gente. Esto es lo principal”, concluyó.
Entre el 9 y el 15 de febrero, operativos en distintas regiones dejaron 139 integrantes de grupos armados organizados afectados, en una semana marcada por acciones contra disidencias, ELN y Clan del Golfo. En medio de esas intervenciones también fueron recuperados dos menores que estaban en poder de estas estructuras.El foco principal estuvo en las economías ilegales. En materia de narcotráfico, se incautaron 1.405 kilos de cocaína y 805 kilos de marihuana, además de la destrucción de 35 laboratorios clandestinos. La cifra muestra el tamaño de las redes que siguen operando y la presión sobre sus centros de producción.La minería ilegal también quedó en la mira. Cinco personas fueron capturadas y 50 socavones intervenidos, un golpe que apunta a frenar otra de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en zonas rurales.El balance deja una semana de operaciones simultáneas en varios frentes: menos droga en circulación, laboratorios desmantelados y afectaciones directas a estructuras ilegales. Un panorama que refleja una ofensiva enfocada en debilitar ingresos, movilidad y capacidad operativa de estas organizaciones.
Más de 11 millones de colombianos afectados por el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota” podrían beneficiarse de una propuesta que busca ofrecer alternativas legales y sostenibles de financiamiento.La iniciativa, presentada por Aníbal Gaviria, plantea un modelo de crédito con tasas de interés más justas y mecanismos de acceso para pequeños empresarios, emprendedores y familias que hoy no cuentan con respaldo del sistema financiero formal.El documento propone modificar el esquema actual de la tasa de usura —el tope máximo de interés permitido por la ley— para pasar de una tasa única general a una tasa personalizada por usuario. Este cambio permitiría reducir el costo de los créditos tanto para quienes recurren a préstamos informales como para quienes tienen obligaciones financieras más altas en la banca tradicional.“Hoy existe una tasa de usura igual para todos, lo que termina excluyendo a millones de personas del crédito formal. Con una tasa diferenciada, se busca que quienes tienen menos capacidad de pago puedan acceder a préstamos legales y seguros”, explicó Gaviria durante la presentación de la propuesta.El “gota a gota”, modalidad de préstamo ilegal que puede alcanzar intereses de hasta el 500 %, afecta a sectores de bajos ingresos, pequeños comercios y trabajadores informales. De acuerdo con estimaciones citadas en el documento, su impacto no solo compromete la estabilidad económica de las familias, sino que también fortalece estructuras delictivas dedicadas a la extorsión y al lavado de dinero.La propuesta también incluye mecanismos de acompañamiento financiero y fortalecimiento de las entidades de crédito público y cooperativo, con el fin de ampliar la cobertura y reducir los riesgos asociados al endeudamiento ilegal.En el ámbito económico, la iniciativa prevé que tasas más razonables y créditos accesibles impulsen la formalización de pequeños negocios, la generación de empleo y la dinamización de la economía local.Según el equipo técnico que respalda el proyecto, se trata de una medida estructural que busca equilibrar el acceso al crédito, reducir la dependencia del sistema informal y proteger a los usuarios financieros más vulnerables del país.
Montería será escenario de un encuentro clave para las regiones. La cumbre, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, busca no solo expresar solidaridad, unión y compromiso con Córdoba y su población afectada por la actual emergencia invernal, sino también construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrentan los territorios en materia de gestión del riesgo de desastres.Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con los mecanismos de atención inmediata, mitigación y recuperación de los sectores productivos, la infraestructura vial y el tejido social impactado por las lluvias. Asimismo, se discutirá la articulación entre instituciones como herramienta fundamental para poder responder de manera eficaz a las emergencias ambientales que golpean a distintas regiones del país.El presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado a los mandatarios departamentales y al Gobierno nacional para construir una hoja de ruta que permita acelerar la recuperación del departamento y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras contingencias. “Esta emergencia necesita de varias etapas, la primera: la atención de la emergencia urgente y otras etapas que permitan la recuperación económica del departamento y de los daños”, señaló.La agenda también incluirá discusiones sobre paz electoral, garantías para el voto libre en las regiones y el fortalecimiento de la institucionalidad de cara a los próximos procesos electorales.Se espera la participación del presidente de la República, Gustavo Petro; los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entre otros altos funcionarios.
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en el departamento de Caquetá y por las afectaciones que está sufriendo la población civil como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales en la región.Jenča rechazó las prácticas que calificó como inadmisibles y contrarias a los derechos humanos, entre ellas las retenciones, amenazas contra la comunidad, confinamientos forzados y el uso de artefactos explosivos. Según advirtió, estas acciones vulneran la vida, la integridad y la libertad de las personas, además de generar un clima de temor e incertidumbre en los territorios.“Expreso preocupación por el deterioro de la seguridad y las afectaciones a la población en Caquetá por el accionar de los grupos armados. Rechazamos las prácticas inadmisibles en contra de los derechos de las personas como retenciones, amenazas, confinamiento y uso de explosivos”, afirmó a través de su cuenta de X.El jefe de la misión hizo un llamado al cese inmediato de las acciones, e instó al Gobierno nacional y a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para garantizar “la protección de la vida y la integridad de la población”.Señaló que los derechos y el bienestar de la población deben constituir el eje central de toda acción institucional y humanitaria, especialmente en contextos donde la violencia impacta de manera directa a las comunidades más vulnerables.
La ciudad de Montería atraviesa una compleja crisis humanitaria tras 16 días de intensas lluvias que mantienen la alerta roja por crecientes súbitas en los ríos Sinú, San Jorge y Canaletes. Según cifras oficiales, ya son 59.000 los damnificados por inundaciones en Córdoba, de los cuales más de 40.000 permanecen fuera de sus hogares. En medio de este panorama, la negativa de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal a aprobar un proyecto que buscaba agilizar el traslado de recursos ha desatado un fuerte enfrentamiento político y protestas ciudadanas.La iniciativa, impulsada por el alcalde Hugo Kerguelén, pretendía otorgar facultades temporales por seis meses para flexibilizar el movimiento de partidas presupuestales destinadas a alimentación, alojamientos temporales, saneamiento básico, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas por la emergencia invernal. El proyecto no contemplaba endeudamiento ni nuevos recursos, sino la reducción de trámites administrativos que pueden tardar hasta diez días.Sin embargo, cuatro concejales votaron en contra, lo que llevó al archivo del proyecto y a manifestaciones que incluso obligaron la intervención del ESMAD ante la toma de las instalaciones del Concejo.“No podemos desprendernos de nuestras funciones”: la defensa del ConcejoEn entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el concejal Trino Hoyos, presidente de la Comisión Tercera o de Presupuesto, defendió la decisión argumentando razones jurídicas y constitucionales.“Nosotros no nos podemos desprender de nuestras facultades, no podemos darle al alcalde la facultad de modificar el presupuesto”, aseguró Hoyos, citando la sentencia 036 de 2023 y el artículo 345 de la Constitución Política como sustento de la negativa.El cabildante insistió en que el Concejo sí ha aprobado recursos para atender la emergencia. “Hace cuatro días adicionamos 13.920 millones de pesos que sobraron del 2025 para que fueran ingresados al presupuesto de este año y el alcalde pudiese afrontar la emergencia”, explicó.Además, sostuvo que existen otras partidas disponibles: “Ya estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno ya tiene a su disposición para que empiece a abordar la emergencia”.Para Hoyos, el debate no es político sino jurídico. “Esto no es una discusión política, es una discusión jurídica”, reiteró, al tiempo que advirtió sobre posibles consecuencias legales: “Si nosotros realizamos esas acciones que nos pide el alcalde, tenga la plena seguridad que vamos a ir con pérdida de investidura”.Alcaldía insiste en necesidad de mayor agilidadDesde la administración municipal, el argumento central es la urgencia. La emergencia por lluvias en Montería ha dejado pérdidas materiales cuantiosas, viviendas destruidas, interrupciones escolares y graves afectaciones en sectores rurales.La propuesta del alcalde buscaba mayor flexibilidad para realizar traslados presupuestales de forma más rápida durante la vigencia de la calamidad pública. Según lo expuesto en el debate, un acuerdo municipal puede tardar hasta seis días en aprobarse, lo que —en medio de la crisis— retrasa la llegada de ayudas.En el espacio radial, se recordó un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública que establece que las modificaciones presupuestales deben hacerse mediante acuerdo municipal cuando alteran los montos aprobados. Para algunos analistas, la solicitud del alcalde se ajustaría a ese procedimiento.No obstante, Hoyos argumentó que el presupuesto 2026 fue aprobado de manera “totalizada”, lo que permitiría al mandatario realizar ciertos movimientos internos sin necesidad de nuevas facultades. “Dentro de esos rubros hay recursos que él puede destinar para la emergencia”, afirmó.El censo de damnificados, punto claveOtro de los aspectos que ha generado controversia es la elaboración y publicación del censo oficial de damnificados. Según el concejal, la Alcaldía aún no ha cargado la información en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, requisito indispensable para que el Gobierno nacional envíe ayudas adicionales.“Si nosotros no censamos prontamente y montamos a la Unidad de Gestión de Riesgo cuál es el número real, el Gobierno no manda las ayudas”, advirtió Hoyos, quien aseguró que otros municipios como Ayapel, Cereté y San Pelayo ya cumplieron con ese procedimiento.Mientras tanto, las ayudas que han llegado —principalmente donaciones— son consideradas insuficientes frente a la magnitud del desastre.Protestas, amenazas y polarizaciónEl ambiente en Montería se ha tornado tenso. Ciudadanos han realizado plantones y amenazan con bloquear vías si no hay soluciones inmediatas. La inconformidad también ha impactado a los concejales.“He recibido cientos de amenazas. Mis hijos no fueron al colegio ni ayer ni hoy”, denunció Hoyos, quien rechazó que la decisión del Concejo obedezca a intereses políticos.Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que, en medio de una calamidad pública por inundaciones, la ciudad esté enfrascada en un pulso institucional. “La gente con el agua hasta el cuello y ustedes peleando por este tema”, se escuchó en el debate radial, reflejando el sentir de parte de la ciudadanía.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, publicó un borrador de decreto con el que buscan realizar una serie de cambios a la fijación de precios a la vivienda de interés social (vivienda VIS). El borrador de decreto fija que los valores de las viviendas VIS queden definidos en pesos colombianos y no en salarios mínimos, esto con el fin de que, según lo argumenta el Gobierno, quede expreso “de manera expresa, clara y verificable”.Adicionalmente, busca que se fije un tope máximo de 135 SMLMV como valor para las viviendas VIS, salvo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde este será de 280 SMLMV.Además, también obligan a que los precios de las VIS se expongan en pesos colombianos y no en salarios mínimos, esto, según lo dicho en el documento, para que quede “de manera expresa, clara y verificable”. También, se prohibiría aumentar el precio después, ya sea por salarios mínimos u otros mecanismos. La única forma en la que se podría ajustar el precio, según lo menciona el borrador, sería en casos extraordinarios.A su vez, también busca regular la transición de los valores que ya se habían fijado con anterioridad, esto con el fin de que el valor final no sea ni aumentado, ni tampoco indexado. Cuando se fija el valor, solo podrá ser modificado si hay aumentos reales y comprobados frente a los costos de construcción, que deben ser respaldados por el Dane.Frente a esto, Blu Radio pudo consultar con expertos la viabilidad del decreto, y según lo que nos dijeron, puede trasladar múltiples riesgos al constructor. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, le dijo a Blu Radio que este borrador de decreto “Desincentiva a los constructores a arrancar nuevos proyectos VIS. No tiene mucho sentido que el constructor asuma todos los riesgos en los años de construcción de aumentos de costos y precios y muchos de los cuales son del resorte de decisiones de gobierno”.Asimismo, Restrepo también aseguró que “obliga al constructor a aumentar los precios de la vivienda VIS desde el primer momento y ponerles el valor techo que establece el plan de desarrollo. Hoy solamente el 40% de los proyectos que se venden están en tope máximo, muy rápidamente será el 100%”.Para que se cumpla la normativa expuesta en el borrador de decreto, La Superintendencia de Industria y Comercio será la encargada de vigilar el cumplimiento de esta medida.
En un mensaje publicado en la red social X, al tiempo que lamentó la muerte de cinco personas en el barrio Altos del Parrantial, en Maicao, La Guajira, el pasado viernes, la Defensoría del Pueblo fue clara al afirmar que los autores de esta masacre fueron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.En el mensaje, la Defensoría exhortó a la Fiscalía y los ministerios de Defensa y del Interior a adelantar investigaciones eficaces que permitan esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar medidas urgentes de prevención y protección integral para la población civil. Asimismo, hizo el llamado a los grupos armados ilegales a respetar de manera estricta el derecho a la vida y la integridad de la población civil.Enfatizó la entidad defensora de derechos humanos, que en Maicao se encuentra vigente la alerta temprana 039 de 2019, que advierte un alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales por la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Como lo relató la comunidad del barrio Altos del Parrantial, el pasado viernes a altas horas de la noche, hombres que se encontraban dentro de una camioneta con placas venezolanas llegaron hasta una esquina de ese sector y abrieron fuego contra cinco personas a las que asesinaron en el lugar.Según las autoridades, las víctimas responden a los nombres de Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza, quien alcanzó a llegar con vida a un centro asistencial, donde finalmente murió por las múltiples heridas.
Desde el pasado 22 de diciembre de 2025, el municipio de Mitú, capital del departamento del Vaupés, enfrenta una grave crisis por los racionamientos prolongados de energía eléctrica, una situación que, según la Defensoría del Pueblo, no cuenta con una solución estructural clara por parte de las empresas responsables del servicio.La entidad advirtió que la falta de suministro eléctrico está afectando de manera severa a la población y comprometiendo derechos fundamentales como la salud y la vida.A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la Defensoría alertó que los cortes de energía impactan con especial gravedad a niños, niñas, adultos mayores y personas que requieren atención médica permanente, sectores de la población que dependen de manera crítica de la continuidad del servicio eléctrico.Uno de los puntos más críticos de la emergencia es la afectación directa al Hospital San Antonio de Mitú, principal centro de atención médica del municipio. De acuerdo con la Defensoría, los racionamientos ponen en riesgo el derecho a la salud, al comprometer el funcionamiento normal del hospital, la conservación de medicamentos y vacunas, y la atención oportuna de pacientes que requieren servicios constantes y especializados.Además del ámbito sanitario, la crisis energética también ha impactado otros sectores como el comercio, las actividades productivas y la prestación de servicios esenciales como la educación, la seguridad y el acceso al agua potable.La entidad recordó que desde el 26 de diciembre de 2025 ha elevado requerimientos formales, junto con la Procuraduría General de la Nación, a las entidades responsables del suministro eléctrico para que adopten medidas urgentes. Sin embargo, pese a estos llamados y a una reunión interinstitucional realizada el pasado 9 de enero, en la que se evaluó la situación, no se han presentado planes de contingencia claros que permitan garantizar la continuidad del servicio.Según la información divulgada, las entidades responsables indicaron que los racionamientos continuarán debido a un desabastecimiento de combustible, una explicación que no ha venido acompañada de soluciones de fondo ni de un cronograma que permita prever cuándo se normalizará el suministro.La crisis ya ha derivado en manifestaciones comunitarias en el municipio, las cuales han afectado la movilidad y reflejan el creciente malestar de los habitantes frente a la situación.
Cada 10 de enero, el mundo conmemora el Día Mundial de las Aves, una fecha que pone sobre la mesa la importancia de estas especies para el equilibrio de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En Colombia, uno de los países con mayor diversidad de aves del planeta, la protección de este patrimonio natural sigue siendo un reto permanente frente al avance del tráfico y la comercialización ilegal de fauna silvestre.En ese contexto, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, desplegó una estrategia preventiva y operativa a nivel nacional para enfrentar estos delitos ambientales. Los controles se reforzaron en terminales de transporte, aeropuertos, carreteras nacionales y corredores estratégicos, puntos donde con mayor frecuencia se detecta el traslado ilegal de aves con fines de venta, tenencia como mascotas o envío a mercados nacionales e internacionales.Como resultado de estas acciones, durante la jornada conmemorativa se logró la incautación de 96 aves silvestres, entre ellas dos búhos, un halcón peregrino y cuatro tinguas azules. De acuerdo con las autoridades, estas especies tendrían un valor cercano a los 135 millones de pesos en el mercado ilegal, una cifra que refleja la rentabilidad de este negocio criminal y el impacto que genera sobre la biodiversidad.Uno de los componentes clave de la estrategia ha sido el uso de caninos ecodetectores, entrenados específicamente para la búsqueda de fauna silvestre. Tres de estos perros han sido aliados estratégicos en operativos realizados en aeropuertos, terminales y vías nacionales, permitiendo detectar aves ocultas y evitar que sean comercializadas de forma ilegal.Las cifras acumuladas evidencian la magnitud del problema. Durante 2025, la Policía Nacional incautó 14.460 aves silvestres y logró la recuperación de otras 5.355, las cuales fueron entregadas a las autoridades ambientales para su rehabilitación y posterior reintegración a su hábitat natural. Estas acciones, según la institución, han contribuido a debilitar las redes de tráfico de fauna y a reducir la presión sobre especies vulnerables.Además de los operativos, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental adelantó jornadas de sensibilización y educación ambiental. Solo en esta fecha, cerca de 2.043 personas fueron impactadas con mensajes orientados a promover la denuncia del tráfico ilegal de fauna y a reforzar la idea de que la protección de las aves es una responsabilidad compartida entre ciudadanos y autoridades.“El tráfico ilegal de aves no solo afecta las economías criminales, también pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, quien reiteró que la Policía continuará fortaleciendo sus capacidades operativas para proteger la biodiversidad del país y garantizar la preservación del capital natural para las futuras generaciones.
Colombia vive un momento doloroso tras la muerte del pequeño Kevin Acosta, un niño con hemofilia cuyo caso ha conmocionado al país por este lamentable suceso.Frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y de sectores del Ministerio de Salud, quienes señalaron que el accidente en bicicleta fue la causa principal de la muerte del menor y cuestionaron su cuidado, Katherin Pico, madre de Kevin, afirmó que el niño no murió por una caída, sino por la falta del medicamento que nunca se le suministró a tiempo.Según explicó la madre, tras el golpe fue llevado a un centro médico y luego remitido a Pitalito, donde la atención fue deficiente. "Me lo demoraron 24 horas sin medicamentos, sin atención; es decir, solamente con oxígeno", afirmó la mujer.De igual manera, Katherin asegura que el problema no es montar bicicleta, sino la falta de medicamentos, pues sostiene que existen ciclistas profesionales con la enfermedad y aun así pueden participar en competencias de alto rendimiento.Ciclistas con hemofilia compiten en toursTras las críticas del Gobierno por permitir que un niño con hemofilia montara bicicleta, Katherin Pico defendió el derecho de su hijo a tener una vida normal. "El hecho de que sea hemofílico no significa que no pudiera realizar actividades... no lo podía tener atado a una cadena, amarrado o bajo llave", afirmó.La mujer recordó que hay atletas de alto rendimiento que participan en competencias como el Tour de Francia: "Mire, hay muchas personas, como muchos hemofílicos, que están participando en el Tour de Francia y ahí siguen; participan y en ningún momento les han prohibido hacerlo".De hecho, el periodista deportivo Ricardo Orrego confirmó las declaraciones de Katherin Pico y señaló que ciclistas como Alex Dowsett, británico especialista en pruebas de ruta, padecen hemofilia."Ha corrido toda su vida en competencias de alto nivel, es decir, en primera categoría. Incluso ha sido medallista de plata en contrarreloj en los Juegos de la Commonwealth", afirmó Orrego.Dowsett ha vestido los jerseys de Sky y Movistar Team, compartiendo equipo con el colombiano Nairo Quintana; incluso estuvo en el Katusha-Alpecin en Israel. Sin embargo, estos deportistas pueden competir al más alto nivel, siempre y cuando reciban los medicamentos adecuados. "La culpa no es de la bicicleta", concluyó.Otros ciclistas que padecen de esta enfermedad son: el español Pau Salvá, Fabio Blasco y Barry Haarde.Respuesta al presidente PetroSobre las palabras del presidente Petro, quien sugirió que las madres "no nacen aprendidas" y deben ser educadas sobre los riesgos de la enfermedad, Pico respondió que conoce perfectamente la condición, pues tiene otros familiares con hemofilia y ha convivido con ella toda la vida. "Él juzga sin saber... yo soy consciente de la enfermedad que él tiene", sentenció, pidiendo que la muerte de Kevin sirva para que otros niños, incluidos sus propios primos que hoy esperan medicina, no corran la misma suerte.
Una operación militar en el Norte de Antioquia terminó en combates, capturas y la incautación de un importante arsenal que, según inteligencia, iba a fortalecer la presencia armada de las disidencias en la región. La acción fue desarrollada por tropas del Ejército, en coordinación con el CTI en zona rural de San Andrés de Cuerquia.Durante la operación fueron capturados dos criminales de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, señalados de delinquir bajo las órdenes de alias ‘Lobo’, hombre cercano a alias ‘Primo Gay’. En el lugar las autoridades hallaron seis fusiles, tres pistolas, más de 1.300 cartuchos de diferentes calibres, 31 proveedores, una granada, tres artefactos explosivos, celulares y abundante material de intendencia.De acuerdo con información de las autoridades, ‘Lobo’, quien tiene más de cinco años en actividades delictivas y orden de captura por homicidio agravado y otros delitos, se encontraba en la zona al momento de los enfrentamientos, pero logró escapar junto a otros integrantes del grupo armado.Las autoridades señalan que esta comisión armada pretendía reorganizar el autodenominado Frente Quinto y expandir su influencia en municipios como San Andrés de Cuerquia y Toledo, ocupando espacios que habían quedado vacíos tras anteriores operaciones militares en 2025.
La Dirección Nacional de Inteligencia se pronunció tras la controversia por el llamado a calificar servicios del general Edwin Urrego, una decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro luego de recibir información en su despacho que revelaba un supuesto complot en su contra y el ministro del Interior, Armando Benedetti.La entidad aseguró que el mandatario, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares y la Policía, tiene la autoridad constitucional y legal para retirar del servicio activo a integrantes de la Fuerza Pública. Según la DNI, esta atribución se enmarca dentro de las competencias del jefe de Estado como máxima autoridad administrativa.La DNI también aclaró que las fuentes de información del presidente no se limitan a la inteligencia estatal y agregó que el flujo de datos proviene de distintas agencias de inteligencia, así como de reportes ciudadanos, lo que, según la entidad, fortalece la protección institucional y la defensa de la democracia.En el documento, la Dirección de Inteligencia reiteró su compromiso con el respeto de los derechos humanos y recordó que cualquier persona puede acudir a los canales oficiales para denunciar hechos o aportar información relevante.El informe que llevó a la salida del general Urrego de la PolicíaUn documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” puso bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro Armando Benedetti por parte del teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla, en el cual, con políticos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro, diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor Moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo Grate de Bogotá, siendo el enlace", indica textualmente.El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca, en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
En una jornada marcada por la tensión en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, Alexis Mina, consejero mayor de 43 consejos comunitarios del norte del Cauca, explicó las razones detrás de las movilizaciones que han paralizado sectores estratégicos de la capital. A pesar de los vínculos territoriales y personales con la vicepresidenta, las comunidades exigen soluciones estructurales a una crisis de seguridad y abandono estatal que, según denuncian, no ha sido resuelta por el actual gobierno.Vínculo con Francia Márquez y la realidad del "Vivir Sabroso"Una de las declaraciones más llamativas de Mina fue el reconocimiento de su proximidad con la vicepresidenta. "Aquí todos somos cercanos a Francia Márquez", afirmó, señalando que al provenir de una región pequeña como el norte del Cauca, la gran mayoría de los líderes se conocen entre sí. Sin embargo, esta cercanía no ha impedido la protesta, ya que consideran que su agenda de lucha es autónoma y responde a necesidades históricas de la organización.Ante los cuestionamientos sobre la consigna gubernamental de "vivir sabroso", el líder afrodescendiente matizó que las condiciones actuales en sus territorios están lejos de ese ideal. Mina vinculó el deterioro de la situación con la falta de implementación del Acuerdo de Paz de 2016, señalando que, tras una aparente calma inicial, la decisión de gobiernos anteriores de no avanzar en lo pactado desencadenó la crisis actual que el presente gobierno aún no logra revertir.Crisis de seguridad en el Cauca: El motor de la protestaEl núcleo de las exigencias de los 43 consejos comunitarios, que representan a unos 90,000 habitantes de municipios como Padilla, Puerto Tejada, Suárez y Santander de Quilichao, es la seguridad. Mina denunció que sus territorios están "asediados por carteles transnacionales, disidencias de las Farc, pandillas y el crecimiento de cultivos de uso ilícito".La movilización busca presionar al Estado colombiano —más que al gobierno de Petro específicamente— para saldar una deuda histórica que data desde 1986. El líder enfatizó que la protesta es una forma de exigencia frente a temas neurálgicos como la protección de la vida y la pervivencia en los territorios, los cuales serían discutidos en mesas técnicas con funcionarios con capacidad de decisión.Bloqueos en el CAN y la respuesta de las autoridades de BogotáLa protesta incluyó la retención de más de 1.100 personas el pasado lunes en edificios gubernamentales, una acción que Mina calificó como una medida de presión ante la falta de condiciones sanitarias y de alimentación para los manifestantes, así como la ausencia de interlocutores válidos.Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó su profunda preocupación por estos hechos. Restrepo criticó que el Gobierno Nacional impidiera la actuación de la policía para restablecer el orden al mantener abiertas mesas de diálogo, lo que, en su opinión, dejó desprotegidos a los ciudadanos bogotanos. Además, el secretario sugirió que estas movilizaciones podrían estar siendo instrumentalizadas con fines políticos electorales, e hizo un llamado a la Fiscalía para investigar posibles nexos entre los bloqueos y campañas políticas.Escuche aquí la entrevista:
De acuerdo con una comunicación conjunta del Grupo de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídica, la reunión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió avanzar en los compromisos orientados a la desmovilización del grupo armado ilegal y a la construcción de paz en los territorios.“El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del (a) EGC en días previos”.Las partes señalaron que con el encuentro del pasado 9 de febrero se da por superada la suspensión de la conversación que había sido anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto del EGC.En el comunicado también indican que durante la sesión se acordaron compromisos que buscan impulsar el proceso, con beneficios para las comunidades afectadas por el conflicto.El encuentro se llevó a cabo por invitación del Grupo de Países Mediadores, conformado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. La sesión contó además con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y de la Conferencia Episcopal.Es importante recordar que la suspensión de los diálogos se había producido tras las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que, según afirmaron, generaron inconformidad en el grupo armado ilegal y llevaron al anuncio de una pausa temporal en las conversaciones.
Una tormenta eléctrica desató momentos de pánico en Popayán, luego de que un rayo impactara una instalación militar y dejara a un soldado lesionado, además de causar daños en una aeronave del Ejército.El hecho ocurrió el pasado 15 de febrero en el Cantón Militar José Hilario López, donde el uniformado cumplía labores de centinela cerca de un helicóptero cuando se registró la descarga eléctrica. El momento quedó captado en video y muestra el instante exacto en el que el rayo golpea la zona donde se encontraba el militar y este quedó tendido en el suelo por la descarga.Tras el impacto, el soldado fue trasladado a un centro médico de la capital caucana. Según información oficial, su estado es estable y permanece en observación, sin que las lesiones revistan gravedad.Este es el video La descarga también alcanzó el helicóptero que se encontraba en plataforma. La aeronave, adscrita a unidades de aviación del Ejército, presentó daños en el rotor de cola y tuvo que ser retirada temporalmente para revisiones técnicas.Pese al susto que generó el incidente, fuentes militares indicaron que la aeronave ya está en condiciones para operar. Testigos del hecho relataron que el estruendo se escuchó en buena parte de la instalación militar y generó momentos de angustia entre el personal que se encontraba en la zona, pues el impacto fue casi simultáneo con el aguacero.Tras la descarga, se activaron los protocolos de emergencia y se restringió el acceso al área mientras especialistas verificaban posibles afectaciones adicionales en equipos y estructuras dentro del cantón.